[PIE DERECHO] La derecha está actuando muy irresponsablemente respecto de las perspectivas electorales venideras. Egos sobredimensionados, apetitos personalísimos y supina indolencia y miopía respecto de los ánimos populares, la están llevando a cometer un suicidio masivo que solo va a beneficiar a las fuerzas radicales de izquierda, que ya se preparan para tomar por asalto el poder, esta vez, inclusive, con mayoría parlamentaria.

En nuestra columna de ayer hicimos un conglomerado de la situación psicopolítica de la ciudadanía y concluimos, en base a las encuestas detalladas, que se cocina a fuego lento, pero irreversible, un escenario propicio para la aparición de uno o más candidatos radicales disruptivos que podrían, inclusive, ser los protagonistas finales de la definición electoral.

Esta semana, una encuestadora ha revelado, a un auditorio cerrado, que un porcentaje significativo de la población podría inclinarse por una candidatura como la de Aníbal Torres -a quien no teníamos en el radar- y que, inclusive, Pedro Castillo, de postular al Congreso -cosa que sí podría hacer a pesar de su condición penitenciaria- entraría con porcentajes superiores al 20% de la votación (hasta podría ser el parlamentario más votado).

Mientras ello sucede, en tanto la crisis política, económica y social, pone los cimientos del candidato antiestablishment, mientras diversos líderes de la izquierda radical recorren el país, villorrio por villorrio, la derecha se aboca a divagar en canales de cable o en prensa escrita limeña, creyendo que está haciendo alta política.

Ya hemos visto de lo que es capaz la izquierda, con el nefasto gobierno de Castillo, ya lo hemos apreciado, a más largo plazo, con el desmontaje paulatino del modelo económico construido en los 90, lo hemos sufrido con la politización banal de la justicia y su uso persecutorio.

¿Eso queremos para el futuro? ¿Una razzia de toda la derecha, conservadora y liberal, por parte de la izquierda, esta vez con las mañas aprendidas en su corto paso por el poder? Hay que recordar que un improvisado gobernante como Castillo logró controlar el Congreso y casi lo logra con las Fuerzas Armadas (se demoraron horas en tomar una decisión, que debió ser instantánea, respecto del golpe del 7 de diciembre, hay que recordarlo).

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[PIE DERECHO] De acuerdo a Ipsos, 83% desaprueba la gestión de Boluarte; el IEP indica un 85%; Datum, 84%; un 82% desaprueba al Congreso, señala Ipsos; 91%, según IEP; ¿qué sentimientos le genera el Perú?, pregunta Ipsos: las respuestas son pena, 37%; decepción, 34%; impotencia, 28%; frustración, 26%; vergüenza, 21%; incertidumbre, 17%; rabia, 17%.

En diciembre del 2022, revela IEP, el 50% de la población se sentía insatisfecho con la democracia y un 30% muy insatisfecho, un 80% sumando ambos conglomerados; según la propia encuestadora, un 38% avalaría un golpe militar; el índice de optimismo/pesimismo que regularmente mide Ipsos, nos muestra una sensación de que el Perú está retrocediendo de parte del 65% de la población, un nivel solo superado por la que existía antes de que se capturara a Abimael Guzmán y se resolviera la hiperinflación delirante de Alan I.

Ipsos mide para el Latinobarómetro el grado de satisfacción con la democracia. Estamos en la cola, con apenas 8%, mientras que el promedio regional es de 28%. Nos ubicamos peor que Venezuela. Una pregunta, para la misma medición, que es dinamita: ¿diría que el país está gobernado para unos cuantos grupos poderosos en su beneficio o que está gobernado para el bien de todo el pueblo? Un 90% de peruanos se inclina por lo primero, encabezando la funesta percepción en la región, solo empatados por Paraguay.

El 67% de la población considera que el modelo económico ha sido un fracaso, revela Ipsos. Es verdad que en detalle la gente asocia el modelo económico no al manejo fiscal o monetario, a la libertad de empresa o a la economía de mercado, sino a temas como la salud o la educación pública, o la corrupción, pero igual es un indicativo de su opinión del statu quo.

En diciembre del 2022, Ipsos preguntó por cuál candidato votaría uno en las próximas elecciones presidenciales. Encabezando la lista, con 18%, Antauro Humala, seguido de Keiko Fujimori con 14%. Preguntada la ciudadanía por una segunda vuelta entre ambos candidatos, en ella ganaría el excéntrico etnocacerista.

Si a ello le sumamos la permanente crisis institucional -hoy detonada con el terremoto de la Fiscalía de la Nación-, la crisis económica, y la crisis social expresada en la inseguridad ciudadana, ¿puede alguien dudar de que el terreno está abonado para el surgimiento, apabullante, de un candidato disruptivo, abiertamente antiestablishment?

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[REPORTAFUR] Sabiendo que se está jugando los descuentos, el Ministro de Energía y Minas pretende entregarle sin licitación y a dedo siete regiones más al actual concesionario de gas natural en Lima y Callao.

¿Dónde está la presidenta Dina Boluarte?
¿Qué opina de esta jugada el premier Otárola?

Con la ayuda de José Ignacio Beteta vamos a explicar esta movida que pretende regalarle 10 años más de concesión en Lima/Callao y 7 nuevas regiones a la empresa colombiana Calidda.

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[PIE DERECHO] La situación de entrampamiento que ha generado la crisis de la Fiscalía de la Nación, al descubrirse el trasiego de votos parlamentarios a cambio de impunidad para un grueso número de congresistas, la decisión de Patricia Benavides de no renunciar, la imposibilidad de la Junta Nacional de Justicia de removerla, la implicación del Ejecutivo en el “juego de tronos” puesto de manifiesto detrás de las broncas internas del Ministerio Público, solo se va a resolver con una salida política, más allá de lo legal.

El tejido institucional del país está colapsado, el descrédito ciudadano de prácticamente todas las instituciones vigentes es enorme, la democracia se ha convertido en una quimera formal, la crisis política destruye la confianza empresarial para invertir, no hay salida a la crisis económica mientras ello perdure, el país se desangra con una pésima gestión ejecutiva del gobierno, en suma, una coalición de factores que lo único que permiten avizorar es que la situación va camino a empeorar.

Y el riesgo mayor es que esa pendiente de deterioro nos conduzca a unas próximas elecciones generales en las que el ciudadano vote con el hígado, repitiendo la debacle del 2021, en las que un candidato funesto, como Pedro Castillo, terminó de presidente, con los resultados consabidos. Al paso que vamos, si se mantiene el gobierno de Dina Boluarte hasta el 2026, el escenario va a ser peor.

Hoy más que nunca recobra sentido resetear el escenario. Y eso pasa por adelantar las elecciones generales, tanto presidenciales como congresales. Ello no resuelve la crisis institucional del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo ni de la Junta Nacional de Justicia, pero abre un escenario bajo el cual, todos esos problemas pueden ser afrontados por una clase política nueva y no con la deleznable que hoy nos rige.

Lo más expeditivo sería que la presidenta Boluarte, consciente de sus limitaciones, renuncie y precipite un adelanto de elecciones, pero queda claro que ella está muy lejos de evaluar siquiera esa salida. Bueno, pues, que el Congreso, ampayado en triquiñuelas ilícitas, tome consciencia de la magnitud de la crisis y proceda a la vacancia presidencial por el tema de los muertos en las protestas, que más allá de la torpe maniobra de la fiscal Benavides, sí es un asunto que golpea la línea de flotación del régimen.

Y que sea un nuevo Congreso el que limpie la cancha y reconstruya la institucionalidad dañada del país. No se avizora otra salida a la crisis institucional del Perú. Podría irnos peor, sin duda, es un riesgo, pero al menos sabemos, a ciencia cierta, que si seguimos como estamos, vamos camino al abismo.

 

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El operativo digitado por la controvertida fiscal Marita Barreto contra la Fiscal de la Nación y sus asesores, acusándolos de formar parte de una organización criminal (una vez más, se exagera el término para darle contundencia a la investigación) es, claramente, una respuesta de un sector del Ministerio Público a la ofensiva de Patricia Benavides, y que ha hallado chats comprometedores y explosivos que revelan coordinaciones indebidas del equipo allegado a la fiscal de la Nación.

Los chats revelados anoche son lapidarios y corroboran un cabildeo parlamentario, pero no debería generar por ello la triunfal sensación de impunidad que, por ejemplo, la inhabilitada exfiscal Zoraida Ávalos ahora quiere enarbolar. A ella se le destituyó por querer hacerse de la vista gorda en las obligadas investigaciones que correspondían contra el expresidente Castillo, tanto así que no fue Patricia Benavides sino Pablo Sánchez quien las abrió. En esa perspectiva, hizo bien el Congreso en sancionarla.

Hace décadas la lucha intestina en el Ministerio Público y el Poder Judicial era entre apristas y caviares. Ahora lo es entre conservadores y caviares, y un coletazo de esa pugna es la que hemos visto estas últimas horas, con la investigación a Benavides como cabecilla de una organización criminal y la destitución en la madrugada de la fiscal Marita Barreto.

Como bien ha declarado el suspendido fiscal Rafael Vela, la fiscal de la Nación, estaba atrapada en los juegos políticos de supervivencia, dedicada a ello más que a sus menesteres fiscales. Ello, por lo que se ve, le está pasando factura, sin importar que el fiscal Vela tenga autoridad para pontificar luego de su cuestionable conducción del proceso Lava Jato (debió ser destituido hace tiempo por ello, y no por las razones tontas con las que ha sido suspendido).

En suma, estamos siendo testigos de un “juego de tronos” al interior de la Fiscalía, el que hay que analizarlo con las precauciones del caso. Los responsables de coordinaciones extralegales deberán asumir sus actos, pero sería ingenuo leer lo que está pasando sin entender el trasfondo político de lo que está aconteciendo.

 

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[PIE DERECHO] Hay que seguir con atención el desenvolvimiento de Javier Milei en Argentina. Ya el solo hecho de que haya triunfado electoralmente una opción libertaria en un país lastrado por el peronismo, es una noticia que hay que saludar. El populismo económico ha destruido la economía argentina y una buena gestión macroeconómica, como promete Milei, debería enderezar el rumbo.

Hace bien, por cierto, Álvaro Vargas Llosa en entrevista que hoy le hace Milagros Leiva en el Comercio, distinguiendo a Milei de Donald Trump, un antiglobalista, proteccionista y hasta estatista (infló el presupuesto público de una manera descomunal); Trump no tiene nada que ver con una propuesta que va en sentido contrario.

El liberalismo se juega mucho en la región con la manera como le vaya a Milei. Por eso la reacción destemplada y antidiplomática de gobernantes como Lula o Petro, quienes anteponen sus ojerizas ideológicas a las políticas de Estado que les corresponde llevar por la responsabilidad presidencial que les cabe.

Milei obviamente va a tener que moderar sus propuestas, ya lo está haciendo. Necesita hacerlo para poder gobernar con relativa estabilidad y entender que los tiempos deben ser administrados con astucia y perspicacia. Con que estabilice el delirio populista económico de Argentina ya habrá logrado bastante.

Las gestiones funestas de los regímenes de izquierda en la región ayudan, pero claramente no bastan para convencer al electorado peruano del grave error de votar por opciones de ese talante (si no, no hubiera ganado Castillo el 2021); se requiere la muestra palpable, fáctica, de que una opción diferente es eficaz y positiva. Milei puede jugar ese papel y convertirse en foco de irradiación continental.

Se necesita a gritos en el Perú una opción liberal integral. Lo mucho que se había avanzado en materia económica en los 90 se ha ido desmontado de a pocos y hoy tenemos un remedo regulatorio populista en casi todos los sectores productivos del país. Y en términos políticos institucionales casi no se ha avanzado nada y, por el contrario, lo que vemos hoy es un grave deterioro de los mismos, con la connivencia fatal del Ejecutivo y el Congreso.

La del estribo: no es una joya cinematográfica, pero es una película imprescindible Napoleón de Ridley Scott. No sé si habrá sido la intención del director, pero desacraliza a un personaje inflado por la historiografía oficial. Entre las megaproducciones de este año, me parece superior Oppenheimer, de Christopher Nolan y no tanto Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese, a la que, en mi modesta opinión crítica, le sobraron al menos treinta minutos.

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[PIE DERECHO] Alex Contreras es el Juan Reynoso del MEF. Todas las cifras son negativas y en cuanto a su gestión no se ve que haga algo significativo para revertirlas con eficacia. No se entiende su permanencia en el cargo y el visto bueno que aparentemente le brindan la presidenta Boluarte y el premier Otárola.

La inversión privada, motor esencial de la economía, se ha reducido 6.2% interanual en el mismo periodo, con lo cual suma cinco trimestres consecutivos de caída.

Ya no se puede atribuir todo a los problemas climáticos o a las protestas sociales de comienzos de año. Ya hay claramente un problema serio de gestión pública, de un MEF debilitado, sin capacidad de contención del populismo regulatorio del Congreso, ni la energía suficiente para impulsar una agenda proempresarial en los sectores productivos (relanzamiento de proyectos mineros postergados, vuelta atrás en la ley de promoción agraria, su extensión al mundo andino, etc.).

El anuncio de 25 medidas del Plan Unidos, para impulsar la economía, no ha generado la reacción entusiasta de los agentes capitalistas, porque un gobierno sumido en la inestabilidad política no es capaz de generar la sensación virtuosa necesaria para que la confianza se recupere y, por ende, la inversión se produzca.

Se necesita un Gareca en el MEF. Y si la presidenta Boluarte le garantiza absoluta independencia, es posible convocar a un economista de primera línea, capaz de romper el estancamiento y animar a los “espíritus animales” capitalistas a soltar las amarras.

Salvo la ocurrencia de un fenómeno del Niño severo no se ve otro nubarrón en el horizonte, quizás la incertidumbre respecto del futuro electoral en el 2026, pero, en primer lugar, eso es largo plazo, y, en segundo término, no es éste un factor que asuste al empresario peruano, acostumbrado a peores situaciones.

Si la economía no mejora, si no hay inversión privada, si no se genera empleo, si no se reduce la pobreza, vamos a llegar, allí sí, a un escenario electoral complicado. Y si la presidenta Boluarte no es capaz de remover del cargo al responsable de tal situación, pues ya la responsabilidad recae en ella y vuelve a poner sobre el tapete la discusión de si conviene o no que su gestión dure dos años y medio más.

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Crisis económica, gestión gubernamental, Inversión privada, MEF

[PIE DERECHO] Otra de las perlas infames de la contrarreforma política que el Congreso está a punto de perpetrar es la eliminación de los movimientos regionales de los procesos electorales congresales.

Como se sabe, ya desde hace décadas, los partidos “nacionales” no hallan eco en las regiones del país, porque han perdido presencia, arraigo y adhesión. Es desde las propias regiones que surgen movimientos locales que logran éxito representativo, reflejando la vigencia de una saludable vida política autónoma de las regiones fuera de Lima, que expresan mejor el sentimiento local y reflejan el rechazo al centralismo, también político.

Claro, suena bien que los partidos políticos tengan representación nacional y que, como antes sucedía, tengan vida y vigencia política en cada región del país. Pero el fenómeno del surgimiento y éxito de los movimientos regionales es producto de la dejadez y apatía de los partidos nacionales, que se han labrado, por su propio empeño, el fracaso representativo que hoy exhiben fuera de la capital de la República.

Cortar de un tajo legislativo, la posibilidad de que los movimientos regionales sigan teniendo presencia y vigencia, no es un tema secundario. Es postrar a las regiones al silencio político, porque en ellas, los partidos nacionales no existen, son entes sin vigencia, anquilosados y que no conocen los problemas locales o, al final del día, los terminan soslayando en beneficio del mayor bolsón electoral limeño.

Ya José Matos Mar, hace poco más de una década, con su habitual agudeza, había señalado que así como desde los 60 en adelante, lo que definía el mapa sociológico del Perú era la emergencia del emprendedor migrante en las grandes ciudades, en el futuro inmediato, ese mapa iba a estar definido por la asunción del provinciano como sujeto político, económico y social cada vez más preponderante.

A los limeños, en el resto del Perú nos miran como América Latina mira a los chilenos, que se han construido una imagen de antipatía y recelo crecientes, por su altivez percibida como ofensiva. Va a ser difícil que en el Perú, esa percepción del capitalino cambie en buena cantidad de años.

Por ello, la importancia de otorgarle vitalidad a la democracia, permitiendo que los movimientos regionales mantengan su presencia y vigencia en la conformación del mapa electoral peruano. El Congreso quiere truncar ese proceso y no se imagina la reacción social que va a producir. Las regiones del Perú no se van a dejar arrebatar graciosamente un derecho político conquistado. En la plaza Bolívar están abriendo una caja de Pandora de imprevisibles consecuencias.

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Contrarreforma Política, Diversidad Electoral, Movimientos Regionales, Representación Política

La derecha se está dejando arrebatar tontamente las banderas vinculadas a la seguridad ciudadana, que, en principio, le son connaturales, al ser el orden parte de los activos de este sector del espectro ideológico.

No es la primera vez que algo semejante ocurre. Hasta los 80, la democracia y los derechos humanos eran banderas caras a la derecha. El comunismo real hacía tabla rasa de ambos principios y la derecha los enarbolaba con relativo éxito.

Luego de la caída del muro de Berlín, algo pasó, la derecha se durmió o se volvió autoritaria (vinieron las dictaduras militares derechistas) y ello fue aprovechado por la izquierda para despercudirse del lastre del comunismo y capturar banderías sobre las que no podía ejercer ninguna autoridad moral. Pero la derecha dejó que eso ocurriera y hoy por hoy, se han vuelto lemas caros a la izquierda, por más que, a nivel regional, las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua nuevamente vuelvan a poner al desnudo que son principios falsos de la izquierda.

Lo mismo ha pasado con el tema de la seguridad ciudadana. La izquierda ha fundado ONGs especializadas en el tema; no solo eso, ha ocupado buena cantidad de años los cargos mayores vinculados al asunto (desde el Ministerio del Interior hasta buena parte de los viceministerios) y los resultados nulos saltan a la vista. Hemos retrocedido irreversiblemente. La narrativa de la seguridad ciudadana ha sido capturada por la izquierda a pesar, sin embargo, de haber fracasado rotundamente cuando ha tenido la oportunidad de demostrar en los hechos la validez de sus diagnósticos.

Hoy, que según todas las encuestas es la principal preocupación ciudadana, debería ser ocasión propicia para que la derecha haga del tema su lema central de campaña, pero no, no ocurre eso. Y hasta vemos cómo un candidato antiestablishment de izquierda como Antauro Humala se permite prometer la “bukelización” del país para combatir la delincuencia y la corrupción (por el lado de la derecha, el único que parece tenerla clara es Carlos Álvarez).

Si a ello le sumamos el fracaso del actual gobierno sobre la materia y se considera que para la mayoría de la ciudadanía, es éste un régimen de derecha coludido con un Congreso mayoritariamente derechista, se entiende que si la derecha no hace una campaña inteligente y perspicaz sobre la materia perderá también en ese campo (como antes perdió los de la democracia y los derechos humanos) el dominio de la narrativa política.

 

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Derecha, Estrategia Política, Izquierda, seguridad ciudadana
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