La incompetencia extrema de este gobierno para resolver los principales problemas que aquejan a la sociedad peruana ha sido pocas veces vista. Pedro Castillo salva a Dina Boluarte de ser la peor gobernante de los últimos lustros y el primer gobierno de Alan García el de toda la historia republicana.

Ya supera todo entendimiento la indolencia presidencial y ejecutiva frente a la inseguridad ciudadana, el pasmo económico o el grado de avance de la corrupción en todos los estamentos de la burocracia estatal.

No pasa nada para el gobierno, al parecer. Siguen en sus actividades protocolares, dando declaraciones vacías de contenido, realizando inauguraciones rimbombantes, sin fundamento, y, por supuesto, viajando a la primera de bastos, que ese parece ser el pasatiempo favorito de ministros y subalternos.

Aparentemente, ya se están percatando de ello los principales partidos del Congreso, en especial Fuerza Popular (de Alianza para el Progreso no se puede esperar nada), y quizás podría producirse un realineamiento de los astros y animarse el Legislativo a hacer lo que corresponde desde hace meses: vacar a Boluarte y convocar a elecciones para echar las cartas políticas de nuevo y ver cómo reiniciamos el desastre.

Es lo mejor que le podría pasar a un país atribulado por la mediocridad ostentosa y onerosa de un régimen que llegó por el azar del destino y que ha demostrado ya hasta la saciedad que no da la talla para administrar el gobierno. Dina Boluarte ni siquiera podría presidir con eficacia un organismo público, mucho menos lo hará, pues, con Palacio de Gobierno.

Un argumento adicional, de gran peso, es el referido al daño enorme que esta mediocridad reinante dejará como consecuencia política. El malestar popular y la furia contra el establishment es hoy inmensa en todo el territorio nacional y eso nos va a estallar en la cara el 2026. Un año y medio más en este plan, de acá a las elecciones asegura que el sillón presidencial lo ocupe, el próximo lustro, un disruptivo radical. Eso se puede cortar por lo sano.

 

 

¿Pueden surgir nuevos outsiders en las elecciones del 2026? ¿No se ha agotado ya el gusto del peruano de votar por joder y tendremos por fin una elección “normal”?

Por el contrario, hoy, como nunca antes en la historia republicana, los astros se han alineado tanto a favor de candidatos antiestablishment como ahora. La crisis social, económica y política no pasará desapercibida y el malestar enorme de la ciudadanía hará que cuando se acerque a las urnas termine de elegir a alguien que se salga de la caja. Es lo más probable que suceda.

¿Y quiénes tienen el rostro que identifica ese perfil? Por el lado de la izquierda claramente Antauro Humala, Guido Bellido, Guillermo Bermejo y tal vez Aníbal Torres o Lucio Castro, del Sutep (va a depender mucho de cómo le vaya en la huelga nacional convocada para octubre). Por la derecha, Carlos Álvarez y Phillip Butters. De lado del establishment, Keiko Fujimori tiene una base electoral propia y quien, si logra levantar la inhabilitación que pesa contra él, aparecerá, sin duda, será Martín Vizcarra (da como para un estudio cómo un personaje tan taimado como el exgobernador de Moquegua mantiene altos rangos de simpatía popular).

¿Los nuevos candidatos de la centroderecha que abundan no tienen ninguna posibilidad? Sí la tienen, pero tendrán que ingeniárselas para no aparecer como parte del statu quo, marcar fuerte distancia del régimen actual y, sobre todo, proponer ideas disruptivas, que se salgan de lo establecido, además, claro está, de hacer una buena campaña recorriendo el país, aglutinando buenos cuadros políticos y tecnocráticos y preparando un correcto y vendedor plan de gobierno. Esa es la ruta que les queda abierta a a los múltiples candidatos de centroderecha que lamentablemente han decidido no unirse e ir cada uno por su cuenta (si se unieran en un gran frente podrían aparecer desde ya como una figura protagónica).

Va a ser una ruleta rusa esta elección. Los candidatos subirán y bajarán hasta los últimos días de la elección. En ese sentido, se repetirá, de modo acentuado, lo que pasó el 2021.

Ya quiero ver lo que va a pasar cuando a los millones de peruanos independientes les cobren en sus recibos de honorarios un porcentaje para las AFP. Porque eso es lo que dispone la ley que acaba de promulgar el Congreso. La bancada de Fuerza Popular, impulsora del proyecto de marras, les ha regalado a las AFP ingresos superlativos, que seguirán abonando en el drenaje de rentabilidades de las clases medias a favor de cuatro grupos de poder económico.

Hoy se impone que los gremios empresariales impulsen una vuelta al libre mercado imperante hasta el 2011, que nos permitió crecer superlativamente y sacar de la pobreza a millones de peruanos. Pero no, tales asociaciones empresariales han decidido optar por el mercantilismo puro y duro aprovechando la porosidad de un Congreso mediocre y que se vende al mejor postor.

Es el caso por ejemplo de la Sociedad Nacional de Industrias, que debería cambiarse el nombre a Sociedad Nacional de Mercantilistas, y que insiste, tozudamente, en una ley de promoción industrial que solo consiste en beneficios tributarios que nadie más tiene en la economía nacional. La SNI ha vuelto a los tiempos en los que se oponía a la liberalización del comercio exterior que se impulsó en los 90, siendo hoy en día uno de los gremios más retardatarios y proteccionistas que existen. Hay que estar atentos a que su poderoso lobby congresal no derive en la aprobación de un mamarracho proteccionista, equivalente al nuevo sistema pensionario que el lobby de las AFP ha logrado consagrar.

Ojalá la Confiep se logre distinguir de estos graves retrocesos ideológicos de los gremios citados y sea un motor de presión para que los candidatos el 2026 tengan claro que el norte al que debemos dirigirnos es el de la contrarreforma liberalizadora que libere el país de las sobrerregulaciones que empezaron a edificarse desde la gestión de Ollanta Humala.

Lo otro es mercantilismo y proteccionismo puro y duro que debe ser cuestionado severamente porque al final del día los que pagan las consecuencias de su puesta en marcha son los millones de peruanos de a pie y no los ricachones que se aposentan en los directorios gremiales.

 

¿Creen ustedes que el 90% de peruanos que estima que en el Perú gobiernan unos pocos en beneficio de ellos mismos, va a tender, naturalmente, a votar por un candidato del statu quo? Somos, en ese sentido el país de Latinoamérica con la peor percepción de equidad social y económica.

Tendría que surgir un candidato de derecha lo suficientemente disruptivo para lograr que esa percepción sea soslayada por otras razones. De lo contrario, la izquierda radical, que denuncia sistemáticamente el “régimen neoliberal”, se la llevará al galope.

El establishment peruano, sin embargo, en lugar de andar pensando en cómo presentar una opción electoral disidente del modelo, que lo modernice o reverdezca -mejor dicho-, se regodea en la urgencia de que el Congreso legisle para impedir que Antauro Humala pueda postular. Allí coloca todas sus expectativas creyendo que así resuelve el problema y que, ¡zas!, la gente va a votar por la centroderecha en automático, porque no le queda otra.

A quien escribe le parecen diez veces más potentes que Antauro como candidatos Guido Bellido o Guillermo Bermejo. Son más articulados y no tienen tantos anticuerpos como el etnocacerista. En una segunda vuelta, Keiko Fujimori le puede ganar a Antauro. Con Bellido o Bermejo pierde sin lugar a dudas.

La centroderecha no está midiendo a cabalidad el embalse de furia popular que despierta el statu quo, que ya no se centra solo en el sur andino sino en todo el país. Ni siquiera la inseguridad ciudadana, que debiera despertar simpatías por opciones derechistas de mano dura lo está haciendo, sumando más bien fuego al descontento general con el establishment en el que insertan a todo candidato de centro y de derecha.

No pinta bien el panorama electoral para el 2026. La coalición Ejecutivo-Legislativo ha corroído desde sus bases las opciones de centroderecha y va a ser muy difícil que un candidato surgido de ese lado del espectro ideológico rompa las resistencias que se le antepondrán. Tendrá que contratar a un genio del marketing para lograrlo.

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Una labor crucial de los medios de comunicación, sobre todo los masivos, es organizar debates programáticos sobre los principales problemas del país (inseguridad, crisis económica, corrupción, etc.) convocando a los partidos que aspiran a llegar al poder el 2026 a que expongan sus planes al respecto.

En lugar de dedicarse al pueril y banal juego de llevar candidatos a programas de espectáculos a que improvisen bailes o a hacer el ridículo cocinando, contando chistes, participando de concursos improcedentes, que los obliguen a debatir, con buena producción televisiva, un intercambio de contenidos sobre los temas mencionados.

¿Cómo va a reformar la policía, la Fiscalía y el Poder Judicial? ¿Cómo va a resolver la carencia de establecimientos penitenciarios? ¿De dónde va sacar la plata? ¿Piensa efectuar una purga policial, como se hizo en otros países? ¿El plan Bukele la parece adecuado? ¿Cómo combatir las economías ilegales? ¿Le parece adecuada la estructura de los serenazgos?

¿Qué piensa hacer con Petroperú y Sedapal? ¿Cómo piensa activar los proyectos mineros congelados por los conflictos sociales? ¿Evalúa una reforma tributaria que elimine tantas exoneraciones, por ejemplo a los casinos? ¿Cómo piensa reducir la informalidad laboral? ¿Tocará la trama de la regionalización y la distribución de recursos que conlleva?

Con un buen panel de periodistas, escenografía adecuada, formato ágil y periodístico, programas de ese tipo pueden pegar, inclusive, en el rating, y, sobre todo, aportarán a la cultura cívica del electorado, que se acercará a las urnas con un poco más de conciencia política.

El 2026 no puede repetirse la ruleta rusa que fueron las elecciones del 2021, donde al final, el peor de los candidatos, el más improvisado -como demostró luego en el poder- fue el que triunfó, con las consecuencias devastadoras que hasta hoy pagamos. Los medios de comunicación grandes tienen una grandísima cuota de responsabilidad en evitar que ello vuelva a suceder.

Que de una vez vayan desnudando la improvisación y no que esperen a última hora para desplegar campañas de demolición que terminan siendo inútiles cuando ya la ola ciudadana tomó cierto sentido a favor de un outsider radical.

¿Se imaginan lo que pasaría si el 2026 llega al poder un candidato ubicado en el lugar ideológico correcto, pero que no ha preparado un plan de gobierno detallado sobre lo que debe hacer frente al sinfín de problemas que aquejan al país? Pues los problemas se lo tragarán en pocas semanas, la desilusión campeará, la oposición se encabritará y volveremos a la crisis política permanente en la que estamos embarcados en los últimos lustros.

Yo, como elector, exigiré un plan rápido de acción frente a la inseguridad ciudadana, lo que incluye desde política policial, fiscal, judicial y penitenciaria; reclamaré por una política económica que inmediatamente rompa las cadenas de la sobrerregulación económica que han destazado el modelo económico de los 90 (lo que incluye el arreglo de la trabazón minera existente y el arreglo de la informalidad, sobre todo la minera y la laboral); demandaré un plan anticorrupción inmediato, que acabe con este mal que destruye toda política pública que se pretenda desplegar y junto con ello exigiré que se reforme el sistema de regionalización, cuna del mayor antro de inmoralidad del país, como son los gobiernos regionales y locales.

Y todo esto y mucho más, no de uno en uno, paulatinamente, sino a la vez, en simultáneo, con una maquinaria tecnocrática y política capaz de reformar al país desde su raíz.

Si no se hace así, estamos reventados. Por más correcta que sea la ubicación ideológica del candidato ganador, los gravísimos problemas que afronta el país lo absorberán y lo conducirán al marasmo o a la impotencia. Y de ello se aprovecharán los beneficiarios del statu quo (la clase política tradicional, las economías ilegales, las mafias económicas, etc.).

El Perú transita por una situación en la que su potencial es enorme, las condiciones externas son favorables, así que si se hacen las cosas bien, los resultados positivos no tardarán en hacerse sentir y fortalecer el plan de gobierno referido, con el consecuente apoyo popular, generando el círculo virtuoso que todo gobierno desea: buenas políticas públicas y respaldo ciudadano.

La del estribo: qué reconfortante y placentero releer los escritos periodísticos de Mario Vargas Llosa, compilados por Alfaguara. El país de las mil caras. Escritos sobre el Perú. Obra periodística II, es el título del libro en el que la buena prosa de nuestro Nóbel va acompañada de premonitoria lucidez sobre los grandes problemas nacionales.

¿Puede interpretarse la negativa del Congreso a la realización del viaje presidencial a Nueva York como un síntoma de que se inicia ya la temporada de alejamiento del Legislativo y sus principales partidos, respecto de un gobierno absolutamente impopular y cuya cercanía podría suponerle un costo político a los que aparezcan como sus aliados?

Parece prematura esa interpretación. Quizás, inclusive, ilusoria, porque todo indica, más bien, que la alianza Ejecutivo Legislativo no se va a romper nunca, hasta julio del 2026, y que lo más que podría haber es amagos de querella.

El statu quo le permite, por el contrario, a partidos como Fuerza Popular o Alianza para el Progreso ejercer poder ejecutivo sin sufrir los costos de hacerlo. Vemos cómo en las encuestas Keiko Fujimori aparece primera con una intención de voto cercana al 10% (muy similar a la del 2021), o sea, daño no le está produciendo ser el principal sostén legislativo de Dina Boluarte.

Si el Congreso, en un arranque de severidad -y seriedad- decidiera vacar a una presidenta incapaz, mediocre y comprometida ya con temas peliagudos en términos de ética personal, tendría que asumir las riendas de Palacio y allí sí se produciría una hecatombe social que los arrastraría al hoyo del descrédito mayúsculo.

Como queda claro, ni al Ejecutivo ni al Legislativo les importa un rábano la impopularidad de la que gozan, menos aún cuando el país se ciñe a una relativa paz social (ojo con la huelga general del Sutep convocada a partir del 21 de octubre, que podrá cambiar ese proscenio de relativa tranquilidad pública).

La negativa del viaje ha sido un accidente, un claro llamado de atención a la excesiva frivolidad presidencial, pero no pasará de eso. No es el inicio de una escalada de confrontación entre ambos poderes del Estado. Seguirán viviendo apapachados mientras las calles y la ciudadanía lo permitan. El infame pacto de intereses que identifica a la alianza de la plaza de Armas con la plaza Bolívar seguirá en pie hasta que el pueblo, por uno u otro detonante, lo permita.

Con la detención de Andrés Hurtado, Chibolín, su puesta a derecho, y su probable acogimiento a la colaboración eficaz, nos enteraremos una vez más de lo podrido que está el sistema institucional destinado justamente a combatir a la corrupción (policía, fiscales y jueces).

El caso Cuellos Blancos quedará corto si es verdad todo lo que se supone que se movía detrás de un operador mafioso camuflado bajo el disfraz de un animador de televisión dedicado a obras de bien social.

Y una vez más, tendremos que ponernos a revisar en detalle la urgencia de reformar un sistema corrupto desde la entraña, que amaña colaboraciones eficaces, disfraza resoluciones, persigue a adversarios políticos o mediáticos, abusa de su poder cuando le viene en gana, falsea documentos de intervención policial, manipula sentencias y demás.

Tendrá que ser una reforma bien diseñada, por supuesto, no el mamarracho parchado que ahora están perpetrando en el Congreso, pero de que debe hacerse no cabe duda alguna, lo que implica hacerlo desde la cabeza -la Junta Nacional de Justicia- hasta el juez o fiscal ubicado en la escala más baja.

Es verdad que se ha intentado muchas veces hacerlo, desde adentro y desde afuera, y todas han fracasado, pero ello, lejos de diluir la urgencia de hacerlo, acrecienta su perentoriedad. No es posible que vivamos en una democracia con un Estado de Derecho mediatizado, con policías corruptos, fiscales y jueces venales sin mayor preparación jurídica, pero con un poder gigantesco.

Hay muchos temas por exigir a los candidatos a la presidencia el 2026, desde la crisis económica, la inseguridad ciudadana y la lucha anticorrupción, pero dentro de esta última juega un rol crucial la reforma radical del sistema de justicia vigente. La supervivencia democrática futura depende de ello. El statu quo ya no da para más y lo ha probado hasta la saciedad con los desmadres judiciales que hemos apreciado en los últimos años.

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La presidenta Dina Boluarte ha querido estrenar un discurso populista a consecuencia de la negativa del Congreso a autorizarle un viaje a la Asamblea General de la ONU. Así, y no es la primera vez que lo hace, ha hablado de malos peruanos que se dedican a obstruir la marcha del gobierno.

Patético amago de populismo. El populismo era normalmente entendido por los liberales como cualquier plan heterodoxo en economía. Al final, ha predominado la visión de que es una fórmula política que busca crear una confrontación con una élite o un grupo social y lanza toda su artillería en contra de aquellos para galvanizar cierto apoyo popular.

Personalmente pienso que es necesaria una dosis de populismo en países como el Perú para que sea gobernable. Pero, obviamente, estamos hablando de gobiernos que quieren desplegar políticas de Estado confrontacionales o controversiales, no un viajecito a Nueva York, lo cual dice mucho de la diluida densidad política de nuestra primera mandataria.

Fujimori arremetió contra la partidocracia, Chávez contra la oligarquía venezolana, Milei lo hace contra la “casta” kirchnerista, Vizcarra lo hacía contra el fujiaprismo. ¿Contra quién combate Boluarte? Contra unos cuantos congresistas -porque la mayoría la apoya por alianzas non sanctas- que osaron negarle un permiso.

Boluarte no está emprendiendo ni una sola política pública que merezca fragor político. Lo suyo es la nada, la indolencia, la vacuidad absoluta. No tenemos gobierno y mucho menos un enemigo contra el que aquel deba arremeter.

Ya lo hemos dicho: después del de Castillo, éste es el peor gobierno que hemos tenido en los últimos lustros. Es incapaz de asumir responsabilidades mínimas de gobierno y se dedica a sobrevivir a cuenta de concesiones políticas pueriles a sus aliados principales, como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso.

Confío en que no tarde la calle en reaccionar. Es de espanto la banalidad del gobierno y su impune soslayo de las preocupaciones esenciales de los ciudadanos de a pie: crisis económica, inseguridad y corrupción. Si no se pronuncia el activismo callejero, habremos sembrado un voto antisistema vigoroso para el 2026.

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