Informes

Los trabajadores y los proveedores de la constructora china Synohidro denunciaron al consorcio y anunciaron una serie de plantones contra la cuestionada empresa. Denuncian que la empresa china los estafó, dejó impagos a miles de trabajadores y colocó al borde de la ruina a cientos de proveedores, muchos de ellos jóvenes emprendedores peruanos. Como sabemos, la empresa asiática viene operando en nuestro país a través de algunas empresas estatales, las cuales participan en diversas licitaciones de gran envergadura; por ello queremos poner de conocimiento a la opinión pública, los graves hechos de corrupción que viene propiciando dicha compañía, que aprovechándose de los nexos con los canales oficiales, fue convocada para ser parte del proceso de la construcción del Hospital San Ignacio II-Cajamarca. Tras varios meses de haber culminado dicha obra, la empresa china desapareció, dejando en ruinas a miles de trabajadores que estuvieron días y noches en la ejecución del proyecto. Las prácticas corruptas y abusivas de Shynohidro nos ponen en estado de alarma ante los graves antecedentes que viene enfrentando con otras obras realizadas en el país bajo el mismo modus operandi. Sin embargo, dicha empresa continúa operando en nuestro país, ganando licitaciones con el Estado, como la reciente construcción de la carretera Conococha-Huaraz, firmado en julio pasado por el administrador Wilfrido Ñaui y el representante de la “Odebrecht” china, Zhaogu Yang. Por tal motivo, alertamos a los trabajadores y empresarios de la comunidad peruana a no dejarse estafar por la empresa asiática, sabiendo que en su prontuario ha demostrado un patrón sistemático de incumplimiento de pagos a proveedores locales y trabajadores, quienes viven el día a día y dependen únicamente de sus salarios para sobrevivir. Este comportamiento ha llevado a muchas empresas peruanas a enfrentar serios problemas financieros, poniendo en riesgo el sustento de miles de familias. Dicho todo esto, es inconcebible que la empresa de capitales chinos pueda seguir actuando con total desfachatez, pisoteando derechos y leyes nacionales sin que nadie mueva un dedo para frenar su abusivo proceder.

La justicia y la equidad deben prevalecer, y es hora de exigirles a las compañías extranjeras (sobre todo a las que arrastran antecedentes tan negativos en otros países), a actuar con la misma integridad y el mismo respeto con el que actúan las compañías peruanas en el Perú y los consorcios chinos en la República Popular China.

Entrevista con Marco Jharold Sáenz Blas, gerente general de la empresa Electro SC S.A.C  

Si bien las licitaciones en nuestro país se han devaluado mucho, ya sea por lo engorroso de la normativa de contrataciones o por otras causas, la concentración de licitaciones ganadas por ciertas empresas llama mucho la atención.

Tanto es así que a la buena pro conseguida por el Hospital María Reiche por un monto de 144 millones de soles, hay que agregar los 366 millones obtenidos por el Hospital de Cajamarca y los 66 millones de soles adjudicados al Hospital de Calca en el Cusco.

Preguntado el empresario Marco Jharold Sáenz Blas por las demoras en la ejecución de las obras, el hombre que bautizó a Synohidro como el Odebrecht chino nos aproximó a todas las cutras que rodean a los procesos peruanos:

En esto tiene mucho que ver el presunto apoyo a Synohidro del actual director de Proyectos de Inversión, Eloy Durán Cervantes, y los miembros del comité de selección nombrados por él.

¿Qué es lo que está ocurriendo con la empresa china Sinohydro?

Consorcio chino, donde la empresa principal es Sinohydro, a la cual hemos bautizado como la Odebrecht china, porque controla casi el ciento por ciento de las licitaciones con el Estado. Y como en casi todos los casos donde una empresa tiene la sartén por el mango, un día decidió no pagarles ni a los trabajadores ni a los proveedores.

¿En qué consiste, exactamente, el trabajo realizado por ustedes para ellos?

Nosotros hemos hecho el trabajo de instalación de equipos de media tensión, que son los transformadores y las celdas del Hospital de Salud San Ignacio, en la frontera de Cajamarca. Nosotros terminamos el trabajo y, sin motivo aparente, se negaron a pagarnos por la obra realizada, a pesar de haberles cursado una serie de cartas notariales. Y esa negativa tiene más de un año de existencia. 

¿Cuál es el monto que les adeuda el consorcio de origen asiático?

Un cifra que asciende a los 670 mil soles.

¿Cómo llegan a trabajar con ellos?

 Como a varias empresas de la región, nos invitan a participar en una licitación y la ganamos con el nombre de Consorcio Salud San Ignacio. Todo dentro de las características del proceso.

Sinohydro: la empresa china que enfrenta graves cuestionamientos en el Perú y en el Ecuador 

 A fines de 2022, la Fiscalía del Ecuador allanó las oficinas de la empresa de capitales chinos en el marco de un escándalo de corrupción que salpica al expresidente Lenin Moreno. Desde 2018, dicha empresa también tiene una importante presencia en nuestro país y ha tenido más de una controversia en este: en la Región Piura dejó un paupérrimo avance de obras en una carretera y en la Región Huancavelica es señalada como la responsable de los retrasos en la construcción del hospital regional.

Cuando a fines de 2018, la empresa china comenzó a hacerse de millonarios contratos en el Perú, ya se había ganado -para bien o para mal- un nombre en la región; en el Ecuador, por ejemplo, la consideraban la mayor constructora del país. Pero la firma no sólo era protagonista de las más importantes mega obras en el vecino del norte, también aparecía frecuentemente en sus páginas judiciales. El primer escándalo en el que se vio involucrada la empresa fue un caso de corrupción conocido como “Arroz verde”, una investigación periodística que descubrió que había hecho aportes irregulares al movimiento Avanza País para sus campañas entre 2012 y 2016.

Luego llegaron otros escándalos: la mañana del 7 de septiembre de 2018, los trabajadores de la empresa china fueron sorprendidos en su edificio de Quito por una orden de allanamiento conseguida por la Fiscalía de ese país. El objetivo de las autoridades fiscales era recoger información sobre la construcción de una hidroeléctrica de más de 2,000 millones de dólares, un contrato conseguido por la empresa china en un lejano 2009.

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Antiguos integrantes de Solidaridad Nacional, excandidatos de Renovación Popular y hasta personajes del partido del teniente alcalde forman parte de la lista de personas que el alcalde ha elegido para ocupar puestos claves en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA).

Aunque en  los últimos meses se ha vuelto común ver a Rafael López Aliaga asistiendo y protagonizando mítines políticos de su agrupación Renovación Popular con miras a las elecciones presidenciales del año 2026, el alcalde de Lima no ha olvidado su trabajo en la Municipalidad de Lima, o al menos no ha descuidado las designaciones que tenía pendientes.

En los últimos días del pasado mes de julio, mientras la atención política del país se centraba en la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso y lo que diría la presidenta Dina Boluarte en su mensaje a la Nación, en la Municipalidad de Lima se estaban firmando una serie de designaciones que resultaban más que cuestionables.

Más precisamente el jueves 25 de julio, el burgomaestre limeño firmó tres designaciones para ocupar puestos muy importantes en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA), la cual se encarga de administrar las propiedades de la Municipalidad de Lima y la formulación y ejecución de proyectos de inversión. Sin embargo, acorde a los documentos a los que accedió Sudaca, las personas elegidas para ocupar estos cargos tendrían, casualmente, una gran cercanía al alcalde López Aliaga.

EL HIJO PRÓDIGO DE SOLIDARIDAD NACIONAL

En mayo del año 2019, la carta de renuncia de un alcalde ocupó un lugar en diversos noticieros. Se trataba de un escrito correspondiente a Luis Molina, quien por aquel entonces era alcalde del distrito de Miraflores. En esta misiva, alegando que buscaba cumplir con su compromiso con los vecinos del distrito que tenía a su cargo, Molina Arles anunciaba su renuncia irrevocable a Solidaridad Nacional, el nombre original de Renovación Popular.

Luis Molina, tal como él mismo lo señala en su carta, había tomado esta decisión debido a una noticia que por aquel entonces sacudió la política peruana y tenía que ver con los aportes que la empresa brasileña OAS habría realizado para la campaña municipal de Luis Castañeda Lossio en el año 2014.

Sin embargo, esta separación entre el exalcaldemiraflorino y López Aliaga no fue para siempre. El 25 de julio de este año, el alcalde de Lima designó a Luis Alfonso Molina Arles como presidente del directorio de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA) y con ello quedó más claro que nunca que la renuncia sólo tuvo el carácter de irrevocable hasta que la agrupación política de Rafael López Aliaga le consiguió un nuevo puesto de trabajo.

No obstante, este no fue el reencuentro entre Molina Arles y López Aliaga. En 2023, el exalcalde de Miraflores había sido designado por el líder de Renovación Popular para encabezar la gestión del Servicio de Parques de Lima (Serpar) en lo que fue una experiencia muy cuestionada por la Contraloría General de la República.

Según información que publicó el medio Infobae, la gestión de Luis Molina en Serpar fue señalada por la Contraloría por tener funcionarios de confianza que no contaban con los requisitos necesarios para ocupar los cargos que ostentaban.

La Contraloría no sólo encontró Serpar no había acreditado que nueve funcionarios cumplan con la documentación requerida sino que la Subgerencia de Recursos Humanos emitió informes de revisión del cumplimiento del perfil e impedimentos para funcionarios que ya habían sido designados.

Al historial de Molina se le suma que en el año 2022 fue protagonista de un informe de Sudaca en el cual se relataba que varios vecinos de Miraflores habían sido querellados por el alcalde Molina debido a que habían tenido el atrevimiento de cuestionar su gestión en Miraflores y, no conforme con acusarlos de difamación, Molina Arles les exigía medio millón de soles como reparación civil.

Aunque, evidentemente, estos alarmantes antecedentes en Miraflores y en el Servicio de Parques de Lima (Serpar)no fueron lo suficientemente graves como para evitar que Rafael López Aliaga premie a Luis Molina con un nuevo cargo, esta vez en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA).

LA CUOTA REGGIARDO

Pero la de Luis Molina no fue la única designación que se produjo el último 25 de julio en la Municipalidad de Lima. Ese mismo día, con la anuencia de Rafael López Aliaga, José Antonio Cacho Sousa de Cárdenas fue nombrado como miembro del directorio de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA).

Aunque José Antonio Cacho Sousa de Cárdenas no es un nombre tan conocido como el de Molina, sus vínculos con quienes hoy ostentan el poder en la municipalidad son imposibles de ocultar. En 2021, José Antonio Cacho Sousafue candidato al Congreso de la mano de la agrupación política Perú Patria Segura, cuyo secretario general era Renzo Reggiardo, el actual teniente alcalde de Rafael López Aliaga.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que un exintegrante de la agrupación política de Renzo Reggiardoobtiene un cargo gracias a la gestión de López Aliaga en la Municipalidad de Lima. Rafael Santos Normand, quien fue el candidato presidencial de Perú Patria Segura en las elecciones del 2021, ha logrado convertirse en el asesor principal de la Beneficencia de Lima Metropolitana.

“Por encargo del alcalde hemos venido a transparentar una gestión de una institución que se creó para apoyar a los más necesitados”, declaró Santos Normand sobre su llegada a la Beneficencia de Lima, aunque en sus redes sociales muestra que su tiempo está enfocado en las actividades partidarias de Renovación Popular y en las cuales se muestra dando las pautas para la formación de los nuevos cuadros políticos de esta agrupación.

CAMBIOS QUE NO CAMBIAN NADA

Por supuesto es lógico preguntarse qué ocurría con estos puestos importantes en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA) hasta antes del 25 de julio. Aunque probablemente, teniendo en cuenta los antecedentes de la gestión de Rafael López Aliaga, no cause una gran sorpresa saber que el predecesor de Luis Molina como presidente del directorio de EMILIMA fue Celso Alfredo Saavedra Sobrados, quien años atrás fue candidato a la alcaldía de La Molina por el partido del alcalde cuando todavía usaban el nombre de Solidaridad Nacional.

A ello se le suma que Saavedra Sobrados era acompañado en el directorio por Maritza Adela Gonzáles Polo, quien previamente había ocupado el cargo de gerente de Desarrollo Urbano durante la gestión de López Aliaga. Sin embargo, su paso por este puesto de trabajo no había estado libre de cuestionamientos debido a que, tal como lo señaló un informe de la Contraloría, Gonzáles Polo no contaba con especializaciones relacionadas a sus funciones.

Si bien tanto Saavedra como González no ocupan más un cargo en EMILIMA quienes han llegado para reemplazarlos no muestran un perfil muy distinto y la repartición de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima parece haber privilegiado, una vez más, al círculo de conocidos de Rafael López Aliaga.

En noviembre del año pasado, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue escenario de una situación preocupante cuando se reportaron casos de tuberculosis entre su comunidad. La Facultad de Ingeniería Industrial, consciente de la gravedad del asunto, emitió un comunicado el 15 de noviembre informando que se realizarán pruebas de descarte de tuberculosis a los estudiantes y personal en una clínica.

Este comunicado generó inquietud entre la comunidad universitaria, ya que no se brindó información adicional ni se detalló cuántos casos habían sido confirmados, qué medidas preventivas se estaban tomando, ni cuál era la magnitud del brote. La falta de contexto en el anuncio dejó a muchos con más preguntas que respuestas, aumentando la preocupación sobre la salud y seguridad en el campus.

 

Benjamín Zevallos
Afiche del anuncio de exámenes de descarte de TBC

Posteriormente, la situación generó pánico entre los estudiantes, lo que llevó a que la noticia llegara a los medios de comunicación. A raíz de la creciente preocupación, la clínica involucrada emitió un comunicado en el que confirmaba la existencia de casos de tuberculosis, pero aseguraba que la situación estaba bajo control. Este mensaje buscó calmar los ánimos, destacando que se estaban tomando las medidas necesarias para prevenir la propagación de la enfermedad. Sin embargo, el temor persistía entre los estudiantes, quienes seguían inquietos ante la incertidumbre sobre la verdadera magnitud del brote.

 

Benjamín Zevallos
Comunicado de la UNMSM

El jueves 11 de julio, se enviaron correos a los residentes universitarios, pero la situación ha vuelto a generar alarma. Fuentes que han solicitado permanecer en el anonimato confirman que ya se ha detectado al menos un caso de tuberculosis en la residencia universitaria. A pesar de la gravedad de esta información, no se ha emitido ningún comunicado público ni se han tomado medidas preventivas visibles. La falta de transparencia y de acciones claras por parte de las autoridades universitarias ha generado una creciente preocupación entre los residentes, quienes temen que la enfermedad se propague sin control dentro del campus.

Sobre lo ocurrido en la Facultad de Ingeniería 

En San Marcos se identificaron cinco casos de tuberculosis en la Facultad de Ingeniería Industrial, según informó el decano Julio Salas Bacalla. Estos casos, aunque aislados, generaron preocupación en la comunidad universitaria, lo que motivó la implementación de medidas para evitar una mayor propagación.

Como respuesta inmediata, se decidió que los estudiantes regresaran temporalmente a las clases virtuales, mientras se realizaban pruebas de detección en la clínica universitaria desde el 16 de noviembre. Estas medidas tenían como objetivo controlar la situación y asegurar la salud de todos los alumnos.

Por otro lado, el director de la clínica universitaria, Dr. José Somocurcio Vilchez, aclaró en una conferencia de prensa que, a pesar de los casos confirmados, no existía un brote de tuberculosis en la universidad. El Dr. Somocurcio indicó que era posible que uno de los estudiantes hubiera contraído la enfermedad fuera del campus, lo que sugería que no se trataba de una situación generalizada dentro de la universidad.

La tuberculosis ha sido un problema de salud pública en Perú, con miles de diagnósticos cada año, según datos del Ministerio de Salud. Aunque se tomaron medidas para controlar la situación en San Marcos, la comunidad universitaria se mantuvo atenta y preocupada, exigiendo acciones claras para evitar cualquier riesgo de contagio.

 

Benjamín Zevallos
Comunicado de la Junta Directiva Derecho Base 23

Conversamos con algunos estudiantes de la decana de América que no han descartado el esfuerzo de la casa de estudios por controlar estos casos y las especulaciones detrás de los contagios por TBC, sin embargo, demandan que se requiere una respuesta inmediata y eficaz para que la integridad y salud de la comunidad sanmarquina se vea perjudicada.

Al cierre de este informe se pide medidas eficaces por parte de las autoridades. Los “supuestos contagios” vienen siendo un miedo constante en los pasillos de la universidad, mientras que el silencio de las autoridades es un comportamiento que el estudiantado exige que se pueda remediar lo más pronto posible. 

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Desde hace años, más o menos desde que nació ese servicio, las autoridades gubernamentales y las comisiones del Congreso vinculadas al transporte, a la Defensa del Consumidor y a los servicios públicos en general han intentado sin ningún éxito ponerle reglas a un negocio que mueve millones de soles diariamente.

Igualmente, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) ha intentado “poner en vereda” a los dueños de esos servicios. Ese vacío legal ha sido aprovechado por los manejadores de las aplicaciones para eximirse de las responsabilidades, dejando a los consumidores en una indefensión total. Según Crisólogo Cáceres, titular de Aspec, es sumamente curioso que la gran mayoría de las quejas de los usuarios repose mayoritariamente en la aplicación InDrive. A decir del abogado que maneja de oficio los reclamos de los ciudadanos, los lobbys de las empresas prestadoras de esos servicios debe ser muy poderoso, toda vez que Cabify, Didi y Yango, reciben diariamente cientos de quejas, y no pasa nada.

Taxis por aplicativos: lo que hay que saber sobre un servicio donde el azar es más importante que el reglamento

Lo que nos cuenta Celine, una de las famosas mellizas Aguirre: “El 26 de julio pedí un servicio de taxi de la muy conocida aplicación para llevar unas viandas, porque yo cocino para terceros y mando mis pedidos por motorizados, pero en este caso los paquetes eran tantos, que necesitaba un automóvil que contara con una maletera grande. Como InDrive tiene ese tipo de servicio, y yo lo he usado muchas veces, le solicité un automóvil. Entonces, en el tiempo pactado, llegó el chofer de nacionalidad venezolano Edinxon Andrés conduciendo un Chevrolet Black Sail de placa BJZ575. Cuando llegó a mi edificio, bajé con una amiga, quien me ayudó a meter los paquetes que contenían unos pasteles que iban a ser entregados a unos usuarios que se trasladaban a Paracas y contaban con esos pasteles para pasar sus Fiestas Patrias. El pedido de comida estaba valorizado en 410 soles, fue pagado por adelantado, así como el costo del servicio pactado en 10 soles. Confiada en InDrive, subí a mi departamento e inmediatamente chequé dónde estaba el auto que llevaría mi postre rumbo al sur. Para mi sorpresa, el taxista había cancelado el servicio. Preocupada por el aparente error del soporte, me dediqué durante las siguientes horas de mi vida a localizar al chofer, al taxi y a los responsables del traslado de mi pedido. Nunca hubo respuestas a mis preguntas, y si salgo a denunciar es para advertir a otros usuarios de esta estafa de poco tamaño, pero de quién sabe cuántos afectados”.

  

Viviana Rodriguez
Mensajes que le escribió Celine Aguirre a soporte de InDrive y nunca tuvo respuesta

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Según el taxista que llevó los pasteles dice que él fue a la dirección que marco la actriz en la aplicación que es Malecón de la Reserva 297 pero luego se dio cuenta que existen dos direcciones iguales y que cumplió con entregar, pero nunca la llamo a Celine para decirle que había hecho la entrega ni tomo foto y que después que Aguirre hiciera pública la denuncia el taxista fue al lugar para pedir el video de la cámara de seguridad, pero se lo negaron.

Lo que se sabe por testimonio de muchos choferes de InDrive es que suelen cancelar la solicitud ya que no les sale a cuenta llevar un sólo pedido, cuando lo correcto es que no cancelen la solicitud hasta que entreguen el pedido.

 

Viviana Rodriguez
Aguirre recomienda tener con Edinxon Andrés conductor de un Chevrolet Black Sail de placa BJZ575.

Si el robo de chifones, de guargüeros y de alfajorcitos indigna; el intento de secuestros, aterroriza. 

Enterémonos: dos jóvenes denunciaron que sendos conductores de los taxis solicitados mediante el aplicativo InDrive, desviaron las rutas pactadas para secuestrarlas. Cuando reclamaron a través del sistema de quejas del aplicativo, ambos pedidos y ambas rutas desaparecieron del historial del servicio, quedando el incidente como uno de los millones de datos perdidos entre millones de nubes: el todo en el medio de la nada.

Lo que debemos exigir los usuarios para disminuir los riesgos de estafas, plagios y robos:

Según el abogado Crisólogo Cáceres de Aspec, necesitamos una regulación adecuada para abordar varios puntos claves: 

Primero, exigir que las plataformas asuman responsabilidad en casos de robos o incidentes con los usuarios.

Segundo, proponer requisitos claros para la prestación del servicio, asegurando los derechos de los consumidores.

Tercero, solicitar información clara sobre tarifas, condiciones y derechos de los usuarios.

Cuarto, abogar por una adecuada supervisión de estas empresas para evitar prácticas desleales y garantizar la libre competencia.

Como en todos y cada uno de los negocios nacidos en medio de los aplausos del respetable, el servicio de taxi por aplicativo nació y se desarrolló sin reglas ni trabas: libre como el viento. Sin embargo, la libertad siempre debe tener límites, ya que una u otra garantizan que no haya excesos, ni abusos ni nada que se les parezca.

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Según los más recientes rankings internacionales, el Perú se encuentra entre los últimos puestos de los ‘Países con los Mejores Sistemas de Atención Sanitaria’. El informe de la revista CEO World resalta en rojo aspectos críticos como la infraestructura, la competencia profesional, la poca gestión y la escasez de medicamentos. Si le sumamos que entre enero y septiembre de 2023, la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) registró más de 50.000 denuncias de pacientes que denunciaron vulneraciones a sus derechos en establecimientos de salud estatales. 

Y el desabastecimiento de aproximadamente 30,700 medicamentos esenciales en hospitales y centros de salud a nivel nacional agrava aún más la situación y el ministro César Vásquez la ha venido negando. Además, se reportan pérdidas millonarias debido a medicamentos vencidos, cobros indebidos e irregularidades en construcciones y mejoras de establecimientos médicos. Estos problemas evidencian una profunda incapacidad y corrupción en todos los niveles.

Durante el mensaje ante el Congreso de la República del pasado 28 de julio, la jefa de Estado le dijo a la ciudadanía que en abril el gobierno lanzó el ambicioso Plan Hospitales Solidarios, que busca construir once modernos centros de salud especializados a nivel nacional, a saber, el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Hospital Nacional Dos de Mayo, Hospital Nacional Sergio Bernales y Hospital Nacional Víctor Larco Herrera; también el Hospital Nacional Cayetano Heredia, Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, y, finalmente, Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, Hospital Goyeneche de Arequipa, Hospital Belén de Trujillo y Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo. A decir de la presidenta, todos esos proyectos se encuentran en formulación o en etapa de expediente técnico. Contraria a la opinión de la primera mandataria, los periodistas especializados y los políticos de oposición opinan que el listado presentado este 28 de julio es una copia exacta de los ofrecimientos realizados en julio pasado, no habiendo avance alguno en ninguno de los centros de salud prometidos.

En medio de las voces de protesta por las promesas no cumplidas, muchas de las cuales se repiten en el mismo tono y con la misma intensidad que el año pasado, pocos son los críticos que se atreven a ponerle su firma a las protestas de ayer y de hoy.

Uno de esos pocos es el ex ministro de Salud Víctor Zamora Mesía, quien en su momento fue uno de los funcionarios más repudiados de la administración del expresidente Martín Vizcarra.

 “Como consecuencia de la escasísima inversión durante los gobiernos del expresidente Pedro Castillo y del suyo propio, no hubo durante los años anteriores dinero suficiente para la construcción de hospitales. Por tal razón, debemos saber que la mayor parte de los hospitales anunciados durante el mensaje al Congreso de la República el pasado 28 de julio ya están presupuestados y casi todos financiados”, nos dijo en entrevista telefónica el ex ministro de Salud Víctor Zamora Mesía. 

“Un altísimo porcentaje de ellos tiene problemas de ejecución, pues una vez que se aprueba el presupuesto, se tienen que ejecutar los fondos. De hecho, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte este año solamente ha ejecutado una cifra cercana al 40% del dinero destinado para inversiones en salud; entonces, en realidad lo que la mandataria anunció en materia de salud pública en el acto oficial más importante de nuestras Fiestas Patrias, fue la construcción de hospitales cuyos proyectos ya son viejos, y se está buscando nuevas modalidades para su ejecución a través de alianzas con otros países. Y, en realidad, lo que no se ha dicho es que la ejecución es muy baja y la velocidad de su implementación es muy lenta, excesivamente lenta. ¿Bueno, entonces porqué se demoran tanto tiempo en ejecutar esas obras? Porque tenemos un enorme problema de gestión. Como usted sabe, no solamente hay un problema en la ejecución de las obras, sino que además estamos ante una gigantesca crisis de desabastecimiento de medicamentos: hay un retraso en la ejecución de los programas presupuestarios; ese es un problema de la des capitalización masiva que ha tenido el Ministerio de Salud durante la gestión del actual ministro (César Vásquez), quien prácticamente ha rifado los puestos de alta gerencia pública a partidarios de la alianza con sus correligionarios, con el fujimorismo y con los compadres y amigos que se suman a cada nueva gestión ministerial. Actualmente estamos pagando la mencionada des capitalización, porque la falta de experiencia y de conocimiento se terminan reflejando en una baja ejecución del gasto, problema que estamos viviendo, por ejemplo, en la compra tardía y extemporánea de medicamentos”.

 ¿La des capitalización que usted menciona empieza con el gobierno de la señora Boluarte o tiene sus orígenes en gobiernos anteriores?

La primera fase fue durante el régimen de Pedro Castillo, quien presionado por la organización de Perú Libre retiró al ministro Hernando Cevallos y puso en su reemplazo a Hernán Condori, el cual fue reemplazado por Jorge López y este, a su vez, por Kelly Portalatino. Estos últimos duraron tan poco tiempo que no pudieron hacer cambios significativos en el sector. César Vásquez ha estado como titular del portafolio durante poco más de un año, y lo ha aprovechado para realizar cambios significativos en su gestión, muchos de ellos -sobre todo- en el centro nacional de recursos estratégicos del Ministerio de Salud, donde se decide qué comprar, cuándo comprar y a quién comprar. Esa es la razón que explica, en gran medida, la altísima rotación de sus funcionarios, a tal punto que en la dirección encargada de esas compras ha habido cinco funcionarios distintos en menos de un año.

 A eso se debe, también, la dejadez o la poca eficiencia del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), el cual demora más tiempo del estimado en realizar los expedientes técnicos para la construcción de los hospitales del MINSA. 

Bueno, en realidad hacer infraestructura sanitaria en nuestro país es un tema muy complejo, toda vez que no solamente hay que identificar la magnitud de la obra y hacer el expediente técnico, sino también enfrentar las presiones de carácter político que se ejercen sobre los funcionarios del Ministerio: todos los gobernadores regionales quieren tener hospitales de 80 camas en todos los distritos de su región, todos quieren equipamiento de alta tecnología para poblaciones pequeñas. Entonces, para comenzar, esa negociación ya es compleja desde antes de poner los cimientos de los hospitales. A partir de ahí hay que iniciar una serie de trámites burocráticos sobre las dimensiones del proyecto, a continuación hay que hacer el expediente técnico, cuando se tiene ese expediente hay que tener la habilitación del terreno, cuando todo eso está saneado, recién se pone a disposición del sector correspondiente para hacer la licitación. En esa licitación también hay problemas, porque el ejecutor de la obra es una empresa privada que subcontrata privados, los cuales, además, tienen que honrar los contratos que tienen entre ellos. Por ejemplo, tomemos el caso del Hospital de Chincha, que está paralizado por un lío entre privados: uno no le cumple a otro, y se van al Poder Judicial y se estanca la obra. PRONIS fue creado para acelerar los procesos, pero también en el PRONIS ha habido más de media docena de directores en el último año. 

Derechos y obligaciones de un Estado 

Desde la creación del Estado Moderno, los gobernantes de turno de ese Estado tienen una serie de obligaciones, que van desde el cuidado de las fronteras nacionales y el monopolio del uso de la fuerza hasta la provisión de educación y de salud de todos los ciudadanos o súbditos. Para conseguir los recursos necesarios para cumplir con dichas obligaciones, los gobernantes de turno establecieron un conjunto de impuestos con la finalidad de financiar todas las tareas suscritas en las normas y en las leyes por los gobernantes y los gobernados.

En los países exportadores netos de petróleo y de otras materias primas, donde los superávit superan largamente a los déficit, los presupuestos nacionales están financiados con largueza y los ciudadanos viven sin sobresaltos. Caso contrario, los gobiernos tienen que acudir a los mercados de capitales para conseguir cómo financiar los presupuestos. Cuando ese ejercicio tiene que repetirse año tras año, es necesario tomar medidas correctivas, ya sea en la recaudación de impuestos, en el control del gasto público o en una combinación de ambos.

Por esa razón, prometerle a sus conciudadanos la construcción de uno o varios hospitales de alta complejidad, no solamente es demagógico e imprudentes, sino que roza con la mentira.

Cuando además de las tareas urgentes en salud, los gobiernos tienen la obligación de atender las demandas de seguridad pública y de proveer una educación de calidad, nos encontramos en una situación complicadísima. Situación que ya hemos enfrentado en varios momentos del pasado reciente, en los cuales sufrimos inflación, recesión o una mezcla de ambos males.

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Sudaca conoció la historia de Karen Serrano, una joven médica del Hospital Loayza que vivió una historia de terror y acusa a un colega por haberle provocado un aborto en contra de su voluntad.

Para Karen Serrano Carmen, una médica de 31 años, la posibilidad de ser madre llegó a su vida de forma inesperada. Tan pronto como supo la noticia, Karen le dedicó a su embarazo toda la atención y cuidados posibles para que la llegada de su primer hijo se de en las mejores condiciones posibles.

Sin embargo, lo que parecía ser una experiencia marcada por la felicidad terminó con un trágico desenlace, una denuncia de por medio y una historia que ha marcado de la peor manera la vida de esta joven médica del Hospital Loayza. Sudaca conversó con Karen Serrano para conocer los detalles de lo que habría sido una maternidad arrebatada.

LA INICIO DE UN VÍNCULO FATAL

En febrero del 2023, Karen Alejandra Serrano Carmen y Bruno Favio Rodríguez Sánchez, dos jóvenes médicos del Hospital Loayza, se conocieron en su centro de trabajo. Aprovechando las coincidencias en los horarios, Serrano y Rodríguez tuvieron la oportunidad de pasar tiempo juntos y, dado que existía una buena relación entre ambos, no tardaron en frecuentarse fuera del ámbito laboral.

Como podría ocurrir con cualquier otra pareja joven,  Karen y Bruno empezaron a mantener relaciones sexuales a las semanas de haberse conocido. Sin embargo, fue en ese momento que ocurrió un hecho que no estaba en los planes de estos médicos. En abril del año pasado, Karen Serrano se realiza una prueba y descubre que estaba embarazada.

Si bien no se trataba de un embarazo planeado, Serrano no tenía problemas en continuar con este. No obstante, Rodríguez Sánchez tuvo otra postura al enterarse de la noticia. “Me dijo que no quería que yo lo tenga”, cuenta Karen Serrano con respecto al día en que le contó que se encontraba esperando un hijo y agrega que ella nunca consideró la posibilidad de abortarlo.

Cristian Rebosio

Esta discrepancia llevaría a que el vínculo entre ambos cambie. “Si lo vas a tener, pero no voy a estar contigo”, fueron  otras de las palabras que, acorde a lo relatado por Karen Serrano, le dijo Bruno Rodríguez en aquella oportunidad que le contó del embarazo. Pero, además, Karen cuenta que Rodríguez empezó a tener un trato cruel hacia ella e incluso le decía que siempre amaría a una pareja que tenía en Chimbote y, posteriormente, se produjo un distanciamiento.

Sin embargo, a finales de abril, fue el propio Rodríguez Sánchez quien propició un reencuentro en el cual le haría una propuesta inesperada. “Me pidió disculpas por la forma en que me trató y me dijo para empezar de nuevo”, relató Karen Serrano a Sudaca. “Yo le dije que no era necesario que estemos juntos y que iba a tenerlo sola, pero que se haga responsable del 50% de los gastos”, agregó.

Aunque el trato de Rodríguez hacia Serrano había mejorado, Karen, analizándolo a la distancia, pone especial atención en un detalle sobre la conducta del padre del hijo que estaba esperando. “Como me había dicho que íbamos a empezar de nuevo, yo empecé a hacerle preguntas. Le pregunté si le había contado a sus padres o a sus hermanos y si había pensado en algún nombre para el bebé”, explica la médica del Hospital Loayza.

Pero la respuesta de Bruno siempre era negativa para todo lo que preguntaba Karen y no mostraba mayor interés en el embarazo ni planes a futuro. Karen, en sus declaraciones, revela que ella intentaba evitar los conflictos con Bruno debido a que iba a ser el padre de su hijo. Aunque, a estas alturas, este intento de retomar el vínculo no mostraba a Rodríguez Sánchez muy interesado en el embarazo.

UNA NOCHE DE TERROR

Como parte de lo que supuestamente era un intento de retomar el buen vínculo entre ambos, el 20 de mayo del año pasado, Karen y Bruno se encuentran y acuden esa noche al hotel “Sebastian Inn”. Durante su estancia, los dos médicos mantuvieron relaciones sexuales, aunque Karen notó algunos detalles sospechosos y describe la actitud de Bruno Rodríguez, a lo largo de aquella noche, como “distraído y súper nervioso”  incluso desde antes de entrar al hotel.

Además, Karen se percató que Bruno llevaba en sus manos una botella de agua, algo que no era usual en él y que se puede observar en las siguientes imágenes. Dentro de las instalaciones de este hospedaje ubicado en el distrito de Lince, Bruno Rodríguez tuvo otras actitudes inusuales que ahora despiertan las sospechas de Karen sobre sus verdaderas intenciones. “Entran dos llamadas a su celular y me dice “es mi mamá”. Él nunca me había dado explicaciones sobre sus llamadas”, relata Karen y agrega que, pese a que nunca habían usado preservativos en sus encuentros sexuales y que ella ya estaba embarazada, aquella noche esto sí fue propuesto por Bruno.

En medio de lágrimas, Karen Serrano le relató a Sudaca que aquella vez no mantuvieron relaciones sexuales de la manera que acostumbraban sino que, en un momento de la noche, Rodríguez Sánchez intentó introducir sus dedos en su vagina al mismo tiempo mientras la penetraba. “Me introduce el pene y el dedo al mismo tiempo. Ahí es cuando siento algo raro y le digo “¿qué estás haciendo? me duele””, cuenta Karen.

Esa misma noche, Rodríguez y Serrano abandonaron el hotel y partieron cada uno con rumbo a sus respectivas viviendas. Fue justo cuando Karen llegó a su casa que empezaría la experiencia más traumática de su vida. “Me acuesto en mi cama y, como a los veinte minutos, empiezo con dolor abdominal y escalofríos. Sentí como unos calambres en la espalda, pero no eran escalofríos de fiebre”, explica.

La noche sólo empeoraría para Karen y en las horas siguientes padeció constantes episodios de diarrea. En la mañana del domingo, la salud de Karen no mejoraba y, tras consultarle al doctor que había seguido su embarazo y una amiga residente en ginecología, optó por acudir, en compañía de su madre, al Hospital Carlos Alcántara Butterfield de La Molina.

Cuando llegó a este establecimiento de salud, le indicaron que se dirija al tópico de ginecología. “Cuando estaba caminando sentí una explosión de sangre”, detalla Karen Serrano, quien tuvo que ser llevada en silla de ruedas por el personal de seguridad del hospital para ser revisada en el área de ginecología.

“Me empiezan a hacer una ecografía, me muestra el monitor y me dice “tiene latidos cardiacos en 169. Lo que tienes es una amenaza de aborto”. Yo le preguntaba  “¿Por qué si el martes me habían hecho mi ecografía y estaba todo bien?””, contó Karen sobre los dramáticos momentos que vivió aquel domingo. Segundos después, explota el líquido amniótico y el feto que tenía entre diez y once semanas es expulsado mientras todavía estaba vivo.

¿UN CRIMEN PREMEDITADO?

Pero el triste desenlace, además de dejarle a Karen una experiencia amarga, también dejaba una serie de dudas. Durante el seguimiento que Karen Serrano le hizo a su embarazo, acompañada de un especialista, en ningún momento se había mencionado la posibilidad de un aborto espontáneo o que su embarazo esté en riesgo.

En medio de esa búsqueda de respuestas, Karen encontró que lo vivido aquel domingo encajaba perfectamente con los síntomas que experimentan aquellas personas que consumen Misoprostol, un conocido fármaco utilizado para inducir al aborto. Fue en ese momento cuando ella empezó recordar de forma cuidadosa diversas situaciones que había vivido horas antes del desenlace fatal y llegó a la conclusión que habría sido el propio Bruno Rodríguez Sánchez quien le provocó el aborto.

Cristian Rebosio

“Él lo planificó. Se hizo el que se preocupaba”, cuenta Karen sollozando al enfrentarse a lo que habría sido un aborto planificado por el padre de su hijo y sin su consentimiento.  Uniendo la información sobre el Misoprostol y lo ocurrido aquella noche en el hotel de Lince, Karen señala que Rodríguez Sánchez le habría introducido el fármaco vía vaginal, una modalidad de uso constatada por la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, cuando le introdujo un dedo al mismo tiempo que su miembro.

Cristian Rebosio

Serrano señala que el inusual nerviosismo que observó por parte de Rodríguez Sánchez durante el encuentro que tuvieron el 20 de mayo podría haberse debido a que estaba en marcha un plan para provocarle un aborto. Con respecto al día en que perdió a su hijo, Karen también recuerda que “él (Bruno Rodríguez) llega al tópico y no le preguntó al ginecólogo qué había pasado ni por qué” y que, la noche previa, Rodríguez le ofrece una botella con agua que contenía pequeñas partes blancas que, acorde la versión de Serrano, serían Misoprostol.

Tras reconstruir las horas previas y posteriores a la pérdida de su embarazo, relacionarlas con el notorio desinterés del médico de veintiocho años por el desarrollo de dicho embarazo y tomar en cuenta el periodo de efecto del Misoprostol que coincide con el tiempo entre su encuentro con Bruno y el desenlace fatal, Karen Serrano decidió denunciar a Bruno Rodríguez López y el 26 de junio del 2023 se dispuso que se diera inicio a la diligencias preliminares por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud. 

Cristian Rebosio

En este documento, al que tuvo acceso Sudaca, se puede leer que el aborto sin consentimiento puede llevar a que el culpable recibe una pena privativa de la libertad no menor de tres años ni mayor de cinco.

Cristian Rebosio

Sudaca también pudo acceder a las declaraciones que Bruno Rodríguez brindó cuando fue citado. Como se puede apreciar en la siguiente imagen, Rodríguez alega que Karen Serrano lo denuncia por encontrarse en un estado de luto y no encontrar respuesta a lo que ocurrió con su embarazo.

Cristian Rebosio

En estas declaraciones, Rodríguez reconoce haber señalado que no quería tener un hijo con Karen Serrano y que usó los dedos durante el acto sexual, tal como lo señala el relato de la denunciante. Sin embargo, Bruno Rodríguez agrega que esto último lo hizo a pedido de ella y, aunque reconoce que le ofreció la botella de agua, niega que esta haya contenido una coloración blanquecina que, según lo contado por Karen, sería Misoprostol que le añadió a la botella mientras ella se bañaba.

Cristian Rebosio

Sudaca se comunicó con el abogado del médico Bruno Rodríguez, Mario Rodríguez, quien señaló que  Karen Serrano “lo que hace es injuriar a mi representado”. El letrado alegó que, debido a que el caso está judicializado, no podría brindar entrevistas.

Por otro lado, Mateo Oliart, quien actuó como asistente del abogado principal Carlos Mejía y fue delegado para responder a Sudaca, hace énfasis en que el aborto que sufrió Karen Serrano, acorde al certificado médico legal, no fue un aborto espontáneo y solamente pudo ser inducido por un fármaco.

“Si Karen aborta a las once de la mañana, ¿con quién estuvo a las once de la noche del día anterior? Como él (Bruno Rodríguez) mismo corrobora, estuvo con ella hasta las once y media del 20 de mayo”, explica Oliart y agrega que el Misoprostol debió ser suministrado aproximadamente doce horas antes, periodo de tiempo que coincide con su encuentro en el hotel con Rodríguez Sánchez.

Cabe señalar que esta búsqueda de justicia también se ha encontrado ante varias demoras debido a constantes ampliaciones de las diligencias preliminares. Si bien inicialmente el plazo máximo que se otorgó en junio del año pasado era de sesenta días, a inicios de septiembre y finales de octubre se dieron dos nuevas ampliaciones por sesenta días cada una y se dio una tercera y por el mismo tiempo en enero del presente año.

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Aborto, denuncia

Próximos a cumplirse cuatro meses del asesinato de Santiago Guardamino, hemos seguido de cerca cada una de las diligencias que llevó a cabo en vida contra la empresa Arguelles. La justicia que buscaba Guardamino ha empezado a materializarse. Entre los logros más significativos, se ha conseguido rectificar la sentencia contra Abel Mosquera, ex presidente de la Comunidad Campesina de Quipán.

Guardamino dedicó su vida a luchar contra las irregularidades y abusos perpetrados por Industrias Arguelles y su red de colaboradores. Sus investigaciones revelaron una serie de actos fraudulentos que comprometían no solo la integridad del medio ambiente, sino también la salud y bienestar de los comuneros. La rectificación de la sentencia contra Mosquera es un paso importante hacia la justicia, reconociendo el daño causado a la comunidad y la valentía de Guardamino.

Los rollos del problema

La empresa Industrias Arguelles y Servicios Generales S.A.C ha operado un vertedero de residuos conocido como «Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi» en terrenos obtenidos de manera fraudulenta de la Comunidad Campesina de Quipán. Este proyecto ha generado múltiples denuncias de parte del presidente de la comunidad, Santiago Guardamino, debido a los daños ambientales y a la salud de los residentes. Guardamino luchó incansablemente contra estas irregularidades, lo que eventualmente le costó la vida.

Benjamín Zevallos
Inicio de la investigación de la comunidad de Quipan sobre la compra-venta

Quipán

Para evitar que la comunidad recuperara los terrenos mediante un juicio de nulidad del acto jurídico, Industrias Arguelles simuló la transferencia de la propiedad como pago de un supuesto contrato impago a la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C., gerenciada por Gerson Guillen Arguelles, sobrino de Aniceto Elvis Arguelles Loayza, el principal socio de Industrias Arguelles.

El asesinato de Guardamino ocurrió un día antes de que acudiera al Ministerio Público para declarar sobre su denuncia contra Industrias Arguelles por la nulidad del acto jurídico. La urgencia de su muerte sugiere un intento de silenciarlo antes de que pudiera presentar pruebas cruciales en contra de los implicados. ¿Por qué Industrias Arguelles temía tanto su testimonio?

Guardamino había iniciado varios procesos legales contra Industrias Arguelles, incluyendo una denuncia penal por lavado de activos dentro de una organización criminal. Esta denuncia estaba dirigida contra:

  • Aniceto Elvis Arguelles Loayza, socio principal de Industrias Arguelles
  • Karen Marianella Pasco Flores, gerente general de Industrias Arguelles
  • Abel Mosquera Ortiz, ex presidente de la Comunidad Campesina de Quipán
  • Gerson Guillen Arguelles, gerente general de la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C.
Benjamín Zevallos
Sobre los investigados en el caso de la comunidad de Quipan

Sobre los investigados en el caso de la comunidad de Quipan

En su denuncia, Guardamino afirmó que Karen Marianella Pasco Flores, bajo las órdenes de Aniceto Elvis Arguelles Loayza, adquirió fraudulentamente 10,000 hectáreas de tierras de la comunidad por 600,000 soles el 12 de diciembre de 2016, cuando el valor real de las tierras era aproximadamente 5,533,708.31 soles. Esta operación se realizó con documentación falsificada y en complicidad con Abel Cruz Mosquera Ortiz, el anterior presidente de la comunidad.