Informes

Desde Carlos Cornejo hasta María de Jesús Gonzales. Hemos visto las diferentes denuncias hechas al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) con respecto a los atropellos que se han venido cometiendo en contra de los colegas periodistas. En un sinfín de quejas que se han realizado por las supuestas posturas que se tomaron en contra del gobierno y que puede haber sido un quiebre en las relaciones del canal y estos periodistas. Aun así, no todos están dentro de este contexto.

En su momento conversamos con la periodista María de Jesús Gonzales quien pudo contarnos sobre varias anécdotas que marcaron su paso por TV Perú. “Llegué a la puerta del canal, iba a ingresar, como cualquier día, y me dicen: No María de Jesús, no puedes ingresar, hay una orden que ya no ingresas, ya no estás en el canal”, reveló la periodista quien regresaba al canal después de un feriado que le corresponde por derecho y pensaba que se trataba de una confusión, ya que el agente de seguridad era nuevo. Sin embargo, esto sería el inicio de una gran odisea. 

 

Informe Benjamín Zevallos

Ley Nº24724 de la jornada de trabajo para los periodistas

Me fui a la puerta principal. Ahí fue peor, me bloquearon igual. No, no, María de Jesús, no lo hagas más difícil, por favor, no podemos permitirle el ingreso. Recuerdo a una señora en recepción que le dije, ¿qué está pasando? Me dijo que le habían indicado que ya no podía ingresar al canal”, recuerda la periodista mientras añade que pudo entrar al baño, ya que se encontraba muy afectada por el trato que había recibido.

Esta fue la oportunidad para la periodista y habló con el entonces gerente de prensa, José Vargas, quien le indicó que ya se había tomado una decisión. Ante la falta de respuestas, María de Jesús fue a increpar por los abusos recibidos al presidente del directorio del IRTP, Hugo Coya, quien se encontraba con visitantes en su oficina. “¿Por qué me haces esto? ¿Así tratas a los periodistas?”, fueron las palabras de María de Jesús hacia el alto directivo de la entidad. Este solo mostró su indiferencia pidiendo que la retiraran de su oficina.

Conversamos con Carolina Caycho, Gestora de Medios del Ministerio de Cultura, sobre la problemática ocurrida con la periodista. Según Carolina, el tema ya ha sido resuelto y la periodista se encuentra actualmente trabajando. Además, nos mencionó que el IRTP es un organismo público con autonomía y que Ninoska Chandia, presidenta del directorio del IRTP, es la encargada de responder nuestras preguntas y las de nuestros lectores.

Intentamos tener un acercamiento con la misma Ninoska, pero en un afán por esquivar nuestras dudas, nos mandó con la dirección de prensa para recién entablar una conversación formal. Sin embargo, tenemos que seguir informando y los protocolos que se disponen solo son días perdidos para tantos colegas que exigen ser escuchados y de una ciudadanía que le ha bajado el dedo a la calidad y transparencia del canal del Estado. 

¿Realmente es peligrosa esta inestabilidad en TV Perú?

Véase pues las denuncias que se han venido propagando por este problema de intentar dar una opinión en favor de la libertad de expresión y las diferentes represalias. En su momento, gremios periodísticos del Perú levantaron su voz para advertir sobre la posible influencia del gobierno en los canales del Estado y han alertado sobre el riesgo que esto representa para la libertad de prensa en el país. 

Justamente hablábamos de Ninoska Chandia quien asume el cargo más importante de la institución. No obstante, se debe también visualizar el pasado de la actual directiva, y es que anteriormente había ocupado un cargo de confianza para Dina Boluarte. Fue directora de Comunicación e Imagen del Despacho Presidencial.

Por su parte, estas preocupaciones surgieron después que se dieran despidos injustificados de periodistas que han cuestionado la gestión de Dina Boluarte. En ese momento, el gobierno enfrentaba una situación complicada, ya que diversas organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch y Amnistía Internacional acusaban a la gestión de Boluarte de vulnerar los derechos de los manifestantes que protestaban en contra de su régimen en diferentes regiones del país.

Uno de los puntos de quiebre habría sido cuando la periodista Ximena Carrasco, de TV Perú, hizo una pregunta incómoda durante una conferencia de prensa ofrecida por Dina Boluarte y su equipo ministerial. Poco después de esto, la periodista fue despedida sin razón ni justificación aparente. En sus palabras, había recibido comentarios de que algunos funcionarios se mostraron incómodos con su trabajo de cuestionar e incomodar en su labor periodística.

Informe Benjamín Zevallos

Tweets de la periodista sobre su salida

El caso de Carlos Cornejo

Cuando conversamos con Carlos Cornejo denunció que su salida de TV Perú fue injustificada y que hubo una irregularidad en términos de contratación laboral. Según él, su contrato era mensual y no había llegado a su fin. Esta situación ha sido reportada por varias personas que también fueron despedidas de TV Perú. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) respaldó a Cornejo y consideró su salida del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) como incausada, arbitraria e injustificada. 

Al cierre del informe, nos encontramos en espera de la respuesta de la Sra. Ninoska Chandia quien en su calidad de representante y presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú debe responder sobre estas irregularidades. De igual manera, esperamos la pronta respuesta de la Sra. Leslie Urteaga, ministra de cultura.

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Libertad de expresión, Libertad de prensa, prensa libre

Las constantes polémicas en las que sus integrantes se han visto inmersos casi desde su llegada al cargo en 2021 han llevado a que el Congreso cierre el año 2023 con un porcentaje de aprobación que no supera los diez puntos.  Este descontento ha llevado a que la labor parlamentaria de los 130 legisladores se encuentre constantemente bajo la lupa y, en especial, cuando sus actividades representan un costo considerable, como es el caso de los viajes.

En las últimas semanas, el viaje a México de dos congresistas del Bloque Magisterial, Paúl Gutiérrez y Germán Tacuri, para asistir a un evento sobre ovnis y momias falsas causó gran indignación y a esta polémica sobre los viajes se le sumó el informe de periodista Diego Quispe en el cual se advierte que veintidós parlamentarios, que gastaron S/342.000 en pasajes y viáticos, no presentaron los informes correspondientes sobre las actividades realizadas durante estos viajes que son pagados con fondos públicos.

Sin embargo, los informes que sí aparecen en los registros del Congreso están exentos de cuestionamientos. Sudaca pudo revisar estos documentos y comprobó que los argumentos que los congresistas brindan para justificar sus viajes no se ven reflejados en el trabajo que vienen realizando.

MUCHAS MILLAS, POCOS PROYECTOS

Entre estos viajeros destaca el nombre de José Cueto, congresista de Renovación Popular, quien ha realizado viajes a países como Rumania, Marruecos, Estados Unidos, Panamá y México para participar de una serie de reuniones que estaban enfocadas en el tema de seguridad.

En los informes presentados por el legislador del partido de Rafael López Aliaga se puede leer que, por ejemplo, uno de los viajes fue a Rumania con el propósito de participar en el Foro Parlamentario Inteligencia y Seguridad que Cueto Aservi consideraba relevante por “la necesidad de estar preparados para hacer frente a las graves amenazas globales contra la seguridad sea por filtraciones o vulneraciones en el campo sanitario como por actos terroristas”.

Informe Cristian Rebosio

 

Otros de los documentos revisados por Sudaca muestran que el congresista Cueto viajó a México y Panamá para participar de dos ediciones del Foro de Seguridad de las América que se centraban en la ciberseguridad y, acorde al texto presentado por el parlamentario, sería de utilidad para “analizar políticas de gobierno con las que se pueda combatir la delincuencia a nivel ciberespacio”.

No obstante, aunque estos temas podían resultar de interés nacional, los numerosos viajes del congresista Cueto destinados a este tema no parecen haber resultado una experiencia lo suficientemente inspiradora como para que lo aprendido se vea reflejado en proyectos de ley en beneficio del país.

Sudaca revisó los veinticinco proyectos de ley que ha presentado el congresista Cueto desde su llegada al Legislativo y ninguno refleja algún tipo de conocimiento que justifique los viajes realizados o que por lo menos haga referencias a temas como la ciberseguridad o se haga mención a algún tipo de alianzas estrategias logradas a partir de estos viajes. Por el contrario, en esta lista destacan algunos proyectos cuya urgencia sería cuestionada por muchos, como el que busca regular el uso de la espada como símbolo de mando y uno que busca precisar el nombre “inmaculada concepción” en una lista de feriados.

Informe Cristian Rebosio

 

Otro de los congresistas que ha acumulado varios viajes es Américo Gonza, integrante de Perú Libre. En 2023, Gonza Castillo informó sobre un viaje a Chile en el cual iba a conocer el sistema de seguridad ciudadana y el sistema penitenciario chileno. Además, también en 2023, el congresista de Perú Libre viajó a Brasil para participar de un evento denominado “Intercambio Académico sobre Seguridad Ciudadana entre la Guardia Civil de Santana de Paranaíba y el Sereno Municipal del Perú”.

Pero, al igual que ocurre con el caso del congresista Cueto, los proyectos de ley presentados por Américo Gonza se ven alejados del conocimiento que supuestamente justificaba estos viajes. Entre las iniciativas que sí parecen despertar el interés de Gonza Castillo se encuentra un proyecto para declarar al yonque como bebida de bandera nacional y otro que busca cambiar el nombre de Ministerio de la Mujer por Ministerio de la Familia. 

Informe Cristian Rebosio

MÁS VIAJES, MENOS RESULTADOS

Pero no sólo se puede observar que existe una notoria diferencia entre los proyectos de ley que presentan los congresistas y las justificaciones de sus viajes. En algunos casos, como el del congresista Wilson Soto, los temas abordados durante las conferencias a las que ha viajado se muestran radicalmente opuestos a las iniciativas que elabora el parlamentario de Acción Popular.

Pese a que sus viajes a Angola y Vietnam tenían como propósito que Soto Palacios y otros parlamentarios puedan encontrar soluciones para incrementar la participación de jóvenes en política, ninguno de los setenta y seis proyectos de ley presentados por Wilson Soto, en dos años y medio como congresista, tiene como objetivo fomentar la participación de jóvenes.

Sin embargo, el detalle más llamativo con respecto al congresista Soto ha sido que, aunque durante las conferencias a las que viajó se abordó la importancia de los derechos humanos y la acción parlamentaria por la paz, el integrante de Acción Popular presentó un proyecto de ley para que Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se pueda aplicar la pena de muerte.

Informe Cristian Rebosio

Entre los temas que sí parecen prioritarios para Soto Palacios figura un proyecto de ley para declarar el 25 de julio como el día nacional de la danza, el canto y la música de Santiago, una festividad de Huancayo, y otro que data de agosto del 2023 que busca restablecer la inmunidad parlamentaria.

Hasta diciembre del año pasado, se estima que el Congreso ha destinado más de dos millones de soles para los viajes de los parlamentarios que llevan dos años y medio en el cargo y, aunque la posibilidad de compartir experiencias en otros países se podría considerar como una oportunidad enriquecedora, los resultados que se han observado hasta la fecha invitan a que más de uno piense que los fondos públicos se han convertido en una oportunidad para hacer turismo.

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Américo Gonza, Congreso, José Cueto, Perú Libre, Renovación popular

Ha pasado más de un año desde que pusimos en mesa el tema de Innova Ambiental. Una problemática que ha sacudido los cimientos de la transparencia de las anteriores gestiones de la Municipalidad de Lima. Este tema no solo se basa en los protocolos y promesas que se han construido durante todo este tiempo, esto se fortalece a partir del paso a seguir de esta problemática. 

El compromiso de la administración municipal con la organización de un concurso internacional destinado a la limpieza y gestión ambiental de la ciudad. Este concurso se considera crucial no sólo para garantizar la eficiencia en los servicios municipales, sino también para fomentar la innovación y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Lima.

No obstante, esta iniciativa no está exenta de controversias y desafíos. Se han expresado inquietudes acerca de la transparencia y la imparcialidad en el proceso de convocatoria, y es que la actual concesionaria se ha visto envuelta de procesos judiciales que llevaron al cierre del relleno sanitario que gestiona la concesionaria.

Ahora bien, en Sudaca anteriormente hablamos con la congresista Ruth Luque quien tambien se encarga de la Comisión Ordinaria de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. En nuestra conversación pudimos hablar a profundidad sobre el trabajo que se tiene que realizar para acabar con esta larga historia de permanencia del concesionario y la extensa agonía de los vecinos de Lomas de Carabayllo por la exhausta demanda por el cierre del relleno sanitario y la constante contaminación.

Puedes ir directamente a nuestra conversación con la congresista en el siguiente enlace: https://sudaca.pe/noticia/informes/benjamin-zevallos-ruth-luque-tenemos-una-tarea-pendiente-con-lomas-de-carabayllo/

Sin embargo, entre los dilemas que se han venido percibiendo en este proceso también es importante mencionar las acciones que se han realizado y los alcances que nos han hecho llegar del proceso. Por un lado, el OFICIO N° D001020-2023-MML-GSCGA-SGA del 08 de agosto del 2023 y firmado por la Subgerente de Gestión Ambiental de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Pamela Taboada Huarcaya, se emite en el contexto de la situación generada por las cuestionadas resoluciones del Ministerio del Ambiente. Dichas resoluciones: N° 00468-2023-MINAM/VMGA/DGGRS y la Resolución Directoral N° 00469-2023-MINAM/VMGA/DGGRS, han generado una realidad específica en relación al Relleno Sanitario «El Zapallal».

El documento destaca que el Relleno Sanitario «El Zapallal» NO CUENTA con un Plan de Cierre aprobado en el momento de la emisión del oficio. Esta falta de aprobación plantea incertidumbres sobre las actividades y acciones dirigidas a mitigar posibles impactos ambientales relacionados con la infraestructura del relleno sanitario y los plazos para llevar a cabo dichas acciones. Por ello, se solicitó que se precise el mecanismo o procedimiento para la presentación del Plan de Cierre individualizado. 

Además, hemos identificado los procedimientos que realizó la Congresista de la República Ruth Luque Ibarra respecto a la problemática ambiental relacionada con el Relleno Sanitario “El Zapallal”. Lo que se buscaba era verificar las acciones realizadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en respuesta a dicha solicitud. 

La congresista solicitaba que el OEFA informará sobre los impactos generados por la emisión de gases contaminantes provenientes de la descomposición de residuos en el Relleno Sanitario “El Zapallal”. Además, se solicita información sobre los estudios realizados, el funcionamiento de las chimeneas y la existencia del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 2024.

Primero, con respecto a la composición de gases y estudios realizados. Se señala que el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del relleno sanitario contiene información sobre la composición de gases, pero no aborda la generación de material particulado en las chimeneas. Se destaca el inicio de un modelamiento meteorológico por parte del OEFA para evaluar la dispersión de los gases. 

Justamente analizando el tema de las chimeneas se examina el cumplimiento de la solicitud relacionada con el estudio y funcionamiento de las chimeneas en el Relleno Sanitario “El Zapallal”. Además, se confirma la realización de un estudio durante una acción de supervisión, donde se verifica el funcionamiento de las chimeneas y se adoptan medidas preventivas para controlar la emisión de gases.

Por último, el informe emitido a la congresista también detalla el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 2024. En este se investiga la existencia y contenido de dicho plan en relación con el Relleno Sanitario “El Zapallal”. Se informa que el plan contempla continuar con el modelamiento meteorológico y programar acciones de supervisión por parte de la DSIS. 

En síntesis, se resumen los hallazgos y acciones realizadas en respuesta a la solicitud de la Congresista Luque Ibarra. Se destaca la importancia de continuar con la supervisión y el control ambiental en el Relleno Sanitario El Zapallal para mitigar los impactos negativos derivados de la disposición de residuos. 

También hay otro oficio, en este caso, el N° D000003-2024-MML-OGSC. El documento consiste en una respuesta oficial del Ministerio de Salud a una solicitud de información realizada por la parlamentaria sobre las medidas tomadas para proteger a la población que vive cerca del relleno sanitario «El Zapallal» de la exposición a metales pesados y otras sustancias tóxicas. El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, responde las acciones realizadas hasta el momento.

Es preciso mencionar que la solicitud de la congresista se basa en la preocupación expresada por el Comité de Gestión Parlamento 10 Lomas de Carabayllo sobre la posible contaminación ambiental y sus efectos en la salud de la población cercana al relleno sanitario. El Ministerio de Salud menciona que la Dirección de Redes Integradas Lima Norte ha realizado evaluaciones ambientales y acciones de monitoreo de la calidad del aire en la zona afectada.

Se detalla que se han programado actividades de monitoreo de la calidad del aire en sectores cercanos al relleno sanitario, como la Asociación Las Palmeras del Norte San Lorenzo, el Asentamiento Humano ATREM y la Asociación Villa Rica en el distrito de Carabayllo. Estas actividades se llevaron a cabo del 19 al 24 de diciembre de 2023, instalando estaciones de monitoreo para evaluar partículas y metales, así como una estación meteorológica.

El futuro del Gerente de Servicios a la Ciudad

En lo que se ha visto del proceso y en conversaciones con personas relacionadas a la problemática, se ha cuestionado el papel del Ministerio de Ambiente en relación con sus interacciones con ciertas empresas y su presunta parcialidad en ciertos asuntos ambientales. Se han solicitado cambios en la dirección del ministerio y una mayor transparencia en sus acciones para abordar estas preocupaciones y garantizar una gestión ambiental adecuada y equitativa.

En cuanto a la administración municipal, se han producido cambios en la gerencia, con la salida de Roberto Pérez y la llegada de Pedro Ayala como nuevo Gerente de Servicios a la Ciudad de la MUNILIMA. Sin embargo, hasta la fecha, se espera que se tomen medidas concretas para abordar una serie de problemas pendientes, incluida la revisión de la adenda del relleno sanitario y otras cuestiones relacionadas con la gestión de residuos y la protección del medio ambiente en Lima.

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En una extensa conversación con la Presidenta de la Comisión Ordinaria de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, la parlamentaria Ruth Luque, pudimos consultarle sobre la situación actual del Relleno Sanitario “El Zapallal” y la investigación en curso sobre la concesionaria Innova Ambiental.

La congresista destacó la actual situación ambiental en nuestro país; además, señaló que la comisión que lidera ha recibido solicitudes constantes sobre otros proyectos ambientales. «Ha habido otras solicitudes, por ejemplo, para proyectos como el anillo periférico, la carretera de Santa Rosa, y el tema Repsol, sobre el cual hemos emitido un informe. Hay varias solicitudes relacionadas con diferentes temas de impacto ambiental que hemos estado tratando de atender y trabajar en esto«, mencionó la parlamentaria, haciendo hincapié en que la comisión no ha dejado de sesionar de manera extraordinaria.

¿Cuál es el paso a seguir en el caso de Innova Ambiental?

La congresista mencionó que no podían adelantarse a emitir opiniones sin antes fiscalizar y supervisar lo que está sucediendo en el caso de Lomas de Carabayllo. Por ello, han dividido este caso en dos partes y, por consiguiente, la comisión tiene previsto visitar Lomas de Carabayllo y el Relleno Sanitario “El Zapallal” en el mes de marzo. «Este tema está en nuestra lista de tareas pendientes. Nos hemos comprometido a realizar una visita que está programada, ya que hemos coordinado con ellos y también planeamos coordinar con algunas autoridades para llevarla a cabo en marzo», manifestó. Además, agregó que, como comisión, han estado visitando lugares similares que han requerido la presencia de las autoridades.

Justo mientras conversábamos con la congresista sobre estos casos destacó la importancia de los temas ambientales que se han presentado a lo largo del 2023 e inicios del 2024. «Una cosa que me ha impresionado es la alta preocupación que tiene la población por el tema ambiental y la falta de voces de representantes y actores que puedan abordar estas cuestiones», mencionó Luque mientras recordaba la reunión que tuvo con los representantes de Lomas de Carabayllo y su reclamo de que anteriores gestiones no prestaron atención a sus demandas.

“Está el compromiso con las organizaciones, voy a hacer una visita a la zona, vamos a convocar para esa reunión a algunas autoridades, que creemos que es importante”

Ruth Luque para Sudaca.pe

El caso Innova no es único en el país. Mientras conversamos con la parlamentaria, pudo mencionar que, en medio de su gestión, casos como el de Lomas de Carabayllo, se han visto a lo largo de varias regiones. “Todo el tema que tiene que ver con el relleno sanitario no tiene una política de atención adecuada y decisiones que vayan en consonancia con lo que quiere la población, que es, al final, un ambiente saludable”, sentenció.

Se reflexiona que este tipo de temas no ha tenido una verdadera priorización y no ha estado en agenda política. La parlamentaria mostró su preocupación debido a la falta de atención a pesar de la crisis que existe en el Perú por la falta de agua, por la crisis climática, entre otros. «La población lo percibe, y no es un problema de unos pocos. Este caso es un problema de mucho tiempo. Lo voy a conocer en profundidad en la visita«, manifestó la congresista mientras advierte de esta problemática con la experiencia en otros casos parecidos. «Es lo que he podido advertir en otros proyectos, como el anillo periférico donde tuvieron que viajar al territorio para entender y comprender lo que la población cuestiona en cuanto al rol del Estado«, añadió la parlamentaria.

Ruth Luque llamó la atención a las autoridades municipales por su falta de gestión ante este tipo de temas. «En el caso del municipio metropolitano de Lima, este es un ejemplo concreto de lo que el municipio debería hacer, pero el municipio no lo resuelve. Y no hay un gobierno central que tome una decisión al respecto«, manifestó la congresista haciendo énfasis en que los actores políticos se tiran la pelota y nadie se hace responsable de la problemática ambiental. «En medio de todo esto, nadie soluciona el problema de los ciudadanos. Desde la Comisión del Congreso de la República vamos a hacer esa visita. Ya está priorizado en las tareas que haré como presidente en representación de la comisión«, añadió.

Benjamín Zevallos - Ruth Luque

 

OFICIO MANDADO POR LA CONGRESISTA AL ALCALDE DE LIMA

La congresista ha enviado un oficio dirigido al Alcalde de Lima y al Ministro de Salud, expresando su preocupación por los efectos nocivos del Relleno de «El Zapallal» en la comunidad de Carabayllo. En el documento, la congresista destaca que, tras dialogar con representantes de la organización Parlamento 10 Lomas de Carabayllo, se ha evidenciado una creciente inquietud por los gases contaminantes emanados de la descomposición de residuos, los cuales están afectando gravemente tanto al medio ambiente como a la salud de los residentes locales.

Informe Benjamín Zevallos - Ruth Luque

OFICIO DE LA CONGRESISTA AL MINISTRO DE SALUD

«Una cosa que también estamos haciendo, varias de estas visitas, estamos formulando y usando las memorias, las hojas de vida, las memorias de estas visitas, para entregárselas a los congresistas que son de esas jurisdicciones, de esos territorios, para que también puedan reforzar la tarea de inspección que se está realizando«, mencionó la parlamentaria sobre su rol en este caso, y es que pertenece a la representación de Cusco, sin embargo, la comisión que preside ha hecho que pueda tomar gran atención en este tipo de casos ocurridos en Lima.

“Este es un caso que ha llegado a la comisión de pueblos indígenas. Por supuesto. Qué son los pueblos indígenas, el medio ambiente y la ecología. Entonces, desde la comisión vamos a hacer la misma estrategia que estamos haciendo en otros lugares. Vamos a visitar la zona, dialogar con la población, trasladar a las autoridades y exigir que haya una acción más contundente y clara por parte del Estado”, manifestó la parlamentaria. 

Coincidimos con la congresista sobre la responsabilidad que tiene la Municipalidad Metropolitana de Lima. Según lo que menciono es que se ha dialogado con el Ministerio de Ambiente para que tomen en cuenta las exigencias de la ciudadanía. Además, hace hincapié a la participación de otras entidades, en el caso de Innova y el relleno, la congresista mencionó la participación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Consultamos a la congresista sobre esta supuesta intencionada demora del OEFA con el proceso a seguir de Innova Ambiental; por su parte, la congresista detalló que es necesario analizar el caso a profundidad para ver las medidas a tomar. “Hay proyectos que no necesariamente tienen respuesta de un gobierno local, pero en este caso requieren la participación de otras entidades, en este caso de la OEFA, por ejemplo, a veces también Salud, porque también hay denuncias de que esto está impactando la salud de la población”, añadió. 

Benjamín Zevallos - Ruth Luque

 OFICIO DIRIGIDO AL OEFA

Una de las cosas que hemos reflexionado con la congresista es los temas ambientales que se han demandado en Lima y que se han vuelto prioridad en la comisión. “Está el de la vía periférica, está la autopista Santa Rosa, que involucra al Callao, está Zapallal y está Lomas de Carabayllo”, mencionó mientras hace referencia que todos ellos están vinculados al Ministerio del Ambiente porque un tema central que cuestiona la población es la falta de toma de decisiones técnicas para asegurar la salud ambiental. “Hay una cuestión específica en el caso del medio ambiente. Entonces lo que estamos haciendo, en el caso de los otros proyectos que hemos verificado, estamos coordinando una reunión con el Ministerio del Ambiente para hablar de esos otros proyectos. En este caso particular, queremos hacer la misma ruta. Primero ir a la zona, informarse y luego aclarar lo que propone la población, después de tantos años”, añadió.

Al concluir la entrevista con la parlamentaria Ruth Luque, destacó la importancia del rol que se busca cumplir en el Congreso de la República respecto a los temas ambientales y al derecho de los ciudadanos de exigir cambios justos a sus autoridades. A lo largo de la conversación, se comprometió a examinar minuciosamente el caso de Innova Ambiental y su responsabilidad en el Relleno Sanitario «El Zapallal». Ahora bien, ¿Cuánto más tenemos que esperar para que se realice el concurso internacional y terminar con la odisea de Innova Ambiental?

Sudaca revisó el historial del congresista fujimorista que lo ha convertido en uno de los personajes más controversiales del Legislativo.

Con inmerecidos bonos, defensas injustificadas de aliados o líderes políticos y una innegable indiferencia al descontento de la población, el Congreso ha logrado números históricos en lo que respecta a porcentajes de desaprobación. Más allá de la ideología política que pueda representar cada bancada, el descontento de la población con sus representantes parece indiscutible y hasta irreversible.

Sin embargo, entre los parlamentarios que han logrado este elevado nivel de desprestigio de uno de poderes del Estado, existe uno que, con pocas intervenciones, ha logrado posicionarse en el ojo de la tormenta debido a sus desafortunadas expresiones e incluso ha llegado a enfrentarse a integrantes de su propio grupo político. Este es el caso del congresista fujimorista Juan Lizarzaburu.

DEBUT POLÍTICO

Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu incursionó en la política para las elecciones del año 2021. Para convertirse en candidato, Lizarzaburu no pasó por el proceso de elecciones internas sino que fue designado por el partido. Con 1773 votos, el congresista de Fuerza Popular logró quedarse con un escaño en el hemiciclo para representar a los peruanos en el extranjero. 

El parlamentario de 54 años fue alumno de la Universidad de Lima y complementó sus estudios en España, en donde obtuvo un Master en la Universidad Politécnica de Catalunya así como otro Master en Dirección Comercial y Marketing. Además, Lizarzaburu trabajó durante catorce años en la empresa española Telefónica.

Paradójicamente, pese a todos los episodios en los que se ha mostrado como un personaje conflictivo con quienes piensan diferente a él y hasta con los de su propia bancada, Lizarzaburu se describe en su hoja de vida como una persona de “comunicación excelente y habilidades interpersonales a todo nivel”.

Juan Carlos Lizarzaburu

TRABAJO BAJO LA LUPA

Desde su llegada al Congreso en 2021, Lizarzaburu ha sido autor de treinta y tres proyectos de ley y, en el año 2023, el representante de los peruanos en el extranjero apenas presentó diez proyectos. No obstante, lo que llama la atención son las prioridades que mostró el congresista fujimorista.

En noviembre del 2022, Lizarzaburu presentó un proyecto de ley titulado “LEY QUE FORTALECE EL RECONOCIMIENTO DE IGUALDAD DE LOS CIUDADANOS Y RECONOCE CONSTITUCIONALMENTE LOS DERECHOS DE LOS PERUANOS QUE RESIDEN EN EL EXTERIOR” en el cual no proponía ningún cambio claro sino que sólo pedía modificar un artículo de la Constitución para que en el artículo 44 se incluya “amparar a los peruanos que residen en el exterior” pese a que esa es la función que actualmente realizan las embajadas.

Juan Lizarzaburu - Cristian Rebosio

El parlamentario fujimorista también presentó en 2022 un proyecto bajo el título “LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA LA PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DEL PAÍS Y LA MARCA PAÍS PERÚ”. En las 28 páginas, de las cuales la mitad fueron ocupadas con los detalles de los premio obtenido por la marca Perú, Lizarzaburu pedía la promoción de actividades que en se detalla que se han venido realizando con buenos resultados.

Pero también ha presentado proyectos de ley que han sido cuestionable. Como fue el caso del proyecto denominado  “LEY QUE CREA EL REGISTRO DE LOS EXTRANJEROS ILEGALES Y ESTABLECE OBLIGACIONES A LOS CONNACIONALES DE INFORMAR A LA AUTORIDAD POLICIAL” con el cual pretendía que los peruanos tengan el deber de informar sobre los ciudadanos indocumentados que residen en el país y no hace distinción entre aquellos que trabajan de manera honrada y los que participan de actividades delincuenciales.

Entre las justificaciones de este polémico proyecto de ley, Lizarzaburu señalaba que estos inmigrantes no pagan impuesto a la renta por el alquiler de viviendas y que son contratados para empleos informales pese a que esta situación es la misma que actualmente atraviesan los propios peruanos.

Juan Lizarzaburu - Cristian Rebosio

¿REPRESENTACIÓN?

Como congresista representante de los peruanos en el extranjero, Lizarzaburu debía estar en contacto con los compatriotas que residen en otros países. Sin embargo, en una de las salidas de Lizarzaburu fuera del país se ha podido observar, en el reporte que él mismo presentó, que sus prioridades parece más enfocadas en las alianzas políticas.

En 2021, Lizarzaburu viajó a España para reunirse con representantes del partido ultraderechista Vox. Pero, además, el congresista de Fuerza Popular utilizó este viaje para acudir a eventos de agrupaciones que comparten la misma tendencia ideológica de Vox así como con una peruana conocida en redes sociales por sus ideas extremistas.

Juan Lizarzaburu - Cristian Rebosio

En este reporte que presentó Lizarzaburu también llamó la atención que su única gestión en favor del Perú haya sido una visita a un almacén de Ciudad Real en el cual se encontraban ambulancias dadas de baja por las autoridades de dicha localidad y que el parlamentario fujimorista consideraba como posibles donaciones para Perú.

PELEAS, INSULTOS Y CONSPIRACIONES

Sin lugar a dudas, sus constantes expresiones desafortunadas han sido las que llevaron al congresista Lizarzaburu a ser el tema del día tanto en Perú como en los medios y redes sociales de los países a los que ofendía. Uno de los casos más recordados tuvo lugar durante un debate en el hemiciclo, en febrero del año pasado, cuando Lizarzaburu llamó a la bandera Whipala, que es usaba por pueblos andinos de la región, como “mantel de chifa adoptado por algunos resentidos sociales bolivianos”.

En las redes sociales, el discurso del parlamentario fujimorista es todavía más agresivo con quienes no comparten su pensamiento y no escatima en regalarle “me gusta” a publicaciones de integrantes del grupo ultraderechista La Resistencia. Además, en la red social X se puede observar que incluso comparte publicaciones difamatorias, como contra el periodista Gustavo Gorriti, así como otras en las que desinforma sobre las posturas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y hasta muestra una postura transfóbica.

Juan Lizarzaburu - Cristian Rebosio

Pero el conflicto menos esperado llegó a finales del 2023 cuando Lizarzaburu, durante una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, realizó un comentario sexista contra su colega de bancada, Patricia Juárez. Posterior a este hecho, y lejos de reconocer el agravio, Lizarzaburu se justificó alegando que “todos tenemos ojos”.

Como consecuencia de estas expresiones, Fuerza Popular ha suspendido a Juan Lizarzaburu por un periodo de seis meses de sus derechos partidarios. A la par, la Comisión de Ética del Congreso atiende la denuncia en su contra por sus expresiones. Sin embargo, durante la audiencia, Patricia Juárez reveló que, contrario a lo dicho por Lizarzaburu, este no le pidió disculpas por los comentarios hechos en su contra.

En los próximos días se dará a conocer la sanción que se le impondrá al congresista fujimorista y esta podría llegar a ser de ciento veinte días de suspensión. En su primera experiencia como parlamentario es evidente que Juan Lizarzaburu no ha pasado desapercibido, pero las acciones y expresiones que lo llevaron a ser protagonista hoy lo tienen enfrentado hasta con sus colegas del fujimorismo.

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[INFORMES]  A mediados de los años ochenta, un economista arequipeño, más conocido en el extranjero que en nuestro país, definió los límites de una economía de auto construcción y su relación tangencial con la economía formal. Unos años después, cuando el régimen de Alberto Fujimori privatizó una a una las empresas públicas, menos las inútiles Sedapal y Petroperú, los cientos de trabajadores despedidos de las empresas públicas vendidas a inversionistas nacionales y extranjeros construyeron una serie de pequeños negocios que crearon una red de prestadoras de bienes y servicios que el economista arequipeño llamado Hernando de Soto el Otro Sendero, es decir, el sendero opuesto frontalmente a Sendero Luminoso, la banda subversiva que quería imponer un estado de Nueva Democracia, bárbaro, asesino y misoneísta, pues quería abolir trece siglos de historia y retrotraernos a los comienzos de la Era Wari.

Como hasta el día de hoy, nadie sabe cuántos somos, cuántos trabajamos en la formalidad y cuántos en la informalidad, ya que el censo de 2017 ordenado por Kuczynski fue el primer gran fracaso de su gobierno. Es más, desde ese octubre de 2017 hasta noviembre de 2023, cuando un científico social usó la red X para decirnos que el porcentaje de informales era el 35 por ciento de la población activa, pues según datos de EsSalud el 65 por ciento de peruanos nos atendíamos en las redes hospitalarias de ese organismo.

Si nadie sabe cuántos trabajamos en la formalidad, cuántos en la informalidad y cuántos se dedican a robar, a extorsionar, a la trata de blancas, a la producción y a la comercialización de todo tipo de drogas.

Entonces, veamos cómo la ilegalidad ha penetrado todos los sectores económicos del país, incluyendo en ese “todos” a los vendedores de tickets de conciertos exclusivos.

En redes sociales, los seguidores de Sara Baras ya están expresando su malestar como es el caso de la señora Armida Testino, quien cuenta que compró 5 entradas que suman la cantidad de S/2,590.00 soles.

“Teleticket y Non Stop Entertainment las empresas organizadoras del espectáculo de la extraordinaria Sara Baras suspendieron el evento sin dar explicación alguna ni ofrecer disculpas. Yo pagué 2,590 soles el 24 de agosto y recién el 20 de noviembre pude registrarme para la devolución, pero tampoco pude recibir confirmación alguna de mi registro.

Teleticket se comunica conmigo recién el 16 de noviembre, luego de ir repetidamente a su stand del Centro Comercial de Bajada Balta, para decirme que Non Stop Entertainment SAC, no cuenta con el dinero para devolver”.

Mensaje que recibió la señora Armida Testino por parte de Teleticket.

Le consultamos a Pablo Chumbe, gerente general de Non Entertainment hasta el 21 de diciembre de 2023, sobre por qué aún no se terminaba de devolver el dinero a las personas que habían comprado entradas para el evento de Sara Baras

“Eso ya no lo veo porque ya no trabajo en esa empresa; yo era solamente un empleado ahí, pero hasta ahora tengo cierta vinculación con esas personas y entiendo que han emitido un comunicado indicando cuándo van a pagar”.

Pero daban una explicación técnica a la negativa de la bailaora.

“Claro, porque entiendo que la cancelación salió por parte de esos señores que sostenían que la señora Sara Baras no quería presentarse porque el piso del Gran Teatro Nacional no estaba en las condiciones que el espectáculo requería”.

¿Y la artista canceló toda la gira, porque tengo entendido que en Colombia sucedió algo similar?

“Exactamente, igualito, con lo cual causó un perjuicio significativo a la productora, porque al final se le pagó el ciento por ciento de los honorarios a esos señores, ese fue el tema. Pero, al igual; al margen de quién sea el responsable se cumplirá con todo lo pactado, devolviéndole el efectivo a las personas que compraron entradas por ese medio de pago”, indicó.

Hay personas a las que se les ha devuelto el valor de las entradas, pero la tiquetera se ha quedado con la comisión; entonces ellos dicen: “¿por qué se quedan con ese dinero, si el evento no se realizó?”

“En realidad, el que devuelve no es el productor, porque el productor tiene un contrato con la tiquetera y la tiquetera es la que recauda. Esa parte no te la puedo absolver, porque entiendo que ellos cobran una comisión que es un porcentaje del valor de la entrada, porque yo tengo entendido que eso también lo estaban devolviendo; eso es un tema que escapa de la productora, porque como le digo: “ellos son los que tienen el recaudo, y hasta donde fue mi gestión estuve abonando a medida que existiera la disponibilidad, y esa es la verdad. Igual le vengo a reiterar que el señor Pedro Enrique Puentes, dueño de la empresa, ha manifestado que sí se van a devolver la totalidad de los importes, que no es mucho porque solo ascienden a 60 mil soles, mientras otros conciertos llegan a 500 mil soles. Dicen que están esperando que ingrese un dinero para cumplir con todos los acreedores. Yo entiendo el malestar porque me pongo en su lugar”, finalizó Chumbe.

Estos reclamos se suman a una larga lista de quejas contra Teleticket, porque al parecer las productoras que contratan con ella para que sus boletos sean vendidos no pasan por un filtro que garantice que cuando ocurren este tipo de problemas se hagan cargo de devolver el dinero a los compradores de los tickets. Hay personas que ya llevan un año reclamando la devolución de su dinero y han acudido decenas de veces a Indecopi y todavía no ven solución alguna a su problema.

Sergio Rodríguez nos cuenta cómo me quedé sin ver a Juan Luis Guerra por la existencia de unos estafadores

“Yo compré 4 entradas para el concierto que realizaría Juan Luis Guerra el 23 de noviembre de 2022 en el Arena Perú de Surco, previendo que el evento iba a ser un éxito, la empresa organizadora habilitó una segunda fecha de concierto para el martes 22, evento que sí se llevó a cabo en la fecha programada; pero, a pesar de todos los controles, hubo muchísima gente que no llegó a entrar. Enteradas de eso, las autoridades municipales de Surco clausuraron el local, y las personas que teníamos entradas para ese 23 nos quedamos sin ver el espectáculo y sin nuestro dinero. Semanas después, se nos comunicó que Juan Luis Guerra realizaría un concierto en el estadio de San Marcos, y se nos dijo que podíamos optar por ir al concierto de Guerra al campus de San Marcos o a esperar para que se nos reembolse el dinero pagado para el concierto de noviembre de 2022 en el Arena Perú. Yo elegí el reembolso y me dijeron que se comunicarían conmigo para confirmar el día de la devolución. Luego de enviar y de recibir un montón de correos electrónicos, decidimos elevar nuestras quejas, indicando cuánto había gastado cada uno. En mi caso, yo gasté 1,600 soles. Entonces yo informé de ese monto a Indecopi, y ellos me dijeron que habían multado a la empresa Fans & Music Entertainment (Fans & Music) con 1’769, 625 soles y al gerente general de la empresa con 24,750 soles. Sin embargo, hasta hoy no nos han devuelto el dinero que pagamos por las entradas.

Sin conocer el nombre exacto de las empresas organizadoras, en noviembre de 2022 compré 2 entradas para el concierto de Emilia Mernes, en esa ocasión la empresa canceló el concierto y avisó que a todos los compradores que habíamos comprado entradas nos iban a regalar una entrada adicional para ver “Juntos en Concierto”, en teoría yo tenía 4 entradas para ese evento. Lo cierto, lo tangible, lo importante, era que ese evento también fue cancelado. Todas esas entradas fueron compradas en Teleticket, que se volvió a lavar las manos, indicando que toda la responsabilidad era de la empresa organizadora. Fans & Music sigue haciendo conciertos, incluso han cambiado de razón social a raíz de las multas que les impone Indecopi. Preguntando por aquí y por allá nos enteramos que hay algunas personas a las que les han devuelto todo o parte del valor de las entradas, y que esos ciudadanos son los que gritaron más fuerte en el primer momento”.

Sergio Rodríguez tuvo la mala suerte que los tres conciertos para los cuales tenía entradas fueron cancelados.

“Lo que más cólera da es que no hay respaldo de Teleticket, porque esa es la empresa a la que le entregamos nuestro dinero, y ellos se hacen los locos diciendo que no tienen responsabilidad, pues solamente son una tiquetera. Y para Indecopi no somos nada, porque en la resolución que se ordenó la multa no se indicó a quién se le tenía que devolver.

Ahora, cuando uno va a comprar un ticket tiene -según los sabios de Teleticket- doble posibilidad de éxito, pues si la transacción sale mal, la tiquetera te devuelve tu dinero; y si sale bien, pues Teleticket se embolsa todo el dinero: un dineral. Este seguro para la entrada que te ofrecen es un negocio redondo porque si a mí me paso lo mismo con tres conciertos hay miles de personas en la misma condición que vamos a preferir pagar”, agregó.

“Hasta que todas las personas reciban su dinero no vamos a parar” nos dijo Jessica Parodi quien ha sido una de las pocas personas que pudo hacer que le devuelvan su dinero por el evento cancelado de Sara Baras.

“En mi caso en particular, en septiembre yo compré dos entradas en Teleticket para ver a la bailaora Sara Baras, que me costaron 1,095 soles las dos entradas más 55 soles por la comisión de la tiquetera; en octubre, Teleticket y también el Gran Teatro Nacional emiten un comunicado diciendo que el evento había sido cancelado por motivos de fuerza mayor, y que la productora se iba a poner en contacto para hacer las devoluciones del dinero, pero sucede que pasaron los meses y no recibíamos ninguna respuesta, en paralelo dejamos constancia de lo sucedido en el Libro de Reclamaciones de Teleticket: escribimos a Indecopi y tampoco tuvimos respuesta, o sea, teníamos que ver la manera de llegar a los de Non Stop Entertaiment, porque Teleticket nos decía que ellos eran los responsables, y en una de las contestaciones a los tantos reclamos que hacíamos Teleticket nos envía un correo diciendo que no se nos devolvería el dinero de las entradas porque la productora no tenía fondos.

Yo particularmente tuve la suerte de conseguir los números telefónicos de los responsables de la productora, así que no dudé en llamarlos para decirles sobre el comunicado que había enviado Teleticket y lo fastidiada que estaba con la situación, y me respondieron que el tema era de Teleticket”.

Conversamos con Crisólogo Cáceres quien es presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) y coordinador del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones de Consumidores (OCLAC), y, por lo tanto, una de las voces más autorizadas para saber qué hacer cuando un consumidor o un usuario es engañado y estafado, y no hay autoridad alguna que lo defienda del abuso del poder.

Ante el problema suscitado por la estafa de Teleticket a los compradores de boletos para el concierto de Sara Baras, le preguntamos a Crisólogo Cáceres cómo desciframos ese enredo, vale decir, quién es el responsable final en ese asunto. Aquí una aproximación al Caso Sara Baras: “Los consumidores estaban molestos y, normalmente, presentaron sus reclamos a quienes les vendieron los tickets, o sea, ante Teleticket y similares; presentar a la ticketera no era lo pertinente, sino al organizador del concierto. Si la persona que organizó el concierto no cumplió, el consumidor tiene derecho a reclamar; ese reclamo se puede hacer de dos maneras: primero ante la empresa, o, segundo, ante el Indecopi.

¿Qué es lo que se puede reclamar tanto a la empresa como al Indecopi? En cualquiera de los dos casos lo que el consumidor puede reclamar es que se le devuelva el valor de la entrada del concierto que pagó, pero no se realizó. Para ese pago, el consumidor tiene que acreditar que compró la entrada. Ahora, ¿qué corresponde a la autoridad? La autoridad es el Indecopi, el Indecopi puede entrar a tallar, ya sea porque el consumidor presentó un reclamo o puede actuar de oficio, es decir, el Indecopi no tiene que esperar necesariamente que haya reclamos, sino que al tratarse de un hecho público y notorio, Indecopi debe actuar con celeridad y drasticidad.

Ahora, si se vencen los plazos del Indecopi para investigar el Expediente puede caer en caducidad y ya hay muchos expedientes que han caído en caducidad, lo de la caducidad es un peligro espantoso.

Según el Decreto Legislativo N° 1272 que modifica la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, incorpora en su art. 4° el art. 237-A referido a la CADUCIDAD del procedimiento sancionador. En tal sentido fija en nueve meses el plazo máximo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio, el mismo que puede ser ampliado de manera excepcional, hasta por tres meses más. Vencido dicho término, y no habiéndose emitido Resolución Final, el procedimiento CADUCA automáticamente y es archivado.

Esto es el gran peligro que advierte Aspec desde hace años al Indecopi que no puede ser que dilaten tanto los casos sabiendo que puede caer en la caducidad”.

¿Indecopi debería velar porque se le pague a todos los afectados o sólo es sancionar con la multa?

“No, el Indecopi en casos como este adopta dos medidas, primero impone una sanción hacía la empresa que puede ser una multa de hasta 450 UIT y lo segundo que hace el Indecopi es ordenar una medida correctiva. La medida correctiva implica ordenar a la empresa que haga algo en beneficio del consumidor afectado, en este caso lo que se le tenía que ordenar como medida correctiva a la empresa es que devuelvan a los usuarios la entrada en su integridad”, Afirmó.

Si nadie sabe cuántos somos, si nadie sabe a quién le heredamos y cuánto le heredamos, y si cualquier notario inescrupuloso puede quitarnos la propiedad de nuestros predios, si cualquier funcionario de cuarto nivel puede borrarnos de los registros públicos, si cualquier hombre elegante y de buen apellido puede armar una empresa que realiza estafas piramidales de magnitud industrial, entonces podemos colegir que la ilegalidad peruana no es sólo traficar droga y oro, sino cualquier actividad que cuente con el respaldo de un sinvergüenza con cuatro sellos en la mochila y un tampón en el bolsillo.

Luego de algunas horas de haber sido publicado este informe periodístico, Teleticket se comunicó con Sudaca y nos envió el siguiente comunicado:

Teleticket Perú - Comunicado oficial VF

Teleticket Perú – Comunicado oficial VF

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[INFORMES]  Dicho comunicado viene a negar lo sostenido por el periodista César Romero Calle en diversos artículos y primeras páginas (impresas y digitales) que se ha publicado desde el 28 de diciembre del 2023 hasta el día de hoy en el diario “La República” y en que ha probado hasta el extremo la veracidad de la orden de videovigilancias y seguimientos que impartió por escrito el Fiscal Andy Junior Rodríguez Domínguez en la disposición Fiscal N° 1 del 05 de abril del 2023 en la que decide abrir una investigación secreta por 120 días “contra los que resulten responsables”.

La Fiscalía en su comunicado busca negar la existencia Carpeta Fiscal N° 87-2023

Es gravísimo que la Fiscalía quiera negar la existencia de la Carpeta Fiscal N° 87-2023 y de cuya disposición de archivo hemos sido notificados formalmente por el propio Ministerio Público el periodista César Romero y yo a fines de noviembre del 2023; y lo ridículo es que para ocultar su existencia y contenido se quiera hacer referencia a un proceso penal completamente distinto (la del abogado Castillo Alva), que está en la etapa de investigación preparatoria, y que en el caso de la investigación secreta a periodistas (CF N° 87-2023) no ha pasado de las diligencias preliminares.

La única manera que la Fiscalía pueda negar o afirmar si hubo seguimientos o videovigilancias a periodistas no es aludiendo a un proceso penal que se encuentra judicializado en donde se menciona a los periodistas César Romero y a mí, sino remitiéndose a la carpeta Fiscal número 87-2023 que obra en poder del Ministerio Público y en la que efectivamente se han ordenado videovigilancias y seguimientos a periodistas.

El Ministerio Público para emitir su comunicado ha buscado donde sabe perfectamente que no va encontrar nada de videovigilancias y seguimientos a periodistas, debido a que, según nuestras fuentes, en el proceso penal que se le sigue al abogado Castillo Alva (carpeta Fiscal 09-2019) en más de 4 años de investigación no se ha ordenado videovigilancia o seguimiento alguno.

Para opinar sobre el tema la Fiscalía de la Nación y el área de prensa del Ministerio Público deberían haber leído la primera plana del diario la República de ayer que expresamente alude a la Carpeta Fiscal 87-2023 que se encuentra en el Tercer despacho del Caso “Cuellos Blancos”.

El Ministerio Público, en el colmo de lo hilarante y bochornoso, quiere negar los documentos (disposiciones y videovigilancias) que ha obtenido oficialmente César Romero de la Carpeta Fiscal 87-2023 y que publica ayer en la primera plana el diario “la República” con el título “Ministerio Público: la carpeta 87-2023 revela sus secretos”.

Lo que oculta deliberadamente el comunicado del Ministerio Público es que el inicio de la investigación secreta contra las periodistas que emprende la Fiscalía por 120 días se debe a dos artículos publicados, uno por Sudaca, el 27 de marzo del 202 titulado “ESCÁNDALO EN EL MINISTERIO PÚBLICO: FISCALES DEL CASO CUELLOS BLANCOS SE CONVIERTEN EN ABOGADOS DEFENSORES DE WALTER RÍOS” y el otro artículo publicado por el diario la República el 30 de marzo del 2022 titulado “FISCALES AD HOC PRESIONAN A SUS COLEGAS PARA FAVORECER A REO”.

Las tres primeras páginas (de las 10 páginas) que forman parte de la disposición fiscal del 5 de abril del 2023 por las que se inicia la investigación secreta a los periodistas justamente abundan en detalles y resaltan las publicaciones realizadas por la República y por Sudaca. No hay duda alguna que sin los artículos publicados por César Romero y yo en la República y Sudaca no habría tenido sentido abrir la investigación fiscal secreta el 5 de abril del 2023 en la que se ordenó las videovigilancias.

La Carpeta Fiscal de la investigación secreta a los periodistas del diario la República, de Sudaca y la Carpeta Fiscal del abogado Castillo Alva son distintas

El Ministerio Público en su comunicado pretende hacer creer de manera temeraria e inexplicable a la opinión pública que la Quinta Sala de Apelaciones Nacional ordenó en el caso de la prisión preventiva del abogado José Luis Castillo Alva que se habría encontrado peligro de obstaculización por parte de dicho abogado por haber influido en las publicaciones del diario “La República” y el portal “Sudaca”. Las publicaciones a los que se refiere la Sala Superior datan del 16 de abril del 2023, es decir, son 11 días después de iniciada la investigación secreta iniciada por la Fiscalía de los Cuellos Blancos del Puerto. Mejor dicho, lo que la Fiscalía quiere traer en su defensa es en realidad un boomerang que les estalla en la cara: lo que la sala alude, más allá de su abierta falsedad, son noticias periodísticas publicadas tiempo después por La República y Sudaca al inicio de las diligencias secretas ordenadas por Andy Rodríguez.

La Fiscalía miente en citar la resolución de la Quinta Sala de Apelaciones Nacional como única referencia a las publicaciones de La República y Sudaca cuando, en realidad, el caso del abogado Castillo Alva es un caso completamente distinto y autónomo de la investigación secreta a los periodistas por cuatro razones. En primer lugar, la investigación al abogado Castillo Alva se encuentra en la carpeta Fiscal con número 09-2019 (de la que deriva la prisión provisional que se le solicitó) y la investigación a los periodistas es la Carpeta Fiscal número 87-2023, es decir, entre una carpeta y otra hay una diferencia de casi 4 años. En segundo lugar, la Carpeta Fiscal con número 09-2019 siempre ha permanecido en el Primer despacho del caso “Cuellos Blancos” y la Carpeta secreta a periodistas número 87-2023 ha deambulado en todos los despachos del caso Cuellos Blancos para terminar en el Tercer despacho; los fiscales a cargo de los despachos fiscales son distintos. En tercer lugar, los periodistas César Romero y yo hemos sido citados a declarar como testigos expertos en la carpeta número 09-2019 en diciembre del 2023; mientras que en la Carpeta Fiscal número 87-2023 nunca hemos sido citados a declarar y menos hemos sido escuchados. En cuarto lugar, según nuestras fuentes, la Carpeta 09-2019 sigue abierta desde el año 2019 y el plazo de la investigación se ha determinado en 3 años; mientras que la Carpeta Fiscal 87-2023 se abrió el 5 de abril del 2023 y se cerró el 23 de noviembre del 2023.

Nunca se pidió un Informe sobre la Carpeta Fiscal 87-2023 para saber si existe o no orden de videovigilar o seguir a periodistas

La causa de semejante exabrupto y la desinformación en la que incurre el Ministerio Público en su comunicado, reside en que nunca ha pedido, según nuestras fuentes, alguna información por vía oficial o informalmente al Tercer despacho del caso Cuellos Blancos quien dirige y conduce la Carpeta Fiscal número 87-2023.

La disposición fiscal del 5 de abril del 2023 que inicia la investigación secreta y ordena la videovigilancia y seguimientos a periodistas se encuentra en una Carpeta Fiscal concreta y específica (87-2023); de tal manera que se podía simplemente preguntar al despacho a cargo sobre si se había ordenado en su momento la videovigilancia y seguimientos a periodistas para que la Fiscalía de la Nación y su área de prensa del Ministerio Público salga de cualquier duda y de esta manera no mienta en su comunicado.

Cualquier estudiante de derecho, y más aún el Fiscal de la Nación, sabe que la única manera de poder obtener la “verdad” sobre el contenido de una Carpeta Fiscal es preguntándole a quien la tiene a cargo sobre los hechos que se pretende comunicar e informar a la opinión pública; o se debe pedir un informe escrito al respecto, pero lo que no se puede hacer, bajo ningún sentido, es afirmar algo sin un conocimiento mínimo de la Carpeta Fiscal, sin pedir acceso o sin solicitar que se haga un informe al respecto.

Si nunca se pregunta a quien se debe; nunca se podrá saber la verdad de los hechos y menos se podrá conocer sobre el contenido de una Carpeta Fiscal. La Fiscalía de la Nación no puede estar desconectada de los fiscales provinciales, adjuntos o auxiliares que dirigen una determinada Carpeta Fiscal.

La fuente del “error” del Comunicado de la Fiscalía

El punto 3 del Comunicado del Ministerio Público “De acuerdo a lo informado por la Coordinación del Equipo Especial de Fiscales abocado al conocimiento del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” no existe medidas de seguimiento, videovigilancia, ni interceptación telefónica a periodistas”.

El Comunicado de la Fiscalía toma como base para desmentir las medidas de seguimiento y videovigilancias a periodistas lo informado por la actual Coordinadora del Caso Cuellos Blancos, Magaly Quiroz Caballero. Sin embargo, lo extraño y lo raro es que el caso del seguimiento y videovigilancias a periodistas no se encuentra en la Coordinación del Equipo Especial, sino en el tercer despacho de la Fiscalía provincial del caso Cuellos Blancos. Se ha consultado con fuentes del Ministerio Público y se nos señala que nunca la Fiscal Coordinadora Magaly Quiroz Caballero, ha pedido un informe escrito al respecto, ni ha llamado a algún personal del despacho para que se le informe al respecto.

La afirmación que realiza el Comunicado del Ministerio Público no solo es falsa, sino que es desmentida por la propia disposición fiscal del 5 de abril del 2023 suscrita por el Fiscal Andy Junior Rodríguez Domínguez. Veamos:

Lamentablemente, y tal como lo ha resaltado La República, la investigación secreta se dirige de manera cobarde utilizando un paraguas legal “contra los que resulten responsables”, pero del contenido de la disposición fiscal que se declara secreta es indiscutible que el centro del interés del Fiscal Andy Junior Rodríguez eran los periodistas César Romero Calle y Juan Carlos Tafur. La explicación que ha dado el fiscal Andy Junior en su carta notarial dirigida a algunos medios de comunicación de que la persona investigada en la Carpeta reservada era el abogado José Luis Castillo Alva es absolutamente falsa ya que si fuera cierto no se entiende por qué no colocó expresamente su nombre. También debe tomarse en cuenta para demostrar la falsedad de lo dicho que Castillo Alva ya se encontraba investigado, por el propio despacho de Rodríguez, por organización criminal en la Carpeta Fiscal 09-2019 y como cualquier persona lecto escrita lo sabe ningún ciudadano puede ser investigado dos veces o de manera simultánea por los mismos hechos.

Asimismo, el mismo Andy Rodríguez y el Fiscal Superior Jorge Díaz Cabello comentaron, como lo relata también el periodista César Romero, a sus allegados más cercanos que se iba a allanar los domicilios de César Romero y el mío como las oficinas de Sudaca y La República.

Tan cierto es que los objetivos de la investigación secreta eran periodistas que criticaban a los fiscales que Andy Rodríguez lejos de enviarnos una carta de rectificación, denunciarnos al Consejo de la Prensa Peruana o querellarnos decidió en el colmo de la barbarie jurídica investigarnos él mismo y pidió a los despachos del caso Cuellos Blancos Informes sobre si habían sido objetos de ataque por La República o Sudaca. Solo basta leer la parte final de la Disposición fiscal N° 01 del 5 de abril del 2023 para darse cuenta de ello.

 

 

Para qué la Fiscalía va a ordenar recabar “información de búsqueda de fuentes abiertas (publicaciones Sudaca, La República, entre otros medios), relacionados al ataque sufrido por diversos magistrados del equipo especial de fiscales que conocen o han conocido los procesos de la OC, “Los Cuellos Blancos del Puerto”” si es que efectivamente no se va investigar e indagar a los periodistas que habían osado criticar su actuación funcional de los Fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro Huamán.

Lamentablemente, la Fiscalía de la Nación y su área de prensa ha sido inducida a error por la Fiscal Magaly Quiroz, coordinadora del equipo especial Cuellos Blancos, debido a que ella ordenó el 28 de septiembre del 2023 la acumulación del caso reservado que se seguía a los oficiales de la Policía, a la Dra. Rocío Sánchez (y que tenía como objetivo principal al Coronel Harvey Colchado Huamní) con la Carpeta reservada que investigaba a periodistas. Por tanto, a ella le interesa sobremanera que no se conozca la verdad y que es una e indiscutible: Magaly Quiroz también participó en el caso de la investigación secreta a los periodistas y lo que es más grave, el 13 de septiembre del 2023 había ordenado un plazo de 8 meses de investigación secreta y que culminaba el 13 de mayo del 2024. Magaly Quiroz hizo algo peor que el Fiscal Andy Junior, pues no solo continuó con la investigación abierta el 5 de abril del 2023 desde que recibió la Carpeta Fiscal del Fiscal Andy Junior el 11 de mayo del 2023, sino que acumuló la investigación secreta a otra investigación en el que se había mandado realizar videovigilancias y seguimientos por ocho meses más, antes de derivar el caso al Tercer despacho del Equipo Especial del Caso Cuellos Blancos. Veamos:

 

Magaly Quiroz sabía muy bien acerca de la investigación secreta que inició Andy Rodríguez el 5 de abril, ya que luego que le derivaron la Carpeta Fiscal contra los periodistas la tuvo en su poder 5 meses 17 días, tiempo en el que si lo consideraba adecuado podía haber archivado el caso; sin embargo, pese a que los 120 días de la investigación secreta vencieron el 5 de agosto del 2023 consideró luego de casi dos meses acumular las investigaciones secretas derivándolas a otro despacho Fiscal. Incluso, la Fiscal coordinó la marcha de dichas carpetas con el ex Coronel Martín Gonzáles Sánchez quien mostraba un especial interés en el caso.

Es indiscutible, y no hay espacio para la duda, luego de leer la disposición Fiscal del 5 de abril del 2023, que el Fiscal Superior Andy Rodríguez ordenó efectivamente no solo realizar videovigilancias y seguimientos a periodistas, sino expresamente se ordenó también recabar información de búsqueda de publicaciones de Sudaca y La República para saber de ataques contra los fiscales del equipo especial que conocen o han conocido los procesos de la OC, “Los Cuellos Blancos del Puerto. La orden fiscal se dio formalmente y ha quedado registrada por escrito en una disposición fiscal que cualquier persona con dos dedos de frente y sin perjuicio ni miopía puede leer sin problemas.

También como prueba de ello es que los periodistas César Romero Calle y mí persona fuimos notificados de la resolución de archivo fiscal del 23 de noviembre del 2023 de la Carpeta Fiscal 87-2023. ¿Si no fuimos los objetivos de la disposición fiscal que ordenó videovigilancias por qué tendrían que habernos notificado formalmente con la disposición de archivo?.

La Fiscal Magaly Quiroz en su condición de Fiscal provincial tuvo en sus manos las Carpeta Fiscal secreta que ordenaba seguir a periodistas y pese a que dejó que venciera el plazo de la investigación y a que no emitió una resolución ampliatoria antes del 5 de agosto del 2023, el 28 de septiembre del 2023 ordenó acumular la investigación secreta a los periodistas con la investigación a los policías y cuyo objetivo final era Harvey Colchado, dicha investigación secreta se habría dispuesto por 8 meses.

El Comunicado del Ministerio Público no puede negar que dos fiscales del equipo especial ordenaron realizar las videovigilancias y los seguimientos a periodistas. Por favor, la próxima vez pedimos que antes de emitir un comunicado se revise la carpeta Fiscal o, por lo menos, pidan un Informe al respecto.

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Carpeta Fiscal, controversia, CuellosBlancos, Fiscalía, Periodismo, Video vigilancias

[INFORMES] Las afirmaciones del Gerente Municipal de San Isidro acerca del futuro exitoso del proyecto del Centro de Salud Municipal, a pesar de las deficiencias técnicas y los problemas de permisos y autorizaciones, suscitan interrogantes sobre la resolución de las irregularidades previamente señaladas en Sudaca. ¿Realmente han sido abordadas estas problemáticas?

Antes de hablar en concreto del caso, en este inicio del 2024, presentamos esta primera nota periodística, desentrañando los intrincados sucesos que rodean el «Proyecto de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Salud y Bienestar» en San Isidro. En este caso, descubrimos giros sorprendentes, decisiones cuestionables y el incansable esfuerzo de los vecinos por defender la integridad de su comunidad. Acompáñame en este viaje periodístico que promete arrojar luz sobre la verdad, desafiando las sombras de la opacidad y revelando las complejidades detrás de este proyecto que afecta a San Isidro. ¡Bienvenidos a un año lleno de historias que inspiran la búsqueda incansable de la verdad!

El caso de San Isidro

En respuesta a las inquietudes de los vecinos, Mario Altuna consultó al MINSA (DIRIS LIMA CENTRO) sobre la posibilidad de operar un centro de salud en el lugar, ya que la Norma Técnica N° 113 MINSA DGIEM V01 inicialmente lo prohibía debido a la proximidad del terreno a una estación de combustibles, un colegio, un templo y un centro de convenciones. La respuesta categórica de la entidad fue un rotundo «NO PROCEDÍA», arrojando dudas sobre la validez de la aprobación reciente del Gerente Municipal.

Respuesta de la DIRIS LIMA CENTRO a la consulta de Altuna con respecto a la ubicación del centro médico

 

La DIRIS LIMA CENTRO, en un comunicado enviado al Órgano de Control Institucional (OCI-MSI) en junio de 2021, declaró que la instalación del centro médico municipal en dicho lugar no era posible. Esta información, desafortunadamente, parece haber sido ignorada durante la gestión del exalcalde Cáceres, quien demolió una vivienda sin cumplir con los requisitos del MINSA, dando inicio a la construcción de un edificio inacabado que la administración actual no ha detenido.

El «Proyecto de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Salud y Bienestar de la Gerencia de Desarrollo Humano» revela una inversión inicial de S/. 21,491,037.27 Nuevos Soles, que se incrementa a S/. 23,331,937.20 Nuevos Soles bajo la gestión de Cáceres. Estos cambios financieros plantean cuestionamientos adicionales sobre la transparencia y la gestión económica del proyecto.

A pesar de las advertencias públicas en una edición del diario #AlDía, donde la alcaldesa expresó su compromiso en recomponer los detalles, la seguridad del Gerente Municipal respecto a la viabilidad del proyecto genera un dilema sobre la integridad del proceso. Mario Altuna destaca la gravedad del caso, sugiriendo que se abran procesos contra los responsables, ya que la edificación podría costar a los vecinos cerca de 35 millones y no ser utilizada como centro de salud, según sus afirmaciones.

La ubicación del terreno a menos de 100 metros del grifo REPSOL y del Colegio John Neper, junto con las disposiciones de la Norma Técnica Sanitaria Nº 113-MINSA-DGIME-V01, que prohíben la proximidad a estaciones de servicios y centros educativos, plantean inquietudes adicionales sobre la idoneidad del emplazamiento.

Respuesta de la DIRIS LIMA CENTRO a la consulta de Altuna con respecto a la ubicación del centro médico

El pasado de la clínica municipal

Manuel Velarde Dellepiane, quien ocupaba el cargo de burgomaestre en el distrito de San Isidro, presenció la declaración de viabilidad del «Proyecto de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Salud y Bienestar de la Gerencia de Desarrollo Humano de San Isidro«. Según la información obtenida por Sudaca, este proyecto, identificado con el Código Único Nº 2369797, tenía una inversión inicial, como comentamos anteriormente, de S/. 21,491,037.27 Nuevos Soles.

Este monto abarcaba diversas mejoras en las instalaciones de la infraestructura del local de la calle Paul Harris, así como la adquisición de un inmueble destinado al Centro Médico Municipal en la urbanización CORPAC. El presupuesto para la adquisición se estimaba en S/. 4,860,000.00 Nuevos Soles, mientras que el acondicionamiento estaba presupuestado en S/. 1,425,454.07 Nuevos Soles.

El entonces alcalde Velarde concluyó su gestión sin iniciar el proyecto. Al sucederlo, Augusto Cáceres, se modificó la inversión a un total de S/. 23,331,937.20 Nuevos Soles. Durante su gestión, se llevó a cabo la Contratación Directa Nº 6-2019-SL/MSI-1 para la «Adquisición de Inmueble-Mejoramiento de los Servicios de Salud y Bienestar de la Gerencia de Desarrollo Humano». La Municipalidad de San Isidro otorgó la buena pro a la empresa ARTE INVERSIONES S.A, por un inmueble en la avenida Guardia Civil N° 754-760, con un valor de S/ 6,595,842.24 Nuevos Soles.

Posteriormente, el 21 de diciembre de 2020, la Municipalidad de San Isidro emitió la Orden de Servicio N° 4064-2020 por S/ 9,800.00 para el expediente técnico de la demolición del inmueble. En medio de estas acciones, los vecinos, entre ellos Mario Altuna, realizaron una consulta al MINSA (DIRIS LIMA CENTRO) sobre la viabilidad del centro de salud en el lugar, considerando la Norma Técnica N° 113 MINSA DGIEM V01. La respuesta de la entidad fue un contundente «NO PROCEDÍA».

Anuncio de la Municipalidad de San Isidro sobre el proyecto

Esta información, transmitida por la DIRIS LIMA CENTRO al Órgano de Control Institucional (OCI-MSI) el 30 de junio de 2021, establece claramente que la instalación del centro médico municipal en dicho lugar no era posible. A pesar de estas advertencias, la gestión de Cáceres demolió la vivienda y continuó con la construcción de un edificio de cinco pisos que aún no está terminado.

Mario Altuna, uno de los denunciantes en este caso, señala que la obra podría costar a los vecinos cerca de 35 millones y no ser utilizada como centro de salud. A pesar de la gravedad del caso, la actual alcaldesa de San Isidro no ha detenido el avance de la obra, a pesar de su conocimiento sobre el tema durante su período como regidora en la gestión de Cáceres.

Ubicado a 81.97 metros del grifo REPSOL y a 70.80 metros del Colegio John Neper, el predio incumple las precauciones establecidas por la Norma Técnica Sanitaria Nº 113-MINSA-DGIME-V01, que prohíbe la proximidad a estaciones de servicios y centros educativos.

Ubicación del “Centro Médico Municipal de San Isidro”

La falta de cumplimiento de las precauciones establecidas podría perjudicar significativamente a los residentes de San Isidro. En medio de trámites cuestionados, el edificio y los sueños de varias gestiones permanecen en una situación de incertidumbre, exigiendo una revisión más profunda de la actuación de la Contraloría, la DIRIS y la actual alcaldesa.

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[INFORMES] Nueve meses atrás, el director de Sudaca publicó la historia breve de un “hecho grave, vergonzoso e intolerable”, tal como lo describió en su informe del 27 de marzo del año pasado. Sucede que los fiscales provinciales del Primer Despacho del Equipo Especial del Caso Cuellos Blancos, Andy Junior Rodríguez Domínguez y Max Alessandro Castro Huamán, cruzaron del lado iluminado de la ley al lugar más oscuro de esta. Como sabemos, desde que la prensa descubrió la crisis institucional, ética y de credibilidad del sistema de justicia, más de uno habló de la necesidad de refundarlo. Es así que, por el impulso del expresidente Martín Vizcarra se modificaron partes sustantivas del texto constitucional, se desapareció el Consejo Nacional de la Magistratura y se le sustituyó por la Junta Nacional de Justicia, una institución que ha mostrado gran severidad en la tarea de destituir jueces y fiscales supremos involucrados en los audios de la vergüenza, pero poca rapidez en sancionar a los magistrados que han falsificado certificados de estudios para ascender a cargos públicos de mayor nivel en el Ministerio Público.

Pese a todos esos cambios y controles, que pasan en gran medida por el posicionamiento de nuevos magistrados en la Fiscalía y en el Poder Judicial, parece que la crisis del sector judicial se ha agudizado debido a que algunos malos fiscales han convertido a la Justicia en un servicio delivery puesto a disposición de algunos empresarios y ex magistrados, que en su condición de supuestos colaboradores eficaces expanden su poder corruptor, convirtiendo a perseguidores del delito en defensores de oficio de los delincuentes a los que deberían perseguir.

¿Qué paso en la reunión virtual?

Al medio día del 16 de marzo del 2023 los fiscales Andy Junior Rodríguez Domínguez y Max Castro Huamán realizan coordinaciones administrativas con la finalidad de lograr una reunión virtual (vía Google Meet) con el encargado del despacho fiscal de la Tercera fiscalía corporativa de Santa Rosa, Abelardo Caycho Ramis, quien ha sido designado en el cargo el 10 de marzo del 2023 en reemplazo de la Fiscal Melissa Chinchayán Sato.

En dicha reunión virtual los fiscales del Equipo Especial del caso Cuellos Blancos muestran su interés particular y una injerencia indebida en la tramitación de la Carpeta Fiscal N° 60-2020 a cargo del Fiscal Abelardo Caycho, que es una investigación preparatoria (proceso penal) que tiene como imputado a Walter Ríos Montalvo a quien le atribuyen la comisión de los delitos de denuncia falsa y encubrimiento personal. La denuncia en su momento fue presentada por el abogado José Luis Castillo Alva contra Walter Ríos en la Primera Fiscalía Suprema Anticorrupción quien derivó la denuncia a la Presidencia de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima y esta a su vez lo deriva a la Fiscalía de Santa Rosa (Ancón) teniendo en cuenta el lugar de comisión del delito que es la Fiscalía más próxima al Penal de Piedras Gordas I lugar donde se encuentra recluido Walter Ríos Montalvo.

El Fiscal Junior Rodríguez y su adjunto Max Castro en la reunión virtual vía Google Meet que realizó abordó tres temas: 1) La necesidad de que el fiscal Abelardo Caycho, quien conduce la investigación contra Walter Ríos, le precisara una fecha tentativa de conclusión de la investigación y del pronunciamiento final, 2) La necesidad de que se emita una pronta decisión en la carpeta de Ríos Montalvo ya que con anterioridad hubo una reunión con la ex fiscal del caso Melissa Chinchayán Sato quien le habría señalado su posición (según Andy Junior Rodríguez) de ordenar el sobreseimiento del caso y 3) Que esta investigación habría sufrido dilaciones innecesarias, lo cual le causaría retrasos a la investigación a su cargo en la que se encuentra en calidad de investigado el ciudadano José Luis Castillo Alva.

Luego de esta reunión virtual vía Google Meet sorpresiva e irregular de los fiscales provinciales del caso Cuellos Blancos en la que se mostraba un interés directo y una interferencia indebida en una concreta carpeta fiscal (60-2020) por el archivo de la investigación en contra de Walter Ríos Montalvo, el fiscal Abelardo Caycho pasó a elaborar un acta fiscal de fecha 16 de marzo del 2023 teniendo como hora 12.30 pm, en donde relata los pormenores de su reunión con los fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro e informa mediante oficio a la secretaria General de la Fiscalía de la Nación.

EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y LOS ILÍCITOS DISCIPLINARIOS COMETIDOS POR LOS FISCALES

Según fuentes del Ministerio Público lo que han hecho los fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro es un claro ejemplo de la comisión del delito de tráfico de influencias, debido a que buscan intervenir de manera indebida e ilícita en el archivo a favor del procesado Walter Ríos Montalvo y para ello presionan a los fiscales encargados de la carpeta fiscal N° 60-2020 y, además, exigen que sea en el tiempo más breve posible.

En los diversos niveles e instancias del Caso Cuellos Blancos hay varios ejemplos de que a las personas se las investiga y procesa solo por haber hecho llamadas e interesarse en un determinado caso. Los fiscales provinciales del caso “Cuellos Blancos” abusando de su poder y lejos de respetar los límites de la competencia funcional, como es pedir información siguiendo los canales oficiales como los oficios, las providencias, los informes, etc., toman temerariamente atajos y hacen lo que mejor les parece, dado el poder que tienen, llaman a otros fiscales de otros distritos fiscales para presionar, interferir y dirigir hacia un determinado resultado las decisiones de casos que les interesa.

Esta situación tan grave lleva a que, además, ambos fiscales hayan violado el artículo 39.7 de la Ley de la Carrera Fiscal N° 30483 que sanciona al que busca: “Influir o interferir de manera directa o indirecta, en el resultado de las investigaciones fiscales que no estén a su cargo” y que constituye una falta muy grave del artículo 47.6 de la Ley de la Carrera Fiscal al castigar al que “Interfiere en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, sus agentes o representantes o permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona que atente contra el órgano fiscal o la función fiscal” y el artículo 47.13 de la misma Ley que establece como falta muy grave: “Incurrir en acto u omisión que, sin ser delito, comprometa gravemente los deberes del cargo”.

La interferencia funcional cometida por los fiscales provinciales del caso Cuellos Blancos es doble. Por un lado, está la interferencia con la fiscal anterior del caso, Melissa Chinchayán Sato, quien les habría señalado que su posición era el ordenar el sobreseimiento en beneficio del procesado Ríos Montalvo y, por otro lado, se encuentra la clara presión al fiscal Abelardo Caycho al pedirle expresamente que “emita una pronta decisión” en la carpeta fiscal N° 60-2020 que estaba a su cargo, sin ser parte en el proceso, y recordarle en un direccionamiento e interferencia manifiesta de su decisión que la anterior fiscal del caso (que ellos no investigan) les había indicado que se inclinaba por el sobreseimiento del caso. ¿Por qué los fiscales del caso Cuellos Blancos tendrían que violar la reserva de una conversación privada mantenida con la anterior fiscal, y que el nuevo fiscal no tenía por qué saber, si no es para orientar y dirigir la decisión final del caso en un determinado sentido?.

Lo grave es que previamente a la reunión a través del aplicativo Google Meet los Fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro habían enviado, a solicitud de Melissa Chinchayán Sato, un Informe acerca de la carpeta fiscal a su cargo en donde habrían reportado sobre las principales diligencias, señalando el estado de la investigación y, además, la información pertinente; asimismo, ellos habían recibido por conducto regular igual información de la carpeta fiscal 60-2020. Si toda la información de ambas carpetas había sido tramitada de manera fluida y oficial, ¿qué necesidad había de hacer una video llamada y presionar al nuevo fiscal que tenía a su cargo la carpeta fiscal para que dicte la resolución de archivo del caso favorable a Walter Ríos Montalvo?

Los fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro no pueden negar la reunión virtual debido a que fue su propio despacho fiscal la que creó la cuenta con la que luego se sostuvo la videollamada. Igualmente, juega en su contra el hecho de que nunca coordinaron previamente por un canal oficial (v. gr. la coordinación del Equipo Cuellos Blancos, la Fiscalía de la Nación o la Presidencia de la Junta de Fiscalía de Ventanilla) y nunca se citó formalmente a una mesa de trabajo conjunto y menos se mandó un oficio (o algún documento) que formalice la reunión. Algunos fiscales especialistas en casos de corrupción de funcionarios nos señalan que, si los fiscales Rodríguez y Castro hubieran actuado de modo transparente y de acuerdo a sus funciones, ellos tendrían que haber tomado la iniciativa y pedir –dada la unilateralidad de la solicitud de la reunión virtual vía Google Meet– que se realice y se suscriba un acta fiscal dejando constancia de dicha reunión y el no haberlo hecho es un elemento clave para demostrar la conducta manifiestamente irregular. Justamente, frente a la actuación clandestina de la llamada que no sigue ningún protocolo formal, el fiscal sorprendido y el receptor de tamaña comunicación es quién procedió a elaborar un acta fiscal.

Sin embargo, las cosas no quedaron allí. El Fiscal provincial Abelardo Caycho la semana pasada envío una comunicación a la máxima instancia del Ministerio Público en la que reporta los hechos contenidos en el acta fiscal de fecha 16 de marzo del 2023. En el Oficio N° 01-2023 -MAR-3°FPPC-2°D-ACR-CF-60-2020 ha señalado en el punto 2: “Conforme lo indicado por los señores fiscales Rodríguez Domínguez y Castro Huamán, la carpeta fiscal de la cual soy responsable (60-2020) guarda estrecha relación con la que se encuentra a su cargo. DEMOSTRANDO TENER UN INTERÉS DIRECTO EN CUANTO A LA TRAMITACIÓN Y EL RESULTADO DE DICHA INVESTIGACIÓN, CUYO PLAZO SE ENCUENTRA PRÓXIMO A VENCER. POR LO QUE CONSIDERO CORRECTO PONER ESTE HECHO A SU CONOCIMIENTO POR SER DE TRASCENDENCIA. Asimismo, para garantizar el derecho de defensa de las partes y la autonomía funcional de los fiscales en el ejercicio de sus funciones”.

Es increíble como, ciertos funcionarios del Ministerio Público han confundido su rol como miembros de una institución encargada de perseguir el delito en una suerte de policía política destinada a observar, vigilar y seguir (ovise, en términos policiales) a periodistas, políticos y empresarios que algún fiscal termo céfalo y de gran poder decidiera por sí y para sí que esos ciudadanos eran “altamente peligrosos” para el país.

Tras quedar al descubierto el reglaje a los periodistas César Romero y Juan Carlos Tafur, del diario La República y el portal Sudaca, el Ministerio Público decidió cambiar al fiscal Andy Rodríguez del Quinto Despacho Provincial de la Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, para luego ser designado por el propio Fiscal de la Nación Juan Carlos Villena como Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal (Corporativo) de Arequipa en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa. ¿Es que ahora se premia a los fiscales persecutores o estamos asistiendo al inicio de un escándalo de enormes proporciones?

“Sudaca no recibió una carta aclaratoria, no sufrió una querella por difamación ni ningún desmentido por parte de los imputados. ¿Qué hicieron? Violentando todo el orden legal vigente y abusando de su poder, incluyeron al suscrito, junto al periodista César Romero de La República, en una investigación reservada, bajo la hipótesis absurda de pertenencia a una presunta organización criminal, y en base a ello ordenaron el seguimiento, reglaje, chuponeo telefónico y videovigilancia de los mencionados desde el 5 de abril hasta fines de noviembre, cuando el caso es archivado por la inexistencia de indicio alguno que probara una imputación antojadiza, utilizada como excusa legal para espiar a periodistas y descubrir sus fuentes informativas”, señaló Juan Carlos Tafur.

Consultado por Sudaca, el periodista Ricardo Uceda, uno de los más caracterizados miembros del gremio, nos dijo que el objetivo está expresado en los hechos, es decir, en el reglaje mismo, el hecho es que constituye un abuso de poder intolerable, vale decir, inadmisible. Es más, el uso que hace el fiscal de medios legales para objetivos completamente ilegales es completamente ilegal e inconstitucional, y, desde luego, contrario a la libertad de expresión. Y requiere ser investigado en todos sus detalles.

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