El régimen va a insistir con la Asamblea Constituyente. Si no es por angas será por mangas. Ya lo ha dicho el factótum partidario del gobierno, Vladimir Cerrón: se intentará, primero, por el Congreso, mediante una propuesta de reforma del artículo 206; si no prospera, Perú Libre ya junta firmas con la pretensión de que el Ejecutivo convoque directamente a un referéndum que instale la Asamblea referida.
Lo cierto es que el segundo camino es inviable. La inmensa mayoría de constitucionalistas señala que el artículo 206 es taxativo y que “toda” reforma constitucional requiere dos legislaturas de 87 votos o una de 66 que dé pase luego a un referéndum validatorio. Así se junten diez millones de firmas. No hay otra. Y si Castillo, estimulado por Cerrón, se atreve a convocar de facto un referéndum sin pasar por el Congreso lo más probable es que, previo recurso, el Tribunal Constitucional lo rechace, o que, por ese acto, se abra el camino de la vacancia por incapacidad moral.
El gran problema, sin embargo, es que en medio ya de una situación de incertidumbre de la inversión privada -motor de la economía nacional, de la generación de empleo y la disminución de la pobreza-, ésta se hallará ahora en mayor suspenso a la espera de ver qué rumbo político-legal tomará el gobierno.
Una posibilidad que se abría es de que conviviera una fraseología populista radical con un gobierno económicamente tecnocrático (Francke-Velarde) que, mal que bien, asegurase estabilidad macroeconómica y algún resquicio para animarse a relanzar proyectos de inversión de toda magnitud. Sería un gobierno mediocre, por la medianía del aspecto político, pero siquiera albergaría la posibilidad de seguir manteniendo en movimiento esa espiral virtuosa de la inversión privada.
Pero la advertencia política de Cerrón, de querer llevar a cabo a toda costa la Constituyente (no hacerlo sería, en sus palabras humalizar o caviarizar a Castillo), penderá como una espada de Damocles sobre la sociedad inversora conformada por millones de micro, pequeños, medianos y grandes empresarios. Peor aun si se tiene en cuenta la naturaleza corporativista de la Asamblea que Castillo y Cerrón pretenden instalar, conformada solo en parte por el voto directo de la ciudadanía (lo que de por sí también ameritaría un recurso de inconstitucionalidad).
En mala hora el país votó por quienes aseguran una mezcla explosiva de impericia e improvisación, con rigidez ideológica y prejuicios políticos. En el mejor de los casos, nos esperan cinco años de zozobra política, parálisis económica y probable convulsión social.
