Si se reacciona morosamente, la tranquilidad relativa de la que se goza volverá a llevarnos a tiempos de agitación y entonces será tarde para preguntarnos por qué pasó ello. Nadie tendrá autoridad moral para darse por sorprendido.

Hay tiempo suficiente hasta el 2026 para retomar el rumbo de las reformas, algunas de ellas, la política y electoral, la macroeconómica, la regionalización, la policial, que hagan que la expectativa del futuro que tienen los peruanos cambie de la valencia negativa que hoy tiene a una positiva, que destierre la desazón que, a pesar de habernos librado de la terrible gestión de Pedro castillo, subsiste. La calma chicha referida debe dar paso a la inestabilidad reformista.

La del estribo: maravilloso reencuentro cinéfilo con clásicos del cine: ¿Quién teme a Virginia Wolf?, con Richard Burton y Elizabeth Taylor, ¿Qué pasó con Baby Jane?, con las extraordinarias Bette Davis y Joan Crawford (feliz coincidencia: en Star Plus dan una serie documental sobre esta película, protagonizada por Susan Sarandon y Jessica Lange, que grafica el odio legendario entre Davis y Crawford), Lo que el viento se llevó, con Vivian Leigh y Clark Gable, Rebelde sin causa, con James Dean y Natalie Wood, Charada, con Audrey Hepburn y Cary Grant, han servido de compensación a la rala emisión de películas que mi proveedor calificado ha tenido. Todo por HBO Max Clásicos.

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Todo esto surge luego del asesinato de un miembro del Serenazgo de Surco por parte de un delincuente. Causa indignación lo sucedido, sin duda, pero no podemos dejar de advertir la temeridad irresponsable del sereno que nunca debió atreverse a enfrentar a un sujeto armado, sino que debió darle prudente seguimiento y reportar de inmediato a la policía.

Un hecho lamentable, pero equívoco, ha dado pie a esta ola de populismo punitivo, que a nada bueno conduce. El Estado, en su función básica de proveer seguridad, debe ser uno solo, no un personaje de mil caras. Si no lo hace a cabalidad, pues debe llevarse a cabo una profunda reforma policial para que lo haga, pero no menoscabar sus funciones o generar cuerpos parapoliciales de alto riesgo para la propia seguridad ciudadana.

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Ante esta situación, es urgente que se tomen medidas para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la democracia. Es necesario que las autoridades asuman su responsabilidad y trabajen para erradicar la corrupción y fortalecer el Estado de derecho. Además, se requiere de un esfuerzo conjunto de la sociedad civil, los medios de comunicación y la academia para promover una cultura de transparencia y participación ciudadana.

Tenemos tres años por delante para lograrlo si no queremos que esa encuesta se vuelva premonitoria y si bien sean otros los nombres, las mismas actitudes detrás de ellos sean las que predominen en una próxima jornada electoral, convirtiendo estos años políticos en un quinquenio también perdido no solo en materia económica.

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Pero eso no debe significar connivencia con los desaguisados que el gobierno de Boluarte y el premier Otárola vienen cometiendo con fruición digna de encomio. Hace falta que, de parte del centro y la derecha, se tome distancia de ello y se pase eventualmente a una labor opositora responsable. Ser enemigos de la izquierda que quiere bajarse como sea a Boluarte, no debería hacer que se pase por agua tibia todos los errores que el gobierno viene cometiendo.

En particular, esa es una ubicación ideológica que deberían ocupar los nuevos candidatos liberales que están surgiendo y no sumarse al espíritu de la mayoría congresal, de apoyo incondicional. Como se ve en las encuestas, se necesita un liderazgo de derecha que claramente rompa palitos con el desastre de Castillo, pero también con la mala gestión del régimen de Boluarte, que ya merece más de un zamaquón político.

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Aumentar el número de fiscalías especializadas en derechos humanos para que tengan presencia en todo el país”.

Lo más importante de los informes que se han presentado no es tanto la denuncia de lo sucedido, más o menos reconocido por todos, sino la indolente reacción del gobierno, con afán de minimizar lo ocurrido y, por ende, sin ánimo alguno de realizar acciones de reparación y enmienda de los excesos cometidos. Se espera que esta vez no ocurra lo propio. La CIDH no es “una ONG”, como se refirió despectivamente la presidenta al informe de HRW.

Gran parte de la desaprobación ciudadana al gobierno de Dina Boluarte se debe a este hecho. Mientras ella no entienda que no puede pasar por agua tibia los informes dados a conocer y no actúe en consecuencia, los 56 muertos por obra de la represión abusiva, serán parte de una mochila de pasivos de la que el gobierno no podrá librarse con reacciones de soslayo pueril que no se veían desde los tiempos de Belaunde, quien arrojaba los informes de Amnistía Internacional al tacho de basura.

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La impunidad que logró Walter Ríos no debe quedar sin castigo

Una de las preguntas más importantes en esta trama de corrupción y de impunidad es por qué Walter Ríos ha terminado recibiendo beneficios indebidos y logrando archivos de casos que debían seguir su trámite regular.

La respuesta a esta pregunta es que quien tenía el control del procedimiento especial de delación fue la Fiscal Fanny Quispe, la encargada material de preparar el acuerdo, fijando sus cláusulas y beneficios, tramitar el acuerdo de colaboración eficaz de Ríos, lograr su firma en la Fiscalía, de sustentar dicho acuerdo en el Poder Judicial y hacer el seguimiento correspondiente. Sin su participación y “buenos oficios” el acuerdo ni siquiera se habría logrado.

La gravedad de los hechos que el Juez Juan Carlos Checkley Soria ha impedido que se consumen o que sus efectos subsistan hasta la actualidad, debe llevar a los que han creado este menudo problema en el Equipo Especial, en el Ministerio Público, a que se les abra investigación y se inicie la búsqueda de la verdad a fin de saber e identificar cuáles son los verdaderos motivos que llevaron a conceder ventajas y beneficios indebidos al juez más corrupto de la historia del Perú.

Más allá del enojo e ira natural que puede albergar Walter Ríos porque no se salió con la suya, la sociedad peruana y el sistema de justicia no puede quedarse con las manos cruzadas y dejar que fiscales inescrupulosos que ya no están en el equipo especial del caso “Cuellos Blancos” hayan vendido beneficios y favores como si se tratara de una feria, pisoteando la Constitución y la ley.

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Esta sensación es falsa e ilusoria, pero muy poderosa. Nos hace creer que somos superiores a los demás y que, por tanto, tenemos derecho a tratarlos con desprecio y desdén. Nos hace olvidar que todos somos seres humanos, con los mismos derechos y dignidad, independientemente de nuestra raza, religión o nacionalidad.

Por eso, la lucha contra la xenofobia es una lucha por la justicia y la igualdad. Es una lucha por el respeto a la diversidad y por la construcción de una sociedad más inclusiva y solidaria.

Solo cuando seamos capaces de reconocer la humanidad en los demás, de respetar su dignidad y su derecho a ser tratados con igualdad y justicia, podremos superar la desgracia de la xenofobia y construir un mundo mejor para todos.

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En esa perspectiva, conviene que decante el sistema político en general, luego de tantas crisis, que haya tiempo para que se inscriban quienes quieran inscribirse, que haya espacio para que se conformen alianzas maduras y consolidadas, que se abra una línea de morigeración de los ánimos caldeados de un sector significativo de la ciudadanía (que la gente vaya a votar con cólera o frustración ya ha demostrado no ser lo mejor).

Para que ello suceda, lo ideal es que Dina Boluarte gobierne hasta el 2026, que se complete el mandato constitucional y que en ese año, vayamos a elecciones sin sobresaltos ni turbulencias. Ojalá no haya imprevistos (escándalos de corrupción o rebrote de la conflictividad social) que hagan volar por los aires el tablero político nacional y que empecemos a recuperar la tranquilidad institucional que se necesita para que las fuerzas del mercado cambien su perspectiva del país y se regenere el círculo virtuoso de inversión, generación de empleo y reducción de la pobreza.

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La seguridad ciudadana es fundamental para la democracia ya que permite a los ciudadanos ejercer sus derechos y libertades de manera efectiva y pacífica. La prevención del delito y la violencia garantiza la estabilidad social, el respeto al Estado de derecho y la confianza en las instituciones democráticas.

Súmele uno pésima salud pública, mediocre educación estatal y corrupción generalizada a un estado absoluto de inseguridad y entenderá por qué los gobiernos en el Perú son rápidamente desaprobados.

La del estribo: imprescindible el enjundioso último libro de Fernando Tuesta Soldevilla, La reforma política, ideas y debates para un mejor gobierno, que publica la editorial Debate. Incluye reflexiones sobre la reforma política del último quinquenio, el sistema de partidos, el sistema electoral, el de gobierno, el Parlamento, el financiamiento de la política y los mecanismos de democracia directa.

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