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La situación de la concesionaria Innova Ambiental y su relación con el manejo de residuos sólidos en Lima se encuentra en un punto crítico. La empresa, encargada de operar el relleno sanitario Portillo Grande y otras infraestructuras de gestión de residuos, está sumida en una serie de irregularidades y denuncias que cuestionan su compromiso con la salud pública y el medio ambiente. Mientras el Ministerio del Ambiente (MINAM) continúa con el proceso de evaluación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de este relleno sanitario, los vecinos de la zona han tomado medidas drásticas ante lo que consideran una gestión negligente y perjudicial. El futuro de Innova Ambiental está hoy en la cuerda floja, en medio de luchas vecinales y una administración que todavía no ha dado respuestas claras.E

El contexto del conflicto: el fin de un contrato y la lucha por la transparencia

La controversia sobre Innova Ambiental comenzó a tomar fuerza en 2024, cuando el Ministerio del Ambiente rechazó la solicitud de la empresa para realizar una reunión sobre el PAMA de Portillo Grande. La solicitud había sido presentada por el Comité de Gestión Parlamento 10, compuesto por ciudadanos y organizaciones de la comunidad, con el objetivo de discutir la evaluación del manejo ambiental del relleno sanitario ubicado en el distrito de Lurín. Sin embargo, el MINAM denegó la reunión, alegando que la evaluación del PAMA aún está en proceso, lo que generó un clima de desconfianza tanto en los vecinos afectados como en las autoridades locales.

La empresa, que operaba hasta recientemente el relleno sanitario Portillo Grande, así como otros centros de disposición de residuos como El Zapallal y Huayna Cápac, ha estado en el centro de la polémica. A partir del 30 de mayo de 2024, Innova Ambiental cesó sus operaciones en estas infraestructuras debido a la culminación de su contrato con la Municipalidad Metropolitana de Lima, que abarcaba la gestión de estos sitios. Tras este fin de contrato, la empresa devolvió las instalaciones a la Municipalidad, transfiriendo todos los derechos y obligaciones legales y ambientales. Sin embargo, la situación dejó varias interrogantes sin responder sobre el futuro de la gestión de residuos en la ciudad y las condiciones en las que quedaron las infraestructuras.

Irregularidades y la solicitud de actualización del Registro Autoritativo

Con el fin del contrato con la Municipalidad de Lima, Innova Ambiental procedió a solicitar al Ministerio del Ambiente la actualización de su Registro Autoritativo para excluir varias de las infraestructuras de residuos sólidos que operaba. Esta solicitud fue enviada por Marcelo Socoowski Azev, Gerente General de la empresa, quien firmó una carta dirigida al Director General de Residuos Sólidos del MINAM, Luis Alberto Bravo Barrientos. En esta misiva, la empresa adjuntó los documentos correspondientes, incluyendo una copia de la vigencia de poder del representante y comunicaciones oficiales con la Municipalidad Metropolitana de Lima.

A pesar de este esfuerzo por formalizar la finalización de las operaciones, el Ministerio del Ambiente aún no ha emitido una respuesta oficial sobre la solicitud. La incertidumbre persiste, ya que las autoridades competentes no han dado un pronunciamiento claro, dejando en suspenso el futuro de la empresa y la situación de las infraestructuras que quedan bajo su responsabilidad.

La inquietud vecinal y las movilizaciones

A lo largo de los últimos años, la presencia de Innova Ambiental en Lima ha estado marcada por la insatisfacción de los vecinos y las denuncias de contaminación ambiental, desinformación y negligencia en la gestión de residuos. La comunidad de Lomas de Carabayllo, por ejemplo, ha sido una de las más afectadas por los problemas derivados de la operación de los rellenos sanitarios de Portillo Grande y El Zapallal. La acumulación de residuos, las malas condiciones de higiene y la falta de un manejo adecuado de los desechos ha provocado una crisis ambiental que no ha sido tomada en serio por las autoridades responsables.

Los habitantes de las zonas cercanas a estos rellenos han expresado su desconfianza en la capacidad de Innova Ambiental para manejar adecuadamente los residuos y han exigido a las autoridades una respuesta más contundente ante la situación. En consecuencia, los vecinos han comenzado a organizarse para realizar movilizaciones y plantones frente a las instituciones encargadas de la fiscalización y la gestión de residuos, exigiendo transparencia y justicia para los afectados por la ineficiencia de la concesionaria.

El vínculo de Innova Ambiental con la corrupción municipal

El escándalo no termina ahí. En medio de este contexto, la relación de Innova Ambiental con funcionarios municipales y el manejo de recursos públicos ha sido objeto de críticas. Según denuncias recibidas, la empresa habría cobrado excesivas sumas a la Municipalidad de Lima durante los 29 años de su contrato. Estos pagos habrían sido hechos por el uso de infraestructuras como los rellenos sanitarios de Portillo Grande y El Zapallal, que supuestamente fueron operadas de manera deficiente, sin tener en cuenta los impactos negativos que esto causó en la salud de los vecinos.

Una carta enviada al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, detalla las presuntas irregularidades cometidas por la concesionaria y señala a funcionarios municipales como responsables de haber favorecido a Innova Ambiental. En el documento, se acusa a la empresa de haber dejado los rellenos sanitarios en un estado deplorable tras la culminación del contrato en 1995, afectando gravemente las condiciones de vida de los residentes cercanos. Además, se menciona que ciertos funcionarios de la Municipalidad habrían obstruido las investigaciones sobre las irregularidades cometidas por la concesionaria, protegiendo así sus intereses.

La remoción de la Licenciada Mariana Jiménez Jara, Gerente de Servicios a la Ciudad, también ha sido señalada como parte de un intento por frenar las acciones que estaban siendo tomadas contra Innova Ambiental. Jara, quien había mostrado firmeza en su lucha por la transparencia, fue retirada de su puesto en un acto que, según las denuncias, favoreció los intereses de la empresa.

Una concesionaria sin credibilidad y el futuro incierto

Hoy, Innova Ambiental se enfrenta a una situación difícil. La desinformación y las irregularidades cometidas durante su gestión han dejado una mancha en su reputación, mientras los vecinos continúan luchando por recuperar el control de sus tierras y por que se haga justicia por los daños ambientales. La empresa, que en su momento fue vista como una solución a los problemas de residuos de Lima, ha quedado atrapada en una serie de escándalos que la han colocado en el ojo del huracán.

Mientras tanto, la Municipalidad de Lima se enfrenta a presiones por parte de los vecinos afectados y las autoridades para que asuma su responsabilidad en la supervisión de estos proyectos. Aunque se ha prometido una reorganización en el servicio de limpieza pública, la falta de acción concreta y el desinterés por solucionar los problemas de fondo sigue siendo una preocupación.

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Carabayllo, INNOVA, munilima

Este 2024 nos dejó varias lecciones sobre la lucha constante de los dirigentes en las diferentes partes de Lima y, en general, en todo el país. Una lucha que puede arriesgar hasta su propia vida. Fue el caso de Santiago Guardamino, cuya vida acabó en manos del sicariato y después de iniciar una batalla legal por la relevancia y respeto de Quipan. 

El 21 de junio de 2024, la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada inició una investigación que está tomando un giro trascendental en el ámbito judicial. En el centro de este proceso se encuentra el asesinato de Santiago Guardamino, un líder comunal de Quipán que luchaba contra una red de corrupción que involucraba a empresarios, funcionarios públicos y actores clave en distintas instituciones estatales. A través de sus investigaciones, Guardamino destapó una serie de delitos que no solo amenazaron la integridad de su comunidad, sino que ahora podrían poner en evidencia una red criminal de dimensiones insospechadas.

El Contexto: Un Caso de Corrupción a Gran Escala

Santiago Guardamino no fue simplemente una víctima más de un crimen de violencia. Su muerte está directamente vinculada a una serie de investigaciones que él mismo inició contra Industrias Arguelles y la exdirectiva de la Comunidad Campesina de Quipán. Estos procesos legales revelaron un cúmulo de irregularidades y abusos que afectaron no solo la seguridad y salud de los comuneros de Quipán, sino también el medio ambiente de la región. Industrias Arguelles, una empresa vinculada a la familia Arguelles, había operado un vertedero de residuos en tierras de la comunidad obtenidas mediante fraudes legales, lo que generó múltiples denuncias por parte de Guardamino.

Benjamin Zevallos 

Entre las figuras clave involucradas en este caso se encuentra Aniceto Elvis Arguelles Loayza, socio principal de Industrias Arguelles, y su gerente general Karen Marianella Pasco Flores. A ellos se les suman otras personas como Abel Cruz Mosquera Ortiz, ex presidente de la comunidad, y Elizabeth Ochoa Torres, ex especialista en impacto ambiental del Ministerio de Ambiente, quienes también están implicados en el proceso judicial. Las denuncias presentadas por Guardamino sugieren una coordinación entre estos actores para cometer delitos de homicidio calificado, falsificación de documentos, usurpación agravada y otros crímenes graves.

Este grupo, según las investigaciones, no solo actuaba de manera ilegal en su entorno cercano, sino que también aprovechaba sus vínculos con funcionarios de diversas entidades gubernamentales, como la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos y el Ministerio de Salud, para facilitar sus acciones delictivas. Esta compleja red criminal, según los fiscales, podría tener implicaciones tanto a nivel nacional como internacional, pues sus actividades involucraban el tráfico de influencias y la manipulación de procesos administrativos para favorecer intereses privados a costa de la comunidad.

La Fiscalía y la Ley Contra el Crimen Organizado

El caso ha atraído la atención de las autoridades debido a su complejidad y magnitud. La Ley N° 30077 – Ley Contra el Crimen Organizado establece que cualquier grupo de tres o más personas que actúen de manera coordinada y cometan delitos graves puede ser considerado una organización criminal. Según las denuncias, los implicados habrían actuado de forma concertada para cometer una serie de delitos que no solo dañaron la integridad de la comunidad de Quipán, sino que también afectaron a las instituciones públicas encargadas de regular estos procesos.

Benjamin Zevallos

La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada tiene bajo su responsabilidad el caso debido a la gravedad de los hechos denunciados. Esta fiscalía está encargada de procesar casos con repercusiones nacionales e internacionales, como el presente, lo que subraya la seriedad con la que se está tratando el caso. Aunque la investigación está en sus primeras etapas, el proceso judicial ha generado un gran interés debido a la magnitud de los delitos implicados y el perfil de los actores involucrados.

La Muerte de Santiago Guardamino: Un Acto de Silencio Forzado

El asesinato de Santiago Guardamino no puede verse solo como un crimen de violencia. Aparentemente, la urgencia de su muerte está relacionada con su intento de presentar pruebas clave sobre las irregularidades cometidas por Industrias Arguelles. Guardamino estaba a punto de declarar ante el Ministerio Público sobre la nulidad de un acto jurídico que involucraba a la empresa, cuando fue asesinado, un día antes de hacerlo.

Este hecho plantea serias preguntas sobre las motivaciones detrás de su muerte. ¿Por qué temían tanto las personas involucradas en este entramado a las pruebas que Guardamino tenía en su poder? ¿Qué era tan peligroso en sus testimonios que los implicados decidieron eliminarlo antes de que pudiera presentar su denuncia ante las autoridades? Estos interrogantes son cruciales para entender la magnitud del crimen que se estaba cometiendo en Quipán y el nivel de corrupción que se estaba gestando en el seno de la comunidad.

La Compra Fraudulenta de Tierras: Un Acto de Despojo

Una de las investigaciones más relevantes que Guardamino emprendió fue sobre la compra fraudulenta de tierras de la comunidad. En 2016, Karen Marianella Pasco Flores y Aniceto Elvis Arguelles Loayza adquirieron ilegalmente 10,000 hectáreas de terreno de la Comunidad Campesina de Quipán por 600,000 soles, una suma significativamente inferior al valor real de las tierras, que rondaba los 5.5 millones de soles. Esta operación fue facilitada por documentos falsificados, y se llevó a cabo con la complicidad de Abel Cruz Mosquera Ortiz, el ex presidente de la comunidad.

La documentación presentada por Guardamino demostró que el pago se realizó mediante un cheque de gerencia, lo que sugiere un intento de ocultar el verdadero valor de las tierras y, de esta manera, beneficiarse de manera ilegal a costa de los comuneros. La denuncia de Guardamino también desveló que la venta fue parte de una estrategia para evadir un juicio de nulidad de contrato que la comunidad estaba buscando para recuperar sus tierras.

La Necesidad de Justicia y Transparencia

La muerte de Santiago Guardamino no solo representa una gran pérdida para su familia y la comunidad de Quipán, sino también un golpe a la lucha por la justicia y la transparencia en un contexto donde la corrupción y el crimen organizado siguen socavando la confianza en las instituciones. El asesinato de un líder social, como Guardamino, plantea serias dudas sobre la integridad de los procesos judiciales y la capacidad del sistema para proteger a aquellos que luchan por defender los derechos de las comunidades.

A medida que avanzan las investigaciones, es de vital importancia que la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada continúe con el proceso de manera rigurosa, para identificar a todos los responsables y garantizar que los crímenes cometidos sean castigados con todo el peso de la ley. Este caso destaca la urgente necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado y la corrupción, para evitar que más vidas sean sacrificadas y que más comunidades queden a merced de aquellos que operan en las sombras para proteger sus intereses a costa del bienestar colectivo.

La memoria de Santiago Guardamino, quien dio su vida en la lucha por la justicia, debe ser un recordatorio constante de la importancia de continuar esta batalla por la verdad, la transparencia y la rendición de cuentas.

El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud comete un insólito error en la compra de materiales para el plan de prevención y control del dengue. Sudaca accedió a los documentos que detallan este cuestionable error.

Con la llegada de diciembre, la mayoría de peruanos empieza a sentir, cada vez con mayor intensidad, las cálidas temperaturas del verano. Pero esta estación, que para muchos puede ser sinónimo de época de visitar las diversas playas de la costa peruana, también se ha convertido en una época crítica para el sector salud.

Esto es debido a que es en estos meses cuando se registran numerosos casos de una enfermedad conocida el Dengue. Esta infección, que se transmite a través de la picadura de los mosquitos, se caracteriza por provocar fiebres altas, dolor de cabeza muy intenso y dolores musculares, aunque es pertinente señalar que también se registran casos de personas que desarrollan complicaciones mucho más severas.

En los últimos años se ha podido observar que los casos de dengue en Perú, así como en otros países de la región, han registrado cifras que encendieron las alarmas de los diversos gobiernos y sus respectivos ministerios encargados de la salud. En este 2024, el país ha registrado más de doscientos cincuenta mil casos y más de doscientos fallecidos.

Ante este panorama y con el inicio de la temporada en la cual se disparan las cifras, lo lógico sería esperar que el Ministerio de Salud tome acciones para lidiar con el Dengue y otras enfermedades infecciosas, como es el caso del Zika y Chikungunya. Sin embargo, el sector salud parece haber cometido un nuevo error que podría repercutir negativamente en la estrategia para responder a este problema que amenaza la salud de los peruanos.

UN DESCUIDO COSTOSO

En junio de este año, Cenares, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, convocó una licitación pública para la compra de dos ítems en lo que fue denominado “Adquisición de dispositivos en el marco del plan de prevención y control del dengue según Resolución Ministerial N° 082-2024-MINSA».

Según la información correspondiente a este proceso y que Sudaca ha podido revisar, se había estimado destinar más de un millón trescientos mil soles para la adquisición de un “kit de PCR tiempo real para detección de dengue, chikungunya y zika”.

Cristian Rebosio 

Para el mes de septiembre, cerca de tres meses después, la empresa SIMED PERÚ S.A.C. obtuvo la buena pro con su oferta económica que representaba menos de la mitad del valor inicialmente estimado para la adquisición del kit en cuestión. 

Cristian Rebosio

Pero, al siguiente mes, se supo que existían varios cuestionamientos con respecto al producto ofertado por la empresa que obtuvo la buena pro. Entre los principales argumentos se encontraban los siguientes:  “No existe documento que sustente que los “tubos sean utilizados para la extracción ni para uso en biología molecular”, “No acredita que los tips sean de uso en biología molecular”, “No acredita que el kit de extracción se pueda utilizar con tejidos”, “No acredita que el kit de extracción sea compatible con el kit de amplificación” y “El certificado de análisis ofertado no acredita la vigencia mínima solicitada”.

Fue en base a estos puntos que se presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado en contra de la buena pro obtenida por la empresa SIMED PERÚ S.A.C. ante lo que parecía ser la adquisición de un producto que no cumplía con los requerimientos exigidos por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud y, por lo tanto, se podía interpretar como la adquisición de materiales que podrían resultar inútiles en la detección de dengue, chikungunya y zika.

Sin embargo, previo al análisis de los puntos cuestionados en la apelación, el Tribunal de Contrataciones del Estado atendió una cuestión previa ante lo que fue calificado como “posibles vicios de nulidad advertidos en el procedimiento de selección” y que, posteriormente, expondrían que fue el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud el principal responsable de los problemas suscitados en este proceso de compras.

Según se puede leer en la Resolución Nº 4558-2024-TCE-S4, el tribunal que atendió este caso advirtió que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES)  “no precisa qué características técnicas y/o requisitos funcionales son las que deben acreditarse con los mismos”, situación que conllevó a que los postores no tengan claros los requisitos a presentar.

Cristian Rebosio

En la resolución se ha utilizado como ejemplo el caso de dos certificados (Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)) que no pueden ser tomados como prueba que el producto ofrecido cumple con abordar las características requeridas para uno de los productos debido a que sólo brindan información sobre los estándares de calidad mas no del cumplimientos de especificaciones técnicas.

Cristian Rebosio

El descuido y falta de rigurosidad de Cenares en esta compra ha llevado a que, según lo señala la propia resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado, los proveedores se basen en “la interpretación que le pueda dar cada uno de ellos” al momento de presentar los documentos que comprueben la idoneidad de los productos ofertados. 

Cristian Rebosio

La grave consecuencia de esta falta de claridad por parte del propio Cenares ha sido que el proceso, que ha tomado varios meses, tenga que volver a la etapa de convocatoria y con ello se pongan en riesgo las acciones planificadas de cara al inicio de la temporada de verano y la mayor proliferación de casos de dengue.

Cristian Rebosio 

NI ELLOS SE PONEN DE ACUERDO

Otra de las situaciones insólitas que han quedado al descubierto en esta resolución que data del pasado mes de noviembre es que existe una contradicción con respecto a la vigencia del producto puesto que no era claro si esta se debía presentar en la etapa de presentación de la oferta o cuando se entregue el producto a los almacenes. Por ello, el tribunal fue contundente al señalar que “ni siquiera la entidad (Cenares) tiene clara la forma de acreditación de vigencia del producto”.

Cristian Rebosio 

El pasado 18 de noviembre, el Tribunal de Contrataciones del Estado se pronunció y, teniendo en cuenta lo relatado en este informe, tomó la decisión de declarar la nulidad de oficio de la Licitación Pública N° 20-2024-CENARES/MINSA y, con ello, la “Adquisición de dispositivos en el marco del plan de prevención y control del dengue según Resolución Ministerial N° 082-2024-MINSA» sufrirá un inesperado retraso que tomará más tiempo del esperado.

Cristian Rebosio

En las numerosas resoluciones que emite el Tribunal de Contrataciones del Estado es común encontrar casos de postores que intentan recurrir a rebuscados argumentos para obstaculizar a su competencia y arrebatarles la buena pro obtenida, pero este caso marca una situación particularmente inusual en la cual se encuentran errores burdos que ponen en riesgo la salud de los peruanos en una época que el país entra a la etapa más crítica en lo que respecta a casos de dengue, zika y chikungunya.

Además, cabe señalar que no es la primera vez que Cenares y el propio Ministerio de Salud cometen errores en la adquisición de medicamentos o materiales. En los últimos meses, por ejemplo, Sudaca informó sobre el descuido por parte del sector salud al adquirir los tratamientos que requieren las personas con VIH.

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Cenares, dengue, Ministerio de Salud

Sheyla Cóndor tenía 26 años y una vida por delante. Desapareció un miércoles de noviembre y dejó tras de sí un vacío que su madre intentó llenar con preguntas. Preguntas que chocaron contra una pared de indiferencia en la comisaría de Santa Anita. «Seguro está con un noviecito», le dijeron, palabras que hoy resuenan como sentencia. No era la primera vez que el sistema le daba la espalda a una mujer; tampoco será la última, si seguimos permitiendo que esto ocurra.

La madre insistió, porque las madres siempre saben. Porque los silencios de sus hijas son gritos que las desvelan. Y aunque encontró pistas —mensajes, un nombre, una dirección—, el reloj seguía corriendo, y con cada minuto que pasaba, la posibilidad de un final diferente se desvanecía. Para la Policía, era solo otro caso más que esquivar. Para Elsa Torres, era su hija, su Sheyla, que no volvía a casa.

El hallazgo del cuerpo, días después, fue un golpe seco, brutal, que nadie debería experimentar. Encontrarla no fue un alivio; fue confirmar los peores miedos. Sheyla fue asesinada por Darwin Condori, un suboficial de la Policía Nacional del Perú, alguien que debía proteger, pero que en cambio se convirtió en verdugo. El detalle macabro de cómo se ocultaron sus restos no es lo más indignante, aunque es insoportable. Lo peor es todo lo que pudo evitarse.

Condori no era un desconocido para las autoridades. Tres denuncias de abuso sexual ya pesaban sobre él. Tres mujeres que hablaron, que gritaron su dolor, y no fueron escuchadas. ¿Qué se necesita para que alguien así sea apartado de un uniforme? ¿Cuántos gritos ignorados, cuántas señales pasadas por alto? La respuesta está en el silencio cómplice de quienes prefirieron mirar hacia otro lado.

No fue solo un feminicidio; fue una cadena de traiciones. Una institución que debía proteger y falló. Un sistema que dejó a Sheyla sola. Una sociedad que aún permite que ser mujer sea una condición de riesgo. El destino de Sheyla estaba marcado desde el momento en que quienes tenían el poder de actuar eligieron no hacerlo.

Y cuando todo parecía insostenible, la tragedia se volvió aún más oscura. Darwin Condori apareció muerto en un hostal, con una carta cuyo contenido aún no conocemos. Un cierre que no es cierre, una verdad que parece querer ocultarse. Las imágenes de policías manipulando la escena, de nuevo, dejan más preguntas que respuestas. ¿Fue suicidio? ¿Fue un encubrimiento? ¿Quién más está detrás de todo esto? Porque no nos engañemos: este no es un crimen aislado. Es un reflejo de un sistema corrupto que no solo protege a los culpables, sino que perpetúa la violencia.

Sheyla ya no está. Su madre no podrá abrazarla de nuevo, ni verla cumplir sus sueños. Pero su nombre sigue resonando, convertido en bandera de indignación y lucha. En las calles de Comas, las marchas claman por justicia, no solo para Sheyla, sino para todas las mujeres que han sido olvidadas por un sistema que las desampara.

Esta historia no debe ser un cierre, sino un comienzo. El Perú no puede seguir siendo un país donde las denuncias son desestimadas, donde los feminicidas llevan uniforme, donde las madres lloran solas. Sheyla merece justicia, sí, pero también merece memoria. Porque su muerte no puede ser en vano. Porque ella, como tantas otras, debe ser el grito que despierte a un país que no puede seguir dormido.

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defensa, Feminicidio, Perú

Luego de recibir un duro castigo que le impedía contratar con el Estado, la empresa Telefónica del Perú intentó lograr una reducción. Sin embargo, el Tribunal de Contrataciones del Estado no le dio la razón a la multinacional y deberá cumplir los 36 meses de sanción.

En agosto del año pasado, una noticia causó gran impacto debido a que involucraba sanción a una de las empresas más importantes y con mayor presencia en el país desde hace varias décadas que había recibido una muy dura sanción. Según se pudo conocer por aquellas fechas, Telefónica del Perú había quedado impedida de contratar con el Estado por un periodo de tres años.

Sin embargo, la poderosa multinacional no se quedó de brazos cruzados e intentó librarse de esta penalidad. Pero, a finales del mes pasado, el Tribunal de Contrataciones del Estado cerró esa puerta para Telefónica. Sudaca tuvo acceso a resolución que detalla los argumentos de la empresa de telecomunicaciones que han sido descartados y la obligan a continuar cumpliendo la sanción original.

DIPLOMA FANTASMA

Esta considerable sanción llegó como resultado de una irregularidad detectada en  los documentos que fueron parte de la “contratación de servicio telefónico de cobro revertido automático 0800”, un servicio que Telefónica le brindó al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y, por el cual, la empresa multinacional recibió el monto de aproximadamente cien mil soles en un proceso que data del año 2021.

En ese mismo año, la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares se comunicó con la Universidad Nacional del Callao para verificar que Jorge Luis Quispe Cruz, uno de los trabajadores involucrados en el proyecto, contaba con el “Diploma de Grado de Bachiller en Ingeniería Electrónica” que, supuestamente, había recibido en octubre de 1995.

Sorprendentemente, a los pocos días, la Universidad Nacional del Callao se pronunció y avisó que dicho diploma con esa fecha no existía y que, en los documentos correspondientes al año 1995, no figuraba ningún diploma a nombre de Jorge Luis Quispe Cruz, quien había sido presentado como personal clave dentro de la propuesta de Telefónica. Pero, además, Quispe Cruz ni siquiera había tenido un paso por esta casa de estudios.

Cristian Rebosio

Ante esta insólita revelación, Telefónica había solicitado un periodo de cinco días para llevar a cabo una revisión interna y presentar los descargos. No obstante, luego de ese periodo no existió ninguna respuesta ante lo que fue considerado como una “vulneración al Principio de Presunción de Veracidad por parte del Contratista, por presentación de documentación falsa”.

Cristian Rebosio

Como consecuencia, y sumado a que existían antecedentes de sanciones administrativas, el Tribunal de Contrataciones del Estado determinó que correspondía sancionar a la empresa Telefónica del Perú, en agosto del año 2023, impidiéndole contratar con el Estado por un periodo de treinta y seis meses.

Cristian Rebosio

NO SE RINDEN

La respuesta de la empresa de telecomunicaciones fue inmediata y presentaron un recurso de reconsideración en el mismo mes de agosto del 2023. No obstante, un mes después fue declarado infundado y, por lo tanto, la sanción entro en vigencia el día 20 de septiembre del año pasado.

Pero esta no fue la única vez que la poderosa trasnacional buscó evadir los tres años de sanción determinados por el Tribunal de Contrataciones del Estado. A finales del mes julio del presente 2024, Telefónica del Perú realizó un nuevo intento para librarse de la sanción que se impuso en su contra.

 

Cristian Rebosio

Alegando que la Ley General de Contrataciones Públicas aprobada recientemente indicaba que el periodo mínimo de sanción ya no era de treinta y seis meses, como estaba estipulado en el momento que se cometió la infracción, sino que sólo corresponderían veinticuatro meses, Telefónica pretendía un cambio en la penalidad que recaía sobre ellos. No obstante, la nueva resolución, amparándose en que dicha ley se encontraba en vigencia mas no en aplicabilidad, declaró no ha lugar esta nueva solicitud presentada por la empresa.

Cristian Rebosio

Pero este no fue el punto final de la historia. En un nuevo intento de librarse de la sanción que se les impuso inicialmente, la empresa Telefónica del Perú volvió a la carga el 30 de septiembre, cuando interpuso un recurso de reconsideración contra la resolución anteriormente mencionada teniendo como principal argumento que bastaba que la nueva ley esté vigente para que se pueda aplicar y, con ello, su tiempo de castigo se vea reducido.

Cristian Rebosio 

Sin embargo, el resultado ha sido, nuevamente, adverso a los intereses de Telefónica. En esta nueva resolución, el Tribunal de Contrataciones del Estado le ha indicado a Telefónica del Perú no han aportado nuevos elementos que conduzcan a un desenlace distinto a los que habían obtenido anteriormente, como en la resolución del pasado mes de septiembre.

Cristian Rebosio

A ello se le ha sumado que la Ley General de Contrataciones Públicas, en la cual se pretendía amparar la multinacional de comunicaciones, le da la razón a la postura del Tribunal de Contrataciones del Estado y, con ello, sería imposible que la sanción de treinta y seis meses se modifique y se reduzca a veinticuatro meses sin poder contratar con el Estado.

Cristian Rebosio

El resultado de este nuevo intento de Telefónica de evitar cumplir con los tres años de sanción se pudo conocer el 18 de noviembre cuando la Resolución Nº 4552-2024-TCE-S6 del Tribunal de Contrataciones del Estado declaró infundado el recurso de reconsideración y dio por agotada la vía administrativa.

Cristian Rebosio

De esta manera, la historia parece haber concluido con una derrota para Telefónica que, increíblemente, a lo largo del caso intentó minimizar la gravedad de haber tenido a un trabajador sin la formación académicas que decía ostentar y al que, además, incluía como parte del personal clave, según se ha podido leer en los documentos de este caso que terminó con una poderosa empresa recibiendo una importante sanción.

Telefónica del Perú se comunicó con Sudaca e indicó que consideran como “una medida desproporcionada” la sanción impuesta por el Organismo Supervisor de Contrataciones y Compras del Estado (OSCE) debido a que el trabajador involucrado fue separado apenas se les informó de su situación y, además, “el servicio brindado al Ministerio de Trabajo se realizó de manera satisfactoria”. La empresa de telecomunicaciones agregó que ha recurrido al Poder Judicial con el objetivo de revertir la sanción.

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Movistar, Telefónica, Tribunal de Contrataciones

El discriminador proyecto de ley con el cual Renovación Popular y el sector ultraconservador del Congreso pretende evitar que se apruebe la unión civil y busca que se siga negando la existencia de parejas del mismo sexo.

La última semana, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso fue protagonista de una de las noticias más inesperadas. Con doce votos a favor, los integrantes de esta comisión le dieron luz verde al proyecto de ley presentado por los parlamentarios Alejandro Cavero (Avanza País) y Martha Moyano (Fuerza Popular) con el cual la unión civil de parejas del mismo sexo estaría más cerca que nunca de concretarse. 

Acorde a la ruta que se sigue en el Congreso, esta iniciativa legislativa deberá pasar a debate en el pleno y, en caso obtenga el respaldo mayoritario, se convertiría en una realidad que beneficiaría a un importante sector de la población que se encuentra desprotegido de una serie de derechos, como los derechos sucesorios y patrimoniales, la pensión de sobrevivencia y la posibilidad de administrar de forma conjunta bienes adquiridos durante la convivencia.

Aunque el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es una realidad en cerca de cuarenta países, incluyendo varios de Sudamérica, este proyecto de ley que no cumple con las mismas expectativas del matrimonio igualitario pero brinda una serie de derechos importantes ha generado un fuerte rechazo de los sectores más conservadores y discriminadores de la sociedad peruana. Incluso Fuerza Popular, la agrupación de una de las impulsoras de la iniciativa, ha manifestado que la mayoría de sus integrantes están en contra.

Sin embargo, entre lo más sorprendente de las reacciones que se han visto en estos días se encuentra el proyecto de ley con el cual el bloque ultraconservador del parlamento pretende responder a la unión civil y que incluye una indiscutible necesidad de ocultar la existencia de parejas del mismo género.

LA ALTERNATIVA

El pasado martes, la bancada de Renovación Popular presentó el proyecto de ley N° 9324/2024-CR. Con el título de “Acuerdo Patrimonial Solidario”, la iniciativa que tiene como autor al congresista Alejandro Muñante y cuenta con las firmas de otros cinco parlamentarios (Cheryl Trigozo, Miguel Ciccia, Jorge Zeballos, María Jaúregui y Noelia Herrera) propone una extraña alternativa con la que busca disuadir a sus colegas de ver a la unión civil como una necesidad.

Cristian Rebosio

El autor de esta polémica iniciativa ha señalado en su presentación que tiene como objeto  “crear un régimen especial patrimonial mediante el cual dos personas puedan ejercer derechos y obligaciones de carácter patrimonial y asistencial” y lo describe como un “acuerdo de voluntades entre dos personas”.

Cristian Rebosio

En estos primeros puntos se puede observar una considerable diferencia entre este proyecto y el que presentó el congresista Cavero en el año 2022. Tal como se observa en la siguiente imagen que corresponde al proyecto del congresista de Avanza País, la iniciativa de la unión civil la reconoce como una institución constituida por dos personas que tienen el fin de compartir un proyecto de vida.

Cristian Rebosio 

Además, mientras que la unión civil contempla la posibilidad de tomar decisiones médicas con respecto a su conviviente, el derecho a realizar visitas íntimas a centros penitenciarios, la posibilidad de asegurar a su pareja en un régimen de seguridad social con las mismas condiciones que conyugues o convivientes y muchos derechos más, la alternativa propuesta por Renovación Popular apenas les concede la chance de otorgarse herencia y el acceso a la pensión.

Cristian Rebosio

DE LO QUE NO SE HABLA, NO EXISTE

En el proyecto de ley presentado por Alejandro Muñante y que Sudaca ha podido revisar, apenas en el artículo 6, el cual se muestra en la imagen anterior, se hace mención a los derechos que tendrían quienes formen parte de este acuerdo patrimonial solidario, mientras que en cuatro de las nueve páginas se puede leer sobre los “peligros” de la unión civil.

Entre las insólitas advertencias que realizan los congresistas de Renovación Popular, una de ellas se enfoca en señalar que la aprobación de la unión civil llevaría a que ocurran cambios en las normas sociales y, por esta razón, se le puede considerar una amenaza a la estabilidad social.

Cristian Rebosio

Pese a que la intención detrás de este proyecto de ley sería ofrecer una alternativa para la comunidad LGTBI, los congresistas del partido celeste parecen no haberse podido contener y han dejado claro en estas páginas que  la posibilidad de hablar de diversidad sexual y reconocer la existencia de parejas del mismo sexo es un tema que ellos ven como algo que “genera preocupación”.

Cristian Rebosio 

Aunque agrupaciones políticas como Renovación Popular suelen tratar los reclamos de la comunidad LGTBI como la exigencia de privilegios y no de igualdad, entre los párrafos de la iniciativa legislativa propuesta parecen dejar muy claro que sólo las uniones entre personas heterosexuales tienen importancia en la sociedad peruana. 

Cristian Rebosio

Cabe señalar que esta propuesta presenta como antecedentes a proyectos que, años atrás, fueron presentados por dos pastores evangélicos, como es el caso de Julio Rosas y Humberto Lay, y Martha Chávez, la excongresista fujimorista militante de las posturas más conservadoras de la iglesia católica.

Cristian Rebosio

“De lo que no se habla, no existe. Y lo que no existe, se margina”, dice el personaje de Valeria Vegas en una de sus líneas más recordadas en la popular serie ‘Veneno’, la cual relata la trágica historia de una mujer trans en la España de los años noventa. Lamentablemente, en pleno 2024, la respuesta de un sector del Congreso a la unión civil parece decir que parejas del mismo sexo es un tema prohibido, una realidad que se debe fingir que no existe y  algo que se debe marginar con leyes que parecen para ciudadanos de segunda.

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Congreso, Renovación popular, unión civil

Una serie de extrañas coincidencias despiertan sospechas en la Biblioteca Nacional por la contratación de un arquitecto que costará más de veinte mil soles.

Que en la Biblioteca Nacional del Perú se ha perdido el rumbo no es una novedad. En el último mes, Sudaca ha informado sobre la inexplicable decisión de nombrar como jefa institucional a Ana Peña Cardoza, una persona ajena al trabajo relacionado con el manejo de una institución de este calibre.

Pero el futuro de la histórica biblioteca parece ser más sombrío de lo que muchos podían prever. Sudaca ha accedido a nuevos documentos que no sólo relatan una sucesión de improvisaciones producto de la inexperiencia e ignorancia de quienes ocupan los principales cargos sino que estas personas incluso han empezado a utilizar el poder para beneficiar a sus conocidos.

UNA AMISTAD DE 22 MIL SOLES

Se suele decir que la amistad no tiene precio, pero, en algunas oportunidades, existen amistades que pueden llevarte a conseguir cuantiosos contratos de varias cifras. Esto es lo que parece haber ocurrido en la Biblioteca Nacional con el arquitecto Guillermo Pressiani, quien tiene una orden de servicio a su nombre por la cifra de veintidós mil soles.

Según la descripción del servicio por el cual Pressiani cobrará esta elevada cifra, la Biblioteca Nacional pagará los veintidós mil soles por un servicio de análisis y elaboración de lineamientos arquitectónicos para la mejora de la infraestructura, un trabajo que podrá llevar a cabo a distancia y con reuniones virtuales.

Cristian Rebosio

Sin embargo, lo más llamativo de la llegada de Pressiani a la Biblioteca Nacional es su sospechosa cercanía con los altos cargos como la jefa institucional, Ana Peña Cardoza, y el gerente general, Agustín Rodolfo Saldaña Murrugarra. En la siguiente imagen se puede observar que Pressiani tiene como amigos en la red social Facebook a Peña Cardoza y Saldaña Murrugarra.

Cristian Rebosio 

A este dato se le sumó otra extraña coincidencia que se encuentra en la experiencia laboral del arquitecto. Al igual que Peña Cardozo y Salgaña Murrugarra, Guillermo Pressiani tuvo un breve paso por el cargo de asesor del despacho ministerial durante la gestión de Leslie Urteaga en el Ministerio de Cultura. Pero, además, Pressiani comparte con la jefa institucional un pasado en la Universidad de Piura.

Cristian Rebosio

A esto se le ha sumado que, acorde a fuentes consultadas por Sudaca, en las últimas semanas se han registrado, por lo menos, quince renuncias que incluyen principalmente a directores y jefes con experiencia en el sector que parecen no tener lugar con la gestión que ha tomado el mando.

¿UN CRIMEN EN LA BIBLIOTECA?

Pero en la Biblioteca Nacional también hay una novela de misterio y no nos estamos refiriendo a una de las que se pueden encontrar entre las obras literarias que albergan en el local de San Borja. Esta novela de misterio empieza con la inexplicable decisión de la jefa institucional al elegir a su nueva asesora  de la Jefatura de la Biblioteca Nacional del Perú.

En nuestro país, numerosos funcionarios públicos de distintos sectores cuentan con la posibilidad de designar a personas en cargos de confianza. “Aquel que desempeña cargo de confianza técnico o político distinto al del funcionario público quien se encuentra en el entorno de quien lo designa o remueve libremente” es la definición más precisa que podemos encontrar con respecto a lo que viene a ser considerado un empleado de confianza.

Cristian Rebosio

Pero, lamentablemente, esta posibilidad ha sido utilizada de la forma incorrecta en más de una oportunidad y ,lejos de sumar a sus equipos de trabajo a personas que permitan llevar a cabo una tarea de forma eficiente, son muchos los casos de funcionarios que prefieren utilizar este poder para regalar puestos de trabajo a sus amigos y hasta para devolver favores.

En la Biblioteca Nacional, en lugar de optar por una persona vinculada con la bibliotecología o, por lo menos, alguien que cuente con experiencia en el sector cultura, Ana Peña Cardoza le ha entregado este puesto a una criminóloga, una persona que se dedica a investigar y estudiar la delincuencia para prevenirla y reducirla.

Fue el pasado jueves 7 de noviembre cuando esta polémica designación se hizo oficial tras su publicación en el Diario El Peruano y Keila Miroslava Garrido Gonzales entró a la Biblioteca Nacional para ocupar el puesto de asesora II de la jefatura que lidera la señora Ana Peña Cardoza. 

Cristian Rebosio

Además, la trayectoria laboral de Garrido Gonzales demuestra que no se trata de una persona multifacética que ha combinado sus labores en el campo de la criminología con actividades que la hagan ver como una persona idónea para desempeñarse como asesora en la Biblioteca Nacional del Perú.

Acorde a la información sobre sus últimos trabajos, Keila Miroslava Garrido Gonzales se ha desempeñado estrictamente en un campo cercano con la criminología. Tal como se puede ver en su perfil de la red social LinkedIn, la recientemente designada asesora ha pasado sus años recientes en el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú.

Cristian Rebosio

Recién en octubre de este año, casi un mes antes de su designación como asesora, Keila Garrido tuvo su primer acercamiento con la Biblioteca Nacional. En esa oportunidad, se registró una orden de servicio por doce mil soles bajo el concepto de un servicio para la sistematización, análisis y gestión de proyectos para el despacho de la jefatura.

Cristian Rebosio

Los antecedentes de la actual administración de la Biblioteca Nacional del Perú y los casos detallados en este informe invitan a creer que no sólo existe un desconocimiento de la dimensión de la institución que representan sino que existe cierta impunidad para entregar cargos y contratos importantes a sus conocidos.

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biblioteca nacional, BNP, Ministerio de Cultura

En Trujillo, dentro del área protegida que abarca el sitio arqueológico de Chan Chan, se desarrolló una alarmante situación: la construcción de una urbanización que amenazaba gravemente este patrimonio cultural de la humanidad. Esta intervención ilegal incluyó la delimitación de cientos de lotes, la instalación de postes eléctricos, la construcción de parques y hasta la habilitación de canchas deportivas, transformando un espacio intangible en un área habitada. Según los registros, estas actividades comenzaron alrededor del 2021, cuando se levantaron cercos perimétricos y se trazaron las primeras estructuras.

La urbanización, conocida como Pampas de Santa María y situada en el distrito de Huanchaco, se encuentra a escasos 560 metros de la huaca El Obispo, una imponente estructura piramidal que forma parte del Complejo Arqueológico de Chan Chan. Pese a su valor histórico y arqueológico, esta huaca no ha sido objeto de investigaciones profundas, lo que aumenta la gravedad del impacto de las construcciones cercanas.

Detrás de este proyecto se encontraba la Asociación de Vivienda Praderas de San Isidro, que promovió la venta de terrenos en la zona, a pesar de las advertencias del Ministerio de Cultura y de las acciones legales emprendidas. En julio de 2021, las autoridades habían solicitado un Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) para nueve hectáreas dentro de la zona protegida, con el objetivo de detener las actividades. Sin embargo, la asociación ignoró las restricciones y continuó avanzando con las construcciones.

Ante esta situación, la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, lo que dio inicio a dos procesos administrativos sancionadores. Según declaraciones de Sandra Barrantes, directora del área de Defensa Legal de la DDC, la demolición de las estructuras ilegales dependería de los plazos establecidos para las ejecuciones coactivas, lo que podría extender el tiempo necesario para restaurar la legalidad en la zona.

El Ministerio de Cultura, por su parte, reforzó sus medidas para proteger el patrimonio arqueológico de la región. David Calderón De Los Ríos, director de la DDC La Libertad, anunció una serie de acciones, entre ellas el desalojo de ocupantes ilegales y el inicio de procesos penales y administrativos contra los responsables. Calderón también resaltó la importancia de la colaboración ciudadana, instando a la población a denunciar cualquier tipo de atentado contra los sitios arqueológicos mediante un formulario habilitado por el Ministerio.

Además de abordar las invasiones en Chan Chan, el Ministerio de Cultura destinó un presupuesto significativo para mejorar las condiciones de otro monumento clave del Complejo Arqueológico: la huaca Takaynamo. Con una inversión de más de dos millones de soles, se dio inicio a la construcción de infraestructura turística, como almacenes, laboratorios, servicios higiénicos, casetas de seguridad y un cerco perimétrico, todo con el objetivo de preservar el sitio y abrirlo al público en condiciones óptimas.

Benjamín Zevallos
Entrada de la Zona Arqueológica de Chan Chan: Foto: Defensoría del Pueblo

Esta situación no solo puso en evidencia los constantes riesgos que enfrenta el patrimonio cultural del país, sino también la necesidad urgente de medidas más eficaces para proteger estos espacios únicos. Mientras se aguarda la resolución de las denuncias y los procesos judiciales, las autoridades continúan trabajando para garantizar que la historia y la herencia cultural de Chan Chan no sean destruidas por actos de negligencia e ilegalidad. 

Urteaga invocó a no comprar terrenos ilegales

En su momento, Leslie Urteaga Peña, entonces ministra de Cultura, denunció las invasiones que afectan zonas arqueológicas protegidas como Chan Chan, en Trujillo. Durante su gestión, se reportaron 64 procesos administrativos y denuncias penales contra personas que se habían apropiado ilegalmente de terrenos dentro de áreas intangibles. Estas invasiones, impulsadas mayoritariamente por traficantes de tierras, generaron lotizaciones que fueron vendidas a compradores desprevenidos, pese a la imposibilidad de acceder a servicios básicos en estos espacios.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad (DDCLL), en conjunto con la Policía Nacional, llevó a cabo múltiples desalojos de estas áreas invadidas, incluyendo Chan Chan y otros sitios arqueológicos importantes. Urteaga había subrayado que tanto el Ministerio de Cultura como la Procuraduría estaban comprometidos en sancionar a los responsables y detener estas prácticas que ponían en riesgo el patrimonio cultural.

Durante su mandato, también se enfocó en la conservación del patrimonio arqueológico. En Chan Chan, se implementaron medidas preventivas para proteger los muros más afectados de posibles lluvias y se realizaron acciones de restauración en diversas estructuras. Asimismo, se abordó la problemática de las casonas históricas deterioradas, aunque su intervención se veía limitada por el hecho de no ser de propiedad estatal.

En cuanto al turismo, la exministra impulsó proyectos en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para mejorar los servicios públicos en Chan Chan, único conjunto amurallado abierto al público. Estas iniciativas buscaban garantizar la preservación del sitio y promover su uso social, beneficiando tanto a los visitantes como a la comunidad local.

En la provincia de Sánchez Carrión, Urteaga también supervisó avances en la delimitación del Complejo Arqueológico Marcahuamachuco. Sin embargo, al finalizar su gestión, aún quedaba pendiente el saneamiento físico legal de aproximadamente el 45,5% del área.

Antes de dejar el cargo, Urteaga hizo un llamado contundente a la ciudadanía para que no adquiriera terrenos en zonas protegidas, recordando que estas acciones no solo eran ilegales, sino que también amenazaban el legado cultural del país.

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Chan Chan, Perú, traficantes de terrenos, Ventas

El Ministerio del Interior pretendía comprar chalecos antibalas sin tener la seguridad que estos cumplían con los requerimientos de seguridad establecidos. Sudaca accedió a los documentos de esta polémica adquisición que iba a costar más de setecientos mil soles.

1732 es el número de homicidios que se han registrado en 2024 y también es el número que refleja el momento de terror que están padeciendo los millones de peruanos como producto de una crisis de inseguridad que, pese a los esfuerzos del gobierno para negarla, es una realidad ante la cual no parece existir una respuesta eficiente que le pueda poner un alto.

Cristian Rebosio

Si bien la lista de responsables ante esta escalada criminal es larga, resulta lógico que los reflectores apunten, principalmente, al Ministerio del Interior y a su titular, Juan José Santiváñez Antúnez. Sin embargo, el ministro, que cuenta con un 76% de desaprobación acorde a la encuesta realizada por Datum Internacional el mes pasado, parece estar más lejos que nunca de encontrar la solución a la ola de inseguridad que está golpeando al país y su ministerio se muestra, cada vez, más perdido.

Sudaca pudo acceder a una resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado que ha sido emitida en los últimos días y que pone al descubierto que el Ministerio del Interior, en un momento tan crítico como el actual, comete errores insólitos en asuntos claves como la adquisición de chalecos antibalas.

¿INDIFERENCIA O INCAPACIDAD?

El pasado 3 de junio, el Ministerio del Interior convocó a una licitación pública que tenía como objetivo adquirir chalecos antibalas y, para ello, se había estimado un valor de poco más de setecientos mil soles. Para el 9 de septiembre se presentaron las ofertas y el 24 de este mismo mes se anunció a quien había obtenido la buena pro.

Cristian Rebosio

Consorcio Sourcing Group Perú S.A.C. y Sourcing Group Corp habían sido los elegidos por el comité de selección para obtener la buena pro con su oferta de S/ 708 000.00 por los más de tres mil chalecos antibalas requeridos y que, según los documentos del proceso en cuestión, iban a estar destinados a las comisarías. 

Cristian Rebosio

Sin embargo, en los primeros días de octubre, este proceso dio un giro inesperado al conocerse que existían falencias en la oferta presentada por Consorcio Sourcing Group Perú S.A.C. y Sourcing Group Corp. En los documentos que Sudaca pudo revisar, no fue el propio Ministerio del Interior quien se percató de esto sino Caddin S.A.C., otro de los postores, el cual presentó un recurso de apelación y solicitó que se declare no admitida la oferta que había recibido la buena pro por parte del comité de selección.

La razón por la cual se solicitaba que se tome esta medida resultó ser muy grave. Según la apelación presentada, las ofertas, para ser admitidas, debían incluir un “certificado de cumplimiento del estándar de resistencia balística NIJ 0101 06, emitido por el Instituto Nacional de Justicia de EEUU y Reporte de Pruebas completo que dio lugar a la certificación en mención, emitido por un laboratorio autorizado por el Instituto Nacional de Justicia de EEUU”.

Este certificado no es una simple formalidad sino que garantiza el nivel de protección que brindarán los chalecos antibalas y cuenta con un prestigio ganado a nivel mundial desde hace varias décadas. Increíblemente, el postor que ganó la licitación no lo tenía y el comité de selección no tomó en cuenta que no cumplían con este requisito.

Tal como se puede leer en la siguiente imagen, en la resolución se explica que el postor presentó un certificado que correspondía a un producto distinto al que el Ministerio del Interior estaba solicitando.  “La certificación es por el modelo P3MM-GC y, no por el modelo AXIIIA-1 que requiere la Entidad”, se lee en el documento. 

Cristian Rebosio

En esta apelación, además, se pone atención en la responsabilidad del comité de selección ante el no cumplimiento de los criterios establecidos para la presentación de ofertas en este proceso de licitación. 

Cristian Rebosio

Por su lado, el Ministerio del Interior, a través de su director de la Oficina de Abastecimiento, responde a estos cuestionamientos intenta minimizar la ausencia del certificado de los chalecos antibalas señalando que, si se declara fundada la apelación, el costo de la contratación aumentaría en cuarenta mil soles. Además, agregan que los aspectos cuestionados “exceden la evaluación que realiza el comité de selección”.

Cristian Rebosio

 

Pero, en la Resolución Nº 4502-2024-TCE-S6, la sala que atendió este caso señaló que, efectivamente, el modelo ofertado por el postor al que le habían otorgado la buena pro no contaba con la certificación NIJ 010106 que era una de las exigencias señaladas en las bases del proceso.

Cristian Rebosio

En la referida resolución, el Tribunal de Contrataciones del Estado no exime de responsabilidades al Ministerio del Interior. Según explica, el comité de selección sí tenía la obligación de verificar la vigencia de la certificación debido a que las propias bases indicaban que debía ser de esa manera. 

Cristian Rebosio 

Por ello, el pasado 12 de noviembre, el Tribunal de Contrataciones del Estado se pronunció y determinó que correspondía “No admitir la oferta del Consorcio Sourcing Group Perú S.A.C. y Sourcing Group Corp” y, por consiguiente, se les revocaría la buena pro obtenida algunos meses atrás.

Cristian Rebosio

El desenlace de esta adquisición de chalecos antibalas no sólo expone la falta de rigurosidad en las compras de instrumentos de trabajo que, en tiempos tan violentos como los que está atravesando el Perú, son un elemento indispensable para policías que trabajan en las comisarías sino que también evidencia que quienes están a cargo de estas compras desconocen el trabajo que deben realizar. 

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Juan Santivañez, Ministerio del Interior, Policia
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