Ante esta denuncia, Enel respondió a Sudaca que «cuenta con procedimientos rigurosos para el contrato y control de proveedores». «El sistema de scoring financiero, Sentinel, calificaba a Electrowerke como un proveedor de “riesgo mínimo” a la fecha de celebración del referido contrato», dijeron.
Enel sostiene que, si bien el contrato firmado con Electrowerke permitía subcontratar a terceros que apoyen la ejecución de la obra, «no establecía ninguna obligación por parte de Enel frente a estos u otros proveedores subcontratados». «Tal como se explicó, debemos aclarar que Enel no puede responsabilizarse de las deudas que mantiene Electrowerke con sus subcontratistas», precisan.
Carhuapoma, sin embargo, tampoco está libre de líos que lo pueden dejar en el banquillo de los acusados. Desde finales de octubre del año pasado, es investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de negociación incompatible. Se le acusa de haber realizado contrataciones irregulares en EsSalud junto a su asesor José Romero Oscco, luego de la difusión de un reportaje de Panorama. En este caso, la fiscalía consideró la carta de renuncia de Carolina Linares, exgerenta general de la entidad, que señaló presiones de Carhuapoma para hacer ascensos ilegales en el seguro social.
Carhuapoma es cuestionado por otros miembros del Consejo Directivo porque fue elegido vicepresidente en una reunión donde solo estuvieron Gino Dávila, presidente ejecutivo; Augusto Tarazona, el otro representante del Estado ante dicha instancia; y el mismo Carhuapoma. Esto, aunque es legal, ha generado molestias entre los consejeros que no respaldan su designación.
“Esto no es algo nuevo. El Ejecutivo designa al presidente y al vicepresidente de esta institución. Nosotros, como representantes de los aportantes y trabajadores, siempre hemos planteado que esta modalidad debe cambiarse. EsSalud no se debe dirigir con influencias políticas. El presidente y vicepresidente deberían ser elegidos por el Consejo Directivo en pleno”, asegura Luis Villanueva Carbajal, representante ante el Consejo de los asegurados que trabajan en el sector público.
“Persona cuestionada, investigada y con quejas de parte de los trabajadores no puede tener respaldo de los consejeros. Hay muchas observaciones [en contra de Carhuapoma]”, apunta Vicente Castro Yacila, representante de los trabajadores del sector privado.
Desde su nuevo cargo, además, Carhuapoma ha hecho visitas ‘institucionales’ al flamante mandamás del IPD, Julio ‘Coyote’ Rivera, a cuya institución se están moviendo funcionarios que trabajaron con él en su breve presidencia ejecutiva en EsSalud. Tampoco ha perdido el tiempo en hacer alarde de sus magros ‘logros’ en el seguro social: visitas a hospitales junto a Pedro Castillo o el balance de sus 100 días como presidente ejecutivo. Por supuesto, sus redes sociales no han mostrado un ápice de autocrítica.
Otros tres congresistas vinculados a ‘Los Niños’ −según el portal Epicentro− son Raúl Doroteo, Jorge Luis Flores Ancachi y Juan Carlos Mori Celis. El primero, al igual que Ilich López, es cercano a Julio Chávez Chiong. Por otro lado, Flores Ancachi y Mori Celis lo son a Yonhy Lescano, según las fuentes consultadas por este medio.
Darwin Espinoza, por último, también sería parte de la guardería. Según las fuentes, este personaje es cercano a Edmundo Del Águila Morote, autoproclamado secretario nacional de AP en las accidentadas internas de setiembre, y a su hijo, Edmundo Del Águila Herrera. Ambos lideran una de las facciones más poderosas dentro de la lampa. El congresista contrató a la hermana de este, Karim Del Águila Herrera, como técnica en su despacho congresal, con un sueldo de S/6.000 mensuales.
En el partido su presunta vinculación a ‘Los Niños’ revivió viejas rencillas y denuncias. “Dentro y fuera del partido, por donde camina, hace daño. Donde camina y toca, pudre a las personas y los sitios”, dice Yuliana Silva Roncal, exdelegada electoral de la provincia de Santa, Áncash, sobre el congresista.
Varios aseguran que Espinoza siempre ha tenido problemas dentro de Acción Popular. Según testimonios de militantes de Áncash, Espinoza y su hermano se habrían adueñado del local partidario en Chimbote desde el 2014 y lo habrían alquilado a terceros sin rendir cuentas. “El local ubicado frente a la Plaza de Armas de Chimbote se encuentra en posesión de él y su hermano. Ellos usufructúan el local y no permiten que nadie del partido tenga acceso”, asegura una militante de la lampa en Áncash.
“Espinoza no es una persona de fiar, él y su hermano han hecho plata gracias al local que tienen capturado en Chimbote”, agrega Milagros Rojas, secretaria nacional de disciplina.
Darwin Espinoza niega las acusaciones. “No soy ningún administrador ni tesorero”, afirma. Sin embargo, un acta policial de octubre de 2018 lo desmiente. Según el documento, uno de los comerciantes que arrendaba un espacio del local partidario denunció al ahora congresista por destrozar su negocio. La agresión comenzó porque Espinoza exigía que se le pague “el arriendo a su persona” o, de lo contrario, comenzaría a “destrozar su local y empezarlo a hostigar, diciéndole que iba a sacar sus cosas a la calle”.
Acta policial que narra las amenazas y violencia cometida por el ahora congresista Darwin Espinoza contra uno de los comerciantes que alquilaba el local partidario de Acción Popular en Áncash.
Como el comerciante se negó −pues él había firmado el contrato con el hermano del congresista−, Darwin Espinoza “se acercó a la puerta […] y sin mediar motivo alguno tiró una patada a la altura de la cerradura, así como una rajadura en la puerta de madera”, se lee en el documento de la PNP.
No es lo único que ha quedado en los registros policiales. En junio de 2019, Espinoza fue intervenido por agredir a otro correligionario dentro del local. “A consecuencia de la agresión, ambos presentan lesiones”, se puede leer en el parte.
Tras el último voto de confianza, los accionpopulistas ahora creen que hay más de cinco ‘Niños’ que obedecen las órdenes del presidente Pedro Castillo. “Por supuesto que es una traición si se comprueba que ellos realmente están involucrados. Esos 5 congresistas no nos representan […] A los congresistas les faltan pelotas. Hay demasiada corrupción”, dice Milagros Rojas.
El terremoto ha removido tanto, que algunos de los principales rostros de la lampa incluso plantean que AP no participe de las próximas elecciones. “Así como están las cosas, si le dijeran a la gente por qué partido votarían, no pensarían en AP”, sostiene el parlamentario José Arriola.
El 8 de marzo, el partido comunicó que citaría a los cinco congresistas señalados como parte de “Los Niños”. Hasta el momento, según informó El Comercio, dos de los citados son Mori y Doroteo, quienes fueron señalados directamente por Karelim López. Los otros tres, mencionados por la prensa, también darán sus descargos y luego se les abrirá una investigación.
En noviembre, los naranjas, incluida Jeny López, votaron por la abstención cuando se planteó interpelar a Silva. Un mes después, en diciembre, los fujimoristas no apoyaron una moción de censura contra el profesor chotano que impulsó la congresista del Partido Morado, Susel Paredes.
11 de noviembre. Al igual que sus colegas de bancada, congresista de Fuerza Popular, Jeny López Morales, votó en abstención cuando se planteó interpelar al entonces ministro de Transportes, Juan Silva.
López niega, sin embargo, que su actuación signifique un intercambio de favores. “No lo he visto por ese lado. Quien no la debe no la teme. Yo no trabajo de esa manera. Mi trabajo es transparente, limpio, honesto y lo que me llevó a ser congresista es la vocación de servicio”, dice.
La bancada fujimorista se tomó su tiempo para forzar la salida del ahora exministro. Recién decidió aplicarle la guillotina cuando arreciaron las críticas en su contra por instalar una “agencia de empleos” para personas allegadas a Perú Libre en el MTC. Fuerza Popular presentó una moción de censura recién el 23 de febrero, seis días después de la visita de Jeny López.
Tres días más tarde, el 26 de ese mes, se conoció la confesión de Karelim López que puso en jaque al gobierno, especialmente al imbatible Juan Silva. La lobbista dijo ante el Ministerio Público que hay una mafia de reparto de obras enquistada en el MTC.
Solo ante las revelaciones de Karelim López, el Congreso decidió acelerar la caída de Silva y debatir su salida en el Pleno del 28 de febrero. Con la soga al cuello, Silva renunció al cargo de ministro.
Al ser consultada sobre si apoyaba o no la censura a Juan Silva, la fujimorista Jeny López responde con evasivas: “Soy congresista de Fuerza Popular. Y, como se puede dar cuenta, nosotros como bancada votamos en bloque”.
A Silva lo reemplazó en el puesto otro chotano, un hombre de su máxima confianza: Nicolás Bustamante. Mientras tanto, el 2 de marzo, Jeny López, acompañó al ministro de Educación, Rosendo Serna, en su visita a Ucayali. Aquí parece que no pasó nada.
Héctor Lazo Cuba es contador y padre de dos niñas de seis y tres años. Busca que le otorguen la tenencia de ambas. La madre no deja que Lazo las visite, a pesar de contar con un régimen establecido. La historia también incluye acusaciones de violencia.
Una de las primeras agresiones físicas ocurrió, recuerda Lazo, cuando estaba bajando las escaleras con su hija mayor en brazos. Se dirigían al parque y de pronto “la señora salió corriendo y me rompió un muñeco de plástico en la espalda”, dice.
En el 2019, los ataques alcanzaron un nuevo nivel: Héctor Lazo denunció a su entonces esposa por apuñalarlo en la espalda con un lapicero. Un documento judicial que le otorgó medidas de protección confirma el daño: “Los resultados de la evaluación física y psicológica del denunciante concluyen que presenta signos de lesiones traumáticas corporales recientes y evidencia afectación emocional”.
Esta fue la gota que derramó el vaso y el motivo por el que el padre pidió el divorcio. Como en el caso de Jorge Romero, a pesar del antecedente de violencia, en la conciliación le dieron a la mamá la tenencia de las dos pequeñas y a él un régimen de visitas. En lo que duró este proceso, Lazo no pudo ver a sus hijas. “No pude ver a las niñas por ocho meses. Me enteré del nuevo domicilio de la madre cuando en los documentos del juzgado me llegó su dirección. Fue terrible porque en ese tiempo no sabía cómo estaban”, cuenta.
A pesar de que Héctor se divorció de su esposa porque esta lo apuñaló con un lapicero, le dieron la tenencia de las dos niñas a la mamá. Hector solo tiene un régimen de visitas y denuncia que su exesposa maltrata a su hija mayor.
Cuando él se fue de la casa, quien se llevó la peor parte fue su hija mayor -a quien llamaremos ‘Ariana’ para proteger su identidad-, de seis años. Según Lazo, ella le contaba que sufría agresiones físicas y psicológicas, pero en la comisaría no mostraron interés en ayudarlo. Uno de los policías le dijo que debía llamar al 105 para pedir ayuda. Cuando Lazo lo hizo, al otro lado de la línea le dijeron que vaya a la comisaría. Al final, debido a la insistencia, un efectivo lo acompañó a casa de su exesposa a buscar a Ariana.
“Llegamos a la comisaría e increíblemente hicieron que mi hija pase al médico legista con la mamá, con la agresora. Como no había lesiones graves, me dijeron que no podían hacer nada y todo quedó ahí. Yo me quedé como ‘¿Qué hago ahora?’”, cuenta el padre.
El problema se repitió, pero ahora con la niña llorando encerrada en el baño de la casa, mientras la mamá golpeaba la puerta y gritaba. Nuevamente, Lazo acudió a la comisaría para pedir ayuda. Esta vez, para que le hagan caso, llevó un video donde se veía a la mamá gritándole a la niña y jalándole el cabello. El archivo también fue revisado por Sudaca y confirma la versión del padre.
Captura de pantalla del video donde se ve a la madre de Ariana gritarle y jalonearla del cabello. La asustada niña permanece a un lado cubriéndose la cabeza.
Consultada por este medio, la madre denunciada acepta la veracidad del video. “El papá me ha acusado a mí por un video que ocurrió en agosto del año pasado. Él ha difundido que yo soy una madre violenta. Está vengándose porque yo lo boté de la casa”, dice en su intento por defenderse.
Aunque un policía lo acompañó a la casa de la mamá, al final no hicieron nada porque la señora se negó a salir. “No, señor. No puedo entrar porque no escucho gritos, no escucho nada», asegura Lazo que le dijo el efectivo cuando él le pidió que ingresara a la casa. Incluso, cuenta que deslizaron la idea de que estaba haciendo problemas “porque no quiere pasar pensión alimenticia”.
En enero de este año, Lazo volvió a denunciar a su exesposa por maltrato psicológico, también contra Ariana. El Juzgado de Familia resolvió otorgar medidas de protección a la menor y ordenó a la mamá a “no realizar cualquier acción que cause daño” a su hija. Además, se le ordenó tomar terapia psicológica. La lucha judicial continúa para ver quién se queda con la custodia de las dos menores.
Lazo dice que, para poder denunciar a la madre por violencia física, los policías le han dicho que su hija debe “tener el ojo morado, haber perdido un mechón de pelo o moretones”. “Pero como no tiene nada de eso, no puede pasar por el médico legista. Eso es precisamente lo que quiero evitar. La violencia es gradual. Conmigo empezó así”, apunta.
“TE QUIERO, PERO NO TE RECUERDO”
José -quien pidió mantener su nombre en reserva- se separó de su esposa en el 2011. Su hija tenía apenas un año. Desde entonces, verla o conversar con ella se convirtió en toda una batalla.
A pesar de tener un régimen de visitas, muchas veces la madre no permitía que José salga con la menor. Prueba de ello son las más de 50 constataciones policiales donde se deja evidencia que fue a la casa de su expareja y no le entregaron a su niña. “Mi hija tiene el derecho de crecer con sus dos padres”, sostiene él.
Las pocas veces que sí le dejaba salir con su hija, no podía demorarse ni un minuto en llevarla a casa de nuevo porque la mamá se enojaba y le reclamaba. “A veces íbamos al cine y teníamos que salir a la mitad de la película porque me empezaba a llamar para decirme que teníamos que regresar en ese momento”, continúa.
Incluso, cuenta José, la mamá de su hija llegó a tal punto que le negó cualquier contacto con el colegio de la niña. Según un documento de la institución, en el 2019 la mamá presentó una solicitud donde pedía ser la única apoderada que podía acercarse al colegio. Por ello, cuando José asistió a una reunión de padres, fue expulsado de la escuela.
En la pandemia, la poca comunicación se hizo aún más escasa. José explica que su hija no tiene celular, pues la mamá no se lo permite. Tampoco puede llamar al número de la madre o mandarle mensajes, porque ella no le responde. “Una vez tuve el atrevimiento de llamarla para preguntarle por mi hija porque por mensajes no me contestaba. Me dijo: ‘este es mi teléfono personal, no tienes por qué llamarme’”, cuenta. Su única manera de hablar con la menor es a través de correo electrónico.
Lo que más lamenta José es no haber disfrutado crecer junto a su hija. “Mi hija ya tiene 12 años y me dice: ‘Papá, yo te quiero mucho porque eres mi papá, pero no te recuerdo tanto’. A mí me duele. ¿Cómo le puedes explicar a tu hija que no estás con ella no porque no la quieres, sino porque su mamá no me lo permite?”, comenta.
Lo que anhela es recuperar el tiempo perdido. “Yo como padre no sé llevar a mi hija al colegio. Nunca estuve en sus primeras palabras, no supe cómo creció, no la vi en su primer día de colegio. Son cosas que me he perdido por culpa de la ‘justicia’”, reclama.
José sabe que, en su caso, es tarde para pedir una tenencia compartida porque su hija ya está grande. Pero le hubiese gustado tener esa opción. “Cuando me enteré del proyecto de ley de tenencia compartida, me agradó la idea. Si la primera opción del juez hubiese sido eso, creo que este maltrato no habría ocurrido”, apunta.
El proyecto de ley al que hace referencia tiene como objetivo que el niño pueda disfrutar de ambos padres. Actualmente es promovido por Fuerza Popular y se encuentra en las comisiones de Mujer y Familia, y de Justicia y Derechos Humanos, a la espera de ser debatido. La propuesta establece, además, sanciones a aquellos que obstruyan el régimen de visitas y busca que no se le hable mal a los hijos sobre los padres.
La abogada María Espinoza Muñoz explica que actualmente “hay un uso abusivo de la tenencia”. Lo que ocurre, según la especialista, es que, cuando uno de los progenitores tiene la tenencia exclusiva de los hijos, el otro padre -normalmente con un régimen de visitas- se encuentra en una situación de desventaja. Por lo general, como hemos señalado, es la madre a quien se le otorga este “privilegio”.
Lo que hace, entonces, la tenencia compartida, es reivindicar que “ambos progenitores tengan los mismos derechos y obligaciones con sus hijos”, asegura la abogada.
El mismo modus operandi siguió en licitaciones con otras firmas asiáticas. En octubre del año pasado, le tocó el turno a China Railway Nro. 10 Engineering Group, que ganó la buena pro para remodelar un corredor vial que abarca las regiones de Cajamarca y Piura por S/158,3 millones. La compañía tuvo como socio minoritario a la empresa peruana Grupo Constructor y Consultor Asociados. Para variar, compitió con otra firma estatal china, presentó una oferta al 80% y ganó apelando a la buena fortuna del dragón.
El sorteo electrónico en las licitaciones públicas fue implementado en el 2020, debido a la pandemia. Un funcionario autorizado registra los datos de los postores de una licitación en el portal del Seace y, si hay un empate, la web dirime al azar de manera electrónica. El desempate ya no se hace a través de un notario.
“Si hubiera un empate, el orden de prelación se determina por sorteo. Posteriormente, se verifica el cumplimiento de los requisitos de calificación previstos en las bases, según el orden de prelación que resultó de la etapa de evaluación”, responden en el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE). Dicen que es un sistema libre de sospechas.
Pero el experto Óscar Saravia arquea las cejas al conocer que los chinos tienen tan buena estrella en la ruleta. “Si cada vez que ha habido empate [se refiere a los concursos], ganan los mismos [los chinos], me estaría dando a entender que están manipulando el sorteo”, apunta.
Y es que el asunto no quedó ahí. Dos licitaciones más, realizadas en diciembre y que tuvieron como ganadora a China Railway Tunnel Group, tuvieron el mismo patrón que las anteriores. Una fue para remodelar una carretera en Huancayo, por un monto de S/52 millones. La constructora midió fuerzas en un sorteo con la dupla de China Civil e INIP, que quedó en el segundo lugar.
La otra adjudicación fue para mejorar una pista en Abancay, con un valor de S/180,6 millones. En este último concurso también compitió China Civil Engineering Construction Corporation. Sobre esta, vale decir que su apoderado es Jaime Lino Moya. Él es un exmilitante aprista, al igual que uno de los integrantes del comité de esta licitación, Henry Carrillo Villegas.
Lino y Carrillo coinciden en varias cosas: los dos nacieron en San Juan de Lurigancho, y se afiliaron y desafiliaron en el Apra el mismo día, según el Jurado Nacional de Elecciones. Un 23 de agosto del 2008 ingresaron al partido de la estrella y lo abandonaron un 7 de septiembre del 2021. “No conozco al señor Lino Moya. No sé de qué me estás hablando. A mi me convocan en un comité de licitación. Yo no escojo. Me inscribí en el Apra hace 22 años y nunca activé”, dice a Sudaca Carrillo.
China Civil Engineering Construction Corporation no salió victoriosa en esa puja, pero ganó una compañía que, al igual que esta, es controlada por el Estado chino.
China Civil no quiso responder para esta nota y solo nos reenvió un comunicado en el que acusan a Karelim López de “querer desprestigiarnos y favorecer” a empresas competidoras. Por su parte, Jhon Jairo, representante de China Railway Tunnel Group, dice a Sudaca: “Nosotros presentamos una oferta del 80% porque esa es la idea para quedar primero. La oferta es más atractiva para la entidad mientras más bajo sea el monto. Para ir al 80% hacemos un estudio de mercado. No tenemos nada que ver con los sorteos”.
Jairo dice que Karelim López busca desprestigiar a las compañías chinas. “Nos quieren desprestigiar y quitar a las empresas chinas de la competencia”, dice. Y defiende que firmas del dragón asiático compitan en una misma licitación a pesar de tener un mismo dueño: el gobierno de su país. “Son empresas diferentes las que compiten. Tienen distintas matrices y pertenecen a otros grupos económicos”, añade.
Jorge Ñahue, director ejecutivo de Provías Nacional, insistió en que los sorteos fueron transparentes en la conferencia que significó el último acto público de Juan Silva como ministro de Transportes, antes de su caída. El escándalo, sin embargo, parece no acabar con él.
La Expo Dubái termina oficialmente el 31 de marzo y el contrato de Continuous Events vence en la quincena de abril, ya que también deben supervisar el desmontaje total del pabellón peruano. El problema es que nuestro país todavía tiene algunos pendientes en la feria. Por ejemplo, la implementación de una tienda abierta al público, sección contemplada en los planes del proyecto, nunca se ejecutó. Y está claro que ya no se hará.
A finales del 2020, según pudo constatar Sudaca, Promperú tenía toda una propuesta de diseño para la tienda del pabellón. En uno de los documentos se señala que este espacio estaría “destinado no solo a la venta en directo, sino a la exposición de productos que se puedan comprar telemáticamente [online]”.
Marcelo Carballar (izquierda) y Sofia Sanguinetti (derecha). Ambos dirigen Continuous Events, la empresa que Suárez recomendó para la operación peruana en la ExpoDubái2020. La exgerente general ya los conocía por otra de sus empresas: MataOjo.
También se marca que la meta era obtener US$7 millones en ventas, los cuales simplemente se han perdido. La propuesta especificaba que la tienda se dividiría en seis zonas, que incluían una de exhibición, una máquina expendedora de artículos de US$1, otra con artículos por US$5 dólares y demostraciones en vivo. Hasta se tenía un eslogan: “Lleva contigo un pedacito del Perú”.
Lo único que faltaba para implementar la propuesta era contratar a un operador exclusivo de la tienda. De acuerdo al TDR elaborado para contratar a Continuous Events, se contempló que esta empresa asistiría al encargado de la tienda en cualquier necesidad. Pero eso no pasó.
Hoy, en el espacio que debía ser la tienda, está el “showroom” –una sala de exposición– donde solo se pueden ver los productos, pero no comprar ninguno. Tampoco está abierta al público. Y permanece cercado, según corroboró Sudaca con fuentes del staff de la Expo Dubái.
Así se ve hoy el showroom peruano en Dubái: cercado y solo disponible para grandes empresarios.
En respuesta a nuestras consultas, Promperú señala que, en análisis posteriores, se vio conveniente implementar “un espacio de exposición de productos ligados a marcas sectoriales”, como café o pisco. Esto en vez de la tienda. “La idea de contratar un operador para una tienda minorista no coincidía con los objetivos de promoción abierta a los productos peruanos. El pabellón peruano invita a una experiencia uno a uno con nuestro país. La experiencia del showroom es una experiencia para compradores mayores”, señalaron.
Y es que, según Promperú, ese espacio está destinado a empresarios: “Tiene como objetivo impulsar y respaldar el desarrollo de reuniones comerciales con compradores potenciales de productos peruanos, por esa razón, se accede a través de citas de negocios con reserva propia”. En redes como LinkedIn, sin embargo, se promociona el lugar sin precisar que es para exposición y no para ventas. Los productos ni siquiera tienen un precio asignado. Únicamente los acompaña un código QR que dirige a una web que promociona el turismo hacia el Perú.
Parte de la promoción que PromPerú hace en sus redes del showroom. No indican que se trata de un espacio restringido a los visitantes de la exposición.
Además de todo ello, está la postergación del “National Day” peruano, una ceremonia donde se celebra a la nación participante destacando su cultura. Todos los países tienen un día asignado para ello. El nuestro, según el TDR con el que fue contratada Continuous Events, iba a ser inicialmente el 21 de enero. Esta compañía está encargada de toda la logística previa de la actividad, lo que incluye un espectáculo del Ballet Folclórico Nacional.
Sin embargo, el National Day no se dio en enero. La organización general de la Expo Dubái suspendió algunas actividades por un repunte de los casos de coronavirus en los Emiratos Árabes Unidos, motivo por el cual Promperú justifica su cancelación. Indican que países como Argentina y Canadá también pospusieron sus eventos por el riesgo que implicaba el viaje de sus delegaciones a Dubái.
Esto podría explicar la suspensión de la primera fecha, aunque no todos los ‘National Days’ se cancelaron. En esos meses, países como Qatar, China y Portugal sí usaron su turno. Reino Unido hizo lo mismo el 10 de febrero. Hoy otras naciones siguen haciéndolo. Según fuentes del staff de la Expo Dubái, para ingresar a la feria se pide certificado de vacunación o PCR negativo de máximo 48 horas.
Las fuentes, además, aseguran que se les comunicó que la nueva fecha sería el 15 de febrero, día en el que Turquía lo llevó a cabo. El Perú, nada. Ahora, según la web oficial de la cumbre turística, la nueva fecha es el 7 de marzo.
Según PromPerú, en Dubái se espera tener un retorno de inversión aproximado de US$70 millones al 2024. Veremos si, con todas estas irregularidades encima, se dan las matemáticas.
Fermín Silva, en una declaración al vuelo en las instalaciones de La Luz, nos dice, en principio, que esa fue la última vez que vio al jefe de Estado. “Fue cuando vino acá entre la primera y segunda vuelta”, dice. Pero no es cierto. El doctor fue a Palacio en tres oportunidades cuando Castillo asumió la presidencia, según el registro de visitas.
La primera vez asistió a la casa militar, donde se ubica la residencia de Palacio, el 25 de agosto del año pasado. Lo hizo con Yober Sánchez Delgado, empleado de La Luz y también cajamarquino. En el registro figura que fueron recibidos por Giuliana Roncalla Marín, oficial del Ejército. Al parecer hubo una emergencia médica porque se puso como motivo “ingreso de personal médico a la residencia”.
El 1 de septiembre Fermín Silva volvió al Despacho Presidencial, con su inseparable compañero Yober Sánchez. En aquella oportunidad se reunió con Irma Rojas Regalado, de la oficina de la primera dama Lilia Paredes.
Yober Sánchez Delgado, trabajador de la clínica La Luz, posa con el presidente Pedro Castillo, en una imagen de archivo.
Pero siete días después, el 8 de septiembre, regresó a entrevistarse con el presidente Castillo. Al mismo tiempo ingresó Hugo Chávez, el polémico gerente general de Petroperú, quien -como ya hemos dicho- buscaba en ese momento ser nombrado en un alto cargo de la petrolera estatal.
Al ser consultado por esta última visita con Chávez a la medianoche, Fermín Silva se olvida que acaba de decir que la última vez que vio a Castillo fue en la segunda vuelta. Cambia de versión y señala que fue “una coincidencia”. “Coincidimos [con Hugo Chávez]. Yo fui a hablar con el presidente porque me llamó”, asegura.
Iván Merino, exministro de Energía y Minas, dice que por esa fecha Bruno Pacheco lo presionaba para nombrar a Chávez en Petroperú. “El señor Pacheco me insistía cotidianamente con este señor [Chávez]”, cuenta a Sudaca. Pacheco se salió con la suya: Chavéz fue nombrado gerente general de la petrolera e Iván Merino dejó el cargo de ministro de Energía y Minas.
¿Tuvo influencia en este nombramiento el dueño de la Clínica La Luz? Él lo niega, aunque su empresa sirvió para las citas clandestinas del exsecretario general de Palacio, como ya hemos explicado. Y la fiscal Norah Córdova ha recibido información de más encuentros entre personajes oscuros del entorno palaciego, que contaban con la venia de Fermín Silva.
Sudaca pidió la versión a Pacheco y a Petroperú, pero al cierre de la edición no hubo respuesta. Todo queda entre paisanos.
El 13 de enero del 2022, a las diez de la mañana, el empresario chino Li Qingyong, de China Civil Engineering Construction Corporation, visitó el despacho del congresista de Acción Popular por Ica, Raúl Doroteo. Este legislador ha sido sindicado por Karelim López, junto con otros cuatro parlamentarios de la lampa, como parte de un grupo llamado “Los Niños”, por su presunta obediencia sin cuestionamiento al presidente Castillo.
Rául Doroteo Carbajo, congresista de Acción Popular por Ica, el día que juramentó como congresista. Karelim López lo describe como parte del grupo “Los Niños”, una presunta red que gana licitaciones en el MTC. Fuente: Congreso.
Doroteo es un parlamentario que ha votado mayoritariamente a favor del Ejecutivo en momentos claves, de acuerdo a un informe de “El Comercio”. Por ejemplo, marcó en rojo cuando el pleno discutió la moción de vacancia del presidente Castillo, en diciembre pasado. Doroteo, vocero alterno de Acción Popular, no contestó a las llamadas para este informe.
El representante de la empresa China Civil Engineering Construction Corporation, Li Qingyong, visitó el despacho del congresista de Acción Popular, Raúl Doroteo, el 13 de enero.
Ese mismo 13 de enero, mientras Li Qingyong visitaba a este parlamentario, INIP Ingeniería Integración de Proyectos ganaba otro contrato, este por S/116,5 millones. El objetivo: instalar un sistema de electrificación rural en el Cenepa, Amazonas. El benefactor esta vez fue el Ministerio de Energía y Minas.
Esa vez, sin embargo, la firma peruana acompañó en la aventura, con 5% de participación, a otra compañía asiática: China Camc Engineering. Sudaca se comunicó al teléfono del afortunado empresario Roberto Aguilar Quispe, pero no obtuvimos respuesta.
