Luego de superar la pandemia, cuando se haya completado un mínimo plan de vacunación que la aminore, recién se podrá ver una luz al final del túnel de la recesión económica que las rígidas cuarentenas han producido (sigo pensando que han sido excesivas: no hay ningún vector que correlacione cuarentenas más estrictas con disminución de los contagios y muertes).

Cuando ese momento llegue, lo que el Perú va a necesitar no es de bonos, asistencia estatal o créditos subsidiados. Lo que se va a requerir a gritos es un shock de inversiones privadas, solo posible si desde el gobierno se destraban los nudos mercantilistas que afectan la libre competencia, se desregula el mercado laboral, se achica el Estado a lo mínimo indispensable y se sacan adelante megaproyectos diversos (entre ellos los mineros).

Un gobierno pichicatero de la inversión fue el de Alan García y a pesar de no ser uno promercado, disparó la inversión privada y eso generó la mayor reducción de pobreza de nuestra historia. Y si bien es cierto que contribuyó a ello el alto precio de los minerales, ese fenómeno está volviendo a ocurrir y debemos aprovecharlo.

Solo con un shock capitalista será posible construir un Estado capaz de brindar salud pública decente, educación pública competitiva, grados de seguridad ciudadana mínimos y un sistema de justicia confiable. Porque para ello se necesita recursos sinfín. Lo que el Perú necesita es un Estado chico con un presupuesto grande para poder incrementar las inversiones públicas donde es urgente y necesario.

La crisis pandémica no conduce al fin del “modelo neoliberal”, como gusta de llamarlo nuestra izquierda. Lo que hemos vivido estos últimos treinta años es un capitalismo mercantilista que aún a pesar de no haber sido liberal ha generado niveles de reducción de la pobreza y de la desigualdad inéditos en nuestra historia. Si hubiésemos tenido una economía liberal competitiva, ese crecimiento hubiera sido superlativamente mayor.

La única manera de que el Perú recupere su peso histórico en la región (como el que tuvo en la época prehispánica o en la colonia) es volviéndose una pequeña potencia capitalista, con altos grados de libertad económica y un Estado capaz de asegurar una mínima equidad social entre sus ciudadanos, haciendo a todos partícipes del desarrollo.

Si Hernando de Soto no se libera del empaquetado marketero que alguien le debe haber impuesto, va a quedar no solo congelado en la baja intención de voto que actualmente muestra sino que va a ser prontamente superado por alguien como Rafael López Aliaga, quien viene en alza, con un estilo desenfadado.

De Soto tiene los suficientes pergaminos académicos y políticos como para ser la estrella intelectual en el firmamento electoral que hoy nos toca en suerte. Es, además, y por ello se le reconoce mundialmente, una mente innovadora, capaz de ver una solución en medio de la oscuridad.

Cuando presentó a sus primeros colaboradores insinuaba una candidatura disruptiva de derecha, desde una perspectiva liberal y social potente. Pero algo ha pasado en el camino que su estrella se ha ido apagando.

Como comentábamos en nuestra columna de ayer, el asco ciudadano por el escándalo vacunagate va a tener secuelas electorales. La gente va a ir a votar de muy malhumor, por más que el gobierno acelere la llegada de las vacunas o el Congreso no siga cometiendo trastadas populistas o desastres políticos (como querer bajarse la Mesa Directiva).

En tales circunstancias, las posturas de centro o moderadas saldrán sobrando. La ciudadanía va a buscar posturas fuertes, claras, definidas, rupturistas, capaces de convocar la sensación de que se va a cambiar el statu quo.

Por ello, hace mal De Soto mediatizándose, tanto en su mensaje ideológico como en su estrategia de campaña. El autor de El misterio del capital y coautor de El otro sendero, es liberal, de derecha liberal. Se ve como una impostura que trate de morigerar sus planteamientos en el vano afán de conquistar un centro cada vez más diluido.

Estas elecciones se van a polarizar y se van a mover mucho respecto de la actual lista de intenciones electorales. Solo un 18% ha definido ya su voto, según Datum. Los indecisos, tan irritados como toda la ciudadanía por el espectáculo oprobioso que estamos viviendo con las vacunas VIP, buscará a quien mejor exprese su malestar. Y eso pasa por alguien que le prometa cambiar las cosas, no quien sea percibido como más de lo mismo. De Soto está a tiempo de despercudirse.

Si ya resultaban imprevisibles las elecciones de este año, dada la cercanía estadística que muestran muchos candidatos (la última encuesta de Datum corrobora las de CPI, Ipsos e IEP, respecto de la caída de Forsyth y la subida de Lescano, además del aproximamiento de Keiko Fujimori, Verónika Mendoza y Daniel Urresti), el escándalo moral y político provocado por el vacunagate seguramente va a modificar el tablero dispuesto hasta hoy.

El grado de asco ciudadano es de tal magnitud que puede trastocar el escenario, dando pie a la aparición de nuevos protagonistas electorales. De por sí, hay un inmenso bolsón ciudadano que no sabe aún por quién votar. Según la referida medición de Datum, solo un 18% ha decidido ya su voto. El margen para algún aluvión electoral de última hora es bastante alto y estamos aún a dos meses de la elección, lo que en el Perú es larguísimo plazo.

Lo terrible es que una circunstancia psicosocial de descalabro moral conduce casi por un tubo a fórmulas radicales, sea de izquierda o de derecha (López Aliaga sube de 1 a 3% en el último mes: ¡ojo!), lo que en términos políticos supondría para el Perú el peor de los escenarios en las circunstancias actuales. Se incendiaría un país ya de por sí convulsionado.

Gran responsabilidad en evitar que algo semejante ocurra la tiene el Ejecutivo, que deberá librar todas las batallas para que el escándalo de las vacunas derive en acciones punitivas rápidas y sanciones a todos los implicados. Deben activarse todos los resortes institucionales que permitan conocer, por ejemplo, la integridad de las listas del oprobio (en la que hay muy pocas excepciones que pueden salir bien librados) y diluir la sensación ciudadana de que se está protegiendo a poderosos.

Igual grado de responsabilidad tiene la clase política formal, por llamarla de alguna manera. Julio Guzmán no es ya rival electoral. Está de caída, al parecer de modo irreversible. Mal hace la claque congresal en atizar flamígeramente el verbo en contra del gobierno, creyendo cosechar indirectamente al afectar a un presunto competidor, cuando lo que está haciendo con ello es allanar el camino para que aparezcan radicales en la carrera electoral.

En principio, no se ven con optimismo los cinco años venideros. Nos asomamos a una crisis económica prolongada, de difícil y lenta recuperación, a lo que se suma una crisis política que generará un Congreso hiperfragmentado y casi ingobernable. Si a ello le agregamos opciones excéntricas y disruptivas, el panorama ya no solo sería sombrío sino que podría ser apocalíptico.

Respecto del escándalo de las vacunas vip, llama la atención la poca diligencia de la Fiscalía. En un comunicado firmado por Zoraida Ávalos, señala que ha solicitado a la universidad Cayetano Heredia y al Instituto Nacional de Salud que remitan informes sobre lo actuado. Dada la magnitud del oprobio, la Fiscalía de la Nación debió allanar e inmovilizar los documentos. Las diligencias iniciales son urgentes y deben asegurar los elementos probatorios, que pueden ser alterados.

A estas alturas del partido, es dable sospechar que pueden estar ocultándose pruebas y documentos comprometedores, que pondrían en mayor evidencia el desaguisado cometido. Y, por cierto, se espera que los 487 de la lista del oprobio sean todos citados con urgencia a declarar para entender el trasiego que explica su privilegio.

Las respuestas del doctor Germán Málaga, director de ensayos clínicos de la universidad Cayetano Heredia, ante el Congreso no han sido satisfactorias. Por lo pronto, si la universidad mencionada quiere dejar incólume su bien ganado prestigio debería proceder a despedirlo en el acto (ojo que también están a su cargo las pruebas de la vacuna alemana Curevac que ya se están testeando en el país) y las autoridades vacunadas renunciar. Las faltas deontológicas son terribles y habrá que determinar si no comportan también ilícitos penales, ya que, de alguna manera, se trata de uso de recursos públicos (la investigación está avalada por el Estado peruano).

Queda mucho por investigar. Por ejemplo, sobre las 600 dosis completas que fueron a parar a la embajada china, que haría bien en revelar sus destinatarios, y las cerca de 500 también completas que aún obran en poder de la Cayetano, sobre las que resulta difícil pensar que están guardadas en algún depósito, a las que se suman las de la universidad San Marcos, por más que ésta haya declarado que se utilizaron exclusivamente para personal investigatorio (sería bueno que también haga pública su lista).

El escándalo moral es terrible y horada la credibilidad ciudadana frente a instituciones y personas. El daño que se le ha hecho a la lucha contra la pandemia es terrible y los responsables de ello deben pagar por sus inconductas.

Es una mezcla de indignación y de vergüenza lo que produce saber que ha habido ciudadanos peruanos que aprovecharon su posición de poder para beneficiarse de un bien escaso y preciado como la vacuna contra el covid 19, entre ellos el expresidente Vizcarra.

Indignación porque naturalmente subleva que en medio de circunstancias en las que miles de peruanos están expuestos al virus por su trabajo (médicos, policías, etc.) o por condiciones socioeconómicas (los más pobres del país), haya habido quienes, en culposo secreto, decidieron ponerse a salvo sin que les importe si su función social era primordial: simplemente los amparó tener el nexo con el poder o el contacto político para hacerlo.

Vergüenza porque una vez más en nuestra historia se demuestra que hay peruanos a los que el sentido de Patria les importa poco o nada. La lista del oprobio (de la que hay que descontar al personal médico partícipe de la investigación, por cierto) está conformada por la misma estirpe de quienes durante las luchas contra el dominio español se alineaban con la monarquía y combatían a los independentistas, o de quienes en plena guerra con Chile negaban desde el Congreso los impuestos que Grau y otros hombres de uniforme clamaban para enfrentar al enemigo en relativa igualdad de condiciones.

No sé si quepa alguna responsabilidad penal en estas personas. Ojalá que sí. Ojalá que sufran carcelería por la indignidad que han cometido. Pero si no cupiese alguna falta legal, pues que se activen todas las sanciones políticas y sociales posibles. Lo que han hecho bordea la traición a la patria.

El presidente Sagasti ha prometido una investigación sumaria. Lo primero es conocer la lista completa de estos vacunados vip. Lo segundo es hallar a los responsables de haber armado la lista. Lo tercero es apartar del Estado a todo aquél que fue partícipe directa o indirectamente. Finalmente, poner a disposición de las autoridades judiciales para que determinen si hay responsabilidad penal.

Si el Ejecutivo no actúa con prontitud, diligencia y plena transparencia, su propia estabilidad está en juego. No puede caber el menor ápice de consideración o cálculo respecto de las drásticas decisiones que corresponde tomar.

El crecimiento de Lescano no es sorpresivo. Probablemente va a seguir creciendo. Como buen candidato acciopopulista tiene múltiples rostros ideológicos y de todos cosecha.

Lescano no es de izquierda, pero claramente le disputa en el imaginario popular ese escenario a Verónika Mendoza, a quien le ha robado el sur y el centro del país, tradicionales bastiones de la izquierda. Lescano podría ser calificado del ala izquierdista de Acción Popular y eso lo ubica en una posición más bien centrista. En el recuerdo popular deben pesar sus batallas contra Telefónica y diversos grupos de poder.

Por el lado del centro, claramente es el gran beneficiario del desplome de los candidatos que lo veían expresando. Forsyth cae de 17 a 11% y va a seguir cayendo. Su ideología endeble y escaso bagaje programático le iban a terminar pasando factura más aún si ha decidido hacer una campaña fuera de los medios (que en estos tiempos de ausencia de mítines y dificultades logísticas para traslados, serán determinantes en la elección). Más bien, la inquietud es cómo así ha durado tanto arriba en las encuestas.

Y Guzmán también se viene abajo. Es un mal candidato y el único que parece no darse cuenta es él mismo. Su grave error de carácter en el incidente incendiario prácticamente bloquea cualquier aspiración política suya. Tenía 7% en intención de voto en la medición anterior y hoy tiene 4%, confirmando lo que ya la encuesta del IEP había mostrado.

Finalmente, Lescano cuenta con el activo de una marca partidaria conocida, que ha tenido resultados auspiciosos en los últimos procesos electorales (Barnechea el 2016, Muñóz en la alcaldía de Lima, los centenares de autoridades electas, las elecciones parlamentarias de enero del año pasado). Eso de hecho, va a pesar.

No veo a Lescano como una estrella fugaz que hoy crece, llega a un pico y empieza a descender. Lo más probable es que sea uno de los que tercie por pasar a la segunda vuelta. Hasta el momento, están en ese talante, además de Lescano, Keiko Fujimori y Verónika Mendoza. Como curiosidad fáctica, en la propia encuesta de Ipsos colocan probables escenarios de segunda vuelta, y confrontado con ambas lideresas, Lescano les gana.

Hay mucho tiempo aún por delante, pero algunas tendencias ya empiezan a consolidarse. Si no hay terremotos electorales, las tendencias señaladas apuntan a ir consolidándose.

 

Si, como todo hace esperar, la candidatura de Daniel Salaverry se ve duramente afectada por la inmoralidad cometida por Martín Vizcarra cuando fue presidente de la República, al asegurarse para él y su esposa una vacuna china, a despecho de la angustia de millones que esperan por lo mismo, y manteniendo en sospechoso secreto la operación, el tablero electoral puede tener un ligero, pero significativo movimiento.

Según la última encuesta del IEP, entre la segunda (Verónika Mendoza) y el octavo (Daniel Salaverry), no hay ni seis puntos de diferencia. Salaverry tiene 4% de intención de voto en Ipsos y 2.5% en IEP. Si se produce un trasvase de sus votos, los beneficiarios van a tener un envión que puede ser determinante.

¿A quiénes podrían ir los votos de la dupla Salaverry-Vizcarra? Forsyth -que venía cayendo- forma parte del probable pelotón de receptores. Verónika Mendoza o Keiko Fujimori difícilmente recibirán votos de quienes están en orillas divergentes o son archienemigos, respectivamente.

Lescano, con 7.1%, De Soto con 5.6%, Guzmán con 4.6 o hasta el propio Ollanta Humala, con 2.8% podrían recibir el endose de quienes puedan resultar decepcionados del affaire Vizcarra.

Mañana domingo sale la encuesta de Ipsos, pero no parece técnicamente probable que sus fechas de medición incluyan el “vacunagate”, así que el efecto migratorio recién se verá a mediano plazo.

Nada está dicho aún. En la izquierda la disputa es entre Verónika Mendoza y Yonhy Lescano, en el centro entre George Forsyth, Julio Guzmán. Ollanta Humala y Daniel Salaverry (centro para el imaginario popular, porque en verdad son candidatos de centroderecha o derecha) y en la derecha la cosa va entre Keiko Fujimori, Hernando de Soto y Rafael López Aliaga. En el ala populista light anda César Acuña y en el populismo duro Daniel Urresti.

En una campaña tan desabrida ideológicamente (lo que resulta increíble dada la magnitud de la crisis y el impulso que ello debiera dar a debates de fondo), va a depender de un gazapo (como el de Vizcarra), una frase feliz o desafortunada, un traspiés del propio candidato o de algún allegado relevante, de una denuncia periodística, de una buena o mala entrevista, de una afortunada campaña publicitaria. El tablero va a seguir moviéndose.

El Jurado Nacional de Elecciones, debería proceder de inmediato a aceptar las candidaturas completas de aquellas agrupaciones a las que los Jurados Electorales Especiales -de menor rango- han sacado de la contienda, y en el caso de las listas apristas (que ya han merecido respuesta del JNE), enmendar y permitirles la postulación integral.

Los jurados electorales no tienen ante sí un conjunto de normas ajustadas talmúdicamente sino que tienen margen para emplear su criterio de conciencia. Y en ese sentido, queda claro que el derecho a la participación electoral es un bien claramente superior al déficit de algunos trámites en falta que en el peor de los casos debieran merecer una sanción o amonestación, pero no el castigo máximo de la exclusión, como ha sucedido.

Debemos ser una de las pocas democracias en el mundo en la que se excluyen candidaturas por nimiedades burocráticas. Al hacerlo, los magistrados están afectando seriamente la gobernabilidad democrática de un país que ya de por sí no le brinda mucha legitimidad a sus representantes y que menos aún lo hará si ve que aquellos en los que deposita la poca confianza que mantiene respecto de la clase política, son sacados de la carrera.

Una de las causas de la enorme disfuncionalidad que ha afectado la democracia peruana en estos últimos cinco años (cuatro presidentes a cuestas) fue el retiro de Julio Guzmán y César Acuña, quienes el 2016 ocupaban el segundo y cuarto lugar cuando el JNE, por pequeñeces leguleyas, los retiró de la contienda. Como estaban ubicados, cualquiera de los dos estaba llamado a competir con Keiko Fujimori en la segunda vuelta y no Pedro Pablo Kuczynski.

El zafarrancho que hemos sufrido estos años tiene otras razones, obviamente, como la piconería absurda de Keiko Fujimori por la derrota, la frivolidad gubernativa exasperante de PPK, la mediocridad administrativa de Vizcarra o la estulticia política de Merino, pero de hecho, el vicio de origen del régimen que nos ha gobernado desde el 2016 proviene, en gran medida, de una funesta decisión de nuestras autoridades electorales.

En esa perspectiva, es preocupante y lamentable que no hayamos aprendido de los errores y los volvamos a cometer con un esmero digno de mejor causa.

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Elecciones 2021

No nos equivoquemos ni nos dejemos confundir. Detrás del intento de censurar a la ministra de Salud Pilar Mazzetti, hay un claro afán de desestabilizar al gobierno y eventualmente -si logran las fuerzas suficientes- de destituir al presidente Sagasti.

La actual ministra no tiene vela en el escándalo de la vacunación vergonzosa del expresidente Vizcarra, por más que lo haya sido durante ese momento. Ya lo aclaró (aunque sí haría bien en averiguar quiénes formaron parte de la voceada lista de privilegiados que lograron acceder fraudulentamente a la presunta “cortesía” del laboratorio chino), pero eso no parece importarle a quienes promueven su censura.

Algunos podrán pensar que resulta paranoico especular sobre algún propósito vacador. No lo es. Esta coalición necesita un par de semanas en el poder para lograr varios cometidos: tirarse abajo la ley universitaria y la Sunedu, permitiendo el regreso de las universidades truchas; desmontar los procesos anticorrupción en los que algunos de los titiriteros de estos partidos están comprometidos; controlar los organismos electorales y propiciar un resultado en las urnas fraudulento.

Recordemos cuáles fueron las primeras tres acciones del gobierno de Merino: citar de urgencia al jefe de la Sunedu, admitir a trámite un amparo de Telesup, intentar despedir a un procurador anticorrupción y ordenar a los periodistas del canal estatal que se alineen a los propósitos oficialistas. Clarísimo el talante antidemocrático e irregular.

Eso es lo que quieren y para ello necesitan tan solos unas semanas en el poder. Los avala una tradición de infiltración de todos los poderes del Estado a su alcance y suponen que con el Ejecutivo en sus manos podrán hacer lo que les venga en gana (inclusive, de considerarlo necesario, aplazar las elecciones hasta que llegue el momento que ellos consideren propicio para sus pretensiones).

No soy defensor de Mazzetti. La considero corresponsable del desmadre de su sector, de la falta de camas UCI, oxígeno y demora en la llegada de las vacunas. Sagasti nunca debió extenderle su mandato. Pero el intento de censura no obedece a ello sino a una falsa imputación a la que claramente se le ve el fustán desestabilizador.

Los sectores civiles y políticos democráticos deben estar vigilantes para impedir que la recompuesta coalición vacadora vuelva a hacer de las suyas.

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