Informes

“Tengo conocimiento de que los madereros de Madre de Dios le realizaron un apoyo a Hidalgo, con el pago de una bolsa [de dinero] en su campaña para que todo siga y sean favorecidos”, le dijo el 23 de julio un aspirante a colaborador eficaz al fiscal Dionisio Quicaño, especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Se refería a Luis Hidalgo Okimura, gobernador regional de Madre de Dios y militante de Alianza para el Progreso (APP).

El fiscal Quicaño viene investigando una mafia de traficantes de madera a la que ha bautizado como “Los Hostiles de la Amazonía”. Logró sus primeras detenciones a mediados del 2020. Se detuvo a varios funcionarios que ocupaban mandos medios en el gobierno regional y también cayeron policías, fiscales y agentes de la Sunat. Todos ayudaban a la organización criminal a falsificar documentos y burlar los controles para el traslado ilegal de madera, como ya ha reportado este medio.

Ahora, la trama criminal más importante de Madre de Dios le ha tocado la puerta al mismísimo gobernador. Las escuchas telefónicas han revelado sus vínculos con empresarios madereros que se vieron beneficiados por decisiones de su gestión. El último 12 de octubre, la Policía allanó la casa de Hidalgo y una decena de inmuebles más. Tres personas tenían orden de captura, una de ellas no fue ubicada. Sudaca accedió a la carpeta fiscal del caso.

Para el procurador en delitos ambientales Julio Guzmán, este es uno de los casos más importantes en materia ambiental del país. Cada vez aparecen involucrados funcionarios de mayor nivel. “La visión que tengo es que los mandos medios no actúan de manera aislada, no dirigen un modus operandi, sino forman parte de una estructura de poder que va más allá”, dice.

colaborador pagos a hidalgo
El aspirante a colaborador eficaz dice que la mafia maderera financió la campaña de Luis Hidalgo «para que todo siga y sean favorecidos».

ENCUBRIMIENTO

El colaborador eficaz le dijo al fiscal que el apoyo a la campaña del gobernador Hidalgo por parte de Edith Huaricancha Arenas, sindicada como la líder de la organización criminal de tráfico de madera, la había convertido en un personaje poderoso en la Dirección Regional Forestal. Esta se encarga de fiscalizar el producto que sale de la región. “Decía que ella podía manejar el Inrena, es decir, la Dirección Regional Forestal”, aseguró el delincuente arrepentido.

Señaló -por ejemplo- que Harry Pinchi, a quien nombraron en esa dirección en 2019 y se opuso a los intereses de Huaricancha, fue removido por presión de esta. “Edith y su grupo demostró que a este Harry lo harían botar. Es así que, efectivamente, luego de un corto período, lo botan. Previa bolsa [de dinero] que los tramitadores hicieron”, contó.

Pero, a pesar de su mala relación con Huaricancha, la Fiscalía considera que el ingeniero Harry Pinchi tampoco actuaba derecho. En noviembre de aquel 2019, le habría hecho un favor a unos amigos del gobernador regional, luego de que se interviniera un camión con una dudosa carga de madera. Pinchi habría impedido una inspección al aserradero desde donde salió la mercancía, que pertenece a la compañía Empefoc. Ese es el otro hilo que jaló el fiscal Quicaño para tocar las puertas de Luis Hidalgo.

Empefoc pertenece al peruano Christian Stapelfeld Asayag y funciona como un aserradero y un centro de almacenamiento de madera. Stapelfeld, según la Fiscalía, trabaja para un empresario chino asentado en el Perú hace años: Xiadong Ji Wuo. O Fidel, como lo conocen sus amigos. Es gerente y apoderado de otras firmas del rubro maderero y dirige un periódico para la comunidad china llamado ‘La voz de la colonia china’. Ambos -Stapelfeld y Fidel- tienen una relación bastante cercana con Luis Hidalgo, como veremos más adelante.

ciudadano chino empresa madera
El 12 de octubre se allanó la vivienda del empresario chino Xiadong Ji Wuo. O Fidel, como lo conocen sus amigos.

La hipótesis fiscal es que ellos proveen las guías de transporte forestal -documentos donde se consigna el nombre del dueño de la madera y hacia dónde se está dirigiendo la mercancía- a la mafia. En los papeles se coloca que Empefoc es la dueña del cargamento, cuando no es así. Es decir, se falsifican los datos.

El 7 de noviembre de ese 2019, por ejemplo, agentes de la Dirección Regional Forestal intervinieron un camión conducido por Raúl Suta Quispe, un sujeto con antecedentes por delitos ambientales que en ese momento transportaba madera de procedencia presuntamente ilegal. Para justificar el cargamento, Suta presentó una guía de transporte que decía que aquella madera estaba a nombre de Empefoc.

Los días posteriores a la intervención de Suta, Christian Stapelfeld se comunicó en varias ocasiones con él, preocupado por las consecuencias que podía haber en su contra. También se comunicó con un presunto miembro de la mafia detenido el año pasado, Jesús Aranzabal, a quien le pidió solucionar el problema y evitar que esto llegue a la prensa.

“Con nosotros se ha sentado [se refiere a Stapelfeld] y le hemos dado la idea de que él agarre y diga a todo el mundo que esas guías él no las había autorizado y que las están clonando […]. Nosotros le damos a Christian [Stapelfeld] su pago mensual, ahora está fregado”, se le oye decir a uno de los investigados -Francis Diaz- en comunicación con Jesús Aranzabal. Díaz fue detenido en abril de este año y Aranzabal a mediados del 2020.

Este último habría ayudado a Stapelfeld a librarse de la justicia luego de la intervención al camión que manejaba Suta. El 16 de noviembre, Aranzabal llamó a Christian Stapelfeld y le dijo que en su caso no iba a haber problema. La razón: ya había hablado con la fiscal a cargo y no lo iban a investigar. 

Señor Christian, ahora sí me he metido a hacer de todo para que en la fiscalía quede ahí nomá […] Yo ya hablé con la fiscal y bueno ahorita la investigación no está dirigida a la empresa de usted […] Es una amiga mía la fiscal”, le comenta Aranzabal. El empresario acepta entregarle “una luquita” por las gestiones.

fiscalia corrupcion
El 16 de noviembre, uno de los investigados llamó a Christian Stapelfeld y le dijo que en su caso no iba a haber problema. Ya había hablado con la fiscal a cargo.

Pero la intervención de Suta no podía ser pasada por alto en el gobierno regional. Quedaba pendiente una inspección al aserradero de Empefoc. Ahí entró a tallar el ingeniero Harry Pinchi en favor de los amigos del gobernador Hidalgo, según la Fiscalía.

De acuerdo a las escuchas, el 25 de noviembre Christian Stapelfeld y Fidel se reunieron luego de la hora de almuerzo. Al poco rato, Palmer Pastor -asesor del gobernador regional Luis Hidalgo- se comunicó con Pinchi y le pidió que atienda a Stapelfeld. Pinchi aceptó recibirlo.

Tras la reunión, se interceptó una llamada de Stapelfeld al asesor del gobernador, donde el primero de le comentó al segundo: “Eso ya lo solucioné, me ayudó al toque, al toque me solucionó”. La Fiscalía asegura que hablaban de detener la inspección al aserradero.

El 26 de noviembre, Fidel y el gobernador Luis Hidalgo tuvieron una reunión cerca de las 7:30 de la mañana en el Hotel Centenario. Los investigadores creen que además de la inspección frustrada, habrían tratado otros temas de interés mutuo. La sospecha tiene correlato en eventos posteriores.

BUENAS RELACIONES

La relación entre el gobernador y el empresario chino, alias Fidel, no es nueva. En mayo del 2019, ambos viajaron a China, junto a Christian Stepelfeld, para participar de la Expo Central China 2019. Según la fiscalía, “Xiadong Ji Wu y Christian Stapelfeld habrían comprado los pasajes”. 

Meses después, en diciembre de aquel año, el ciudadano chino habría tramitado becas en el extranjero para familiares del gobernador y de su asesor Palmer Pastor, de acuerdo a la Fiscalía. De hecho, en las escuchas entre Fidel y Stapelfeld, el primero le dice que Pronabec cuenta con cupos limitados de becas y que ha conseguido cinco para cualquier carrera en Shanghai, pero en la misma embajada. 

Fidel incluso le consiguió al gobernador una reunión con el embajador chino para el 16 de diciembre de aquel 2019. No se tiene información de en qué quedó ese asunto, pero sí los vínculos de los empresarios con el poderoso funcionario de Madre de Dios. 

¿Para qué sirvieron tantos favores? Según las escuchas, desde el 2020 funcionarios de la Dirección Regional Forestal ayudaron, a cambio de coimas, a acelerar la transferencia de una concesión ecológica a favor del empresario chino. En marzo del 2021, además, la misma dirección condonó una deuda a Turbina SAC, de propiedad del empresario chino y de Stapelfeld. 

A inicios de este mes, el fiscal Quicaño pidió la detención de Luis Hidalgo y de Fidel, pero el juez consideró que las pruebas contra ellos aún no eran suficientes. Solo ordenó el allanamiento de sus casas. Contra quien sí dictó detención fue contra el director forestal Harry Pinchi y el empresario Christian Stepelfeld.

Los detectives se llevaron una sorpresa al allanar el despacho del gobernador y ver que había una resolución judicial del 6 de octubre que ordena el levantamiento del secreto de las comunicaciones de varios investigados. Entre ellos, el de él.

Contactamos a Luis Hidalgo, que prometió atendernos la noche del martes. Al cierre de esta edición, no volvió a responder nuestras llamadas. También llamamos a los números del empresario chino, pero no hubo respuesta.

PRENSA VENDIDA

La mafia, sin embargo, no se ha preocupado solo en reclutar funcionarios. También lo ha hecho con ‘periodistas’. Las investigaciones del fiscal Quicaño salpican a un hombre de prensa conocido localmente, que no tiene vergüenza en admitir que recibió pagos de personas que hoy son investigadas por el tráfico de madera que deforesta su región.

blanco radio2
El ‘periodista’ Julio Blanco Rocca admite que recibió dinero de los madereros. «Como todo hombre de prensa, te llaman y te dicen: ‘entrevístame dos’, ‘cháncame dos’», dice.

A mediados del 2019, en su programa de Radio Selva, el comunicador Julio Blanco Rocca dio algunos nombres de madereros que estarían cometiendo irregularidades coludidos con funcionarios regionales. Nombró a una tal Edith, sin dar su apellido.

Huaricancha se sintió aludida y lo llamó para preguntarle quién le había dado la información. “Me vas a contar todo, conmigo no vas a jugar. Yo soy tu pinky”, le dijo la mujer. Y luego de unos segundos añadió: “Voy a mandarte para tus gastos, ya no hables nada mierda”. Minutos después, Huaricancha se comunicó con uno de sus cómplices y acordaron armar una bolsa mensual para el ‘periodista’.

Sudaca se comunicó con Blanco, quien aceptó haber recibido el dinero. Asegura, sin embargo, que eso no lo involucra en el delito de tráfico de madera.

“A la ‘Yayita’ [se refiere a Edith Huaricancha] la conozco hace más de 10 años. Uno no sabe si ella trafica con madera, blanquea guías, uno no sabe. Sus acciones no me involucran a mí”, dice. Y luego añade, con total desparpajo: “Como todo hombre de prensa, te llaman y te dicen: ‘entrevístame dos’, ‘cháncame dos’, ‘a zutano’, ‘a fulano’. Y uno dice: ‘apoya con algo’ y te colaboran con 200, 300, por lanzar una noticia que interesa a una persona y que puede perjudicar a otro. Eso no es delito y lo hice antes de que ellos caigan”.

El juez solo ordenó el allanamiento de la casa de Blanco y rechazó que se le detenga bajo el increíble argumento de que estaba ejerciendo su “libertad de expresión”.

LOS CONSEJEROS

Las escuchas telefónicas también demostrarían que el gobernador Luis Hidalgo le hacía favores a consejeros a cambio de que aprueben las decisiones de su gestión. Uno de ellos es Marcial Tapullima Yuyarima, que llegó al cargo como invitado de Perú Libre.

Según las escuchas telefónicas, en noviembre del 2019 Tapullima se comunicó con el asesor del gobernador para pedirle que su esposa sea contratada en una red de salud que controla la región. A cambio de la ayuda, el consejero votaría a favor de aprobar un viaje del gobernador a España. Las escuchas demuestran que Hidalgo movió sus hilos para ayudar a Tapullima.

luis hidalgo ayuda a tapullima
El gobernador acepta «ver» la solicitud de un consejero, que pidió favorecer a su esposa con un cargo público.

Nos pusimos en contacto con Tapullima, pero su celular estaba apagado. La vivienda del consejero fue allanada la semana pasada.

También lo fue la casa de la consejera Fátima Pizango, responsable política de Alianza para el Progreso en la región desde el 2014. En su inmueble, la Policía halló S/70.000 en efectivo. “Yo soy una profesional que viene trabajando en muchas instituciones, tengo un colegio particular, he vendido una camioneta. Por la pandemia, todo ese dinero no lo pude invertir”, dice Pizango. 

La funcionaria es acusada de recibir financiamiento para la campaña de APP de parte de la mafia que lidera Edith Huaricancha, y de gestionar la compra de un pasaje para un consejero con el dinero de los taladores. “No conozco a Huaricancha y por ningún motivo hemos tenido algún aporte. El colaborador tiene que demostrarlo”, señala.

El procurador Julio Guzmán dice que hasta ahora no hay sentencias por crimen organizado vinculado a delitos ambientales. “Los Hostiles de la Amazonía” podría ser la primera de ellas, si el Poder Judicial lo permite.

Tags:

hostiles de la amazonía, luis hidalgo, Madre de dios, tráfico de madera

Mirella Oré Mónago es una persona con suerte. En los últimos años ha ocupado cargos clave al interior de Promperú, el más reciente como asesora de la Dirección de Promoción de Turismo. Hoy está en los Emiratos Árabes, trabajando para una empresa contratada por su anterior empleador.

Oré fue asesora en Promperú en un momento importante: cuando la entidad preparaba su participación en la Expo Dubái, uno de los eventos más grandes del sector turismo en el mundo. En busca de un operador para el pabellón peruano en aquel evento, Promperú contrató –en un proceso plagado de irregularidades, como reportó Sudaca– a la empresa Continuous Events. 

Inmediatamente, Oré -que había accedido a información privilegiada sobre este proceso- apareció como parte del staff de la compañía y salió de viaje. ¡La puerta giratoria en todo su esplendor!

 

Destino Dubai 

Mirella Oré Mónago es una vieja conocida en Promperú. Trabajó allí desde el 2012, ocupando los cargos de Especialista de Alianzas Estratégicas y Coordinadora del Departamento del Mercado Europeo, puesto que dejó en septiembre del año pasado.

Esta última oficina forma parte de la Dirección de Promoción de Turismo, de acuerdo a la estructura de la institución. Dato importante, considerando que luego de retirarse como coordinadora, Oré se volvió asesora de esa misma dirección. Le pagaban por órdenes de servicio. 

Según Promperú, colaboraba con la entidad para fomentar el turismo de cara al Bicentenario. Sin embargo, también daba recomendaciones sobre la misión peruana en los Emiratos Árabes para la Expo Dubái 2020, donde Perú viene participando junto a casi 200 países más.

Su principal rol como asesora fue elaborar informes técnicos, precisamente, sobre la gestión del pabellón peruano para la Expo Dubai 2020. La misma Oré lo menciona en uno de estos documentos cuando brinda avances de su trabajo. 

Primera cara de uno de los informes que Oré presentó a la Dirección de Promoción de Turismo en mayo. Destaca su asesoramiento para las actividades peruanas en la Expo Dubai 2020.

En un segundo informe, del 13 de mayo de este año, agrega que una de sus tareas era “articular con el equipo técnico del Proyecto Expo Dubai respecto de las actividades que propone la Dirección de Promoción del Turismo, los cuales se llevarán a cabo en el Pabellón Perú en la Expo 2020 Dubái”. Páginas más adelante, incluso, cuenta que fue nombrada representante de su dirección ante el grupo de trabajo encargado del tema. Llegó a participar en reuniones con el viceministerio de Turismo, donde sustentó sus informes previos. 

En este rol, Oré recibió cinco órdenes de servicio de Promperú por un monto total de S/90.000, de acuerdo al portal de la OSCE. La última, de S/24.000, fue adjudicada en junio. En aquel momento había varias empresas compitiendo por hacerse de la operación del pabellón peruano. Oré, a todas luces, tenía información privilegiada del proceso.

En agosto, mediante un proceso expedito, la empresa Continuous Events ganó la buena pro para operar el pabellón. Ojo: no para construir la infraestructura, que fue adjudicada a otra empresa mucho antes y fue considerada una de las más bellas del evento, sino para operarla. Este proceso, bajo el actual gobierno, estuvo plagado de irregularidades. 

Como contó Sudaca en un informe previo, para adjudicarle a Continuos Events -que no tenía trayectoria en operación de pabellones, sino en marketing- se flexibilizaron los requisitos y se descartó a otro postor con experiencia, que pedía menos dinero. 

La compañía recibirá casi S/7 millones de soles y Oré tendrá una tajada de la torta. ¿Por qué? Luego de terminar de asesorar a Promperú la exfuncionaria pasó a trabajar en Continuous Events como ‘protocol manager’, según el sitio web de la compañía

Hoy el flamante ‘jale’ de Continuous está en Dubái y no desaprovecha la oportunidad de tomarse selfies con viejas colegas. Aparece, por ejemplo, junto a Amora Carbajal, actual presidenta ejecutiva de Promperú, afuera del pabellón peruano. Carbajal encabezó, antes de presidir la entidad, la Dirección de Promoción de Turismo en los primeros tres meses de este año. Coincidió con Oré cuando esta asesoraba al departamento.

Amora Carbajal (derecha) aparece junto a Mirella Oré (en el centro) y una visitante del pabellón peruano en la Expo Dubai 2020 en una selfie que subió la turista.

Los últimos meses de Oré en Promperú no están libres de cuestionamientos. Sudaca tuvo acceso a una denuncia anónima presentada el pasado 5 de agosto a César Catacora, jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría en Promperú, donde se le solicita que investigue la contratación de varios locadores de servicios para la Dirección de Promoción del Turismo. Entre ellos, la protagonista de esta historia. 

La denuncia señala que hay un incremento de sueldo a favor de Oré que no se justifica, que ha presentado informes con errores gramaticales y propuestas insuficientes, y que ha actuado en representación de sus superiores sin tener la potestad de hacerlo. Oré habría tenido -dice el escrito- la venia de María del Sol Velásquez, directora de promoción del turismo; Amora Carbajal, la presidenta ejecutiva que posa junto a ella en Dubái; e Irene Suárez, la gerenta general.

Esta última funcionaria ha tenido un proceso en Fiscalía por temas similares. Suárez ha sido investigada preliminarmente por el delito de negociación incompatible, desde julio del año pasado, por hechos cometidos cuando era directora general de la Oficina de Administración del Mincetur, entre 2011 y 2014. 

Suárez, que es la principal responsable de la gestión peruana para la Expo Dubái 2020, solicitó en octubre del año pasado al ministerio que se le otorgue defensa legal para ese caso, beneficio que le fue otorgado ese mismo mes. La acusación ante la OCI de Promperú, de momento, esté en un punto muerto. 

Según fuentes de Promperú, no se ha hecho nada con la denuncia. Sudaca preguntó al área de prensa de la institución sobre la atención de este caso, pero la respuesta fue apenas que este órgano “cuenta con autonomía” para atender estos asuntos. Ojalá ello no se traduzca en desinterés. 

Mientras la denuncia se empolva, Oré no pierde oportunidad de lucirse en Dubái. La trabajadora de Continuous Events aparece como representante oficial de la empresa en una imagen junto a la comisionada boliviana para la Expo Dubái 2020 y Marco Antonio Santivañez, cónsul general peruano en los Emiratos Árabes Unidos, que compartió en su LinkedIn. 

 

Contra la ley

El caso de Oré no es el único que involucra a locadores de servicios contratados con presuntas irregularidades. Jorge Mufarech Carcedo, exaccionista de dos empresas en liquidación, es asesor de la Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales al menos desde julio, según confirmó Promperú a Sudaca. 

Hasta ahí nada raro, de no ser porque su vínculo laboral con la entidad sería ilegal. Mufarech ha sido asesor en el Mincetur durante la gestión de la ministra Claudia Cornejo Mohme. El empresario fue consultor del gabinete de asesores de ese despacho entre noviembre del 2020 y junio de este año, según señala en su declaración jurada de intereses. 

Un mes después de dejar ese cargo, Mufarech pasó como locador a la Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales en Promperú, un cambio express que va en contra de lo que señala la Ley General de Contrataciones. La norma indica que todo servidor público está impedido de contratar con el Estado en los 12 meses siguientes de abandonar su cargo.

Según Cristian Castillo Luna, abogado especialista en contrataciones estatales, el caso del empresario viola el literal f del artículo 11 de la ley. “En el caso de Mufarech él tiene un alto grado de información, alcance y conocimiento. Debería estar impedido de contratar. Es el asesor del ministerio de alto grado y conoce lo que harán». Además, agrega que se trata de una dependencia del mismo sector donde ya trabajó.

Mufarech ya recibió S/24 mil soles a finales de julio, de acuerdo al portal de la OSCE, lo que podría ponerlo como investigado por colusión agravada. “Hay perjuicio del Estado porque estando impedido para contratar lo ha hecho y le han pagado 24 mil soles”, dice Castillo. Por este presunto delito se podría dictar una pena de entre seis a 15 años de cárcel. 

La orden de servicio por 24 mil soles que ya recibió Mufarech de Promperú. Fuente: OSCE.

Sudaca preguntó por la ilegalidad de esta contratación al área de prensa de Promperú. Como respuesta, nos confirmaron que Mufarech Carcedo está actualmente trabajando en la Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales y que “para este efecto firmó la declaración jurada de no encontrarse impedido para trabajar en el Estado”. ¿Papelito manda? 

 

Descargos de Promperú

A continuación Sudaca presenta de manera literal las preguntas y respuestas que recibió del área de prensa de Promperú para la elaboración de este informe.

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

Tags:

Estado, Expo Dubái, Promperú

“Considero que en el bloque magisterial lo tienen bien claro: se van a ir”, dice la vocera alterna de los lápices, Silvana Robles. Se refiere al grupo de docentes -la mayoría vinculados a la Fenate-Perú, el gremio que fundó Pedro Castillo tras la huelga del 2017- que llegaron al Congreso como invitados del partido.

“Ellos lo han manifestado también públicamente y a la prensa le han hecho llegar su sentimiento de tener un partido propio del magisterio. Para ellos es lo mejor y lo hemos respetado. Y ha llegado el momento de que no se encuentren en esta posición de pertenecer a un partido sin compartir los ideales”, añade.

La posible conformación de la “bancada magisterial” fue dada a conocer por Sudaca en mayo pasado, cuando uno de sus líderes, el congresista Edgar Tello, adelantó que algunos profesores podrían separarse de Perú Libre “por discrepancias internas”. Todavía ni se instalaba el nuevo Parlamento. “Primero, vamos a asumir las funciones. Luego, veremos las coordinaciones a nivel de bancada”, dijo aquella vez.

La vocera de la bancada de Perú Libre, Silvana Robles, compartió el acuerdo de la asamblea de su partido en la que se decide no dar el voto de confianza al Gabinete Vásquez. Después, precisó que «el voto será con libertad de consciencia».

El último comunicado de Perú Libre, divulgado en la cuenta de Vladimir Cerrón el jueves pasado, parece reconocer que hay una fractura insalvable. “Los congresistas afines al magisterio, quienes llegaron con el partido, tienen un proyecto de partido propio”, admite el escrito. Anuncia, además, que la bancada del lápiz “no emitirá el voto de confianza” al nuevo Gabinete. La decisión no ha caído bien en la interna de la bancada.

Las discrepancias tienen su punto más álgido precisamente en la confianza al Gabinete Vásquez. La congresista del ‘bloque magisterial’ Elizabeth Sara Medina cuenta a Sudaca que la premier Mirtha Vásquez los había citado para hoy lunes a las 4 de la tarde a una reunión de trabajo. No obstante, el vocero de la bancada, Waldemar Cerrón, publicó una carta donde le informa a Vásquez que no asistirán.

Pero no todos acatarán la decisión. Uno de los que sí acudirá a la cita con la primera ministra es el profesor Óscar Zea, quien es invitado en Perú Libre. Zea, además, adelanta que le dará su voto de confianza. Otro congresista que irá a la reunión es Roberto Kamiche. «¿Por qué no tendría que ir?», apunta. El profesor Fernando Herrera dice que también estará presente. Los congresistas que sí asistirán a la PCM vienen coordinando la agenda de trabajo que presentarán a la premier.

LOS BLOQUES

El ala magisterial de la bancada está conformada por 14 docentes, 13 vinculados la Fenate-Perú (en agosto Sudaca publicó una nueva conformación de la ‘bancada magisterial, pero esta ha variado). El grupo podría decidir su salida en las próximas horas. La totalidad de la bancada tiene una reunión pactada, en primer término, para las 6:00 de la tarde. “Justamente, en la reunión que queremos tener el día lunes [hoy], se les hará la explicación y se quedarán los que consideren que comparten los lineamientos partidarios de Perú Libre. Y los que no, serán libres de elegir con qué partido tienen afinidad”, dice Silvana Robles.

Al ser consultado sobre su permanencia en la bancada, Óscar Zea dice que la intención es «seguir unidos». Los congresistas y profesores del “bloque magisterial”, Edgar Tello y Álex Paredes, señalan, por el contrario, que lo van a evaluar. 

Por su parte, la congresista Katy Ugarte, también del lado de los profesores, dice que no ve por qué tendría que irse de la bancada. Adelantó, eso sí, que le dará su voto de confianza al nuevo Gabinete.

De lo que no tienen dudas en la interna de Perú Libre es que al menos 15 congresistas se quedarán pase lo que pase (ver infografía). De ellos, 14 son militantes del partido y una -María Taipe- asegura que lo es, a pesar de no aparecer en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Estos son considerados como leales a la agrupación de Vladimir Cerrón y a su ideario marxista, leninista y mariateguista. 

 

 

Eso no quiere decir, sin embargo, que todo ese bloque votará en contra de la confianza al Gabinete Vásquez. “No todos los que se queden en el partido, van a negarle el respaldo al Gabinete Vásquez”, admite la vocera alterna. Como ha reportado Sudaca, Guillermo Bermejo le dijo recientemente al presidente Castillo que solo 12 legisladores votarían contra la nueva premier.

Además, hay congresistas como Roberto Kamiche que, si bien son militantes, no son considerados en el grupo que cerraría filas con Cerrón. Otros, como Víctor Raúl Cutipa, que no es militante ni alineado a algún bloque, tampoco son tomados en cuenta por Robles como parte de los que se quedarían en el lápiz. Cutipa ha manifestado que sí le dará la confianza al Gabinete Vásquez.

El ala más fiel a Vladimir Cerrón está resentida con Castillo desde que este decidió deshacerse de Guido Bellido como premier. Robles señala que una semana antes del cambio de ministros, la bancada tuvo una reunión con el presidente Castillo en Palacio y ella misma le dijo que presente la cuestión de confianza por el Gabinete Bellido.

Dice, además, que pocas horas antes de la juramentación de Mirtha Vásquez tuvieron una nueva reunión con Castillo en la que le preguntaron por qué estaba cambiando al Gabinete. El presidente respondió que “era una decisión que ya estaba tomada y que no había marcha atrás”, según Robles.

“Sentimos que el presidente Castillo nos está traicionando. Y lo están llevando a la vacancia”, dice la congresista. Robles rechaza la presencia de Vásquez en el premierato porque no es del partido y -dice- no llevará a cabo la agenda programática de Perú Libre. Por ejemplo, la Asamblea Consituyente.

Esta es una ficha de afiliación al nuevo Partido Político Magisterial y Popular que busca su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este nuevo partido podría recibir a algunos congresistas de la Fenate-Perú e invitados, es decir, congresistas que no sean docentes (foto: Juan C. Chamorro).

 

La flamante premier ha señalado recientemente que la Asamblea Constituyente «no es una prioridad» para el gobierno de Pedro Castillo. Mientras tanto, Perú Libre ya inició la recolección de firmas para convocar a un referéndum sobre ese tema.

Robles, sin embargo, deja claro que el ala cerronista de la bancada no apoyará ningún intento de vacancia contra Castillo. En cuanto al proceso disciplinario que se le seguirá a las ministras Dina Boluarte y Betssy Chávez, la vocera señala que todo indica que serán «expulsadas» por haber asumido esos cargos sin que hayan sido propuestas por el partido.

Mientras en la interna sigue el desbarajuste, esta semana el Partido Político Magisterial y Popular entregará documentación de 29.000 afiliados al Jurado Nacional de Elecciones para conseguir su inscripción partidaria. Así lo confirma a Sudaca el personero legal, el profesor Miguel Miranda. Se abre una puerta para quienes decidan bajarse del lápiz.

 

El sombrero y el libro es el logo del nuevo Partido Político Magisterial y Popular. A la izquierda de ese símbolo, aparece su presidenta, la profesora Mery Coila (foto: Juan C. Chamorro).

 

(*) Fotoportada e infografía: Darlen Leonardo Gallegos

Tags:

BancadadePeruLibre, cerronistas, PedroCastillo, PeruLibre

El disclaimer por delante: la víctima de esta denuncia es mi tía. Pero no es solo mi tía. Nila Soledad Llatas Arteaga es una persona de 67 años que ha sobrevivido a un trasplante de hígado y a un cáncer a la tiroides. Hoy debe afrontar el costo de 14 medicamentos y pagar puntualmente la hipoteca de un departamento en Miraflores que, para su desgracia, le alquiló a una morosa de lo más conchuda.

Blanca María Mercedes Figari Mendoza es el nombre de la inquilina que no ha pagado US$13.500 en renta y, según consta en denuncias policiales, exhibe a su perro cada vez que sus arrendadores llegan a cobrarle. Mercedes −el nombre que usa en su página de Facebook− alquiló hace más de dos años el departamento 107 del Pasaje Los Pinos 156 que Llatas Arteaga había comprado con la esperanza de tener ingresos para su vejez. Hoy podría usarlos para costear el tratamiento derivado de sus dolencias previas. 

El inmueble queda en el edificio que está encima de la conocida discoteca ValeTodo DownTown, en Miraflores, el negocio de la familia de los Achuy. De hecho, otro moroso en el bloque es esta discoteca, reconvertida por pandemia en un minimarket homónimo. Según datos de la administración, debía 15 meses de mantenimiento a agosto, lo que equivale a S/22.890. 

La cifra es ligeramente menor a los S/24.200 que su gerenta general, Claudia Achuy, desembolsó a Fuerza Popular para pagar las solicitudes de nulidad de los votos de Perú Libre en la segunda vuelta, según El Comercio. Y es ampliamente menor que los S/60.500 que aportó al mismo partido el padre de esta, Jesús Achuy, con el mismo objetivo. ¿Combatir al comunismo en vez de pagar las deudas?

 

UNA VIDA FALSA

Al inicio todo transcurrió con normalidad para Soledad Llatas: Mercedes Figari ocupaba el inmueble y le pagaba por ello US$500 mensuales. Algo coherente con el discurso de una persona respetuosa de la propiedad privada, que recientemente se mostró muy preocupada en sus redes sociales por la inminente ‘llegada del comunismo al país’. En julio del 2019, sin embargo, dejó de desembolsar: mucho antes de la pandemia, la crisis y el gobierno de izquierda. Hoy acumula 27 meses sin depositar un solo centavo de renta. El doble que Don Ramón.

Y lo que es peor: desde hace 15 meses, tampoco paga los servicios de mantenimiento del edificio. 

Mercedes Figari en su página de Facebook, donde hace cinco meses publicaba preocupados posts sobre la llegada del comunismo al país. 

Figari Mendoza hoy habita un departamento de 60 m2 en una zona ‘turística’ y lo hace prácticamente gratis. Sí paga algunos servicios, como la luz, para que no se la corten. Una vida falsa, pero suficiente para aparentar. Cuando Sudaca se acercó a la vivienda para pedirle descargos, la mujer amenazó con llamar a la Policía desde el otro lado de la mirilla. No dio la cara. La puerta del inmueble está roída y sucia. 

Mercedes Figari tiene 62 años y, al menos hasta el año pasado, vivía allí junto a su hija, Fiorella Guerra, de 25. En el 2015, esta última fue noticia en las secciones de farándula de los diarios locales por haberse vinculado con el ‘guerrero’ Patricio Parodi. En su página de Instagram dice ser una ‘artista de maquillaje’ (“makeup artist”) y, además, administra dos emprendimientos de repostería. Tiene más de 26.000 seguidores y un incipiente club de fans.

Su madre, la morosa, publicita un negocio de venta de comida en su página de Facebook. Se especializa −aunque no únicamente− en la entrega de pastas y lasañas. Este medio también intentó contactarla al número que lista para tomar los pedidos, pero nos bloqueó inmediatamente. 

No sabemos cuánto factura, pero sí que no usa nada de ese dinero para pagar por el espacio donde vive. Y tampoco está dispuesta a dejar su vida miraflorina, pues se niega a abandonar el inmueble pese a las dos cartas notariales que ha recibido y que pudimos revisar.

En el paquidérmico sistema judicial, la demanda de desalojo que le ha entablado Llatas Arteaga −junto a su esposo, el exdiputado de izquierda y excandidato al Congreso por Perú Libre, Manuel Benza− recién ha sido admitida el 5 de marzo de este año. Fue presentada el 10 de diciembre del año pasado. Falta todavía un lento proceso por delante. 

 

La página de Instagram de la micro-influencer Fiorella Guerra, la hija de Mercedes Figari que también ha habitado gratis el departamento de Soledad Llatas.

 

EL MALTRATO

Mercedes Figari no es muy querida por quienes la conocen en la zona. Sudaca conversó con el presidente de la Junta de Propietarios del edificio, Ramón Olcese, quien confirmó −más que contento− los datos sobre ella consignados en este artículo. Aseguró que a la señora ya le han requerido el pago del mantenimiento de todas las formas posibles, pero que ella se ha limitado a responder que no pagará. Ello −dice Olcese−, pese a que usa los servicios del edificio. 

Pero sobre Mercedes Figari hay más. No solo no paga, sino que también trataría mal a quien se le cruza. Sudaca conversó con un vecino del edificio, que reside en el mismo piso que la señora y rogó por anonimato para no tener más problemas con ella. El hombre cuenta que ha tenido dos altercados con la inquilina morosa al momento de usar el ascensor, porque ella quiere subir o bajar sola pero demanda hacerlo antes de quienes están esperando. La conchudez hecha persona. 

Además, dos porteros contaron a este medio que Mercedes Figari ha tratado mal al personal del edificio. Especialmente a uno, cuyo nombre mantendremos en reserva para evitar que lo despidan. Las fuentes manifiestan que lo trató con prepotencia y altanería, luego de ordenarle remover a unos jóvenes que estaban fumando al aire libre, afuera del lobby del inmueble. El portero no habría logrado hacerlo. 

 

UN INFIERNO FINANCIERO

A Soledad Llatas le llegó hace poco una carta fechada en abril de la Junta de Propietarios del edificio. La firma su presidente, Ramón Olcese, y dice que procederán a cobrarle judicialmente los meses de mantenimiento (S/2.673 hasta agosto) que debe su inquilina. Pese a que según el contrato esta debe pagarlo, por ser la dueña Llatas Arteaga aparece como la deudora oficial. 

El rol de morosos por mantenimiento del edificio consigna el nombre de Soledad Llatas, por ser la propietaria oficial del departamento, pese a que quien debería pagar es Mercedes Figari. También aparece la «discoteca local», que es la reconvertida Downtown, el negocio de los Achuy.

¿El problema? Que ella no solo no recibe un sol por su inmueble hace más de 2 años, sino que además sigue pagando la hipoteca mensual −de US$180− que debería descontarse de la mensualidad. Con lo restante, la jubilada planeaba pagar gastos derivados de su tratamiento como trasplantada del hígado. 

Por ejemplo: debe tomar de forma regular el escaso medicamento inmunosupresor Everolimus, para que su cuerpo no rechace el nuevo órgano. Al estar inmunosuprimida, sin embargo, se convirtió en una persona de altísimo riesgo frente a Covid-19, lo que la obligaba a sumar gastos adicionales durante la pandemia. Por primera vez durante esta, pudo recoger Everolimus con su seguro social en octubre. Antes tuvo que comprarlo. En total, toma 14 medicinas. 

“Imagínense, una señora de la tercera edad como yo compra un departamento con los ahorros de su trabajo de varias décadas en el Congreso con la esperanza de tener una vejez tranquila. Pero he tenido que cruzarme con esta señora que se niega a pagar y no deja mi departamento. Es un descaro”, dice Llatas a Sudaca. 

Sudaca intentó contactarse de todas las formas posibles con Mercedes Figari, pero evitó con igual insistencia declarar. Sin embargo, a Soledad Llatas le ha dado antes el argumento de que ella no es la dueña del inmueble. Ello en atención a una disputa judicial sobre la propiedad del mismo −que sería motivo de otro artículo− que Llatas ha ganado en primera instancia.

Sudaca también buscó la versión de Downtown Market en el local. Un representante aseguró haber hablado con la dueña y que esta se comunicaría con nosotros para dar descargos. No lo hizo al cierre de esta edición.

Después de jubilarse, Soledad Llatas vive pagando un departamento −con temor a que si deja de hacerlo, el banco la embargue− que disfruta otra persona. Ya ni siquiera espera que le paguen lo adeudado, sino que solo pide que la inquilina morosa desaloje pronto para poder alquilar de nuevo el lugar. Solo quiere que esto deje de ser un calvario.

Tags:

inquilina morosa, Miraflores

Guillermo Bermejo ha asumido un nuevo rol en el tablero político del gobierno. Y es uno protagónico. El congresista de Perú Libre, identificado con el ala dura del partido, se ha convertido en un aliado inesperado del presidente Pedro Castillo. Esto, en plena pugna con Vladimir Cerrón tras el último comunicado amenazante del partido oficialista, que anuncia que no le darán el voto de confianza al Gabinete de Mirtha Vásquez.

El 14 de octubre, horas después de que la agrupación del lápiz comunicara su decisión, Castillo convocó a Bermejo a las nueve de la noche a una reunión de emergencia para analizar la crisis política. El encuentro figura en el registro de visitas de Palacio. Bermejo llegó acompañado de Roger Nájar, integrante del buró político de Perú Libre, y de Richard Rojas, polémico operador  de Cerrón nombrado hace poco embajador en Venezuela. 

El presidente quería saber si peligraba el voto de investidura al Gabinete Vásquez y buscaba el apoyo de Bermejo, de acuerdo a una fuente cercana al parlamentario. “Se le hizo saber al presidente en la reunión que no se preocupara y que, a lo mucho, 12 parlamentarios afines a Cerrón no le darán la confianza a Mirtha Vásquez”, dice la fuente. 

El jefe de Estado considera a Bermejo como un interlocutor válido con el lápiz, por encima de Cerrón en este momento, debido a que lo ha escuchado adoptar posturas conciliadoras. Lo había llamado también a Palacio varios días antes, el 5 de octubre, en medio de otra crisis política. Fue para comunicarle la decisión de refrescar el Gabinete y sacar a Guido Bellido del premierato, de acuerdo a una fuente del lápiz. Castillo se sintió legitimado a hacerlo recién tras aquel encuentro.

En la reunión del 14 de octubre también se habría hablado de otras cosas. Por ejemplo, sobre por qué los cerronistas criticaron que la vicepresidenta Boluarte no haya informado de su nuevo nombramiento como cabeza del Midis. De acuerdo a las fuentes, se consideró “absurdo” que Boluarte comunique su designación al ser solamente ratificada en el cargo. “Ella es parte del gobierno y Perú Libre aceptó que integre la plancha presidencial. No hay nada que informar”, dice una fuente de Perú Libre. La reunión entre el mandatario con Bermejo, Nájar y Richard Rojas duró hasta las once de la noche de aquel jueves.

Pedro Castillo
El presidente Pedro Castillo Terrones suma al congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, como un aliado. Foto: Presidencia.

 

NUEVO LIDERAZGO

En sus declaraciones públicas, Guillermo Bermejo se ha mostrado alineado con el bloque moderado del partido, integrado por Dina Boluarte y Betssy Chávez, ministras de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y de Trabajo, respectivamente. Antes el congresista, acusado de pertenecer a Sendero Luminoso en una investigación fiscal, formaba parte del ala radical. Pese a no estar afiliado como militante, gozaba de la confianza de Cerrón. Ahora es un aliado de Castillo y todo apunta a que está construyendo un liderazgo propio.

Bermejo promovió la designación del polémico Luis Barranzuela como ministro del Interior, de acuerdo a fuentes confiables. Y es que el legislador había contratado como asesor en su despacho parlamentario al abogado Raúl Noblecilla, socio de Barranzuela en un estudio jurídico. “Renuncié hace unos días al cargo de asesor en el despacho del congresista Bermejo para evitar suspicacias. Guillermo Bermejo viene creando un liderazgo y es por su honradez y acompañamiento al pueblo”, dice Noblecilla a Sudaca. 

Tras marcar cierta distancia con el ala dura del partido, Bermejo empezó a reunirse con ministros a quienes el cerronismo les ha puesto la puntería. El 7 de octubre visitó en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros a la premier Mirtha Vásquez. Y, cinco días después, el 12 de este mes, acudió a Torre Tagle para reunirse con el canciller Óscar Maúrtua, a quien antes había denostado por reemplazar a Héctor Béjar. El encuentro fue a petición del ministro de Relaciones Exteriores. 

En medio de este juego fue que, el 13 de octubre, Cerrón convocó a una asamblea nacional extraordinaria de Perú Libre para asestar un duro golpe al presidente de la República. En el encuentro sólo participaron 26 secretarios regionales, además de él. Duró hasta las dos de la mañana. El resultado fue el ya conocido comunicado en el que el ala dura del partido decide no darle la confianza al gabinete Vásquez y alejarse de Castillo.

“La bancada le pidió una explicación al presidente cuando decidió cambiar al premier Bellido. Él nos dio una respuesta para salir de la presión. Dijo que había coordinado con el secretario general, el doctor Vladimir Cerrón, los cambios del Gabinete. Pero luego me comuniqué con él [Cerrón] y dijo que no había tratado para nada el tema de los ministros. Ahí acordamos no respaldar al nuevo Gabinete”, dice Alfredo Pariona, congresista y secretario regional de Perú Libre por Huancavelica. Pariona fue el único legislador oficialista que participó en la reunión virtual vía Google Meet. 

Los cerronistas pusieron en el punto de mira también a la vicepresidenta Dina Boluarte, y a la congresista y ministra de Trabajo, Betssy Chávez. A ambas las amenazaron con sanciones en el comunicado. Y designaron como secretario nacional de disciplina al exprimer ministro, Guido Bellido, quien está con la sangre en el ojo y asegura que no cambiarán de postura respecto a negarle el voto de confianza a Mirtha Vásquez. “Nosotros somos un partido serio. No jugamos. Esas cosas no son negociables”, dice Bellido a Sudaca.

El  comunicado de Perú Libre incomodó a Bermejo y a Nájar, según fuentes cercanas a ambos con las que conversó Sudaca. Y es que Nájar, con el apoyo de Bermejo, coordina con las otras agrupaciones de izquierda que integran la alianza de gobierno, en el llamado Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad. Ese frente –que integran Perú Libre, Juntos Por el Perú, Frente Amplio y Nuevo Perú, además de organizaciones sindicales– decidió apoyar los cambios en el Gabinete a través de un aviso el 7 de octubre. Sin embargo, el comunicado promovido por Cerrón en los últimos días tiró la alianza por la borda. 

Colegiado del Frente Nacional
7 de octubre. El comunicado del Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad, que integra Perú Libre, en el que respalda al presidente Pedro Castillo y a la primera ministra Mirtha Vásquez. La posición del ala radical del lápiz ha puesto en peligro la alianza.

“El comunicado de Perú Libre hace peligrar la alianza con otros grupos y deja mal al partido en el frente con un doble discurso”, dice una fuente alineada con Bermejo, en desacuerdo con un rompimiento con sus socios políticos. 

El bloque moderado, al que ahora está alineado Bermejo, también cuestionó en la interna que el ala dura fomente la división en la bancada entre militantes de Perú Libre y profesores que apoyan a Castillo, con miras al voto de confianza. “No podemos dividirnos ahora”, dice una fuente. 

Y la tensión en el oficialismo sigue escalando. Jorge Spelucín, secretario regional de Cajamarca de Perú Libre, anunció que Boluarte, Chávez y Bermejo “van a ser sancionados”. “Se los va a invitar al retiro”, dijo Spelucín en el programa “Al estilo Juliana”. 

Spelucin
Jorge Spelucín Aliaga, secretario regional de Cajamarca de Perú Libre, promueve la expulsión de Dina Boluarte, Betssy Chávez y Guillermo Bermejo. Foto: Facebook de Jorge Spelucín.

Spelucín es un hombre de confianza de Cerrón y uno de los nuevos voceros de la organización en medios. El grupo de Bermejo lo cuestiona por formar el movimiento Venceremos Perú –a principios de año– que apoyó a Verónika Mendoza en primera vuelta, según una revisión en redes sociales. Las puñaladas están a la orden del día. 

“En el país hay una clara posición de parte de la derecha de tumbarse a este gobierno. No podemos ceder al chantaje bajo el pretexto de la gobernabilidad”, dice el legislador cerronista, Jaime Quito, en alusión a Mirtha Vásquez. La primera ministra está en el ojo de la tormenta luego de que decidiera no impulsar el tema la Asamblea Constituyente. El presidente, por su parte, también juega sus cartas: ya sumó como aliado a Bermejo. Uno de los dos bandos saldrá airoso de la puja. 

*Fotoportada: Darlen Leonardo

Tags:

Guillermo Bermejo, Pedro Castillo, Perú Libre, Vladimir Cerrón

El ministro de Educación, Carlos Gallardo Gómez, ha dejado huellas en el magisterio. No todas positivas, según el recuerdo de algunos testigos de su paso por Patria Roja y el decanato del Colegio de Profesores. En los últimos años se acercó al ala más radical de los docentes y hoy es un potencial aliado del gremio que fundó Pedro Castillo luego de la huelga del 2017.

Gallardo empezó su activismo como militante de Patria Roja -gremio que comanda hasta hoy el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep)- y llegó a ser dirigente del Comité Magisterial de Lima del partido. Según Julio Mendoza García, exdecano del Colegio de Profesores, y Soledad Lozano Costa, exsecretaria general del Sutep de 1992 a 1994, el hoy ministro fue expulsado de dicho partido hacia 1975 “porque no estaba alineado con la dirigencia”. Continuó participando, eso sí, del gremio de profesores.

“Incluso tuvo la responsabilidad de dirigir el Sute de Lima [la base del Sutep en la capital] hasta 1978. Pero en la primera huelga nacional indefinida del Sutep [ese mismo año], desarrolló actividades en contra de la orientación del Comité Nacional de Lucha”, recuerda Julio Mendoza.

Según Soledad Lozano, exsubsecretaria general del Sutep, el Comité de Lucha tenía como objetivo hacer el trabajo de unificación y canalizar el descontento del magisterio. La exdirigente recuerda que Gallardo trató de formar subgrupos y no respetó las decisiones que se tomaban. Demandaba -dice Lozano- una mayor representación de las bases de Lima sobre las del resto del país, algo que irónicamente combate la Fenate. 

La docente también recuerda que Gallardo tomó una postura menos confrontacional contra la dictadura de Juan Velasco Alvarado, que quería que los sindicatos estén bajo la sombra del régimen, apoyando las políticas de gobierno. Recuerda que, cuando el gremio magisterial buscaba luchar contra esta idea de sindicalismo, Gallardo optó por una posición conciliadora.

“Gallardo planteaba un sindicalismo más tibio. La tendencia era la lucha, la conquista de cosas, pero él decía que el Sutep era un bebé que había que permitir que crezca y que no había que tener una lucha confrontacional”, señala.

A mediados de la década de los 80, Gallardo fue contratado como profesor del colegio alternativo Atusparia, una institución privada que se ubicaba en San Isidro. Fuentes que estudiaron ahí en esa década describen a Gallardo como un buen profesor, “aunque siempre llevando la historia hacia la lucha de clases”.

Su nombre tomó notoriedad cuando fue nombrado primer decano del Colegio de Profesores del Perú, creado el 2004. Dos años más tarde, el Minedu nombró una Comisión Organizadora representada por autoridades de dicha entidad para el primer proceso electoral. Gallardo terminó siendo elegido para el período 2006-2009.

Sudaca conversó con fuentes que aseguran que Gallardo fue, nuevamente, un agente disruptor en el magisterio. De acuerdo a Julio Mendoza y Gilberto Meza, exdecanos de dicho colegio, quien había ganado las elecciones aquel 2006 fue Soledad Lozano, que representaba a un grupo denominado Frente Amplio Gremial Magisterial. “Un grupo del Comité Electoral favoreció a Gallardo luego de anular las elecciones en seis regiones en las que ganó el Frente. Esto continuó manteniendo dividido al colegio en los años posteriores”, denuncia Meza. 

“Como Gallardo y los suyos manejaban el comité electoral, empezaron a sacar excusas de fraude tal como hizo Keiko Fujimori. Un argumento, por ejemplo, era que había mesas donde sacaron 0 votos a su favor. Se anularon las votaciones en esas mesas y se convocaron elecciones complementarias. La gente que votó a favor de la lista que había resultado ganadora [la de Lozano] boicoteó el proceso [no fueron a votar a las complementarias] y, por ello, ganó Gallardo”, asegura Mendoza.

Para Soledad Lozano, la entonces rival de Gallardo, esas elecciones también fueron una radiografía de la actitud naranja en los últimos comicios. Principalmente, porque la lista de Gallardo esgrimió argumentos de fraude como suplantación de electores, a pesar de existir -dice- una diferencia de más del 40% entre ambas listas.

Según Lozano, a raíz de ese proceso, empezaron dos gestiones paralelas: la suya y la del ahora ministro. Esto terminó cuando ambos acordaron llevar a cabo los comicios del 2010. Tras varias postergaciones, las elecciones de aquel año dieron como ganador a Manuel Rodríguez Rodríguez. Para ser electo, tuvo que reconocer la gestión de Gallardo como legítima.

El perdedor de aquella contienda fue Ángel Salazar Piscoya, quien era apoyado por Gallardo. La facción del ahora ministro de Educación no se quedó con los brazos cruzados, según las fuentes.

En ese entonces, Sandrita Nájar, hermana de Róger Nájar -militante de Perú Libre- y exdecana del Colegio de Profesores del Callao, argumentó que no había participado de la Junta Nacional de Decanos que reconoció la victoria de Rodríguez. Por eso interpuso el 2011 un recurso de casación para que todo el proceso se anule. Eso dejó en el limbo el decanato de los profesores.

Fue el pasado 7 de octubre, diez años después y luego de varias instancias, que la Corte Suprema declaró improcedente el recurso de Nájar. En todos esos años, ha habido decanos para todos los gustos. 

HOMBRE DEL FENATE

La gestión de Carlos Gallardo, dice Soledad Lozano, estuvo marcada por su postura sin matices contra las evaluaciones de los docentes. “Como decano, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la modificatoria de la Ley de Profesorado en torno a la carrera pública magisterial. Asumió la postura de decir no a las evaluaciones. Pero en la mente del profesor no se le recuerda mucho más que la actitud de dividir al sindicato”, cuenta a Sudaca.

Hacia el 2011, luego de terminar su gestión como decano, Gallardo se acercó al Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del Sutep (Conare), que le hizo frente a la hegemonía de Patria Roja en el magisterio. En redes sociales aún se puede hallar un video de ese año donde Gallardo pecha al partido.

Carlos Gallardo con mano en bandera del Conare en 2013.
Carlos Gallardo, junto con el entonces secretario general del Conare y miembro del Movadef Efraín Condori, con mano en bandera del Conare en 2012.

“La ministra tiene que escuchar al Conare. No puede ser que solo los representantes del magisterio sean los traidores de Patria Roja. En los años 70, cuando había cuatro sindicatos que no se ponían de acuerdo, planteamos el sindicato único de trabajadores de la educación y lo hicimos. Ese sindicato ha sido debilitado no solo por la represión externa, sino por la línea interior incorrecta. Van a vender las luchas del magisterio con esa dirigencia traidora”, se le escucha decir al hoy ministro.

Su acercamiento con esta ala disidente se concretó el 2013 y hasta ha sido captado liderando sus marchas. “Ese año, gente inconforme con la conducción del Sutep nos empezamos a contactar. Algunos también eran del Conare, que políticamente están ligados con Sendero y Movadef y probablemente tengan algunos miembros ahí. En esa confluencia llegó Gallardo”, cuenta Segundo Vásquez, secretario general del Fenate Perú, el gremio fundado por Pedro Castillo tras la huelga magisterial del 2017.

El ministro no le hace ascos al Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso. Hace dos años, posó para una foto junto a Oswaldo Esquivel, quien fuese secretario de prensa y propaganda del movimiento que pedía la amnistía de Abimael Guzmán. Esquivel es procesado por el denominado ‘caso Perseo’. En la imagen también está el congresista de Perú Libre Alex Paredes.

Álex Paredes, congresista de Perú Libre a la izquierda. Al lado derecho, Carlos Gallardo abrazando a Oswaldo Esquivel, exsecretario de prensa de Movadef en 2019.
Álex Paredes, congresista de Perú Libre a la izquierda. Al lado derecho, Carlos Gallardo abrazando a Oswaldo Esquivel, exsecretario de prensa de Movadef en 2019.

Como fuese, hoy la Fenate -una mutación del Conare- le disputa al Sutep la representación de los maestros. Segundo Vásquez confirma que Gallardo es de sus filas y que ha sido un miembro bastante activo de esta federación.

De hecho, Gallardo se presentó ante el Minedu como representante de la Fenate el 12 de marzo de 2020, cuando ingresó a una reunión con el ministro de entonces. De acuerdo a una fuente que participó de esa cita, el sindicalista se limitó a reclamar por la situación de profesores jubilados y sus pensiones. “Esa reunión era con el ministro tras un pedido de audiencia. En la nómina de Fenate de esa época, él era representante de los jubilados. Pidió aumento de la pensión de jubilados, pero no era competencia de la cartera”, relata la fuente.

Segundo Vásquez cuenta que desde hace dos meses Gallardo dejó de participar de la vida gremial por un tema de salud. Dice, además, que no fue propuesto por ellos al Minedu. “Él ha estado de acuerdo con todo [se refiere a las demandas del gremio]. Pero una cosa es estar de acuerdo siendo miembro activo de Fenate y otra es abordar los problemas siendo responsable de la cartera”, señala.

Las exigencias del gremio están plasmadas en cinco puntos: (i) La anulación del programa de emergencia que tiene el gobierno para el retorno a clases; (ii) la no privatización de centros educativos; (iii) la suspensión de la racionalización docente, que distribuye en función al número de estudiantes a profesores, directivos y auxiliares; (iv) la suspensión de exámenes de nombramiento; y (v) la reorganización del ministerio.

El Fenate solicitó a fines de la semana pasada una reunión con Gallardo, pero hasta el momento no los ha recibido. Sudaca tampocó recibió respuesta cuando buscó al ministro para que participe de este informe.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo.

 

Tags:

carlos gallardo, colegio de profesores, fenate, Minedu, patria roja, Sutep

Cuando Manuel Merino de Lama juramentó como presidente luego de la vacancia a Martín Vizcarra, en noviembre del año pasado, Jhon Apolinario Saba Guerra fue su mano derecha -y la izquierda también, se podría decir- durante los escasos cinco días que permaneció en el cargo.

Saba, quien es tumbesino al igual que Merino, era el que ofrecía los cargos para la conformación del Gabinete, creó el grupo de WhatsApp para coordinar con los ministros, asistió a las reuniones del consejo y se codeaba con los altos mandos policiales. Se aseguró, además, de que le informen a Merino cuáles eran las estrategias a tomar en las manifestaciones en contra de la vacancia presidencial. Cuando el breve régimen cayó, Saba se recicló en el Estado sin ninguna vergüenza. Hoy es asesor de una congresista de la bancada Podemos Perú.

 

LA SOMBRA DE MERINO

El pasado 4 de octubre, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional contra Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz (su premier) y el exministro del Interior, Gastón Rodríguez. La causa: las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, y las lesiones sufridas por 78 personas en las movilizaciones de noviembre de 2020.

La denuncia presentada ante el Congreso de la República tiene los testimonios de los ministros del flamante Gabinete Flores-Aráoz, de los altos mandos policiales y, cómo no, de Jhon Saba Guerra, “en su condición de asesor del investigado Manuel Merino de Lama”.

Su poder era tal que Augusto Valqui Malpica, el ministro de Transportes y Comunicaciones de ese régimen, detalló que fue Saba quien le ofreció el cargo. “El día de la juramentación me llamó otra persona que me dijo que mi currículum había sido aprobado por la inteligencia de la Marina. Al ratito me llamaron y me dijeron que podía ser ministro”, contó Valqui. De acuerdo a la documentación fiscal a la que Sudaca tuvo acceso, el autor de esa última llamada fue Saba, “quien le propuso el cargo de ministro”.

Por su parte, Franca Deza Ferreccio, quien había asumido como ministra de Relaciones Exteriores, calificó a Jhon Saba como “el enlace” que tenía con Merino. Además, dijo que era «hombre de confianza» del premier Flores Aráoz.

La exministra de Relaciones Exteriores calificó a Saba como el «hombre de confianza de Ántero Flores-Araoz» y como el nexo que tenía con Manuel Merino. No solo eso, Saba también fue el encargado de crear el grupo de WhatsApp donde estaban todos los ministros.

De acuerdo al testimonio de Jorge Lam Almonte, exsubcomandante general de la Policía y señalado como uno de los responsables de los asesinatos de Inti Sotelo y Bryan Pintado, Jhon Saba le dio su número telefónico para que le comunique “cualquier cosa de importancia que pueda pasar”. Y así ocurrió. El general contó al Ministerio Público que el asesor lo llamó un par de veces para preguntarle “cuál era la novedad de las marchas, para informarle al Presidente”.

El día de los asesinatos de Inti y Bryan, Merino tuvo dos reuniones. Una en Palacio y otra en el Ministerio del Interior (Mininter). En ambas, su asesor lo acompañó como fiel escudero.

De acuerdo al propio testimonio de Saba Guerra, en la noche del 14 fue invitado por Merino a una reunión con personal de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Allí, cuenta el asesor, la DINI presentó información sobre las manifestaciones. ¿La fuente de tan detallado trabajo de inteligencia? Twitter. “El personal expuso unas diapositivas donde daban cuenta que dentro de las marchas de protestas había barristas. Eran publicaciones que estaban en Twitter. Se cuestionó que era un informe que consignaba data de redes sociales”, dijo Saba. 

La reunión terminó, de acuerdo al exdirector de la DINI, Christian Schambaher Céspedes, cuando el ministro del Interior recibió una llamada que le comunicó sobre la primera de las víctimas mortales. “Al final de la reunión, Merino ordenó a Saba que convoque al día siguiente una sesión de Consejo de Ministros”, se puede leer en la denuncia del Ministerio Público.

Consultado sobre su rol en los días de gobierno de Manuel Merino, Saba prefirió no dar mayores detalles porque asegura que ya dijo todo lo que tenía que decir. “Yo entiendo que en el documento fiscal está todo. A mí me citaron como testigo en su oportunidad”, señaló.

El vínculo entre Merino y Saba no era nuevo. Durante su segundo periodo como congresista (2011-2016), Merino ya había trabajado con Saba como asesor parlamentario, de acuerdo al portal del Congreso.

De hecho, cuando Merino se postuló como congresista para el período complementario del 2020-2021, Saba compartió imágenes de su campaña en redes sociales y llamaba a votar por él. Quizá por ese ímpetu, cuando el accionpopulista fue elegido como presidente del Congreso, colocó a Saba como asesor en el “Módulo de Apoyo al Trabajo de la Organización Parlamentaria”. ¿El trabajo? Asesorar a Merino en la Mesa Directiva.

“El doctor Jhon Saba trabajó conmigo [como asesor] en el Congreso complementario […] Me acompañó unos días en la presidencia hasta el 15 de noviembre, porque renuncié”, responde Manuel Merino respecto a su relación con su paisano.

Para ese 15 de noviembre ya habían dimitido algunos ministros, previendo lo que se venía luego de la muerte de dos jóvenes. Luego de que Merino y los que quedaban en su Gabinete se vieron obligados a renunciar, Jhon Saba no perdió el tiempo. Ese mismo mes pasó a las filas de Podemos Perú (PP), el feudo de José Luna Gálvez. Lo hizo como asesor del grupo parlamentario, de acuerdo a información de Transparencia.

Aquel aciago noviembre, como asesor de Merino y luego de Podemos, Saba se llevó a casa por ambas asesorías poco menos que S/19.000.

En noviembre de 2020, mientras Merino y gabinete se despedían del poder, Saba cobró al Congreso un total de S/.18.660.

Los siguientes meses, hasta abril de este año, Saba continuó trabajando como asesor de PP con un sueldo de S/.9.499 mensuales, según el portal de Transparencia del Congreso. En mayo de 2021, se convirtió en el asesor principal del congresista Aron Espinoza, también de ese partido, quien luego de la renuncia de Merino aseguró no arrepentirse de haber votado a favor de la vacancia de Vizcarra. Lo dijo luego de las muertes de Inti y Bryan.

Aunque el Congreso complementario se despidió antes del 28 de julio, Jhon Saba no. Y en agosto volvió como asesor principal de Digna Calle Lobatón, esposa de Espinoza y actual congresista de Podemos. El sueldo es el mismo. Desde noviembre de 2020 hasta septiembre de este año, el ubicuo Saba -exasesor principal de un represor- ha facturado al Congreso un total de S/.113.026. ¡Y aquí no pasó nada!

Fotoportada: Darlen Leonardo

Tags:

Antero Flores-Aráoz, Inti Sotelo, Manuel Merino, Podemos Perú

El número de la celda asignada a Walter Ríos, pieza clave de la red de corrupción de los Cuellos Blancos, es el 107. Está en el área de prevención del penal Ancón 1. Desde hace 7 meses, el pequeño espacio se ha convertido en un infierno para él.

El defenestrado presidente de la Corte Superior del Callao ha denunciado ante las autoridades amenazas de tres presos con los que convive en la misma zona de la cárcel. Acusó, entre otros, a Antauro Humala Tasso, quien habita en la celda 109 y está encerrado por el Andahuaylazo. 

En el área de prevención conviven seis presidiarios de marca mayor. Aparte de Ríos y Humala, está el cabecilla de Sendero Luminoso Osmán Morote Barrionuevo, quien ocupa la celda 104. También el exjuez del Callao Carlos Chirinos Cumpa, quien está en la 103. La 102 aloja a David Cornejo Chinguel, exalcalde de Chiclayo y acusado de liderar la banda “Los Temerarios del Crimen”. Y en la 101 reside el exalcalde del Santa, Luis Arroyo Rojas, preso por formar parte de la red delictiva del exgobernador regional de Áncash, César Álvarez. 

Chirinos Cumpa
Julio, 2019. Exjuez del Callao, Carlos Chirinos Cumpa, detenido por la Policía por su vinculación con la red de los Cuellos Blancos. Foto: Poder Judicial.

Ríos ha denunciado ante el fiscal Jesús Fernández Alarcón, uno de los que investiga la trama de corrupción judicial más importante del país, que es hostilizado por Humala Tasso, Chirinos Cumpa y Cornejo Chinguel desde marzo de este año. Así lo consigna una resolución judicial a la que tuvo acceso Sudaca. 

“¡Traidor! ¡Tú sabes lo que le pasa a los traidores!”, dice Ríos que le gritó David Cornejo Chinguel en un patio del penal. Precisamente, este fue trasladado del penal de Chiclayo a Ancón 1 por amenazar a uno de sus delatores, que estaba en una celda contigua, según una resolución del INPE del 2019.

David Cornejo
Noviembre, 2018. El exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, detenido como integrante de “Los Temerarios del Crimen”. Walter Ríos dice que lo amenazó en el penal Ancón 1. Foto: La Industria.

¿Qué ha pasado en Ancón? Según Ríos, ha sido acusado de “soplón” por sus vecinos luego de que estos se enteraran que delató, en un proceso reservado, al exjuez supernumerario Chirinos Cumpa. Este cayó como parte de la telaraña corrupta montada en el Callao. Fue acusado de beneficiar con sentencias a los empresarios Fernando Seminario y Luis Marsano a pedido de Ríos, el hombre que pedía “whiskycitos azules” y “diez verdecitos (diez mil dólares)” como coima, según los audios interceptados. 

Ríos se ha mostrado arrepentido en el proceso y viene colaborando en varios casos abiertos por el fiscal Jesús Fernández. “De los 2.500 o más señores internos en este penal [Ancón 1], yo debo ser la persona que más arrepentimiento y sumisión a la justicia he tenido, tengo y tendré”, se victimizó en una de las audiencias del caso Cuellos Blancos. 

En uno de esos testimonios, Walter Ríos empeoró la situación judicial de Chirinos Cumpa: lo acusó de presuntamente favorecer a Vladimir Dimchev Kasarski, ciudadano búlgaro preso por drogas en Ancón y pedido en extradición por su país. Dijo que Chirinos ayudó al narcotraficante a cambio de US$10.000. También lo echó por beneficiar con un habeas corpus a la empresa Lopesa Industrial, en coordinación con César Hinostroza. 

Según Ríos, el propio Chirinos Cumpa le amenazó cuando se encontraron en la celda 105, que sirve como cocina en la zona de prevención. “Esto se paga”, contó que le dijo, de acuerdo a una resolución judicial. El documento no consigna la fecha de aquella amenaza.  

La bronca ha afectado la convivencia entre los seis internos que están en esa área de la cárcel. Ríos no interactúa con sus “compañeros” en los espacios comunes de esa zona por temor a ser agredido. “El interno Walter Ríos Montalvo se aísla permanentemente por su cuenta dentro de su celda, saliendo excepcionalmente sólo cuando es llamado por las autoridades, recojo de alimentos, recepción de documentos, notificaciones fiscales y judiciales y audiencias en la sala del Poder Judicial”, dice un informe de la subdirección de Seguridad del penal Ancón 1. 

El director de ese establecimiento penitenciario, Juan Rivera Gonzales, habla abiertamente de dos grupos marcados. “Existen dos grupos. Uno formado por Walter Ríos y (el senderista) Osmán Morote y el otro grupo conformado por Antauro Humala, Chirinos Cumpa, Cornejo Chinguel y Arroyo, estando latente la situación que afecta la convivencia”, dice en un informe interno redactado el 26 de agosto. 

Ríos ya no va a la cocina, la celda 105, para evitar encontrarse con sus rivales. Por esta razón solicitó que le permitan tener dos hervidores eléctricos para prepararse sus alimentos en su celda, la 107. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) sólo le permitió tener uno, de acuerdo a un memorando interno de agosto.

 

ANTAURO EN EL 107

En medio de este clima de confrontación, el 1 de septiembre pasado el preso de la celda 109, Antauro Humala Tasso, fue al calabozo de Ríos, el 107. Era mediodía. Según la denuncia, el etnocacerista lo visitó para increparle por haber denunciado las amenazas. Humala habría hecho espíritu de cuerpo con el delatado Chirinos Cumpa, quien es de su bando en la prisión. En el código carcelario, el señalamiento a otro preso es considerado una traición. 

“Me he enterado, a través de mi abogado, que en la región [la oficina regional del INPE] le han dicho que tú, a través de tu abogado, has presentado una denuncia contra mí. Retráctate”, le dijo Humala a Ríos, según contó éste último al fiscal Jesús Fernández. 

De acuerdo al relato, Humala lo empujó y siguió con los insultos. “Retráctate, huevón de mierda. Conmigo nadie se mete. Te vas a joder conmigo”, habría dicho el etnocacerista, siempre en la versión de Ríos, recogida en un acta fiscal. 

“Luego, al ver que yo no contestaba, y tener una actitud sumisa, tranquila y prudente, dicha persona [Antauro Humala], vociferando lisuras irrepetibles, procedió a retirarse. Y cuando yo cogí la puerta de mi celda para cerrarla, dicho interno empujó violentamente la puerta de mi celda, Nro. 107, a tal extremo que casi me da la puerta en mi mano, dañándome los dedos”, contó Ríos. “Me hacen la vida imposible. Mi vida corre peligro”, añadió el compungido exmagistrado. 

La declaración de Walter Ríos ante el fiscal Jesús Fernández Alarcón, en la que da cuenta que Antauro Humala ingreso a su celda, la 107, y lo amenazó.

Al ser consultada por este incidente, Carmen Huidobro, abogada de Antauro Humala, dijo no saber nada. “A mí no me han dicho nada al respecto. No me han contado que el mayor [se refiere a Humala] tenga problemas con Walter Ríos. Cualquier problema de conducta me hubieran notificado”, dice Huidobro. 

Humala fue trasladado del penal Ancón II a Ancón I en octubre del 2020 por realizar actividades proselitistas. Es el mismo personaje por el que el exprimer ministro Guido Bellido pidió el indulto hace unos días, recordando que fue una promesa de campaña del presidente Pedro Castillo. 

Por su parte, Julio Eucástegui, quien fue abogado de Carlos Chirinos Cumpa hasta hace dos semanas, dijo a Sudaca que “tenía conocimiento de que ha habido algunos inconvenientes, pero no de agresiones verbales o físicas”. 

Ante la denuncia de Ríos, el fiscal del caso Cuellos Blancos, Jesús Fernández Alarcón, pidió al juez de investigación preparatoria Hugo Nuñez Julca, que lo trasladen a otro penal “de ser necesario”  para garantizar su integridad. Nuñez, en una resolución firmada el 21 de septiembre, rechazó ese pedido y le exigió solamente al INPE que asegure “la integridad del interno”.

 

UNIDOS POR UN RASTREO 

Lo llamativo del asunto es que Ríos y Chirinos Chumpa, enemigos declarados, tienen una cosa en común. En el 2019 se autorizó el rastreo de los teléfonos de ambos, a pedido del fiscal Jesús Fernández. Sin embargo, dos años después, en agosto pasado, el representante del Ministerio Público pidió dejar sin efecto el rastreo de sus celulares y 13 teléfonos más “por error material involuntario”. Es decir, una supuesta equivocación de redacción que más parece un nuevo caso de rastreo irregular.

Sudaca ya había reportado, el 16 de septiembre pasado, sobre el seguimiento a otros 20 teléfonos autorizado por el Poder Judicial, ante un pedido de Fernández, que luego también se canceló por un “error en la redacción”. Las idas y vueltas con los rastreos en las pesquisas han desatado una tormenta en la investigación. 

“Acá no ha habido una equivocación. Se está observando una práctica sistemática. No violen el derecho de la intimidad. No violen el secreto de las llamadas. Eso es lo que espera cualquier ciudadano”, dice el abogado Fernando Ugaz, quien defiende a Pablo Morales Vásquez, uno de los investigados en el caso Cuellos Blancos. 

Mientras tanto, según allegados a Walter Ríos, el exjuez contó a las autoridades que el hostigamiento continúa. Dijo que Antauro Humala y compañía lo quieren sacar del área de prevención. Y que el líder etnocacerista ha dicho a terceros: “lo voy a gomear [pegar]”. La bronca no tiene cuando acabar.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

Tags:

Antauro Humala, Cuellos Blancos, Walter Ríos

De los 15 hospitales que tiene Puno, solo uno está en condiciones de recibir pacientes con Covid-19, dice el doctor Edvan Mengoa, decano del Colegio Médico de la región. “Muchos de ellos han tenido que adaptarse a la pandemia. Y, por ejemplo, aulas de la facultad de medicina han tenido que ser adaptadas a UCI. Estas no cuentan con sistemas de ventilación que eviten la carga viral y, por lo tanto, el contagio del personal”, reclama.

Por eso la urgencia -explica Mengoa- de que los proyectos estancados avancen lo más pronto posible. Pero en Puno, la construcción de tres hospitales, valorizados en más de S/583 millones de soles, no avanza por ineptitud y presunta corrupción. Eso fue lo que motivó, a inicios de setiembre, la visita de una delegación de dirigentes locales a la PCM. Entre ellos estaba César Tito Rojas. Al final, la demanda por hospitales se vio opacada por los vínculos de Tito con el Movadef, pero ese es un asunto que para los puneños no es prioridad. 

La gravedad de la situación hospitalaria en la región altiplánica la describen un informe del Congreso anterior y las autoridades locales con las que Sudaca conversó para este informe. Y no es algo menor. 

protestas puno
Organizaciones de la sociedad civil protestaron a inicios de setiembre por el desfinanciamiento del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón para el 2022.

DESASTRE

El primero, el que debería ser el de mayor envergadura en la región, es el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón. Valorizado en S/329 millones, debía reemplazar al actual hospital regional, de una categoría menor y cada vez más deteriorado. Hoy las obras no llegan ni al 1% del avance, según autoridades locales.

Un informe de una comisión del Congreso, formada a mediados de este año para investigar los retrasos, señala que el estudio de suelos elaborado por el gobierno regional se hizo de manera deficiente. Por eso, el consorcio a cargo de las obras gestionó un financiamiento adicional. Al no obtenerlo, inició un proceso de arbitraje.

“Según ellos, el terreno era húmedo y encontraron agua cuando escarbaron la tierra. Por eso piden un monto adicional de S/20 millones. Y la entidad del gobierno les dice que no les va a dar un sol más. Por eso el arbitraje”, explica el actual vicegobernador de Puno Germán Alejo.

Para él, esto no exime de responsabilidad al consorcio. “Ellos tenían la oportunidad de poder observar el expediente técnico en un plazo determinado, antes de la firma del contrato, y no lo han hecho. El señor gobernador [de la gestión anterior] tiene la responsabilidad de no conformar un comité de selección con profesionales idóneos que puedan sacar una licitación, porque lo correcto hubiese sido que el comité pueda otorgar la obra a un consorcio capacitado. Y eso no ha ocurrido”, dice.

El informe parlamentario señala que la ejecución física de la obra, a julio de este año, era de apenas 0,43%. Sin embargo, ya se había gastado el 35% del dinero, es decir, un poco más de S/115 millones. “Existe un retraso de obra que no se justifica en absoluto, no se muestra el cronograma de avance acelerado por parte de la entidad”, dice la investigación de los congresistas.

La licitación de esta obra se lanzó en 2019, cuando era gobernador regional Walter Aduviri. El proceso se interrumpió debido a que el Poder Judicial dictó orden de captura contra el líder del ‘Aymarazo’. El 2020, en un renovado proceso, el consorcio conformado por China Railway N°10 Engineering y Weihai Construction se hizo de la buena pro y firmó un contrato. La obra debió empezar en setiembre de aquel año y terminar el 2022.

La comisión del Congreso, sin embargo, encontró vicios desde la concepción del proyecto y acusó al consorcio de haber presentado una declaración jurada inexacta. Uno de los consorciados -señala el documento- “declaró que su información financiera registrada en el Registro Nacional de Proveedores se encontraba actualizada, cuando ello era falso”. También apuntan que la única experiencia que acreditaba al consorcio en el extranjero fue desmentida por un traductor oficial ante la Contraloría General de la República.

congreso sobre traductor que desmiente
Parte del informe del Congreso que señala que la única experiencia internacional que acreditó el consorcio a cargo del Hospital Manuel Núñez fue desmentida por un traductor ante la Contraloría General de la República.

En diciembre del 2020, Weihai fue suspendida temporalmente por el Tribunal de Contrataciones del Estado “por presentar documentos falsos o adulterados a las entidades”, según el sitio web del Osce.

Las sombras también alcanzan a la supervisora de las obras. Según la comisión, esta debió advertir sobre la demora “en su momento y no esperar a que la entidad tenga que ser demandada por el contratista”. Se trata de otro consorcio, conformado por Acruta & Tapia y Chung & Tong Ingenieros. Su tarea era supervisar que el proyecto se haga dentro de la normativa, el expediente técnico y el cronograma. 

Acruta & Tapia está incluida como tercero civilmente responsable -a pedido de la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión- en el caso de sobornos de Odebrecht por la Vía Costa Verde. Era la supervisora del proyecto chalaco.

La compañía también ha sido sancionada por el OSCE por haber presentado documentación falsa. Pero una resolución judicial le permitió continuar como proveedora del Estado, de acuerdo a información publicada por el portal Convoca.

La segunda empresa, Chung & Tong, tampoco está limpia. En marzo del 2014, la Contraloría detectó un perjuicio económico superior a los S/10 millones en una obra del Hospital de Tocache, en la región San Martín. El contrato fue suscrito con el Consorcio Salud Tocache, que era conformado -entre otras- por Chung & Tong Ingenieros, que además registra cuatro sanciones en el OSCE.

El gerente general del gobierno regional de Puno, Manuel Quipse Ramos, dice que ambas fallaron en el caso del hospital Manuel Nuñez Butrón. “Debió advertirnos la deficiencia del expediente al comenzar la obra y no lo hizo. Estamos tomando las medidas correspondientes”, señala, sin entrar en mayores detalles. 

Quispe dice que se está realizando un nuevo estudio de suelos para destrabar la obra. Hasta que eso acabe, la construcción del hospital estará paralizada, por lo que las autoridades locales han destinado parte del presupuesto que se tenía asignado a esta obra (S/114 millones) para otros proyectos a realizarse el 2022. La decisión ha generado problemas entre provincias.

“Los hermanos de Puno le han dicho que no toque ni un sol, porque eso es para el hospital. Pero los pueblos a los que se ha destinado para construcción de centros de salud, plantas de oxígeno, otras cosas, piden el dinero. Ya se ha generado un conflicto entre pueblos”, apunta el vicegobernador Germán Alejo. Las movilizaciones por este caso son recurrentes y varios gremios han intentado convocar a paros regionales.

Arriba: el estado actual del hospital Manuel Núñez. Abajo: lo que debería entregarse el 2022, pero no ocurrirá.

 

ARBITRAJE EN ILAVE

Una historia similar ocurre con el Hospital de Apoyo de Ilave. El proceso de licitación estuvo a cargo de la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU. El monto base era de S/112 millones, pero el consorcio ganador -conformado por la española Assignia y la ya mencionada Chung & Tong Ingenieros- terminó adjudicándose S/120 millones.

La primera piedra de la obra se colocó en 2017, pero al cierre de esta edición el hospital tenía un avance físico que no alcanzaba la tercera parte. Ello, pese a que ya ha recibido jugosos adelantos de dinero de parte del gobierno regional. La situación es grave en plena pandemia, porque esta obra iba a brindar ambientes de cuidados intensivos, cosa que el actual nosocomio de la provincia no tiene.

Assignia registra cuatro sanciones del Tribunal de Contrataciones del Estado por, entre otras cosas, presentar documentos falsos en un proceso de licitación en Jaén el 2018. Una resolución de mayo del año pasado inhabilitó temporalmente a la empresa por 37 meses.

Eso no impidió que siga trabajando en la construcción del hospital de Ilave, aunque con muchos cuestionamientos. Lo hizo hasta mayo de este año, cuando el gobierno regional decidió resolver el contrato. “La empresa no ha cumplido con poner a disposición los profesionales ofertados. Había determinados especialistas con los que debíamos contar y la empresa no los puso a disposición. Eso generó penalidades y nosotros pedimos la resolución del contrato”, apunta Manuel Quispe, y dice que fue la gestión anterior la que desembolsó los adelantos. De hecho la resolución que le pone fin al contrato señala que la empresa había recibido en adelantos S/40,2 millones y que se niega a devolverlos. Solo ha devuelto S/4,9 millones.

resolución hospital ilave mayo
La resolución que le pone fin al contrato señala que la empresa había recibido en adelantos S/40,2 millones y que solo ha devuelto S/4,9 millones.

En este caso, también los problemas se habrían presentado desde la concepción. La comisión del Congreso concluyó, una vez más, que se había elaborado un expediente técnico deficiente y que había irregularidades en la selección del consorcio ganador. “De la revisión de los documentos recabados, se evidenció que el accionar de los funcionarios y servidores del gobierno regional encargados de la revisión y aprobación del expediente técnico de la obra, así como los consultores contratados para su elaboración y supervisión (…) ha ocasionado un perjuicio económico al gobierno regional», dice el informe.

La empresa supervisora en este caso fue la ya mencionada Acruta & Tapia, socia de Chung & Tong en la obra del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón. “¿Qué le va a fiscalizar Acruta & Tapia a Chung & Tong si han sido socios? Aquí hay algo raro y nuestras autoridades no hicieron nada”, dice el arquitecto Abelardo Quispe Huanacuni, que conoce al dedillo la situación de esta obra. El gerente general Manuel Quispe reconoce que la supervisora “no fue muy diligente al momento de absolver algunas consultas”.

Ilave es la capital comercial del sur de Puno. Muchas personas han migrado ahí para quedarse a vivir. Por eso, dice el arquitecto, necesitan un hospital moderno. “Tenemos un hospital muy antiguo, de 30 a 40 años. Este iba a reemplazarlo. Las instalaciones están en mal estado, es un hospital de un solo nivel. Acá la pandemia ha sido catastrófica en Ilave. El nuevo hospital debió estar terminado en 18 meses, así que tuvo que estar antes de la pandemia”, asegura.

 

ONCE AÑOS DE ESPERA

El pasado 21 de abril, un dirigente local agarró a correazos al gerente general del gobierno regional de Puno. Le increpaba la ausencia del gobernador a una charla informativa sobre el avance del hospital Materno Infantil de Juliaca. La obra, valorizada en S/113 millones, lleva once años en construcción y apenas tiene un avance físico de un tercio, según recientes declaraciones del contralor de la República, Nelson Shack.

correazos onda azul
21 de abril. Un dirigente local agarró a correazos al gerente general del GORE Puno por la inasistencia del gobernador a una charla informativa acerca del Hospital Materno Infantil de Juliaca.

Han pasado ya cinco gobernadores regionales y nadie ha podido solucionar el problema. La obra, desde un inicio, provocó informes de Contraloría por su lentitud. En enero del 2018, por ejemplo, la entidad alertó de un irregular desabastecimiento de productos, lo que causaba la demora en la ejecución. Y en octubre del 2020, señaló que una empresa proveedora entregó productos de marcas distintas a la orden de compra.

El actual gobernador, Agustín Luque, se ha comprometido a asignar un presupuesto para culminar la obra en mayo del próximo año. Según los registros, solo se ha asignado S/25 millones. “Esta gestión ha hecho el primero, segundo y tercer piso, algunos acabados. Pero no supera el 50% porque el otro 50% es el equipamiento. Falta toda la fase de equipamiento, conexiones de gas, de sistemas, luz”, dice el consejero Jorge Zúñiga.

En el gobierno regional señalan que se incorporarán S/38 millones más para el próximo año, pero el alza del dólar empieza a hacer estragos. “El tema del equipamiento sería más caro de lo que inicialmente estaba previsto”, dice Manuel Quispe. En una visita a Juliaca a inicios de este mes, Nelson Shack señaló que ve difícil que la obra concluya el próximo año y anunció que harán una auditoria en noviembre próximo.

Mientras, los médicos de la región siguen esperando ante la eventual tercera ola. “¿Por qué nosotros, los puneños, no nos merecemos un hospital con infraestructura adecuada para poder afrontar no solo el Covid, sino las otras patologías que nos afectan?”, se pregunta indignado Edvan Mengoa. 

*Sudaca se comunicó con las emrpesas mencionadas en este informe, ya sea por correo electrónico o a los teléfonos consignados en el OSCE y otras bases de datos. Ninguna respondió.

 

(*) Fotocomposición de portada: Darlen Leonardo

Tags:

corrupción, hospital regional, protestas, puno
x