Contra las mafias delictivas que se han adueñado de grandes porciones del territorio nacional (minería ilegal, narcotráfico, bandas extorsionadoras, tratantes de personas, etc.) no hace falta mano dura, tan solo, sino, sobre todo,mano inteligente.

Su combate se ve entorpecido porque han infiltrado y cooptado buena parte de las instituciones públicas (Congreso, autoridades locales y regionales, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Fuerzas Armadas), porque manejan miles de millones de dólares y basta que una porción minúscula de esos montos la destinen a la corrupción estatal y habrán logrado su cometido criminal de alcanzar impunidad.

¿Cómo enfrentarlas si lo más probable es que cualquier orden ministerial o, inclusive, presidencial, para combatirlos se va topar con toda esa trama de permisividad que les facilita la impunidad final (aun si son inicialmente capturados)?

La firmeza de su combate debe ir acompañada de la conformación de un equipo de élite, con miembros correctamente seleccionados de los institutos policiales y castrenses. Hoy en día el GEIN o los servicios de inteligencia de los institutos uniformados, carecen de recursos mínimos para operar.

Y la Junta Nacional de Justicia, que tan mediocre labor ha realizado en su mandato, debiera responder rápidamente sancionando a los malos jueces y fiscales que liberan a los mafiosos capturados. Es muy rápida para reaccionar cuando se trata de casos mediáticos, como el de la exfiscal Patricia Benavides, pero cuando se habla de casos graves de acción de las mafias señaladas brilla por su ausencia.

Se debe actuar con prontitud, además, si no queremos tener, de acá a dos años, dos cámaras infestadas de parlamentarios subyugados al financiamiento electoral de estas mafias. Error, dicho sea de paso, de la comisión de alto nivel de la reforma política limitar el financiamiento privado, porque lo que a la postre ha logrado es que las poderosas mafias delictivas hagan a su antojo al respecto sin ningún control, porque operan en las sombras.

El principal enemigo de la democracia peruana hoy en día es el poder impune ejercido por estas mafias delictivas. Corremos el riesgo de ver consagrado al delito a las más altas instancias del poder político si de acá al 2026, este gobierno no hace nada para subyugar dichas mafias y ponerlas tras las rejas, como corresponde.

El escándalo de los Rolex ha paralizado al gobierno, que no halla rumbo fijo, que deambula sin norte, y que ha imbuido de la misma inopia a todo el gabinete ministerial y la principal burocracia pública (veámos lo que pasa en Indecopi, en Proinversión, etc.).

Atrapado, además, en las garras de un Congreso mediocre y corrupto, que responde a intereses subalternos (en pocos días ha destrozado la carrera pública magisterial, ha favorecido a las mafias mineras ilegales, augura hacer lo propio con el transporte público), no ata ni desata respecto de cómo enfrentarlo sin poner en riesgo su propia estabilidad, ya de por sí precaria, con los bajísimos niveles de aprobación con los que se maneja y, adicionalmente a ello, sin bancada congresal propia.

Hay decisiones importantes que tomar. En el aspecto legislativo falta reglamentar correctamente, por ejemplo, la bicameralidad. Sin una correcta definición de las circunscripciones electorales, de poco o nada servirá haber aprobado las dos cámaras. Lo mismo sucede con la eliminación del voto preferencial, piedra de toque de una buena elección. Corresponde ello al Legislativo, pero el Ejecutivo tiene voz, y potente, para hacerse sentir en la materia, pero no lo hace porque anda enredado en su propio laberinto sin saber cómo escapar.

Justamente, una de las maneras de salir del atolladero en que se encuentra pasa por tomar iniciativas políticas importantes. Liderar la reforma política, acometer la reforma de la descentralización, hoy tan urgente, conocidos los enormes casos de despilfarro, ineficiencia y corrupción que anidan en ese ámbito, disponer una estrategia integral, ejecutiva y célere sobre el lacerante problema de la inseguridad ciudadana, acometer un potente impulso a la inversión privada, en base a la estabilidad macroeconómica de la que aún gozamos, a pesar de todo, etc.

Si el gobierno no se mueve, mejor será rogar que pronto estalle todo, porque lo peor que le podría pasar al país es que ese estallido social contenidoen la indignación popular creciente, lo haga en las elecciones del 2026. El mediocre gobierno de Dina Boluarte está sembrando las semillas de la disrupción radical en el venidero proceso electoral y la clase política sana -no la que está en el Congreso, obviamente-, tiene que ejercer presión para que se mueva y actúe en consecuencia.

–La del estribo: dos buenas lecturas esta semana. Tanta vida yo te di, de Fernando Ampuero, y La lealtad de los caníbales, de Diego Trelles Paz. Y esta noche a ver F*ck Cáncer, con la dramaturgia de Anahí de Cárdenas y Josué Méndez y la dirección de este último. Va hasta el 28 de abril en el Teatro La Plaza. Entradas en Joinnus. ¡Promete!