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El Ministerio de Educación (Minedu) no se ha destacado precisamente por su eficacia para afrontar la pandemia. ‘Aprendo en Casa’, como ya ha reportado Sudaca, es un ejemplo de eso. Hace dos días, según tres fuentes, se despidió de sus subordinados en la institución una de las principales responsables del mal manejo, la viceministra de Gestión Pedagógica Killa Miranda. El regreso a clases, sin embargo, aparece ahora como un desafío mayor: se deben superar brechas básicas que la gestión anterior no solucionó.

 

El exministro Ricardo Cuenca terminó su mandato haciendo un balance positivo del retorno a las aulas en las zonas rurales del país. Las cifras, sin embargo, son incipientes. A fines de julio pasado, según información proporcionada por el Minedu a este medio, había poco más de 48.000 colegios públicos -más del 90% en zonas rurales- que se encontraban «habilitados» para recibir a los alumnos. Es decir, que están situados en provincias con bajas tasas de contagios por Covid-19.

Sin embargo, solo 5.119 instituciones aceptaron retornar a las clases, el 10,48% de ese universo. ¿Por qué? Principalmente por la negativa de algunos padres de familia, un grupo minoritario (según Datum, el 69,1% sí quiere retorno*) que no ve en las aulas un ambiente seguro para sus hijos, a los que se sumaron las voces de las autoridades regionales. Sus preocupaciones tienen asidero.

*Nota de edición: Este dato fue agregado y la precisión «algunos padres» fue hecha luego de publicado el informe. 

La Dirección Regional de Educación de San Martín, por ejemplo, emitió un comunicado en sus redes sociales el pasado 12 de agosto indicando que sus instituciones educativas no cuentan con las condiciones mínimas. Uno de los principales problemas es la falta de baños y servicios de agua y desagüe. De hecho, según información que el mismo Cuenca publicó en redes sociales en febrero de este año, 1 de cada 4 colegios públicos tienen silos en vez de baños y 3 de cada 10 tienen pozos con agua, pero que no es un servicio con tuberías.

Además, apenas el 58,5% de escuelas tiene acceso a servicio de agua a través de una red pública. Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Moquegua, Junín y Tacna, cuyas autoridades no definen una postura sobre el regreso a las aulas, según los coordinadores del Minedu en esos territorios, padecen este escenario.

La otra cara de la moneda es Loreto, la región que más ha avanzado en este retorno a las aulas, con un 75% de sus colegios que ya han empezado a recibir alumnos. Le siguen Ucayali (38%), Ayacucho (31%) y Amazonas (13%). Estos colegios vienen atendiendo a unos 210.000 estudiantes acompañados por 14.916 docentes, de acuerdo a la información proporcionada a Sudaca.

PRESIONES Y RECLAMOS

Uno de los principales obstáculos para el retorno, para el que se necesitan servicios básicos de higiene y ambientes ventilados, ha sido la incapacidad de las autoridades para llevar a cabo proyectos de infraestructura. “La brecha de infraestructura educativa, antes de la pandemia, ascendía a S/100.000 millones, que debía cerrarse en un plazo de 36 años. Hacia el 2018, un 84% de colegios [en cartera] no se construía por responsabilidad de municipalidades y gobiernos regionales. No construyen casi nada porque no tienen capacidad técnica para hacerlo”, explica una fuente de alto rango del Minedu. 

Según el portal de Transparencia Económica, la ejecución en infraestructura educativa de los gobiernos regionales deja bastante que desear, sobre todo en tres regiones. En el caso de Ica, de 21 proyectos de infraestructura vinculados a Educación, apenas se ha avanzado con el 54%; Amazonas está por el 38% de 13 proyectos; mientras que Cajamarca lleva un 18% de avance en 16 proyectos.

Desde los gobiernos regionales le tiran la pelota al Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) del Minedu, que tiene en cartera otras cientos de obras. “No es posible que a estas alturas el Pronied no haya podido ejecutar proyectos de infraestructura educativa en ningún nivel de educación básica”, dice Carlos Rúa, gobernador regional de Ayacucho y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).

Lo cierto es que tanto gobiernos regionales como locales, y el mismo Pronied, tienen varias deudas pendientes. Hace poco, Sudaca reveló que de las 1.527 instituciones afectadas por el Fenómeno del Niño del 2017, apenas se han terminado de reconstruir 354. La responsabilidad, como detalla el informe, es compartida.

A pesar de este desolador antecedente, Rúa le echa la culpa a la falta de una política eficiente de descentralización. “Todos los estudios se evalúan en la capital y se ha vuelto muy burocrático reacomodar el presupuesto. Creo que se deben hacer transferencias de funciones a las regiones, lo que tiene que ir acompañado de recursos. El gobierno central debe transferir y fortalecer capacidades”, apunta.

Los gobiernos regionales han tomado el primer paso y han visto una oportunidad en el nuevo gobierno. El pasado 14 de agosto, la asamblea que los reúne acordó plantearle a Castillo una «agenda mínima» que apunte a eliminar programas como Provias (de Transportes), Pronis (Programa Nacional de Inversiones en Salud), PNSR (Programa Nacional de Saneamiento Rural) y, justamente, Pronied, que reciben gran parte del dinero para la ejecución de obras.

Acuerdo de GOREs del 14 de agosto.
Acuerdo de GORE del 14 de agosto.

Las autoridades regionales apuntan a canalizar estos recursos para hacerse cargo de los proyectos, en particular de la infraestructura educativa. Además, apuestan por una estrategia para que los colegios logren cumplir con los requisitos de bioseguridad y la aceleración de la vacunación. Este último es un factor clave para que los maestros empujen el carro en la dirección del retorno a las aulas.

Al cierre de esta edición, apenas el 38% del personal de educación (unos 253.000 profesionales) se había inoculado con las dos dosis, mientras que el 21% (143.000) había recibido solo la primera, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud. La situación responde a factores como la dificultad de llegar a algunos lugares en el país y la falta de una estrategia más efectiva de parte de las autoridades sanitarias.

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ya se ha reunido por estos días con la PCM y tiene un nuevo encuentro agendado para la tercera semana de setiembre. El gobernador Carlos Rúa dice que el gobierno se ha mostrado dispuesto a admitir sus demandas.

Lo cierto es que no son los únicos que ejercen presión. La Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), el gremio magisterial afín a Pedro Castillo e inscrito velozmente como sindicato, viene reclamando por una reunión con el ministro Juan Cadillo, a pesar de que sus representantes sí se han reunido con el mismo presidente de la República.

De acuerdo a Segundo Vásquez, dirigente de este sindicato que cuenta con más de 50.000 afiliados, hasta ahora no han recibido ninguna pauta para el retorno a clases. “Pese a que lo hemos solicitado desde el 4 de agosto, el señor Cadillo no ha tenido tiempo y nos ha agendado recién para un diálogo virtual, a pesar de que creemos que debe ser presencial, para el 20 de agosto. Parece que al ministro no le interesa conversar con nosotros”, cuenta.

Los dirigentes también enviaron al Minedu un plan que busca que el sector Educación sea declarado en emergencia, tal como prometió Castillo en su discurso presidencial. El objetivo, dice Vásquez, es la reorganización del financiamiento pedagógico, entre otras cosas, para la infraestructura educativa. El mismo reclamo que tienen los gobiernos regionales.

“El Estado debe disponer un presupuesto extra para afrontar las dificultades más urgentes en las escuelas. Muchas instituciones no tienen baños ni agua, así como tampoco aulas adecuadas para el distanciamiento, ni tópicos, ni medicamentos. Otro tema es que no se están haciendo los gastos para acortar la brecha tecnológica, una de las razones por las que el padre de familia también quiere la presencialidad”, señala el sindicalista.

El gremio busca que se genere una partida de S/5.000 millones para estos fines. ¿De dónde saldría la plata? Según el docente, hay recursos que se pueden reorientar del mismo presupuesto. Apela a que el dinero que algunas empresas mineras están pagando por deudas a la Sunat pueda ser utilizado. La Fenatep también pedirá, a largo plazo, un bono a las familias de los estudiantes.

En el corto plazo, sin embargo, esperan todavía una propuesta concreta del gobierno. Al menos para que los 8 millones de estudiantes que hay en el país y los padres de familia no aguarden otro año más en la incertidumbre.

 

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El conflicto social en Chumbivilcas (Cusco) sigue siendo un dolor de cabeza para el gobierno. Hoy por la mañana las comunidades dieron marcha atrás en un nuevo bloqueo del Corredor Minero del Sur, el cual habían retomado el último lunes ante la desidia del Gabinete. Y es que, desde que el premier Bellido visitó el lugar -el pasado 2 de agosto- hasta el inicio de esta semana, los manifestantes no supieron absolutamente nada sobre la atención de sus reclamos.

 

El breve retorno de las protestas sirvió para que el gobierno ponga fecha a las mesas de diálogo. Precisamente las comunidades se quejaban de que Bellido había incumplido su promesa de convocar estos encuentros la semana pasada, como marcaba el cronograma. Los dirigentes incluso habían invitado por cuenta propia a la empresa que opera Las Bambas, MMG, pero sin la presión del gran mediador –el Ejecutivo–, era esperable que la minera china les hiciera poco caso.

Hoy el anuncio de los diálogos de parte de la PCM calma las aguas solo en apariencia. Si no se encuentran soluciones rápidas, las comunidades tienen planeado volver a tomar la carretera. 

 

Promesas incumplidas

El pasado 2 de agosto, según las fuentes con las que habló este medio, el premier se comprometió a instalar una mesa de trabajo durante la semana del 9 al 15. Dicha convocatoria serviría para conocer los primeros avances en la resolución del problema. Como constancia, ese mismo día se redactó un acta donde se señalaba que en una semana tendrían una reunión para iniciar el “proceso de solución del conflicto”. Pero esta no contó con la firma de ningún representante del Estado. Los dirigentes locales aseguran a Sudaca que Bellido se negó a estampar su rúbrica en el documento.

“El señor no firmó el acta con la que se comprometió el día que nos visitó. Eso es una tremenda irresponsabilidad sobre la que tendría que manifestarse. El que ha redactado el texto me dice que le ha insistido en varias ocasiones. Sin embargo, no lo hizo”, revela Wilber Fuentes, secretario general del Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas (FUDICH).

Sin la firma de Bellido en el documento, el plazo para instaurar la mesa de diálogo venció. Por eso volvieron a bloquear la carretera: se dieron cuenta que solo con presión social los ministros parecen reaccionar. En la provincia cusqueña, advierten, no tolerarán que un gobierno más los pasee.

“Pasaron casi 20 días y no hubo ninguna respuesta del ministro de Transportes y Comunicaciones y mucho menos de Guido Bellido. Esa ha sido la causa [para retomar la huelga]”, asegura Luis Huamaní, presidente del Comité de Lucha de la provincia de Chumbivilcas.

Los dirigentes locales no se habían quedado de brazos cruzados. De manera reiterada, aseguran haber llamado por teléfono a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Al no ser atendidos, presentaron una carta a mitad de la semana pasada.

En el documento, al que tuvo acceso Sudaca, se recuerdan los compromisos que asumió el premier durante su visita a Chumbivilcas y se exige al gobierno que cumpla su primera promesa básica: iniciar el diálogo con la minera.

Parte de la carta que enviaron los comuneros a la PCM el 11 de agosto. Pedían cumplir con la conformación de las mesas de diálogo en el plazo acordado.

“El 11 del presente mes se presentó la carta por mesa de partes virtual de la PCM y también de la Presidencia de la República. Ahí los exhortábamos a que emitan una resolución para conformar la mesa de diálogo. De no ser ese el caso, por lo menos un pronunciamiento sobre cuándo realmente empezarían nuestros procesos de acuerdo”, resume Wilber Fuentes, el dirigente que presentó el documento.

Durante varios días, la respuesta fue la misma que a sus llamadas: el silencio. Recién ayer, con la presión de los comuneros que habían vuelto a bloquear la vía, la PCM lanzó el solicitado pronunciamiento.

“Se está formando una comisión de diálogo en Ccapacmarca [para el 21 de agosto]. Luego una reunión más amplia para entrar al tema de fondo con autoridades y asesores [el 28 de agosto]. Esa es la última información que tenemos”, explica Luciano Ataucuri, exsecretario de la Federación Interprovincial de Defensa Territorial y Ambiental de la provincia de Chumbivilcas, Paruro, Espinar y Grau.

Lo cierto es que el silencio del gobierno reavivó la desconfianza de las comunidades de Chumbivilcas. “Nosotros ya tenemos muchas experiencias de mecidas de parte del Estado, desde el gobierno de PPK. A raíz de esa desconfianza nosotros tomamos la decisión de retomar el bloqueo de la carretera. Observamos que no se ha cumplido lo que Bellido prometió”, se queja el dirigente Luis Huamaní.

Las “mecidas” hoy duelen más en Chumbivilcas, porque vienen de alguien que ha nacido en el lugar. A comienzos de mes, el premier llegó triunfante, montado en un caballo, a su provincia natal. Su sola presencia apagó el conflicto ese 2 de agosto. Desde el 23 de julio, los comuneros mantenían bloqueado el Corredor Minero del Sur. 

Ellos se manifiestan en contra de una resolución ministerial que declaró una vía comunal de la zona como una de carácter nacional en el 2018, permitiendo que camiones de la minera china MMG Las Bambas levanten enormes cantidades de polvo al atravesar la pista rumbo a su zona de operaciones en Apurímac. Aunque el conflicto allá tenga más razones de fondo. 

En Chumbivilcas exigen una propuesta concreta, que esperan encontrar este fin de semana. “Mínimamente tendríamos que tener los cronogramas de cómo vamos a abordar este proceso. Hay varias agendas que involucran a varios sectores como el MTC, Ambiente, Energía y Minas. Todos ellos deben estar involucrados. Es una situación que se arrastra hace varios años y se está complicando más”, asegura Fuentes, del FUDICH.

 

Más leña al fuego

El 16 de agosto -día en que se retomaron las protestas- Guido Bellido estuvo en Cusco realizando otras actividades. Ante los medios locales, el premier no reconoció que se haya roto alguna promesa. Más bien, señaló que los manifestantes estaban siendo mal asesorados. “Tengo entendido que, lamentablemente, hay ciertos abogados que vienen azuzando a la población. Hay oscuros intereses tras ello y eso a mí no me parece la forma correcta”, dijo antes de viajar a la provincia de Acomayo, sin precisar quiénes serían estos personajes.

El argumento de Bellido no es nuevo. En el 2018, los hermanos Jorge Martín y Frank Aníbal Chávez Sotelo fueron detenidos por azuzar las protestas de la comunidad de Fuerabamba, otra localidad del corredor minero. Pero el conflicto no se detuvo con su captura. Se trataba, pues, del viejo discurso de atribuirle toda la responsabilidad de un conflicto social a un agente externo, un ‘perro del hortelano’. Un discurso ineficaz.

Por la noche, en su cuenta de Twitter, el premier se explayó aún más. “Hermanos del corredor minero, la mafia viene comprando y pagando dinero a supuestos asesores para hacer enfrentar al pueblo con el Pdt. [sic] Pedro Castillo, nuestros compromisos se cumplirán en el tiempo acordado, en este momento estamos emplazando a las empresas para su descargo”, escribió el funcionario.

Lo manifestado por el premier no ayudó a aplacar las molestias en Chumbivilcas. Todo lo contrario. “Lo ha dicho de manera irresponsable para evadir las responsabilidades que tenía que asumir estos días con nuestras comunidades. Lo repudiamos. Las comunidades son las que toman las decisiones”, manifiesta el dirigente Wilber Fuentes.

Luis Huamaní, del Comité de Lucha de Chumbivilcas, cree que las palabras de Bellido demuestran que no conoce realmente el problema y no descarta volver a tomar medidas de fuerza si vuelve a incumplir sus promesas. “Si el paro tiene que durar tres o cuatro meses, lo haremos. Las 17 comunidades campesinas van a salir a bloquear la carretera escalonadamente. Hay una agenda bien distribuida sobre a qué comunidad le toca en determinado día. Estamos bien organizados”, advierte.

A Bellido y al gobierno le quedan poco menos de 45 días para cumplir con las comunidades de Chumbivilcas, una provincia donde el 96.5% del electorado votó por Pedro Castillo en la segunda vuelta. De momento, la PCM anunció que instalarán mesas de diálogo durante los siguientes fines de semana. Mientras eso no suceda, para los manifestantes son palabras vacías, llamadas desatendidas y cartas ignoradas.

Sudaca intentó comunicarse con funcionarios de la PCM a través de su Oficina de Prensa e Imagen Institucional, pero hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta.

**Fotoportada por Leyla López (Fuente: Canal N, PCM).

 

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Mientras en el resto del Perú surgen voces que rehúsan vacunarse por no encontrar su marca preferida, Tacna ya casi agota su stock de Sinopharm y está inmunizando a jóvenes de 22 años desde la semana pasada. Hoy la ‘ciudad heroica’ lidera -después de las priorizadas Lima y Callao- la vacunación contra la Covid-19 a nivel nacional, con un 34,6% de su población totalmente protegida. Detrás de este rápido avance existen explicaciones más elaboradas que el simple y equivocado “Tacna es una región con poca gente”. Sudaca conversó con las autoridades responsables del proceso en la región para descubrirlas. 

 

 

Vencer a Willax

En junio, la Dirección Regional de Salud de Tacna notó un importante grado de ausentismo en las jornadas de vacunación. Tras indagar, lo atribuyó a los intentos de desprestigio contra la vacuna china, cuyo primer lote llegó ese mes al país. La Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional del Gobierno Regional respondió, entonces, con la campaña “#TusDosDosisSePremian” en alianza con empresas privadas. La iniciativa consiste en que toda persona que tenga su carnet de vacunación completo pueda acceder a descuentos de entre 10% y 50% en establecimientos comerciales afiliados. 

“La campaña se lanza al ver que crecía el ausentismo. El gobernador nos pidió que hagamos una campaña creativa y con los comerciantes nace esta idea de incentivar la vacunación de segundas dosis. Más que castigar a la gente prohibiendoles el ingreso a los establecimientos, se nos ocurrió premiarlos con descuentos. Esto va de la mano con la reactivación económica y ha sido bien aceptado”, explica Vanessa Mercado, comunicadora y directora de esta oficina.

A la estrategia la acompañan mensajes que refuerzan la seguridad de la vacuna china. “No hay mejor ejemplo que el mismo personal de salud que ha sido vacunado con Sinopharm en febrero y marzo. Somos los que más contacto tenemos con pacientes covid y, sin embargo, estamos bien. Eso se lo recalcamos a las personas y han venido a vacunarse”, afirma Óscar Galdós, jefe de la Dirección Regional de Salud (Diresa). 

La campaña de incentivos con descuentos comenzó a inicios de agosto.

Los tacneños reaccionaron a las campañas de comunicación casi agotando el stock de Sinopharm. Hasta el jueves 12 de agosto, según la base de datos del Cenares, Tacna había recibido 45,966 vacunas de esa marca. De ese total, ya han aplicado el 99,83%, lo que la convierte en la región del país con el porcentaje más alto de antídotos chinos utilizados. 

Otro factor importante para que Tacna no se coma el cuento político de Willax y el biólogo Ernesto Bustamante fue el propio peso de la realidad. Como consecuencia del rápido avance de la vacunación, los efectos positivos se hicieron evidentes. 

Nuestros indicadores sanitarios han bajado significativamente. Ahora me reportan 16 camas UCI ocupadas. Hemos llegado a habilitar 40 en la temporada más crítica que fue la quincena de febrero y principios de marzo. Ayer [último martes] tuvimos un fallecido. El fin de semana pasado tuvimos cero después de muchos meses. En los peores momentos teníamos 15 por día”, recuerda Galdós. La aparición en medios digitales y tradicionales de gran alcance en la región es constante para dar a conocer estos números.

Hoy, después de Lima y Callao -que fueron priorizadas respecto al resto del país-, Tacna lidera la lista de regiones con mayor porcentaje de población completamente vacunada, con un 34,6%, según OpenCovid. La semana pasada se empezó a vacunar a los mayores de 22 años. Las otras regiones que están por encima del 20% son Arequipa (25,45%), Moquegua (24,8%), Junín (24,1%), Lima Región (22,7%) y Ancash (22,1%).

El ánimo del sector empresarial también ha sido un importante motor. Buena parte del movimiento comercial de Tacna depende de su relación con Chile, la cual hoy está supeditada al descenso del virus. “Los mismos comerciantes están yendo a vacunarse porque quieren que se abra la frontera y así recibir a los hermanos chilenos. Por eso la población está trabajando unida, no solo el sector público, sino con el privado para potenciar la vacunación”, explica Vanessa Mercado.

De hecho existe un acuerdo con las autoridades chilenas para la reapertura de la frontera. “Tacna vive del comercio, por eso la población está motivada para vacunarse. Esto también se viene trabajando con Arica, Chile. Mientras no tengamos más del 70% de la ciudadanía inmunizada no se evaluará la posibilidad de abrir la frontera. Es uno de los requisitos planteados con ellos”, afirma el director de salud, Óscar Galdós.

 

«Descanso forzoso»

Tal como hemos visto, detrás de este rápido avance existen explicaciones más elaboradas que el simple “Tacna es una región con poca gente”. La región tiene poco más de 286.000 habitantes, pero no es eso lo que le brinda una ventaja frente a otras regiones. Madre de Dios, por ejemplo, cuenta con una población de 141.000 y apenas ha vacunado con dos dosis al 11%. Juan Carbajal, miembro de Open Covid Perú, agrupación de análisis de datos sobre la pandemia, apunta que otro factor que hace la diferencia es la distribución de su gente. 

“Lo que en realidad ha ayudado a su vacunación es que cerca del 90% de su población está dentro de la zona urbana y el resto en la zona rural. Esto facilita el despliegue y la cercanía de la población hacia los centros de vacunación. Algo muy distinto a otras regiones del país”, explica el ingeniero electrónico.

 

En Tacna vacunan a jóvenes de 22 años desde la semana pasada. Es la única región en el país que atiende a este grupo etario a la fecha.

En la región han decidido aprovechar esa característica. Según Óscar Galdós, jefe de la Diresa, su despacho ha instalado nueve puntos de vacunación en toda la región. “En cada locación hay cinco brigadas, dando un total de 45 en funcionamiento”, afirma el doctor.

Pero además hay cinco brigadas ‘volantes’ que acuden a ese 10% que vive en las provincias rurales de Tarata, Candarave y Jorge Basadre. “Para nosotros es bastante fácil cubrir la ciudad y salir para hacer jornadas en las capitales de provincia. Por eso es que hemos logrado avanzar”, destaca Galdós.

Según el jefe de la Diresa de Tacna, el progreso ha sido tal que ya se encuentran casi a la mitad de su meta de 256.000 habitantes mayores de 12 años vacunados. “Ya tenemos en la región más de 106.000 vacunados con dosis completas, totalmente protegidos«, recalca el director de salud. 

Todas las medidas se evalúan y se informan en el Comité Regional de Prevención contra el Coronavirus (Conaprev), implementado a inicios de año y que mantiene reuniones semanales. Este grupo de trabajo está conformado por el gobernador regional y el director de salud, pero además por la fiscalía, los alcaldes, el consejo regional, los directores regionales y los generales de la Policía y Ejército.

A pesar del éxito, la vacunación en Tacna tendrá que detenerse en los próximos días. El pasado 4 de agosto, el ministro de salud, Hernando Cevallos, anunció un retraso en la llegada de los lotes de Sinopharm. Atribuyó la causa al rebrote de la variante delta en China.

“Ahora lo que nos preocupa es que ya no tenemos vacunas. El sábado 7 se nos agotaron las primeras dosis de Sinopharm y Pfizer. Actualmente, el stock que tenemos nos sirve para cubrir solo segundas dosis de Pfizer. Nos faltan 300.000 de Sinopharm para la segunda dosis. Ayer [último martes] hemos tenido reunión con el ministro y viceministros. Hay un compromiso para que nos abastezcan inmediatamente apenas llegue un nuevo lote. Este fin de semana no vamos a tener con qué trabajar. Vamos a tener que replegar nuestras brigadas y darles un descanso forzoso”, reconoce Galdós. 

Para que Tacna siga siendo ‘la ciudad heroica’ de la vacunación, el flujo del antídoto no puede parar. En la región esperan que nada impida la llegada de un lote de un millón de vacunas de Sinopharm al Perú programada para el 15 de este mes.

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Un clima de tensión reina en el Ministerio del Interior. El futuro sobre el control de dos dependencias claves, la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), despierta temores entre los mandos policiales con los que Sudaca pudo conversar. Esto, mientras se realizan pesquisas contra varios militantes de Perú Libre, como el nuevo premier Guido Bellido.

 

En la Dircote están preocupados por la posibilidad de que ruede la cabeza del jefe de esta unidad, el general Óscar Arriola, quien la semana pasada, según pudo conocer este medio, decidió ampliar sus indagaciones contra el jefe del Gabinete.

A Bellido se le abrió, en abril, una investigación por declaraciones en las que calificaba a los integrantes de Sendero Luminoso como “un conjunto de peruanos que han tomado un camino equivocado”. Y también por escribir, en el 2017, en su cuenta de la red social Facebook “nuestro mejor homenaje a ti Edith Lagos”, en referencia a una senderista que murió en 1982 y que era conocida por emplear dinamita en los atentados en los que participaba.

El caso está en el despacho del fiscal provincial para casos de terrorismo Luis Valdivia Calderón. De acuerdo a fuentes que participan de la investigación, la semana pasada, Solansh Roca de la Torre, abogada del premier solicitó una copia del expediente de la Dircote. El jefe de esta unidad, el general Óscar Arriola, entregó el material a la joven abogada cusqueña, con conocimiento del Ministerio Público.

Solansh Roca de la Torre, abogada del primer ministro Guido Bellido,
en la investigación por apología al terrorismo. Foto: Facebook.

La Dircote ahora apunta a investigar el pasado en Cusco del primer ministro, quien se hace llamar “Puka” (rojo en quechua) en sus redes sociales. Edith Lagos perteneció al grupo radical de izquierda “Puka Llacta” en los setenta, de acuerdo a un recorte del diario “Última Hora” de 1982. Bellido también ha elogiado a otra senderista, Carlota Tello, al decir que “es una muestra ejemplar del rol de la mujer peruana en el proceso de la lucha armada”.

Arriola, además, ha investigado al congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, y al ministro de Trabajo, Iber Maraví. Al primero por una presunta pertenencia a los remanentes de Sendero Luminoso en el Vraem y al segundo por sus vínculos con el Conare-Sutep. De hecho, Maraví formó parte de la primera directiva de esa ala radical del magisterio, fundada en el 2003. El mandato de Arriola al frente de la Dircote vence a fin de año.

El clima de inestabilidad también se respira en la Diviac, la unidad policial encargada de investigar los casos más emblemáticos de corrupción, como los Dinámicos del Centro, que tiene en el punto de mira al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Fuentes de esta división aseguran que la unidad está siendo desarmada desde hace meses y que el debilitamiento puede acentuarse con la llegada de este gobierno. El desarme se traduce en menos personal, menores recursos y mayor carga de trabajo para los agentes que quedan. “Poco a poco nos quitan facultades”, dice un efectivo de la Diviac.

Esta división fue creada en el 2017, cuando Carlos Basombrío dirigía el Ministerio del Interior. La dependencia nació para enfrentar al crimen organizado y escudriñó varios casos, como Los Cuellos Blancos y Lava Jato. En marzo pasado, 96 de 161 agentes de la Diviac fueron reubicados a otras dependencias, según informó “IDL Reporteros”.

Hoy, en la práctica, la Diviac está subordinada a la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), una oficina más alineada con las directrices del ministro de turno, de acuerdo a las fuentes consultadas. En la emblemática división policial temen que este esquema se mantenga con el exfiscal Juan Carrasco Millones como cabeza del portafolio. 

Juan Carrasco Millones, ministro del Interior, en medio de pugnas
internas en el sector. Foto: Andina.

La Digimin empezó a politizarse en la gestión de Martín Vizcarra, dicen las fuentes. Un integrante de esa dirección, Manuel Arellanos, estuvo incluso presente en la reunión entre Vizcarra y las exfiscales del caso Cuellos Blancos, Rocío Sánchez y Sandra Castro, en el 2018.

En los últimos meses la Digimin ganó la pulseada a la Diviac en la pugna por el poder en la Policía. En abril de este año el coronel Harvey Colchado, fundador de la Diviac, fue reubicado como jefe de la región policial en Lambayeque, la región del actual ministro Carrasco. En su lugar entró el coronel Miguel Cayetano Cuadros, de un perfil más bajo que el de Colchado. 

Los casos de la Diviac no se manejan con tanto secretismo y autonomía desde que salió Colchado, según las fuentes. Las investigaciones son informadas con mayor anticipación y frecuencia a los altos mandos de la Policía, entre ellos el comandante general César Cervantes. “Hay un mayor riesgo de fuga de información”, dice una persona que conoce la situación de cerca. 

El comandante general de la Policía, César Cervantes, estuvo encargado de la División de Búsquedas de la Digimin entre el 2013 y el 2017. Es un oficial que, al estar identificado con esa dependencia, ha potenciado a la Digimin, en detrimento de la Diviac. Cervantes ha sido ratificado en el cargo por el ministro Carrasco. Según fuentes policiales altamente confiables, ambos se conocen porque han coordinado operativos por casos de crimen organizado investigados por el exfiscal de Chiclayo. 

Comandante general de la Policía, César Cervantes Cárdenas, en fuego cruzado con la Diviac. Foto: Ministerio del Interior.

La Diviac pinchó los teléfonos de los implicados en el  caso Los Dinámicos del Centro. La interceptación sirvió, en primer lugar, para desmantelar una red dedicada al tráfico de brevetes en el gobierno regional de Junín. Pero el trabajo ha servido, principalmente, para poner contra las cuerdas a los principales dirigentes de Perú Libre. La pista apunta a un ilegal financiamiento en la campaña del lápiz. 

“En el caso de la Diviac hay una presión por tratar de disolverla. Ahí van encontrar el apoyo de los sectores corruptos de la derecha extrema. La Diviac destapó Los Cuellos Blancos, los Dinámicos del Centro y muchas otras cosas más. Tengo el orgullo de haberlo creado durante mi gestión. Es el equivalente del GEIN, que capturó Abimael Guzmán. Esa importancia le daría yo a lo que está haciendo la Diviac”, dice el exministro Carlos Basombrío. 

El ministro del Interior, Juan Carrasco,  ha asegurado que no va a desactivar la Diviac. Pero el asunto está en si va a potenciar la unidad o va a continuar debilitándola. No lo ha precisado. En la Dirección Antidrogas, otra división policial clave,  también hay preocupación. Esta oficina maneja el programa Constelación, el sistema de escucha telefónica para todo tipo de investigaciones.

Las tensiones y el recelo policial están en su punto más álgido. Las pugnas en el Ministerio del Interior desataron una crisis en el sector con las renuncias de los viceministros Carlos León y Nicolás Zevallos por la posible inclusión de Grover Mamani, un dirigente radical del magisterio en Puno, como jefe de la Dirección General de Gobierno Interior. Ante el escándalo, Juan Carrasco abortó el nombramiento de Mamani. Pero el temporal está lejos de amainar. 

 

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Pedro Castillo lleva menos de dos semanas en el gobierno, pero ya empieza a espantar a varias organizaciones sociales, algunas de las cuales lo apoyaron activamente en su campaña. Diversos gremios han manifestado su desaprobación a algunas medidas del profesor chotano, cuyo CV incluye estar al frente de un activo sindicato de maestros recordado por paralizar las clases el 2017. Paradójicamente, hoy Castillo enfrenta amenazas de huelga.

 

Los últimos en alzar la voz han sido los miembros del seguro social de salud. El pasado jueves la Unidad de Gremios de EsSalud (UG-EsSalud) –que agrupa a unos 56.000 afiliados repartidos en siete sindicatos de la institución– publicó un comunicado pidiendo al presidente que desista de su intención de unificar el sistema sanitario, que actualmente está dividido entre EsSalud, el ministerio de Salud (MINSA) y los servicios de las fuerzas castrenses.

Diversos especialistas han encontrado consenso a favor de convertir el sistema público de salud en una sola entidad, según este informe Salud Con Lupa. Incluso la propuesta había sido planteada por el gobierno de Martín Vizcarra, pero fue rechazada en su momento por los trabajadores de EsSalud, que temen que sus fondos sean destinados a financiar servicios de otras entidades y que consideran que el Ejecutivo ha demostrado impericia al momento de articular esfuerzos con direcciones regionales de salud.

Lo cierto es que el actual presidente revivió aquella propuesta durante su primer mensaje a la nación, el pasado 28 de julio. Tres días después, los gremios enviaron a Castillo un oficio en el que se le pedía una audiencia para que pueda explicar esta iniciativa, pero Castillo no los atendió. De mantenerse el silencio, anuncian una huelga nacional.

 

“Hay que ser respetuosos de las leyes. Les hemos pedido claridad en el tema, de lo contrario estamos por anunciar una huelga nacional. Sería para fines de septiembre o inicios de octubre. Tienen tiempo suficiente para convocar a las organizaciones y establecer acuerdos. Nosotros no queremos marcar la agenda del gobierno. Solo queremos que nos escuchen”, afirma Wilfredo Ponce, secretario general de la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud (FED-CUT).

Para los sindicatos, lo que debería impulsar el gobierno no es la unificación, sino la universalización del sistema sanitario. “Lo que vendría a ser un intercambio prestacional. En algunos casos ya se cumple en la práctica”, explica María del Pilar Arévalo, secretaria general del Sindicato Unitario Nacional de Nutricionistas de EsSalud (Suness). 

Esto significa que una persona, incluso no asegurada, pueda atenderse sin problemas en EsSalud, MINSA o el Hospital de la Policía dependiendo de qué institución tenga mayor capacidad operativa, pero que la entidad que deriva al paciente asuma los costos a través de un tarifario único.

Los gremios, además, apuestan por el fortalecimiento de sus arcas. “Unificar no significa que el sistema va a mejorar. EsSalud tiene una deuda por cobrar de años: S/630 millones del sector público y S/3.000 mil millones del sector privado. De repente con algunas normas, a cambio de terrenos o embargos tal vez, pueda pagarse para mejorar las prestaciones que brinda el seguro social”, apunta el dirigente Alberto Meza, , secretario general del Sindicato Nacional de Tecnólogos Médicos de la Seguridad Social (SINATEMSS).

Los sindicatos de salud viven hoy en la incertidumbre. Meza asegura que el actual ministro de Salud, Hernando Cevallos, ya sabía de las alternativas que estos plantean antes de la segunda vuelta. “Tuvimos una reunión con el señor Cevallos antes de que sea ministro. Él manifestó que la unificación no se trataba de un tema literal”, afirma. Pero en el encuentro participaron miles de médicos de otros gremios y temen que sus palabras hayan caído en saco roto.

En paralelo, el gremio ya ha entablado conversaciones con algunos congresistas, que podrían capitalizar estas demandas. “Tampoco vamos a esperar de brazos cruzados la respuesta del Ejecutivo. Ellos predican el diálogo social, pero no lo practican”, dice el dirigente Wilfredo Ponce.

 

Un gobierno con sindicato propio

El sinsabor en los gremios del seguro social se suma a otras organizaciones que  hicieron público su apoyo a la candidatura de Pedro Castillo en la segunda vuelta electoral y que ahora se manifiestan en contra de algunas medidas.

El primer reclamo llegó desde el magisterio, luego de que el ministerio de Trabajo, pocas horas después de que asumiera el nuevo gobierno, le otorgara la inscripción sindical a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú). Este grupo fue fundado por Pedro Castillo luego de la huelga del 2017. De hecho, el ahora presidente de la República fue su secretario general hasta octubre pasado.

Lucio Castro, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), pegó el grito al cielo porque esto le quitaría el monopolio de la representación de profesores. “Ahora va a haber dos sindicatos que dicen representar a los maestros y los auxiliares del país. Uno que es histórico, el nuestro, con 49 años de existencia; y otro que es creación del presidente de la República y del ministro de trabajo, que va a ser un sindicato gobiernista”, critica Castro., que hizo público su apoyo a Pedro Castillo durante la segunda vuelta. 

El Sutep llamó al voto por Castillo en la segunda vuelta. Hoy, Lucio Castro, su secretario general, retira ese respaldo.

“Nos parece poco ético, y no responde a la palabra de maestro, que un gobernante quiera tener su sindicato propio, que diga hacia los medios que va a respaldar y fortalecer las organizaciones gremiales que existen y por otro lado que impulse la creación de un sindicato que divide a los trabajadores”, reclama el sindicalista.

Fenate Perú había intentado inscribirse en años anteriores, pero sus solicitudes siempre fueron observadas por el ministerio. Coincidentemente, esta vez no hubo peros. “El deseo de ellos ha sido inscribir su sindicato, lo han logrado aprovechándose del poder que ahora tienen”, denuncia el secretario del Sutep.

A pesar de este trago amargo, Castro garantiza que siguen “esperanzados en la posibilidad de los cambios históricos que el país requiere” y que apoyarán dichas iniciativas, pero  que “las medidas equivocadas [como la inscripción del Fenatep] que están generando problemas visibles” las van a cuestionar. 

 

Rondas exigentes

Otro conflicto latente se aloja entre el gobierno y una facción de ronderos, la Confederación Nacional de Rondas Campesinas, Urbanas y Nativas Del Perú (Conarc). 

Vallejos, presidente de esta central, ha manifestado a medios internacionales sentirse decepcionado de Castillo por no escuchar sus propuestas para la composición del gabinete. De hecho, como informó Sudaca, él mismo fue propuesto por su organización para el ministerio del Interior. No les hicieron caso.

“Su mensaje ha sido clarísimo: el gabinete ha sido elegido por sus bases. Por ejemplo, los maestros al ministro de Educación, los campesinos al ministro de Agricultura y así. En el caso de nosotros esperábamos, al menos, una consulta para proponer algún personaje para el ministerio de Defensa o del Interior”, demanda el dirigente.

El presidente de la Conarc cuenta a Sudaca que se encuentra preparando dos proyectos junto a un «equipo técnico». El primero es la inclusión de las rondas campesinas en el trabajo de la Policía. “Es muy ambicioso. Haremos una conferencia de prensa para explicar cómo se van a insertar las rondas campesinas urbanas en la vigilancia, soporte y apoyo a la Policía y juntas vecinales”, anuncia.

Rondas Victor Vallejos
A la izquierda, Victor Vallejos Tinoco, el presidente de la Confederación Nacional de Rondas Campesinas, Urbanas y Nativas Del Perú (Conarc). Fuente: Diario Ahora.

La otra iniciativa consiste en la creación de un instituto para la formación rondera. “Vamos a presentar otro proyecto piloto para la creación de un Instituto superior tecnológico especializado en seguridad ciudadana. Consiste en que nuestros ronderos gocen de esa educación de tres años y tengan un título a nombre del país en seguridad ciudadana”, detalla.

Las iniciativas ya están en la agenda pública y constituyen una presión para el gobierno de Castillo, que se identifica con las rondas campesinas. Pero hay dirigentes ronderos que cuestionan la autoridad de Vallejos para hablar en su nombre, y lo acusan de tener un gremio paralelo a la organización nacional de rondas. 

La Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc, con «u») desconoce la representatividad de sus homólogos de la Conarc. Las diferencias van más allá de las primeras vocales. “Hay una confusión total. Nos diferenciamos de esos compañeros que se hacen pasar por ronderos. Por un momento coyuntural están pidiendo al gobierno que les den incluso ministerios y presupuesto para cumplir la función policial y de serenazgos. Nosotros históricamente no nos hemos creado para eso. No somos guachimanes ni carne de cañón de nadie”, explica el dirigente de esta facción, Marino Flores. 

 

Rechazo al premier

El nombramiento de Guido Bellido como primer ministro también despertó rechazo en el sur. El 30 de julio, José Luis Chapa, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), salió en medios locales a cuestionar la designación. Esta agrupación es la rama arequipeña de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Para Chapa, el mensaje del 28 de julio no tuvo “nada a favor de la clase trabajadora” y la presencia de Bellido en el gobierno es nociva para sus intereses. 

Por ello, el dirigente, al igual que la UG-EsSalud, estima que podrían movilizarse para remover a este personaje. “No descartamos nada. Si tenemos que salir a las calles, lo haremos para pedirle a Pedro Castillo que renuncie este premier [Bellido] que le va a ser daño a esa estabilidad que buscamos nosotros”, declaró a medios arequipeños. 

Así las cosas, entre presiones y anuncios de huelgas, Castillo enfrenta las primeras consecuencias de sus decisiones. No vaya a ser que despierte un día con las calles inundadas de manifestantes, como en aquel invierno del 2017.

*Fotoportada por Leyla López (Fuente: Andina)

 

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María Cristina Nina Garnica es alcaldesa de San Juan de Miraflores desde enero del 2019. Llegó al cargo de la mano de Acción Popular y todavía está registrada como militante de ese partido. El 29 de noviembre del año pasado se encontró en el Instituto Gilda Ballivian Rosado con agentes de seguridad y otros funcionarios de la municipalidad de su distrito. La reunión fue clave para la fiscalía anticorrupción. 

De acuerdo a una investigación fiscal, allí se acordó que los funcionarios municipales participaran activamente en las elecciones internas de Acción Popular, que se llevaban a cabo ese día. El objetivo era elegir la lista presidencial y a los candidatos al Congreso que representarían al partido de Nina Garnica en las elecciones generales de abril pasado.

La orden de la alcaldesa habría sido apoyar las precandidaturas de Edmundo del Águila Herrera, quien se postuló para ser el candidato presidencial, y de la docente Melissa Bottger Alor, quien acababa de dejar el cargo de subgerente de la Mujer, Salud y Poblaciones Vulnerables de este municipio y pretendía postular al Congreso.

Además, gracias a escuchas autorizadas por el Poder Judicial, la fiscalía conoció que “en el desarrollo de las elecciones congresales del 26 de enero de 2020, la presunta organización liderada por la alcaldesa apoyó a su partido político Acción Popular con personeros y secretarios, […] encargándoles labores ajenas a su función y en horario de trabajo”. Servidores públicos pagados con los impuestos de los contribuyentes al servicio de un partido político. 

El último viernes la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios detuvo a ocho funcionarios de la municipalidad de San Juan de Miraflores. Los acusa de usar recursos del municipio para fines de partido, además de cobro de cupos a empresas y amenazas a quienes se les ponían al frente. Los investigadores han bautizado a esta presunta organización criminal como “Los elegantes de San Jhon”.

Según la resolución judicial que ordena las detenciones -la cual Sudaca revisó en detalle-, esta organización nació el primero de enero de 2019, apenas María Cristina Nina Garnica se sentó en el sillón municipal. Lo peor: no es el primer caso dentro de un partido en el que el clientelismo descarado ya parece una práctica sistemática. En marzo, este medio reveló las sospechosas movidas al interior de la Municipalidad de Ate del correligionario José Arriola, entonces candidato y hoy flamante congresista de la República por la lampa.

La alcaldesa de SJM María Nina y su pareja Walter Huamán liderarían la presunta organización criminal «Los elegantes de San Jhon».

Redes clientelares

María Nina es sindicada como la principal cabecilla de la organización junto a su pareja Walter Huamán Hidalgo, también militante accionpopulista. De acuerdo a la hipótesis fiscal, “Los elegantes de San Jhon” habrían usado dinero del Estado para apoyar a postulantes al Congreso y a la presidencia en las elecciones internas de noviembre del 2020.

Tanto Nina como Huamán son cercanos a Edmundo del Águila. Esto le habría valido al entonces precandidato para que el subgerente de Abastecimiento y Control Patrimonial de la comuna, Alex Guardia Bayona, ordenase colocar su foto a colores junto a la alcaldesa en la cuponera de los tributos municipales del 2020. Para ello, se efectuaron “gastos de diseño, papel e impresión” con dinero público, apunta la resolución judicial.

Consultado por Sudaca, Del Águila confirmó que conoce a la alcaldesa de SJM y que recibió apoyo de los militantes de ese distrito. “Efectivamente, ella me apoyó, al igual que muchos otros alcaldes y correligionarios. No se olvide que en las elecciones internas lo que uno trata es buscar el apoyo del mayor número de militantes. Lamentablemente yo perdí las elecciones”, responde.

Sobre las cuponeras con su foto, asegura que “no tenía idea de su existencia” pero que es una asociación “un poco rara porque las cuponeras se emiten en enero y las elecciones fueron en noviembre”. 

Según la resolución de la fiscalía, se habría usado dinero de la municipalidad para apoyar candidaturas de accionpopulistas como Edmundo del Águila.

Situación similar habría ocurrido con el excongresista por la región San Martín Rolando Ruiz Pinedo. La hipótesis de la fiscalía es que, con el fin de apoyar su campaña para llegar al Parlamento del 2020, la alcaldesa María Nina le dio un puesto de trabajo a su hija, Diana Angie Ruiz Mesia, como subgerente de Imagen Institucional y Protocolo de San Juan de Miraflores en el 2019.

Para estrechar aún más los lazos, señala la documentación judicial, Ruiz Mesia se alojó en la casa de María Nina a cambio de que Walter Huamán, el esposo de la alcaldesa, fuese contratado como asesor técnico del congresista, cargo que ocupó hasta el último momento. Todo habría quedado entre correligionarios y familiares.

Estos no son los únicos casos. Walter Huamán tentaba una curul en las pasadas elecciones. De acuerdo a la resolución judicial, no tuvo mejor idea que entregar a varios trabajadores municipales paquetes de 200 volantes sobre la limpieza de las calles junto con una ficha de inscripción a Acción Popular para ganar seguidores. Su estrategia, a la luz de los resultados del 11 de abril, no funcionó.

Huamán tenía injerencia en las decisiones que se tomaban en la municipalidad, a pesar de no tener oficialmente ningún cargo. Su única autoridad era ser pareja de Nina, la única mujer que logró una alcaldía en Lima en las últimas elecciones municipales. 

“Walter Huamán junto a la alcaldesa tenían el control sobre todos los funcionarios que designaron al punto que Huamán monitoreaba todo lo que ocurría en la municipalidad, lo que significaba que nadie podía hacer lo contrario a lo que disponía”, sostiene un testigo protegido, citado en la resolución judicial.

El control del esposo de la alcaldesa era tal que los mismos exfuncionarios de la municipalidad denunciaron a través de redes sociales no soportar “las intromisiones en el ejercicio de sus funciones y el manejo de los cargos por parte del cabecilla Walter Huamán”. Algunos ejemplos de estas intromisiones los veremos más adelante.

 

Cobro de cupos

“Los elegantes de San Jhon” no solo habrían aprovechado su poder para apoyar a los candidatos de su partido, sino que también solicitaba pagos de S/1.000 mensuales a cada uno de los establecimientos comerciales del distrito. Lo recolectado iba a parar a la “bolsa de dinero en favor de la alcaldesa”, de acuerdo a una denuncia hecha por propietarios hoteleros a los que les clausuraron sus negocios por negarse a seguir pagando.

Las escuchas legales permitieron determinar que a aquellos que pagaban los cupos no los clausuraban y los dejaban trabajar tranquilos. «Ya está pagao [sic] y no lo clausuren», se le escucha decir a Carlo Lopez San Martín, exsubgerente de Fiscalización, en un audio transcrito en la resolución judicial. López hacía referencia a un centro comercial del distrito.

La presunta organización criminal cobraba pagos de S/1.000 mensuales a cada uno de los establecimientos comerciales del distrito para la bolsa de dinero en favor de la alcaldesa María Nina.

Los centros de salud también estaban en la mira de los funcionarios, en medio de la pandemia. La fiscalía descubrió que no se clausuró el Policlínico San Juan de Miraflores a cambio de una dádiva por parte de una trabajadora, pese a que dicho centro había sido denunciado por ofrecer falsos resultados negativos de pruebas Covid-19.

En tanto Huamán, el proactivo esposo de Nina, ordenó no intervenir la empresa informal de mototaxis Danny S.A.C., cuyo dueño había estado en la cárcel y con quien él habría acordado protección a la burgomaestre. 

Pero otros familiares también estaban metidos hasta el cuello en esta trama. La investigación determinó que la cuñada de la alcaldesa, la señora Gina Jesussa Martinez Gutierrez, tramitaba licencias de funcionamiento para distintos establecimientos comerciales a cambio de sumas de dinero. Sin ser funcionaria y con la venia de María Nina.

Por último, la fiscalía halló que se hicieron compras sobrevaloradas de drones e insumos para vehículos municipales. Además, hubo direccionamientos para contratar con empresas “amigas” que tenían el mismo propietario, que incluso compartían un mismo domicilio o que no se dedicaban al rubro requerido. Asimismo, se habría realizado la adquisición ficticia de botas por S/62.820 y se habrían ejecutado órdenes de servicios fantasmas por montos mayores de S/60,000. Esto podría ser apenas la punta del iceberg de las compras estatales en el distrito.

 

“GUERRA AVISADA NO MATA GENTE”

Con el propósito de mantener su poder, la alcaldesa y su pareja no dudaban en apartar a todo aquel que los estorbase. Es el caso del regidor Daniel Castro Segura, opositor de la gestión, a quien intentaron vacar de su puesto.

La resolución judicial sostiene que María Nina, a través de un tercero, captó a Estelita Gutarra Romero, miembro de la Directiva del comedor popular del Asentamiento Humano Nadine Heredia, para que presente un pedido de vacancia contra el regidor Castro. En dicho proceso, la propia alcaldesa votó a favor de la vacancia junto a los regidores que siempre la apoyaban. Sin embargo, el pedido no prosperó.

Esto no fue lo único a lo que tuvo que enfrentarse el regidor. Un grupo de “inteligencia” de la organización criminal le hizo seguimiento, captándolo en escenas amorosas con la regidora Vanessa Cuadros Aquije, fotografías que luego fueron publicadas en la página de Facebook “San Juan New”, donde usualmente se ataca a los opositores de la gestión municipal.

Ni la familia se salvó del amedrentamiento. De acuerdo a la fiscalía, los presuntos actos de corrupción de “Los elegantes de San Jhon” eran de conocimiento del primo de la alcaldesa, Antony Herrera Garnica. Y eso era un peligro. Con la finalidad de quitarle su celular -en donde tendría las evidencias que los comprometían-, los cabecillas de esta organización contrataron, con dinero de la municipalidad, a un grupo de policías para que lo detengan por encontrarse requisitoriado.

Otra forma de mantener a raya a los trabajadores para que no los denuncien, era a través del grupo de WhatsApp “SGFSA-EQUIPO”, cuyas siglas la fiscalía asocia a la Subgerencia de Fiscalización, Control y Sanciones Administrativas. El grupo era administrado por el entonces subgerente Carlos López Martín. En este se enviaban mensajes con órdenes y amenazas al personal de dicha área “para que no filtren información de actos presuntamente ilícitos”. En uno de esos mensajes, López les recordaba a los empleados que estaban sujetos a contratos CAS y terminaba con la siguiente frase: “Guerra avisada, no mata gente”.

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Acción Popular, Edmundo del Aguila, Fiscalía, San Juan de Miraflores

El pasado martes la llamada ‘bancada magisterial’, conformada por 16 docentes y más fiel a Pedro Castillo, perdió la vocería parlamentaria de Perú Libre ante el grupo de los ‘militantes’, un ala de 20 congresistas mucho más cercana al secretario general del partido Vladimir Cerrón. De hecho, su hermano Waldemar es ahora el flamante vocero de los oficialistas.

La elección, según algunos medios, causó desencuentros al interior de la bancada. Pero no fue lo único que se conversó en ese cónclave ni lo único que promete causar controversia entre los integrantes del lápiz. En la reunión del martes, y en una segunda que se llevó a cabo dos días después, también comenzó a elaborarse una lista clave: quiénes integrarán las comisiones que le corresponden presidir a Perú Libre.

De acuerdo a fuentes de la Mesa Directiva, a la bancada oficialista le corresponden siete comisiones y “eso es inamovible» salvo que un congresista se pase a otra bancada y el tablero se vuelva a mover, como fue el caso de la alianza de Somos Perú-Partido Morado. En Perú Libre, sin embargo, su vocero alterno, Elías Varas, está convencido de que les tocarían nueve. El asunto se zanjará en la siguiente Junta de Portavoces, pero no parece que les vayan a dar la razón.

Como fuese, en Perú Libre ya se habla de la fórmula para elegir a los presidentes de las comisiones. Según el congresista Óscar Zea, en las últimas reuniones de bancada se planteó que los elegidos sean los congresistas más votados de cada región. No obstante, señala que esa propuesta se podría aplicar recién a partir del próximo año y no para este primer período.

El congresista Jorge Coayla, del ‘ala magisterial’, dice a Sudaca que con esa fórmula los 37 congresistas “llegarán a ser presidentes de las comisiones y se evitará la confrontación entre ellos” en los próximos cinco años. “El acuerdo es que todos vamos a rotar”, dijo.

 

«Sería una brutalidad»

Pero en el partido hay abiertas discrepancias. “Eso no está definido aún, eso sería una brutalidad”, responde el congresista Álex Paredes al ser consultado por esta opción. “¿Cómo voy a comparar Puno con Tacna? Eso [las presidencias de las comisiones] se resolverá cuando se sepa las comisiones que finalmente se van a tener”, añade el exvocero de la bancada.

Bajo la lógica de los más votados, los congresistas con mayores posibilidades de presidir una comisión serían el abogado Jaime Quito (Arequipa), con 41.430 votos; el profesor Óscar Zea (Puno), con 34.450 votos; el doctor en Ciencias de la Educación e investigado por lavado de activos Waldemar Cerrón (Junín), con 25.281 votos; Álex Flores (Ayacucho), con 21.993 votos; la docente Jhakeline Ugarte (Cusco), con 12.700 votos; su colega Elizabeth Medina (Huánuco), con 11.300 votos; y el también profesor Paul Gutiérrez (Apurímac), con 11.124 votos.

Las comisiones de prioridad para la bancada de Perú Libre, explica el profesor Edgar Tello, son Educación, Presupuesto, Agricultura, Salud, Energía y Minas, Trabajo, Transporte, Vivienda y Constitución

Tello señala que en su bancada “hay varios abogados que tienen la capacidad y la experiencia” para asumir la presidencia de este último grupo de trabajo. Pero los oficialistas no la tendrán fácil. Como ya ha explicado Sudaca, las fuerzas opositoras han decidido que no le darán esta comisión al oficialismo. “Sería una locura darle al lápiz Constitución”, dice a Sudaca un congresista que participa en la Junta de Portavoces.

Lo que buscan es evitar que Perú Libre avance con su proyecto de cambiar el artículo 206 de la Constitución para permitir la reforma total de esta a través del referéndum.

¿Cuándo se conocerá de manera oficial las comisiones que les tocará a cada bancada? Según una fuente de la Mesa Directiva, la Junta de Portavoces se reuniría a ver la distribución de las 24 comisiones entre el lunes 9 y el miércoles 11 de este mes. Después, en el Pleno del jueves 12, se someterá a votación la aprobación de las listas.

El profesor Tello explica que, ni bien se conozca cuáles serán las comisiones, habrá una reunión de la bancada en la que se decidirán finalmente cuántas les corresponderá al grupo magisterial y cuál será la fórmula para elegir a los presidentes.

Sudaca ha podido conocer, a través de fuentes del partido de gobierno, que sobre ello ya existe un acuerdo interno, tomado luego de la primera vuelta electoral. Este indica que, en caso se le otorgue siete comisiones a Perú Libre, tres serían presididas por la ‘bancada magisterial’ y cuatro por ‘los militantes’. De ser nueve, la proporción sería de cuatro y cinco. 

En la reunión del último martes se lanzó la propuesta de que el profesor Álex Paredes pase a presidir la Comisión de Educación; la profesora Francis Paredes, la de Energía y Minas; y Oscar Zea, la de Agricultura.

Las negociaciones continúan en medio de un ambiente de discrepancias entre varios parlamentarios. ¿Cree que en algún momento se pueda dividir o fracturar la bancada?, le preguntamos a la congresista y abogada, Betssy Chávez, quien compitió por la vocería con Waldemar Cerrón y perdió. “Espero que no. Pensamos primero en el país. No es el momento. No es la coyuntura. Espero que las otras agrupaciones políticas tampoco planteen la ingobernabilidad. Ni siquiera hay 100 días de gestión y quieren que Pedro Castillo cumpla todas las propuestas”, señala. 

Ella ha creado un tercer grupo al interior de la bancada llamado ‘los nadies’, como el nombre del poema de Eduardo Galeano que simpatizantes de Perú Libre utilizaron para promocionar la candidatura de Castillo ¿Cuántos son ‘Los nadies? “Con fe seremos más. No te puedo decir, por ahora, cuántos somos”, responde.

 

(*) Fotocomposición de portada e infografía: Leyla López

Fotografía de la bancada de Perú Libre de Andina

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La oposición busca forzar la renuncia de Guido Bellido. Los líderes del bloque opositor apuestan por presionar desde todos los frentes para que el primer ministro dimita antes de que se presente en el Congreso para pedir el voto de confianza. El objetivo es no gastar tan pronto las “dos balas de plata” que tienen para censurar gabinetes, pues eso podría facilitarle al gobierno el cierre del Parlamento. “No hay que caer en la jugada de los cerronistas, que lo que quieren es desaparecer el Congreso”, dice Luis Iberico, el secretario ejecutivo nacional de Alianza Para el Progreso (APP), uno de los presentes en las conversaciones entre las fuerzas opositoras. 

El plan de la oposición trasciende la esfera del Poder Legislativo. Apunta a que la calle ejerza la presión suficiente para forzar la salida de Bellido, hoy atrincherado en el cargo, ante el alza del precio de los alimentos, el dólar y los recibos de luz. “La movilización tiene que continuar porque a estos señores no les entran balas. Lo positivo es que los ciudadanos, al margen de cualquier bandera partidaria, están saliendo a movilizarse”, dice Ibérico. 

En las negociaciones que se vienen dando entre las fuerzas de oposición participan la excandidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña, además de voceros de Renovación Popular, Avanza País y Podemos Perú. El asunto es sumar fuerzas para derribar al Gabinete Bellido. 

Incluso, se ha propuesto llevar a cabo una suerte de cumbre de líderes políticos de oposición para mostrar unidad. “Sería importante un pronunciamiento. Deberíamos aprender de Venezuela, donde la oposición se demoró demasiado en reaccionar y paraban divididos porque tenían la inteligencia cubana infiltrada”, dice Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, quien coordina las acciones con los congresistas fujimoristas. 

A este encuentro, según Galarreta, serían convocados excandidatos presidenciales para fijar una posición frente a la crisis política. La idea es sumar a políticos de centro para no repetir los mismos rostros que denunciaban fraude hasta hace poco. Todo esto forma parte de las negociaciones entre los opositores. 

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Un grupo de personas protesta contra el gobierno frente a la sede del Congreso. (Foto: Expreso).

En paralelo, los voceros de las bancadas trazan la estrategia para la batalla que se debe librar en el Parlamento en los próximos días. En el corto plazo la oposición citará al primer ministro Guido Bellido para que responda sobre los nombramientos cuestionados en el Ejecutivo, antes de que pida la confianza del Gabinete. “Vamos a citar al primer ministro para hacerle una serie de preguntas y cuestionamientos. Dependiendo de sus respuestas, veremos si lo interpelamos”, dice el congresista José Cueto, de Renovación Popular. 

Al cierre de esta edición, la bancada de alias ‘Porky’ ya presentó la moción para citar al jefe del Gabinete, como parte de esta estrategia de acorralamiento. 

La bancada de Rafael López Aliaga también anuncia una cascada de interpelaciones a ministros. El primero en la mira es el titular del Interior, Juan Carrasco, quien está contra las cuerdas por jurar en el cargo sin renunciar al puesto de fiscal de crimen organizado en Lambayeque. Los otros ministros en la mira son Héctor Béjar (Relaciones Exteriores), Anahí Durand (Mujer), Walter Ayala (Defensa) e Iber Maraví (Trabajo). 

“Hay varios ministros que, eventualmente, podrían ser censurados. Pero hay que tener cuidado. Porque recordemos que la censura de un ministro puede devenir en un pedido de confianza del gobierno [para todo el Gabinete]. Y, si cierran el Congreso, significaría estar varios meses con una Comisión Permanente que no puede impedir que el gobierno haga lo que le venga en gana”, dice Ibérico. 

moción guido bellido
Bancada de Renovación Popular presentó una moción para invitar al primer ministro Guido Bellido al pleno del Congreso.

¿Qué va a pasar si Bellido sale airoso de la presión y sigue en el cargo para cuando le toque presentarse a pedir el voto de confianza? Galarreta e Ibérico hablan, por el momento, de una “salida inteligente”. Es decir, darle luz verde al Gabinete Bellido mientras acelera los pasos para ponerle límites a la cuestión de confianza y cambiar a los seis magistrados del Tribunal Constitucional que tienen el mandato vencido. Con estas decisiones, estiman, pondrán freno a un eventual cierre del Congreso. Pero todo puede cambiar con el paso de los días. 

“El Congreso tiene que ganar tiempo para fortalecerse. Nosotros intentamos poner límites a la cuestión de confianza en la cuarta legislatura del Parlamento pasado, pero todo eso se cayó porque muchos opinólogos, constitucionalistas, salieron a atacar al Congreso anterior, cuando lo único que se buscaba es que estuviera más fortalecido”, dice Ibérico. 

“La oposición requiere de un movimiento inteligente y de unidad. Conversamos permanentemente”, dice, por su parte, Galarreta. 

El candado a la cuestión de confianza que prepara el bloque opositor consiste en que el Ejecutivo no use este mecanismo con proyectos de ley para plantear referéndums, reformas constitucionales o sobre competencias exclusivas del Parlamento, como la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. El TC ya se pronunció al respecto en su sentencia de enero del 2020, pero los parlamentarios consideran que aún queda un espacio para limitarla aún más. El objetivo es evitar que el presidente Pedro Castillo use los mismos argumentos que Martín Vizcarra para cerrar el Congreso. 

En la pugna de poderes la elección de los magistrados del TC es crucial. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, opinó que los candidatos deben salir de una invitación y no de un concurso público. Los voceros de oposición coinciden con esta propuesta porque permite acelerar el proceso de selección. Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Poder Legislativo y congresista de Avanza País, ya presentó una moción para reactivar la comisión que se encargue de seleccionar a los magistrados. El tema es de máxima prioridad. 

Mientras tanto, sigue el fuego cruzado con el gobierno. “Esperamos que recapaciten en el gobierno antes de la presentación del Gabinete. Más allá de la pésima decisión del presidente Castillo de plantearnos este Consejo de Ministros, hay una repercusión en el bolsillo de la población. Para muchos la presencia del señor Pedro Francke (en la cartera de Economía) iba a calmar la situación. Sin embargo, siguen aumentando los precios. La gente quiere cambios en el Gabinete”, dice Galarreta. 

El gobierno y la oposición miden sus fuerzas en el primer test del mandato de Pedro Castillo. La pugna no tiene fecha de caducidad.

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La mañana del pasado martes, ocho congresistas de Acción Popular (AP), la tercera bancada más importante del Congreso y la que preside la Mesa Directiva, se reunieron por cerca de dos horas con el primer ministro Guido Bellido. La cita, si bien cordial, tuvo desencuentros.

Pese a ello, la primera opción que baraja la bancada es darle el voto de confianza al Gabinete. Según el congresista Edwin Martínez, al interior del grupo parlamentario ya se está hablando de optar por este camino con el ánimo -dice- de dejar trabajar al Ejecutivo, aunque con la permanente evaluación del Congreso.

Pero el objetivo real, según otras voces al interior de AP, es evitar una disolución del Parlamento. ¿Cuál sería la respuesta de Acción Popular ante este eventual escenario? El parlamentario Carlos Alva advierte: “si morimos nosotros, también el presidente”. No quiso explayarse en detalles.

Guido Bellido se reunió hace dos días con la bancada que dirige la Mesa Directiva (Foto: Canal N).
Guido Bellido se reunió hace dos días con la bancada que dirige la Mesa Directiva (Foto: Canal N).

Fuentes de la lampa dicen a Sudaca que, sorteada la cuestión de confianza, la estrategia pasará luego por asentar bien las comisiones parlamentarias y mostrar una actitud de fiscalización dura y permanente, esperando el traspié de algún ministro. “Lo que se hará es resguardar el trabajo congresal [dando la confianza], para que luego se imputen denuncias [a los ministros]. Por ahora no hay argumentos técnicos y legales, por lo cual no se puede imponer siquiera el hecho de cambiar un ministro por otro”, dice una fuente que estuvo presente en la reunión con el premier. 

Precisamente, las armas empezaron a calibrarse en la bancada acionpopulista luego de la reunión del lunes con Bellido, encuentro que algunos califican como decepcionante. Uno de los pedidos del partido de la lampa fue que el Legislativo abandone la iniciativa de una Asamblea Constituyente: “Le dijimos que el dólar está subiendo, que la canasta familiar disminuye y que deje de lado la Asamblea para ponerse en los zapatos de la población”, cuenta la congresista Silvia Monteza.

Los parlamentarios también insistieron, y al unísono, en que se aleje al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y que los cargos públicos dejen de coparse con militantes de ese partido. Pero no encontraron mucho eco. “[Bellido] dijo que de repente van a cometer algunos errores [en los nombramientos], pero que se van a subsanar. Insistimos en que no impongan a gente que no reúne los requisitos, que no se rijan solamente por su partido, porque el país no está para seguir experimentando, pero no llegamos a un entendimiento”, dice Monteza.

La bancada, además, buscó que más mujeres integren el Gabinete, ya que el actual solo cuenta con dos ministras, pero no hubo una respuesta concreta del premier.

Parte de la bancada de AP en reunión con Bellido en la PCM (Foto: PCM).
Parte de la bancada de AP en reunión con Bellido en la PCM (Foto: PCM).

Durante la jornada, los parlamentarios dicen haber notado cierta desidia de parte de Bellido por conseguir los votos de confianza. “En un determinado momento aseguró que no nos había reunido con el fin de pedir el voto de confianza, porque para él era igual regresar al Congreso y trabajar desde ahí. Yo le dije que si no le importa el voto, es porque no le importa la democracia. Pareciera que poco le importa, que los pedidos le entraron por una oreja y le salieron por la otra”, apunta el congresista Edwin Martínez.

Los congresistas entrevistados por Sudaca coinciden en que en el Pleno de hoy buscarán presidir comisiones fundamentales como Presupuesto, Transporte, Educación y Descentralización. En paralelo, se ha acordado a la interna que no se piensa otorgar las presidencias de Constitución o Presupuesto ni a Perú Libre ni a Fuerza Popular. Esta última bancada declinó de sostener una reunión con Bellido. El juego de poderes ya empezó.

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