A falta de respuesta de los partidos de la derecha para armar coaliciones partidarias que eviten la fragmentación suicida de este sector del espectro ideológico, un camino alternativo a recorrer es el de la constitución de coaliciones con gremios sociales y movimientos universitarios que a lo largo del país constituyen un tejido social vivo capaz de movilizar activos políticos muy superiores a los que los partidos pueden mover.

Solo en el mundo de la pequeña y microempresa hay cientos de gremios desperdigados por todo el territorio nacional, inclusive en el mundo agrario, y que son emprendedores identificados con un discurso proinversión, alejados de prédicas violentistas o antisistema. Lo mismo sucede con movimientos estudiantiles que ya existen y se movilizan activamente en favor de la inversión y la economía de mercado.

Ya desde la izquierda se están activando movimientos parecidos. Lucio Castro, secretario general del Sutep y precandidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendores, ha lanzado la idea de un frente social que agrupe a gremios sociales y organizaciones sindicales como una manera de aglutinar esfuerzos y constituir una opción más atractiva que la de los outsiders radicales que pululan en su segmento.

Es una propuesta interesante, disruptiva sin ser extremista, capaz de ser efectiva frente a los populismos autoritarios que germinan tanto en la izquierda como en la derecha, y que sería capaz de recuperar un espacio para fórmulas democráticas, pluralistas y moderadas.

Sería formidable para el Perú que en la elección del 2026, los antisistema, que abrevan del miedo o la irritación, le cedan el paso a alternativas pensadas seria y laboriosamente. Hay tiempo para que cuajen y el Perú cívico haría bien en atenderlas como corresponde, porque su fortaleza no estriba en la sorpresa, la novedad imprevista o la radicalidad demagógica.

Ha hecho bien el PPC en suspender la militancia y cancelar la precandidatura de Fernando Cillóniz luego de conocerse que el mencionado era director de las empresas vinculadas a Novonor, el nuevo nombre de la corrupta Odebrecht, en el controvertido proyecto Olmos.

Luego de ello, el propio Cillóniz, quien es un hombre honesto, renunció a seguir haciendo política ratificando que, según su criterio, la empresa se había reinventado y hoy funcionaba con criterios de gobernanza radicalmente distintos y supervisados.

El problema es que en política, y más ahora en el Perú plagado de corrupción que hoy vemos, donde pululan los medianos empresarios corruptos que han reemplazado a las brasileñas y al Club de la Construcción, es menester actuar con inmaculada pulcritud.

Eso se espera no solo del PPC sino de cualquier partido que quiera aspirar a gobernar el país del 2026 en adelante, que haga una purga radical de sus candidatos, que no haya en sus listas prontuariados, abusadores, violadores, denunciados por corrupción, etc. El país va a ver con buenos ojos un partido limpio de toda sospecha capaz de tomar decisiones radicales a la mínima suspicacia o mancha.

La derecha tiene varios desafíos. Ir en alianzas es fundamental, aunque la experiencia indica que la fortuna electoral no le ha solido sonreír a pactos de ese tipo (que yo recuerde solo el APRA-SODE funcionó en 1985). Segundo, establecer un plan de gobierno detallado en aspectos claves, como el de la inseguridad ciudadana. Y tercero, presentar listas impolutas.

Esos tres requisitos son esenciales si se quiere aspirar en serio a competir contra los extremos populistas que desde la izquierda y la derecha quieren cosechar de la desazón ciudadana. Hay espacio para opciones moderadas, democráticas y pluralistas, pero tienen que hacer una tarea especial que los antisistema no están obligados a cumplir porque cosechan de territorios ciudadanosa los que esos aspectos no les interesan.

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Si algo faltaba para que cuaje el ánimo antiempresarial disruptivo en las elecciones del 2026, lo ha logrado la tragedia del Real Plaza de Trujillo, más aún bajo la consideración de que los centros comerciales en el Perú han reemplazado en el imaginario popular a las plazas de armas, son los centros públicos por excelencia de la vida cívica.

La tragedia del Real Plaza de Trujillo, que ha estremecido al país, puede ser interpretado no solo como una dolorosa cifra de víctimas, sino como un claro síntoma de la decadencia estructural que arrastra a la sociedad peruana. En su trágica magnitud, el colapso de la infraestructura del centro comercial no fue un evento aislado, y se va leer como el reflejo de la inoperancia de un sistema que ha puesto en manos de unos pocos, con intereses particulares, las riendas de una nación sumida en la corrupción, el descuido y la desidia. No es casualidad que, tras esta desgracia, resurjan voces disidentes, de aquellos que se identifican con el malestar popular, con los que no creen ni en el sistema ni en la clase política tradicional.

Lo que estamos presenciando, aunque parezca un fenómeno nuevo, es una manifestación recurrente de una sociedad que, ante la parálisis del Estado, se ve forzada a abrazar el descontento. Así, el accidente ha hecho saltar los cimientos de un sistema que se tambalea y va a empujar a los márgenes a sectores que ven en el caos y la protesta la única vía posible para la reconstrucción de una realidad mejor, aunque parezca utópico.

En este escenario, los candidatos antisistema se presentan como la alternativa que, en su exasperación, halla en el discurso populista y radical una respuesta al clamor de las masas, esas que hastiadas de promesas incumplidas, ven en ellos el último refugio ante el colapso.

Por ello, las elecciones del 2026 no solo serán el escenario de una confrontación política tradicional, sino también la oportunidad para que las ideologías radicales, nutridas por la rabia y el desencanto, den un paso más en su consolidación. No es de extrañar que el desastre de Trujillo se convierta en el caldo de cultivo para el ascenso de aquellos que se alimentan de la frustración popular, ofreciendo, tal vez, soluciones tan efímeras como el propio sistema que pretenden reemplazar.

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El Premier en la sombra, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, sería el autor intelectual del plan que busca descabezar al Ministerio Público y el Poder Judicial, a través de una denuncia constitucional del ministro del Interior contra la fiscal Delia Espinoza y una acción celerísima dela Junta Nacional de Justicia contra la titular del PJ, Janet Tello.

El objetivo sería crear, a renglón seguido, sendas comisiones reorganizadoras de ambos poderes del Estado, tarea que, dicho sea de paso, debieron emprender tanto Espinoza como Tello, pero se dejaron llevar por el statu quo degradado que representan, lamentablemente, las instituciones que presiden.

El Ministerio Público es, claramente, la entidad más podrida, con procesos ineficientes si no corruptos en los casos más emblemáticos, teniendo como símbolo de esa degradación a la fiscal Marita Barreto, sobre quien ahora pesan serias suspicacias de enriquecimiento ilícito y sele investiga por ello.

Pero una cosa es emprender una reorganización orgánica, institucional, con participación de diversos poderes del Estado, con ciertos consensos y apoyo logístico, y, sobre todo, participación activa de las entidades involucradas,y otra cosa es meter un caballazo como el que se pretende al amparo de cierta coalición mafiosa que nos gobierna, en este caso con conocimiento de causa de la propia presidenta de la República, Dina Boluarte.

La independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial es la piedra angular de una democracia auténtica. Son guardianes de la ley, llamados a velar por la justicia sin ataduras políticas ni presiones externas. En un sistema sin esta autonomía, el poder se convierte en un instrumento de control y opresión, al amparo de la corrupción y la arbitrariedad. Un Ministerio Público comprometido y un Poder Judicial libre son el antídoto contra el abuso y la impunidad, pilares que, al no ceder ante los intereses de turno, protegen la equidad y el derecho de los ciudadanos a una justicia imparcial. Es una lástima que sus propios gestores hayan faltado a estos preceptos, pero en el caso que mencionamos el remedio puede ser peor que la enfermedad.

Todas las encuestas revelan que la ciudadanía está buscando rostros nuevos en la escenografía electoral que se montará para la jornada del 2026.

Hay varios que cumplen ese perfil y otros que salen descalificados por ser ya “tradicionales”. Cartas jugadas son Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Hernando de Soto, César Acuña, Guido Bellido, Aníbal Torres, Verónika Mendoza, Alfredo Barnechea, Martín Vizcarra, Francisco Sagasti. Será difícil que la ciudadanía que busca novedad recale su atención en ellos.

Rostros nuevos hay muchos. De la izquierda destaca Lucio Castro, actual secretario general del Sutep; también Virgilio Acuña, además de muchos desconocidos; de la centroderecha, Jorge Nieto, Carlos Espá, Carlos Álvarez, Phillip Butters, Rafael Belaunde, Carlos Neuhaus, Javier Gonzáles Olaechea, Pedro Guevara, Carlos Anderson, Wolfang Grozzo, entre muchos otros.

En la actual contienda electoral del Perú, la posibilidad de que un candidato nuevo dé la sorpresa no es una mera fantasía, sino una realidad plausible. El panorama político, marcado por la desilusión de un electorado desencantado con las promesas incumplidas de los tradicionales, abre un espacio fértil para propuestas frescas.

Como en el Perú de antaño, los ciclos de corrupción y desesperanza alimentan el fervor por la irrupción de un rostro nuevo que, con un discurso renovador, se erija como una esperanza en medio de la tormenta.

El nuevo candidato, sin las ataduras de los viejos poderes, puede aprovechar la vulnerabilidad de un sistema desgastado, pero debe hacerlo con agudeza. La lucha no es solo por conquistar el voto, sino por robarle la atención de los medios, ganarse la confianza de una ciudadanía que desconfía, y navegar entre las aguas turbulentas de un país profundamente dividido.

Este tipo de ascenso meteórico ha ocurrido en otras latitudes, y en el Perú, un pueblo que, en su historia, ha mostrado un apetito por lo insólito, no parece ajeno a tal sorpresa. Sin embargo, la travesía será ardua y no estará exenta de desafíos, pues la política, siempre cambiante, es un terreno que se reconfigura constantemente.

Si así nomás, con un poco de seguridad en la permanencia de Boluarte y con el ingreso de Salardi al MEF (que no es un macroeconomista de nota sino un buen gestor), la confianza inversora se ha disparado y ya se habla de la posibilidad de crecer este año 4%, imaginemos lo que ocurriría si ingresase a Palacio un gobierno orgánicamente liberal, con cuadros técnicos alineados con ese esquema y un plan agresivo de medidas económicas.

El Perú tiene un potencial de crecimiento enorme. Con un buen gobierno, ni siquiera uno extraordinario, podría llegar a tasas cercanas al 6%, que, esas sí, permitirían la reducción de la pobreza y el desempleo, y las desigualdades, como aconteció durante los gobiernos de Toledo y García, en la primera década del milenio, antes que Humala empezará a revertir el modelo de crecimiento aplicado.

Un gobierno que despliegue un agresivo programa de inversiones privadas, que destrabe valientemente los proyectos mineros congelados, que privatice Petroperú, Sedapal y Córpac, que desregule el sector laboral, que invierta en servicios públicos esenciales, como educación, salud y seguridad, podría transformar el país rápidamente.

Milei y lo que está haciendo en Argentina es un buen ejemplo de las bondades reestructuradoras que puede tener para un país una política liberal. En Argentina se ha cambiado la estructura mental populista y los resultados positivos ya saltan a la vista en muy corto tiempo. El Perú cuenta con la ventaja de que gran parte de ese camino ya lo recorrió y lo único que tiene que hacer es retomarlo.

Con dos periodos de gobierno sucesivos en esa misma perspectiva, el país podría dar vuelta a la página de los riesgos políticos antisistema que rondan permanentemente porque se hizo una parte de la tarea, pero no la otra, la de proveer beneficios a las mayorías populares del país, que es lo que cabe reclamarle a la transición, que desaprovechó la bonanza fiscal para hacerlo (incluidos los mencionados Toledo y García).

La economía le puede jugar una buena pasada al gobierno de Dina Boluarte. Según la última encuesta de Datum, 80% de la ciudadanía considera que su situación este año será mejor y ya los indicadores macroeconómicos apuntalan ese optimismo, sumados al nombramiento de un ministro capaz como Salardi que asegura confianza del sector inversor.

Lo que políticamente no logra, por su falta de capacidad, por la ausencia de políticas públicas, por su fracaso en la lucha contra la delincuencia, por los remanentes de las muertes por las protestas al inicio de su gestión (que enconan al sur andino de modo permanente), por las sombras de corrupción que se ciernen sobre varios sectores de su gobierno (baste ver lo de Qali Warma), la buena marcha económica se lo puede dar.

Hay varias consecuencias políticas de semejante hecho. Primero, se diluirían las posibilidades de que Dina Boluarte sea vacada por el Congreso. No es lo mismo tirarse abajo a una gobernante con 3% de aprobación que a una que tenga 10% por ejemplo (puede crecer a esa tasa si la economía sigue mejorando). Sin necesidad de pagarle a los canales de televisión, como sibilinamente acaba de declarar, Boluarte puede hacerse más visible para la gente de a pie y mejorar sus rangos de aprobación.

Segundo, puede arrastrar en esa mejora aprobatoria al Congreso, su socio político permanente, que hoy se halla enfrascado en escándalo tras escándalo (no pasa un día sin que no aparezca un nuevo motivo de primeras planas contra el Legislativo).

Tercero, mejoraría la performance electoral de los partidos que la soportan, particularmente del fujimorismo y el acuñismo, que ya no cargarían con un lastre tan grande. Ello amplía el margen de opciones electorales para el 2026.

Cuarto, disminuiría el factor de la irritación ciudadana como elemento disruptivo de la jornada electoral venidera, y que alimenta las opciones antisistema, particularmente las radicales de izquierda, que abrevan de la insatisfacción generalizada contra el gobierno y el “pacto de derechas” que la ciudadanía percibe como vigente.

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Encuesta Datum, opinión de Juan Carlos Tafur, pie derecho

La vida política en el país no vive uno de sus mejores momentos. La mediocridad y simplonería del gobierno y la deleznable conducta del Congreso, reducen los márgenes de discusión de políticas públicas o de iniciar debates intensos sobre el quehacer cotidiano.

Pero hay temas sobre los cuales cabe pronunciarse y la centroderecha liberal guarda silencio sepulcral sobre los mismos, salvo muy escasas excepciones. La corrupción en Qali Warma, la presunta red de prostitución en el Congreso, la impunidad de la que gozan los congresistas, el distractor tema de la pena de muerte lanzado por el gobierno, los recientes cambios ministeriales, la permanencia del cuestionado ministro del Interior, la ola delincuencial, las denuncias de pederastia que comprometen a quien fuera la máxima autoridad de la iglesia peruana, la disolución del Sodalicio, las políticas migratorias y comerciales de Trump, las relaciones con China bajo esa perspectiva, etc., son, por ejemplo, temas sobre los que cabría esperar un pronunciamiento político de un sector que debiera ser decisorio en la próxima contienda electoral.

Pero el silencio es sepulcral. No se pronuncian sobre ninguno de esos temas y le dejan la cancha libre a alguien como Rafael López Aliaga, el político más ducho hasta el momento para pronunciarse sobre todo y a toda hora. Por eso crece en las encuestas. Ha pasado de un 33 a un 46% de aprobación, según la última encuesta de Datum y su desaprobación ha caído de 62 a 50%. Es el único líder que hace política y se prodiga en hacerlo aprovechando su tribuna edil.

Se sabe que hay un trabajo interno de la centroderecha por armar planes de gobierno, equipos técnicos, listas congresales y posibles alianzas, pero ninguno de esos factores justifica el silencio político en el que andan sumidos.

Si van a esperar a diciembre para recién empezar a hacer política van muertos, reducidos a varias minicandidaturas sin ninguna posibilidad de alcanzar el protagonismo que ya tienen asegurados el fujimorismo, la izquierda radical y la derecha ultra. La centroderecha liberal arranca de cero y debe construir su camino con antelación si quiere aparecer con expectativas reales de protagonizar la lid definitoria, es decir, pasar a la segunda vuelta. El silencio y el vacío en política son fatales, porque ese espacio lo llena otro y después es casi imposible arrebatarle el terreno conquistado.

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opinión de Juan Carlos Tafur, pie derecho

Según la última encuesta de Datum, un 74% considera que la delincuencia durante la gestión de Juan José Santiváñez como ministro del Interior ha aumentado y 23% que sigue igual, es decir, un 97% considera que no ha mejorado. En esa medida, el 87% considera que el ministro debe renunciar o ser retirado del cargo.

Un ministro del Interior, una figura clave del gobierno, debería renunciar si su aprobación es mínima, si ha perdido la confianza popular y la moral de la ciudadanía se ha visto mermada bajo su gestión. La política, como la vida misma, es una cuestión de legitimidad. Si un ministro no goza del respaldo de los ciudadanos, su autoridad se ve erosionada, no solo por las críticas, sino por la evidencia de que ya no cumple su función esencial: mantener el orden y la seguridad en la sociedad. En una democracia, la legitimidad se encuentra en la conexión directa entre el poder y la voluntad popular, un vínculo que debe renovarse constantemente.

La tarea de quien ocupa el Ministerio del Interior es proteger el orden, promover la paz social, salvaguardar el bienestar colectivo. Pero si las urnas y las encuestas reflejan que la opinión pública lo rechaza, entonces ha fallado en la misión primordial de un servidor público: ser el puente entre el gobierno y el pueblo. La baja aprobación no es solo un número frío; es un termómetro de la desconfianza y el malestar generalizado.

Un líder incapaz de mantener la cohesión social es, en última instancia, un líder vacío, que vive en la ilusión de la eficacia mientras el país se desmorona. Y un ministro cuya labor no es reconocida por la sociedad está destinado a ser solo un espectro de poder, desprovisto de la esencia misma de su rol. En ese sentido, la renuncia es un acto de responsabilidad política, una aceptación de que, cuando el pueblo pierde la fe, el poder pierde su sentido.

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