Gracias a ello, la izquierda que prosperará y a la que habrá que hacerle frente, es a la antisistema, a la que hoy encarna Antauro Humala, cuya proactividad política descoloca no solo a la derecha o al centro tik tok, sino también a la propia izquierda, que ya vio con Castillo y lo volverá a ver, que los bolsones populares no los siguen a ella sino a los portavoces de discursos disruptivos y extremos.

La izquierda moderna, traumada, al parecer, por el epíteto de caviar, ha perdido por completo la brújula no solo ideológica sino ética. Y ello ya es grave, porque al final de cuentas una propuesta política no consiste solamente en una convocatoria programática o ideológica sino también, y sobre todo, en una épica moral.

La del estribo: Katya Adaui vuelve a ratificarnos que su pluma no cesa de madurar y de mostrarnos niveles cada vez más sólidos de una narrativa propia y original. Su última novela Quiénes somos ahora la instala de lleno en el centro de la literatura latinoamericana contemporánea. Publica Penguin Random House.

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Gonzalo Alegría, izquierda peruana, Juntos por el Perú

Y en particular, esta tarea para los candidatos del centro y la derecha debe estar centrada en el sur andino, la plaza política y electoral más adversa a propuestas que no sean radicales de izquierda. Por alguna extraña razón, regiones comerciales como Puno, Cusco, Tacna o Moquegua, votan por la izquierda cuando su condición sociológica debiera más bien llevarlas a votar por el centro o la derecha. Mayor razón, pues, para hacer la tarea política de convencerlos.

Si el centro o la derecha pierden el 2026 va a ser exclusivamente por su responsabilidad, su indolencia y su miopía. La están dejando sola la cancha al candidato etnocacerista, el portavoz del rencor.

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Antauro Humala, Elecciones, Juan Carlos Tafur

Una iniciativa global de la Comunidad Andina, generaría, sin duda, grita en los Estados Unidos, cuyo gran negocio, a través de la DEA, es la prohibición y erradicación. Pocas dudas puede haber de que gran parte de los ingresos económicos de los Estados Unidos provienen de esa política (dicho sea de paso, ¿no hay ningún narcotraficante norteamericano que puedan capturar en las últimas décadas? Ello, de por sí, es digno de sospecha).

Lo que nuestras naciones pagan en deforestación, violencia, sangre, corrupción e informalidad tributaria y económica es una inmensidad comparada con los posibles daños provocados por el eventual aumento de consumidores que la despenalización conllevaría. Es hora de abrirle puertas a la libertad y a la dignidad regionales.

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drogas, Gustavo Petro

Sin un shock de inversiones capitalistas acompañado de un conjunto de reformas de segunda generación, el Perú andará a la deriva, atrapado en el statu quo, con inmensos bolsones de la población al margen de la bonanza y dispuestos a saltar al vacío por el puro gusto de agraviar a quienes consideran los responsables de su desventura ancestral.

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Perú, política peruana

Consultados algunos fiscales, nos dijeron que a quien debe investigar la Junta Nacional de Justicia es a la fiscal Revilla Corrales por ocultar una información tan sensible tanto tiempo y que recién recuerda cuando la sacaron del cargo que ocupaba. Si a Patricia Benavides se la tiene que investigar por esto, lo debe hacer control interno del Ministerio Público. Por el tiempo transcurrido –agregan los fiscales consultados–es probable que no se pueda siquiera abrir investigación, por haber prescrito la falta disciplinaria.  

El plan retorno y la cláusula de impunidad 

En el Ministerio Público es un secreto a voces que quien está dirigiendo la campaña contra la actual Fiscal de la Nación es la fiscal Fanny Quispe Farfán quien prepara una serie de medidas legales para tratar de retornar a la Fiscalía Suprema que investiga el caso Cuellos Blancos, de la que fue cambiada el 22 de julio del 2022. 

Quispe –que ahora labora en una fiscalía del distrito de San Luis– siente que se la humilló por no consultarle si quería ser cambiada y por no respetar su antigüedad en el cargo; ella se considera la descubridora del caso Cuellos Blancos y la persona más importante (e irremplazable) del caso. Sin embargo, la causa principal por la que quiere regresar a su antiguo trabajo se debería a que la nueva gestión fiscal, al revisar exhaustivamente los casos se encontró con carpetas mal armadas, sin foliatura, y los expedientes de colaboración eficaz en un completo abandono y ha identificado que el acuerdo de colaboración eficaz que la Fiscalía suscribe con Walter Ríos contiene una cláusula de impunidad absolutamente inédita e ilegal en la historia del derecho peruano, ya que se le otorga al expresidente de la Corte del Callao todo beneficio por hechos delictivos, presentes o futuros, que pueda cometer. Por ejemplo, si Walter Ríos mata a alguien en el penal o vuelve a cometer un delito de corrupción por el acuerdo ilegal de colaboración que suscribió la fiscal Fanny Quispe no se le podría investigar y menos castigar. Ni siquiera Odebrecht ha tenido tantas ventajas y gollerías en su trato con la Fiscalía.

Como la cláusula de impunidad de Walter Ríos ha generado un escándalo en la nueva gestión de la Fiscalía, Fanny Quispe pretendería regresar a fin de neutralizar cualquier investigación que pueda abrirse en su contra debido a la ley peruana no permite a los fiscales a llegar un acuerdo de impunidad con los delincuentes por hechos todavía no descubiertos y que no se encuentran contenidos en el acuerdo de colaboración eficaz.

Si existe una nueva autoridad decente de control interno en el Ministerio Público, que ahora encabeza Juan Antonio Fernández Jerí, se debería intervenir de oficio y de inmediato para investigar, procesar y castigar un claro caso de delito de prevaricato que se ha cometido para brindar beneficios ilegales a Walter Ríos Montalvo. La otra opción es que la nueva gestión fiscal remita copias a control interno para la investigación correspondiente, dada la gravedad de los hechos descubiertos.

La filtración de las llamadas de Patricia y Enma Benavides con Antonio Camayo y Edwin Oviedo       

Uno de los temas “bombas” que aparecen en una última entrevista al fiscal Cubas Villanueva es que tiene acceso a un documento enviado por la DIVIAC (mediante oficio 496-2020 DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPAPTEC ) dirigido a la fiscal provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado del Callao. Dichi documento reporta que en el marco de la investigación del caso Cuellos Blancos existen ocho comunicaciones telefónicas entre Edwin Oviedo y Enma Benavides, jueza superior y hermana de la fiscal Patricia Benavides, que ocurrieron entre mediados de abril y principios de junio de 2018; así como siete llamadas entre la fiscal Patricia Benavides y el investigado Antonio Camayo Valverde, que tuvieron lugar entre finales de mayo y finales de junio de 2018 en pleno estallido del caso Cuellos Blancos.

Para cualquier persona e, incluso, para cualquier fiscal, es difícil acceder a un Informe de la DIVIAC sobre levantamiento de secreto de las comunicaciones, ya que tiene un carácter eminentemente reservado al afectar la vida privada de las personas. Cubas Villanueva, al ocupar un cargo administrativo en el Ministerio Público como jefe de la implementación del Código procesal penal, y al no investigar a nadie, difícilmente podía contar con una información tan sensible. Solo es posible que esa información se haya filtrado por las personas y los funcionarios que directamente tienen acceso a ella.

SUDACA ha consultado a los oficiales de la DIVIAC que se relacionan con el informe de registros de comunicaciones a las que Cubas alude y nos señalan de manera enfática que ellos solo han entregado de manera oficial el documento de registros de comunicaciones a la fiscalía que lo solicitó y no a otra dependencia del Ministerio Público y que es imposible que dicha información ellos la hayan entregado a la prensa, o a cualquier otro fiscal, debido a que estarían incurriendo en delito y en falta grave que les podría costar su carrera. Asimismo, se ha consultado a la fiscal que ordenó el informe de la DIVIAC, la Dra. Rocío Sánchez y también nos negó enfáticamente que haya tenido una copia en su poder de dicho informe y menos que haya filtrado la información a la prensa o que haya proporcionado dicha información a Cubas Villanueva, con quien no tiene ninguna relación, o que haya elevado un informe a otra dependencia fiscal.

Si tanto la DIVIAC y la ex fiscal encargada del caso niegan de manera rotunda haber entregado a terceros el informe de registros de llamadas en la que se encuentran Patricia y Enma Benavides, la única opción posible es que dicho informe haya sido filtrado por la misma fiscalía que investiga a Camayo Valverde y a Edwin Oviedo Pichotito. Se recuerda que la investigación fiscal de ambos personajes se encuentra a cargo de los fiscales provinciales Magaly Quiroz y Juan Carlos Cabrera Segovia.

Se debe recordar que sobre la fiscal Magaly Quiroz hay graves hechos que pesan en su contra, y que hasta ahora nadie investiga, debido a que ocupa el lugar de principal investigadora del caso Cuellos Blancos luego de ser designada por la antigua Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, a propuesta de Fanny Quispe, pese a ser amiga íntima y compañera de colegio de la esposa (Maritza Sánchez) del principal protagonista del caso Cuellos Blancos: Walter Ríos Montalvo. Habiendo, además, asesorado a la esposa de Ríos –tal como lo refiere ‘Hildebrandt en sus trece’ y el diario ‘Expreso’– en la defensa del cabecilla del escándalo de corrupción. ¿Cómo es posible que una fiscal que tiene una amistad pública con la esposa del jefe de la organización, a quien brindó asesoría y consejos legales, termine siendo investigadora del caso y haya, por ejemplo, desaprobado el acuerdo de colaboración eficaz de Gian Franco Paredes Sánchez que involucra a Walter Ríos Montalvo en actos de corrupción que nunca éste delató a la Fiscalía? ¿Qué sorpresas y qué hallazgos nos puede brindar el levantamiento del secreto de las comunicaciones de la fiscal Magaly Quiroz a través de los registros históricos de llamadas con su amiga Maritza Sánchez?

Una situación semejante ocurre con el fiscal Juan Carlos Cabrera Segovia, que investiga también en primera instancia el caso Cuellos Blancos y hace unos meses fue denunciado en señal abierta, tal como informó el programa ‘Panorama’ de Panamericana Televisión, por su asistente Dina Maguiña por abuso de autoridad, peculado de uso y hostigamiento laboral debido a que la enviaba a trabajar indebidamente para sus trámites personales y no para los casos de la Fiscalía, en especial, para recoger información de distintas entidades públicas que le podía servir para su ratificación en la Junta Nacional de Justicia. Dina Maguiña ha presentado a control interno de la Fiscalía chats de conversaciones personales con las que prueba sus afirmaciones y ha acusado a Cabrera Segovia de maltrato y de haberla humillado en su trabajo, situación inaceptable para un representante del Ministerio Público que debe respetar a la dignidad de la persona. Cabrera es conocido en el Ministerio Público por la prepotencia con su personal, su carácter ácido y por tener una relación cercana con la fiscal Fanny Quispe.        

Con lo dicho, queda en evidencia que el principal peligro y fuego graneado que tiene la Fiscal de la Nación no proviene de terceros, sino de los propios integrantes del Ministerio Público que, desde distintas instancias y posiciones luego de acceder a información reservada, buscan desestabilizar a la cabeza del Ministerio Público para recuperar posiciones de poder que han perdido. El hecho que Patricia y Enma Benavides, o cualquier otra persona, hayan conversado telefónicamente con una persona investigada en algún caso que investiga el Ministerio Público no las convierte en sospechosas de algo y menos en delincuentes, peor aun cuando no hay audios de dichas conversaciones y no se conoce el contenido.

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Fiscal, Ministerio público, Patricia Benavides

Flaco favor hace el Congreso con este tipo de informes a las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público, instancia donde se debe dilucidar el caso y que ha convocado peritos nacionales e internacionales para obtener claridad sobre lo que realmente ocurrió ese fatídico 15 de enero.

Hay sin duda un interés del Gobierno por aprovechar políticamente este caso. No se explica de otra manera la lentitud de la OEFA por reabrir las actividades pesqueras en la zona. En su Informe, OEFA señala que ya hay 28 áreas totalmente libres de residuos de hidrocarburo y, sin embargo, no decreta la reapertura de estas áreas de pesca. Los perjudicados son los pescadores que están sobreviviendo con los bonos que les entrega la empresa. La demora en la emisión de los informes de OEFA, con muestras desfasadas en el tiempo (muchas datan de hace cinco meses), solo perjudica al retorno de las actividades.  

Este desastre ha sido muy doloroso para el país y, sobre todo, para pescadores, comerciantes y vecinos de Ventanilla y alrededores que fueron directamente impactados. Ellos esperan una investigación seria y el retorno lo más rápido posible a sus actividades. El Informe de la Comisión que presidió Margot Palacios es una muestra más de que el Congreso no debe asumir causas que no le competen ni debe buscar aprovechamiento político y dejar que el Ministerio Público profesionalmente llegue a las conclusiones que todos demandamos.

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Repsol

De por sí estas mafias afectan la economía nacional. Algunos, cínicamente, creen que es mejor hacerse de la vista gorda y asumir que gracias a su actividad ingresan ingentes cantidades de dinero, pero olvidan que el “blanqueo” de tales dineros destruye la competitividad sana en muchos sectores donde estos mafiosos “invierten”. Los empresarios limpios no pueden competir con estas lavanderías.

De otro lado, la propia ilicitud de estas mafias es la causante, en gran medida, de la creciente ola delictiva que sufre el país. Disputas por territorios o cuotas de poder, ensangrientan las calles del Perú a punta de sicarios y plomo. No es admisible que se le mire de soslayo y no haya conciencia plena del aspecto central que la lucha contra estas mafias debiera tener en los planes de gobierno de cualquiera que quiera regentar el Estado peruano, el mismo que está a punto de ser capturado por bandas criminales y convertir al Perú en una nación fallida.

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narcotráfico

3.- Salud Pública. Uno de los rasgos de calidad de vida y dignidad ciudadana en el mundo es la provisión universal de un servicio de salud pública para los pobres, para aquellos que no pueden pagar una clínica privada o un seguro médico. El desastre conjunto de EsSalud y el Minsa requiere una cirugía mayor y cambios normativos importantes, que pasan por el Congreso. Fórmese una comisión de expertos que debata seriamente qué hacer con el entuerto y que se apruebe un paquete legislativo que remedie el problema. Recursos hay en el sector -se han multiplicado varias veces en las últimas décadas-, pero la trama corrupta de mafias enquistada en el mismo impide que el ciudadano de a pie reciba un trato mínimamente digno. Es éste uno de los servicios esenciales de inclusión social y su falla estructural es una fábrica de antisistema y de portavoces de rencores muy profundos.

La del estribo: muy recomendable, como siempre, el tercer número de la revista Ojo Dorado, que publica el ICPNA, bajo la dirección de Alberto Servat. Entre muchos otros temas, contiene este número el testimonio del cineasta alemán Werner Herzog haciendo un repaso de su relación con la Amazonía, a propósito de cumplirse 50 años de Aguirre o la ira de Dios; un adelanto de la autobiografía de Susana Baca; una conversación entre Ana de Orbegoso y Natalia Iguiñiz. Y mucho más.

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Congreso de la República, reformas
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