La libertad del exdictador también ha generado reacciones entre sus más íntimos partidarios y abre un debate sobre el dominio absoluto de Keiko Fujimori en Fuerza Popular. “La imagen del presidente Fujimori es algo que orienta al partido y al fujimorismo. Su libertad es una especie de fuerza nueva que pueda nutrir al fujimorismo”, dice a Sudaca Ricardo Rivera Romero, uno de los hombres de mayor confianza del exdictador y excandidato al Congreso por Fuerza Popular. Rivera colaboró con el libro de memorias de Fujimori “La palabra del Chino. El Intruso”.
Una fuente cercana al exmandatario, de los llamados “albertistas”, dice que la libertad de Fujimori debe suponer un debate sobre si es conveniente o no que siga Keiko Fujimori como lideresa de Fuerza Popular ante sus fracasos electorales. “Alberto Fujimori no se va a enfrentar a su hija y va a estar enfocado en cuidar su salud. Pero los seguidores del expresidente deben aprovechar la ocasión para exigir cambios, porque el fujimorismo muere con Alberto Fujimori”, dice la fuente.
Keiko Fujimori rompió políticamente con su padre en las elecciones del 2016 y no quiso reivindicarlo, borrando del partido a figuras identificadas con el patriarca. La apuesta no le resultó, pues perdió en segunda vuelta con Pedro Pablo Kuczynski. En los comicios del 2021, la lideresa de Fuerza Popular cambió de estrategia y se reconcilió con la vieja guardia fujimorista por mediación del expresidente, según pudo conocer Sudaca. La elección resultó otro fracaso.
Tras perder en el balotaje, el fujimorismo se rehusó a hacer una autocrítica sobre su desempeño electoral y encubrió el fracaso con falsas denuncias de fraude. “Keiko maneja a una cúpula cerrada. Ella no va a querer ceder espacios. Pero es hora de ver otras alternativas”, dice una fuente cercana al exgobernante, cuya liberación traerá cola, sin dudas.
Alejandro Cavero es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero nunca ejerció su carrera. Su curriculum se resume a tareas vinculadas a la comunicación social, un trabajo de asesoría a la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK) entre 2018 y 2019 y una consultoría en “asuntos públicos” para una empresa privada, de acuerdo a su hoja de vida. “Yo tengo asesores abogados y con experiencia en el Congreso”, apunta, ofuscado, cuando le hacemos notar los detalles de su CV.
Si bien la decisión del congresista de no admitir pruebas no es vinculante con las decisiones del Poder Judicial, sí inclina la balanza al momento de persuadir a sus colegas para admitir la denuncia. Y aunque el informe presentado por Cavero está amparado en el reglamento del Congreso, los especialistas opinan que este atribuye funciones que los parlamentarios no deberían tener. “La chamba de ellos es si los persuade o no [la denuncia fiscal], no son jueces. Ellos solo deben verificar si existen elementos que les permitan autorizar un proceso”, dice Luciano López.
“Se reconoce que el procedimiento del Congreso es un procedimiento político, pero eso no puede estar exento de un control constitucional. Y ahí sí resulta absolutamente arbitrario lo que está haciendo Cavero. Él no es juez ni fiscal, pero está tomando groseramente una actitud en favor de un investigado”, opina Carlos Rivera.
Ramiro González Rodríguez, jefe del área del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación. Está a cargo de la denuncia contra Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez (Foto: Ministerio Público de Argentina).
La denuncia constitucional fue presentada por el Ministerio Público en octubre pasado. El 8 de marzo, Ramiro González Rodríguez, jefe del área del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, sustentó la acusación en el Congreso. Alejandro Cavero calcula, sin embargo, que habrá tres sesiones más en la subcomisión para entrevistar testigos. Este grupo de trabajo deberá emitir un informe final en los próximos meses.
En el Ministerio Público, sin embargo, algo les huele mal. “Están preparando el camino para archivar, porque van a llamar a más de testigos. Ellos van a hacer un juicio ahí, cuando no es su competencia”, dice a Sudaca una fuente fiscal con conocimiento del caso.
Cavero ya ha mostrado su complacencia con el régimen de Merino cuando, en campaña electoral, le preguntaron si el gobierno del accionpopulista fue uno autoritario. “Mira, el gobierno de Manuel Merino fue nombrado por sucesión constitucional como lo fue el gobierno de Sagasti y como lo fue también el gobierno de Vizcarra. [Si fue autoritario o no], eso es algo que juzgará la historia. Yo creo que el gobierno de Merino fue constitucional”, respondió a El Comercio el entonces candidato congresal.
Por otro lado, Fortunato Ccama −supuesto autor de una de las dos denuncias idénticas− es un señor de 64 años que no consigna firma en el documento, a pesar de que su nombre figura como el que lo ingresó por Mesa de Partes Virtual el 22 de octubre. Sudacallamó al número de celular que el denunciante incluyó en el formulario, pero contestó una señora que asegura no conocerlo.
Desde el correo electrónico que consignó en mesa de partes tampoco respondieron nuestras comunicaciones. Esta dirección de Gmail (smendozaj10@gmail.com), además, incluye iniciales y un apellido que no coinciden con el nombre de Ccama. Intentamos buscar al sexagenario en su dirección legal, pero no lo encontramos. Sus vecinos aseguran que no reside ahí y que solo va de vez en cuando.
La segunda denuncia fue ingresada por la empresa Pacific Security International SAC tres días después, el 25 de octubre. Una de las pocas diferencias con el primer documento es que sí se incluyó una firma al final: la del supuesto gerente general de la firma, Fredy Vargas.
Sin embargo, el Comité de Selección realizó un contraste de esta rúbrica con la que figura en el Reniec y encontró considerables diferencias. Otra irregularidad es que la gerenta general de la empresa desde el 2020 es Carolina Vargas Enriquez, según la Sunat, no su hermano Fredy.
Nota de edición: Después de publicado este reportaje, Fredy Vargas, de Pacific Security, se comunicó con nosotros. Nos confirmó que su firma fue falsificada, pues ni él ni su hermana la estamparon en la denuncia, y que no fue su empresa la que presentó el documento.
Y aquí lo peor: al día siguiente de que la empresa ingresó su denuncia, la Unidad de Abastecimiento le respondió que ese recurso de apelación no era válido, porque la empresa pertenece al postor ganador. Y es que Pacific Security International fue una de las cinco empresas de SWAT Security que participaron en el concurso público. De ser veraz su autoría de la denuncia, estaría cuestionando su propia propuesta de obligaciones y la buena pro del consorcio al que pertenece. Insólito.
SWAT Security registra dos contratos más con entidades públicas, de acuerdo al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Ambos fueron firmados con Cofopri y se dieron en los años 2020 y 2022.
Intentamos comunicarnos con la empresa Pacific Security International por distintas vías, pero no respondieron. Por su lado, Indecopi dio una respuesta negativa a nuestro pedido de descargos, asegurando que la única vía posible para comunicarse era el portal de acceso a la información. La gestión Palacín no parece muy interesada en que este caso se ventile.
De aprobarse esta decisión, el documento pasaría al pleno del TC para el debate final y definitivo. “Calculamos que la vista de causa para ver el asunto de fondo [en el pleno del tribunal] se debe dar en un mes”, dice Marco Palomino Valencia, procurador del Poder Judicial, una de las partes en el proceso en el TC.
Actualmente, el tribunal tiene seis miembros, luego de la repentina muerte del magistrado Carlos Ramos. “Sardón, Ferrero y Ernesto Blume se pueden poner de acuerdo en darle libertad a Fujimori. Ellos forman un bloque sólido y, en caso de empate, dirime el voto del presidente Augusto Ferrero. La celeridad o no del tema depende del doctor Ferrero”, dice la fuente del TC.
El premier Aníbal Torres ha dicho que el gobierno evaluará el traslado de Fujimori a un penal común apenas se recupere. Ante ello, el reo aguarda con expectativa el desenlace en el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, permanece en una habitación del cuarto piso de la clínica Centenario, al cuidado de María Cordero y esperando que se dilucide la incertidumbre sobre su futuro.
Ante esta denuncia, Enel respondió a Sudaca que «cuenta con procedimientos rigurosos para el contrato y control de proveedores». «El sistema de scoring financiero, Sentinel, calificaba a Electrowerke como un proveedor de “riesgo mínimo” a la fecha de celebración del referido contrato», dijeron.
Enel sostiene que, si bien el contrato firmado con Electrowerke permitía subcontratar a terceros que apoyen la ejecución de la obra, «no establecía ninguna obligación por parte de Enel frente a estos u otros proveedores subcontratados». «Tal como se explicó, debemos aclarar que Enel no puede responsabilizarse de las deudas que mantiene Electrowerke con sus subcontratistas», precisan.
Carhuapoma, sin embargo, tampoco está libre de líos que lo pueden dejar en el banquillo de los acusados. Desde finales de octubre del año pasado, es investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de negociación incompatible. Se le acusa de haber realizado contrataciones irregulares en EsSalud junto a su asesor José Romero Oscco, luego de la difusión de un reportaje de Panorama. En este caso, la fiscalía consideró la carta de renuncia de Carolina Linares, exgerenta general de la entidad, que señaló presiones de Carhuapoma para hacer ascensos ilegales en el seguro social.
Carhuapoma es cuestionado por otros miembros del Consejo Directivo porque fue elegido vicepresidente en una reunión donde solo estuvieron Gino Dávila, presidente ejecutivo; Augusto Tarazona, el otro representante del Estado ante dicha instancia; y el mismo Carhuapoma. Esto, aunque es legal, ha generado molestias entre los consejeros que no respaldan su designación.
“Esto no es algo nuevo. El Ejecutivo designa al presidente y al vicepresidente de esta institución. Nosotros, como representantes de los aportantes y trabajadores, siempre hemos planteado que esta modalidad debe cambiarse. EsSalud no se debe dirigir con influencias políticas. El presidente y vicepresidente deberían ser elegidos por el Consejo Directivo en pleno”, asegura Luis Villanueva Carbajal, representante ante el Consejo de los asegurados que trabajan en el sector público.
“Persona cuestionada, investigada y con quejas de parte de los trabajadores no puede tener respaldo de los consejeros. Hay muchas observaciones [en contra de Carhuapoma]”, apunta Vicente Castro Yacila, representante de los trabajadores del sector privado.
Desde su nuevo cargo, además, Carhuapoma ha hecho visitas ‘institucionales’ al flamante mandamás del IPD, Julio ‘Coyote’ Rivera, a cuya institución se están moviendo funcionarios que trabajaron con él en su breve presidencia ejecutiva en EsSalud. Tampoco ha perdido el tiempo en hacer alarde de sus magros ‘logros’ en el seguro social: visitas a hospitales junto a Pedro Castillo o el balance de sus 100 días como presidente ejecutivo. Por supuesto, sus redes sociales no han mostrado un ápice de autocrítica.
Otros tres congresistas vinculados a ‘Los Niños’ −según el portal Epicentro− son Raúl Doroteo, Jorge Luis Flores Ancachi y Juan Carlos Mori Celis. El primero, al igual que Ilich López, es cercano a Julio Chávez Chiong. Por otro lado, Flores Ancachi y Mori Celis lo son a Yonhy Lescano, según las fuentes consultadas por este medio.
Darwin Espinoza, por último, también sería parte de la guardería. Según las fuentes, este personaje es cercano a Edmundo Del Águila Morote, autoproclamado secretario nacional de AP en las accidentadas internas de setiembre, y a su hijo, Edmundo Del Águila Herrera. Ambos lideran una de las facciones más poderosas dentro de la lampa. El congresista contrató a la hermana de este, Karim Del Águila Herrera, como técnica en su despacho congresal, con un sueldo de S/6.000 mensuales.
En el partido su presunta vinculación a ‘Los Niños’ revivió viejas rencillas y denuncias. “Dentro y fuera del partido, por donde camina, hace daño. Donde camina y toca, pudre a las personas y los sitios”, dice Yuliana Silva Roncal, exdelegada electoral de la provincia de Santa, Áncash, sobre el congresista.
Varios aseguran que Espinoza siempre ha tenido problemas dentro de Acción Popular. Según testimonios de militantes de Áncash, Espinoza y su hermano se habrían adueñado del local partidario en Chimbote desde el 2014 y lo habrían alquilado a terceros sin rendir cuentas. “El local ubicado frente a la Plaza de Armas de Chimbote se encuentra en posesión de él y su hermano. Ellos usufructúan el local y no permiten que nadie del partido tenga acceso”, asegura una militante de la lampa en Áncash.
“Espinoza no es una persona de fiar, él y su hermano han hecho plata gracias al local que tienen capturado en Chimbote”, agrega Milagros Rojas, secretaria nacional de disciplina.
Darwin Espinoza niega las acusaciones. “No soy ningún administrador ni tesorero”, afirma. Sin embargo, un acta policial de octubre de 2018 lo desmiente. Según el documento, uno de los comerciantes que arrendaba un espacio del local partidario denunció al ahora congresista por destrozar su negocio. La agresión comenzó porque Espinoza exigía que se le pague “el arriendo a su persona” o, de lo contrario, comenzaría a “destrozar su local y empezarlo a hostigar, diciéndole que iba a sacar sus cosas a la calle”.
Acta policial que narra las amenazas y violencia cometida por el ahora congresista Darwin Espinoza contra uno de los comerciantes que alquilaba el local partidario de Acción Popular en Áncash.
Como el comerciante se negó −pues él había firmado el contrato con el hermano del congresista−, Darwin Espinoza “se acercó a la puerta […] y sin mediar motivo alguno tiró una patada a la altura de la cerradura, así como una rajadura en la puerta de madera”, se lee en el documento de la PNP.
No es lo único que ha quedado en los registros policiales. En junio de 2019, Espinoza fue intervenido por agredir a otro correligionario dentro del local. “A consecuencia de la agresión, ambos presentan lesiones”, se puede leer en el parte.
Tras el último voto de confianza, los accionpopulistas ahora creen que hay más de cinco ‘Niños’ que obedecen las órdenes del presidente Pedro Castillo. “Por supuesto que es una traición si se comprueba que ellos realmente están involucrados. Esos 5 congresistas no nos representan […] A los congresistas les faltan pelotas. Hay demasiada corrupción”, dice Milagros Rojas.
El terremoto ha removido tanto, que algunos de los principales rostros de la lampa incluso plantean que AP no participe de las próximas elecciones. “Así como están las cosas, si le dijeran a la gente por qué partido votarían, no pensarían en AP”, sostiene el parlamentario José Arriola.
El 8 de marzo, el partido comunicó que citaría a los cinco congresistas señalados como parte de “Los Niños”. Hasta el momento, según informó El Comercio, dos de los citados son Mori y Doroteo, quienes fueron señalados directamente por Karelim López. Los otros tres, mencionados por la prensa, también darán sus descargos y luego se les abrirá una investigación.
En noviembre, los naranjas, incluida Jeny López, votaron por la abstención cuando se planteó interpelar a Silva. Un mes después, en diciembre, los fujimoristas no apoyaron una moción de censura contra el profesor chotano que impulsó la congresista del Partido Morado, Susel Paredes.
11 de noviembre. Al igual que sus colegas de bancada, congresista de Fuerza Popular, Jeny López Morales, votó en abstención cuando se planteó interpelar al entonces ministro de Transportes, Juan Silva.
López niega, sin embargo, que su actuación signifique un intercambio de favores. “No lo he visto por ese lado. Quien no la debe no la teme. Yo no trabajo de esa manera. Mi trabajo es transparente, limpio, honesto y lo que me llevó a ser congresista es la vocación de servicio”, dice.
La bancada fujimorista se tomó su tiempo para forzar la salida del ahora exministro. Recién decidió aplicarle la guillotina cuando arreciaron las críticas en su contra por instalar una “agencia de empleos” para personas allegadas a Perú Libre en el MTC. Fuerza Popular presentó una moción de censura recién el 23 de febrero, seis días después de la visita de Jeny López.
Tres días más tarde, el 26 de ese mes, se conoció la confesión de Karelim López que puso en jaque al gobierno, especialmente al imbatible Juan Silva. La lobbista dijo ante el Ministerio Público que hay una mafia de reparto de obras enquistada en el MTC.
Solo ante las revelaciones de Karelim López, el Congreso decidió acelerar la caída de Silva y debatir su salida en el Pleno del 28 de febrero. Con la soga al cuello, Silva renunció al cargo de ministro.
Al ser consultada sobre si apoyaba o no la censura a Juan Silva, la fujimorista Jeny López responde con evasivas: “Soy congresista de Fuerza Popular. Y, como se puede dar cuenta, nosotros como bancada votamos en bloque”.
A Silva lo reemplazó en el puesto otro chotano, un hombre de su máxima confianza: Nicolás Bustamante. Mientras tanto, el 2 de marzo, Jeny López, acompañó al ministro de Educación, Rosendo Serna, en su visita a Ucayali. Aquí parece que no pasó nada.
Héctor Lazo Cuba es contador y padre de dos niñas de seis y tres años. Busca que le otorguen la tenencia de ambas. La madre no deja que Lazo las visite, a pesar de contar con un régimen establecido. La historia también incluye acusaciones de violencia.
Una de las primeras agresiones físicas ocurrió, recuerda Lazo, cuando estaba bajando las escaleras con su hija mayor en brazos. Se dirigían al parque y de pronto “la señora salió corriendo y me rompió un muñeco de plástico en la espalda”, dice.
En el 2019, los ataques alcanzaron un nuevo nivel: Héctor Lazo denunció a su entonces esposa por apuñalarlo en la espalda con un lapicero. Un documento judicial que le otorgó medidas de protección confirma el daño: “Los resultados de la evaluación física y psicológica del denunciante concluyen que presenta signos de lesiones traumáticas corporales recientes y evidencia afectación emocional”.
Esta fue la gota que derramó el vaso y el motivo por el que el padre pidió el divorcio. Como en el caso de Jorge Romero, a pesar del antecedente de violencia, en la conciliación le dieron a la mamá la tenencia de las dos pequeñas y a él un régimen de visitas. En lo que duró este proceso, Lazo no pudo ver a sus hijas. “No pude ver a las niñas por ocho meses. Me enteré del nuevo domicilio de la madre cuando en los documentos del juzgado me llegó su dirección. Fue terrible porque en ese tiempo no sabía cómo estaban”, cuenta.
A pesar de que Héctor se divorció de su esposa porque esta lo apuñaló con un lapicero, le dieron la tenencia de las dos niñas a la mamá. Hector solo tiene un régimen de visitas y denuncia que su exesposa maltrata a su hija mayor.
Cuando él se fue de la casa, quien se llevó la peor parte fue su hija mayor -a quien llamaremos ‘Ariana’ para proteger su identidad-, de seis años. Según Lazo, ella le contaba que sufría agresiones físicas y psicológicas, pero en la comisaría no mostraron interés en ayudarlo. Uno de los policías le dijo que debía llamar al 105 para pedir ayuda. Cuando Lazo lo hizo, al otro lado de la línea le dijeron que vaya a la comisaría. Al final, debido a la insistencia, un efectivo lo acompañó a casa de su exesposa a buscar a Ariana.
“Llegamos a la comisaría e increíblemente hicieron que mi hija pase al médico legista con la mamá, con la agresora. Como no había lesiones graves, me dijeron que no podían hacer nada y todo quedó ahí. Yo me quedé como ‘¿Qué hago ahora?’”, cuenta el padre.
El problema se repitió, pero ahora con la niña llorando encerrada en el baño de la casa, mientras la mamá golpeaba la puerta y gritaba. Nuevamente, Lazo acudió a la comisaría para pedir ayuda. Esta vez, para que le hagan caso, llevó un video donde se veía a la mamá gritándole a la niña y jalándole el cabello. El archivo también fue revisado por Sudaca y confirma la versión del padre.
Captura de pantalla del video donde se ve a la madre de Ariana gritarle y jalonearla del cabello. La asustada niña permanece a un lado cubriéndose la cabeza.
Consultada por este medio, la madre denunciada acepta la veracidad del video. “El papá me ha acusado a mí por un video que ocurrió en agosto del año pasado. Él ha difundido que yo soy una madre violenta. Está vengándose porque yo lo boté de la casa”, dice en su intento por defenderse.
Aunque un policía lo acompañó a la casa de la mamá, al final no hicieron nada porque la señora se negó a salir. “No, señor. No puedo entrar porque no escucho gritos, no escucho nada», asegura Lazo que le dijo el efectivo cuando él le pidió que ingresara a la casa. Incluso, cuenta que deslizaron la idea de que estaba haciendo problemas “porque no quiere pasar pensión alimenticia”.
En enero de este año, Lazo volvió a denunciar a su exesposa por maltrato psicológico, también contra Ariana. El Juzgado de Familia resolvió otorgar medidas de protección a la menor y ordenó a la mamá a “no realizar cualquier acción que cause daño” a su hija. Además, se le ordenó tomar terapia psicológica. La lucha judicial continúa para ver quién se queda con la custodia de las dos menores.
Lazo dice que, para poder denunciar a la madre por violencia física, los policías le han dicho que su hija debe “tener el ojo morado, haber perdido un mechón de pelo o moretones”. “Pero como no tiene nada de eso, no puede pasar por el médico legista. Eso es precisamente lo que quiero evitar. La violencia es gradual. Conmigo empezó así”, apunta.
“TE QUIERO, PERO NO TE RECUERDO”
José -quien pidió mantener su nombre en reserva- se separó de su esposa en el 2011. Su hija tenía apenas un año. Desde entonces, verla o conversar con ella se convirtió en toda una batalla.
A pesar de tener un régimen de visitas, muchas veces la madre no permitía que José salga con la menor. Prueba de ello son las más de 50 constataciones policiales donde se deja evidencia que fue a la casa de su expareja y no le entregaron a su niña. “Mi hija tiene el derecho de crecer con sus dos padres”, sostiene él.
Las pocas veces que sí le dejaba salir con su hija, no podía demorarse ni un minuto en llevarla a casa de nuevo porque la mamá se enojaba y le reclamaba. “A veces íbamos al cine y teníamos que salir a la mitad de la película porque me empezaba a llamar para decirme que teníamos que regresar en ese momento”, continúa.
Incluso, cuenta José, la mamá de su hija llegó a tal punto que le negó cualquier contacto con el colegio de la niña. Según un documento de la institución, en el 2019 la mamá presentó una solicitud donde pedía ser la única apoderada que podía acercarse al colegio. Por ello, cuando José asistió a una reunión de padres, fue expulsado de la escuela.
En la pandemia, la poca comunicación se hizo aún más escasa. José explica que su hija no tiene celular, pues la mamá no se lo permite. Tampoco puede llamar al número de la madre o mandarle mensajes, porque ella no le responde. “Una vez tuve el atrevimiento de llamarla para preguntarle por mi hija porque por mensajes no me contestaba. Me dijo: ‘este es mi teléfono personal, no tienes por qué llamarme’”, cuenta. Su única manera de hablar con la menor es a través de correo electrónico.
Lo que más lamenta José es no haber disfrutado crecer junto a su hija. “Mi hija ya tiene 12 años y me dice: ‘Papá, yo te quiero mucho porque eres mi papá, pero no te recuerdo tanto’. A mí me duele. ¿Cómo le puedes explicar a tu hija que no estás con ella no porque no la quieres, sino porque su mamá no me lo permite?”, comenta.
Lo que anhela es recuperar el tiempo perdido. “Yo como padre no sé llevar a mi hija al colegio. Nunca estuve en sus primeras palabras, no supe cómo creció, no la vi en su primer día de colegio. Son cosas que me he perdido por culpa de la ‘justicia’”, reclama.
José sabe que, en su caso, es tarde para pedir una tenencia compartida porque su hija ya está grande. Pero le hubiese gustado tener esa opción. “Cuando me enteré del proyecto de ley de tenencia compartida, me agradó la idea. Si la primera opción del juez hubiese sido eso, creo que este maltrato no habría ocurrido”, apunta.
El proyecto de ley al que hace referencia tiene como objetivo que el niño pueda disfrutar de ambos padres. Actualmente es promovido por Fuerza Popular y se encuentra en las comisiones de Mujer y Familia, y de Justicia y Derechos Humanos, a la espera de ser debatido. La propuesta establece, además, sanciones a aquellos que obstruyan el régimen de visitas y busca que no se le hable mal a los hijos sobre los padres.
La abogada María Espinoza Muñoz explica que actualmente “hay un uso abusivo de la tenencia”. Lo que ocurre, según la especialista, es que, cuando uno de los progenitores tiene la tenencia exclusiva de los hijos, el otro padre -normalmente con un régimen de visitas- se encuentra en una situación de desventaja. Por lo general, como hemos señalado, es la madre a quien se le otorga este “privilegio”.
Lo que hace, entonces, la tenencia compartida, es reivindicar que “ambos progenitores tengan los mismos derechos y obligaciones con sus hijos”, asegura la abogada.
