Hay dos probables escenarios en el horizonte político del régimen de Boluarte, en principio legalmente sostenido hasta el 2026. La pregunta que cabe hacerse es si ello es lo que más le conviene el país o no.

Escenario A:

-Escándalo Rolex decrece.

-Resuelve crisis ministerial.

-Mejora manejo económico

-No reaparece el conflicto social (cambio de estrategia represiva, diálogo, gestos políticos).

-No acontece Niño grave.

-Si no reaparecen conflictos y no hay escándalo de corrupción, podría durar con relativa tranquilidad.

Escenario B:

-Escándalo Rolex crece.

-Eventual sospecha de corrupción.

-Riesgo de que se incremente convulsión social.

-Niño severo.

-Nivel bajo de aprobación (popularidad) se acrecienta y la vuelve más vulnerable.

-Gestión ineficiente del aparato estatal.

-Sin bancada, hay riesgo de vacancia o eventual nivel de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Hace un mes la probabilidad era 80% escenario A, 20% escenario B; hoy es 50-50%, debido a la torpe gestión presidencial, el factor más determinante del cambio de probabilidades.

El problema es que ello se agrega a las incertidumbres que ya existen respecto del escenario electoral del 2026 -que ya retrae inversiones de largo plazo- y dificulta que la presunta “estabilidad” que algunos gremios empresariales y un sector importante de la derecha torpemente alientan, sea lo mejor que le pueda pasar al país en el corto plazo.

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El caso Gorriti pone de manifiesto una vez más la ojeriza que desde el Congreso y un sector de la magistratura (que incluye a jueces y fiscales) se tiene contra la libertad de expresión.

No es admisible, bajo ningún punto de vista -aun si llegamos a considerar que eventualmente Gorriti por momentos se pudo haber excedido en su rol periodístico- que un fiscal, como Alcides Chinchay, pretenda exigirle la entrega de sus celulares, levantarle el secreto de las comunicaciones y, bajo ese pretexto, romper el secreto de las fuentes, que es sagrado profesionalmente y constitucionalmente consagrado en nuestra Carta Magna.

El periodismo de investigación en el Perú se vería seriamente mellado si prospera este atropello contra Gorriti. Ya ningún periodista de investigación, que trabaja con fuentes de toda índole (personas honorables y no tanto, sin distinción), podrá hacer su trabajo con garantías, si un fiscal tiene la potestad de, dado un caso, exigirle que revele sus fuentes con el subterfugio de la incautación de sus celulares.

Gorriti tuvo una gran virtud y eso le permitió sacar ventaja en el caso Lava Jato. Apenas estalló el caso en Brasil y dado que comprometía a empresas que operaban en el Perú, se abocó a tejer una red de informantes y fuentes en el lugar de origen, que luego le permitieron adelantarse a los hechos y marcar pautas de seguimiento que otros medios o periodistas no teníamos.

¿Puede estar sujeto a investigación un periodista? Sí, sin duda. Los periodistas no tenemos corona y nos allanamos a cualquier pesquisa judicial, pero lo que no es dable es que, por ese afán, se vulnere el derecho constitucional a la reserva de las fuentes. Eso violenta la esencia del quehacer periodístico.

El fiscal Alcides Chinchay, suponiendo que ha actuado de buena fe, debe retrotraer esa orden y continuar su investigación en términos normales. Debe respetar el derecho a la libertad profesional de los hombres de prensa. La solidaridad con Gustavo Gorriti excede, en esa medida, cualquier malquerencia periodística que, claro está, pueda haber cultivado a lo largo de su ejemplar carrera periodística. Hasta sus enemigos en el ramo periodístico no pueden avalar una vulneración tan brutal a la esencia del buen periodismo, como la que se pretende perpetrar.

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El caso Rolex no ha concluido con las inverosímiles explicaciones dadas por la presidenta Boluarte ante el Ministerio Público. Lo único que van a lograr es calentar aún más los ánimos irritados de una ciudadanía empobrecida que ve con escándalo la lujosa vanidad presidencial.

¿Qué le puede decir el bamboleo de joyas de decenas de miles de dólares a los padres de niños con anemia y desnutrición? ¿A los centenares de miles de personas que no obtienen cita en EsSalud, no les dan los medicamentos prescritos porque no hay, o simplemente no los atienden? ¿A los millones de peruanos que han pasado de la clase media a la pobreza por culpa, entre otras causas, de la crisis que este gobierno ha creado? ¿A los millones a los que extorsionan o asaltan a diario y les roban su pequeño patrimonio por culpa de la inacción policial?

Es una ofensa. Y, como bien señala Rosa María Palacios, en América Latina se tolera al presidente asesino, pero no al corrupto. Y detrás del escándalo de los Rolex ha habido corrupción presidencial, sin ninguna duda, aun si fuera cierto que el tema fue solo un préstamo, porque éste devino en un desembolso millonario para al generoso oferente.

Keiko Fujimori, César Acuña y Rafael López Aliaga se están achicharrando al ordenar a sus bancadas un respaldo incondicional a la presidenta y al gabinete. Felizmente, la centroderecha fuera del Congreso ha empezado a tomar distancia del desastre gubernativo que nos ha tocado en suerte y que, insisto en ello, debería acabar lo más pronto posible (cada día que pasa Dina Boluarte en Palacio son cinco mil votos más para Antauro Humala o algún radical disruptivo).

La corrupción ya tiñe este gobierno y veremos en las próximas encuestas que sus niveles de aprobación se habrán desplomado aún más de lo que ya lo estaban. Con tan alta desaprobación es imposible culminar un mandato, a pesar del contubernio del Legislativo (tan o más desaprobado que el Ejecutivo). Falta solo una pequeña chispa para que se active la calle y quizás ese sea el empujón para que acabe esta pesadilla que el Perú no merece.

La del estribo: algunas lecturas de la semana que vale la pena recomendar son Baumgartner, de Paul Auster; la extraordinaria Yo maté a un perro en Rumania, de Claudia Ulloa Donoso; y En agosto nos vemos, de Gabriel García Márquez. En teatro, no se pierdan la buena comedia La tribu, dirigida por Bruno Ascenzo e Italo Cordano, con las notables actuaciones de Carlos Carlín y Alejandra Guerra, entre otros. Va en el teatro Nos; entradas en Joinnus.

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El Fenatep, sindicato sucedáneo del Movadef, asentado en el Congreso merced al Bloque Magisterial, y a quien increíblemente le han regalado la Comisión de Educación -una de las más importantes del Parlamento- ha aprobado una iniciativa legal que vuelve a la carga en el intento de intervenir la Derrama Magisterial modificando sus estatutos y disponiendo el retiro de fondos de sus afiliados.

Es un despropósito inconstitucional porque ni el Congreso ni el Ejecutivo pueden entrometerse en la organización interna de una empresa privada. Es equivalente a que mañana se pretenda reformar los estatutos del Banco de Crédito o de Alicorp. Es gravísimo que siquiera haya habido congresistas incautos que le hayan dado al Bloque de marras la mayoría necesaria para aprobar este dislate y se espera, en consecuencia, que cuando se vea en el Pleno, sea desaprobado por la mayoría del Congreso, como ya ha ocurrido en anteriores oportunidades (no es la primera vez que el sector ultraradical del magisterio pretende demoler o controlar a la Derrama Magisterial).

Resulta profundamente demagógico, además,comparar a la Derrama con una AFP e indicar, por ello, que así como lo han hecho con las AFP pueden hacer que los maestros retiren sus fondos. En primer lugar, no hablamos de pensiones sino de un fondo de jubilación que es entregado a los pocos días del retiro laboral del maestro. En segundo lugar, es un aporte voluntario, no obligatorio, y constituye, por ende, un acuerdo entre las partes, que le permite a la Derrama invertir esos fondos, rentabilizarlos y aportar un monto significativo a los maestros cuando se jubilan.

Desde que el Sutep asumió el control de la Derrama, hace cuarenta años, la ha logrado reflotar. Era una entidad quebrada. Hoy funciona a la perfección. Ha entregado más de mil millones de soles a los maestros y su manejo es estrictamente supervisado por la Superintendencia de Banca y Seguros y el propio Ministerio de Educación, que nombra un miembro en el directorio.

No se puede permitir un zarpazo ilegal como el mencionado. Las fuerzas filosenderistas del magisterio deben ser expectoradas del quehacer educativo y no se puede aceptar, por ello, que sus ansias destructivas de todo lo que signifique bienestar para el maestro -al que quieren empobrecido e irritado, como carne de cañón para sus propósitos levantiscos- tenga éxito en el Congreso. Hay que estar advertidos.

Un día como hoy, hace 32 años, Alberto Fujimori dio un golpe de Estado, destruyó la democracia y estrenó uno de los periodos más oscuros de nuestra historia republicana en materia de institucionalidad democrática.

Cuando, a la luz del presente, se lee la historia del momento, sin las angustias de entonces (por la crisis económica y el avance senderista) se entiende que fue una medida innecesaria, premeditada con alevosía, y que solo dañó profundamente el desarrollo democrático del país. Fujimori pudo haber labrado sin problemas una mayoría congresal que le hubiera permitido hacer las reformas económicas que impulsó y queda más que claro que la derrota de Sendero Luminoso no se explica en absoluto por el 5 de abril del 92.

La fecha recobra especial actualidad porque, al parecer, no hablamos solo del pasado del hoy indultado exmandatario. Sectores crecientes dentro del fujimorismo, nos informan fuentes directas, están pergeñando la posibilidad de lanzar a Alberto Fujimori a la presidencia el 2026, a pesar de que entonces el exgobernante tenga la friolera de 87 años.

Hay antecedentes diversos de mandatarios longevos. Hoy mismo vemos una contienda presidencial en los Estados Unidos entre dos octogenarios. Y, al parecer, la salud de Fujimori no está tan quebrantada como se vendió para lograr su indulto. La pregunta que cabe hacerse, sin embargo, es si tiene posibilidades semejante consideración.

De hecho, Alberto Fujimori es mejor candidato que su hija Keiko y el antikeikismo es hoy superior al antialbertismo (a pesar de todo lo sucedido en los 90, que para la mayoría del electorado no figura en el recuerdo activo). Tiene obstáculos legales que resolver primero (como el juicio por el caso Pativilca), pero de lograr salvarlos, hay que señalar que sería un candidato de fuste, capaz, además, de aglutinar fuerzas dispares en el sector de la centroderecha, hoy fragmentada en más de veinte pedazos.

Es un albur y quizás sea la desesperación del fujimorismo frente a una eventual cuarta derrota de Keiko -lo más probable- la que los esté llevando a lo que parece ser una solución desesperada que puede terminar siendo contraproducente.

Quizás el mejor aporte que el expresidente puede hacerle al país y reivindicar políticamente su nombre es contribuir a que se organicen dos o tres coaliciones de centroderecha que sean capaces de pasar a la segunda vuelta y evitar el amenazante escenario de tener a Antauro Humala disputando la jornada definitoria o, lo que sería aún más trágico, de persistir la fragmentación centroderechista, de llegar a una segunda vuelta con dos candidatos izquierdistas radicales.

El voto de confianza obtenido ayer por el gabinete Adrianzén no representa el respaldo político que usualmente acompaña estas decisiones. No le otorga fuerza política alguna, porque claramente está basado en una coalición negociada previamente, con concesiones ministeriales, con el ala quebrada por la aún inexplicada situación de los Rolex del escándalo.

Mientras no se explique claramente al país el origen y fundamento de las costosas joyas obtenidas por la presidenta Boluarte, este gobierno sufre de un menoscabo de legitimidad que irá creciendo con el pasar de los días en que esa explicación no llegue.

Ya antes del escándalo, la aprobación del gobierno era de 9%, según Ipsos. Hoy debe estar en una cifra aún menor porque los relojes de alta gama que han escandalizado al país tocan la fibra más sensible de la opinión pública, que ya veía en la corrupción el problema mayor del país, por encima, inclusive, del tema de la inseguridad ciudadana, lo que ya es bastante decir.

La frivolidad palaciega pasa factura. Recordemos cómo el gobierno de Ollanta Humala empezó su declive cuando la primera dama, Nadine Heredia, cayó, presa de sus aspiraciones sociales, en la trampa de la ostentación y los lujos inexplicados.

Los pobres del Perú, que son cada vez más por culpa de la crisis económica y el mal manejo de los programas sociales, que se sienten abandonados a su suerte por una salud pública indigna e inexistente, por una educación pública en estado de abandono, que ven sus escasos ahorros sustraídos impunemente por la delincuencia, observan con tremenda irritación y cólera las muestras de riqueza mal habida, sin duda, de una presidenta que llegó al poder por una casualidad del destino, en representación de una laboriosa clase media, sin capacidad de adornarse con lujos como los denunciados.

Resulta inexplicable que la derecha congresal no se dé cuenta del desprestigio inmenso que ello le ocasiona a sí misma. Entregarle un cheque en blanco a un régimen sobre cuya cabeza pesan fundadas sospechas de corrupción, que tranquilamente podrían poner sobre la mesa del debate una vacancia por incapacidad moral, es un suicidio compartido que va a pasarle factura política en los próximos comicios electorales. Lo que la derecha congresal ha hecho con el gabinete Adrianzén no ha sido extenderle un tamiz de legitimidad sino un manto de impunidad.

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La evidencia científica señala que nunca ha habido tanta anchoveta en el mar peruano como ahora. Sin embargo, la miopía e indolencia de las autoridades están haciendo que la pesca de ese recurso no se produzca y perdamos cientos de millones de dólares.

En el sur del país, donde la situación es más crítica, entre el 98 y el 2011 se pescaba en promedio 668 mil toneladas; entre el 2012 y el 2016, 289 mil toneladas; y entre el 2016 y el 2023, apenas 169 mil toneladas, según informe de Macroconsult.

¿Cuál es el problema? El mantenimiento de la talla mínima de doce centímetros de la anchoveta para poderla pescar, bajo la presunción de que recién entonces es cuando ya se reproduce y, por ende, se puede pescar. Pero diversos estudios realizados por el Imarpe demuestran que factores climáticos han hecho que la talla mínima para que el desove ocurra vaya disminuyendo y, por ende, esa disposición lo único que hace es hacer perder la pesca de inmensos recursos y de aplicarse no se pondría en riesgo el ecosistema sostenible.

Se estima que, entre 2016 y 2023, el desembarque de anchoveta podría haber alcanzado las 963 mil toneladas si se tomaban en cuenta los datos de Imarpe y la talla mínima de captura se reducía a 10.5 centímetros. Además, se podría haber registrado una producción de 233 mil toneladas de harina de pescado y 24 mil toneladas de aceite de pescado.

En lo que respecta a las exportaciones, calcula Macroconsult que con la harina y aceite de pescado, se podría haber llegado a los 594 millones de dólares si se reducía la talla mínima de captura vigente entre 2016 y 2023.

Otro de los datos alarmantes que recogió Macroconsult revela que, actualmente, la zona sur apenas contribuye con un 8% al PBI de pesca nacional. Además, estas deficiencias han significado, desde el 2012 hasta la fecha, una pérdida que alcanza la alarmante cifra de 1.9 mil millones de dólares en el rubro de exportaciones.

Ojalá que con la salida de la obtusa ministra Ana María Choquehuanca, que prestaba oídos sordos a esta realidad saltante, cambien las cosas en un sector de crucial relevancia para la recuperación económica del país.

Ni un solo ministro renunció por el escándalo de los Rólex. Tuvieron que ser renunciados seis de ellos, a solicitud de la mayoría congresal que aprovechó la crisis gubernativa y la pendiente solicitud de confianza del gabinete Adrianzén para forzar sus pedidos y obtenerlos.

El gobierno de Dina Boluarte está cada vez más débil y su ya enorme impopularidad seguramente crecerá en las encuestas venideras por la impericia para manejar el escándalo en curso. Es un régimen sujeto con babas y expuesto a que un futuro ventarrón -que puede ser un coletazo del aún no resuelto Rolexgate- se lo lleve de encuentro.

Desde la derecha se oponen al adelanto de elecciones porque están convencidos de la impropiedad de las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones y de la ONPE y temen que un proceso electoral con ellas al mando solo servirá para repetir el plato del 2021.

La verdad, sin embargo, es que no existe una sola prueba que incrimine a ambas autoridades en irregularidades cometidas en el proceso electoral que llevó a Castillo al poder y toda la alharaca del presunto fraude acabó en nada, porque era más majadería que realidad.

El temor de la derecha más bien debería fijarse en que la continuidad de este gobierno mediocre y paralizado de Dina Boluarte es el mejor caldo de cultivo para la irrupción, con más fuerza inclusive que el 2021, de candidatos radicales disruptivos. El descrédito creciente del Ejecutivo y el Congreso alimenta a la izquierda radical, que ve con gozo, cómo se degrada la derecha peruana y calcula ya la inmensa cosecha electoral que obtendrá de ello.

Es verdad que el panorama electoral del centro y la derecha peruana es hoy un festival promiscuo por la cantidad de candidaturas que se aprecia, pero eso va a ser peor el 2026. No hay ningún ánimo conciliador ni unificador en este sector ideológico que no es capaz de percibir que, a pesar de todo, la mayoría del país se sigue definiendo de centro y de derecha, como corroboran los estudios que regularmente hacen al respecto Ipsos y el IEP.

Ello se va a evaporar si la proliferación de candidaturas aumenta, como todo lo hace prever y, además, aumenta, como también es previsible, el deterioro de un régimen coludido con un Legislativo, que la ciudadanía de a pie percibe como una coalición derechista fallida. Si hoy no parece el momento indicado para convocar elecciones generales, el 2026 será peor.

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El escándalo de los Rolex ha tenido como virtud secundaria poner de relieve los entresijos del poder, las entrañas mediocres de un gobierno endeble, precario y torpísimo hasta extremos impensados.

Empezó con la mentira presidencial respecto de su procedencia (“son de antaño”), la obstaculización a la justicia al negarse a recibir a los fiscales que buscaban la visualización de las joyas, las disfuncionales y desafortunadas declaraciones de buena parte de su gabinete ministerial (¿no son capaces de armar un comité de crisis?), la reacción destemplada frente a un justificado allanamiento, la aparición inusitada de la presidenta con el comando conjunto de las Fuerzas Armadas en las escalinatas de Palacio y que el Premier -abogado él- diga que se trató de un “acto político” (¿?), el inmenso silencio de la primera mandataria para explicarle al país el asunto o brindarle una narrativa creíble.

Un incidente coyuntural ha escalado hasta niveles insospechados por culpa exclusiva de una gobernante que no tiene el empaque de atender una tormenta que empezó pequeña y ha crecido hasta niveles que hacen zozobrar la nave gubernativa.

Frente a ello vuelve a surgir la inquietud respecto de si se debe o no recortar el mandato presidencial, a través de una renuncia o de una vacancia. No creo que ninguna de las dos se produzca y que seguiremos soportando la medianía de un régimen que no augura ningún buen resultado en ninguna política pública, pero no por ello podemos dejar de expresar nuestro parecer respecto de que lo mejor que le podría pasar al país es que acabe este suplicio y se reinicie la política nacional con nuevas elecciones generales que incluyan al Congreso. No hay necesidad de prolongar la agonía hasta el 2026, abonando el terreno a favor de los candidatos radicales disruptivos.

Cada Rolex que surge son cien mil votos para Antauro y compañía. Cada dislate presidencial y exabrupto congresal (percibida por la población como una coalición derechista) hace crecer las posibilidades de una izquierda que debió haber quedado sepultada luego del sainete golpista y corrupto de Pedro Castillo.

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