Lescano (11.3%, +4.2): ha sabido capturar el bolsón izquierdista de votos (30% de la población,según varias encuestas) que Mendoza ha dejado pasar. Es provinciano, tiene amplia trayectoria y ha forjado una imagen de anti aprofujimorista de la cual cosecha hoy. Tiene, además, el respaldo de una marca conocida como la de Acción Popular. Puede seguir subiendo. Populista como los tiempos parecen demandar.

Mendoza (8.9%, +0.7): se ha dejado desbordar por Lescano, por un lado, y por Pedro Castillo por el lado extremo (el candidato del radical Perú Libre tiene 2.4% de intención de voto y puede seguir creciendo aprovechando del asco disruptivo de buena parte de la ciudadanía). Insiste cansinamente en temas como el cambio del capítulo económico o abstracciones como el “reordenamiento territorial” que no calan en la imaginación del pueblo. No cae, pero apenas sube. Le aconsejaron mal que migre al centro.

Forsyth (8.1%, -5.2): su levedad ideológica no le permitió aguantar el perfil del antipolítico. Tenía un voto parcialmente vizcarrista y parcialmente antipolítico. Por ambos lados se ha venido abajo. Me atrevo a creer que ni siquiera va a pasar la valla.

Fujimori (8.1%, +1.4): ojo con ella. No deja de crecer. Lo hace lenta, pero sostenidamente. Le ha salido un gallo a su derecha y por eso empieza a endurecer su línea ideológica con el discurso de mano dura. Es probable que pase a la segunda vuelta. Su rival no es Lescano ni Mendoza, sino el candidato de Renovación Popular. Tiene voto escondido.

López Aliaga (7.6%, +5.2): la sorpresa de la encuesta, pero previsible que cosechara del desplome de Forsyth. El voto antipolítico lo ha capturado el ultraconservador celeste. Es probable que siga creciendo, pero juega en su contra que lo ha hecho con demasiada anticipación, el tiempo suficiente para que arrecie una campaña por partede sus adversarios políticos y mediáticos. No le va a bastar el apoyo de Erasmo Wong.

Urresti (4.8%, -0.8): la sombra de Luna Gálvez ha complicado la existencia de un buen candidato, cunda, respondón, articulado. No veo por dónde podría subir.

De Soto (4.2%, -1.4): ¡qué mala campaña! Ni media training le han hecho y lo requiere a gritos. Recién esta semana ha empezado a reaparecer, pero va a ser difícil que recupere el voto derechista que López Aliaga ya le quitó. El disruptivo liberal terminó convertido en un aburrido y enredado candidato.

Acuña (3.8%, +1.8): disruptivo ontológicamente, está desplegando correctamente una campaña que destaca su surgimiento de la pobreza a la riqueza. Ha tenido dos buenas entrevistas recientes. Quizás debería perderle el miedo a las entrevistas. Que no sea elocuente no es algo que al pueblo le moleste. Al contrario, lo ayuda a identificarse con él. No estáf fuera de carrera.

Guzmán (3.1%, -1.5): mala campaña y mal candidato. No veo posible que supere el incidente en el que se vio involucrado. Y juega en su contra que el partido morado gobierne con Sagasti (apenas 22% de aprobación), por un lado, y su identificación en el imaginario popular con el achicharrado Vizcarra.

En esta suerte de primarias de la izquierda, el centro y la derecha que se están desplegando, como bien las ha definido Juan de la Puente, las de la derecha son las que muestran en estos momentos mayor dinamismo y variabilidad.

La contienda está planteada entre una liberal populista como Keiko Fujimori, un liberal clásico institucional, como Hernando de Soto, y un ultraconservador proempresarial como Rafael López Aliaga.

Veo difícil que dos de ellos pasen a la segunda vuelta y sí muy probable que uno de ellos lo haga. Hasta el momento Keiko Fujimori encabeza las encuestas de la derecha. Crece lento, pero sostenido. Su estrategia es clara: asegurarse para la primera vuelta el voto duro fujimorista y apostar a que haya un voto escondido a su favor, luego de la cruenta espiral de desprestigio en la que se ha visto involucrada el último quinquenio.

Me arriesgo a pensar que en las siguientes encuestas López Aliaga ya pasó a De Soto. Ha logrado desplegar una campaña fresca -a contrapelo de sus postulados rancios e ideas ultramontanas- y ha podido proyectar una imagen antipolítica que sin duda debe estar ayudándolo a que vaya hacia él el trasvase de los votos que a diario va perdiendo el candidato más antipolítico de todos que es George Forsyth.

El caso de De Soto ya ha merecido nuestro análisis. Debería haber sido él el candidato derechista disruptivo, pero su campaña cayó en vacíos inexplicables. Recién en los últimos días parece haber salido de su letargo, dando entrevistas por doquier y lanzando propuestas de interés. Probablemente le sirva para remontar. Siete semanas para las elecciones es larguísimo plazo y podría recuperar el terreno perdido. No se le ve, sin embargo, una estrategia clara. Presentar con bombos y platillos a Marco Miyashiro y Francisco Tudela quizás le sirva para arrebatarle algunos cuantos votos al fujimorismo, pero su objetivo debería ser capturar el drenaje de votos de Forsyth y para ello mostrar dos rostros del elenco estable de la política peruana no le sirve de mucho.

El colapso del centro (Forsyth y Guzmán) debería incrementar los votos de la derecha. Muy pocos de los votantes del exalcalde victoriano o el líder morado recalarán en Verónika Mendoza (quizás alguna porción de Guzmán) o en Yonhy Lescano. Va a ser de sumo interés ver la partida de ajedrez derechista que se va a plantear en estas semanas que faltan para la primera vuelta.

Para quienes me siguen desde hace años no es ningún secreto que soy enemigo del sistema coactivo pensionario, tanto en su modalidad estatal como privada (ONP o AFP), porque le arrancha recursos a las clases medias que aportan y se los entregan a cuatro corporaciones privadas que lucran infinitamente con tales recursos, o se los dan al Estado que los gasta -para variar- ineficientemente.

Ello no es óbice, sin embargo, para no constatar que el proyecto que impulsa la congresista Carmen Omonte, que hace que de los actuales fondos privados, una parte se destine a un fondo estatal que los administrará para beneficio de quienes tienen menores pensiones, es un acto expropiatorio e inconstitucional.

Los llamados a decidir sobre sus fondos son los propios afiliados. Es más, de alguna manera ya lo hacen cuando, gracias a una ley reciente, pueden disponer de la casi totalidad de su fondo de retiro al cumplir la edad de jubilación, abandonando el esquema pensionario, porque consideran que tienen otras urgencias de mayor relevancia que tener una pensión permanente futura asegurada.

Para quienes tienen excedente de dinero, no es mala inversión una AFP. Otorga niveles de rentabilidad altos (aunque podrían serlo aún más si hubiera plena competencia en el sector y eso pasa porque se decrete la no obligatoriedad del aporte) y se manejan con profesionalismo. A ellos no puede venir el Estado a decirles ahora, luego de veinte o treinta años de aporte, que una parte del mismo ya no le será devuelta como pensiónsino que tendrá “fines sociales”.

Cabe indicar, por cierto, que este tipo de proyectos de ley es la consecuencia natural de que se generen nichos mercantilistas, no competitivos. Generan malestar ciudadano y la natural reacción de la clase política por tratar de satisfacer esa demanda (a eso se dedican los políticos acá y en cualquier país del mundo) los lleva a plantear iniciativas legales que, como en este caso, terminan siendo peores que el problema a resolver.

Insistimos: solo cuando sea absolutamente libre para un trabajador decidir destinar una parte de su sueldo a financiar una pensión de jubilación o no hacerlo y ese mejoramiento de sus ingresos destinarlo a su propia “cartera de inversiones” (salud, educación, vivienda, etc.), se habrá logrado asentar un principio de justicia y libertad en el sistema pensionario. Esa es la reforma madre que debemos alentar.

Es un fallo histórico que el Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima haya ordenado al Ministerio de Salud y a EsSalud que se respete a plenitud la decisión personalísima de la ciudadana Ana Estrada Ugarte, de poner fin a su vida mediante el proceso técnico de la eutanasia.

Triunfa así el derecho a la vida digna. Y lo más importante, es una victoria gigantesca en la múltiple lucha por las libertades civiles que en el Perú venimos librando con retraso. Hay mucho que agradecerle a Ana Estrada en esta batalla por momentos solitaria, pero siempre muy acompañada por personas y colectivos que buscaban hacer prevalecer un derecho humano básico, como es el de disponer sobre la propia vida cuando las circunstancias clínicas o médicas no garantizan una vida dentro de los cánones que la propia persona considera que no ameritan seguir con ella.

Hay muchas batallas por librar en el país en materia de derechos civiles. La lucha feminista por los derechos de la mujer sigue su camino, aún incompleto, lleno de prejuicios machistas anacrónicos y primitivos. Los derechos sexuales y reproductivos han mejorado apenas unos centímetros en los últimos años, pero estamos a años luz de los parámetros de una sociedad moderna y liberal. La lucha porque niños y adolescentes sean respetados en sus fueros psicológicos y físicos supone una terrible lucha cultural en un país acostumbrado a utilizarlos de mano de obra o, lo que es peor, de desfogue violento de propias frustraciones.

Junto con todo ello, queda mucho por hacer en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas andinos y selváticos, a quienes se solivianta en sus derechos de propiedad, su respeto al hábitat o su libre voluntad de ejercer una mínima soberanía cívica sobre su quehacer cotidiano.

Deberá incorporarse también a la agenda de los derechos humanos, la lucha por las prerrogativas mínimas de los inmigrantes, víctimas hoy de la marginación legal, por ende laboral o de acceso a servicios básicos, y que en estos días sufren de una ola de xenofobia cruel y criminal.

Todas estas batallas, bueno es recordarlo, están en grave riesgo si en las elecciones venideras prosperan opciones conservadoras radicales, que no recalan tan solo en la derecha sino también la izquierda. Si queremos ser una sociedad inclusiva, moderna, liberal, debemos ponerle coto a las opciones cavernarias que pretenden hacerse del poder para imponer su agenda pasadista y reaccionaria.

Por más desverguenza del expresidente Vizcarra o graves errores cometidos por las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro que haya habido respecto de la bendita reunión sostenida para presuntamente coordinar apoyo logístico, en esencia el caso Cuellos Blancos sigue plenamente en pie, con abundante data probatoria e indicios más que suficientes para sancionar penalmente a muchos magistrados, políticos y empresarios.

Lo mismo sucede con el caso Lava Jato y Club de la Construcción. Por más eventuales errores procesales que se puedan haber cometido (prisiones preventivas exageradas, demoras en las acusaciones, etc.), no cabe duda de que estamos, en conjunto, frente a un conglomerado de corrupción nunca antes visto en la historia del país. Equipara, por la cantidad de personas involucradas y dinero sucio en juego, al propio proceso seguido contra la mafia fujimontesinista en la década del 2000.

En esa línea, resulta francamente risible ver al inefable exfiscal de la Nación Pedro Chávarry pasearse orondo, queriendo transmitir que con la información dada a conocer él resulta moralmente exculpado. Por más ayuda que reciba de sus “hermanitos” mediáticos, su caso es uno ejemplarmente sancionado por la Junta Nacional de Justicia.

Más allá de PPK, de Vizcarra, de Merino o de Sagasti, hay un proceso fiscal y judicial en marcha desde hace años que desde diferentes ángulos supone, casi inéditamente en nuestra historia republicana, una limpieza moral de corruptos por doquier. Que se cometan errores o más que desprolijidades en el camino, no puede abonar en favor de quienes quieren tumbarse todo el proceso, regresar el statu quo precedente y volver a fojas cero la ola putrefacta que se ha descubierto.

Más bien, hay que saludar que a pesar de la inmensa crisis que vive el país, que incluye aspectos económicos, sanitarios, políticos, sociales y morales, por lo menos haya un grupo de fiscales y jueces que está haciendo correctamente su labor en favor de asentar el principio de que el delito paga y que la impunidad nunca más debe reinar.

Entre las pocas cosas que hay que celebrar en estas cercanías del bicentenario está justamente la labor de extirpación corrupta que se ha logrado y que aún falta concluir en el Perú. Que no nos confunda la alharaca del lado oscuro.

El próximo Congreso va a ser determinante. Ningún partido alcanzará mayoría y necesitará de hacer pactos para lograr una relativa gobernabilidad que rompa con esta vorágine política extrapolada del convulso siglo XIX a la actualidad por obra y gracia original de un Presidente como Kuczynski, absolutamente frívolo respecto de sus responsabilidades, y un Congreso fujimorista guiado por el odio y el afán de obstrucción, que fueron incapaces de firmar un acuerdo de gobernabilidad centroderechista que hubiera cambiado el país para bien.

En estos momentos, más que la Presidencia parece más importante el voto por el Congreso. Necesitamos un mejor Legislativo que ayude al país a remontar la pavorosa crisis social, económica, sanitaria, política y moral que hoy lo asola. Un Congreso responsable, no populista, reformista, dinámico, fiscalizador. A continuación una lista personalísima de candidatos por Lima que, a mi parecer, ojalá estén presentes en el Congreso. Es una lista, por supuesto, arbitraria y se basa en el conocimiento directo e indirecto de los mencionados (pido disculpas anticipadas porque hay listas de partidos como las de Acción Popular o el Frente Amplio en las que, ignorancia mía, no conozco a nadie, y por eso no aparecen en el listado).

Victoria Nacional: Jorge Nieto, Patricia Arévalo, Jorge Chávez, Joaquín Rey, Jean Ferrari, Gonzalo Alegría; Fuerza Popular: Hernando Guerra García, Patricia Juárez, Ernesto Bustamante, Fernando Rospigliosi,  Amador Merino Reyna; Juntos por el Perú: Arturo Ayala, Sergio Tejada, Sigrid Bazán, Marité Bustamante, Carlos Glave, Roberto Rodríguez Rabanal, Lucía Alvites; Podemos Perú: Carlos Anderson.

Avanza País: José Williams, Adriana Tudela, María Teresa Dulanto, Diego Uceda, Alejandro Cavero; Partido Morado: Susel Paredes, Rodolfo Pérez, Flor Pablo, Edward Málaga, Carlos Magno Salcedo, Ursula Moscoso, Patricia Gamarra; Alianza para el Progreso: Gladys Echaíz, Roberto Chiabra, Daniel Abugattás, Germán Leguía; Renovación Popular: Jorge Montoya; Perú Patria Segura: Elizabeth Zea; Partido Nacionalista: Wilfredo Pedraza, Alberto Otárola; PPC: Pablo Secada.

A partir del 2021 se va a necesitar firmar pactos de gobierno, que incluyan participación de diversas agrupaciones en determinados sectores del gobierno. Similares al pacto AP-PPC del 80 al 85, donde las carteras de Industria y Justicia eran del partido socialcristiano, o al de Perú Posible con el FIM donde la cartera de Justicia era para la agrupación de Fernando Olivera. Para ello se va a requerir de congresistas capaces de consensuar o de disentir, pero con solvencia profesional y tolerancia democrática

En el Perú ocurren 70 millones de actos médicos (atenciones, cirugías, consultas, etc.) al año, de los cuales 50 millones son públicos, es decir que transitan por alguna entidad estatal. Eso supone casi 140 mil actos médicos diarios.

Considerando una natural repitencia, es factible estimar que cerca de 20 millones de ciudadanos peruanos acude todos los años, en diversas instancias, a atenderse a alguna entidad del sistema público de salud.

Más allá de la actual situación crítica de la pandemia, ya antes de ello era moralmente inadmisible el sistema de atención, el maltrato individual y la indigna cobertura que recibían estos conciudadanos por parte del Estado.

Estoy convencido de que gran parte del malestar e irritación con el sistema existente en el país proviene del pésimo sistema de salud pública nacional. El acto médico supone un grado de indefensión del paciente y en esas circunstancias recibir el inhumano tratamiento que se prodiga del ente estatal es una cachetada a la integración simbólica con el sistema.

Por eso no deja de sorprender la miserable indolencia con la que todos los gobiernos últimos, sin excepción, han tratado al sector Salud. Es la Cenicienta presupuestal y se ha permitido que sea capturado por mafias sindicales y médicas que medran del miserable presupuesto que los gobiernos le asignan.

Más escandaloso aún es que no se escuche de parte de los principales candidatos una propuesta cabal sobre cómo reformar el sector, una reforma que se requiere a gritos. Con suerte algo se ha hecho en materia educativa, también, con remiendos, en materia electoral y judicial, pero en un sector que es vital no solo por sus consecuencias vitales sino esencial a la existencia de un Estado inclusivo y democrático, casi no hay líneas ni propuestas.

La salud pública, gratuita y universal, es una condición mínima necesaria para que el proyecto de construir una república en el Perú cuaje. El día que a un pobre lo atiendan con la misma diligencia que a un asegurado privado en una clínica particular, este país tendrá algo de viabilidad social y ciudadana.

Es una exigencia que la prensa y la ciudadanía le debe plantear a los candidatos. Superada la pandemia no podemos seguir coexistiendo con esa maquinaria de exclusión ciudadana que es el sistema de salud pública en el Perú.