Entre los dos líderes regionales que mayor expectativa generan, el ánimo ciudadano peruano se inclinará más por la figura del mandatario salvadoreño. El problema de la delincuencia y la corrupción es considerado el principal del país por encima de la crisis económica y ésta, a su vez, no se le asocia a un Estado intervencionista sino, lamentablemente, a las políticas “neoliberales” (una falacia, pero así es el sentido común).

Un 62% de peruanos considera que la delincuencia ha aumentado en su vecindario en los últimos doce meses y solo el 44% estima que la policía hará algo para remediarlo, según encuesta regional de Ipsos. De otro lado, un 71% desaprueba la labor del Poder Judicial y un 69% la labor de la Fiscalía. Junto con el Congreso son las entidades que la mayoría de la población considera que deben reformarse. No encuentro una encuesta sobre la policía en particular, pero debe tener altísima desaprobación y junto con el Poder Judicial y el Ministerio Público constituyen la tríada llamada a combatir el delito.

Lo preocupante es que el mensaje de mano dura y lucha contra la delincuencia es un mensaje más proclive a la derecha, pero hasta en eso se está dejando ganar la mano por la izquierda radical, en particular por Antauro Humala que promete fusilar corruptos y se llama a sí mismo como el Bukele peruano.

Sería una bandera más que la derecha se deja arrebatar por la izquierda. Ya ocurrió en los 80 con los derechos humanos, en los 90 con la democracia y el presente siglo con la lucha anticorrupción. Con una narrativa insistente y una proliferación de ONG izquierdistas que contribuyen a asentar narrativas, la derecha se ha ido arrinconando, por pasividad, en la sola defensa del modelo económico.

Para el 2026 es importante que la derecha sepa aquilatar la demanda ciudadana prioritaria por la seguridad ciudadana y elabore una propuesta seria y vendedora al respecto, si no quiere ser arrasada en las urnas, más aún cuando la pasmosa e irresponsable fragmentación de este sector ideológico marcha viento en popa sin ningún viso de reversión.

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Bukele, Milei.

Jean Ferrari, administrador de la U, ha dicho que habrá importantes remodelaciones en el coloso merengue. Como socio, exdirigente, expalquista y asistente a sus tribunas, me permito sugerir algunas.

1.- Construir baños y cafeterías en la parte baja de las tribunas, de modo de evitarle al sufrido hincha tener que subir y bajar ocho pisos para realizar sus necesidades sanitarias o proveerse de alimentos. Ello haría, además, que se evite la aglomeración tribunera en las partes altas del estadio.

2.- Transformar las entradas a norte y sur, hundirlas y hacer que se ingrese por la parte media del estadio. El mismo propósito: que se llene primero la parte inferior de las tribunas y aumente la presión visual y auditiva a los rivales. Podría hacerse una bifurcación subterránea para evitar cortar la franja central de las dos tribunas populares.

3.- Construir en la parte alta que quedaría, si se hacen estas bajadas en declive, patios de comidas que también hagan más placentera la estadía en el recinto deportivo.

4.- Que se construyan escaleras mecánicas en todas las tribunas, que alivien el trajín al que hoy se ven sometidos las decenas de miles de asistentes por el mal diseño del estadio.

5.- Que se retomen las conversaciones con los vecinos de la urbanización Mayorazgo para retomar el proyecto inicial, que era que los vehículos de los palquistas ingresasen por un túnel subterráneo con salida a dicha urbanización de uso exclusivo automotor. Alrededor de 30 mil vehículos acuden hasta el propio estadio en cada partido de la U. El tráfico se vuelve endemoniado. Con este túnel, que no tendría por qué afectar la seguridad vecinal, esa situación se remediaría enormemente y ya solo se permitiría el tránsito peatonal desde el óvalo Huarochirí hasta el estadio.

6.- Que se construyan o habiliten ascensores para los palquistas. Si se hace ello y se construye el túnel para sus vehículos, podría conversarse con la Asociación de Palquistas y establecer un pago simbólico por entrada para cubrir esa inversión, que, en verdad, los tendría a ellos como principales beneficiarios. De esta manera, además, en los registros de asistencia y recaudación se sumarían los casi veinte mil palquistas que acuden usualmente al Monumental, demostrando, con más diferencia, quién tiene la mayor hinchada del Perú.

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Jean Ferrari, La U, Monumental

El gobierno de Dina Boluarte, rehén absoluto de la extrema derecha congresal, no tolera el sistema interamericano de derechos humanos. Se mantiene en él porque es consciente del escándalo mayúsculo que implicaría un retiro del mismo, pero dado el tenor de la carta que han enviado en conjunto la presidenta de la república y el titular del Congreso en protesta por una resolución de la CIDH, queda más que claro que la postura oficial es refractaria a los considerandos mínimos del sistema.

Llama particularmente a pasmo, la referencia -en la carta mencionada- al rechazo por primera vez oficial del término jurídico “conflicto armado interno”, el mismo que no implica ningún beneficio valorativo al terrorismo senderista o emerretista, pero cuya narrativa en ese sentido los dos principales poderes del Estado hacen por primera vez suya.

Los abogados que suelen acompañar a los voceros de la extrema derecha peruana saben muy bien que ese término no excluye la barbarie terrorista ni contemporiza con ella y comprende perfectamente lo sucedido en el país durante las épocas de la subversión.

Lo que en el fondo está en juego -y va de la mano con la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos en esos tiempos- es la cerrazón respecto de las violaciones a los derechos humanos que nuestras fuerzas armadas y policiales cometieron durante ese periodo, y que el país entero haría bien en no olvidar, porque la barbarie terrorista no la justificaba. Es más, cuando se cambió de política oficial antisubversiva -justamente en los tiempos fujimoristas- fue que se logró arrinconar y luego derrotar a Abimael Guzmán.

La carta firmada por Dina Boluarte y Alejandro Soto es vergonzosa. Constituye una falta de respeto a las víctimas de las tropelías oficiales -que no fueron pocas- y forma parte ya de la historia peruana de la infamia. El Perú, como sociedad democrática, debe hacer de la memoria un ejercicio cotidiano y recurrente. Sitios como el Lugar de la Memoria, El ojo que llora, documentos como el informe de la Comisión de la verdad o muestras como Yuyanapaq (que se puede visitar en el Ministerio de Cultura), no es casualidad que sean aborrecidos por quienes quieren negar la historia a su conveniencia y antojo. Lo que escandaliza es que la primera mandataria haga eco de esa visión macartista y negacionista de la que hace gala buena parte de la derecha peruana.

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Alejandro Soto, CIDH, comision interamericana de derechos humanos, derechos humanos, Lugar de la Memoria

Cualquiera que haya visto el espectáculo brindado por el fiscal José Domingo Pérez en la primera audiencia del juicio por el caso cocteles o haya leído la reveladora entrevista a Ricardo Briceño, expresidente de la Confiep, a quien el Ministerio Público viene sometiendo a un calvario abusivo e irracional, debe concluir que algo se pudre en el organismo de la avenida Abancay.

La Fiscalía se ha vuelto -salvo honrosas excepciones- en una máquina moledora de carne de los adversarios, políticos o mediáticos, y que aprovecha cualquier resquicio absurdo de la ley para provocar acusaciones, detenciones preliminares, prisiones preventivas, allanamientos y cuanta parafernalia punitiva exista en su arsenal de instrumentos coercitivos.

Y el eje interpretativo más pertinente es el político. No guía a los fiscales el derecho penal sino el interés político, como cada vez se demuestra con mayor claridad. Hemos sido engañados, todos estos años, por una aparente lucha radical anticorrupción de parte de la Fiscalía, cuando lo que ha habido es una trama de intereses ideológicos y políticos puestos en marcha para aplastar a los adversarios.

El Poder Judicial, felizmente, no está tan contaminado como el Ministerio Público y ya veremos cómo sabrá poner orden en los casos que la Fiscalía amaña, pero entre tanto, se hizo pasar a personas inocentes por años de zozobra, gastos abogadiles, incertidumbre vital y enorme daño reputacional. ¿Quién les va a devolver eso? ¿Quién nos va a devolver eso?

Al respecto, tiene enorme responsabilidad la Junta Nacional de Justicia que en sus varios años de existencia no ha sabido corregir los malos rumbos que el Ministerio Público ha seguido y le ha permitido actuar con impunidad absoluta, sin siquiera una amonestación.

Una de las tareas fundamentales del gobierno que ingrese el 2026 es emprender una reforma profunda del Ministerio Público. Bien meditada, no puede ser al caballazo -la historia reciente nos demuestra que esas reformas apuradas, a nada bueno conducen-, para volver a colocar la institución en el sitial de prestancia y neutralidad penal que corresponde a un Estado de Derecho.

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Domingo Perez, Fiscalía, Ministerio público

Si este gobierno mediocre e ineficaz quisiera hacer algún aporte a la viabilidad democrática del país después del 2026, debería acometer una intensiva tarea de construcción de infraestructura y provisión de servicios básicos de calidad en el sur andino, matriz geográfica de los movimientos antisistema que se alistan a reverdecer laureles el 2026.

Tiene dos años por delante para lograr ese cometido. Ya es sabido que es incapaz de hacerle frente a la arremetida antidemocrática del Congreso y se allana a los exabruptos que allí se perpetran, sin chistar, porque requiere sus votos para mantenerse en el poder. Pedirle que se convierta en un baluarte de resistencia democrática resulta un exceso (ni siquiera en materia económica, el MEF es capaz de contener los arrestos populistas del Legislativo).

Miremos para otro lado respecto de las responsabilidades del régimen y en ese sentido, si de verdad quiere dejar una herencia positiva que haga que el próximo periodo gubernativo no sea una pesadilla, podría tranquilamente establecer un programa de nivelación social con la región más olvidada del país.

El gran sur andino representa casi el 20% del electorado nacional. Si vota, como es previsible, en la primera vuelta del 2026 como lo hizo en la segunda del 2021 (80% a favor de los radicales), la izquierda extrema tendrá asegurado un cupo y quizás hasta dos para la jornada definitoria de dicho proceso electoral.

Es tarea patriótica evitar que ello ocurra. Y eso sí se le puede exigir a la actual administración. Conminar al gobierno de Dina Boluarte a que rompa la inercia mediocre en la que se halla atrapado y exigirle que, al menos, haga algo respecto del tema que mencionamos.

Se impone una suerte de Plan Marshall para el sur andino. Los niveles de inequidad allí existentesson de escándalo y generan una dinámica política contraria a la del resto del país y constituye el basamento de los discursos antiestablishment en el que, con astucia, ya se hallan embarcados varios candidatos de la izquierda, que no va a brillar precisamente por su moderación en la jornada electoral venidera.

La del estribo: conmovedor y a la vez inspirador el último libro de Salman Rushdie, Cuchillo,Meditaciones tras un intento de asesinato, en el que narra las peripecias del atentado que sufriera, que casi le costó la vida, y las consecuencias y perspectivas que ello le ha generado para su existencia futura. Con enorme resiliencia, Rushdie ha sabido procesar el traumático incidente. De venta en todas las librerías.

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Congreso del Perú, Gobierno de Dina

¿Por qué se detuvo la evolución de la izquierda peruana, primero a aceptar las fórmulas democráticas en los 80, y luego a incorporar criterios económicos de mercado a partir del 2000?

En el Perú la izquierda difiere de otras izquierdas regionales, como la chilena, inclusive la mexicanao la brasileña, ya ni qué decir del mundo, donde la aceptación de la economía de mercado como lecho rocoso sobre el cual construir políticas propias de la izquierda es perfectamente posible.

Interpreto que mucho ha tenido que ver con la fallida gestión de Susana Villarán, perteneciente a una izquierda moderada y que aceptó asociaciones público privadas y el esquema de concesiones. El problema es que ese esquema se manejó corruptamente concediendo beneficios legales a los empresarios brasileños a cambio de millonarias donaciones para la campaña de la revocatoria y del intento de reelección de la propia exalcaldesa.

A partir de allí, un sector importante de la que aparecía como nueva izquierda, abandonó cualquier consideración por el libre mercado, creyendo que era el culpable del desaguisado, cuando la culpa verdadera recayó en una autoridad de moral laxa.

Hoy por eso, salvo excepciones como la de Alfonso López Chau (aunque no tiene remilgos en conversar con sectores radicales de la izquierda), este sector del espectro ideológico peruano ha abandonado cualquier consideración por las libertades económicas y, de paso, también por las libertades políticas.

Es una grave involución de la política peruana, como lo es, a su vez, que no cuaje una opción potente de una derecha liberal, y predomine una derecha mercantilista, autoritaria y conservadora.

El Perú ha retrocedido políticamente de una manera preocupante en la última década. Lo ha hecho a pasos agigantados. Hoy es un reducto de delincuentes, de influencia de mafias ilegales, y de falta absoluta de consideración por las instituciones democráticas y los principios de una economía de mercado moderna y robusta.

Por culpa de una transición post Fujimori mediocre y carente de visión reformista, el país se halla atrapado en una polarización que anula las perspectivas de una centroizquierda o centroderecha liberales. La pauperización ideológica que se aprecia no es si no, consecuencia de ello y veremos, lamentablemente, su mejor expresión, salvo que los astros se alineen inesperadamente, en las elecciones del 2026.

En medio de la campaña de destrucción masiva de la democracia que el Congreso viene perpetrando, se van alineando, en paralelo, los astros electorales. Y lo terrible es que se ven pocas luces de esperanza de que el statu quo vaya a ser revertido y, por el contrario, todo apunta a que la situación institucional empeorará a partir del 2026.

La centroderecha, la única que nos podría salvar del colapso, ha decidido, frívolamente, ir fragmentada. Las conversaciones que ha habido y hay no apuntan a alianzas electorales sino a una suerte de reperfilamiento identitario ideológico.

En resumen, el fujimorismo va a capturar un tercio del electorado derechista y el saldo se lo van a repartir por lo menos veinte candidatos (de entre los 30 ya inscritos y los 45 que al parecer lo lograrán). Con esa perspectiva, ninguno va a pasar a la segunda vuelta y con suerte lo logrará Fuerza Popular.

Porque al paso que van las cosas no sería improbable que, dado ese panorama, sean dos los candidatos de la izquierda radical los que pasen a la segunda vuelta. Encima, la izquierda sí está conversando seriamente para armar frentes y pactos que la aglutinen en una o dos candidaturas como máximo.

La ceguera política de la centroderecha resulta inverosímil. No parece haber conciencia del peligro que se cierne sobre la democracia y el modelo económico y los egos y ambiciones personales priman sobre ese necesario sentido patriótico de sacrificio y postergación de apetitos individuales.

La centroderecha no parece percatarse del profundo sentimiento antiestablishment que alberga la mayoría de peruanos y que este Ejecutivo y Congreso -de los cuales muchos partidos derechistas son percibidos como aliados- acentúa.

La izquierda ha reconstruido su narrativa y se ha librado del chamuscón de haber sido comparsa del nefasto, corrupto y golpista régimen de Castillo (es tal el ánimo antisistema que si Pedro Castillo volviese a postular seguramente ganaría). La centroderecha arranca perdiendo el partido y si no cambia de estrategia rápidamente, el resultado final va a ser catastrófico.

 

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Juan Carlos Tafur

¿Cómo puede manipularse tanto la opinión publica pretendiendo bautizar como la ley del perro muerto” al proyecto de ley de viabilidad de los equipos profesionales de fútbol, si la norma precedente ha permitido que el club más popular del balompié nacional empiece a salir a flote, luego de años de malos manejos, y -lo que es más importante- empiece a pagar sus deudas?

Universitario de Deportes ha pagado 35 millones de soles de deuda corriente en tres años y está a la espera de que el Pleno del Congreso ratifique lo aprobado en la Comisión de Economía, para plantear un cronograma de pagos no solo del resto de la deuda corriente sino también de la deuda concursal.

Sorprende la alianza espúrea de Gremco y Alianza Lima para socavar este proyecto de ley, cuando uno ha sido el artífice principal del descalabro financiero y deportivo de la U y el otro, a pesar de manejarse a través del Fondo Blanquiazul hace cuatro años, no ha reducido su deuda prácticamente en nada, contrastando con lo hecho por la administración de Jean Ferrari.

Cabe preguntarse con propiedad si la intención del Fondo Blanquiazul no radicaría acaso en nunca pagar su deuda para seguir manejando el club a su antojo, a diferencia de la U que, en plazo determinado, si se aprueba, como se espera, esta ley, termine devolviéndole el club a sus verdaderos dueños, los socios.

El fútbol mueve pasiones y bien manejado constituye una amalgama social sin parangón en la realidad social peruana. El Congreso tiene la palabra en un momento clave para enrumbar el deporte estelar del país y empezar a dar los pasos para sanear lo que era, hasta no hace mucho, un dolor de cabeza que no hallaba visos de solución.

Alianza Lima deshonra su tradición deportiva, sumándose al cargamontón irracional contra un proyecto cuyo único nombre propio es el fútbol peruano en su conjunto. Su actual administración ya ha hecho gala en innumerables ocasiones de una mezquindad y de una conducta antideportiva que le hace daño al fútbol peruano. El Congreso no puede hacer eco de esa mala entraña de algunos malos dirigentes, llegados al control de un maravilloso club como el victoriano, por el azar del dinero.

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Alianza Lima, fondo blanquiazul, gremco

Durante las últimas semanas se ha generado un debate muy amplio sobre la Ley de Viabilidad para los equipos profesionales del fútbol peruano que fue aprobada en la Comisión de Economía del Congreso de la República.

Sorprendentemente, Alianza ha promovido esta ley como la ley de “perro muerto”, mientras tiene también una gran deuda pendiente en un proceso concursal y por eso está en manos de su principal acreedor: El Fondo Blanquiazul.

Hay demasiada confusión sobre este tema y por ese motivo vamos a explicarlo de la manera mas simple y directa posible para que todos puedan entenderlo.

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Alianza Lima, fondo blanquiazul
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