Informes

A lo largo de la historia, los perros han asumido roles que pueden ir mucho más allá del lugar de mascotas. Estos animales han participado en tareas muy complejas como la detección de drogas y explosivos e incluso se les ha visto ser protagonistas en el trabajo de rescate de sobrevivientes cuando ocurren desastres naturales.

A cambio de su trabajo, no se espera que reciban condecoraciones ni mucho menos aumentos salariales sino un trato humanitario mientras están en servicio y que se les garantice una adecuada calidad de vida cuando este termina. Sin embargo, lo que parece un pedido razonable a cambio de su labor, no siempre se cumple.

Sudaca ha podido seguir el caso de la brigada canina de la Municipalidad de Los Olivos que pone nuevamente en discusión el trato que se les da en nuestro país a aquellos animales que están al servicio de la población y que, lejos de recibir los cuidado que merecen, son expuestos a condiciones insalubres y un abandono que incluso llega a producirles la muerte.

INDIFERENCIA MUNICIPAL

“Hemos venido viendo a el trato que les da la municipalidad desde que comenzó la gestión en 2023”, comentó Nataly Moscoso Ponce, presidenta de la Coalición De Protección Animalista Olivense (COPAO), en declaraciones brindadas a Sudaca con respecto al preocupante presente de los perros que integran la brigada canina de la Municipalidad de Los Olivos y que colaboran con la seguridad del distrito.

Según lo relatado por Moscoso, desde que Luis Felipe Castillo Oliva llegó a la alcaldía de Los Olivos, los canes que están al cuidado de la municipalidad han presentado numerosos problemas que van desde la falta de vacunas y antiparasitarios hasta la ausencia de la atención veterinaria que pueden requerir.

Pero esta situación llegó a su punto más crítico durante los primeros días de este mes cuando Black, uno de los canes que integraban esta brigada, murió a los ocho años en una jaula como consecuencia del tumor que padeció en los últimos meses y el cual la Municipalidad de Los Olivos no atendió como correspondía.

Lo más indignante con respecto a la historia de Black es que, meses atrás, había sido operado por otro tumor y quienes se tuvieron que hacer cargo del costo de este procedimiento fueron algunos trabajadores y una veterinaria privada mientras que la gestión de Castillo Oliva permanecía indiferente ante este caso.

Sudaca pudo acceder a algunas de las conversaciones entre los trabajadores de la municipalidad y los integrantes de COPAO en los cuales exponen el desinterés por parte de los funcionarios de este distrito ante la situación que venía padeciendo este integrante de la brigada canina en sus últimos días.

 

Pero esta no fue la única advertencia sobre el estado de salud de Black y otros de los integrantes de la brigada canina. Las siguientes conclusiones pertenecen a un informe del 29 de agosto del 2024 preparado por el veterinario Wilder Aguado Huaylla en el cual se advertía que Black era uno de los candidato a baja de manera prioritaria y que, además, habían casos de desmayos.

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Además, otro informe también emitido por el mismo veterinario en el mes de agosto detallaba que Black presentaba un lipoma, un tumor de crecimiento lento, y que por ello requería cirugía a la brevedad posible, la cual fue pagada por trabajadores y contó con la ayuda de una veterinaria ante la ausencia de interés por parte del municipio. Este informe también señalaba que Black, que en ese momento tenía siete años, tenía cojera producto a la displasia. 

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UNA HISTORIA QUE SE REPITE

Pero el triste fallecimiento de Black corre el riesgo de no ser la única baja en la brigada canina debido a la negligencia de los funcionarios de Los Olivos. En el siguiente chat, un trabajador de esta municipalidad cuya identidad se mantiene en reserva para evitar represalias cuenta que son varios los perros pertenecientes a esta brigada que no se encuentran en un estado de salud idóneo.

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Sumado a los casos de displasia, la cual es una dolorosa enfermedad degenerativa que produce una malformación en la unión del fémur y la pelvis de los canes, la titular de la Coalición De Protección Animalista Olivense (COPAO) explica que la Municipalidad de Los Olivos ignora sus pedidos para que estos animales sean dados en adopción y puedan recibir una mejor calidad de vida.

En el siguiente informe que data de junio del año pasado, el supervisor de la brigada canina había informado que cuatro de sus integrantes no se encontraban aptos para el servicio de patrullaje e incluso, tal como se aprecia en la siguiente imagen, se detallaba el caso de uno de los integrantes de esta brigada que había sido operado por un cáncer. No obstante, William Valladares Escobedo, gerente de seguridad ciudadana de Los Olivos, no le habría dado mayor importancia a esta situación.

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“Solicitamos que les realicen exámenes y hasta el día de hoy no lo hacen”, relata Nataly Moscoso sobre el alarmante estado en que se encuentran estos animales y agrega que “las atenciones de ecografía, radiografía, exámenes bioquímicos y hemogramas determinan su salud y si están aptos para realizar esta labor”.

En el siguiente oficio enviado a Valladares Escobedo por parte de la Coalición De Protección Animalista Olivense (COPAO) en el mes de enero se había exigido que la municipalidad entregue los informes sobre las evaluaciones médicas que se les debían realizar a los integrantes de la brigada canina. No obstante, estos nunca fueron entregados.

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La historia de Black llegó a su final de una forma tan dolorosa como evitable y, si bien nada revertirá su triste desenlace, la difusión de su caso debería llevar a que las municipalidades y todas las instituciones con animales a su cargo entiendan la responsabilidad que deben asumir para que situaciones como las relatadas en este informe no se repitan. Mientras tanto, se siguen escuchando ladridos de ayuda en Los Olivos.

  • Magistrada suprema provisional, Dra. Hilda Martina Rosario Tovar Buendía, es hermana del Sr. Javier Vicente Tovar Buendía, representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el directorio de la empresa estatal Activos Mineros S.A.C.
  • La Dra. Tovar Buendía asumió el cargo de jueza suprema provisional en la Quinta Sala Suprema que resuelve los casos de materia tributaria en vía de casación, en los cuales el MEF siempre mantiene un interés directo.
  • El conflicto de intereses radica en que, al tratarse de un cargo de confianza, el Sr. Tovar Buendía actúa como representante de un sector del Estado que, en numerosos procesos judiciales, busca maximizar la recaudación tributaria. La existencia de este vínculo familiar plantea legítimas dudas sobre la independencia de criterio que debe regir las decisiones de la magistrada en casos en los que el MEF es parte interesada.
  • Autoridades judiciales tienen la obligación de esclarecer por qué este evidente conflicto de intereses no fue detectado a tiempo.

Recientes revelaciones han puesto en evidencia una situación que podría comprometer la imparcialidad de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema. Se ha conocido que la magistrada suprema provisional, Dra. Hilda Martina Rosario Tovar Buendía, es hermana del Sr. Javier Vicente Tovar Buendía, representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el directorio de la empresa estatal Activos Mineros S.A.C.

Jueza Tovar, Javier Vicente Tovar Buendía

La designación del Sr. Tovar Buendía en dicho directorio fue dispuesta mediante Acuerdo de Directorio N.º 001-2024/011-FONAFE, publicado en el diario oficial “El Peruano” con fecha 26 de octubre de 2024. Por su parte, menos de un mes después, el 21 de noviembre de 2024, la Dra. Tovar Buendía asumió el cargo de jueza suprema provisional en la Quinta Sala Suprema que resuelve los casos de materia tributaria en vía de casación, en los cuales el MEF siempre mantiene un interés directo y la SUNAT que es entidad adscrita a dicha institución.

Conflicto de intereses

El conflicto de intereses radica en que, al tratarse de un cargo de confianza, el Sr. Tovar Buendía actúa como representante de un sector del Estado que, en numerosos procesos judiciales, busca maximizar la recaudación tributaria. La existencia de este vínculo familiar plantea legítimas dudas sobre la independencia de criterio que debe regir las decisiones de la magistrada en casos en los que el MEF es parte interesada.

Falta de transparencia en Quinta Sala Suprema

Como consecuencia, la falta de transparencia de la Quinta Sala Suprema resulta alarmante. ¿Cómo es posible que una magistrada con un vínculo tan evidente con el Ministerio de Economía y Finanzas esté resolviendo casos donde esta entidad tiene un interés directo? El silencio en torno a esta situación no solo es una afrenta a los principios de imparcialidad judicial, sino que pone en entredicho la credibilidad de la Quinta Sala Suprema. La justicia no puede permitirse la más mínima sospecha de favoritismo, y sin embargo, este escenario parece hecho a la medida para favorecer a una de las partes en litigio.

Si el Poder Judicial pretende mantener un mínimo de confianza ante la ciudadanía, es imperativo que se tomen medidas inmediatas. La magistrada debe rendir cuentas sobre su idoneidad para continuar en el cargo, y las autoridades judiciales tienen la obligación de esclarecer por qué este evidente conflicto de intereses no fue detectado a tiempo. Como bien expresó el filólogo José María Sbarbi: “La justicia no tiene parientes, toda es de hueso sólido, sin carne ni sangre”, puesto la justicia no puede ser un juego de influencias ni un feudo de intereses familiares, sino una garantía para toda la sociedad.

El Poder Judicial no puede ignorar la preocupación de una sociedad que exige respuestas y, sobre todo, garantías de que los fallos judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la República no estén teñidos de favoritismos ni compromisos ocultos.

https://supremafortuna.ojo-publico.com/juez/1136/

Una nueva ley aprobada por el Congreso amenaza con habilitar a los odontólogos a realizar una serie de procedimientos quirúrgicos que pondrían en riesgo a sus pacientes.

Si algo ha caracterizado al grupo de parlamentarios que actualmente ocupan los escaños del Congreso de la República es su predisposición para legislar, sin vergüenza alguna, en favor de intereses particulares y sin escuchar voces autorizadas. Pero esta forma de realizar la labor congresal trae consecuencias que termina padeciendo el peruano de a pie.

Esto es lo que ha ocurrido con la Ley N°32210, la cual nació de una propuesta legislativa que buscaba habilitar a los odontólogos para que realicen una serie de procedimientos que, hasta ahora, eran una exclusividad de  cirujanos plásticos y profesionales de la salud dedicados a la dermatología.

Cristian Rebosio 

LA LEY Y SU ORDEN

Pero este tipo de leyes no son una novedad. En el año 2019, el propio Colegio Odontológico del Perú le solicitó al entonces presidente de la Comisión de Salud del Congreso, Segundo Tapia Bernal, que el proyecto de ley N° 2620/2017, el cual regulaba la comercialización, uso y aplicación de sustancias de relleno denominadas biopolímeros y afines en tratamientos corporales con fines estéticos y definía dichos procedimientos como acto médico, incluya a los a los cirujanos dentistas y les permita hacer uso de biopolímeros absorbibles inyectables.

Odontólogos todoterreno  

Sin embargo, esta solicitud no prosperó y quienes integraban el parlamento por aquella época no respaldaron el pedido del Colegio Odontológico del Perú.  No obstante, años después, han vuelto a hacerse presentes en el Legislativo con un proyecto de ley, todavía más ambicioso, que recibió la luz verde y que ha despertado preocupación entre profesionales de la salud por el contexto en que fue aprobado.

Fue durante los primero días de junio del año 2022 cuando ingresó un proyecto de ley que tenía como autor al congresista fujimorista César Revilla Villanueva y, tal como lo señala en su título, dicha iniciativa pretendía modificar una serie de artículos de la ley de trabajo del cirujano dentista.

Odontólogos todoterreno

Según lo propuesto en esta iniciativa legislativa, los odontólogos podrían estar habilitados para realizar procedimientos quirúrgicos que, hasta la fecha, sólo podían ser llevados a cabo por médicos cirujanos. Esta situación generó una contundente oposición por parte del Colegio Médico del Perú que justificó esta postura alegando que la formación de los odontólogos no abarcaba todos los aspectos que debían tenerse en cuenta para poder realizar correctamente un procedimiento quirúrgico lo que, en consecuencia, pondría en riesgo a los pacientes.

Cabe señalar que, tal como lo señala el propio proyecto de ley, no parte únicamente del interés del congresista de Fuerza Popular sino que este fue “socializado y consensuado con el Colegio de Odontólogos del Perú”.

 

La historia de esta ley dio un giro inesperado en diciembre del año pasado cuando, sin un amplio debate de por medio, pese a que el Ejecutivo la había observado e ignorando las advertencias del Colegio Médico del Perú, dicha ley fue aprobada por insistencia y publicada, sospechosamente, a pocos días de la navidad.

¿QUIÉN SE BENEFICIA CON ESTA LEY?

Esta insólita situación ha llevado a que se instale la pregunta sobre quién es el más interesado en que esta ley sea ratificada por el Congreso y las respuestas podrían estar en el propio Colegio Odontológico del Perú. Sudaca ha podido revisar el historial del decano de este colegio, el doctor Luis Ghezzi Hernández, quien en el pasado ha sido invitado especial de FACOP.

Cristian Rebosio 

FACOP, Faculdade do Centro Oeste Paulista, es una institución con raíces en Brasil que se dedica a brindar cursos relacionados a la odontología y procedimientos estéticos y, casualmente, dos meses antes que esta ley sea publicada en El Peruano, FACOP anunció su llegada al Perú, lo que supondría un negocio más lucrativo si los odontólogos están habilitados para realizar ciertos procedimientos, tal como lo avalaría la Ley N° 32210.

Cristian Rebosio

Sudaca conversó con Luis Ghezzi, quien señaló que esta ley “favorece a la población” y respondió a los cuestionamientos alegando que se han dicho mentiras con respecto al impacto que podría tener esta ley. Además, agregó que “hay un interés económico a favor de algunas especialidades y algunos  dirigentes del Colegio Médico del Perú para monopolizar la atención médica”.

En los últimos días, algunas fuentes también han señalado que existirían sospechosos depósitos bancarios entre una persona cercana a FACOP y el decano del Colegio Odontológico del Perú. Sin embargo, en conversación con Sudaca, Luis Ghezzi ha rechazado rotundamente estas versiones. 

Esta semana el Congreso podría votar para derogar la polémica Ley N° 32210 y tendrá la oportunidad de enmendar uno de sus tantos errores que, en esta oportunidad, golpea directamente la salud de los peruanos que corren el riesgo de estar en manos de personas que no están capacitadas correctamente para los procedimientos que esta ley les permitiría llevar a cabo.

En medio de las crisis que atraviesa La Libertad, César Acuña aprueba una costosa campaña de publicidad para su gobierno regional que planea destinar más de dos millones de soles para estas campañas.

Pese a las emergencias relacionadas con el incontrolable aumento de la criminalidad y las fuertes lluvias que azotan la región de La Libertad, el gobernador regional y líder del partido Alianza Para el Progreso, César Acuña, ha sorprendido al tomarse un nuevo periodo de vacaciones por nueve días.

Sin embargo, antes de abandonar sus funciones en medio del estado de emergencia y pese a que se esperaría que un gobernador tenga otras prioridades, Acuña Peralta ha firmado dos resoluciones que le permitirán al Gobierno Regional de La Libertad disponer de una cuantiosa cantidad de dinero que será utilizada para financiar la difusión de contenido publicitario.

Sudaca ha podido revisar los documentos que fueron firmados por el propio César Acuña durante la última semana y en los cuales se detallan estos insólitos gastos le costarán a La Libertad varios millones de soles y que, además, no es la primera vez que se están realizando bajo la gestión del político de APP.

PUBLICIDAD COMO CANCHA

La primera de estas dos resoluciones que fueron aprobadas por César Acuña fue firmada el lunes de la presente semana. En este documento se abordaba el plan de estrategia publicitario y plan del medios para el año 2025 que fue emitido por la Gerencia Regional de Imagen Institucional. 

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El plan de estrategia publicitaria elaborado por la Gerencia Regional de Imagen Institucional solicitaba que se destine dos millones de soles para el plan de estrategia publicitaria y explicaban que casi novecientos mil soles de ese monto serían destinados al plan de medios preparado para el año 2025.

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Uno de los puntos que llama la atención en este documento es que la estrategia propuesta para el Gobierno Regional de La Libertad no se limita a tener un alcance regional sino que busca llegar a todo el país y comprende a los llamados medios tradicionales como a los no convencionales.

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Sin embargo, tan sólo tres días después de aprobar este plan de estrategia publicitaria y medios, más precisamente el jueves 6 de marzo, César Acuña aprueba una nueva resolución gerencial regional con la cual se iba a modificar el plan anual de contrataciones dispuesto para el Gobierno Regional de La Libertad para el año 2025.

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Esta modificación consistía en incluir siete procedimientos de selección al plan anual de contrataciones que había sido aprobado previamente. Apoyándose en una directiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en el cual se señala que “el Plan Anual de Contrataciones podrá ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir y excluir contrataciones”, esta modificación fue avalada.

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Pero estos siete procedimientos de selección incluidos tuvieron una única descripción. Bajo el procedimiento de contratación directa, se aprobaron siete servicios de difusión de contenido publicitario en radio y medios digitales para la Gerencia Regional de Imagen Institucional del Gobierno Regional de La Libertad que alcanzaban la cifra de S/ 542,737.60 en total.

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Sudaca también pudo revisar el plan de medios que el Gobierno Regional de La Libertad armó para este año y se pretende utilizar más de cuatrocientos mil soles en siete campañas que se emitirían por dieciséis radios.

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Por otro lado, en lo que respecta a medios digitales, la gestión que encabeza César Acuña ha estimado destinar S/ 477,580.00 en doce medios distintos. Estas campañas incluyen publicidad en las redes sociales de los medios así como en su sitio web y también un publirreportaje. 

 

AUMENTOS GENEROSOS

El 2025 no es el primer año que el Gobierno Regional de La Libertad decide realizar un gasto de este calibre en una estrategia publicitaria. Sin embargo, lo que se puede observar es que el monto destinado para esta finalidad se ha incrementado de forma notoria. Por ejemplo, el plan de medios del año pasado no llegaba al millón de soles.

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La estrategia publicitaria empleada para el año 2023 apenas superaba los quinientos mil soles, un monto muy inferior a los dos millones que se estarán destinando para el plan diseñado para el año actual.

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Si bien es preciso señalar que los gastos en publicidad están regulados y no implica un delito por parte de quien los paga ni de los medios que son contratados, la situación que atraviesa La Libertad y que, aparentemente, el gobernador  César Acuña no ha podido solucionar invitan a pensar que la inversión y las prioridades deberían enfocarse en otras áreas. 

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app, César Acuña, La Libertad

El nuevo proyecto de ley de Patricia Chirinos y Renovación Popular que pretende instalar a representantes de las iglesias cristianas en diversas instituciones del Estado.

Aunque el Perú está atravesando una grave crisis relacionada a la inseguridad que cada vez parece estar más lejos de ser controlada y los integrantes del gobierno de Dina Boluarte no pasan ni una semana sin involucrarse en hechos cuestionables, las prioridades en el Congreso parecen ir por otro rumbo.

Como se ha podido ver en más de una oportunidad, son varios los parlamentarios que se encuentran estrechamente vinculados con diversas iglesias con las cuales colaboran públicamente asistiendo a sus eventos e impulsando marchas contra las personas LGTBI o el enfoque de género. Este vínculo incluso ha llevado a que el Congreso condecore a quienes manejan estas iglesias.

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Pero este apoyo ahora tiene la intención de ir mucho más lejos. En los últimos días, se ha podido conocer que la congresista Patricia Chirinos, quien ahora integra las filas de Renovación Popular, ha presentado un proyecto de ley que estaría buscando instalar a un representante de las iglesias cristianas en la instituciones y servicios del Estado.

EVANGELIZANDO AL ESTADO

Si bien se esperaría que las interminables crisis políticas y sociales que padecen los peruanos a diario mantengan a los parlamentarios enfocados en ofrecer soluciones al respecto, en el hemiciclo tendrían intereses personales que reciben mayor atención. Un ejemplo de ello es lo que ha ocurrido con la congresista Chirinos que parece estar haciendo su mayor esfuerzo por encajar con los intereses religiosos de la bancada de Renovación Popular y se ha convertido en la autora de un inesperado proyecto de ley titulado “Ley de capellanía integral en las entidades y servicios del Estado”. 

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La propuesta de Chirinos, que se encuentra en la agenda de la Comisión Permanente del Congreso, dice tener como propósito regular la institución de la capellanía en el país estableciendo los requisitos para quienes desempeñen esta función y se ampara en la Ley de Libertad Religiosa.

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Acorde al propio texto presentado por la integrante de Renovación Popular, el capellán deberá estar acreditado y capacitado por una asociación que esté registrada en el Registro de Entidades Religiosa (RER) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Inexplicablemente, la nacionalidad del capellán jugará un rol importante en su designación debido a que, según el proyecto de ley, la persona designada deber ser, preferentemente, de nacionalidad peruana.

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Esta asistencia religiosa se tendría que brindar en diversos lugares, como los centros penitenciarios, hospitales, entidades deportivas y culturales e instituciones educativas en todos los niveles. Además, entre las actividades que podrían realizar se han incluido misas, funerales y hasta matrimonios.

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Sin embargo, un detalle que ha llamado la atención es que, a pesar que el proyecto de ley dice no favorecer a ninguna entidad religiosa o espiritual en particular, respetar la libertad religiosa y estar en contra de la discriminación religiosa, a la única religión que hace referencia este proyecto en más de uno de sus artículos es a la cristiana.

SEGUNDO ROUND

Pero esta no es la primera vez que el Congreso, y más precisamente Renovación Popular, intenta llevar la religión a las instituciones del Estado. En el año 2022, el congresista Alejandro Muñante presentó un proyecto de ley que con el cual pretendía las instituciones militares y policiales cuenten con un servicio de asistencia religiosa. 

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No obstante, en el proyecto de ley presentado por el congresista Muñante la tendencia a favorecer a un credo en particular era menos disimulada y señalaba directamente en el título que esta asistencia religiosa sería sólo para los cristianos evangélicos. Pero, además, pretendía que los ministerios de Defensa e Interior usen su presupuesto para implementar esta propuesta.

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Acorde a lo que indica la propia página web del Congreso, este proyecto regresó a la Comisión de Constitución en octubre del 2023. Desde entonces no se tuvo más noticias al respecto hasta que la congresista Chirinos presentó esta nueva propuesta legislativa que parece ser muy similar y no sólo se limita a entidades militares y policiales sino que abarca muchas más instituciones además de habilitar que se lleven a cabo numerosas ceremonias y rituales.

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Aunque la propia Constitución establece que el Perú es un Estado laico, este tipo de propuestas legislativas, como las presentadas por los congresistas Muñante y Chirinos, evidencian que en los poderes del Estado existe una clara intención por favorecer a determinadas doctrinas y que los parlamentarios están dispuestos a asumir un rol de pastores priorizando la difusión de sus dogmas. 

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El partido de César Acuña ha logrado instalar en el Ministerio de Salud a otro de allegados. En esta oportunidad, un excandidato a la alcaldía de Maynas y acusado de estas de fiesta en el peor momento de la pandemia se ha convertido en director ejecutivo con la venia del ministro César Vásquez.

Sin el respaldo de la mayoría de la población, graves errores que se siguen acumulando y deficientes resultados en el trabajo de los ministerios, el gobierno que encabeza Dina Boluarte ha encontrado en las agrupaciones políticas con representación en el Congreso su principal y única carta para sostenerse en el poder.

Sin embargo, en una política peruana ensombrecida por intereses subalternos y negociados bajo de la mesa, no hace falta ser demasiado suspicaz para notar que este respaldo del Legislativo a Boluarte y su gabinete no le está resultando nada barato a la mandataria y menos al Perú.

Durante los últimos meses, Sudaca ha expuesto una serie de designaciones hechas en diversos ministerios que no sólo carecen de una experiencia laboral que sustente estas contrataciones sino que se ha tratado de personajes, casualmente, vinculados con los partidos políticos cercanos al gobierno actual. Entre estos, uno de los que más destaca en la lista es Alianza Para el Progreso, el partido de César Acuña.

OTRO EX

Cuando César Henry Vásquez Sánchez, militante de Alianza Para el Progreso, fue designado por Dina Boluarte para tener a su cargo el Ministerio de Salud, las sospechas de un posible intercambio de favores entre la presidenta y César Acuña se encendieron. Lamentablemente para los intereses del Perú, diversos informes periodísticos expusieron que, tras la llegada de Vásquez al Minsa, tanto personas cercanas a Vásquez como a Acuña y su partido obtuvieron cargos y contratos con este ministerio. 

Pese a que el escrutinio de los medios ha estado presente, el desinterés del ministro Vásquez pro realizar designaciones apropiadas se ha mantenido y hoy el Ministerio de Salud le sigue abriendo las puertas a personajes cercanos a su partido político. Sudaca ha encontrado un nuevo caso de un antiguo integrante de Alianza Para el Progreso que hoy consigue importantes designaciones en el ministerio que está bajo el mando de otro miembro de esta agrupación.

En esta oportunidad, el protagonista del nuevo anuncio del Ministerio de Salud es Yuri Alfonso Alegre Palomino, quien el pasado 20 de febrero fue nombrado como el nuevo director ejecutivo en la Dirección de Promoción de la Salud de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Publica del Ministerio de Salud.

Acuña

Cabe señalar que, tres días antes, Alegre Palomino había renunciado a su cargo como director ejecutivo en la Dirección de Control y Vigilancia de la Dirección General de Salud

Ambiental e Inocuidad Alimentaria, puesto al que había accedido el 30 de octubre del año pasado.

Cristian Rebosio

Estas designaciones no parecían tener nada de sospechoso. Sin embargo, al revisar el historial de Yuri Alegre Palomino se puede encontrar que, pocos años atrás, fue candidato para la alcaldía provincial de Maynas, parte del departamento de Loreto, de la mano del partido político de César Acuña y del cual también es parte el titular del Ministerio de Salud.

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ALEGRE PERO INOPORTUNO

Pero esto no es lo único que se conoce con respecto a Yuri Alegre. A inicios del año 2021, cuando el país todavía era cruelmente azotado por la pandemia del Covid-19, el nuevo director ejecutivo fue visto realizando una fiesta de cumpleaños con numerosos invitados y hasta banca de música pese a que, por esas fechas, todavía se le pedía a población mantener el distanciamiento social, se prohibían reuniones y se exigía el uso de mascarillas. 

Cristian Rebosio

En este informe que fue publicado por el Diario Ahora también se cuestionaba la irresponsabilidad por parte de Alegre Palomino dado que en esa época atendía pacientes en el Centro de Salud de Morona Cocha así como en su consultorio personal y este tipo de reuniones habían ayudado a propagar con mayor velocidad los contagios.

Según la información de este medio, la fiesta tuvo lugar en los primero días del mes de abril del año 2021 y, para entender mejor el contexto y la gravedad de esa denuncia, se debe tener en cuenta que el mes de abril de ese año fue uno de los más trágicos para el país y que incluso se llegó a superar los cuatrocientos fallecidos en un día.

Cristian Rebosio

Durante los meses pasados, Sudaca ha publicado varios informes que exponen las numerosas deficiencias que está reportando en Ministerio de Salud en temas clave para el sector, como son los bajos números en vacunaciones, los errores en la compra de medicamentos y hasta la improvisación con las personas que reciben tratamiento para el VIH.

No obstante, el ministro Vásquez parece más enfocado en darle trabajo a personajes con pasado en el partido político en el cual él ha militado y, como el propio ministro lo ha señalado, incluso ya está pensando en su próxima aventura política como posible candidato al Congreso o en las elecciones regionales del 2026.

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César Acuña, cesar vasquez, Ministerio de Salud

En un contexto de creciente preocupación, el Consejo Internacional de Archivos (ICA) y la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) han alzado la voz sobre la crítica situación del Archivo General de la Nación del Perú (AGN). Este valioso repositorio documental, que ha sido un bastión de la memoria histórica del país durante 163 años, enfrenta la inminente amenaza de desalojo de su sede histórica, ubicada en el Palacio de Justicia.

La posible pérdida de este espacio sin los procesos archivísticos adecuados plantea un grave riesgo para la conservación de sus fondos documentales, que son esenciales no solo para Perú, sino también para el estudio de las relaciones históricas con la Península Ibérica y otros territorios del Pacífico. La urgencia de esta situación se ve reflejada en la creciente inquietud de académicos, archiveros y conservadores de Iberoamérica, quienes reconocen el AGN como un patrimonio cultural invaluable.

El ICA, fundado en 1948 bajo el auspicio de la UNESCO, ha enfatizado la importancia de la preservación y el uso del patrimonio archivístico mundial. En este sentido, instan a las autoridades peruanas a suspender el desalojo y priorizar la construcción de una sede propia y adecuada para el AGN. Esta nueva sede no solo debe ser un espacio físico, sino también un entorno diseñado específicamente para garantizar la conservación y el acceso de investigadores y usuarios a un patrimonio documental de incalculable valor.

A pesar del tiempo transcurrido desde su fundación, la necesidad de contar con un edificio construido especialmente para el AGN es más apremiante que nunca. La construcción de un inmueble adecuado asegurará la protección de sus fondos documentales y facilitará el acceso al público, permitiendo así que las futuras generaciones puedan seguir explorando y comprendiendo su rica herencia cultural.

El Consejo Internacional de Archivos ha manifestado su compromiso de seguir de cerca esta situación y exhorta a las autoridades peruanas a tomar medidas inmediatas. La conservación del patrimonio documental del AGN es una responsabilidad que trasciende fronteras, y su salvaguarda debe ser una prioridad absoluta. La historia del Perú y su legado cultural dependen de decisiones que se tomen ahora para asegurar un futuro sostenible para el Archivo General de la Nación.

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AGN, Ica, Perú

La Sociedad Saco Oliveros, responsable de más de cuarenta colegios, ha recibido una sanción de más de doscientos mil soles por parte de Indecopi como resultado de un trabajo deficiente en la atención y prevención de un caso de violencia escolar que hasta incluyó tocamientos indebidos a una escolar y maltratos por parte de una profesora.

Obtener una de la preciadas vacantes para estudiar en las más prestigiosas universidades públicas es una posibilidad que le quita el sueño a millones a adolescentes peruanos y a sus familias. Es por ello que, en los últimos años, la competencia por ser parte del selecto grupo de admitidos se ha intensificado y ha dejado de ser un tema que sólo inquietaba a los jóvenes que estaban cerca de terminar su paso por el colegio para convertirse en un tema de preocupación desde el inicio de la secundaria o incluso antes.

Como respuesta a esta necesidad se ha vuelto común encontrar un sinnúmero de instituciones educativas cuyos muros están cubiertos de gigantescos paneles en los que se pavonean con respecto a su alumnos que, todavía siendo escolares, ingresaron en los primeros puestos a diversas universidades. El Colegio Saco Oliveros, con la promesa de un innovador sistema de formación , es uno de estos casos.

Sin embargo, pareciera que la atención puesta en asegurarse que sus estudiantes compitan por obtener los primeros lugares en los exámenes de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería o la Universidad Nacional Mayor de San Marcos los ha llevado a descuidar áreas igual de importantes en la formación y, especialmente, protección de los menores que asisten a sus más de cuarenta sedes.

JALADOS EN PREVENCIÓN

En octubre del 2022, una noticia causó conmoción a nivel nacional. Una menor de apenas doce años había caído desde el quinto piso de la sede del colegio Saco Oliveros ubicada en el distrito de Ate. Pero lo más aterrador de la noticia no fue la caída sino que esto habría ocurrido como consecuencia del bullying que la escolar padecía por parte de sus compañeros de clase. 

En aquella oportunidad, el padre de la estudiante que cursaba el primer año de secundaria reveló que incluso encontró mensajes de despedida escritos por su hija. Pero, por otro lado, los responsables de la institución educativa indicaban que en el aula de la estudiante afectada existía un clima de “compañerismo y confraternidad” y calificaron como “desafortunados comentarios” las versiones que hablaban de bullying.

Han pasado más de dos años del lamentable episodio y, finalmente, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) ha resuelto aplicarle una cuantiosa sanción a la Sociedad Saco Oliveros S.A.C. en una resolución que despierta preocupación por la falta de precaución y respuesta inmediata que existiría en este tipo de instituciones ante estos casos.

En el documento que pudo revisar Sudaca, Indecopi señala que el colegio Saco Oliveros “no habría implementado las medidas o mecanismos necesarios que hubieran permitido cumplir con lo establecido en los Lineamientos de Convivencia Escolar” y que de haberlo hecho  “hubiera detectado oportunamente los actos de bullying y cyberbullying en la sede de Salamanca”.

Cristian Rebosio

La defensa del colegio apuntaba a señalar que sí contaban con actividades enfocadas en la prevención de casos de violencia escolar. Sin embargo, la resolución publicada en las últimas semanas señala que no encontraron pruebas que este plan de prevención era conocido por estudiantes, docentes y padres de familia.

Cristian Rebosio

A ello se le sumó el testimonio del padre de la escolar afectada en el cual no sólo negó haber recibido información sobre charlas referidas a la convivencia escolar sino que tampoco se le notificaron incidentes que involucraban a su hija y que, según se ha podido conocer, eran sumamente graves dado que incluían tocamientos indebidos por parte de un compañero de clase y maltratos por parte de una profesora.

Cristian Rebosio

Otro de los alegatos por parte de Saco Oliveros indicaba que sí contaban con profesionales especializados que podrían haber llevado a cabo las actividades de prevención y, por lo tanto, evitado el grave desenlace que tuvo esta historia, como es el caso de un auxiliar académico y un coordinador psicopedagógico. 

Cristian Rebosio

Pero en la resolución final de Indecopi se brinda un detalle extra que llamó la atención. Según uno de los puntos que se tomaron en cuenta para sancionar a la institución educativa, la contratación de estos profesionales (un coordinador psicopedagógico, un servicio de asesoría legal y un auxiliar académico) habría ocurrido después del grave incidente que involucró a la menor de doce años y esto lo pudieron comprobar con los documentos emitidos por el propio colegio.

Cristian Rebosio 

El resultado de este caso han sido dos importantes sanciones económicas a la Sociedad Saco Oliveros S.A.C. que, entre la multa de 18.9 UIT y 20.8 UIT, alcanzan el monto de S/ 212,395 debido a que no actuaron de formar correcta para evitar actos de violencia escolar ni supieron reaccionar cuando estos ocurrieron.

CACERITOS DE INDECOPI

Pero esta no es la primera vez que el nombre Saco Oliveros se hace presente en una resolución de Indecopi. Por este mismo caso durante el año pasado, la institución educativa recibió una multa de casi setecientos mil soles debido  a que no contaban con medidas de seguridad en las escaleras que daban acceso al quinto piso, situación que culminó con la caída de la escolar de doce años.

Cristian Rebosio

Además, aunque por montos mucho menores a los relatados previamente en este informe, Saco Oliveros acumuló varias sanciones catalogadas como “falta de idoneidad” en el servicio de enseñanza a lo largo del año pasado según se puede observar en el propio sitio web de Indecopi.

Cristian Rebosio

Si bien el sueño de ingresar a las mejores universidades implica realizar sacrificios, restarle importancia o dejar de lado aspectos claves en la formación de niños y adolescentes, como es el cuidado de su salud mental a cargo de especialistas, puede llevar a que se repitan casos como el expuesto en este informe que no sólo dejan marcas imborrables en los escolares sino que hasta les puede costar la vida.

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Guardamino asumió la presidencia en un periodo crítico para su comunidad, que estaba atravesando una grave crisis debido a la venta fraudulenta de 10,000 hectáreas de terreno a la empresa Industrias Arguelles, Servicios Generales S.A.C. Esta transacción se realizó durante el mandato de su predecesor, Abel Cruz Mosquera Ortiz, quien falsificó documentos y vendió las tierras a un precio irrisorio, muy por debajo de su verdadero valor.

Ante esta situación, Santiago Guardamino decidió actuar legalmente, interponiendo una demanda de nulidad del contrato ante el 4to Juzgado de Lima Norte y denunciando penalmente a la directiva saliente. Como resultado, Mosquera Ortiz fue condenado a cinco años de prisión efectiva en primera instancia, aunque en segunda instancia la pena se redujo a cuatro años de prisión suspendida. Este caso llegó a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema (expediente N° 7399-2023), donde la resolución estaba programada para después de la declaración de Guardamino, fijada para el 3 de abril de 2024.

En una reciente conversación con el abogado penalista, Rafael Chanjan. Se abordó el complejo y delicado caso de Santiago Guardamino, cuyo fallecimiento ha generado una creciente preocupación y movilización en la comunidad de Quipan. “Este caso es un tema que debe ser tratado con mucha cautela, ya que involucra no solo la pérdida de una vida, sino también el clamor por justicia en un contexto de desprotección”, comentó el abogado, quien ha seguido de cerca el desarrollo de este caso.

La entrevista reveló la frustración del abogado respecto a la falta de avances significativos en la investigación. “Es comprensible que la familia busque respuestas, pero ¿qué está haciendo la comunidad de Quipan? ¿Qué papel están jugando sus dirigentes en esta lucha?”, cuestionó. Esta inquietud destaca una problemática más amplia: la responsabilidad de las comunidades en la defensa de sus derechos y la importancia del liderazgo local en la búsqueda de justicia.

El abogado también subrayó que la situación de Guardamino no es un caso aislado. “La justicia peruana se ha visto marcada por la indiferencia y la desigualdad. Es alarmante que, en un caso como este, las dinámicas de poder y la influencia de ciertas empresas prevalezcan sobre la justicia humana”, manifestó, reflejando una realidad que afecta a muchas comunidades vulnerables en el país. Esta observación pone de relieve un patrón preocupante: en numerosos casos, las comunidades se sienten desprotegidas ante los intereses económicos de grandes corporaciones, lo que genera un clima de impunidad.

Durante la conversación, el abogado hizo hincapié en la necesidad de una respuesta más contundente por parte de las autoridades judiciales, particularmente de la Fiscalía. “Estamos hablando de un año desde la muerte de Guardamino, y aún no hemos visto avances significativos. Las decisiones de los fiscales hasta ahora parecen estar más alineadas con los intereses de la empresa involucrada que con la búsqueda de justicia para la víctima y su familia”, argumentó.

El abogado también abordó el papel de la comunidad de Quipan, destacando la importancia de su movilización. “Definitivamente, se necesita una movilización no solo de la familia, sino de todos los sectores involucrados para exigir respuestas claras y efectivas de las autoridades. La unión de la comunidad puede ser un factor clave para visibilizar la lucha por la justicia”, enfatizó.

Nota de redacción: La situación se complicó aún más por la implicación de la empresa Industrias Arguelles en el proyecto del relleno sanitario “Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi”, que se iba a llevar a cabo en los terrenos adquiridos de manera fraudulenta. La declaración de Guardamino ante la Corte Suprema era fundamental, ya que su testimonio podría conducir a la anulación del contrato y la restitución de las tierras a la comunidad de Quipan. Sin embargo, su asesinato, que ocurrió con nueve disparos, truncó esta posibilidad y le impidió presentar su testimonio.

Además del proceso penal, Guardamino había iniciado un procedimiento civil para anular la compraventa de las tierras, el cual estaba estrechamente relacionado con el resultado del caso en la Corte Suprema. Ahora, la comunidad enfrenta un futuro incierto, marcado por la pérdida de su líder y defensor en un momento crucial de su lucha por la justicia y la recuperación de sus tierras.

Además, señaló que la búsqueda de justicia no debería ser una tarea exclusiva de la familia de la víctima. “Este es un asunto que trasciende a un individuo. Hablamos de derechos humanos y de la necesidad de proteger a toda una comunidad que ha sufrido las consecuencias de la acción de una empresa que, aparentemente, ha manipulado documentos para intentar justificar su actuar”, dijo.

Al acercarse el primer aniversario de la muerte de Guardamino, el abogado instó a redoblar los esfuerzos para obtener justicia. “Lamentablemente, los esfuerzos pueden ser suficientes para la familia, pero recordemos que no es un problema entre una persona con otra. Este es un caso que resuena en toda la comunidad y que necesita una respuesta contundente del sistema judicial, partiularmente del Ministerio Público”, añadió.

Finalmente, el abogado cerró la conversación con un llamado a la reflexión. “La justicia no debe ser un privilegio de unos pocos. Es fundamental que el Estado y las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos actúen con responsabilidad y compromiso. El caso de Santiago Guardamino es un recordatorio de las luchas que enfrentan muchas comunidades en el país y de la necesidad urgente de un sistema legal que proteja efectivamente los derechos de todos, sin excepción”.

Mientras la comunidad de Quipan espera una respuesta, el eco de su búsqueda de justicia resuena cada vez más fuerte. Este caso pone de manifiesto la importancia de la participación ciudadana y del compromiso colectivo en la defensa de los derechos humanos, así como la urgencia de un cambio en la forma en que se ejerce la justicia en el Perú. La lucha por la justicia de Guardamino no solo es la lucha de su familia, sino la de toda una comunidad que clama por un trato equitativo y justo.

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