Cae la aprobación de Castillo de 40 a 35% en un mes, y su desaprobación crece de 42 a 48%, según la última encuesta del IEP publicada hoy en La República. Un desastre político por donde se le mire. Es claro efecto de los dislates y contramarchas de un Primer Mandatario, a quien el cargo definitivamente le ha quedado grande.

El país se puede volver prontamente ingobernable si el Ejecutivo, de la mano de Mirtha Vásquez, cuyo gabinete tiene mayor respaldo que el Presidente (43%), no traza un plan de políticas públicas claras y rotundas que compensen el rumbo errático y contraproducente del Presidente.

Ya vemos cómo empiezan a estallar conflictos sociales en distintas zonas del país, por ahora enfocadas contra inversiones mineras, pero ya se anuncian protestas de diversa índole; la economía no tiene cómo crecer más del 2% anual, a partir del 2022 (tasa insuficiente siquiera para absorber la nueva mano de obra que entra al mercado), y se generará mayor desempleo, menor inversión y, por ende, mayor pobreza; la política se va a seguir enrareciendo: por pura sensatez de la oposición congresal lo más probable es que le otorguen la confianza al gabinete Vásquez, pero no hay puentes tendidos por parte del Ejecutivo y las relaciones entre ambos poderes probablemente se sigan deteriorando.

Si a ello le sumamos que pronto viene la tercera ola pandémica, y nos cogerá nuevamente sin la preparación debida, en camas UCI y oxígeno, otra vez se generará en el país la tormenta perfecta de crisis (sanitaria, económica, política y social), que ya hizo que el país patease el tablero electoral y eligiese a un candidato disruptivo antiestablishment y que, ahora, ya con el outsider en el poder, arremeterá con furia por la decepción de un gobierno mediocre a todas luces. Y ya no habrá elecciones para desfogar el malestar ciudadano.

El riesgo de un estallido social, a lo Chile o a lo Colombia, no lo corren solamente los gobiernos de derecha. También lo han sufrido gobiernos de izquierda (Venezuela, Bolivia, Ecuador de Correa en su momento, etc.), y como vamos, nos conducimos a pie firme hacia un escenario proclive a ese estado de cosas. Por pura incompetencia de un gobierno signado por la medianía y la improvisación.

La del estribo: recomendable Dos de Ribeyro (Confusión en la prefectura y El último cliente), dos obras teatrales de nuestro notable cuentista, bajo la dirección de Alberto Isola y las actuaciones de Javier Valdéz, Sandra Bernasconi y Roberto Ruiz. Va todo el mes, de viernes a domingo, en el entrañable Teatro de Lucía.

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1.- Dar el voto de confianza al gabinete presidido por Mirtha Vásquez. Hay que saber distinguir lo que ella representa respecto del impresentable gabinete Bellido. Es una superación cualitativa y no cabe gastar una bala de plata tontamente. Con la nueva ley de la cuestión de confianza, el Ejecutivo casi no puede utilizar esa arma para arrinconar al Congreso. Sería torpe e insensato gastar una de las dos que tiene el Legislativo en bajarse a un gabinete que, por el contrario, hay que ponderar respecto de lo que significa en materia política. No darle el voto de confianza a Mirtha Vásquez sería hacerle el juego a Vladimir Cerrón.

2.- Proceder a la censura de ministros como el del Interior y el de Educación. Ofenden el sentido común que se mantengan en sus puestos. Ir de uno en uno cuando la situación lo amerite, como en este caso, que se justifica sobradamente. Un ministro prococalero y otro pro Movadef no pueden estar un día más en el gabinete ministerial.

3.- Coordinar estrechamente. A nivel de los voceros de las bancadas de oposición (Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Podemos, Somos Perú-Morados) o de los propios líderes de las mismas. Hacerlo con regularidad y construir así un muro de contención respecto de eventuales despropósitos de un Ejecutivo tan dado a ellos.

4.- No otorgar las facultades legislativas que en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica ha presentado el Ejecutivo. Demasiada ojeriza -literalmente hablando- destila el titular del MEF como para entregarle carta blanca. Que presente sus proyectos uno por uno y se evaluarán en esa misma perspectiva.

5.- Ponerse de acuerdo para que los 88 votos que estas bancadas tienen alcancen para coordinar los nombres de los seis magistrados del Tribunal Constitucional a ser elegidos en marzo. Lo ideal sería que se vote en bloque y no individualmente para evitar los recelos y las sorpresas.

6.-  Acercarse a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, BCR, y pedirle que él sugiera los tres nombres de los economistas o profesionales que desea para completar el directorio del instituto emisor. Y votar por ellos en bloque asegurando así un buen manejo de la política monetaria para los siguientes cinco años.

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La opinión pública ha centrado su atención negativa sobre todo en el ministro del Interior, Luis Barranzuela, pero le ha puesto mediana intensidad a recalar en lo que se viene haciendo en un portafolio crucial como es el de Educación, y con su titular, Carlos Gallardo.

En conferencia reciente, el ministro de Educación, en la práctica, anunció la sepultura de la reforma magisterial y en particular de la evaluación meritocrática -una de las mejores y mayores reformas que se habían efectuado en un sector carente de manejos visionarios o de largo plazo-, asentó sus vínculos con Fenate, sindicato apócrifo vinculado al Movadef y, lo que coronó la fiesta, soslayó la urgencia de reiniciar las clases presenciales en el país.

Gallardo es un incompetente mayor. Carece de autoridad y de criterio para manejar una de las carteras en las que un gobierno de izquierda debiera marcar la diferencia respecto de las administraciones de derecha, que suelen no prestarle mayor atención a las políticas públicas básicas, sobre todo las de salud y educación.

A este paso, uno llega a preguntarse, con razón, para qué tanto esfuerzo del ministro de Economía, Pedro Francke, por incrementar el presupuesto vía una reforma tributaria, si uno de los sectores receptores de ese incremento recaudatorio, va a ser un portafolio pésimamente administrado por alguien que claramente no está calificado para el cargo.

El Congreso va a tener que tomar cartas en el asunto. El camino de la interpelación y la censura -o la censura directa- se impone más en este caso que en el de Barranzuela, siendo ambos, ministros que no merecen ocupar un asiento en el consejo ministerial.

La educación pública es uno de los pilares de la inclusión ciudadana y de la mayor equidad social. En la educación pública debieran invertirse los excedentes del éxito macroeconómico del país. Pero ello requiere mano diestra para conciliar intereses propios del sector y generar consensos que permitan sobrellevar la reforma que hasta el momento se ha desplegado, profundizándola y extendiéndola.

No se puede tolerar a un ministro contrarreformista, puesto en el cargo, al parecer, solo para beneficiar a un sindicato radical que quiere aprovechar el poder político del Presidente para trazar una ruta de dominio y de hegemonía en el magisterio, siendo, en esa perspectiva, Gallardo, un monigote que piensa más en ello que en el bienestar de millones de niños y jóvenes, cuyas familias claman por recibir una educación digna, competitiva con la educación privada que solo los afortunados pueden pagar.

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Va a ser muy difícil que el Congreso apruebe la solicitud de delegación de facultades legislativas en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica que el Presidente y la Premier han remitido ayer al Parlamento.

El proyecto demuestra consistencia y detalla, en una amplia exposición de motivos, las razones que fundamentan su solicitud. En principio, queda claro, que el gobierno apunta a un mayor peso fiscal, sea por controles de evasión o elusión, como aumento de algunos impuestos. Es, por cierto, lo que el ministro Francke se la ha pasado anunciando durante toda la campaña electoral y en esa medida no llama a sorpresa.

El problema entre manos, sin embargo, es político. ¿Cómo confiar en que el Presidente no se entrometerá en asuntos económicos que no le competen y termine generando alguna norma Frankenstein que distorsione el espíritu y el sentido del paquete que quiere aprobar el MEF?

Los exabruptos presidenciales dejan honda huella en el sector empresarial, que inmediatamente activa recelos y temores, quizás algo exagerados, pero entendibles dada la retórica inflamada que hasta hace poco exhibía el ala cerronista del régimen y el afán no descartado del Presidente de desplegar una ruta hacia la Asamblea Constituyente.

En esa medida, va a ser necesario que el ministro Francke se prodigue en los medios y eventualmente ante el Congreso a explicar con el mayor detalle posible sus proyectos, o que eventualmente los explicite aún más de lo que ya lo están en el proyecto presentado, de modo tal de reducir la incertidumbre.

Es verdad que el Congreso, a posteriori, puede corregir, anular o derogar las normas que el Ejecutivo apruebe en base a la delegación de facultades, pero ello no reduce la inquietud existente en muchas bancadas respecto de las sorpresas o bombas que desde el gobierno se puedan perpetrar en las materias señaladas (tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica).

A ver si este escenario termina de convencer al Primer Mandatario de la urgencia imperativa de que controle su irresponsable verbo, que entienda que está frente a una realidad política que lo contiene (un Congreso mayoritariamente opositor) y que, en esa medida, necesita mostrar tino y cautela. Los que pueden terminar pagando las consecuencias de su inimputabilidad política son la Premier, con el voto de confianza, y el ministro Francke, con la delegación de facultades.

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La izquierda moderna y progresista, eventualmente hasta liberal, tenía una oportunidad de oro con el triunfo de Castillo para asentar sus posturas, marcar su cancha, y establecer una buena plataforma de acción para las elecciones futuras.

Pero el affaire Bellido-Cerrón terminó por desbaratar cualquier posibilidad en ese sentido. Porque una cosa es respaldar al gabinete que preside Mirtha Vásquez, con quien claramente comulga, y otra hacerlo con el anterior, cuando se tragó piedras de molino, sin rubor ni remilgo.

Por eso, los ataques que recibe provienen de ambas orillas del espectro ideológico, tildándola de acomedida y acomodada, que por una cuota de poder es capaz de digerir el peor de los sapos.

En particular, resalta el caso de Verónika Mendoza, que no solo concilió con  las posturas extremistas infantiles del cerronismo sino que las alentó y apoyó en medio de la primera crisis del régimen (en la famosa reunión en la calle Roma, la residencia del ministro de Justicia, Aníbal Torres, cuando se le pidió a Cerrón su alejamiento y la salida de Bellido: Mendoza respaldó, increíblemente, al exgobernador de Junín).

Se cargan mucho las tintas respecto de la urgencia y necesidad imperativa de que cuaje una derecha liberal, distinta a la versión mercantilista, conservadora y autoritaria que lamentablemente crece y medra a su alrededor, pero poco se dice respecto de la misma necesidad y urgencia de que en la izquierda florezca una opción semejante, no sólo democrática sino respetuosa de la economía de mercado (se puede ser de izquierda y respetarla).

Hasta el momento, su presencia en el gobierno constituye islotes que no se la juegan en defensa de sus postulados. No está en el poder, por lo que se ve, para plasmar una opción ideológica, sino simplemente, al parecer, para aprovechar todos los resquicios que Castillo y su cúpula le permiten por defección del ala radical cerronista.

Así, grita el silencio de esa izquierda cuando el Presidente lanza un disparate catedralicio, como el de la estatización de Camisea, que tanto daño produce en la comunidad inversora del país. El mutis es absoluto. Ni una sola manifestación divergente ni un pedido interno de rectificación. La izquierda light se está achicharrando en este gobierno por su docilidad política, sus afanes de poder por el poder, y su sometimiento a cualquier despropósito que desde Palacio se anuncie o se perpetre.

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