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¿Quién es Lizarzaburu?

Por: 23.01.2024

Sudaca revisó el historial del congresista fujimorista que lo ha convertido en uno de los personajes más controversiales del Legislativo.

Con inmerecidos bonos, defensas injustificadas de aliados o líderes políticos y una innegable indiferencia al descontento de la población, el Congreso ha logrado números históricos en lo que respecta a porcentajes de desaprobación. Más allá de la ideología política que pueda representar cada bancada, el descontento de la población con sus representantes parece indiscutible y hasta irreversible.

Sin embargo, entre los parlamentarios que han logrado este elevado nivel de desprestigio de uno de poderes del Estado, existe uno que, con pocas intervenciones, ha logrado posicionarse en el ojo de la tormenta debido a sus desafortunadas expresiones e incluso ha llegado a enfrentarse a integrantes de su propio grupo político. Este es el caso del congresista fujimorista Juan Lizarzaburu.

DEBUT POLÍTICO

Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu incursionó en la política para las elecciones del año 2021. Para convertirse en candidato, Lizarzaburu no pasó por el proceso de elecciones internas sino que fue designado por el partido. Con 1773 votos, el congresista de Fuerza Popular logró quedarse con un escaño en el hemiciclo para representar a los peruanos en el extranjero. 

El parlamentario de 54 años fue alumno de la Universidad de Lima y complementó sus estudios en España, en donde obtuvo un Master en la Universidad Politécnica de Catalunya así como otro Master en Dirección Comercial y Marketing. Además, Lizarzaburu trabajó durante catorce años en la empresa española Telefónica.

Paradójicamente, pese a todos los episodios en los que se ha mostrado como un personaje conflictivo con quienes piensan diferente a él y hasta con los de su propia bancada, Lizarzaburu se describe en su hoja de vida como una persona de “comunicación excelente y habilidades interpersonales a todo nivel”.

Juan Carlos Lizarzaburu

TRABAJO BAJO LA LUPA

Desde su llegada al Congreso en 2021, Lizarzaburu ha sido autor de treinta y tres proyectos de ley y, en el año 2023, el representante de los peruanos en el extranjero apenas presentó diez proyectos. No obstante, lo que llama la atención son las prioridades que mostró el congresista fujimorista.

En noviembre del 2022, Lizarzaburu presentó un proyecto de ley titulado “LEY QUE FORTALECE EL RECONOCIMIENTO DE IGUALDAD DE LOS CIUDADANOS Y RECONOCE CONSTITUCIONALMENTE LOS DERECHOS DE LOS PERUANOS QUE RESIDEN EN EL EXTERIOR” en el cual no proponía ningún cambio claro sino que sólo pedía modificar un artículo de la Constitución para que en el artículo 44 se incluya “amparar a los peruanos que residen en el exterior” pese a que esa es la función que actualmente realizan las embajadas.

Juan Lizarzaburu - Cristian Rebosio

El parlamentario fujimorista también presentó en 2022 un proyecto bajo el título “LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA LA PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DEL PAÍS Y LA MARCA PAÍS PERÚ”. En las 28 páginas, de las cuales la mitad fueron ocupadas con los detalles de los premio obtenido por la marca Perú, Lizarzaburu pedía la promoción de actividades que en se detalla que se han venido realizando con buenos resultados.

Pero también ha presentado proyectos de ley que han sido cuestionable. Como fue el caso del proyecto denominado  “LEY QUE CREA EL REGISTRO DE LOS EXTRANJEROS ILEGALES Y ESTABLECE OBLIGACIONES A LOS CONNACIONALES DE INFORMAR A LA AUTORIDAD POLICIAL” con el cual pretendía que los peruanos tengan el deber de informar sobre los ciudadanos indocumentados que residen en el país y no hace distinción entre aquellos que trabajan de manera honrada y los que participan de actividades delincuenciales.

Entre las justificaciones de este polémico proyecto de ley, Lizarzaburu señalaba que estos inmigrantes no pagan impuesto a la renta por el alquiler de viviendas y que son contratados para empleos informales pese a que esta situación es la misma que actualmente atraviesan los propios peruanos.

Juan Lizarzaburu - Cristian Rebosio

¿REPRESENTACIÓN?

Como congresista representante de los peruanos en el extranjero, Lizarzaburu debía estar en contacto con los compatriotas que residen en otros países. Sin embargo, en una de las salidas de Lizarzaburu fuera del país se ha podido observar, en el reporte que él mismo presentó, que sus prioridades parece más enfocadas en las alianzas políticas.

En 2021, Lizarzaburu viajó a España para reunirse con representantes del partido ultraderechista Vox. Pero, además, el congresista de Fuerza Popular utilizó este viaje para acudir a eventos de agrupaciones que comparten la misma tendencia ideológica de Vox así como con una peruana conocida en redes sociales por sus ideas extremistas.

Juan Lizarzaburu - Cristian Rebosio

En este reporte que presentó Lizarzaburu también llamó la atención que su única gestión en favor del Perú haya sido una visita a un almacén de Ciudad Real en el cual se encontraban ambulancias dadas de baja por las autoridades de dicha localidad y que el parlamentario fujimorista consideraba como posibles donaciones para Perú.

PELEAS, INSULTOS Y CONSPIRACIONES

Sin lugar a dudas, sus constantes expresiones desafortunadas han sido las que llevaron al congresista Lizarzaburu a ser el tema del día tanto en Perú como en los medios y redes sociales de los países a los que ofendía. Uno de los casos más recordados tuvo lugar durante un debate en el hemiciclo, en febrero del año pasado, cuando Lizarzaburu llamó a la bandera Whipala, que es usaba por pueblos andinos de la región, como “mantel de chifa adoptado por algunos resentidos sociales bolivianos”.

En las redes sociales, el discurso del parlamentario fujimorista es todavía más agresivo con quienes no comparten su pensamiento y no escatima en regalarle “me gusta” a publicaciones de integrantes del grupo ultraderechista La Resistencia. Además, en la red social X se puede observar que incluso comparte publicaciones difamatorias, como contra el periodista Gustavo Gorriti, así como otras en las que desinforma sobre las posturas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y hasta muestra una postura transfóbica.

Juan Lizarzaburu - Cristian Rebosio

Pero el conflicto menos esperado llegó a finales del 2023 cuando Lizarzaburu, durante una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, realizó un comentario sexista contra su colega de bancada, Patricia Juárez. Posterior a este hecho, y lejos de reconocer el agravio, Lizarzaburu se justificó alegando que “todos tenemos ojos”.

Como consecuencia de estas expresiones, Fuerza Popular ha suspendido a Juan Lizarzaburu por un periodo de seis meses de sus derechos partidarios. A la par, la Comisión de Ética del Congreso atiende la denuncia en su contra por sus expresiones. Sin embargo, durante la audiencia, Patricia Juárez reveló que, contrario a lo dicho por Lizarzaburu, este no le pidió disculpas por los comentarios hechos en su contra.

En los próximos días se dará a conocer la sanción que se le impondrá al congresista fujimorista y esta podría llegar a ser de ciento veinte días de suspensión. En su primera experiencia como parlamentario es evidente que Juan Lizarzaburu no ha pasado desapercibido, pero las acciones y expresiones que lo llevaron a ser protagonista hoy lo tienen enfrentado hasta con sus colegas del fujimorismo.

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Congreso, Fuerza Popular, Juan Lizarzaburu

Estafas S.A.: uno de los negocios ilegales más rentable del Perú

Por: 21.01.2024

[INFORMES]  A mediados de los años ochenta, un economista arequipeño, más conocido en el extranjero que en nuestro país, definió los límites de una economía de auto construcción y su relación tangencial con la economía formal. Unos años después, cuando el régimen de Alberto Fujimori privatizó una a una las empresas públicas, menos las inútiles Sedapal y Petroperú, los cientos de trabajadores despedidos de las empresas públicas vendidas a inversionistas nacionales y extranjeros construyeron una serie de pequeños negocios que crearon una red de prestadoras de bienes y servicios que el economista arequipeño llamado Hernando de Soto el Otro Sendero, es decir, el sendero opuesto frontalmente a Sendero Luminoso, la banda subversiva que quería imponer un estado de Nueva Democracia, bárbaro, asesino y misoneísta, pues quería abolir trece siglos de historia y retrotraernos a los comienzos de la Era Wari.

Como hasta el día de hoy, nadie sabe cuántos somos, cuántos trabajamos en la formalidad y cuántos en la informalidad, ya que el censo de 2017 ordenado por Kuczynski fue el primer gran fracaso de su gobierno. Es más, desde ese octubre de 2017 hasta noviembre de 2023, cuando un científico social usó la red X para decirnos que el porcentaje de informales era el 35 por ciento de la población activa, pues según datos de EsSalud el 65 por ciento de peruanos nos atendíamos en las redes hospitalarias de ese organismo.

Si nadie sabe cuántos trabajamos en la formalidad, cuántos en la informalidad y cuántos se dedican a robar, a extorsionar, a la trata de blancas, a la producción y a la comercialización de todo tipo de drogas.

Entonces, veamos cómo la ilegalidad ha penetrado todos los sectores económicos del país, incluyendo en ese “todos” a los vendedores de tickets de conciertos exclusivos.

En redes sociales, los seguidores de Sara Baras ya están expresando su malestar como es el caso de la señora Armida Testino, quien cuenta que compró 5 entradas que suman la cantidad de S/2,590.00 soles.

“Teleticket y Non Stop Entertainment las empresas organizadoras del espectáculo de la extraordinaria Sara Baras suspendieron el evento sin dar explicación alguna ni ofrecer disculpas. Yo pagué 2,590 soles el 24 de agosto y recién el 20 de noviembre pude registrarme para la devolución, pero tampoco pude recibir confirmación alguna de mi registro.

Teleticket se comunica conmigo recién el 16 de noviembre, luego de ir repetidamente a su stand del Centro Comercial de Bajada Balta, para decirme que Non Stop Entertainment SAC, no cuenta con el dinero para devolver”.

Mensaje que recibió la señora Armida Testino por parte de Teleticket.

Le consultamos a Pablo Chumbe, gerente general de Non Entertainment hasta el 21 de diciembre de 2023, sobre por qué aún no se terminaba de devolver el dinero a las personas que habían comprado entradas para el evento de Sara Baras

“Eso ya no lo veo porque ya no trabajo en esa empresa; yo era solamente un empleado ahí, pero hasta ahora tengo cierta vinculación con esas personas y entiendo que han emitido un comunicado indicando cuándo van a pagar”.

Pero daban una explicación técnica a la negativa de la bailaora.

“Claro, porque entiendo que la cancelación salió por parte de esos señores que sostenían que la señora Sara Baras no quería presentarse porque el piso del Gran Teatro Nacional no estaba en las condiciones que el espectáculo requería”.

¿Y la artista canceló toda la gira, porque tengo entendido que en Colombia sucedió algo similar?

“Exactamente, igualito, con lo cual causó un perjuicio significativo a la productora, porque al final se le pagó el ciento por ciento de los honorarios a esos señores, ese fue el tema. Pero, al igual; al margen de quién sea el responsable se cumplirá con todo lo pactado, devolviéndole el efectivo a las personas que compraron entradas por ese medio de pago”, indicó.

Hay personas a las que se les ha devuelto el valor de las entradas, pero la tiquetera se ha quedado con la comisión; entonces ellos dicen: “¿por qué se quedan con ese dinero, si el evento no se realizó?”

“En realidad, el que devuelve no es el productor, porque el productor tiene un contrato con la tiquetera y la tiquetera es la que recauda. Esa parte no te la puedo absolver, porque entiendo que ellos cobran una comisión que es un porcentaje del valor de la entrada, porque yo tengo entendido que eso también lo estaban devolviendo; eso es un tema que escapa de la productora, porque como le digo: “ellos son los que tienen el recaudo, y hasta donde fue mi gestión estuve abonando a medida que existiera la disponibilidad, y esa es la verdad. Igual le vengo a reiterar que el señor Pedro Enrique Puentes, dueño de la empresa, ha manifestado que sí se van a devolver la totalidad de los importes, que no es mucho porque solo ascienden a 60 mil soles, mientras otros conciertos llegan a 500 mil soles. Dicen que están esperando que ingrese un dinero para cumplir con todos los acreedores. Yo entiendo el malestar porque me pongo en su lugar”, finalizó Chumbe.

Estos reclamos se suman a una larga lista de quejas contra Teleticket, porque al parecer las productoras que contratan con ella para que sus boletos sean vendidos no pasan por un filtro que garantice que cuando ocurren este tipo de problemas se hagan cargo de devolver el dinero a los compradores de los tickets. Hay personas que ya llevan un año reclamando la devolución de su dinero y han acudido decenas de veces a Indecopi y todavía no ven solución alguna a su problema.

Sergio Rodríguez nos cuenta cómo me quedé sin ver a Juan Luis Guerra por la existencia de unos estafadores

“Yo compré 4 entradas para el concierto que realizaría Juan Luis Guerra el 23 de noviembre de 2022 en el Arena Perú de Surco, previendo que el evento iba a ser un éxito, la empresa organizadora habilitó una segunda fecha de concierto para el martes 22, evento que sí se llevó a cabo en la fecha programada; pero, a pesar de todos los controles, hubo muchísima gente que no llegó a entrar. Enteradas de eso, las autoridades municipales de Surco clausuraron el local, y las personas que teníamos entradas para ese 23 nos quedamos sin ver el espectáculo y sin nuestro dinero. Semanas después, se nos comunicó que Juan Luis Guerra realizaría un concierto en el estadio de San Marcos, y se nos dijo que podíamos optar por ir al concierto de Guerra al campus de San Marcos o a esperar para que se nos reembolse el dinero pagado para el concierto de noviembre de 2022 en el Arena Perú. Yo elegí el reembolso y me dijeron que se comunicarían conmigo para confirmar el día de la devolución. Luego de enviar y de recibir un montón de correos electrónicos, decidimos elevar nuestras quejas, indicando cuánto había gastado cada uno. En mi caso, yo gasté 1,600 soles. Entonces yo informé de ese monto a Indecopi, y ellos me dijeron que habían multado a la empresa Fans & Music Entertainment (Fans & Music) con 1’769, 625 soles y al gerente general de la empresa con 24,750 soles. Sin embargo, hasta hoy no nos han devuelto el dinero que pagamos por las entradas.

Sin conocer el nombre exacto de las empresas organizadoras, en noviembre de 2022 compré 2 entradas para el concierto de Emilia Mernes, en esa ocasión la empresa canceló el concierto y avisó que a todos los compradores que habíamos comprado entradas nos iban a regalar una entrada adicional para ver “Juntos en Concierto”, en teoría yo tenía 4 entradas para ese evento. Lo cierto, lo tangible, lo importante, era que ese evento también fue cancelado. Todas esas entradas fueron compradas en Teleticket, que se volvió a lavar las manos, indicando que toda la responsabilidad era de la empresa organizadora. Fans & Music sigue haciendo conciertos, incluso han cambiado de razón social a raíz de las multas que les impone Indecopi. Preguntando por aquí y por allá nos enteramos que hay algunas personas a las que les han devuelto todo o parte del valor de las entradas, y que esos ciudadanos son los que gritaron más fuerte en el primer momento”.

Sergio Rodríguez tuvo la mala suerte que los tres conciertos para los cuales tenía entradas fueron cancelados.

“Lo que más cólera da es que no hay respaldo de Teleticket, porque esa es la empresa a la que le entregamos nuestro dinero, y ellos se hacen los locos diciendo que no tienen responsabilidad, pues solamente son una tiquetera. Y para Indecopi no somos nada, porque en la resolución que se ordenó la multa no se indicó a quién se le tenía que devolver.

Ahora, cuando uno va a comprar un ticket tiene -según los sabios de Teleticket- doble posibilidad de éxito, pues si la transacción sale mal, la tiquetera te devuelve tu dinero; y si sale bien, pues Teleticket se embolsa todo el dinero: un dineral. Este seguro para la entrada que te ofrecen es un negocio redondo porque si a mí me paso lo mismo con tres conciertos hay miles de personas en la misma condición que vamos a preferir pagar”, agregó.

“Hasta que todas las personas reciban su dinero no vamos a parar” nos dijo Jessica Parodi quien ha sido una de las pocas personas que pudo hacer que le devuelvan su dinero por el evento cancelado de Sara Baras.

“En mi caso en particular, en septiembre yo compré dos entradas en Teleticket para ver a la bailaora Sara Baras, que me costaron 1,095 soles las dos entradas más 55 soles por la comisión de la tiquetera; en octubre, Teleticket y también el Gran Teatro Nacional emiten un comunicado diciendo que el evento había sido cancelado por motivos de fuerza mayor, y que la productora se iba a poner en contacto para hacer las devoluciones del dinero, pero sucede que pasaron los meses y no recibíamos ninguna respuesta, en paralelo dejamos constancia de lo sucedido en el Libro de Reclamaciones de Teleticket: escribimos a Indecopi y tampoco tuvimos respuesta, o sea, teníamos que ver la manera de llegar a los de Non Stop Entertaiment, porque Teleticket nos decía que ellos eran los responsables, y en una de las contestaciones a los tantos reclamos que hacíamos Teleticket nos envía un correo diciendo que no se nos devolvería el dinero de las entradas porque la productora no tenía fondos.

Yo particularmente tuve la suerte de conseguir los números telefónicos de los responsables de la productora, así que no dudé en llamarlos para decirles sobre el comunicado que había enviado Teleticket y lo fastidiada que estaba con la situación, y me respondieron que el tema era de Teleticket”.

Conversamos con Crisólogo Cáceres quien es presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) y coordinador del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones de Consumidores (OCLAC), y, por lo tanto, una de las voces más autorizadas para saber qué hacer cuando un consumidor o un usuario es engañado y estafado, y no hay autoridad alguna que lo defienda del abuso del poder.

Ante el problema suscitado por la estafa de Teleticket a los compradores de boletos para el concierto de Sara Baras, le preguntamos a Crisólogo Cáceres cómo desciframos ese enredo, vale decir, quién es el responsable final en ese asunto. Aquí una aproximación al Caso Sara Baras: “Los consumidores estaban molestos y, normalmente, presentaron sus reclamos a quienes les vendieron los tickets, o sea, ante Teleticket y similares; presentar a la ticketera no era lo pertinente, sino al organizador del concierto. Si la persona que organizó el concierto no cumplió, el consumidor tiene derecho a reclamar; ese reclamo se puede hacer de dos maneras: primero ante la empresa, o, segundo, ante el Indecopi.

¿Qué es lo que se puede reclamar tanto a la empresa como al Indecopi? En cualquiera de los dos casos lo que el consumidor puede reclamar es que se le devuelva el valor de la entrada del concierto que pagó, pero no se realizó. Para ese pago, el consumidor tiene que acreditar que compró la entrada. Ahora, ¿qué corresponde a la autoridad? La autoridad es el Indecopi, el Indecopi puede entrar a tallar, ya sea porque el consumidor presentó un reclamo o puede actuar de oficio, es decir, el Indecopi no tiene que esperar necesariamente que haya reclamos, sino que al tratarse de un hecho público y notorio, Indecopi debe actuar con celeridad y drasticidad.

Ahora, si se vencen los plazos del Indecopi para investigar el Expediente puede caer en caducidad y ya hay muchos expedientes que han caído en caducidad, lo de la caducidad es un peligro espantoso.

Según el Decreto Legislativo N° 1272 que modifica la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, incorpora en su art. 4° el art. 237-A referido a la CADUCIDAD del procedimiento sancionador. En tal sentido fija en nueve meses el plazo máximo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio, el mismo que puede ser ampliado de manera excepcional, hasta por tres meses más. Vencido dicho término, y no habiéndose emitido Resolución Final, el procedimiento CADUCA automáticamente y es archivado.

Esto es el gran peligro que advierte Aspec desde hace años al Indecopi que no puede ser que dilaten tanto los casos sabiendo que puede caer en la caducidad”.

¿Indecopi debería velar porque se le pague a todos los afectados o sólo es sancionar con la multa?

“No, el Indecopi en casos como este adopta dos medidas, primero impone una sanción hacía la empresa que puede ser una multa de hasta 450 UIT y lo segundo que hace el Indecopi es ordenar una medida correctiva. La medida correctiva implica ordenar a la empresa que haga algo en beneficio del consumidor afectado, en este caso lo que se le tenía que ordenar como medida correctiva a la empresa es que devuelvan a los usuarios la entrada en su integridad”, Afirmó.

Si nadie sabe cuántos somos, si nadie sabe a quién le heredamos y cuánto le heredamos, y si cualquier notario inescrupuloso puede quitarnos la propiedad de nuestros predios, si cualquier funcionario de cuarto nivel puede borrarnos de los registros públicos, si cualquier hombre elegante y de buen apellido puede armar una empresa que realiza estafas piramidales de magnitud industrial, entonces podemos colegir que la ilegalidad peruana no es sólo traficar droga y oro, sino cualquier actividad que cuente con el respaldo de un sinvergüenza con cuatro sellos en la mochila y un tampón en el bolsillo.

Luego de algunas horas de haber sido publicado este informe periodístico, Teleticket se comunicó con Sudaca y nos envió el siguiente comunicado:

Teleticket Perú - Comunicado oficial VF

Teleticket Perú – Comunicado oficial VF

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aspec, Conciertos cancelados, Fans & Music, Indecopi, Juan Luis Guerra, Non Stop Entertaiment, Sara Baras, Teleticket

El Ministerio Público le miente a la opinión pública de que no existe órdenes fiscales de videogilancias y seguimiento a periodistas

Por: 9.01.2024

[INFORMES]  Dicho comunicado viene a negar lo sostenido por el periodista César Romero Calle en diversos artículos y primeras páginas (impresas y digitales) que se ha publicado desde el 28 de diciembre del 2023 hasta el día de hoy en el diario “La República” y en que ha probado hasta el extremo la veracidad de la orden de videovigilancias y seguimientos que impartió por escrito el Fiscal Andy Junior Rodríguez Domínguez en la disposición Fiscal N° 1 del 05 de abril del 2023 en la que decide abrir una investigación secreta por 120 días “contra los que resulten responsables”.

La Fiscalía en su comunicado busca negar la existencia Carpeta Fiscal N° 87-2023

Es gravísimo que la Fiscalía quiera negar la existencia de la Carpeta Fiscal N° 87-2023 y de cuya disposición de archivo hemos sido notificados formalmente por el propio Ministerio Público el periodista César Romero y yo a fines de noviembre del 2023; y lo ridículo es que para ocultar su existencia y contenido se quiera hacer referencia a un proceso penal completamente distinto (la del abogado Castillo Alva), que está en la etapa de investigación preparatoria, y que en el caso de la investigación secreta a periodistas (CF N° 87-2023) no ha pasado de las diligencias preliminares.

La única manera que la Fiscalía pueda negar o afirmar si hubo seguimientos o videovigilancias a periodistas no es aludiendo a un proceso penal que se encuentra judicializado en donde se menciona a los periodistas César Romero y a mí, sino remitiéndose a la carpeta Fiscal número 87-2023 que obra en poder del Ministerio Público y en la que efectivamente se han ordenado videovigilancias y seguimientos a periodistas.

El Ministerio Público para emitir su comunicado ha buscado donde sabe perfectamente que no va encontrar nada de videovigilancias y seguimientos a periodistas, debido a que, según nuestras fuentes, en el proceso penal que se le sigue al abogado Castillo Alva (carpeta Fiscal 09-2019) en más de 4 años de investigación no se ha ordenado videovigilancia o seguimiento alguno.

Para opinar sobre el tema la Fiscalía de la Nación y el área de prensa del Ministerio Público deberían haber leído la primera plana del diario la República de ayer que expresamente alude a la Carpeta Fiscal 87-2023 que se encuentra en el Tercer despacho del Caso “Cuellos Blancos”.

El Ministerio Público, en el colmo de lo hilarante y bochornoso, quiere negar los documentos (disposiciones y videovigilancias) que ha obtenido oficialmente César Romero de la Carpeta Fiscal 87-2023 y que publica ayer en la primera plana el diario “la República” con el título “Ministerio Público: la carpeta 87-2023 revela sus secretos”.

Lo que oculta deliberadamente el comunicado del Ministerio Público es que el inicio de la investigación secreta contra las periodistas que emprende la Fiscalía por 120 días se debe a dos artículos publicados, uno por Sudaca, el 27 de marzo del 202 titulado “ESCÁNDALO EN EL MINISTERIO PÚBLICO: FISCALES DEL CASO CUELLOS BLANCOS SE CONVIERTEN EN ABOGADOS DEFENSORES DE WALTER RÍOS” y el otro artículo publicado por el diario la República el 30 de marzo del 2022 titulado “FISCALES AD HOC PRESIONAN A SUS COLEGAS PARA FAVORECER A REO”.

Las tres primeras páginas (de las 10 páginas) que forman parte de la disposición fiscal del 5 de abril del 2023 por las que se inicia la investigación secreta a los periodistas justamente abundan en detalles y resaltan las publicaciones realizadas por la República y por Sudaca. No hay duda alguna que sin los artículos publicados por César Romero y yo en la República y Sudaca no habría tenido sentido abrir la investigación fiscal secreta el 5 de abril del 2023 en la que se ordenó las videovigilancias.

La Carpeta Fiscal de la investigación secreta a los periodistas del diario la República, de Sudaca y la Carpeta Fiscal del abogado Castillo Alva son distintas

El Ministerio Público en su comunicado pretende hacer creer de manera temeraria e inexplicable a la opinión pública que la Quinta Sala de Apelaciones Nacional ordenó en el caso de la prisión preventiva del abogado José Luis Castillo Alva que se habría encontrado peligro de obstaculización por parte de dicho abogado por haber influido en las publicaciones del diario “La República” y el portal “Sudaca”. Las publicaciones a los que se refiere la Sala Superior datan del 16 de abril del 2023, es decir, son 11 días después de iniciada la investigación secreta iniciada por la Fiscalía de los Cuellos Blancos del Puerto. Mejor dicho, lo que la Fiscalía quiere traer en su defensa es en realidad un boomerang que les estalla en la cara: lo que la sala alude, más allá de su abierta falsedad, son noticias periodísticas publicadas tiempo después por La República y Sudaca al inicio de las diligencias secretas ordenadas por Andy Rodríguez.

La Fiscalía miente en citar la resolución de la Quinta Sala de Apelaciones Nacional como única referencia a las publicaciones de La República y Sudaca cuando, en realidad, el caso del abogado Castillo Alva es un caso completamente distinto y autónomo de la investigación secreta a los periodistas por cuatro razones. En primer lugar, la investigación al abogado Castillo Alva se encuentra en la carpeta Fiscal con número 09-2019 (de la que deriva la prisión provisional que se le solicitó) y la investigación a los periodistas es la Carpeta Fiscal número 87-2023, es decir, entre una carpeta y otra hay una diferencia de casi 4 años. En segundo lugar, la Carpeta Fiscal con número 09-2019 siempre ha permanecido en el Primer despacho del caso “Cuellos Blancos” y la Carpeta secreta a periodistas número 87-2023 ha deambulado en todos los despachos del caso Cuellos Blancos para terminar en el Tercer despacho; los fiscales a cargo de los despachos fiscales son distintos. En tercer lugar, los periodistas César Romero y yo hemos sido citados a declarar como testigos expertos en la carpeta número 09-2019 en diciembre del 2023; mientras que en la Carpeta Fiscal número 87-2023 nunca hemos sido citados a declarar y menos hemos sido escuchados. En cuarto lugar, según nuestras fuentes, la Carpeta 09-2019 sigue abierta desde el año 2019 y el plazo de la investigación se ha determinado en 3 años; mientras que la Carpeta Fiscal 87-2023 se abrió el 5 de abril del 2023 y se cerró el 23 de noviembre del 2023.

Nunca se pidió un Informe sobre la Carpeta Fiscal 87-2023 para saber si existe o no orden de videovigilar o seguir a periodistas

La causa de semejante exabrupto y la desinformación en la que incurre el Ministerio Público en su comunicado, reside en que nunca ha pedido, según nuestras fuentes, alguna información por vía oficial o informalmente al Tercer despacho del caso Cuellos Blancos quien dirige y conduce la Carpeta Fiscal número 87-2023.

La disposición fiscal del 5 de abril del 2023 que inicia la investigación secreta y ordena la videovigilancia y seguimientos a periodistas se encuentra en una Carpeta Fiscal concreta y específica (87-2023); de tal manera que se podía simplemente preguntar al despacho a cargo sobre si se había ordenado en su momento la videovigilancia y seguimientos a periodistas para que la Fiscalía de la Nación y su área de prensa del Ministerio Público salga de cualquier duda y de esta manera no mienta en su comunicado.

Cualquier estudiante de derecho, y más aún el Fiscal de la Nación, sabe que la única manera de poder obtener la “verdad” sobre el contenido de una Carpeta Fiscal es preguntándole a quien la tiene a cargo sobre los hechos que se pretende comunicar e informar a la opinión pública; o se debe pedir un informe escrito al respecto, pero lo que no se puede hacer, bajo ningún sentido, es afirmar algo sin un conocimiento mínimo de la Carpeta Fiscal, sin pedir acceso o sin solicitar que se haga un informe al respecto.

Si nunca se pregunta a quien se debe; nunca se podrá saber la verdad de los hechos y menos se podrá conocer sobre el contenido de una Carpeta Fiscal. La Fiscalía de la Nación no puede estar desconectada de los fiscales provinciales, adjuntos o auxiliares que dirigen una determinada Carpeta Fiscal.

La fuente del “error” del Comunicado de la Fiscalía

El punto 3 del Comunicado del Ministerio Público “De acuerdo a lo informado por la Coordinación del Equipo Especial de Fiscales abocado al conocimiento del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” no existe medidas de seguimiento, videovigilancia, ni interceptación telefónica a periodistas”.

El Comunicado de la Fiscalía toma como base para desmentir las medidas de seguimiento y videovigilancias a periodistas lo informado por la actual Coordinadora del Caso Cuellos Blancos, Magaly Quiroz Caballero. Sin embargo, lo extraño y lo raro es que el caso del seguimiento y videovigilancias a periodistas no se encuentra en la Coordinación del Equipo Especial, sino en el tercer despacho de la Fiscalía provincial del caso Cuellos Blancos. Se ha consultado con fuentes del Ministerio Público y se nos señala que nunca la Fiscal Coordinadora Magaly Quiroz Caballero, ha pedido un informe escrito al respecto, ni ha llamado a algún personal del despacho para que se le informe al respecto.

La afirmación que realiza el Comunicado del Ministerio Público no solo es falsa, sino que es desmentida por la propia disposición fiscal del 5 de abril del 2023 suscrita por el Fiscal Andy Junior Rodríguez Domínguez. Veamos:

Lamentablemente, y tal como lo ha resaltado La República, la investigación secreta se dirige de manera cobarde utilizando un paraguas legal “contra los que resulten responsables”, pero del contenido de la disposición fiscal que se declara secreta es indiscutible que el centro del interés del Fiscal Andy Junior Rodríguez eran los periodistas César Romero Calle y Juan Carlos Tafur. La explicación que ha dado el fiscal Andy Junior en su carta notarial dirigida a algunos medios de comunicación de que la persona investigada en la Carpeta reservada era el abogado José Luis Castillo Alva es absolutamente falsa ya que si fuera cierto no se entiende por qué no colocó expresamente su nombre. También debe tomarse en cuenta para demostrar la falsedad de lo dicho que Castillo Alva ya se encontraba investigado, por el propio despacho de Rodríguez, por organización criminal en la Carpeta Fiscal 09-2019 y como cualquier persona lecto escrita lo sabe ningún ciudadano puede ser investigado dos veces o de manera simultánea por los mismos hechos.

Asimismo, el mismo Andy Rodríguez y el Fiscal Superior Jorge Díaz Cabello comentaron, como lo relata también el periodista César Romero, a sus allegados más cercanos que se iba a allanar los domicilios de César Romero y el mío como las oficinas de Sudaca y La República.

Tan cierto es que los objetivos de la investigación secreta eran periodistas que criticaban a los fiscales que Andy Rodríguez lejos de enviarnos una carta de rectificación, denunciarnos al Consejo de la Prensa Peruana o querellarnos decidió en el colmo de la barbarie jurídica investigarnos él mismo y pidió a los despachos del caso Cuellos Blancos Informes sobre si habían sido objetos de ataque por La República o Sudaca. Solo basta leer la parte final de la Disposición fiscal N° 01 del 5 de abril del 2023 para darse cuenta de ello.

 

 

Para qué la Fiscalía va a ordenar recabar “información de búsqueda de fuentes abiertas (publicaciones Sudaca, La República, entre otros medios), relacionados al ataque sufrido por diversos magistrados del equipo especial de fiscales que conocen o han conocido los procesos de la OC, “Los Cuellos Blancos del Puerto”” si es que efectivamente no se va investigar e indagar a los periodistas que habían osado criticar su actuación funcional de los Fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro Huamán.

Lamentablemente, la Fiscalía de la Nación y su área de prensa ha sido inducida a error por la Fiscal Magaly Quiroz, coordinadora del equipo especial Cuellos Blancos, debido a que ella ordenó el 28 de septiembre del 2023 la acumulación del caso reservado que se seguía a los oficiales de la Policía, a la Dra. Rocío Sánchez (y que tenía como objetivo principal al Coronel Harvey Colchado Huamní) con la Carpeta reservada que investigaba a periodistas. Por tanto, a ella le interesa sobremanera que no se conozca la verdad y que es una e indiscutible: Magaly Quiroz también participó en el caso de la investigación secreta a los periodistas y lo que es más grave, el 13 de septiembre del 2023 había ordenado un plazo de 8 meses de investigación secreta y que culminaba el 13 de mayo del 2024. Magaly Quiroz hizo algo peor que el Fiscal Andy Junior, pues no solo continuó con la investigación abierta el 5 de abril del 2023 desde que recibió la Carpeta Fiscal del Fiscal Andy Junior el 11 de mayo del 2023, sino que acumuló la investigación secreta a otra investigación en el que se había mandado realizar videovigilancias y seguimientos por ocho meses más, antes de derivar el caso al Tercer despacho del Equipo Especial del Caso Cuellos Blancos. Veamos:

 

Magaly Quiroz sabía muy bien acerca de la investigación secreta que inició Andy Rodríguez el 5 de abril, ya que luego que le derivaron la Carpeta Fiscal contra los periodistas la tuvo en su poder 5 meses 17 días, tiempo en el que si lo consideraba adecuado podía haber archivado el caso; sin embargo, pese a que los 120 días de la investigación secreta vencieron el 5 de agosto del 2023 consideró luego de casi dos meses acumular las investigaciones secretas derivándolas a otro despacho Fiscal. Incluso, la Fiscal coordinó la marcha de dichas carpetas con el ex Coronel Martín Gonzáles Sánchez quien mostraba un especial interés en el caso.

Es indiscutible, y no hay espacio para la duda, luego de leer la disposición Fiscal del 5 de abril del 2023, que el Fiscal Superior Andy Rodríguez ordenó efectivamente no solo realizar videovigilancias y seguimientos a periodistas, sino expresamente se ordenó también recabar información de búsqueda de publicaciones de Sudaca y La República para saber de ataques contra los fiscales del equipo especial que conocen o han conocido los procesos de la OC, “Los Cuellos Blancos del Puerto. La orden fiscal se dio formalmente y ha quedado registrada por escrito en una disposición fiscal que cualquier persona con dos dedos de frente y sin perjuicio ni miopía puede leer sin problemas.

También como prueba de ello es que los periodistas César Romero Calle y mí persona fuimos notificados de la resolución de archivo fiscal del 23 de noviembre del 2023 de la Carpeta Fiscal 87-2023. ¿Si no fuimos los objetivos de la disposición fiscal que ordenó videovigilancias por qué tendrían que habernos notificado formalmente con la disposición de archivo?.

La Fiscal Magaly Quiroz en su condición de Fiscal provincial tuvo en sus manos las Carpeta Fiscal secreta que ordenaba seguir a periodistas y pese a que dejó que venciera el plazo de la investigación y a que no emitió una resolución ampliatoria antes del 5 de agosto del 2023, el 28 de septiembre del 2023 ordenó acumular la investigación secreta a los periodistas con la investigación a los policías y cuyo objetivo final era Harvey Colchado, dicha investigación secreta se habría dispuesto por 8 meses.

El Comunicado del Ministerio Público no puede negar que dos fiscales del equipo especial ordenaron realizar las videovigilancias y los seguimientos a periodistas. Por favor, la próxima vez pedimos que antes de emitir un comunicado se revise la carpeta Fiscal o, por lo menos, pidan un Informe al respecto.

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Carpeta Fiscal, controversia, CuellosBlancos, Fiscalía, Periodismo, Video vigilancias

Las prioridades de la Municipalidad de San Isidro que perjudican la integridad de sus vecinos

Por: 8.01.2024

[INFORMES] Las afirmaciones del Gerente Municipal de San Isidro acerca del futuro exitoso del proyecto del Centro de Salud Municipal, a pesar de las deficiencias técnicas y los problemas de permisos y autorizaciones, suscitan interrogantes sobre la resolución de las irregularidades previamente señaladas en Sudaca. ¿Realmente han sido abordadas estas problemáticas?

Antes de hablar en concreto del caso, en este inicio del 2024, presentamos esta primera nota periodística, desentrañando los intrincados sucesos que rodean el «Proyecto de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Salud y Bienestar» en San Isidro. En este caso, descubrimos giros sorprendentes, decisiones cuestionables y el incansable esfuerzo de los vecinos por defender la integridad de su comunidad. Acompáñame en este viaje periodístico que promete arrojar luz sobre la verdad, desafiando las sombras de la opacidad y revelando las complejidades detrás de este proyecto que afecta a San Isidro. ¡Bienvenidos a un año lleno de historias que inspiran la búsqueda incansable de la verdad!

El caso de San Isidro

En respuesta a las inquietudes de los vecinos, Mario Altuna consultó al MINSA (DIRIS LIMA CENTRO) sobre la posibilidad de operar un centro de salud en el lugar, ya que la Norma Técnica N° 113 MINSA DGIEM V01 inicialmente lo prohibía debido a la proximidad del terreno a una estación de combustibles, un colegio, un templo y un centro de convenciones. La respuesta categórica de la entidad fue un rotundo «NO PROCEDÍA», arrojando dudas sobre la validez de la aprobación reciente del Gerente Municipal.

Respuesta de la DIRIS LIMA CENTRO a la consulta de Altuna con respecto a la ubicación del centro médico

 

La DIRIS LIMA CENTRO, en un comunicado enviado al Órgano de Control Institucional (OCI-MSI) en junio de 2021, declaró que la instalación del centro médico municipal en dicho lugar no era posible. Esta información, desafortunadamente, parece haber sido ignorada durante la gestión del exalcalde Cáceres, quien demolió una vivienda sin cumplir con los requisitos del MINSA, dando inicio a la construcción de un edificio inacabado que la administración actual no ha detenido.

El «Proyecto de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Salud y Bienestar de la Gerencia de Desarrollo Humano» revela una inversión inicial de S/. 21,491,037.27 Nuevos Soles, que se incrementa a S/. 23,331,937.20 Nuevos Soles bajo la gestión de Cáceres. Estos cambios financieros plantean cuestionamientos adicionales sobre la transparencia y la gestión económica del proyecto.

A pesar de las advertencias públicas en una edición del diario #AlDía, donde la alcaldesa expresó su compromiso en recomponer los detalles, la seguridad del Gerente Municipal respecto a la viabilidad del proyecto genera un dilema sobre la integridad del proceso. Mario Altuna destaca la gravedad del caso, sugiriendo que se abran procesos contra los responsables, ya que la edificación podría costar a los vecinos cerca de 35 millones y no ser utilizada como centro de salud, según sus afirmaciones.

La ubicación del terreno a menos de 100 metros del grifo REPSOL y del Colegio John Neper, junto con las disposiciones de la Norma Técnica Sanitaria Nº 113-MINSA-DGIME-V01, que prohíben la proximidad a estaciones de servicios y centros educativos, plantean inquietudes adicionales sobre la idoneidad del emplazamiento.

Respuesta de la DIRIS LIMA CENTRO a la consulta de Altuna con respecto a la ubicación del centro médico

El pasado de la clínica municipal

Manuel Velarde Dellepiane, quien ocupaba el cargo de burgomaestre en el distrito de San Isidro, presenció la declaración de viabilidad del «Proyecto de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Salud y Bienestar de la Gerencia de Desarrollo Humano de San Isidro«. Según la información obtenida por Sudaca, este proyecto, identificado con el Código Único Nº 2369797, tenía una inversión inicial, como comentamos anteriormente, de S/. 21,491,037.27 Nuevos Soles.

Este monto abarcaba diversas mejoras en las instalaciones de la infraestructura del local de la calle Paul Harris, así como la adquisición de un inmueble destinado al Centro Médico Municipal en la urbanización CORPAC. El presupuesto para la adquisición se estimaba en S/. 4,860,000.00 Nuevos Soles, mientras que el acondicionamiento estaba presupuestado en S/. 1,425,454.07 Nuevos Soles.

El entonces alcalde Velarde concluyó su gestión sin iniciar el proyecto. Al sucederlo, Augusto Cáceres, se modificó la inversión a un total de S/. 23,331,937.20 Nuevos Soles. Durante su gestión, se llevó a cabo la Contratación Directa Nº 6-2019-SL/MSI-1 para la «Adquisición de Inmueble-Mejoramiento de los Servicios de Salud y Bienestar de la Gerencia de Desarrollo Humano». La Municipalidad de San Isidro otorgó la buena pro a la empresa ARTE INVERSIONES S.A, por un inmueble en la avenida Guardia Civil N° 754-760, con un valor de S/ 6,595,842.24 Nuevos Soles.

Posteriormente, el 21 de diciembre de 2020, la Municipalidad de San Isidro emitió la Orden de Servicio N° 4064-2020 por S/ 9,800.00 para el expediente técnico de la demolición del inmueble. En medio de estas acciones, los vecinos, entre ellos Mario Altuna, realizaron una consulta al MINSA (DIRIS LIMA CENTRO) sobre la viabilidad del centro de salud en el lugar, considerando la Norma Técnica N° 113 MINSA DGIEM V01. La respuesta de la entidad fue un contundente «NO PROCEDÍA».

Anuncio de la Municipalidad de San Isidro sobre el proyecto

Esta información, transmitida por la DIRIS LIMA CENTRO al Órgano de Control Institucional (OCI-MSI) el 30 de junio de 2021, establece claramente que la instalación del centro médico municipal en dicho lugar no era posible. A pesar de estas advertencias, la gestión de Cáceres demolió la vivienda y continuó con la construcción de un edificio de cinco pisos que aún no está terminado.

Mario Altuna, uno de los denunciantes en este caso, señala que la obra podría costar a los vecinos cerca de 35 millones y no ser utilizada como centro de salud. A pesar de la gravedad del caso, la actual alcaldesa de San Isidro no ha detenido el avance de la obra, a pesar de su conocimiento sobre el tema durante su período como regidora en la gestión de Cáceres.

Ubicado a 81.97 metros del grifo REPSOL y a 70.80 metros del Colegio John Neper, el predio incumple las precauciones establecidas por la Norma Técnica Sanitaria Nº 113-MINSA-DGIME-V01, que prohíbe la proximidad a estaciones de servicios y centros educativos.

Ubicación del “Centro Médico Municipal de San Isidro”

La falta de cumplimiento de las precauciones establecidas podría perjudicar significativamente a los residentes de San Isidro. En medio de trámites cuestionados, el edificio y los sueños de varias gestiones permanecen en una situación de incertidumbre, exigiendo una revisión más profunda de la actuación de la Contraloría, la DIRIS y la actual alcaldesa.

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controversia, Problemas legales, Proyecto de Inversión, transparencia

Fiscales persecutores o aprendices de policías

Por: 6.01.2024

[INFORMES] Nueve meses atrás, el director de Sudaca publicó la historia breve de un “hecho grave, vergonzoso e intolerable”, tal como lo describió en su informe del 27 de marzo del año pasado. Sucede que los fiscales provinciales del Primer Despacho del Equipo Especial del Caso Cuellos Blancos, Andy Junior Rodríguez Domínguez y Max Alessandro Castro Huamán, cruzaron del lado iluminado de la ley al lugar más oscuro de esta. Como sabemos, desde que la prensa descubrió la crisis institucional, ética y de credibilidad del sistema de justicia, más de uno habló de la necesidad de refundarlo. Es así que, por el impulso del expresidente Martín Vizcarra se modificaron partes sustantivas del texto constitucional, se desapareció el Consejo Nacional de la Magistratura y se le sustituyó por la Junta Nacional de Justicia, una institución que ha mostrado gran severidad en la tarea de destituir jueces y fiscales supremos involucrados en los audios de la vergüenza, pero poca rapidez en sancionar a los magistrados que han falsificado certificados de estudios para ascender a cargos públicos de mayor nivel en el Ministerio Público.

Pese a todos esos cambios y controles, que pasan en gran medida por el posicionamiento de nuevos magistrados en la Fiscalía y en el Poder Judicial, parece que la crisis del sector judicial se ha agudizado debido a que algunos malos fiscales han convertido a la Justicia en un servicio delivery puesto a disposición de algunos empresarios y ex magistrados, que en su condición de supuestos colaboradores eficaces expanden su poder corruptor, convirtiendo a perseguidores del delito en defensores de oficio de los delincuentes a los que deberían perseguir.

¿Qué paso en la reunión virtual?

Al medio día del 16 de marzo del 2023 los fiscales Andy Junior Rodríguez Domínguez y Max Castro Huamán realizan coordinaciones administrativas con la finalidad de lograr una reunión virtual (vía Google Meet) con el encargado del despacho fiscal de la Tercera fiscalía corporativa de Santa Rosa, Abelardo Caycho Ramis, quien ha sido designado en el cargo el 10 de marzo del 2023 en reemplazo de la Fiscal Melissa Chinchayán Sato.

En dicha reunión virtual los fiscales del Equipo Especial del caso Cuellos Blancos muestran su interés particular y una injerencia indebida en la tramitación de la Carpeta Fiscal N° 60-2020 a cargo del Fiscal Abelardo Caycho, que es una investigación preparatoria (proceso penal) que tiene como imputado a Walter Ríos Montalvo a quien le atribuyen la comisión de los delitos de denuncia falsa y encubrimiento personal. La denuncia en su momento fue presentada por el abogado José Luis Castillo Alva contra Walter Ríos en la Primera Fiscalía Suprema Anticorrupción quien derivó la denuncia a la Presidencia de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima y esta a su vez lo deriva a la Fiscalía de Santa Rosa (Ancón) teniendo en cuenta el lugar de comisión del delito que es la Fiscalía más próxima al Penal de Piedras Gordas I lugar donde se encuentra recluido Walter Ríos Montalvo.

El Fiscal Junior Rodríguez y su adjunto Max Castro en la reunión virtual vía Google Meet que realizó abordó tres temas: 1) La necesidad de que el fiscal Abelardo Caycho, quien conduce la investigación contra Walter Ríos, le precisara una fecha tentativa de conclusión de la investigación y del pronunciamiento final, 2) La necesidad de que se emita una pronta decisión en la carpeta de Ríos Montalvo ya que con anterioridad hubo una reunión con la ex fiscal del caso Melissa Chinchayán Sato quien le habría señalado su posición (según Andy Junior Rodríguez) de ordenar el sobreseimiento del caso y 3) Que esta investigación habría sufrido dilaciones innecesarias, lo cual le causaría retrasos a la investigación a su cargo en la que se encuentra en calidad de investigado el ciudadano José Luis Castillo Alva.

Luego de esta reunión virtual vía Google Meet sorpresiva e irregular de los fiscales provinciales del caso Cuellos Blancos en la que se mostraba un interés directo y una interferencia indebida en una concreta carpeta fiscal (60-2020) por el archivo de la investigación en contra de Walter Ríos Montalvo, el fiscal Abelardo Caycho pasó a elaborar un acta fiscal de fecha 16 de marzo del 2023 teniendo como hora 12.30 pm, en donde relata los pormenores de su reunión con los fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro e informa mediante oficio a la secretaria General de la Fiscalía de la Nación.

EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y LOS ILÍCITOS DISCIPLINARIOS COMETIDOS POR LOS FISCALES

Según fuentes del Ministerio Público lo que han hecho los fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro es un claro ejemplo de la comisión del delito de tráfico de influencias, debido a que buscan intervenir de manera indebida e ilícita en el archivo a favor del procesado Walter Ríos Montalvo y para ello presionan a los fiscales encargados de la carpeta fiscal N° 60-2020 y, además, exigen que sea en el tiempo más breve posible.

En los diversos niveles e instancias del Caso Cuellos Blancos hay varios ejemplos de que a las personas se las investiga y procesa solo por haber hecho llamadas e interesarse en un determinado caso. Los fiscales provinciales del caso “Cuellos Blancos” abusando de su poder y lejos de respetar los límites de la competencia funcional, como es pedir información siguiendo los canales oficiales como los oficios, las providencias, los informes, etc., toman temerariamente atajos y hacen lo que mejor les parece, dado el poder que tienen, llaman a otros fiscales de otros distritos fiscales para presionar, interferir y dirigir hacia un determinado resultado las decisiones de casos que les interesa.

Esta situación tan grave lleva a que, además, ambos fiscales hayan violado el artículo 39.7 de la Ley de la Carrera Fiscal N° 30483 que sanciona al que busca: “Influir o interferir de manera directa o indirecta, en el resultado de las investigaciones fiscales que no estén a su cargo” y que constituye una falta muy grave del artículo 47.6 de la Ley de la Carrera Fiscal al castigar al que “Interfiere en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, sus agentes o representantes o permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona que atente contra el órgano fiscal o la función fiscal” y el artículo 47.13 de la misma Ley que establece como falta muy grave: “Incurrir en acto u omisión que, sin ser delito, comprometa gravemente los deberes del cargo”.

La interferencia funcional cometida por los fiscales provinciales del caso Cuellos Blancos es doble. Por un lado, está la interferencia con la fiscal anterior del caso, Melissa Chinchayán Sato, quien les habría señalado que su posición era el ordenar el sobreseimiento en beneficio del procesado Ríos Montalvo y, por otro lado, se encuentra la clara presión al fiscal Abelardo Caycho al pedirle expresamente que “emita una pronta decisión” en la carpeta fiscal N° 60-2020 que estaba a su cargo, sin ser parte en el proceso, y recordarle en un direccionamiento e interferencia manifiesta de su decisión que la anterior fiscal del caso (que ellos no investigan) les había indicado que se inclinaba por el sobreseimiento del caso. ¿Por qué los fiscales del caso Cuellos Blancos tendrían que violar la reserva de una conversación privada mantenida con la anterior fiscal, y que el nuevo fiscal no tenía por qué saber, si no es para orientar y dirigir la decisión final del caso en un determinado sentido?.

Lo grave es que previamente a la reunión a través del aplicativo Google Meet los Fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro habían enviado, a solicitud de Melissa Chinchayán Sato, un Informe acerca de la carpeta fiscal a su cargo en donde habrían reportado sobre las principales diligencias, señalando el estado de la investigación y, además, la información pertinente; asimismo, ellos habían recibido por conducto regular igual información de la carpeta fiscal 60-2020. Si toda la información de ambas carpetas había sido tramitada de manera fluida y oficial, ¿qué necesidad había de hacer una video llamada y presionar al nuevo fiscal que tenía a su cargo la carpeta fiscal para que dicte la resolución de archivo del caso favorable a Walter Ríos Montalvo?

Los fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro no pueden negar la reunión virtual debido a que fue su propio despacho fiscal la que creó la cuenta con la que luego se sostuvo la videollamada. Igualmente, juega en su contra el hecho de que nunca coordinaron previamente por un canal oficial (v. gr. la coordinación del Equipo Cuellos Blancos, la Fiscalía de la Nación o la Presidencia de la Junta de Fiscalía de Ventanilla) y nunca se citó formalmente a una mesa de trabajo conjunto y menos se mandó un oficio (o algún documento) que formalice la reunión. Algunos fiscales especialistas en casos de corrupción de funcionarios nos señalan que, si los fiscales Rodríguez y Castro hubieran actuado de modo transparente y de acuerdo a sus funciones, ellos tendrían que haber tomado la iniciativa y pedir –dada la unilateralidad de la solicitud de la reunión virtual vía Google Meet– que se realice y se suscriba un acta fiscal dejando constancia de dicha reunión y el no haberlo hecho es un elemento clave para demostrar la conducta manifiestamente irregular. Justamente, frente a la actuación clandestina de la llamada que no sigue ningún protocolo formal, el fiscal sorprendido y el receptor de tamaña comunicación es quién procedió a elaborar un acta fiscal.

Sin embargo, las cosas no quedaron allí. El Fiscal provincial Abelardo Caycho la semana pasada envío una comunicación a la máxima instancia del Ministerio Público en la que reporta los hechos contenidos en el acta fiscal de fecha 16 de marzo del 2023. En el Oficio N° 01-2023 -MAR-3°FPPC-2°D-ACR-CF-60-2020 ha señalado en el punto 2: “Conforme lo indicado por los señores fiscales Rodríguez Domínguez y Castro Huamán, la carpeta fiscal de la cual soy responsable (60-2020) guarda estrecha relación con la que se encuentra a su cargo. DEMOSTRANDO TENER UN INTERÉS DIRECTO EN CUANTO A LA TRAMITACIÓN Y EL RESULTADO DE DICHA INVESTIGACIÓN, CUYO PLAZO SE ENCUENTRA PRÓXIMO A VENCER. POR LO QUE CONSIDERO CORRECTO PONER ESTE HECHO A SU CONOCIMIENTO POR SER DE TRASCENDENCIA. Asimismo, para garantizar el derecho de defensa de las partes y la autonomía funcional de los fiscales en el ejercicio de sus funciones”.

Es increíble como, ciertos funcionarios del Ministerio Público han confundido su rol como miembros de una institución encargada de perseguir el delito en una suerte de policía política destinada a observar, vigilar y seguir (ovise, en términos policiales) a periodistas, políticos y empresarios que algún fiscal termo céfalo y de gran poder decidiera por sí y para sí que esos ciudadanos eran “altamente peligrosos” para el país.

Tras quedar al descubierto el reglaje a los periodistas César Romero y Juan Carlos Tafur, del diario La República y el portal Sudaca, el Ministerio Público decidió cambiar al fiscal Andy Rodríguez del Quinto Despacho Provincial de la Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, para luego ser designado por el propio Fiscal de la Nación Juan Carlos Villena como Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal (Corporativo) de Arequipa en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa. ¿Es que ahora se premia a los fiscales persecutores o estamos asistiendo al inicio de un escándalo de enormes proporciones?

“Sudaca no recibió una carta aclaratoria, no sufrió una querella por difamación ni ningún desmentido por parte de los imputados. ¿Qué hicieron? Violentando todo el orden legal vigente y abusando de su poder, incluyeron al suscrito, junto al periodista César Romero de La República, en una investigación reservada, bajo la hipótesis absurda de pertenencia a una presunta organización criminal, y en base a ello ordenaron el seguimiento, reglaje, chuponeo telefónico y videovigilancia de los mencionados desde el 5 de abril hasta fines de noviembre, cuando el caso es archivado por la inexistencia de indicio alguno que probara una imputación antojadiza, utilizada como excusa legal para espiar a periodistas y descubrir sus fuentes informativas”, señaló Juan Carlos Tafur.

Consultado por Sudaca, el periodista Ricardo Uceda, uno de los más caracterizados miembros del gremio, nos dijo que el objetivo está expresado en los hechos, es decir, en el reglaje mismo, el hecho es que constituye un abuso de poder intolerable, vale decir, inadmisible. Es más, el uso que hace el fiscal de medios legales para objetivos completamente ilegales es completamente ilegal e inconstitucional, y, desde luego, contrario a la libertad de expresión. Y requiere ser investigado en todos sus detalles.

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Andy Rodríguez, Cuellos Blancos, Juan Carlos Tafur, Reglaje, Walter Ríos

Otra asesoría bajo la lupa en La Molina

Por: 5.01.2024

[INFORMES]  OTRA ASESORÍA BAJO LA LUPA EN LA MOLINA

En octubre del 2022, Renovación Popular se convirtió en una de las grandes sorpresas de las elecciones municipales de dicho año. Además del triunfo de su líder, Rafael López Aliaga, en Lima Metropolitana, su agrupación política también se proclamó ganadora en doce distritos de la capital demostrando que, pese a los cuestionamientos que recibía el partido celeste por su labor en el Congreso, seguían recibiendo la confianza de la mayoría en distintos sectores de Lima.

Sin embargo, al cumplirse el primer año de la gestión de Renovación Popular en estos distritos, empiezan a exponerse las falencias y cuestionamientos a los alcaldes de este partido. Si bien el más criticado es el propio López Aliaga, quien lo sigue muy de cerca es Diego Uceda, el actual alcalde de La Molina.

En los últimos meses, Sudaca ha informado sobre una serie de cuestionamientos a su gestión a los que recientemente se han sumado las dudas con respecto a las costosas contrataciones que viene realizando su gestión en La Molina.  Uno de ellos fue el caso del constitucionalista Ángel Delgado Silva y los casi ochenta mil soles que recibió por parte de la Municipalidad de La Molina. No obstante, esta no es la única contratación cuestionada y, recientemente, se le ha sumado el caso de la exprocuradora Katherine Ampuero y un contrato de treinta mil soles.

FUNCIONES BAJO LA LUPA

“Nos llamó la atención que se contratara a una exprocuradora que no tenía experiencia en temas corporativos”, comentó a Sudaca una fuente dentro de la Municipalidad de La Molina con respecto a la contratación de Ampuero que se produjo en el mes de agosto del presente año.

Acorde a los documentos de la propia Municipalidad de La Molina, la función de Ampuero Meza consistía en una asesoría legal para proponer iniciativas con el objetivo de identificar y eliminar riesgos de corrupción en las actividades que realizan las unidades orgánicas dependientes de la Gerencia de desarrollo económico e inversión privada. Sin embargo, las actividades que desempeñaba Ampuero parecían enfocarse en otro aspecto.

OBJETO DEL SERVICIOSudaca pudo acceder a documentos que se manejaron dentro de la propia municipalidad en los cuales se evidencia que existían serios cuestionamientos al trabajo de Ampuero. Entre los motivos por los cuales se pone bajo la lupa la labor desempeñada por la exprocuradora se encontraba que, aparentemente, se enfocó exclusivamente en el recordado conflicto que tuvo la gestión de Uceda con Cencosud por la inexplicable y sospechosa oposición de la municipalidad a que un centro comercial abra sus puertas.

A estas críticas también se les sumaron los posibles incumplimientos a las obligaciones que tenía con la municipalidad. Según los documentos revisados por Sudaca, Ampuero Meza debía presentar tres informes sobre el trabajo que venía realizando y estos debían ser entregados a los 15, 45 y 75 días posteriores a la orden de servicio.

ENTREGABLESLa presentación de estos informes era necesaria dado que los pagos a Katherine Ampuero, que habían sido divididos en tres tramos, se debían realizar posteriormente a la presentación de los informes en cuestión. Pero únicamente se pudo encontrar uno de los tres entregables que debían ser presentados a la municipalidad con la información detallada del trabajo que venían realizando la exprocuradora.

Este caso generó más suspicacias debido al contenido de este único entregable disponible. “Lo único que hace es resumir los hechos de su visita. Es un informe de vergüenza. No hace ninguna conclusión profesional de sugerencia como corresponde a una asesora legal que es todo lo que enmarca una consultoría legal”, declaró a Sudaca una fuente confiable dentro de la Municipalidad de La Molina.

Sudaca revisó el contenido del único informe disponible entregado por la abogada el 17 de septiembre y en este se pude observar que el contenido se limita a realizar un breve resumen sobre el estado del caso que enfrentaba a la municipalidad con Cencosud sin las recomendaciones o precisiones legales que se podrían esperar como resultado del pago por una asesoría especializada.

CONCLUSIONES

Si hasta este punto se podían encontrar razones más que válidas para cuestionar la decisión de contratar a Ampuero, la información que sigue sólo genera más dudas sobre los criterios que tuvo la municipalidad para evaluar el trabajo encargado a la excandidata a teniente alcalde de Alianza Por el Progreso.

Tal como se puede observar en la siguiente imagen, la orden de servicio de treinta mil soles fue pagada el 27 de septiembre del 2023. Esto pese a que sólo habían pasado cincuenta y cuatro de los setenta y cinco días que inicialmente se mencionaban en el contrato y en los cuales se esperaba que presente tres informes de los cuales sólo presentó uno.

SI NO ME ACUERDO NO PASÓ

Pero la historia de esta nueva y costosa contratación dio un nuevo giro en el pasado mes de noviembre cuando una regidora de La Molina solicitó información sobre las asesorías contratadas por la gestión de Diego Uceda y la respuesta fue que no existía ninguna orden de servicio bajo esa denominación en el 2023.

Sin embargo, esta no es la única vez que Ampuero Meza fue contratada por la gestión de un alcalde de Renovación Popular. También agosto del 2023, cuatro días antes de empezar su orden de servicio con la Municipalidad de La Molina, Katherine Ampuero fue contratada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, la cual encabeza Rafael López Aliaga, para realizar una asesoría legal.

“Tengo 101 millones de soles de déficit. Tengo que hacer maravillas para mejorar mi distrito”, declaró el alcalde Diego Uceda en mayo de este año. Sin embargo, contrataciones como las de Katherine Ampuero, cuyo trabajo ha terminado bajo la lupa de los propios trabajadores de la Municipalidad de La Molina, no estarían reflejando un uso idóneo de los supuestamente escasos recursos del distrito. Sudaca intentó comunicarse con Ampuero Meza para conocer su descargo, pero no hubo respuesta hasta el cierre de este informe.

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Katherine Ampuero, La Molina, Lopez Aliaga, Uceda

¿Fraude navideño en la Municipalidad de Lima?

Por: 31.12.2023

[INFORMES] Unas inesperadas elecciones en la víspera de navidad han vuelto a generar un clima de tensión entre el alcalde Rafael López Aliaga y las representantes de las ollas comunes.

Mientras el 2023 llega a su final, la población empieza a evaluar el desempeño de las autoridades municipales tras su primer año de gestión y, entre los alcaldes más cuestionados, el que más resalta es el nombre de Rafael López Aliaga, quien ha alcanzado un 65% de desaprobación según la encuesta realizada por Datum semanas atrás.

Sin embargo, el descontento con el alcalde que en campaña prometió convertir a Lima en potencia mundial no sólo se debe a la decepción por el incumplimiento de los compromisos asumidos en su época de candidato sino por los extraños manejos que se han empezado a observar en el Palacio Municipal de Lima que, además, estarían perjudicando a uno de los sectores más vulnerables.

ELECCIONES POLÉMICAS

Si bien Renovación Popular es un partido que se ha hecho conocido por su espíritu de confrontación, pocos podrían haber imaginado que esta actitud también se aplicaría contra grupos que se encargan de proveer alimentos para las personas de menos recursos. Tal como lo reportó Sudaca en la entrevista realizada a Fortunata Palomino, titular de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, el diálogo entre las representantes de las ollas comunes y el alcalde de Lima fue, a lo largo de todo el año, un objetivo inalcanzable debido a la falta de interés por parte de López Aliaga.

Aunque, sin lugar a dudas, lo más grave fue cuando la ausencia de una comunicación directa y el desinterés por parte del burgomaestre derivó en la falta de insumos para las personas cuya alimentación depende de las ollas comunes que el programa Punto Final expuso en el mes de octubre.

Pero, a pocos días del terminar el año, las rispideces entre la Municipalidad de Lima y las ollas comunes continúan e incluso se han agravado a tal punto que la gestión del alcalde habría llevado a cabo una elección de representantes de las ollas comunes que ha despertado suspicacias tanto por el proceso como por el resultado.

Esta nueva polémica empezó durante estas últimas semanas de diciembre, más precisamente el lunes 18, cuando la Municipalidad de Lima, mediante el Decreto de Alcaldía N° 22, decretó la creación de la Comisión de Ollas Comunes de Lima Metropolitana bajo el argumento de favorecer a que se puedan realizar propuestas que sean del interés de los representados por dicha comisión.

Municipalidad de LimaEn este decreto también se dispuso que se realizarían elecciones para determinar quiénes integrarían esta comisión en representación de las ollas comunes. Si bien hasta ese punto no parece encontrarse nada extraño, lo que llamó la atención de las representantes de las ollas comunes fue el breve periodo en que se pretendía realizar todo el proceso. Esto debido a que el decreto recién se publicó el día martes 19 de diciembre y se pretendía que las candidaturas se inscriban hasta el día 25 de diciembre.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIASudaca pudo comunicarse con Fortunata Palomino, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, quien manifestó su disconformidad con este proceso debido a que, además de no haber recibido la difusión necesaria, se realizó en días que las ollas comunes estaban realizando eventos por navidad para los niños y, por lo tanto, no disponían del tiempo necesario para organizarse con las firmas requeridas y la elección de representantes de las diferentes zonas.

“Como todos saben, en estos días estamos realizando chocolatadas con motivo de las fiestas navideñas”, explica Fortunata y, al igual que lo detalla en una carta que le enviaron al alcalde de Lima, agrega que en esas fechas resultaba más difícil conseguir las firmas de las coordinadoras que exigían para la inscripción de la lista de candidatos.

inscripción de la lista de candidatos.UNA GANADORA CUESTIONADA

Como era de esperarse, el resultado de estas elecciones generó muchos cuestionamientos a la municipalidad. Especialmente porque una de las ganadoras de un proceso inesperadamente rápido fue Luz Solórzano Rivera, quien encabezó la única lista que se presentó para la zona sur y comprende los distritos de Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Pucusana, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

UNA GANADORA CUESTIONADALa polémica con respecto al triunfo de Solórzano Rivera comenzó el día 26 de diciembre, dos días antes de las elecciones, cuando en las redes sociales de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana se publicó un audio en el cual Luz Solórzano se jacta de su inminente triunfo. “Ni elecciones ya, porque solamente vamos a firmar para dar fe. Vamos a ir a sufragar dando fe. Las urnas dirán que aquí no hay otro candidato”, se escucha en el audio difundido.

Para Fortunata Palomino y las integrantes de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana resulta extraño que una de las ganadoras de estas elecciones sea Solórzano Rivera, quien se ha convertido en una fiel aliada del actual alcalde López Aliaga y hasta coordina manifestaciones para respaldarlo, aunque para convocar personas parece escudarse en mentiras.

Esto se pudo observar el pasado mes de noviembre, tras la emisión del programa de Latina en el cual se denunciaba la falta de alimentos para las ollas comunes, cuando una inesperada protesta se llevó a cabo en los exteriores de canal dos en respaldo a Rafael López Aliaga y en contra del medio de comunicación que publicó el informe.

En aquella oportunidad, las cámaras de dicho medio pudieron identificar a Luz Solórzano como la que lideraba dicha manifestación. No obstante, al entrevistar a los asistentes a este acto, supuestamente espontáneo, se supo que varias de las asistentes habían sido llevadas con engaños a lo que ellas creían era un reclamo al alcalde por más alimentos para las ollas comunes.

OLLAS COMUNESSin embargo, el triunfo de Solórzano no fue el único que se produjo en el contexto de lista única. Tanto en Lima Norte como Lima Este también se pudo observar que sólo existía una lista en competencia para representar a estas zonas en la comisión que la Municipalidad de Lima ha decidido crear.

CANDIDATOSTras las elecciones presidenciales de 2021, el partido político del alcalde de Lima, Renovación Popular, no tuvo reparos en denunciar un fraude electoral pese a la ausencia de pruebas contundentes. Tres años después, Rafael López Aliaga, esta vez como autoridad a cargo, vuelve a encontrarse con acusaciones de fraude, aunque esta vez son en su contra y con pruebas que generan dudas razonables.

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Lopez Aliaga, ollas comunes, Renovación popular

La Odisea de Innova Ambiental y la Municipalidad de Lima en el Torbellino Legal de 2023

Por: 29.12.2023

[INFORMES]  Sudaca, a inicios de año, presentó la denuncia por Innova Ambiental contra el reconocido periodista Nicolás Lúcar, acusándolo de un intento de «difamación». Lúcar, al abordar la situación en su programa radial y televisivo, expresó su sorpresa ante la posibilidad de enfrentar cuatro años de prisión por supuestas difamaciones. El periodista basó sus declaraciones en diversos testimonios que sugieren que el contrato de Innova culminó en el año 2015.

En un llamado a la reflexión, Nicolás Lúcar dirigió su mensaje a los candidatos a la alcaldía de Lima, encontrando eco en el candidato de Renovación Popular, ahora alcalde, Rafael López Aliaga. Este último, se comprometió a poner en práctica sus propuestas en relación con los residuos sólidos y la gestión de la basura en Lima.

En su campaña, López Aliaga anunció la convocatoria de un concurso público internacional para el procesamiento y tratamiento de los desechos, haciendo hincapié en la adopción de nuevas tecnologías. Además, planeó implementar un Sistema Integral para el Tratamiento de Residuos Sólidos.

La Odisea de Innova Ambiental y la Municipalidad de Lima
La promesa de campaña de RLA sobre Innova Ambiental

Aun así, el ahora alcalde López Aliaga enfrentó escándalos en las primeras semanas de su gestión, modificando su posición en diversas propuestas, como el tema de los peajes. Aunque inicialmente abogaba por su eliminación, ahora plantea la posibilidad de recuperarlos, convocando una sesión del Consejo Metropolitano. En este contexto, surgió la incógnita sobre su postura respecto a la permanencia de Innova Ambiental en el marco de sus propuestas ambientales. La expectativa, especialmente de los vecinos de Lomas de Carabayllo, era que López Aliaga honre sus compromisos.

Sobre el Relleno Sanitario “El Zapallal”

El Relleno Sanitario El Zapallal, operado por Innova Ambiental, ha enfrentado denuncias y controversias relacionadas con incumplimientos de protocolos ambientales. La empresa no ha cumplido con los estándares de calidad de aire y ruido establecidos por el MINAM y PCM, lo que está por debajo de las normas establecidas por las autoridades.

En octubre de 2020, el presidente Martin Vizcarra y la ministra de Ambiente, Kirla Echegaray, firmaron un decreto para corregir impactos ambientales negativos. Innova Ambiental presentó un Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA) en septiembre de 2021, pero fue declarado inadmisible por el Ministerio del Ambiente.

La empresa presentó un recurso de reconsideración, que fue aceptado en marzo de 2022, permitiendo el funcionamiento continuo del relleno. Sin embargo, ha habido tensiones entre la Municipalidad de Lima y el MINAM sobre la aprobación del PAMA.

Los tiempos grises de Innova

La Municipalidad de Lima escuchando las exigencias de Lomas de Carabayllo y después de tanta encrucijada con las irregularidades de la concesionaria terminó cerrando temporalmente “El Zapallal” debido a preocupaciones sobre contaminación, mal manejo de residuos y la duración cuestionable del contrato con Innova Ambiental. A pesar de la clausura, Sudaca denuncio que se registraron camiones ingresando al lugar, generando inquietudes sobre la eficacia de las medidas tomadas.

El Comité de Gestión de Alto Nivel respalda el cierre, pero hay divisiones entre la Municipalidad de Lima y el MINAM sobre la posible aprobación del PAMA. En ese entonces, los vecinos expresaron su apoyo al cierre temporal, mientras que exigían un cierre definitivo y acciones más contundentes por parte de las autoridades para salvaguardar la salud de la comunidad en Lomas de Carabayllo.

La incertidumbre por la falta de respuesta del MINAM

Desde Sudaca se ha documentado el proceso emprendido por los vecinos de Lomas de Carabayllo para lograr el cierre definitivo del relleno sanitario «El Zapallal». A pesar de la disposición de la Municipalidad de Lima que cambió la zonificación del área, el Ministerio de Ambiente (Minam) no ha respondido a las demandas y cartas de los dirigentes de Parlamento 10, representantes de la zona afectada, para rechazar de manera definitiva las certificaciones de Innova Ambiental.

Los vecinos han tomado conocimiento de los esfuerzos de la concesionaria para revertir los problemas mediante acciones legales y apelaciones. Los dirigentes continúan buscando respuestas y acciones con respecto a las certificaciones de Innova Ambiental, ya que su presencia en el lugar afecta la salud de la población.

A pesar de cartas notariales, reuniones, comunicados y manifestaciones realizadas por los vecinos, no ha habido respuesta a sus demandas. Innova Ambiental sigue en proceso de reconsideración del Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (P.A.M.A), cuya certificación ambiental fue rechazada por el Minam en enero de 2022, pero posteriormente fue admitido el recurso de reconsideración.

Los dirigentes han intentado obtener respuestas del Minam sobre este asunto, pero el ministerio ha solicitado documentación a la Municipalidad de Lima, postergando la resolución del problema. La demora del Minam en resolver el problema del PAMA de Innova Ambiental ha generado preocupación entre los dirigentes.

Ante la falta de respuesta, estos últimos se han comunicado con las principales autoridades del Minam mediante cartas notariales, buscando manifestarse en las afueras del Ministerio para expresar su descontento. Sin embargo, la movilización prevista para el 28 de abril del 2023 fue afectada por un feriado largo decretado por el Estado.

Innova Ambiental ha emitido un comunicado justificando su participación y permanencia en el lugar, alegando irregularidades en el cierre y bloqueos. Los vecinos, sin embargo, denuncian la acumulación de residuos tóxicos y han presentado evidencias de irregularidades en la gestión de la concesionaria.

  • Carta notarial a Patricia Talavera, Directora General de Residuos Sólidos:

Carta notarial a Patricia Talavera, Directora General de Residuos Sólidos

  • Carta a la Ministra de Ambiente, Albina Ruiz:

Carta a la Ministra de Ambiente, Albina Ruiz

El detrás de Innova Ambiental: UPACA S.A

Sudaca ha seguido de cerca el proceso de la concesionaria en la Municipalidad de Lima, que ha pasado por diversas denominaciones, desde Vega Upaca a Relima y, en la actualidad, Innova Ambiental. El proceso se remonta a 1996, cuando la Municipalidad de Lima terceriza el servicio de limpieza pública y otorgó la concesión a Vega Upaca S.A., que luego se denominó Relima.

En 1998, surgió un desacuerdo entre Relima y la Municipalidad de Lima sobre el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV). Posteriormente, en diciembre de 2005, Relima celebró un contrato de cesión de derechos a favor de Comunicaciones y Representaciones S.A. (Comunicore) por un monto menor a la deuda original de 14,635,000.00 nuevos soles.

A pesar de esta cesión, la deuda de la Municipalidad de Lima permaneció en S/. 35,941.93 nuevos soles. La Municipalidad inició un «convenio de deuda» con el presidente del directorio de Comunicore, Rafael Ruiz García, el 2 de enero de 2006, un día no laborable para la administración pública.

A pesar de tener 10 años para cancelar la deuda, la Municipalidad de Lima la saldó en aproximadamente cinco semanas, realizando pagos significativos en enero y febrero de 2006. Según la denuncia fiscal, los costos de esta operación financiera corresponden a Comunicore y no a la Municipalidad de Lima.

La respuesta de la Contraloría

La Contraloría ha señalado que han pasado más de 6 años desde la suscripción de la adenda n.º 9, que extendió la concesión de Innova Ambiental, sin que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) haya cumplido con el nuevo proceso de adjudicación que se comprometió a realizar. La Contraloría argumenta que esta situación no cumple con los principios de competencia y valor por dinero, afectando la eficiencia en los costos del servicio de limpieza.

En el informe, se destaca que la Gerencia de la Promoción de la Inversión Privada de la MML es responsable de llevar adelante los procesos de promoción privada, y se cuestiona su actuación en relación con la adenda que ha llevado Innova Ambiental.

La Contraloría también señala que no se han evidenciado acciones de supervisión por parte de la MML relacionadas con la obligación del concesionario de mantener cercados los rellenos sanitarios «El Zapallal» y «Portillo Grande», lo que ha generado vulnerabilidad en estas áreas, permitiendo la presencia de animales y depósitos de material peligroso para la salud y el medio ambiente.

En el contexto del caso Innova Ambiental, se menciona que la concesión, que debió concluir hace 6 años, sigue vigente debido a la adenda que en la práctica se convirtió en una prórroga indefinida. La Contraloría destaca que el nuevo proceso de adjudicación no se ha realizado a pesar de haber transcurrido más de 6 años desde la suscripción de la adenda, generando preocupación por el silencio de la Municipalidad de Lima al respecto.

Parte del laudo arbitral donde se menciona el cambio de decisión de la gestión de Muñoz

Se recuerda la situación en 2018 cuando la MML presentó un documento para dar fin a la concesión, pero la empresa continuó operando. El ex alcalde Jorge Muñoz fue señalado como uno de los responsables clave de la prolongación de la concesión de Innova Ambiental.

Se revela que Innova Ambiental ha recibido 481 millones de soles de la MML desde enero de 2016 hasta abril de 2022, a pesar de la suspensión de concursos y la falta de un nuevo proceso de adjudicación.

En el transcurso del año 2023, Sudaca.pe ha seguido con minucioso detalle el controvertido trayecto de Innova Ambiental y su gestión del Relleno Sanitario «El Zapallal». Este tema, más que una simple narrativa de hechos, ha sido para mí una experiencia de sentimientos encontrados, teñida por acontecimientos personales que marcaron la semana. Este cierre no solo representa el fin de un año informativo, sino también un momento de reflexión y conexión más allá de la superficie noticiosa.

Desde denuncias de incumplimientos ambientales hasta el cierre temporal del relleno y las luchas legales que siguieron, la trama se ha vuelto más compleja con cada giro. La Municipalidad de Lima ha tomado medidas para cambiar la zonificación y clausurar temporalmente el lugar, pero el Ministerio de Ambiente (Minam) ha mantenido una posición ambigua, generando frustración entre los vecinos de Lomas de Carabayllo.

Este año, nos sumergimos en un pasado que resuena en el presente: desde la creación del consorcio Vega Upaca, hoy convertido en Innova Ambiental, hasta las deudas, cambios de nombres y acuerdos cuestionables que han dejado una huella en la relación entre la concesionaria y la Municipalidad de Lima.

En el contexto de esta experiencia periodística, me veo impulsado a invitar a nuestros lectores a no perder de vista este caso en el próximo año. La historia de Innova Ambiental y el Relleno Sanitario «El Zapallal» no es solo una serie de eventos aislados, sino una trama que continúa, y que lleva consigo las voces y preocupaciones de los vecinos de Lomas de Carabayllo.

Al cerrar este capítulo del 2023, Sudaca.pe se compromete a seguir investigando, informando y dando voz a aquellos que se ven afectados por las decisiones de las autoridades y las empresas involucradas. La transparencia y la verdad son nuestras brújulas, y en el próximo año, esperamos contar con su apoyo mientras exploramos nuevos capítulos de esta historia.

Que el 2024 nos encuentre más unidos que nunca, compartiendo historias que despierten conciencia y promuevan el cambio. A todos nuestros lectores, gracias por ser parte de esta travesía informativa. ¡Nos vemos el próximo año!

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Innova ambiental, Lopez Aliaga, Medio ambiente, Municipalidad de Lima

Renovación Popular y el caviar de La Molina

Por: 19.12.2023

[INFORMES] LA GESTIÓN DE UCEDA HABRÍA PAGADO CASI 80 MIL SOLES A UN CONSTITUCIONALISTA POR UN TRABAJO QUE NUNCA REALIZÓ.

La gestión del alcalde Diego Uceda en La Molina está por cumplir su primer año al frente de este distrito. Sin embargo, en este corto periodo se ha visto involucrada en un sinnúmero de irregularidades. Tal como lo informó Sudaca en diversos informes, casos como el de Cencosud y la disputa contra un grupo de vecinos a los que se les negó la posibilidad de formalizar sus negocios han mellado la imagen del alcalde de Renovación Popular.

Pero estos extraños manejos por parte de quienes hoy se encuentran al mando de La Molina también se perciben dentro de las instalaciones de la propia municipalidad. Sudaca pudo conocer los casos de un personaje muy conocido en la política peruana que han recibido importantes sumas de dinero que salieron de las arcas de la Municipalidad de La Molina a cambio de un trabajo, aparentemente, inexistente.

NI PARA MARCAR TARJETA

Lamentablemente, en los últimos años, el término “trabajador fantasma” se ha hecho muy común en la política peruana para referirse a personas que, con complicidad de sus jefes,  cobran un salario por un trabajo que no realizan y, en algunos casos, ni hacen el esfuerzo de acercarse a sus centros de trabajo para, por lo menos, fingir que merecen cobrar el monto que se les asigna.

Este parece ser el caso del conocido constitucionalista Ángel Delgado Silva desde que el alcalde Uceda tomó el control de La Molina. Tal como se puede observar en la página web de proveedores del Estado, Delgado recibió una suma de casi cuarenta mil soles en febrero del presente año. Según la información registrada, quien supo ser jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Concejo de Ministros durante el gobierno de Ollanta Humala fue contratado como coordinador con el concejo municipal.

Algunos meses después, más precisamente en agosto, Delgado Silva volvió a ser contratado y nuevamente fue por la cifra de S/. 39,500.00 para que desempeñe el trabajo de coordinador con el concejo municipal y con ello acumular casi ochenta mil soles por su trabajo en la Municipalidad de La Molina.

No obstante, una costosa contratación podría estar justificada si los resultados son positivos para la municipalidad, aunque este no parece ser el caso. Sudaca pudo conversar con una regidora que ha preferido mantenerse en el anonimato por temor a represalias, pero aseguró que la persona contratada para ser coordinador es un desconocido para ella y sus colegas.

“La única vez que yo lo he visto al doctor ha sido para cambiarme mi voto con respecto de un regidor que quería sancionarlo”, explicó la regidora y agrega que, además, nunca lo ha visto siendo parte de las sesiones del Concejo Municipal durante el presente año pese al elevado monto que ha cobrado.

Mediante el portal Transparencia, Sudaca revisó el registro de visitas a la Municipalidad de La Molina y pudo constatar que, aunque en este sitio web no figuran los registros de un par de algunos días, Ángel Delgado Silva no visitó la municipalidad, por lo menos, durante el mes siguiente a la fecha que figura como inicio de su órdenes de servicio correspondientes a los meses de febrero y agosto.

Sudaca intentó comunicarse con Ángel Delgado para conocer su versión sobre el trabajo para el que fue contratado por la Municipalidad de La Molina. Sin embargo, hasta la fecha en que se publicó este informe, no hemos recibido ningún tipo de comunicación de su parte.

Aunque esta no es la primera vez que una contratación de Ángel Delgado es cuestionada. En febrero de este año, la periodista Anuska Buenaluque del medio Epicentro informó que, a pedido de la Comisión de Constitución, la Mesa Directiva del Congreso autorizó que se contrate a un experto en materia constitucional. Si bien Delgado Silva calificaba como especialista, resultó cuanto menos extraño que se realice este gasto cuando dicha comisión cuenta con un consejo consultivo ad honorem. En otras palabras, prefirieron pagarle a Delgado sabiendo que podían recibir la opinión de varios expertos sin invertir ni un sol.

UN VIEJO CONOCIDO

Pero la llegada de Delgado Silva a la Municipalidad de La Molina no parece ser precisamente una casualidad. Diego Uceda, el alcalde de este distrito, ha firmado, en más de una oportunidad, los pronunciamientos de la famosa Coordinadora Republicana que ha tenido a Ángel Delgado como presidente. En la siguiente imagen, se puede observar que tanto Uceda como Delgado firman una declaración en favor del exprimer ministro Ántero Flores Araoz en el contexto de la represión ocurrida en noviembre del 2020.

Los vínculos entre Delgado y Renovación Popular también se han visto en el Congreso. En el mes de febrero, el congresista Alejandro Muñante, aprovechando su cargo de tercer vicepresidente, le otorgó un reconocimiento a la Coordinadora Republicana de Ángel Delgado Silva.

Entre los cuestionables antecedentes de este constitucionalista también destaca su cercanía al grupo ultraderechista denominado La Resistencia, conocido por sus acciones violentas contra periodistas, funcionarios y políticos. Además, en sus redes sociales, Ángel Delgado se ha mostrado como un fiel seguidor de Rafael López Aliaga, el líder de Renovación Popular.

Caviar se ha convertido en un término muy usado por integrantes de Renovación Popular para descalificar y acusar a sus adversarios políticos vivir del dinero del Estado. Sin embargo, casos como el de Ángel Delgado en la Municipalidad de La Molina parecen demostrar que el partido de Uceda y López Aliaga tiene sus propios caviares que no le salen nada baratos a un distrito cuya municipalidad, además, estaría atravesando una grave crisis económica.

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Angel Delgado, La Molina, Lopez Aliaga, Uceda
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