Andrés Avelino Alcántara Paredes (61) es un político poco afortunado. Desde el 2000 ha intentado hacerse de una curul en el Congreso hasta en cinco ocasiones y con partidos distintos. También tentó la alcaldía provincial de Santiago de Chuco el 2002 y aspiró a la vicepresidencia de la mano de Gregorio Santos en el 2016. La victoria siempre le fue esquiva. A las siete de la noche del último domingo, los resultados a boca de urna de las elecciones le confirmaron una nueva derrota, esta vez como candidato a la presidencia por el partido del que es fundador, Democracia Directa. Sudaca lo acompañó en su infeliz jornada.
La fiesta electoral de Alcántara
Son aproximadamente las 10 de la mañana. Luego dar unas palabras de aliento a sus correligionarios en la base del partido del jirón Caylloma -en el primer piso de un viejo edificio de pálido color verde-, Andrés Alcántara sale rumbo a su local de votación, la escuela ‘Divino Niño Jesús’. Ningún medio de comunicación lo sigue durante las tres cuadras que le toma llegar al colegio, solo el autor de esta crónica. También hay un grupo de danzantes folklóricos -con atuendos rojos y amarillos-, que intenta darle color a su campaña.
Ya en su mesa de votación, de las 10 personas que hacen fila apenas uno lo reconoce. Lejos de arrancarle alguna propuesta o extenderle el puño para saludar su participación, la persona hace un comentario sobre su outfit. La votación se realiza sin los tumultos ni los aspavientos que generarán sus competidores a lo largo del día.
En el camino de regreso al local de campaña, una vecina sale a su balcón: «¿Qué ejemplo nos dan? ¿Qué nos dicen a los que hacemos cuarentena?». Alcántara no se da por aludido, pero sí uno de los militantes que lo acompaña. «Fuera», le responde en voz baja.
En su local algunos militantes están parados en la puerta. «Marquen la casita hermanos», dicen a los transeúntes que pasan por allí. Los danzantes siguen haciendo su show en plena calle, pero la melodía se interrumpe a medida que los carros tocan sus bocinas y les piden que se muevan. «¡Vayan a su casa, oe! ¡Igual no van a ganar!», grita un taxista.
Apenas Alcántara se acomoda en el local, un militante del partido coge su celular en la puerta y deja sonar una salsa de Óscar de León, el cantante con el que el candidato tiene un gran parecido por su impecable pelada y su tupido bigote negro. La canción es “Llorarás”, pero nadie parece tener la intención siquiera de tararearla. No hay necesariamente un ambiente de fiesta.
Hay una veintena de asistentes que están listos para recibir el flash electoral, pero pronto se dan cuenta de que el proyector que han instalado no funciona. Los militantes empiezan a recurrir a sus smartphones y la mitad de ellos pone atención a una laptop para enterarse de los resultados. Alcántara no sale ni siquiera entre los diez primeros. Es el último de los 18 candidatos que han postulado. Los militantes del partido ni se inmutan. Alcántara tampoco.
Con cerca del 90% de las actas procesadas por la ONPE, menos de 44.000 personas marcaron el símbolo de la casa de Democracia Directa. Es decir, apenas un 0,28%. Aun después de conocer una nueva derrota, quizá la más estrepitosa en su carrera política, el candidato norteño no pierde la fe en el margen de error. “Son resultados a boca de urna. No es que sea una realidad, es el deseo que ellos [se refiere a la encuestadora] quieren sobre cómo debe terminar el proceso electoral. Hay un 3% de margen de error que yo creo que será hasta mucho más”, contó minutos después de enterarse de los resultados.
Pero pronto admite que era de esperarse. “El resultado para nosotros era previsible. No hay una difusión al tema de fondo, pero es un triunfo. Ya entramos en el escenario político y hemos hecho llegar nuestra propuesta de una nueva Constitución vía referéndum”, dice, mientras su voz se pierde en el amplio, aunque casi vacío, local de campaña.
Veinte minutos después del anuncio, los asistentes abren los dos jugos de naranja y el par de vinos que compraron, quizá por puro impulso. A estas horas de la noche, las bebidas apenas servirán para pasar el trago amargo de los resultados. Aunque no se lamentan precisamente por Alcántara. “Es una sorpresa, pensé que ganaría Lescano”, dice un asistente que andaba por la puerta bebiendo unas cervezas.
Alcántara terminará la jornada grabando un video para felicitar a Pedro Castillo, el candidato de izquierda radical que ha pasado en primer lugar a la segunda vuelta, con casi dos millones y medio de votos. El reconocimiento de su derrota frente a los 17 candidatos con los que compitió es casi un trámite, así como el que tendrá que afrontar el partido para volver a buscar su inscripción al no alcanzar más del 5% de votos válidos para el Congreso.
Frente al marco de la nueva legislación, que requiere de cerca de 25 mil fichas de militantes para entrar en el proceso, Alcántara asegura que cuentan con 18.500 miembros. ¿Y el resto? “Los fonavistas son una base de 375 mil afiliados. Es cuestión de decirle a nuestra gente que se afilie y se acabó. No es un gran problema, es un tema administrativo”, asegura el candidato.
Los fonavistas a los que se refiere el candidato son los aportantes del fallido Fondo Nacional de Vivienda que aún reclaman la devolución de sus inversiones. Son la base de Democracia Directa, el partido que Andrés Alcántara fundó el 2011 y del que es presidente desde 2018.
Abogado por la universidad Garcilaso de la Vega y oriundo de La Libertad, Alcántara se resiste a definirse como un político de izquierda o de derecha, aunque insiste en el cambio de la Constitución del 93 para que “toda la población participe y decida en la solución de los problemas del país”. Evita la autocrítica y culpa a “los grupos económicos que manejan las encuestadoras y los medios de comunicación”.
La noche va terminando en este edificio destartalado del Cercado de Lima. Solo un grupo de militantes se queda a terminar los snacks y el poco vino que queda. Algunas sonrisas van surgiendo, quizá pensando en cómo triunfar en una siguiente elección. O al menos no morir nuevamente como partido en el intento.
La composición del padrón electoral ha cambiado en la última década. Una modificación importante, y poco percibida, ha ocurrido en la edad de la población apta para votar. Si echamos un vistazo diez años atrás, a las elecciones generales del 2011, los jóvenes menores de 30 años solo han aumentado alrededor de medio millón. Sin embargo, la población de entre 30 y 59 años, donde está la mayoría de peruanos, se ha incrementado en casi tres millones y la de adultos mayores de 60 años se ha casi duplicado.
En cuanto a la distribución por ubicación geográfica, tomando las cinco provincias con mayor y menor cantidad de electores se halla que estas solo han variado unas pocas milésimas en diez años. Aún así, su crecimiento se ha dado junto al aumento del electorado total. Lima resulta la provincia con mayor población electoral de lejos con un 34% del total, seguida por La Libertad con casi un 6%.
En tanto, a pesar de haber crecido de 16,494,906 a 25,287,954 personas, en comparación con el año 2006, la distribución entre hombres y mujeres se ha mantenido bordeando el 50%.
La gran incógnita que queda es: ¿cuántas de estas personas, cada vez con más años encima, irán a votar el día de hoy?
El candidato de Perú Libre tiene grandes posibilidades de pasar a segunda vuelta. Su visión para un eventual gobierno está plasmada en un documento de 77 páginas y 21 capítulos escritos con tinta marxista y postulados mariateguistas. Sudaca revisó todo el plan de Perú Libre y resume las propuestas más avezadas.
La primera gran reforma de Perú Libre apunta al tesoro más preciado de los fujimoristas: la Constitución del 93. La idea es desaparecerla. Para ello, propone una Asamblea Constituyente que presentará una nueva Carta Magna. El objetivo: terminar con el “neoliberalismo y plasmar el nuevo régimen económico del Estado”, al que ha bautizado como “Economía Popular Con Mercados”. Este nuevo modelo, según el mismo documento, está inspirado en los ejemplos exitosos de Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador.
¿En qué consiste? En que el Estado sea “interventor, planificador, innovador, empresario y protector” y “regule al mercado”. Para Castillo, “las dos perversas leyes, la oferta y la demanda, [han] reducido al hombre a ser solo un medio de producción o una simple mercancía más”.
Pero la nueva receta económica de Castillo no solo pretende que el Estado compita con el empresario privado. De llegar al poder, el documento también dice que Castillo aplicaría impuestos a todas las empresas -acabando con las exoneraciones tributarias- y estatizaría diversos sectores estratégicos incluyendo los que explotan recursos mineros, gas y petróleo. Según Perú Libre, esta es la vía para obtener recursos y “eliminar la pobreza, la desnutrición, el analfabetismo, construir carreteras y aeropuertos, lograr saneamiento integral con agua y desagüe de los pueblos más recónditos”.
Además, en un gobierno de Perú Libre se revisarían todos los Tratados de Libre Comercio (TLC). De atentar contra el «interés del pueblo», serían anulados. Los que sobrevivan a este filtro estarían publicados en un portal web porque «mientras no se publiquen los mismos seguirán gozando de una gran dosis de clandestinidad, favoreciendo a la corrupción».
Los empresarios que se salven de la estatización también tendrían que hacer cambios. Castillo asegura que las empresas “deben fomentar el empleo regional en un porcentaje superior al 60% del total de su personal”. Además, tendrían que “garantizar la transferencia tecnológica con capacitación y equipamiento para la población del área de influencia” y no pueden olvidarse de adquirir bienes y servicios de las Mypes ahí presentes.
Otro gran problema del país es el bajo nivel educativo. Y Castillo, como profesor, dice tener la solución: la “acción revolucionaria” de incrementar el presupuesto en este sector del 3.5% al 10% del PBI. ¿Cómo sería esto posible? Con su propuesta “el gas de Camisea como pan de la educación”. Esta consiste en aumentar el impuesto por la extracción de este recurso de “US$1.135 millones a US$23 mil millones a precio de mercado”.
Perú Libre también propone el ingreso libre a la universidad porque “el ingreso restringido es propio de países subdesarrollados, quienes utilizan las profesiones como medio para el ascenso social y económico”. Además, si un joven no lograse este ingreso directo, podría optar por el servicio militar voluntario de un año. Al terminar, podría escoger una carrera en cualquier universidad pública.
Parte de la multitud que asistió al cierre de campaña en la Plaza Dos de Mayo el último jueves. Fuente: Perú Libre.
En un eventual gobierno de Pedro Castillo también se incrementaría el presupuesto de salud del 5.4% al 10% del PBI. ¿De dónde saldrían los recursos para esto? El mismo documento responde: “El dinero provendrá del nuevo reparto de las utilidades entre las transnacionales y el Estado peruano”. Luego de revisar todas las concesiones existentes en el país, por supuesto.
En el sector salud –el más expuesto por la pandemia– el partido del lápiz propone implementar un tarifario único para las clínicas privadas y la despenalización del aborto como método para controlar la natalidad. “Está demostrado que un país subdesarrollado que no controla su natalidad o tiene natalidad mayor del 2% al 3 % anual, está condenado a no salir de la pobreza”, asegura Perú Libre.
Si Pedro Castillo llega a Palacio de Gobierno, además, varios colegas podrían terminar desempleados –o pasar las de Caín– por falta de un cartón universitario. Perú Libre plantea que sólo ejerzan el periodismo las personas tituladas y con una “formación deontológica”. El plan de gobierno también propone que los ministerios de Educación y Cultura evalúen los contenidos de la televisión y las radios antes de la difusión.
El partido del lápiz busca hacer borrón y cuenta nueva de la estructura del Estado y apunta a reorganizada. Para Castillo, el país debe convertirse en una República Federal, con el objetivo de fomentar la descentralización. De esta manera, asegura el plan de gobierno, los gobiernos regionales serían la única instancia decisiva en sus jurisdicciones, salvo algunas excepciones donde sea necesaria la intervención del nivel nacional.
El debate del sistema de pensiones, por su parte, está zanjado en el plan de gobierno del profesor Castillo. Perú Libre tiene una posición clara: hay que fortalecer la ONP y eliminar poco a poco las AFP. Según la agrupación, este último sistema tiene “un fin lucrativo al cobrar porcentajes de hasta del 30% sólo por administrar los aportes, un robo a todas luces, entregando pensiones miserables”. Castillo y sus seguidores consideran que los peruanos gozarán de una mejor vejez si ahorran su dinero en cualquier banco con tasas bajas.
El menú que ofrece Castillo también tiene un apartado de lucha contra la corrupción. Su apuesta más llamativa es crear una Contraloría especial para el sector privado. “La Contraloría General de la República es dura con los funcionarios públicos, pero blanda con el empresariado privado. En realidad, las empresas privadas son el principal elemento corruptor del Estado”, asegura el plan de gobierno. ¿Cómo le habría ido al sentenciado Vladimir Cerrón, su ex segundo vicepresidente, bajo este esquema?
Vladimir Cerrón y Pedro Castillo juntos en el cierre de campaña en la Plaza Dos de Mayo el último jueves. Fuente: La República.
Castillo remata este acápite con la propuesta de limitar el financiamiento de campañas políticas solo a los aportes militantes, eliminar sueldos “dorados” del Estado y desaparecer todo tipo de inmunidad política sin excepción.
A diferencia de otros partidos que proponen “mano dura” para mejorar la seguridad ciudadana, Castillo tiene otras ideas para arreglar ese problema. Primero, fortalecer las rondas campesinas y comités de autodefensa respetando “sus costumbres, cultura y estructura”. También hay que reorganizar la Policía. Según Perú Libre, los ascensos deben regirse “por el número de investigaciones resueltas o acciones meritorias y no por el falso academicismo impuesto en base a maestrías y doctorados”.
Llegar a ser juez en un gobierno de Perú Libre, en tanto, sería un poco diferente. Los peruanos escogerían a todos los magistrados por voto popular. “La designación de este poder, que en última instancia decide asuntos trascendentes para el Estado, debe pasar el filtro democrático”, asegura el plan de gobierno. Tampoco creen en la ratificación de los altos magistrados del Poder Judicial “porque está demostrado que toda reelección es directamente proporcional a institucionalizar la corrupción”.
Y si Bolivia y Ecuador son la inspiración para el plan de gobierno de Perú Libre, el gran enemigo y culpable de las desgracias del Perú es Estados Unidos. El partido del lápiz acusa al país norteamericano de tener “un plan a gran escala de implementar instituciones supranacionales para controlar América Latina”, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También los consideran promotores de una guerra cultural que consagra “la idea de que ellos son el país modelo” y que “cualquier otro modelo alternativo es retrógrado”.
Perú Libre tampoco ve con buenos ojos a la ONU. Según el partido, los soldados peruanos que pertenecen a los Cascos Azules de la institución “son utilizados para mantener el dominio imperialista sobre otros países”. Además, son adoctrinados y preparados para “la represión contra los líderes y movimientos de izquierda en sus propios países”. Como solución, proponen una política de descolonización.
Este es apenas un breve resumen del plan de gobierno del último candidato de moda. Si le gustan o no las propuestas, es cosa suya, estimado lector. Lo que queda claro es que se trata del tipo de planteamientos que a los empresarios de la Confiep les ponen los pelos de punta. A votar este domingo.
A sus 80 años, el candidato de Avanza País, Hernando de Soto, tienta la presidencia del Perú. Para llegar a estas instancias se presentó con el siguiente capital: ser considerado como uno de los economistas más influyentes del mundo. Un tipo supuestamente innovador, con teorías que -en resumen- afirman que la formalización y la entrega de títulos de propiedad logran el desarrollo. Sus propuestas las planteó en El Otro Sendero y El Misterio del Capital, libros publicados en 1986 y en el 2000, respectivamente.
En los últimos días, sin embargo, en redes sociales surgieron corrientes que ponían en duda los galones del candidato que lucha su pase a la segunda vuelta, según el flash electoral de Ipsos emitido por América Tv y Canal N. ¿Son viables sus teorías? ¿Aún siguen vigentes? Los cuestionamientos nacieron de jóvenes académicos y profesionales que estudiaron en prestigiosas universidades del extranjero y que afirman que las tesis de De Soto son estudiadas “como aquello que no se debe hacer para lograr el desarrollo”. Es decir, las propuestas de un antigurú que ya no deberían aplicarse.
“Hay un consenso de que las teorías de Hernando De Soto muy malas”
Uno de ellos es Roger Merino. Tiene 38 años, es investigador y profesor a tiempo completo en la Universidad del Pacífico (UP) y tiene un Ph.D en Ciencias Sociales y Políticas por la University of Bath (Reino Unido). Además de una maestría en Derecho comparado, Economía y Finanzas por la University College of Turin (Italia). En ambos países analizó las teorías de De Soto.
“En las universidades del norte global se estudia a De Soto como un académico del sur que quiere promover un capitalismo inclusivo, un capitalismo desde una visión de los pobres”, cuenta Merino, quien antes de cursar sus posgrados estudió derecho en la Universidad de San Marcos.
Pero cuestiona: “De Soto no es un académico. Es un asesor de gobiernos, de organismos internacionales. Fue muy importante a fines de los ochenta e inicios de los noventa. La gente dijo, ‘miren aquí hay un académico que viene del sur y que está legitimando las teorías del libre mercado, el capitalismo de los pobres’, pero luego fue duramente criticado”.
Merino explica que De Soto plantea varias “relaciones causales” que han sido criticadas por la academia. Por ejemplo, que la formalización sea la causa de que los pobres puedan, entre otras cosas, pedir préstamos bancarios y que, con ese crédito, puedan hipotecar sus casas al sistema financiero. Este crédito, según los planteamientos de De Soto, les permitirá invertir el dinero en negocios que los hará crecer económicamente.
“La academia critica cada una de esas relaciones causales. No es cierto que cuando un pobre logra un título, automáticamente accede a un crédito. Esta empíricamente probado que eso es falso. Puede ser en algún caso excepcional, pero en el Perú es un fracaso”, afirma Merino, quien recuerda que la idea de la hipoteca popular se planteó en el régimen de Alberto Fujimori.
“Y no es que el pobre iba al banco con su título y le daban su plata. De hecho, hay estudios que aseguran que los pobres valoran más la posesión de su bien antes que perderlo en una hipoteca”, sentencia Merino. Y agrega: “El consenso es que las teorías de De Soto son muy malas. Es lo opuesto a un gurú. No tiene la fórmula mágica de nada. Las soluciones a los problemas son más complejos que simplificar trámites, y dar títulos de propiedad”.
“Las teorías de De soto son como el dióxido de cloro, no cura la enfermedad y te puede enfermar de otra cosa”
Quien también critica las teorías de Hernando de Soto es Ricardo Mego. Tiene 35 años y estudió Derecho en la Universidad Católica. Luego logró una maestría en London School of Economics, donde estudió una maestría en Derecho, con implicancias en economía y ciencias políticas. Allí, como parte de la malla curricular, tuvo la oportunidad de analizar las teorías del autor de ‘El Misterio del Capital’.
Para sustentar sus críticas, Mego recuerda al profesor británico Timothy Mitchell y las experiencias fallidas que tuvieron las tesis del candidato presidencial en países como Egipto. “En los noventa, en Egipto, hubo personas que hipotecaron una de sus propiedades para granjearse de una inversión. Pero estas personas, sin capacidad técnica, emprendieron y fracasaron. Luego terminaron descapitalizados y sin propiedad”.
Además -agrega-, al titular una propiedad, esta sube su valor. Pero las personas se siguen dedicando a una misma actividad económica, tienen la misma cantidad de ingresos y, si quisieran invertir en otra propiedad o en algún negocio, ya no podrían.
“Los académicos de occidente ya superaron las teorías que hoy en Perú se siguen estableciendo como mantras, como las teorías de De soto. Son ideas de hace 30 años y cuando las criticas te dicen “rojo o comunista”. Es cierto, estamos ante una persona de prestigio en el mundo, que se le estudia. Pero no como una receta con actualidad, con éxitos comprobados. Se le estudia como el intento noventero de buscar una fórmula de desarrollo para nuestros países, que fracasó, que demostró no cumplir sus objetivos. Las teorías de De Soto son como el dióxido de cloro, no cura la enfermedad y te puede enfermar de otra cosa”, sentencia.
“No es una autoridad intelectual en el 2021”
De similar opinión son Enrique Mendizabal y Cristina Glave. Mendizabal, de 43 años, estudió Economía en la Universidad del Pacifico y también una maestría en Política Social y Planificación en países en desarrollo en London School of Economics en 2002. Glave, por su parte, estudió una maestría en Estudios para el desarrollo en Cambridge (Inglaterra).
Mendizabal señala: “En el 2002 ya se había demostrado que las ideas de Hernando de Soto eran sencillas y limitadas. Que se le tenían que dar más herramientas. Sus teorías en el 2002 no tenían el peso que él dice tienen hoy”, señala. Y apuntala: “En los noventa se dieron títulos de propiedad en los asentamientos humanos y eso no los ha sacado de la pobreza. De Soto es un gurú de algo muy limitado, antiguo y muy desfasado. Un gurú anacrónico”.
Glave, que también analizó las teorías del hoy candidato presidencial en las aulas, opina en el mismo sentido. “Estudiamos las teorías de Hernando De Soto y la crítica era que no generaban los cambios que se esperan. No podemos depender de teorías que ya se han demostrado son insuficientes. Ni presentarlas como una varita mágica, porque no lo son. (Sus teorías) no presentan cambios en la informalidad, ni en la productividad. No es una autoridad intelectual en el 2021, pues insiste en aplicar teorías que pensaba en los 80 y 90”.
“Es un personaje influyente”
Así como hay quienes critican a Hernando de Soto, aún hay quienes respaldan sus conceptos. Uno de ellos es Oscar Sumar, Decano de la carrera de Derecho en la Universidad Científica del Sur y doctor en Derecho por UC Berkeley. En una columna publicada en Gestión, señaló que le parecen absurdas las críticas sobre las “teorías fallidas” de Hernando De Soto.
“(De soto señala) que la informalidad se presenta como el principal problema del país, incluso en la pandemia. Si no fuera por la informalidad, quizá no hubiéramos sido uno de los países más golpeados por el virus, tanto en términos de salud como económicos”, afirma. Y luego añade: “La eliminación de barreras burocráticas -propuestas por De Soto- han sido utilizadas para reducir las trabas burocráticas. Perú es uno de los pocos países del mundo que tiene un aparato administrativo destinado a eliminar barreras burocráticas (la CEB de Indecopi) y eso se lo debemos -al menos en parte- a la influencia de De Soto”.
De similar opinión es el economista Roberto Chang, uno de los más influyentes en la región y profesor de Economía en Rutgers, la Universidad del Estado de Nueva Jersey. Emplazado por sus colegas a decir qué latinoamericano podría ser candidato al premio Nobel de Economía, Chang señala en una reciente columna de opinión que Hernando de Soto sería uno de ellos por sus esfuerzos en hacer ciencia social. Nos comunicamos con él, vía Zoom, y le consultamos sobre las críticas que reciben las teorías del aspirante al sillón de Pizarro.
“Sus ideas tienen mucha vigencia. Las críticas son un reflejo de la pobreza intelectual de la comunidad académica del Perú”, enfatiza. Y concluye: “Puso ideas sobre el tapete y es inspiración de muchos economistas en el mundo. De Soto no tiene parangón en el mundo ni en Latinoamérica. Los científicos sociales del Perú nunca han querido reconocer su mérito, porque ellos vienen hablando de la explotación, del imperialismo. Ideas que eran gastadas, que habían perdido vigencia. Entonces vino De Soto, les quitó protagonismo y por eso me parece que tienen ese tipo de reacciones”.
Fotoportada: Leyla López (imágenes: Andina y Twitter)
Fecha de publicación: 11/04/2021
“Ya deben haber volado”, le dice un cambista de Jirón Ocoña a otro mientras se ríen. “Nosotros le decimos así. Cuando las personas compran dólares [a un valor] alto, y al día siguiente amanece bajo, ya volaron”, explica uno de ellos. Ocoña es uno de los jirones que desembocan en la Plaza San Martín y también el punto de referencia del dólar paralelo en Lima, aquel que no se transa a través de entidades financieras.
Ambos cambistas coinciden en que han sido las encuestas las que han marcado la pauta. Según su lectura, los días en que el dólar trepó hasta casi los S/ 3.80 coincidieron con que Verónika Mendoza disputaba el segundo puesto en las encuestas. Es miércoles 7 de abril y hoy perciben un panorama muy distinto. “Los tres últimos días la gente ha venido como loca a vender [deshacerse] sus dólares. Hay mucho psicosocial”, sostiene el mayor de ambos, que suma 30 años como cambista en Ocoña. Víctor, su colega, cuenta que empezó el mismo oficio a los 16 años y que ya lleva 15 en el tradicional jirón del centro histórico de Lima.
Cambistas y casas de cambios en Jirón Ocoña, 5.30 de la tarde del miércoles 7 de abril. Foto: Luisa García.
«Hoy el dólar está afectado por las elecciones. No importa mucho qué es lo que pase fuera”, sostiene Carlos Rojas, especialista en mercados de capitales y gerente general de la administradora de fondos de inversión Capia SAFI. “En el muy corto plazo lo clave es qué tanto miedo tiene la gente. (…) ¿Miedo a qué? A la incertidumbre. No sé qué va a pasar, entonces me agarro a la moneda fuerte que es el dólar. Si tienes mucho miedo, vas a salir a comprar dólares», afirma en conversación con Sudaca.
«Si es que el lunes sale Pedro Castillo y Verónika Mendoza, el tipo de cambio se va a 3.75, porque [los electores] piensan: un candidato de izquierda le va a hacer daño a la economía, mejor compro mis dólares antes de que esto se vuelva «Venezuela» como dicen, el extremo. Es muy emocional. Y si salen, por ejemplo, Hernando de Soto y George Forsyth, dos candidatos que son de centro derecha, (…) que la gente siente que van a mantener las cosas, el tipo de cambio se va de 3.63 a 3.55. Entonces depende de tu visión», agrega.
El dólar es la variable financiera que más rápido se mueve, afectado por eventos económicos y políticos. Al arranque de 2020 el tipo de cambio interbancario que publica el Banco Central de Reserva estaba en 3.300, sin embargo, aun tomando en cuenta algunos descensos, desde entonces no ha regresado a ese nivel.
Las últimas dos semanas el tipo de cambio subió hasta los 3.77 soles por dólar, pero le siguió una baja que lo hizo llegar hasta los 3.60. Al menos en los últimos 15 años el precio del dólar no había alcanzado un punto más alto que los 3.77 del 30 de marzo, de acuerdo a data del BCR.
La semana pasada, en los días de mayor alza del dólar, más compradores aparecieron y por montos relevantes: 30 mil, 40 mil o 50 mil dólares, coinciden tres cambistas de Ocoña. Quizás se trataba de gente que quería tener una inversión o que necesitaba comprar mercancía o insumos en dólares. “¿Qué pensarían? ¿Quizá que luego subiría más?”, se pregunta Víctor, el único cambista que se atreve a brindar su nombre, pues la falta de seguridad (robos e incluso asesinatos años atrás) en esa cuadra los ha hecho ser reservados y desconfiados.
—Ocoña es como el centro de todo el sistema cambiario en Lima. Acá vienen los cambistas de otros distritos a ‘stockearse’. Pero nosotros no sabemos qué puede pasar [con el tipo de cambio] — dice Víctor.
Diferentes actores económicos consultados por Sudaca, hablan de un fenómeno electoral sumado a la crisis económica generada por la pandemia como dos factores determinantes. Los cambistas de Ocoña repiten algo que viven a diario: el precio del dólar se define por la oferta y la demanda. Una regla que vale para el popular jirón como para los mercados de capitales. Mientras menos dólares haya en el mercado, el precio de este se encarece. Siguiendo la lógica de Rojas, sería el efecto del miedo y la elección de comprar, en la que la subjetividad juega un rol evidente.
Entre 2018 y 2019, Isabel Gonzales se endeudó en dólares para poder costear sus estudios de postgrado en el extranjero. Comenzó a pagar de regreso el préstamo en el mes de noviembre previo a la pandemia, con cuotas de entre $1,000 y $2,000 mensuales. Hoy solo le falta amortizar dos cuotas de $1,500, pero siente que la pandemia ha marcado el peor escenario para su deuda y que el vaivén de las últimas semanas solo lo ha empeorado.
Con el avance de 2020, encontrar en Santiago de Surco, el distrito en el que vive, una casa de cambio con stock de dólares se fue haciendo cada mes más difícil. Aprendió, entonces, a coordinar con anticipación con un cambista de su zona para no pasar apuros. Gana un sueldo en soles y con ello ha sufrido cada alza del dólar en los últimos meses, así como las crisis políticas locales. Aunque debe cancelar su próxima cuota a fin de mes, ha decidido arriesgarse hoy y comprar los 1.500 dólares antes de que los resultados de las elecciones puedan quizás encarecer su compra.
Como ella, hay otros que sufren los efectos del alza del dólar: los consumidores finales de productos importados. Por ejemplo, si necesitas instalar o reparar el motor de una cochera levadiza, te requerirán el pago en dólares. Un motor de ese tipo llega vía importación de una empresa mayorista. Zengo SAC es una de ellas. Su gerente general Felipe Muñoz explica a Sudaca que su empresa no se ha visto perjudicada por el vaivén del dólar gracias a que los talleres que les compran los motores también les pagan en dólares, y estos a su vez también cobran a los usuarios finales en dólares.
Pero una de sus potenciales clientes, Maritza Martínez, ha decidido esperar a que pase la primera vuelta para ir a comprar los 350 dólares que le piden por el motor y la instalación que necesita para reparar su cochera.
«Si el Perú no hubiera tenido todo este ruido político, el tipo de cambio hoy estaría ahora en 3.30 o 3.20», sostiene Carlos Rojas. Se refiere principalmente al proceso de vacancia de noviembre último. Para el gerente general de Capia SAFI, a diferencia de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski y el cierre del Congreso en 2019, la salida de Martín Vizcarra era algo que se tornaba menos comprensible en un contexto de pandemia ante los ojos de los inversionistas. Fue «catalizador en nuestro cambio de tendencia», sostiene en alusión a un alza del dólar aun más marcada.
Una tendencia que ha tenido a sus principales perjudicados entre aquellos con deudas en dólares y los consumidores finales de productos importados, así como aquellos microempresarios que importan insumos para sus negocios.
Los grandes importadores suelen negociar y fijar el tipo cambiario en los contratos mismos, por lo que estos vaivenes no les perjudicarían sustancialmente al comprar insumos de afuera. Así lo explica Rafael Zanich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, gremio de importadores, exportadores y empresas vinculadas a la cadena económica del comercio exterior. Sin embargo, el caso de los microempresarios sería diferente.
«Si tienes un pequeño negocio, vendes productos que traes de afuera y los ofreces aquí en soles, sí te vas a ver afectado. Vas a cobrar lo mismo por algo que te costó más caro», expone Zacnich, que a su vez resalta el rol del BCR para suavizar los cambios bruscos en el precio del dólar con medidas estratégicas.
Lo cierto es que el dólar paralelo apenas ha revertido un poco su caída de esta semana. «La semana previa a elecciones siempre hay mucho movimiento, el tipo de cambio se eleva por la incertidumbre», apunta el especialista de Comex, quien se enfoca entonces en analizar la bajada.
«Por el efecto externo, el tipo de cambio tendería [ahora] al alza en base a una mayor fortaleza de Estados Unidos que ya se está produciendo, pero no ha sido así», reflexiona Zacnich. «La caída tan marcada que ha sufrido el dólar esta semana está asociada al escenario político», agrega y sostiene que la razón sería el que Verónika Mendoza se haya alejado aparentemente de los primeros lugares.
«Eso es lo bonito y riesgoso de la economía: tomar decisiones sobre algo que aún no ha pasado», concluye. En palabras de Víctor, cambista en Ocoña: “Sea que suba o baje [el precio del dólar], la gente siempre se alborota”.
La fotocomposición y los gráficos de esta nota fueron elaborados por Leyla López.
“Una persona a la que no se le da su mermelada se vuelve una fiera salvaje” o “la prensa mermelera que está acostumbrada a echar barro” son algunas de las frases lanzadas por los candidatos Rafael López Aliaga y Daniel Urresti durante la campaña electoral. El objetivo es, como siempre, desprestigiar el trabajo de los periodistas que los investigan y los cuestionan.
Pero aunque “mermelada” es un término utilizado para atacar a la prensa, ningún medio se ha dado el trabajo de rebatirlo analizando las cifras de dinero que el Estado coloca en diarios, radios y televisoras a cambio de publicidad. La razón: casi todos han recibido y seguirán recibiendo millones de soles de publicidad estatal. En Sudaca no formamos parte del banquete, así que podemos tratar el tema sin sobresaltos. ¿Se puede hablar de medios vendidos a cambio de los millones que reparten entre ellos los gobiernos?
Desde el 2005 hasta el 2020, el Poder Ejecutivo ha desembolsado S/770 millones para apenas siete grupos mediáticos analizados en este informe, que toma como punto de partida la tesis de maestría del periodista Jaime Cordero*. El objetivo de Cordero fue verificar si el Estado invertía en los medios tanto dinero como para que estos cambien su línea editorial.
Su conclusión es clara: aunque en algunas ocasiones medios y gobiernos de turno parecen sospechosamente alineados, no se puede hablar de una “mermelada” sistemática. “Esa tesis es quizás el mayor indicador de relativización de ese concepto”, dice el politólogo José Alejandro Godoy, quien asesoró a Cordero en su trabajo académico.
Los millones que el Estado reparte
El Grupo El Comercio (GEC) encabeza la lista de proveedores mediáticos mejor pagados por el Estado. Solo su brazo editorial, que ha facturado al Estado principalmente con las razones sociales Empresa Editora El Comercio (diarios del GEC), Epensa/Prensmart (diarios comprados a la familia Agois) y Amauta Impresiones (imprenta), recibió en los años analizados S/208 millones. Amauta Impresiones, vale aclarar, no vende publicidad, sino servicio de impresión de −por ejemplo− textos escolares.
Otra empresa del mismo grupo mediático que recibió una importante suma de dinero es Plural TV, la razón social de América TV, una de las antenas más ‘calientes’ del país, y del canal de cable Canal N. La empresa, que tiene como accionistas al GEC (70%) y al Grupo La República (30%), se llevó casi S/197 millones.
En los últimos 15 años, el verdadero festín de billetes para los broadcasters se dio durante el gobierno de Ollanta Humala. En ese periodo se registró el mayor desembolso de dinero anual entre los medios analizados: S/31 millones y medio que fueron a parar justamente a las arcas de Plural TV en el 2013. Y la tendencia que muestran las cifras es clara: el nacionalismo aumentó la colocación de publicidad para todos de forma acelerada. El Grupo RPP, por ejemplo, recibió su mayor monto anual en el 2015, S/28,4 millones, y Latina cobró al gobierno su segundo más alto en el 2013, con S/20,6 millones.
Antes de la entrada de Humala, lo máximo que el Estado había pagado al Grupo El Comercio (GEC) en publicidad era S/12 millones, en el 2010. Un año después, y pese a la férrea oposición del grupo a su candidatura, la cifra casi se duplicó: el conglomerado de los Miró Quesada recibió más de S/20 millones. “El 28 de julio se les acaba la mermelada”, hubiera anunciado en su momento el candidato de Renovación Popular.
¿Eran los Humala afines al GEC y los medios de este grupo mediático no eran críticos con la gestión del partido nacionalista? Todo lo contrario: la pareja presidencial y este conglomerado de medios eran claros enemigos, tanto así que Nadine Heredia habría coaccionado a uno de sus corruptos accionistas para no dejarlo participar en una licitación, si no la ayudaba a detener los periodicazos del Decano.
Esa enemistad, en términos económicos, se reflejó al año siguiente, el 2012, cuando la publicidad estatal cayó casi a la mitad que el año anterior (S/12,9 millones), y con más fuerza desde el 2014. A partir de aquel año, la facturación al gobierno humalista fue decreciendo, a diferencia del resto de medios, que mantenían una sólida tendencia hacia arriba. Durante todo el gobierno humalista, el GEC recibió un total de S/84 millones. Aún así, en el 2016 el brazo editorial del grupo (contando a Amauta y los antiguos diarios de Epensa) cerró el año recibiendo robustos S/6,8 millones de dinero público.
La República, por su lado, facturó al gobierno central S/35 millones entre el 2005 y el 2020. Y aunque el dinero colocado por el Estado es mucho menor que el recibido por el GEC −en parte, por el alcance de los diarios de uno y otro−, durante el mandato de Humala la plata que recibió el grupo que dirige la familia Mohme por publicidad estatal tuvo un crecimiento sostenido y mucho mayor al de su competidor ideológico. Esta subida solo frenó en el 2016, año en el que el líder del partido nacionalista dejó la presidencia. La República, cuya línea política es históricamente de izquierdas, había apoyado decididamente la candidatura de Humala en el 2011, en contra de la de Keiko Fujimori, como resalta Cordero en su tesis.
«Sí se observan criterios de discrecionalidad con algunos medios, como en el gobierno de Humala: bajarle un poco [de publicidad] a El Comercio, subirle un poco a La República. Pero tampoco es que eso comprometa una línea editorial previamente clara», dice el politólogo José Alejandro Godoy, asesor de la tesis de Cordero. “Algunos periodistas [de distintos grupos] en su momento sí pudieron dar asesorías o servicios al Estado. Muchos lo han hecho en época de desempleo, pero en otros casos sí se ha dado que han estado en los dos lados [periodismo y asesorías]”, agrega.
Mientras los Miró Quesada y los Mohme se llevaban la mayor parte de la torta, Willax irrumpía en el mercado bajo la razón social Agenciaperu Producciones. A pesar de que, efectivamente, ha recibido menos dinero que otros, para un canal que recién empezó a emitirse a finales de 2010 y que se transmite por señal abierta solo en Lima y por cable fuera de la capital, no le ha ido tan mal.
Willax facturó un millón y medio de soles al Ejecutivo entre 2011 y 2020. En comparación con otro canal de cable de mayor trayectoria, como Canal N, que en ese mismo período cobró tres millones y medio de soles, lo percibido por el canal de ultraderecha no es poco dinero. “¡Cuánta mermelada entra por arriba y por abajo, para los costados de la prensa!”, exclamaba Phillip Butters, estrella del canal, en un reciente programa.
Los diarios Expreso y Extra, por su parte, han recibido durante los 15 años de análisis, S/6 millones. Las razones sociales con las que facturan son Sindesa y Editora Expreso Extra. La cifra parece menor, pero es alta si se considera que se ubicaron en el puesto 20 y 14 de lectoría en Lima Metropolitana en el 2016, según cifras de CPI. Curiosamente, en el 2017, durante el gobierno de Kuczynski, y a pesar de que estos diarios tenían una línea afín al fujimorismo, ambas empresas recibieron S/1,2 millones, el monto anual más alto que obtuvieron hasta ahora.
Una tendencia que se repite en todos los medios analizados es la estrepitosa caída del flujo de dinero estatal en el 2018. Y es que en ese año se aprobó la entonces famosa “Ley Mulder”, que prohibía al Estado adquirir espacios publicitarios en los medios de comunicación privados. Aunque después el Tribunal Constitucional declaró esta ley inconstitucional, la colocación de publicidad estatal en los medios analizados no retomó desde entonces su ritmo de crecimiento anterior. Las colocaciones del gobierno de Kuczynski y Vizcarra son menores que las del nacionalismo. En el 2017, el gasto total en avisaje del Ejecutivo fue de S/181 millones, lo que equivalió al 0,6% del presupuesto público de aquel año.
¿Se puede hablar, entonces, de ‘mermelada’? «Lo que se entiende por «mermelada» académicamente se llama «captura de los medios”. Consiste en que un medio recibe dinero a cambio de modificar los temas que normalmente cubriría», explica el periodista Jaime Cordero, autor de la tesis titulada “La gran concentración: El Poder Ejecutivo como anunciante en el Perú”.
Según Cordero, dicha captura de la prensa no se refleja en los números. «Eso es lo que concluyo [en mi investigación]. La información recolectada descarta la idea de que los medios están masivamente comprados», asegura.
El periodista explica que, pese a que hay cierto espacio para la discrecionalidad, no es que el Ejecutivo reparta el dinero a diestra y siniestra, sino que sigue un criterio claro: a los medios con mayor alcance se les da más plata. Esto, en parte, porque los funcionarios de los ministerios deben justificar técnicamente sus decisiones de inversión, y a veces recurren a agencias de medios para que definan la colocación. Por ello, aunque los Humala odiaban al GEC, les ponían dinero. «No le vas a dejar de dar al Grupo El Comercio porque es el que tiene más lectoría, ni a América TV, que es el canal más potente. Los medios más grandes son los que reciben la torta más grande», completa José Alejandro Godoy.
Otro factor es el verdadero porcentaje que representa la publicidad estatal en ingresos para las empresas de medios. Incluso cuando esta crecía en el gobierno de Humala, era cada vez menor en comparación a la privada, según las cifras de Cordero. «Con Alberto Fujimori, en un periodo de recesión, la publicidad estatal convirtió al Estado en el principal anunciante de los medios de comunicación. Eso ya no es así, en absoluto», sostiene Godoy. “[Ahora] los medios de comunicación en el Perú responden mucho más a sus propios condicionamientos ideológicos y empresariales/comerciales, antes que a la publicidad estatal, que representa -en medios grandes- entre 2% y 8% de sus ingresos. Prácticamente nada frente a lo que reciben del sector privado», agrega.
No obstante, Godoy explica por qué el concepto de “mermelada” sigue vigente y rondando la escena política peruana. Una de las razones, asegura, es que sí ha habido periodistas excesivamente condescendientes con políticos del Ejecutivo, como Vizcarra por ejemplo. “Hay algo de razón detrás, pero eso no se explica por la ‘mermelada’, sino por cuestiones ideológicas, simpatía o antipatía», concluye.
* Sudaca corroboró los datos de Cordero empleando los buscadores de proveedores del Estado, que solo llega hasta el 2018, y completó los dos últimos años (2019 y 2020), que no contempló la tesis, usando su misma metodología.
** En el recuento de la ‘mermelada’ se excluyó el dinero comprometido por organismos autónomos como la ONPE, un filtro importante que no se refleja en la mayoría de ‘memes’ y fake news sobre el tema que circulan en redes sociales. Estos organismos definen su propio presupuesto publicitario, por lo que no tiene sentido que sean considerados como una colocación política del gobierno de turno.
*** Jaime Cordero, el autor de la tesis, y Paolo Benza, uno de los periodistas que firma esta nota, han trabajado antes en el Grupo El Comercio.
La fotoportada y los gráficos de esta nota fueron elaborados por Leyla López.
La llaman “afiliada de última hora”, la acusan de haber “copado las listas congresales” con sus amigos y dicen, además, que Nuevo Perú -el movimiento que la lideresa no ha podido inscribir hasta ahora- ha impuesto el plan de gobierno sin la aprobación del Comité Ejecutivo del partido que la aloja. En la recta final de la carrera electoral, una facción de Juntos por el Perú (JP) ha hecho públicos sus desencuentros con Verónika Mendoza y en un nuevo comunicado, que será publicado en las próximas horas, hacen oficial su apoyo a la candidatura de Pedro Castillo.
Los calificativos provienen de antiguos militantes del Partido Humanista, la organización política que el año 2017 -y luego de haber entablado una alianza con Patria Roja, el Partido Comunista y el Movimiento por el Socialismo- cambió de nombre a Juntos por el Perú. Ese año, se había realizado un congreso entre estos movimientos donde se apostaba por “la unidad de las izquierdas”. Luego se sumaría el Nuevo Perú. Algunos militantes han empezado a romper con ese pacto.
El punto de quiebre fue el “alejamiento” del partido de Yehude Simon, uno de los fundadores del Partido Humanista el 2001. Simon fue relegado a fines de 2019 por las acusaciones en su contra por el caso Odebrecht. Según Roberto Sánchez, presidente del partido, Simon está suspendido. “Yehude Simon solicitó la suspensión de sus derechos de militante y cargos porque eso correspondía. En nuestra acta fundacional dice que ninguno de nosotros debe estar en curso en un proceso de corrupción. Desde octubre de 2019, él no forma parte de ninguna decisión de JP hacia adelante”, explica Sánchez a Sudaca.
Según fuentes del partido que ahora se oponen a la candidatura de Verónika Mendoza, Sánchez tomó la posta de JP con la venia de Simon, pero luego le habría dado la espalda. Para estas mismas personas el actual presidente del partido viene midiendo sus decisiones para preservar el poder. “Sánchez no sabe cuál es realmente su poder y si las bases lo apoyarían. En Lima, él manda, pero tiene miedo de que vengan otros delegados y pierda el poder. Por ejemplo, en algún momento se quiso cambiar el logo de JP, pero Sánchez no quiso porque pensó que iba a ser problemático”, dice una fuente del partido.
Entrevistado para este informe, Leonel Falcón, secretario nacional de Relaciones Internacionales de JP, no tiene reparos en decir que Sánchez es una persona que “se alinea” con el poder del momento e, incluso, lo llama “traidor”. Sánchez replica y califica las palabras del dirigente como “lloriqueos de quienes han sido derrotados en las elecciones internas del partido de noviembre del año pasado, donde se presentaron las precandidaturas, y que apelan a ataques de carácter político, mas no se dedican a ganar con propuestas”.
Por su lado, desde su prisión domiciliaria, Simon ha mostrado un claro apoyo a la candidatura de otras fuerzas de la izquierda, como la que lidera Pedro Castillo con Perú Libre. “Simon dice que va a apoyar a Castillo, pero ya no está en JP. ¿Qué daño hacen? Son manotazos insignificantes respecto a lo que hacemos”, asegura Sánchez. Para el dirigente de JP, estos líos dentro del partido no son trascendentes y afirma que no se quebrará la unión entre ellos.
Según fuentes del partido que apoyan a Mendoza, los miembros ‘rebeldes’ son los que siguen simpatizando con Simon. Pero Falcón evita que se le ponga esa etiqueta. “Simon se ha equivocado 50 mil veces y yo se lo he dicho. No representamos a Simon, sino a las bases regionales a nivel nacional que no estamos de acuerdo en cómo se están llevando las cosas actualmente”, dice este dirigente.
El pasado 29 de marzo, Leonel Falcón y Rosario Peralta, secretaria nacional de Vocalía Orgánica, firmaron un primer comunicado público manifestando su oposición. En este se dice, por ejemplo, que el Comité Ejecutivo Nacional al que ambos pertenecen está en crisis y que ha habido renuncias de dirigentes. Todo eso ha conllevado a que no se reúnan desde el 20 de noviembre del año pasado. Por lo tanto, apuntan, ninguno de los lineamientos políticos establecidos por Mendoza y su equipo cuenta con su aprobación.
“Con relación a las declaraciones políticas-orgánicas y propuestas programáticas en su condición de candidata formulada por la Sra. Mendoza, son de su entera responsabilidad personal, no expresan nuestra propuesta programática fundacional (…) No refleja nuestros principios e ideario fundacional, respecto a la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia externa. Por oportunismo electorero, se ha negado nuestro humanismo sin fronteras y la solidaridad con los pueblos hermanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y por los que luchan por vida digna, justicia y democracia”, se lee en el escrito.
Falcón y Peralta también lanzan su artillería contra la figura de Verónika Mendoza y afirman que no tiene ningún cargo de responsabilidad política al interior de JP. De hecho, Mendoza se afilió al partido el 28 de setiembre del 2020, poco antes de iniciar la campaña. “Solo para ser candidata”, anotaron en el escrito.
Quienes defienden la candidatura de Mendoza afirman, sin embargo, que esta facción no representa una base importante al interior de la coalición. Algunos militantes ven este asunto como una pelea justamente dentro del grupo que proviene del Partido Humanista.
Falcón sostiene que él representa a las bases a través del comité regional de Ica, mientras que Rosario Peralta, por Cusco. “Somos los únicos representantes orgánicos de regiones”, asegura el dirigente. En las próximas horas, esta facción sacará un nuevo pronunciamiento donde, según Falcón, se adherirán más de 100 militantes, de los cuales el 90% provienen del Partido Humanista. En el escrito oficializarán su voto a favor del candidato Pedro Castillo.
Más allá de hasta dónde lleguen los escollos internos, lo que preocupa es la mirada a futuro. Algunas fuentes del partido afirman que están más unidos que nunca, pero no saben si eso continuará luego del 11 de abril. Hay un factor que será determinante para medir si la alianza tendrá la solidez de un acero templado o la de un papel mojado: la formación de Nuevo Perú como partido y, con ello, la búsqueda del financiamiento público en el futuro.
Nuevo Perú presentó el pasado 15 de enero la solicitud para ser inscritos como partido político. Los requisitos exigen tener al menos 66 comités en 20 regiones, así como cerca de 24 mil fichas de afiliación de militantes, a diferencia de la anterior normativa que exigía tener más de 700 mil firmas para la inscripción de un partido. A pesar de haberse bajado la valla, aún no han podido lograr su inscripción.
Según Ruth Luque, militante de Nuevo Perú y personera nacional de JP, presentaron casi 25 mil fichas y 66 comités en 22 regiones, pero por ahora andan subsanando observaciones. “No creo que este año se cuente con la resolución (de inscripción), porque se está dando el proceso de verificación y fiscalización, que no son inmediatos. Subsanar es algo normal porque así es este proceso”, cuenta.
Leonel Falcón está convencido de que el escenario más probable es que Nuevo Perú, cuando consiga su inscripción, busque hacer campaña por su lado para las elecciones regionales y municipales. Luque asegura que estos escenarios ya han sido contemplados, pero evita referirse más allá de un acuerdo. “Sería terrible que no se implemente la base programática. Por el momento no lo veo así (que JP se divida tras las elecciones). Más adelante podrían generarse algunas diferencias. Somos conscientes de lo que pasó con el Frente Amplio y, si se genera una tensión, espero que se dialogue y se pueda arreglar con consenso”, dice Luque. Se refiere a la división de la bancada del Frente Amplio en el Congreso electo el 2016, cuando, en menos de un año, los 20 congresistas que llegaron se dividieron en dos bloques con el alejamiento de la bancada, precisamente, de Nuevo Perú.
Actualmente, se han sumado a la coalición alrededor de 25 organizaciones políticas, principalmente movimientos regionales. La lógica dicta que es el peor momento para peleas. JP está cerca de conseguir una representación congresal e incluso pelean por llegar a segunda vuelta. Según un reciente simulacro de votación con cédula de CPI, el partido obtendría 12 curules. Según el mismo estudio, Verónika Mendoza ocupa el cuarto lugar con 7.3% de votos, detrás de Yonhy Lescano (11.1%), Hernando De Soto (7.9%) y Keiko Fujimori (7.9%).
Rafael López Aliaga parece haber convertido el litigio en una afición compulsiva. Desde el 2006, su nombre figura en 71 carpetas fiscales: 11 de ellas como demandado y todas las demás como el hombre que gatilla las acusaciones. Sus empresas son protagonistas de decenas de expedientes más. La aplastante maquinaria legal al servicio del hoy candidato no sólo lo ha sacado de apuros en más de una ocasión, sino que ha sometido a sus rivales, en una demostración de músculo legal, a largos y estresantes procesos judiciales.
María Escalante Aragón, por ejemplo, tuvo que enfrentarse por cuatro años al staff de abogados de PeruRail, la empresa ferroviaria cuyo directorio López Aliaga preside desde hace varios años. La razón: un delito que no cometió. “Nunca podré ser la persona próspera que era antes. Lo perdí todo gracias a la empresa PeruRail”, dice.
Escalante es gerente de la empresa Promoturs, que durante años vendió los tickets del tren que lleva turistas a Machu Picchu a cambio de una comisión. Todo se hacía a través de sistemas de cómputo. En el 2012, PeruRail la acusó de haber clonado tarjetas de crédito para vender los tickets y quedarse con un porcentaje de las ventas. Tuvo que enfrentar un largo proceso por hurto agravado.
“El 26 de enero del 2012, me encontraba en oficinas de PeruRail depositando dinero. Me llamó mi secretaria diciendo que había mucho policía, muchos periodistas en el local de Promoturs. Cuando llegué, los agentes sacaron todo. La fiscal me dijo que me estaban acusando de comprar boletos con tarjetas clonadas. Se llevaron los equipos de cómputo y los papeles”, cuenta Escalante.
Cuando el caso pasó de la policía de Cusco a la Dirincri de Lima, la acusación se desmoronó. Fue el 2014. “En las investigaciones se determinó que el 27 de enero aparecieron registros de boletos comprados con tarjetas clonadas. Eso fue un día después de la incautación cuando se supone que las computadoras estaban en manos de la policía de Cusco”, explica Escalante.
La mujer muestra a Sudaca la resolución de marzo del 2015 que finalmente archivó su caso. Pero no fue una verdadera victoria: en el curso del proceso perdió amigos y la confianza de otros empresarios. La veían, dice, como una estafadora. Parte del daño colateral fue terminar su matrimonio y abandonar los planes de estudios que tenía para sus tres hijos. Su negocio quebró.
El 2016, le escribió al ahora candidato López Aliaga por redes sociales. “Quería llegar a un acuerdo, porque aún estaba a tiempo de recuperar a mis clientes. Me habían dicho que era una persona muy noble, amable. Le escribí a su Facebook, pero me bloqueó”, se lamenta.
María Escalante empezó entonces un juicio de indemnización por daños y perjuicios que fue admitido en Cusco. Durante el proceso, PeruRail acreditó un robusto staff de 10 abogados, cuyos nombres quedaron registrados en una resolución judicial. María Escalante apenas podía costearse uno, y nunca llegó a confiar al 100% en quienes la asesoraron.
Hace dos años pasó por un peritaje psicológico ordenado por el juez, que determinó que estaba pasando por un cuadro de depresión. “Se encuentra en una situación de frustración puesto que también ha sido afectada a su familia, específicamente a su menor hijo, al cual le hicieron bullying porque le decían que su madre era una ladrona, así como a su esposo le condicionaron el contrato en la Universidad Andina (…) [Escalante] viene presentando un trastorno distímico”, se lee en el análisis de la perito psicológica Yulia Loaiza Manrique, el cual se menciona en una resolución del 2019.
Unos meses antes, en una resolución del 19 de junio, los peritos contables que solicitó el juzgado calcularon que le correspondería una indemnización de S/1.054.046. El brazo legal de la empresa, sin embargo, ha hecho que el proceso se alargue, según el abogado de Escalante.
“Estamos a la espera de que la jueza pueda emitir sentencia. Se ha demorado el proceso porque se han demorado en realizarse los peritajes y porque PeruRail ha tomado medidas dilatorias. Ha observado los peritajes psicológicos y contables. Desde que contestaron la demanda, presentaron varios abogados. Como si la empresa tuviera una política de intimidar a mi patrocinada”, dice el abogado Aarón Medina. Además de los abogados de la empresa, en este proceso PeruRail también recibió asesoría del prestigioso estudio Rodrigo, Elias y Medrano.
María Escalante Aragón: “Lo perdí todo gracias a la empresa Perú Rail”
Sindicato, no
Los líos judiciales de las empresas de López Aliaga se extienden a la cadena hotelera Belmond, donde es director desde 1999. Actualmente, y según información del Sindicato de Trabajadores del Hotel Monasterio del Cusco, al menos ocho exempleados buscan su reposición a través de juicios por despido arbitrario. Y hay contraofensiva: el sindicato mismo enfrenta un proceso que pretende disolverlo.
“El sindicato de trabajadores de Perú Belmond se crea el 2012, con un total de 60 personas. Lamentablemente empezó un proceso de amedrentamiento hacia los afiliados para que renuncien al sindicato y esto fue mermando la cantidad de asociados. Al no contar con el número mínimo, la empresa inició un proceso de disolución del sindicato. Pero en el tiempo que toma el trámite, logramos llegar a la cantidad necesaria de afiliados. A pesar de ello, el proceso judicial sigue hasta hoy”, explica a Sudaca Hernán Flores Siancas, secretario general del gremio.
Sus miembros tienen que arreglárselas para contratar un abogado que los defienda. Al otro lado del cuadrilátero, sin embargo, se sienta la crema y nata del litigio laboral cusqueño. “Los primeros años de negociación colectiva hablábamos solamente con el apoderado y el jefe de recursos humanos, pero hace algunos años contrataron a un bufete de abogados acá en Cusco: el estudio Salinas. Es, se podría decir, el estudio de abogados más caro de Cusco. Pagarle al estudio, pienso yo, es más caro que [pagar] los beneficios sindicales que conseguimos en las negociaciones colectivas”, apunta Flores, que nos atiende telefónicamente.
Rafael López Aliaga es un viejo conocido de los juzgados cusqueños. Su nombre figura en 17 carpetas fiscales, cuatro de ellas como imputado en casos de retención de remuneraciones, falso testimonio y corrupción de funcionarios. Todos estos casos, sin embargo, han sido archivados.
Arremetida sin sentido
A fines de febrero del 2017, cuando era columnista del diario Perú21, Luis Davelouis citó un extracto de una nota periodística publicada en ese mismo medio: “El buscapleitos de Castañeda”. La nota revelaba que Rafael López Aliaga había realizado 170 demandas ante la Fiscalía y el Poder Judicial. La autora colocó los descargos del ahora candidato de Renovación Popular. “Si usted publica algo de mí y de esas denuncias, yo la denuncio ante el Poder Judicial, al igual que ya tiene una denuncia por difamación su director”, consigna que le dijo.
Ese año, el director del periódico era Fritz Du Bois. “Yo me topé con el artículo, llamé a Fritz y le pregunté si podía usar esa cita. Me dijo que sí y que tenga cuidado con que [López Aliaga] me vaya a querellar como lo había querellado a él. Me lo dijo por teléfono”, recuerda Davelouis.
Su columna se tituló “Ley de medios y embudos” y contenía estas líneas: “Siendo director de este diario, Fritz Du Bois fue demandado por difamación por Rafael López Aliaga (sí, el «tío» de Butters que lamenta el recorte de la «libertad» de Phillip de insultar a quien le dé la gana). ¿Se imaginan que hubiesen botado a Fritz por la denuncia de alguien que utilizaba dicho mecanismo como amenaza?”.
López Aliaga entonces lo emplazó públicamente a rectificarse, negando que haya querellado al director del diario. Según dijo en su querella posterior, se le atribuía “ser una persona capaz de interponer una denuncia contra un periodista con la finalidad de amedrentarlo, lo que nunca ha realizado, y claramente perjudica su reputación”. Ello, incluso después de que el periodista se había rectificado.
“Finalmente me rectifiqué porque no encontré la demanda, pero igual me querelló. Era ridícula [la querella] porque yo no lo estaba difamando y ya me había rectificado. Si voy y le digo que es un ladrón y que me ha robado, entonces sí tengo que ir a demostrarlo. Pero estoy usando sus propias palabras”, dice el periodista. “A pesar de la exigencia de rectificación, el querellado no cumplió con hacerlo dentro del plazo establecido por la ley”, se justifica en la denuncia de López Aliaga.
El abogado de Davelouis, Julio Arbizu, recuerda que en todo el proceso tuvieron que enfrentar distintos asesores legales contratados por López Aliaga y que las notificaciones llegaban constantemente a su despacho. De acuerdo a Arbizu, los abogados de López Aliaga intentaron ingresar esa querella hasta en tres ocasiones, pero en todas fue rechazada. Arbizu pronto se dio cuenta de que estaban “ruleteando” la demanda. Es decir, intentando ingresarla de juzgado en juzgado hasta que alguien la admita. Eso terminó pasando hace un año.
El 18 de febrero del 2020, la Corte Suprema de Justicia de Lima admitió a trámite la querella. “No es que tú te puedas defender solito, tienes que contratar abogados. Es una situación estresante e incómoda. Hasta tres veces [se rechazó la querella] y se fueron a la Corte Suprema y, por una razón absolutamente extraña, dicen que todo vuelva a foja cero. O sea, me puede volver a querellar y seguimos cuatro años más en esto”, se queja Davelouis.
La columna de marzo del 2017 por la que Luis Davelouis fue querellado.
Competencia en el ferrocarril
Tampoco los empleados públicos se han librado de las arremetidas del candidato ultraconservador. A fines del 2009, López Aliaga denunció a una decena de funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Ositran por haber modificado normativa para abrir la competencia en el ferrocarril turístico a Machu Picchu, que hasta entonces PeruRail operaba en forma exclusiva. El caso fue archivado por la fiscalía.
«RLA es el tipo de persona que usa y abusa del sistema judicial para intimidar funcionarios y personas que se oponen a sus objetivos. Sin importar si sus objetivos son o no correctos. Alguien que asume el sistema legal como un arma de coacción, puede ser muy peligroso en una posición de poder político”, escribe a este medio una de las personas demandadas por López Aliaga en aquella ocasión, quien pidió mantener su identidad en reserva precisamente por temor a represalias legales.
Una junta y los Panamá Papers
En abril del 2011, Lorenzo Souza Debarbieri había sido absuelto de un proceso por difamación en su contra iniciado por su socio, Rafael López Aliaga. En paralelo, la conocida guerra entre ambos empresarios tenía un capítulo oculto: el hoy candidato presidencial fue acusado de tomar el control de una empresa hotelera de manera fraudulenta.
En el 2011, Souza le dijo a la fiscalía que López Aliaga y su socio Edward Yabar Gutiérrez, ambos accionistas de la empresa Perú Hotel Monasterio, habían celebrado una Junta de Accionistas ilegal en donde se nombraron nuevos representantes en el directorio y se reasignaron funciones.
López Aliaga tenía una medida cautelar que lo nombraba administrador judicial de varias empresas, incluida Perú Monasterio, desde el 15 de octubre del 2008. Pero Souza había conseguido que dicha medida caduque el 26 de agosto del 2011. Aun así, en setiembre de ese año, un mes después, López Aliaga celebró la junta de accionistas, de acuerdo la demanda.
Ante la fiscalía, el hoy candidato señaló que la resolución que declaró la caducidad de la medida no tenía “calidad de firme” al momento de celebrarse la junta. “La defensa de este procesado ha sido en todo momento demostrar que los hechos atribuidos a su persona, entre ellos la convocatoria y celebración de la junta, los realizó dentro de los alcances de las medidas cautelares que le favorecían”, se lee en un oficio fiscal a la que accedió Sudaca.
La denuncia por falsedad genérica realizada por Loreno Souza de Barbieri contra sus socios Rafael López Aliaga y Edward Yabar consignada en un oficio de la 5° Fiscalía Superior Penal de Lima.
Desde el 2016, los abogados de López Aliaga intentaron tirarse abajo el caso. Sobre el mismo hecho, se abrieron tres carpetas fiscales. En la fiscalía que llevó la investigación, sin embargo, explican que en dos de estas el Ministerio Público se allanó a la prescripción del caso. “No es que se le haya declarado inocente, es que los delitos prescribieron y la fiscalía se allanó a eso. Es lo que sucedió con Alan García, por ejemplo”, dice una fuente de la 19° Fiscalía Penal de Lima.
Quisimos hablar con el candidato de Renovación Popular sobre las frecuentes incursiones de sus abogados en distintos juzgados, pero al cierre de esta edición no recibimos respuesta de su equipo de prensa. Tampoco contestaron el teléfono que consigna el candidato en su sitio oficial de Facebook. Su staff legal debe estar ocupado en el proceso por lavado de activos que se le sigue al postulante por el caso Panamá Papers. La semana pasada pidieron una “audiencia de control de plazos”, argumentando que el tiempo establecido para las investigaciones preliminares ya concluyó. Aunque buscaban que el caso se archive bajo esos supuestos, el Poder Judicial rechazó su pedido. Es la tercera vez que piden lo mismo. Queda claro que chamba no les falta.
Todo parecía ir bien al inicio. En 2006, la Caja Metropolitana de Lima lanzó al mercado un programa de créditos llamado Caja Gas, que ofrecía a los taxistas capitalinos la opción de convertir el sistema de sus autos de gasolina a gas natural vehicular (GNV). Con aires de celebración, la agencia Andina informó en julio del 2012 que se habían financiado 50 mil conversiones en los cinco años previos.
La Caja, sin embargo, acumuló pronto una cartera de créditos que sus clientes no pagaban a tiempo. La situación empeoró hasta el punto de que buena parte de la cartera quedó en “pérdida”, el peor de cinco niveles: con un atraso en el pago de los créditos por más de 120 días. Sin poder frenar la bola de nieve, surgió la necesidad de mejorar los estados financieros para no tener que admitir un naufragio ante la Superintendencia de Banca (SBS) y la opinión pública. Una necesidad que la Caja Metropolitana cubrió gracias al diseño de una operación financiera cuestionada y denunciada en su momento por la Oficina de Control Institucional (OCI) de la entidad.
Una de las empresas de Rafael López Aliaga figura entre los protagonistas de esta historia. Se trata de ACRES Titulizadora, una de las piedras angulares del grupo económico del candidato presidencial. En aquella época, los conflictos de interés y las contrataciones irregulares que ensombrecieron la operación se robaron el protagonismo en la cobertura del caso revelado por el programa Panorama. Hoy Sudaca coloca el foco en la responsabilidad de esa empresa, que fue la que diseñó la operación.
Pasando por caja
En junio de 2011 Acres Investments, el holding de negocios financieros de Rafael López Aliaga, agregó una empresa debajo de su paraguas: junto a su compañía ACRES Agente de Bolsa, creó ACRES Titulizadora. ¿Qué hace una titulizadora? Captar clientes que necesitan financiamiento, usualmente liquidez de dinero, y brindarles un mecanismo financiero para conseguirlo. Uno que no los obligue a ir a un banco a pedir un crédito.
Constitución de la titulizadora del grupo ACRES Investments. Fuente: SUNARP.
A fines de 2012, ACRES Sociedad Titulizadora no había concretado operación alguna para ningún cliente, se mantenía con cero kilómetros en el mercado. La millonaria operación con la Caja Metropolitana marcaría su punto de partida el 31 de diciembre. Uno, cuando menos, cuestionable.
Aquellos créditos que los taxistas no habían podido pagar constituían una cartera con la calificación de “pérdida”, según los criterios de la SBS. Esos créditos sumaban más de S/40 millones. El objetivo, por más extraño que parezca, era convertirlos en respaldo de un préstamo que alguien aceptase otorgar. La premisa era que en el futuro, los taxistas pagarían sus créditos y ese dinero, más intereses, iría a parar a manos del prestamista de acuerdo a un cronograma. A esta “técnica” se le conoce como “titulización”.
¿Cómo funciona? Imagina que deseas titulizar tu sueldo de S/1.000 de los próximos cinco meses. Un inversor o prestamista te da hoy S/4.500 a cambio. Esto porque has convertido en papeles o bonos el flujo futuro de tu sueldo de esos meses siguientes. Él ha adquirido esos bonos y será quien reciba los S/1.000 cada mes, obtendrá al final S/500 soles más de lo que te prestó, y esa será su ganancia. Como vemos, uno tituliza un flujo futuro de dinero que tiene un nivel de certeza de llegar. No uno con calificación de pérdida.
Pero, ¿qué confianza se puede depositar en una cartera nivel “pérdida”? ¿Qué posibilidades reales habría de que los taxistas pudieran cumplir ahora sí con sus cuotas impagas que se habían convertido en deuda impaga de S/ 40 millones? La sensatez dictaba que si el total de los créditos ascendía a esa cantidad, la Caja Metropolitana debía endeudarse por menos para poder devolver el préstamo.
Que alguien se atreviera a prestar los S/40 millones por una cartera de créditos en ese estado era algo fuera de toda lógica de mercado. “¿Quién acepta una transacción así, sabiendo que lo que voy a comprar es una cartera muerta?”, cuestiona el auditor especializado en riesgos Pedro Solís. “¿Quién te hace esa magia para vender una cartera muerta, que debería entrar a valor cero o depreciada, a S/40 millones?”, añade.
ACRES Titulizadora sabía que ningún inversionista aceptaría prestar los recursos con esas condiciones. Ante el riesgo de impago, colocó una primera garantía: “En caso la cobranza de la cartera no alcance para el pago completo de amortización e intereses, la Caja Metropolitana proveerá los recursos para el pago completo”. Y luego una última: a través de una fianza solidaria, la Municipalidad de Lima, única accionista de la Caja, se comprometía a asumir el deber del pago de la deuda. Con ello se logró la aprobación de la operación por parte de la SBS.
Al comprometer recursos públicos, más exactamente al municipio, se alcanzó un nivel de riesgo de impago (o desconfianza) casi nulo, como suele suceder cuando el Estado emite promesas de pago. Pero también se abría la posibilidad de perder recursos municipales o que la Caja tuviera que hacer malabares con sus débiles estados financieros.
¿Qué hizo la empresa de López Aliaga? Primero, eligió no ir al mercado de valores —donde las operaciones son públicas y cumplen exigencias de transparencia— a pedir prestado, sino buscar de manera privada a un inversionista o prestamista. La titulizadora se encargaría de generar un fideicomiso: una especie de caja de seguridad donde colocaría el respaldo del préstamo. En este caso, los S/40 millones con categoría de “pérdida” a partir de los cuales se emitirían las promesas de pago.
Finalmente, fue el banco estatal Cofide la entidad que compró la emisión de bonos completa, es decir, prestó los S/40 millones. La institución no quiso explicar a Sudacael porqué de esa decisión, pero es clara a la vista: lo que habría valido ante sus ojos fue el compromiso de la Caja y de la Municipalidad de Lima de inyectar recursos en último caso, que no debían estar destinados a asumir la deuda.
Contratación irregular
Por la estructuración de dicha operación y la colocación (venta) de los bonos, ACRES Titulizadora recibió un pago S/1.32 millones. Pero su elección no fue producto de un proceso competitivo real a ojos de la Contraloría General de la República. ¿Por qué?
Fuente: Video institucional de Acres Investments.
El sonriente ejecutivo al lado derecho del hoy candidato presidencial nos da la respuesta. Se trata de Andrés Muñoz Ramírez, entonces presidente del directorio de Acres Sociedad Titulizadora. Por sus vínculos amicales, Muñoz fue elegido a dedo por José Miguel Castro como asesor externo para que, entre otros contratos, evalúe las carteras de crédito de la Caja Metropolitana e idee una salida para su situación financiera. Hoy Castro es investigado por haber recibido y distribuido presuntos sobornos de OAS y Odebrecht a políticos cercanos a la administración de Susana Villarán. Años atrás Muñoz Ramírez había sido jefe de José Miguel Castro en Interbank.
«La factura de dicha empresa [ACRES Sociedad Titulizadora] fue girada y recibida antes de la realización del estudio del mercado, antes de la evaluación de las propuestas y antes de la suscripción del contrato», declaró el entonces Contralor General de la República Fuad Khoury al presentar los hallazgos de su investigación sobre dicha titulización.
«La Caja Metropolitana evaluó y contrató irregularmente a la empresa ACRES Sociedad Titulizadora. El costo adicional pagado a ACRES por la Caja Metropolitana, al no elegir las propuestas más económicas, asciende a la suma de 416 mil soles», agregó.
“Claramente es una operación triangulada para beneficio propio y no para beneficio de la entidad pública (…). Es una operación fraudulenta y corrupta”, explica Pedro Solís, auditor especializado en riesgos.
Uno de los hallazgos de la Oficina de Control Intstitucional de la Caja Metropolitana presente en su Informe especial Nro. 01-2014-CMCPL/OCI.
“¿Qué hiciste en el fondo con la operación?”, cuestiona otro especialista financiero, y explica: “En lugar de decir: ‘Tengo un hueco de S/40 millones por malas deudas» y declararlo como pérdida hoy día, (…) lo que hice fue fraccionar [de acuerdo al cronograma de pago de los bonos], estirar una pérdida para no declararla de un solo golpe. (…) No es ilegal, pero es tramposo, engañoso”.
Finalmente, ¿cómo pagó la Caja Metropolitana su deuda? Cofide señaló a Sudaca que “dicha operación fue cancelada en su totalidad y según lo establecido en el respectivo cronograma, entre los años 2013 y 2016”. Aunque no quiso agregar mayores detalles, Acres Sociedad Titulizadora sí lo hizo. Precisó que solo el 40% del préstamo se pagó con los activos titulizados, es decir con la cartera nivel “pérdida”: menos de la mitad de lo esperable. El 60% restante no salió finalmente de la Municipalidad de Lima, pero sí de otros flujos o recursos de la Caja Metropolitana, cuya dueña es la municipalidad. Se confirmó, entonces, lo obvio: la cartera no valía los S/40 millones pagados por Cofide.
Con la operación todos salían ganando, menos la administración pública. Cofide no perdió. Al contrario, ganó más de S/8 millones en intereses, según el informe de la Oficina de Control Institucional de la Caja Metropolitana. ACRES Titulizadora generó su primera operación y ganó más de un millón de soles de comisión. Muñoz, entonces presidente del directorio de ACRES, ganó honorarios además como consultor financiero externo de la Caja Metropolitana.
Sudaca contactó al candidato López Aliaga, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta suya ni de su equipo de prensa.
Los millones que el Estado reparte
