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Uno de los efectos colaterales de la parcial reforma política que se desplegó durante la gestión de Vizcarra fue que, al restringir el financiamiento electoral de las empresas formales, no es que haya producido una sequía de liquidez en los candidatos, sino que los mismos se han terminado acercando a fuentes ilegales de financiamiento (mafias del transporte, narcotraficantes, contrabandistas, traficantes de madera y demás) que, luego, como suele ocurrir, piden su correspondiente contraprestación.
Lo acabamos de ver con la protección que el Congreso le ha brindado a la mafia del transporte, la que mueve millones de dólares informalmente y necesita protección política para sobrellevar su irregular y dañina actividad. Como se ha visto, sus financiados le han devuelto el favor, al sabotear la interpelación al ministro de Transportes, que les había prometido todas las gollerías habidas y por haber, incluyendo las cabezas de las principales autoridades que desarrollan la reforma del transporte.
Y el problema se da no cuando hablamos del poder expresado en el gobierno central o en el Parlamento, sino cuando descendemos en la escala del poder y llegamos a los candidatos a gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales. Todos, o casi todos, son financiados por fuentes ilegales provenientes de actividades delictivas, principalmente del narcotráfico, en las zonas donde esta actividad delictiva necesita alguna sombrilla protectora para la siembra, distribución o comercialización de la droga.
Luego, como consecuencia de ello, tenemos autoridades funcionales a los dineros ilícitos, corruptas de origen, prestas a cualquier presión o enjuague que se les solicite por parte de sus financistas.
Así, paulatinamente, el Perú se acerca a convertirse en un narco Estado o un Estado mafioso, sujeto a los intereses de actividades que mueven miles de millones de dólares delictivos, que destruyen la economía empresarial sana y generan un masivo proceso de lavado de activos que perturba hasta al propio sector financiero.
Es menester que las autoridades electorales pongan especial celo en supervisar las cuentas partidarias y las fuentes de financiamiento de los partidos que postulan. Y especial atención debe colocar la Unidad de Inteligencia Financiera ante las muestras evidentes de que acá se está lavando dinero con política sucia contaminando los poderes democráticos.
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Sobra desplegar argumentos que demuestren la evidente incapacidad gubernativa y la inimputabilidad política del presidente Castillo. Está avanzando solito, por sus propios errores, a que cuando se genere un “momento destituyente” (probablemente el próximo año), la oposición congresal lo saque del poder mediante su vacancia.
Pero de lo que se habla poco, y es menester hacerlo, es del Congreso, poder del Estado que también deja mucho que desear. Se ha ponderado su capacidad de coordinación para algunos temas y saludado su autonomía de criterio para decidir en asuntos estructurales, como los de la cuestión de confianza a los gabinetes Bellido y Vásquez (aunque, al primero nunca le debió otorgar dicha confianza). Pero en lo que muestra una falencia espantosa e insoslayable es en su labor de fiscalización del Ejecutivo.
Salen todos los días los de la oposición, o muchos de ellos, a declarar en medios, beligerantes, viriles, enhiestos, inmisericordes, pero a la hora de la hora no son capaces, en más de cien días, de haber censurado siquiera a uno de los tantos ministros impresentables que este gobierno alberga.
Ya Carlos Gallardo, el inefable ministro de Educación, no debería estar en el cargo hace tiempo. Lo mismo el de Transportes, al cual, para colmo, anoche el Congreso le salvó la vida, al no aprobar su interpelación. Luego Fuerza Popular ha rectificado y ha dicho que volverá a presentar una solicitud en ese sentido, pero el impasse nos deja la sensación maloliente de que estamos ante una devolución de favores por financiamiento ilegal de campañas electorales por parte de las mafias del transporte informal.
El ministro de Defensa ha sido pescado en flagrancia. No debería merecer ni siquiera la interpelación, si no ser censurado de inmediato. El de Energía y Minas es otro que está destruyendo la poca excelencia burocrática que había en su sector, y el Legislativo, bien gracias, mirando a otro lado.
Esta inacción ostentosa explica, además de las razones propias que atañen a todos los Congresos en el mundo, el creciente nivel de desaprobación del Parlamento. Según la última encuesta del IEP, entre setiembre y octubre la desaprobación de este poder del Estado ha pasado de 61 a 75% y su aprobación ha caído de 32 a 21%. Es consecuencia directa de la percepción ciudadana de que este Congreso no está cumpliendo su papel fiscalizador respecto de un gobierno nefasto como el que nos ha tocado en mala suerte tolerar.
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Hasta el momento de escribir esta columna los rumores respecto de la renuncia de la Premier, Mirtha Vásquez, circulaban con intensidad. Las razones serían la no aceptación de la renuncia del ministro de Defensa, Walter Ayala, por parte del presidente Castillo (quien, por el contrario, lo habría ratificado).
Sin duda, es un trago amargo que la Premier debe pasar, al aceptar ese despropósito mayúsculo, dada la inconducta evidente mostrada por Ayala respecto del tema de los ascensos y la injerencia política en ellos. Pero creemos que hay razones políticas de mayor envergadura que justifican que la Premier asuma el golpe y siga en la brega.
De mediocridades, dislates, torpezas del tamaño de una catedral e inconductas, va a estar plagado este gobierno. Y eso usted, Mirtha Vásquez, lo sabía antes de aceptar el encargo que el Primer Mandatario le brindó. Usted, señora Premier, aceptó formar parte de una mediocre coalición de izquierdas, con plena consciencia de que no ingresaba a un recinto de excelencia administrativa ni mucho menos.
Obviamente, entendemos que usted se ha propuesto enmendar en la medida de lo posible semejantes entuertos. Lo logró con el ministro del Interior, Luis Barranzuela y lamentablemente parece que no ha tenido el mismo éxito con el de Defensa, Walter Ayala. ¿Debe renunciar por ello?
Parece ser mucho más importante salvar siquiera el rumbo de moderación dialogante que usted le ha impreso a un gobierno que, con su antecesor en el Premierato, prometía necedad y confrontación radical.
Si usted renuncia no solo provocará una crisis política mayúscula sino que probablemente empuje nuevamente al Presidente a recurrir a sus viejos aliados cerronistas o a recomponer el gabinete con integrantes aún más impresentables de los que ya habitan allí (particularmente, los de Defensa, Transportes y Educación).
Usted ha merecido la confianza del Congreso. Ha tenido 68 votos, algunos de los cuales, no solo no eran de la coalición de izquierdas que integra el gobierno, sino del centro e, inclusive, parlamentarios de la derecha, como de Renovación Popular y Avanza País. Le corresponde responder a esa confianza y asegurarle al país, en la medida de sus posibilidades políticas, que se mantendrán las líneas maestras que le permitieron esa votación. Usted no se debe a un Presidente mediocre sino a la República, que atraviesa una severa crisis a la que usted no puede contribuir con una decisión atolondrada.
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Algunas de las virtudes que toda democracia debe exhibir son las de la tolerancia y la paciencia concomitante respecto de los decires y haceres del adversario. Pero Castillo juega al límite de los niveles propios de una democracia que se precie de tal.
La sumatoria de errores groseros, gazapos, declaraciones insensatas y procedimientos irregulares que este gobierno ha cometido en apenas cien días de gestión, rompen los récords históricos de gobiernos aún tan inexpertos como éste (Alejandro Toledo y Ollanta Humala no tenían ninguna experiencia de gobierno cuando llegaron al poder y no mostraron el rosario de barbaridades que esta administración derrocha).
Castillo juega aún con el viento a favor, con niveles de aprobación si bien decrecientes, todavía importantes (alrededor del 40% de la ciudadanía lo respalda), pero se avecina un año horroroso, donde se van a juntar todas las piezas del rompecabezas del descrédito: crisis sanitaria con la tercera ola, crisis económica con el bajonazo de las inversiones privadas, producto de las desastrosas declaraciones ideológicas del Presidente, crisis política con mayores fricciones entre el Ejecutivo y el Congreso, y crisis social, con conflictos desatados por su inercia natural, a los que se sumarán aquellos originados por las expectativas frustradas de un régimen que prometía un cambio que no se aprecia ni se va a apreciar.
Va a llegarse a un “momento destituyente”, donde la vacancia va a estar a flor de piel de la oposición congresal. Y si en esas circunstancias, por ejemplo, ocurriese algo semejante a lo que acaba de acontecer con los ascensos militares y la destitución irregular y caprichosa de los comandantes generales del Ejecito y de la Fuerza Aérea, lo más probable es que la ola vacadora sea indetenible (el caso se ha agravado con -hasta el momento de escribir esta columna- la permanencia insostenible de Walter Ayala, como titular de Defensa).
La vacancia no es una opción deseable. Lo correcto, en términos políticos y sociales, es que Castillo dure los cinco años. Va a ser, inevitablemente, un gobierno mediocre, sin mayores logros, y que llegará exhausto al final de su mandato, pero el pueblo lo eligió, se equivocó garrafalmente, y es bueno que el país aprenda democráticamente lo que implica votar por la izquierda. Sería una gran lección histórica que una vacancia descartaría y nos asomaría, más bien, al riesgo de que en el futuro vuelva a aparecer triunfal una opción de este perfil.
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