[PIE DERECHO]  Sería una barbaridad que el Congreso, como pretende bajo la batuta de Fuerza Popular, se tire abajo las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, dispuestas por ley, pero aún no aplicadas en el Perú.

Dicho procedimiento, lo primero que permite es destruir las designaciones a dedo de los candidatos al Congreso, que, al final del día, terminan siendo elegidos en función de los aportes económicos que efectúan, y éstos, en muchos casos, provienen de economías delictivas. Con las PASO se entrega ese poder de decisión a la ciudadanía y se rompe el círculo perverso que permite el nivel de influencia de los dineros sucios en las campañas electorales, lo que genera, a la postre, un Congreso plagado de parlamentarios que se deben más a sus “auspiciadores” que a sus electores.

Las PASO son una buena manera de evitar que el narcotráfico, la minería ilegal, los tratantes de personas, los explotadores de madera ilegal, los contrabandistas, los transportistas informales, los traficantes de terrenos, etcétera, hagan y deshagan en el recinto legislativo, como sucede ahora. La “casta” partidaria peruana, no obstante, parece querer seguir viviendo de esos dineros, abundantes, que alimentan las arcas de sus campañas electorales.

Pero tal vez lo más importante de las PASO en estos momentos en el país, es que se establecería un filtro para la enorme cantidad de candidatos que asoman en el horizonte (ya hoy nomás hay como siete de izquierda y más de veinte del centro y la derecha). Quien no obtenga al menos el 1.5% (que, inclusive, es una valla baja; debió ser más alta), saldría de la competencia electoral.

La eliminación de las PASO generará una horda de candidatos y el consecuente incremento del riesgo de que surja en el horizonte un outsider apartidario, improvisado, sin experiencia política y con una gran incógnita respecto de su solvencia gubernativa. El ánimo antiestablishment del elector peruano está al tope y seguramente algo así ocurriría si se produjera una disgregación descontrolada del número de candidatos.

Pero ese riesgo no lo ve el establishment, que malpiensa que le conviene esa disgregación, ya que estiman que como sus principales miembros (Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Perú Libre), tienen un voto fijo asegurado, un bolsón electoral determinado, la dispersión electoral mencionada los terminará por favorecer, cuando, en verdad, constituye un suicidio anunciado.

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Candidatos, Designaciones a dedo, Influencias ilícitas, PASO, Riesgos electorales

Ganó la derecha las elecciones presidenciales en Argentina y eso es algo para celebrar. La república sudamericana ha roto con el funesto peronismo que la había postrado en la mayor crisis económica de su historia reciente y cuyo representante era justamente el candidato presentado, Sergio Massa.

Con Javier Milei volverá la racionalidad económica, la sensatez fiscal y monetaria, la apertura de los mercados, la libertad de cambios, la agenda proinversión, el fin de la barbarie económica que había llevado al 40% de argentinos a la pobreza. Votar por Massa se explica solo por la ciega lealtad peronista, porque el nivel de irracionalidad de sus seguidores era equivalente al de quienes votaron por Luis Alva Castro, en 1990, en el Perú, luego del apocalipsis económico que desplegó el primer alanismo.

Se ha votado por un loco outsider para salir de la locura económica peronista. Los millones de argentinos que han votado por Milei no son, claro está, libertarios, pero el hartazgo de la crisis que se incuba desde hace años en Argentina los ha llevado a patear el tablero y votar por un candidato excéntrico y radical que prometía incendiar la pradera.

Es menester sin embargo, estar atentos a que la ideología conservadora de Milei en asuntos sociales y morales, no termine de desmontar las indudables conquistas que al respecto ha logrado Argentina (políticas de género, derecho al aborto, salud y educación públicas: la UBA es la mejor universidad hispanoamericana del planeta).

Un liberal pleno no se puede comprar el combo completo de Milei, porque el mismo, de prosperar (cuestión difícil, porque no tiene mayoría en el Congreso), haría retroceder a Argentina en los temas referidos, que deberían ser caros a cualquiera que propugne las ideas de la libertad no solo en el ámbito económico sino también político y social.

Pero en el tema económico, que es esencial y quizás el más importante en estos momentos en Argentina, el triunfo de La Libertad Avanza, es una noticia que debe celebrarse por todo lo alto. Y hacer votos para que sirva de ejemplo continental que revierta la ola colorada que ya se ha visto en Brasil, Colombia y Chile en particular y que, de no desalinearse los astros, amenaza el futuro peruano.A

Milei asume el 10 de diciembre. Ojalá no cometa el error gradualista que llevó a Mauricio Macri al fracaso y al posterior regreso del peronismo por todo lo alto. Para romper con el populismo hay que ser radical, porque aquél es una plaga que se infiltra silenciosamente. Veamos nomás cómo en nuestro país se ha desmontado inadvertidamente gran parte del modelo de los 90 y hoy ya pagamos las consecuencias de ello. Aviso para los candidatos de la derecha peruana: nada de remilgos, las cosas claras y la toma de decisiones sin ambages.

 

 

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Argentina, elecciones presidenciales, Javier Milei, políticas sociales, Populismo

[PIE DERECHO] Sí hay un conflicto de interés en el hecho de que los congresistas actuales aprueben una reforma constitucional que permita la reelección congresal inmediata y eso los beneficie a ellos, como me señala Carlos Anderson, quien votó en contra por esa razón, pero en este tema, el bien superior supera cualquier atingencia formal menor.

La bicameralidad es superior a la unicameralidad. Bien diseñada -esperemos que lo haga en adelante el Congreso, tiene tiempo para ello- es un salto de calidad institucional política y ya lo apreciaremos en el futuro. Pero requiere reformas consecutivas: la realización de las primarias, la renovación por tercios o mitades, la puesta en marcha de un diseño institucional representativo distinto al distrito nacional, etcétera. Si no se hace ello, como bien ha dicho el constitucionalista Luciano López, solo se estaría reproduciendo la mediocridad.

De paso, nos parece una gran noticia que el Congreso vigente empiece a emprender reformas en lugar de dedicarse al oficio ruin de destruir la institucionalidad democrática del país (esperemos que no insista con su intento de descabezar la Junta Nacional de Justicia) o a dar muestras impunes de inmoralidad (niños, mochasueldos, viajeros irresponsables, etc.).

Si completara la reforma política y desplegase al menos una más -sugiero la de la regionalización- y reactivara la función fiscalizadora puesta de manifiesto esta semana con la justificada censura al ministro del Interior, Vicente Romero, ya habríase producido un upgrade congresal significativo.

El Congreso es una entidad desprestigiada acá y en las democracias de todo el planeta. Como alguna vez me dijo el excongresista Daniel Abugattás, “al día siguiente de haber juramentado, ya la gente me mentaba la madre en la calle”. Eso es inevitable, en gran medida, pero al menos se puede lograr tasas de legitimidad si se abocase a tareas que le importen a la ciudadanía.

No lo veremos ahora, nos queda claro. Este es un Parlamento infiltrado por las mafias delictivas, políticas y empresariales, y más que deberse al pueblo, la mayoría de congresistas se debe a ellas. Pero, quizás sin ser plenamente conscientes de lo que han hecho, con la aprobación de la bicameralidad y la reelección, han dado un paso virtuoso para la mejora institucional de la democracia peruana. Y eso hay que aplaudirlo.

La del estribo: si hay una persona que merece mi admiración es Mario Vargas Llosa. Por su brillantez intelectual, su entereza moral, su impresionante capacidad de trabajo y sinfín de otras virtudes que sería larguísimo enumerar. Como lector de todos sus libros, solo queda lamentar que haya decidido renunciar, por razones atendibles, a la escritura de novelas, pero se despide con una pieza magistral, Le dedico mi silencio, donde, a propósito del vals criollo, nos da una lección de peruanidad. Hay que respetar esa decisión. Quiero recomendar dos reportajes. Uno es el último capítulo -se supone- de la serie Una vida en palabras, una conversación entre nuestro novelista y su hijo, Álvaro, donde hablan de la última novela. El otro es un viaje que realiza con sus tres hijos (Álvaro, Morgana y Gonzalo) a Puerto Eten, lugar clave para entender la vida del protagonista de la novela mencionada. Documentales imperdibles. Ambos en Youtube.

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Bicameralidad, Institucionalidad, Legitimidad, Reelección congresal

[PIE DERECHO] Es imperativo que la élite empresarial, académica y sindical reingrese a la arena política y recupere los fueros de un ámbito de acción que sido capturado por las mafias ilegales que pululan en nuestro país: el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de tierras, el transporte informal, el contrabando, etc.

El capitalismo delictivo ha capturado los partidos y prácticamente todos los poderes públicos (alcaldes, gobernadores, congresistas, ministros y hasta llegó a la Presidencia, bajo el mandato de Pedro Castillo), alejando de la política a los mejores cuadros técnicos y académicos. Con su capacidad de financiamiento ha logrado, además, asegurar su presencia dominante en cuanta campaña electoral se despliega.

La desafección política es un mal global, pero en el Perú alcanza ribetes mayúsculos por algunas razones particulares, y ello le abre las puertas a las mafias que aprovechan el vacío generado. La informalidad, que signa al 80% de la Población Económicamente Activa, genera ciudadanos inactivos por naturaleza, los aleja de la actividad política, porque el día a día les gana; la despolitización universitaria ha roto la cadena de transmisión generacional que antes la política tenía, recogiendo cuadros de renovación de las canteras estudiantiles; la crisis pavorosa de los medios de comunicación ha destruido una atmósfera de discusión política que de alguna manera complementaba a las calles como campo de acción de debates y polémica; la politización de la justicia ha hecho que los mejores se desanimen de ingresar a un terreno del que van a salir mal parados, con una mochila de juicios y persecuciones judiciales aplastantes.

Por eso la importancia de las reformas políticas que propendan a la ruptura de esta porosidad de la democracia respecto del capitalismo delictivo. La aprobación de la bicameralidad y la reelección es una gran noticia. Ahora toca complementar ello con otras reformas consecutivas, pero básicamente con la manutención de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las llamados PASO, que le otorguen a la ciudadanía poder sobre las cúpulas partidarias, que tienen incentivos perversos para permitir la influencia de dichas mafias. Las PASO le rompen el espinazo a los dineros mafiosos que se quieren perpetuar en la vida política.

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Es un Congreso deslegitimado, pero no por ello pierde las atribuciones que le corresponden. Y en ejercicio de ellas, ayer ha aprobado una buena reforma: la que retorna a la bicameralidad y permite la reelección inmediata de los legisladores. Ambas son positivas y se está a la espera de una segunda votación en la siguiente legislatura para finalmente ser incorporada en el texto constitucional.

Corresponde al Congreso efectuar reformas que enmienden los parches que se le efectuaron al proyecto de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que presidió Fernando Tuesta, que, entre otras cosas, proponía justamente la bicameralidad y la reelección, y que la demagogia populista de Vizcarra hizo que se desaprobase en el referéndum convocado para ello.

En nuestro país la democracia está subrepresentada. Tener apenas 130 congresistas para 33 millones de peruanos nos coloca en el escalafón más bajo del ranking parlamentario mundial de calidad de representación política. Ello se empieza a corregir con esta reforma, pero es menester advertir que corresponde que vengan otras que refuercen esa perspectiva.

Por ejemplo, definir cómo será la elección del Senado, que podría ser en dos o tres grandes distritos macrorregionales, para evitar que la alta densidad poblacional limeña termine generando una cámara alta centralista. Asimismo, sería ideal que la cámara de Diputados sea elegida con distritos uninominales, que ayuden a evitar la dispersión y mejoren la supervisión ciudadana de los representantes. De la mano con ello, cabría pensar en la renovación por tercios o mitades.

Pero quizá la reforma más relevante es mantener la realización de las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias), que permiten la elección de candidatos al Congreso de manera democrática por la ciudadanía y, lo que es más importante, la colocación de una valla (1.5% del padrón electoral nacional) para poder participar en el proceso electoral oficial.

Hay un proyecto impulsado por Fuerza Popular y apoyado por Alianza para el Progreso en la comisión de Constitución para abrir otras modalidades que desnaturalizan las PASO y vuelven a los esquemas opacos con los que normalmente se ha elegido las listas parlamentarias y se aligera la valla para poder participar, alentando la fragmentación partidaria para los comicios venideros. Este proyecto de modificación debería ser archivado.

Hay, como se ve, mucho trecho por recorrer y se espera que haya madurez política en el Legislativo para que el buen paso dado ayer sea continuado con otras acertadas decisiones.

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Bicameralidad, Futuras Reformas, Reelección de Legisladores, reforma constitucional

Ha sido políticamente muy significativa la merecida censura al ministro del Interior, Vicente Romero. Que Fuerza Popular haya aportado su contingente de votos parlamentarios a esa causa merece un análisis político, anteponiendo la atingencia de que es una lástima que no se hayan sumado a ella las otras dos bancadas de derecha, Renovación Popular y Avanza País.

Resulta imperativo que la derecha marque distancia de este fallido y mediocre gobierno, que tenía en el tema de la inseguridad ciudadana una cima de incompetencia, con un ministro que no tenía la menor idea de qué hacer al respecto.

Lamentablemente, la opinión ciudadana identifica a este gobierno y a su tácito pacto con el Congreso como una gran coalición de derecha, y esa circunstancia, aderezada por la inmensa desaprobación al régimen, generaba un estado de cosas atentatorio de las posibilidades políticas futuras de este sector del espectro ideológico.

En aras de su duración hasta el 2026, el Legislativo se había aconchavado con el Ejecutivo, dándole argumentos a la percepción popular de un pacto vergonzoso entre ambos poderes del Estado.

Con decisiones radicales como la de ayer, se puede empezar a romper esa percepción, el Congreso empezar a recuperar un rol fiscalizador necesario frente a un gobierno tan inoperante en materias urgentes, como la inseguridad ciudadana, la crisis económica y la prevención del Niño (los siguientes interpelados deberían ser el titular del MEF y la ministra de Vivienda).

Y de paso, la derecha empezar a tomar distancia de la debacle institucional, social, económica y política en la que el país está sumido, en gran medida por la funesta gestión del izquierdista Pedro Castillo, cuya salida intempestiva le ha permitido, paradójicamente, a la izquierda, presentarse ahora como auroral y virginal oposición, asomándose como alternativa para el 2026, dado el creciente ánimo antiestablishment que dicha debacle produce.

La censura al ministro del Interior puede ser el inicio de una gran recolocación política de la derecha y permitirle así mejores posibilidades en las elecciones presidenciales venideras. Ojalá siga ese camino y en la próxima ocasión no sea solo el fujimorismo el abanderado de ese giro político estratégico.

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Ha hecho bien el segundo vicepresidente de la Confiep, Álvaro Correa, en señalarle al premier Otárola algunas contradicciones entre el discurso proempresarial que el presidente del consejo de ministros se lanzó a las orillas del Urubamba, en CADE, y algunas realidades que apuntan a todo lo contrario.

Así, hizo hincapié, entre varios ejemplos, en el tema de la regulación laboral, que fue impulsado por el gobierno de Pedro Castillo con la llamada Agenda 19, que se expresó en tres decretos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) que prohíben la tercerización laboral, fomentan la sindicalización artificial en sindicatos, sectores económicos y grupos empresariales y liberalizan el derecho a la huelga. Los reglamentos al respecto siguen flotando sin que el Ejecutivo derogue dichos decretos.

Señaló a su vez la inacción del gobierno en la derogatoria de la eliminación de la Ley de Promoción Agraria, que hubiera permitido al sector capear el temporal que lo aqueja por el fenómeno del Niño. No solo se debería retomar esa beneficiosa ley sino ampliarla a otras zonas el país, como el mundo de la agricultura andina.

Finalmente, Correa puso sobre la mesa la arbitraria, irracional y antitécnica decisión del Ejecutivo de asignarle lotes petroleros a Petroperú, empresa quebrada y sin capacidad técnica de emprender exploraciones, en lugar de haber procedido a una subasta de los mismos a través de la empresa privada.

A ello habría que agregarle la desastrosa participación de la ministra de Cultura en la negociación írrita con mafias organizadas alrededor del santuario de Machu Picchu, la joya de la corona en materia del turismo nacional, que sigue atravesando una profunda crisis y que sin ese imán de visitantes no levantará cabeza.

Si estos temas no se resuelven y no se dan señales inequívocas de compromiso con la inversión privada, el señalamiento del premier de que se vienen por delante tres años para trabajar de la mano con los inversores capitalistas, lejos de tranquilizar los ánimos, los tornará más inciertos.

Si a todo ello le sumamos la conducta anti institucional de un Congreso desatado y sobrerregulatorio, se entenderá por qué la confianza empresarial para invertir está por los suelos. Y al respecto, cabe anotar también responsabilidad del Ejecutivo, que por no pisar ningún callo parlamentario, deja que el desmán se apodere del recinto legislativo, sin contrapeso ni acción política.

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Las gestiones mediocres de Dina Boluarte en el Ejecutivo y de Rafael López Aliaga en la municipalidad de Lima, están socavando los activos que la derecha debería capitalizar para el 2026, ante el desprestigio de la izquierda por su labor de comparsa del calamitoso régimen de Pedro Castillo.

Es claro que los conceptos de izquierda y derecha pueden ser diáfanos para un analista político o un politólogo, pero son imprecisos y difusos para el ciudadano común, y en esa medida, las encuestas que miden ello deben ser tomadas con pinzas, pero es una constante, en todas las encuestas, que la mayoría del país se define de centro, seguido de la derecha y muy por detrás de la izquierda.

Hoy, la situación sociopolítica del país se debería mostrar propicia para un candidato de derecha o de centroderecha. Según todas las mediciones de la opinión pública, el principal problema nacional es el de la delincuencia, y en esa dimensión, la derecha brilla por una imagen de mayor eficacia respecto de la izquierda, a la que, más bien, se la ubica más cerca del desorden y del caos.

Los candidatos que lo sepan aprovechar capitalizarán votos. No deja de ser llamativo, sin embargo, que ninguno del proscenio oficial de líderes de este sector del espectro ideológico diga algo al respecto. Carlos Álvarez, con mayor perspicacia que los políticos profesionales, ha hecho del tema su caballito de batalla para ingresar a la arena política (aún no se sabe si electoral).

Lamentablemente, un gobierno al que la población identifica como de derecha, sobre todo por su pacto con este sector en el Congreso y la aquiescencia del sector empresarial a su favor, no sabe qué hacer al respecto, y una gestión edil que prometió el oro y el moro en materia de seguridad ciudadana y no está haciendo nada, mellan esa imagen proseguridad que la derecha cuenta entre sus activos naturales.

La torpeza de la derecha le está abriendo el camino, no a la izquierda, sino a algo peor, a un antiestablishment impredecible y altamente riesgoso, por las consecuencias sociales, políticas y económicas que podría tener dicho desenlace de plasmarse en la próxima contienda electoral.

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