Según la última encuesta de Datum, Rafael López Aliaga sube sus niveles de aprobación de 29 a 33% y su desaprobación cae de 67 a 62%. Le está rindiendo frutos el cumplimiento de algunas de sus promesas (como lo de las motos) y, sobre todo, el inicio de megaobras y noticias positivas como la del tren Lima-Chosica, vía una donación (no se le puede mezquinar el logro).

A ello se suma una constante aparición en los medios de parte del burgomaestre, tanto en conferencias de prensa como en entrevistas abiertas. De paso, le podría servir de ejemplo a la primera mandataria, que rehúye como la peste las relaciones con la prensa y mantiene bajísimos niveles de aprobación.

López Aliaga reúne varias condiciones para ser considerado ya un precandidato presidencial de peso: presencia mediática permanente, discurso derechista disruptivo, posición crítica frente al gobierno.

Como van las cosas, esta vez podría tentar mejor suerte que el 2021 y hasta disputarle el lugar a Keiko Fujimori quien no parece sopesar el lastre que significa su apoyo al régimen y cree que el piso de 10% que hoy exhibe le alcanza para pasar a la segunda vuelta.

Porky parte con ventaja respecto de otros candidatos que podrían disputarle ese lugar antiestablishment, como Carlos Álvarez o Phillip Butters, y no sería de extrañar ni debería sorprender a nadie que podamos verlo pasando a la jornada definitoria.

Superó una primera etapa de descrédito -llegó a tener 69% de desaprobación y apenas 25% de aprobación en su peor momento, según Datum- y hoy parece que más bien todo irá cuesta arriba, si mantiene el mismo perfil que hasta el momento exhibe y la suerte municipal le sigue sonriendo.

La del estribo: películas muy buenas a recomendar. Anora, de Sean Baker; Dahomey, de Mati Diop; No other Land, documental de Rachel Szor, Yuval Abraham y Basel Adra; Sustancia de Coralie Fargeat; Perfect Days, de Win Wenders. Algunas en plataformas de streaming, otras con su proveedor favorito.

El congresista Carlos Anderson se ha lanzado como precandidato presidencial del partido Perú Moderno -que en algún momento albergara a Carlos Añaños-. Es una buena noticia. Anderson es de lo mejor que ha tenido el Congreso actual -del cual se salvan muy pocos-, ha demostrado probidad y posee solvencia académica suficiente como para pasar una prueba de conocimientos mínimos para gobernar el país.

Su participación en el Parlamento atajando proyectos populistas ha sido, inclusive, más efectiva que la de un MEF alicaído, sin bríos, ni capacidad de contención de los desmanes fiscales que el Legislativo ha perpetrado ni de exabruptos irracionales como los de Petroperú, que el titular del MEF ha pasado por alto como si con él no fuera la cosa.

Anderson ha tenido, además, la perspicacia política de colocarse en un lugar frontalmente opositor al actual gobierno, tema en el que coincide con otros precandidatos, como Rafael Belaunde o Jorge Nieto, y que le servirá de mucho como credencial a la hora de enfrentar a los partidos cómplices del régimen, como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso o Podemos (partidos que merecen un castigo popular significativo en las urnas y ojalá, por lo menos algunos de ellos, ni siquiera pase la valla electoral).

El problema político que el tipo de candidatura que representa Anderson -de centroderecha- es que va a tener que lidiar no solo con los partidos del statu quo mediocre que nos gobierna, sino con los polarizantes disruptivos que por la izquierda (Antauro, Bellido, Torres) o por la derecha (López Aliaga, Butters, Álvarez) se encaramarán sobre la profunda ola de malestar ciudadano existente, y que sobrepasará las identidades ideológicas de los votantes.

Y es en ese talante que más inconvenientes va a encontrar la pléyade de candidatos centristas o moderados. No basta con ser radical opositor a Boluarte -condición necesaria, pero no suficiente-, se necesita de mensajes díscolos del establishment, capaces de recoger el sentimiento contestatario que la población alberga y que se expresará en las urnas en abril del 2026. Allí estriba, quizás, el mayor desafío de la centroderecha, ad portas del crucial proceso electoral venidero, que contiene el riesgo de lanzar al país al aventurerismo autoritario.

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Carlos Anderson

En la última encuesta de Datum, el 95% desaprueba la gestión de Dina Boluarte. Eso ya no es novedad. Todas las encuestadoras coinciden con porcentajes similares de rechazo al gobierno.

Lo interesante de la encuesta referida es que pregunta a ese 95% las razones por las cuales desaprueba la gestión y las respuestas son reveladoras del estado de ánimo de la población. Son todas respuestas emotivas.

Un 33% señala que la decepciona cómo está manejando el país; a un 20% le enfurece su indiferencia hacia los problemas reales de la gente; 18% siente que su presencia es una burla para el país; 17% considera que cada decisión suya empeora la situación; y 9% siente una rabia profunda cada vez que la ve o escucha.

No aparecen discrepancias ideológicas, razones programáticas, divergencia del modelo que aplica, no, es un sentimiento general que aflora de diversos ángulos respecto de una gobernante absolutamente impopular.

Por eso es que se equivocan profundamente los candidatos de centroderecha cuando se amparan en las encuestas que señalan que la mayoría de la población se autodefine ideológicamente como de centro o de derecha, siendo la gente de izquierda minoritaria.

La ciudadanía no va a acudir a votar en abril del 2026 apertrechada de su andamiaje de ideas y a votar por aquel candidato que más se acerque a su propio perfil ideológico. No, la gente va a ir a las urnas de muy mal humor, irritada, con furia, inclusive.

No solo buscarán a alguien que se distinga del gobierno vigente sino de quien represente mejor que otro un voto antiestablishment. Claramente las encuestas así lo revelan. Ese factor va a primar por encima de las identidades ideológicas o políticas de los votantes. Recordemos que ya el 2021, más del 20% de los votantes de López Aliaga en la primera vuelta votó por Pedro Castillo en la segunda. Esta vez, ese fenómeno se va a apreciar desde la primera vuelta, a la que la gente va a acudir con ánimo tumultuoso.

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Datum, Encuesta

Resulta encomiable la labor que viene realizando el PPC de cara a las elecciones del 2026. No solo ha logrado un tándem de precandidatos de lujo (Carlos Neuhaus, Fernando Cillóniz, Javier Gonzáles Olaechea y Óscar Valdéz) sino que, además, ha formado un comando técnico de primer orden.

Se han conformado comisiones especializadas por temas de gobierno que visitan regularmente provincias y se reúnen con los actores regionales para registrar la problemática local y poder armar así un plan de gobierno detallado y aplicado a la realidad.

Están haciendo la tarea que corresponde a un partido político. Tienen, además, un membrete partidario conocido, no achicharrado como el de Acción Popular o puesto en salmuera como el APRA, los otros dos partidos “tradicionales”.

El PPC siempre ha sido un partido que ha merecido mejor suerte. Adelantado a su tiempo con la prédica promercado, no cosechó electoralmente lo que correspondía (otro hubiera sido el Perú si en 1980 ganaba Bedoya y no Belaunde las elecciones), pero hoy hay mayor receptividad a ese tipo de mensaje.

No se cierra a alianzas, pero -hay que decirlo con pena- nadie en la centroderecha está dispuesto a sumar esfuerzos y malcreen que ir por separado será mejor para todos (cuando haya dos candidatos de izquierda disputando la segunda vuelta o uno de ellos contra Keiko Fujimori, allí los quiero ver).

Si la labor que vienen desplegando el PPC da frutos, hasta les convendría ir solos. Han empezado con antelación, como corresponde, y la campaña electoral lo agarrará preparados y no improvisados, como otros partidos. Ya con que tengan un plan de gobierno detallado y sustentado ya es bastante en un país donde nadie prepara nada para llegar a gobernar desde el primer día y no esperar a ver qué pasa el 28 de julio cuando tienen que asumir las riendas del poder.

El PPC merece que la suerte le sonría. Un trabajo serio merece cosechar buenos resultados. Ojalá el tiempo político le sea favorable, si no para ganar las elecciones por lo menos para colocar una potente bancada congresal, que sea un pivote de buen gobierno para quien salga electo.

Al ausentarse vergonzosamente de la votación para impedir que sentenciados por crímenes graves puedan postular, Fuerza Popular ha mostrado claramente cuál es su carta jugadora para el 2026: una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Antauro Humala.

La apuesta del fujimorismo es que en ese escenario sí le sería posible a Keiko Fujimori ganar las elecciones dado que el antifujimorismo sería menor que el terror que despierta en gruesos sectores de la población el líder etnocacerista.

Es de una supina irresponsabilidad el juego de Keiko. Primero, porque nadie asegura ese triunfo. Si a Castillo, acusado por sus vinculaciones con el Movadef, no le pudo ganar, mucho menos lo podrá hacer con alguien infinitamente más articulado como Antauro Humala. Segundo, porque al dejar libres las fuerzas radicales de izquierda, hace que Antauro arrastre consigo a otros de su perfil, y dado el profundo malestar antiestablishment que existe, probablemente pasen a la segunda vuelta dos radicales y no solo Antauro. Tercero, si la gente busca a alguien que salve al Perú de estos radicales, es más probable que piense en un López Aliaga o en un Butters que en una perdedora como Keiko Fujimori.

Keiko Fujimori confía en el 10% que más o menos le dan todas las encuestas como intención de voto. Lo que no estima es que ese también es su techo, Su complicidad abierta con el desprestigiado gobierno de Dina Boluarte le va pasar factura sí o sí en las elecciones del 2026. Cualquiera que sea socio del régimen va a sufrir las consecuencias electorales ineludiblemente.

Keiko Fujimori y sus asesores demuestran una vez más su profunda desconexión del Perú político, que ya la llevaron a tres derrotas electorales que debió haber ganado (quizás con la de Ollanta Humala sí tenía menos posibilidades, pero con PPK y Castillo perdió por su propia culpa estratégica). Si logra pasar a la segunda vuelta -cosa que se hace dudosa- lo más probable es que también vuelva a perder.

-La del estribo: muy recomendable la película María Callas, con la que quizás sea la mejor actuación de Angelina Jolie. Dirigida por Pablo Larraín. Cónclave, dirigida por Edward Berger con Ralph Fiennes. Firebrand, la última reina, dirigida por Karim Ainouz, sobre la vida de Catalina Parr, la sexta y última esposa de Enrique VIII. Todas con su proveedor favorito.

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2da. vuelta 2026

Contra la mayoría de analistas, considero que la compra de una flotilla de aviones de combate, es una buena decisión del gobierno. Ya estaba contemplado hace años en los pliegos analíticos del ministerio de Defensa y simplemente se ha activado para el año venidero.

No es verdad, para empezar que el continente sea una región liberada de potenciales conflictos militares, en los que el Perú pueda ser parte. Un golpe militar nacionalista en Ecuador que desconozca el acuerdo de Itamaraty, la contínua expansión del narcotráfico colombiano en las fronteras con el Perú (y, como se sabe, detrás del tráfico de drogas están siempre los militares), el nunca abandonado expansionismo brasileño, una resurrección del aymarismo boliviano, la decisión geopolítica chilena de apropiarse de recursos que conforme persista el cambio climático, serán estratégicos para ese país y que el Perú posee, pueden ser tranquilamente detonantes de conflictos militares indeseados.

Ya de por sí, la historia prueba con suficiente data fáctica que un desequilibrio geopolítico constituye per se una razón para la aparición de conflictos militares. Y el Perú hoy en día es un país rico y débil militarmente, extremadamente débil, incapaz de sostener un conflicto militar con alguna solvencia defensiva.

No hay mejor garantía para la paz, que estar militarmente apertrechados de manera suficientemente disuasiva. Y ya era hora de que el país se modernice militarmente (y debe hacerlo no solo en la Fuerza Aérea sino también en la Marina y en el Ejército).

Tenemos suficiente experiencia histórica de haber perdido todos los conflictos militares por estar mal equipados militarmente. ¿Que con esos dineros se podrían construir hospitales y colegios que tanto necesitamos? Sí, por supuesto, pero calcúlese los costos de una guerra perdida y se entenderá que el nivel de catástrofe seríainfinitamente mayor.

El Perú debe estar preparado para una guerra y para que, dado el caso, sea suficientemente disuasivo para que algún afiebrado vecino lo piense tres veces antes de siquiera declararnos hostilidades.

Cuando un gobierno se halla desfalleciente y su actuación pública es inocua es mejor adelantar su final. Claramente, el régimen de Boluarte está en esa situación. No hay un solo indicador que muestre mejoría bajo su gestión, la ciudadanía lorechaza rotundamente y la crisis política se ahonda por los múltiples desaguisados en los que el propio régimen se mete (los Rolex, la cirugía, el cofre, Qali Warma, las declaraciones de Quero, etc.).

Parece como si hubiera un guionista palaciego encargado de la misión de no permitir que pase más de una semana sin un nuevo escándalo que adorne las portadas de los diarios. Y si a ello le sumamos las que, por su propia obra y gracia, un Congreso calamitoso aporta, se entenderá que vivimos la coyuntura jaloneados por el escandalete y la desvergüenza política.

Si solo fuera cuestión de esperar pacientemente a que acabe el suplicio el 2026, santo y bueno, pero lo preocupante es que el estado de cosas descrito abona políticamente en favor de los actores polarizantes de la sociedad, tanto de la izquierda como de la derecha.

Con el actual estado de cosas ganan los Antauro, los Bellido, los Torres, los López Aliaga, los Butters (ojo con su candidatura que tiene potencial enorme de crecimiento). Pierden las opciones moderadas o centradas que son mayoría en el proscenio electoral.

El problema con los candidatos disruptivos es que pueden ser un salto al vacío. En una de esas sorprenden y terminan ejecutando un gobierno eficaz y sobresaliente, pero son un disparo al aire, sin certeza del resultado que vayan a generar.

El estado de ánimo favorable a su surgimiento y crecimiento lo brinda la mediocridad galopante de un gobierno como el de Boluarte, que no acierta una y sobrevive gracias a un pacto espúreo con las bancadas de Fuerza Popular y Alianza por el Progreso, básicamente, aunque se sumen otros eventualmente (Perú Libre, Avanza País, Renovación Popular, Podemos). Estamos advertidos.

El nivel de encanallamiento moral del régimen ha alcanzado su cima con las deplorables declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, respecto de los derechos humanos de las víctimas de la violencia represiva del 2022 y 2023, luego de las protestas por la caída del régimen de Castillo.

Lo peor -y que revela complicidad ética del gobierno- es la falta de reacción palaciega a semejante brutalidad. Cualquier gobierno normal, en cualquier país del mundo, ya le habría extendido ipso facto su carta de despido al ministro que se atreva a decir semejante pachotada. Acá no. No pasa nada.

En general, el gobierno ha mostrado una actitud indolente y hasta justificatoria de los desmanes represivos ocurridos entonces, sin admitir culpa, ni siquiera moral, respecto de lo sucedido, que claramente desbordó los límites de una represión justificada.

Pero al menos se conservaban las formas, medianamente, y se dejaba seguir el curso penal de las investigaciones que al respecto existen. Salvo algunas declaraciones altisonantes de la primera mandataria o de su expremier, Alberto Otárola, no había pronunciamiento oficial avalando el proceder de las fuerzas policiales y militares.

Lo que allí sucedió fue una matanza violatoria de los derechos humanos, en gran medida avalada por un gobierno que oía con placer los cantos de sirena de una derecha extrema que clamaba que hubiera tantos muertos como los que fueran necesarios para recuperar la paz (ya corresponderá a los fueros judiciales determinar si la cadena de mando llegó hasta las entrañas palaciegas para proceder a las sanciones penales correspondientes y no sean, como siempre, solo los hombres de uniforme los que carguen con todas las responsabilidades).

Quizás el ministro Quero no ha dicho otra cosa como no sea lo que se comenta en las sobremesas palaciegas, pero la responsabilidad política de haberlo expresado públicamente es ineludible y justifica sobradamente su retiro del gabinete ministerial.

Lo dicho solo alimenta la distancia sideral que existe en el sur andino respecto del gobierno y del statu quo. Aun visto desde una perspectiva política, lo declarado es una barbaridad que solo va a abonar en favor de la radicalización de una región del país que va a decidir el destino de las próximas elecciones. Mientras más tiempo dure Quero en el gabinete será tanto peor.

 

El 80% de la ciudadanía pide la salida de Juan José Santiváñez del ministerio del Interior y apenas el 4% aprueba su gestión. Claramente, es un lastre para el gobierno y no aporta nada para que la presidenta Boluarte empiece a mejorar en algo su también alicaída aprobación popular.

El propio ministro señaló que si los estados de emergencia decretados por su gestión no funcionaban, él daría un paso al costado. Claramente, dichas medidas no han dado ningún resultado y el ministro solo ha dado un paso más cerca de la presidenta que lo respalda con inexplicable entusiasmo.

No hay posibilidad de que una gestión al mando del ministerio del Interior funcione si no arremete directamente y sin tapujos contra la alta penetración de la corrupción en la policía nacional, la misma que se halla comprometida ya no solo con los famosos operativos de tránsito, sino que participa en extorsiones, hurtos, operativos bamba, complicidad con el narcotráfico o el delito organizado. Y ya no solo son elementos aislados sino que la corrupción es sistémica. Ya no es una manzana podrida sino esel barril el que hay que cambiar.

Mientras eso no ocurra, será imposible emprender una lucha cabal contra la inseguridad ciudadana, porque la policía es parte del problema, o porque es sobornada para hacerse de la vista gorda o porque ella misma forma parte del crimen organizado.

En Colombia se hizo una purga monumental de la policía, se reclutaron equipos especializados y se reemprendió la formación de los policías. Debemos seguir ese ejemplo.

Mientras la inseguridad ciudadana no se resuelva no habrá gobernabilidad democrática en el país. Toca la fibra esencial del contrato social que da origen a toda sociedad y en particular a una que se pretenda democrática. La permanencia de un ministro inefable como Santiváñez, solo contribuye a hacer más inviable este gobierno y le aporta una enorme cuota de ilegitimidad.

Hay que tener en cuenta que la inseguridad es la responsable de las marchas de protesta más importantes contra el régimen. De seguir como va, el tema va a seguir escalando y va a tener inclusive repercusiones electorales  

 

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