Informes

Los estudiantes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) están en vilo. La casa de estudios enfrenta un proceso de liquidación y no está asegurada la continuidad de las clases para miles de estudiantes. La misma Sunedu les ha dado la espalda, aunque lo niegan. El pasado 31 de agosto acudieron al Poder Judicial en busca de un salvavidas.

La decisión de liquidar la universidad se tomó debido a cinco años seguidos de pérdidas, según se puede ver en sus estados financieros. A fines de 2019, la Sunedu había sancionado a la UIGV por infracciones muy graves debido al mal uso de excedentes de la universidad por más de S/77 millones y de los activos de la universidad para fines no académicos, además del incumplimiento de la Ley Universitaria. La superintendencia terminó negándole la licencia a esta casa de estudios

En ese momento, el rector era Luis Cervantes Liñán, que ocupó el cargo por más de 15 años y tenía un poder casi absoluto sobre la administración de esta casa de estudios. «Ganaba ocho veces más que el rector del MIT y como 10 veces lo que percibe el rector de Harvard. Se le acusó de al menos seis delitos, como apropiación ilícita, asociación ilícita para delinquir, estafa, lavado de activos, entre otros. En ese entonces, el Estado había dejado de percibir al menos S/47 millones por defraudación tributaria”, dice a Sudaca Daniel Mora, excongresista que investigó la corrupción en la UIGV.

Las millonarias multas hicieron que la gestión de la UIGV sea inviable y se sumaron acreedores que exigían el pago de millonarias deudas. De acuerdo a la última resolución publicada por Indecopi, los principales son la Sunedu con S/10.5 millones (46.8%), Prima AFP (28%), Hewlett Packard (9.8%) y sus trabajadores (7.1%), de un total de más de 400 afectados.

El pasado 28 de junio, finalmente, los acreedores y la empresa Gestión Económica acordaron la liquidación de la universidad, un proceso que debe ejecutarse en el plazo de un año. Esto porque el convenio entre ambas partes reconoce que no se puede interrumpir unilateralmente las clases.

El convenio señala, además, que se establecerán los mecanismos de continuidad de los estudios, ya sea en la misma universidad o en otra que los reciba, por lo que la empresa liquidadora «realizará el costeo del traslado de los estudiantes a las universidades receptoras». Los alumnos, sin embargo, viven un presente bastante gris.

FUTURO INCIERTO

El caos ha hecho que algunos estudiantes preocupados por el futuro se organicen en la Federación Comunidad Garcilasina, presidida por Sonia Negreiros, una estudiante de Estomatología que cursa el 10 ciclo.

Los estudiantes -dice la representante estudiantil- vinieron estudiando con normalidad hasta fines de 2019, luego vino la pandemia y en muchas carreras no se permitió la matrícula a todos los cursos. El inicio del semestre debió empezar en agosto, pero no han podido porque el rectorado, designado por la empresa liquidadora, aún no determina el reinicio de clases. Según Negreiros, en una reunión con la empresa liquidadora se les comunicó que eran cerca de 12.000 alumnos los que podrían perjudicarse con toda esta situación.

En un comunicado del 25 de septiembre, Patricia Concha, gerente general de Gestión Económica, les dijo que estaban atados de manos porque las autoridades salientes «han hecho caso omiso y no han cumplido con entregar el acervo documentario, bienes muebles e inmuebles de la UIGV, hecho que perjudica directamente la prestación del servicio educativo».

Negreiros asegura, además, que se han cesado decenas de trabajadores de la universidad como parte del proceso de liquidación. “La Ley Universitaria indica que el nombramiento de las autoridades se hace en base [lo dispone el] al Consejo Universitario, pero han destituido a estos y han enviado carta de cese a los docentes ordinarios, que son constituyentes [miembros] de la Asamblea Universitaria”, explica Negreiros a Sudaca.

Cabe precisar que con el nuevo reglamento de la universidad, los órganos de gobierno son la Asamblea General de Asociados, a cargo de la Junta de Acreedores; y la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario, ambos a cargo de la liquidadora.

Los estudiantes han tocado la puerta de la Sunedu en varias oportunidades en busca de ayuda. En febrero de 2021, más de 200 estudiantes le indicaron a la superintendencia que no podían obtener el registro de sus títulos, de acuerdo a una nota de prensa de la entidad. El escollo era Cervantes Liñán, cuya designación no cumplía los requisitos de ley, por lo que no podía registrar más de 2.000 títulos. Con el ingreso de la empresa liquidadora a la administración de la universidad, Cervantes fue destituido a inicios de este mes.

En julio pasado, además, la federación que comanda Negreiros denunció ante la Sunedu que no se habían programado matrículas para el ciclo regular 2021-I a excepción de los de último año debido a que «no había docentes que lo dicten».

Señalaban que la transferencia de alumnos a otras universidades podría perjudicar hasta con dos años académicos no reconocidos. La denuncia también apuntaba que los egresados entre 2019 y 2020 no podían solicitar su diploma de bachiller ya que no había atención administrativa o esta era muy deficiente, pese -aseguran- a haber cumplido con sus pagos.

A fines de octubre, Sunedu les respondió y les dio apenas dos días hábiles para que adjunten una serie de documentos que respaldaran las denuncias, aun -según Negreiros- habiéndolos adjuntado desde el inicio del proceso. Les fue imposible. Hace unos días, la entidad le respondió a los alumnos que «habiendo vencido en exceso el plazo otorgado de fecha límite el 12 de octubre, no se atendió el requerimiento efectuado, por lo que, corresponde disponer el archivo de la denuncia». La respuesta les fue enviada el 26 de octubre, aunque el documento tiene fecha de 19 de octubre. En otras palabras, tiraron al tacho sus demandas.

Desde Sunedu niegan esta versión y señalan que Negreiros presentó una denuncia solicitando 7 puntos, de los cuales se le pidió que se subsane en tres y se reiteró lo mismo mediante una carta. Al no obtener respuesta, se archivó la denuncia, aunque con la posibilidad de volver a presentar evidencia posteriormente.

“La Sunedu podría contratar a profesores y administrativos para reiniciar las clases, pero quieren que los alumnos se cansen. Casi el 70% se han quedado en el aire y apenas un grupito ha podido matricularse”, cuenta Negreiros.

“[La Sunedu] tiene un área de supervisión para ver los títulos, pero luego de varios meses me piden que adjunte todos los actuados en la denuncia, evidencias de pagos que hemos realizado con dos días de plazo de vencimiento. Piensan que soy una abogada para acopiar todo eso”, agrega.

En la Sunedu explican que la responsabilidad recae en la liquidadora. Una fuente de la superintendencia consultada para este informe señala que la responsabilidad de la gestión de la universidad está a cargo de esa empresa, ya que -como acreedora- la entidad no puede ser juez y parte sobre la supervisión de la UIGV.

Los estudiantes también han intentado acercarse al nuevo rector, Julio César Villar Castillo. “Le hemos enviado una carta notarial y una persona cercana a él nos dijo que ya nos iba a contestar. Por ahora ya hay rumores de que están cotizando los locales más costosos que son las facultades de Estomatología, Derecho e Ingeniería”, dice una agobiada Negreiros.

En una reunión realizada el día de ayer entre Sunedu, algunos representantes de la universidad y empresa liquidadora, esta última informó que se está dialogando con universidades para la suscripción de convenios, pero aún sin formalizar ello y sin dar mayores detalles.

Sudaca buscó comunicarse en reiteradas veces con la liquidadora sin éxito. La Sunedu le ha otorgado a la universidad un plazo para que cese sus actividades hasta marzo del 2023. Por ahora, el 18 de octubre, el Poder Judicial admitió una demanda de acción de amparo interpuesta por los estudiantes que buscan el reinicio de todas las actividades académicas. Mientras tanto, viven con el miedo de no saber en qué han invertido sus años de juventud.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo.

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SUNEDU, uigv, universidades

Luego del escándalo mediático que generó un fallo del Indecopi sobre ‘Bimbo’, Julián Palacín Gutiérrez, flamante presidente ejecutivo de la entidad, aprovechó los reflectores para sacudirse de los cuestionamientos. El abogado anunció una limpieza sistemática, supuestamente de la mano de la Contraloría, para acabar con posibles conflictos de intereses entre los tribunos de la entidad.

Sin embargo, un mes antes de la llegada de Palacín, en agosto pasado, la gestión que lo antecedió ya había terminado un informe sobre la materia con el objetivo de hacer una reforma. Este documento escudriña las declaraciones juradas de todas las personas que integran las salas y comisiones del Indecopi, encargadas de resolver las denuncias de los consumidores. El resultado es un detallado análisis de sus vínculos con empresas y estudios de abogados.

Ese mismo mes, Hania Pérez de Cuellar, la entonces mandamás de la institución, se había presentado en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso y había expuesto la necesidad de reformar estos “órganos resolutivos” para evitar los conflictos de intereses. El gran impedimento, apuntó, era el presupuesto. Algo similar le dijo a Sudaca, en esta entrevista.

Sudaca accedió al documento,  donde se destacan cifras para estar alerta. Entre los 23 vocales que conforman las cinco salas –que funcionan como segunda instancia–, 19 tienen vínculos con el sector privado, lo que representa el 82.6% del total. En el caso de los vocales de la Sala Especializada en Protección del Consumidor, el 100% está relacionado a alguna empresa. 

En cuanto a los comisionados, que evalúan los casos en primera instancia, de los 52 que hay, 25 están relacionados a alguna empresa o estudio de abogados, lo que significa que el 48% está relacionado al sector privado. Palacín extendió erróneamente este dato también a los vocales en una entrevista con La República. Se entiende, porque el informe no es de su gestión. 

Y hay comisiones, como la de Fiscalización de la Competencia Desleal y Protección del Consumidor N° 1, por ejemplo, donde más del 75% de sus miembros tienen vínculos con empresas.

 

Hoteles, malls y estudios jurídicos

En el documento destacan Oswaldo del Carmen Hundskopf Exebio, vocal de la Sala Especializada en Protección del Consumidor, y José Enrique Benjamín Palma Navea, vocal de la Sala Especializada en Procedimientos Concursales (SCO). Ambos son los que mayor cantidad de vínculos tienen con el sector privado: seis cada uno.

Hundskopf, que ocupa el cargo en Indecopi desde junio del 2018, dirige su propio estudio, SHV Abogados, desde hace más de 20 años. Ahí brinda consultorías en áreas como derecho administrativo, pesquero, procesal, laboral, corporativo y arbitral. 

A pesar de que varios de esos ámbitos se tratan en Indecopi, Hundskopf asegura que en su estudio “no acepta jamás” casos que puedan llegar a la entidad. “Conozco Indecopi desde el inicio porque he tenido vínculos con varios gobiernos, pero nunca he desempeñado cargos políticos”, asegura a Sudaca.

INDECOPI-INFOGRAFÍA
Los vínculos con el sector privado de los cuatro tribunos de Indecopi que Sudaca destaca en este informe.

El abogado sí ha dejado entrever en qué círculo se mueve. En julio del año pasado, cuando el fiscal José Domingo Pérez pidió la suspensión de las actividades políticas de Fuerza Popular, el vocal de Indecopi firmó un comunicado promovido por el aprista Jorge Del Castillo en oposición a esta medida. Otros que suscribían el documento fueron Lourdes Flores Nano, Ántero Flores Araoz y Juan Sheput. 

Hundskopf también es exdecano de la facultad de Derecho de la Universidad de Lima y árbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Cámara de Comercio Americana del Perú, la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. «Ahorita tengo 46 arbitrajes en proceso. En ninguno hay incompatibilidad. Si en Indecopi tengo algún tema que de alguna forma involucra, por ejemplo, a la Universidad de Lima, me abstengo», dice.

El informe también señala que Hundskopf tiene el albaceazgo –es decir, vela por el cumplimiento de un testamento– de Michael Maurice Debakey Cooper, un empresario dedicado al sector turismo que tiene un hotel en Iquitos y una urbanización en Lurín. 

José Enrique Palma, por su parte, es asesor del Hotel Naymlap Inn, ubicado en San Isidro. Lo más llamativo de su hoja de vida, sin embargo, es su vínculo con centros comerciales. El miembro de la Sala Especializada en Procedimientos Concursales (SCO) brinda servicios legales al Jockey Plaza Shopping Center desde el 2014, mismo año en el que pasó a formar parte de esta sala, según su declaración jurada de intereses. Además, también aconseja a la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), que agrupa a Plaza San Miguel y el Real Plaza. 

Como Hundskopf, Palma también es árbitro de la Cámara de Comercio de Lima y tiene su propio estudio: el Arróspide & Palma Abogados, que desde el 2014 ofrece servicios en áreas que competen al Indecopi, como gestión de intereses y patrimonios privados, y asuntos corporativos, de acuerdo a su LinkedIn.

Palma es doctor en Derecho por la Universidad San Marcos. Desde el 2017, también es consultor del estudio Vidal Quino & Polack Abogados y asesor legal de Asesorandes, una “sofisticada boutique financiera” que realiza consultorías en los sectores financiero, inmobiliario y, cómo no, a centros comerciales. Algunos de sus principales trabajos en los últimos años han sido asesorías en el desarrollo de hoteles en Paracas y un centro comercial frente al Golf Los Inkas.

Vocales como Hundskopf y Palma cobran S/800 por sesión –cada una suele durar entre dos y tres horas– y pueden reunirse unas 10 veces al mes. Lo que, restándole los impuestos, podría generar un ingreso de S/730 soles por sesión, es decir, unos S/7.300 soles mensuales. Incluso si se abstienen en un caso, ya que suelen ver más de un asunto en una sola sesión.

 

La abstención como problema

La abstención es la carta en mano que todo vocal y comisionado del Indecopi tiene para evitar que se materialicen posibles conflictos de intereses. Así evitan participar en procesos donde, por diferentes motivos, no puedan mantener su imparcialidad. Es lo que debió hacer Silvia Hooker, vocal de la sala que favoreció a Bimbo. Hooker es gerente de Asuntos Internacionales de la Sociedad Nacional de Industrias, que tiene a la empresa panificadora como uno de sus agremiados.

Hundskopf, por ejemplo, se ha abstenido 65 veces entre 2018 y julio de este año; Palma lo hizo en 19 ocasiones entre el 2018 y el 2020. Según el informe de la gestión Pérez de Cuellar, sin embargo, estas abstenciones generan otro tipo de problemas que se suman a los potenciales conflictos de intereses: un enorme retraso en las resoluciones y el incremento del presupuesto, porque deben pagarle al vocal que se abstuvo y al suplente que lo reemplazará.

Desde el 2018, por ejemplo, Javier Eduardo Raymundo Villa García Vargas, presidente de la Sala Especializada en Protección del Consumidor (SPC), ha preferido no votar en 653 ocasiones. Es el que más abstenciones ha tenido en los últimos años. 

En respuesta a Sudaca Villa García asegura que se abstuvo en los casos que, de acuerdo a ley, correspondía hacerlo. Además, asegura que desde que forma parte de la sala ha resuelto “aproximadamente 12.100 casos” y que sus abstenciones representan solo el 5% de ese total. 

Una explicación para números tan grandes es, precisamente, sus vínculos con el sector privado, que incluyen empresas mineras y un estudio de abogados con una clientela abultada. Al menos hasta noviembre del 2020, según su declaración jurada, el presidente de la sala de protección al consumidor llevaba más de una década como apoderado de la Compañía de Minas Buenaventura, la minera de Roque Benavides dedicada a la extracción de oro, plata y cobre. Además, es accionista minoritario de la Minera Poderosa, que extrae oro en Trujillo. Y, como los casos anteriores, también es árbitro de la Cámara de Comercio de Lima. 

Sobre su interés minero, el letrado respondió a Sudaca que en su sala no ven casos relacionadas a ese sector y, puntualmente en el caso de Minera Poderosa, donde es accionista, dice que sus valores “corresponden a un ahorro de hace más de 10 años y representan el 0.0001% del accionariado total de la empresa”. 

Villa García también es socio del prestigioso Estudio Aurelio García Sayán, como consta en su página web. Este grupo tiene una lista interminable de clientes que litigan en Indecopi como Alicorp y el Banco de Crédito del Perú. Como no podía ser de otra forma, también asesoran a minas como la ya mencionada Buenaventura, Yanacocha, Volcan y Southern Peaks Mining.

Otro funcionario de Indecopi que se ha visto obligado a abstenerse en reiteradas oportunidades por sus vínculos con el sector privado es Tommy Ricker Deza Sandoval. El letrado es presidente de la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 (CC2) desde inicios de año.

Según el informe elaborado por la gestión de Pérez de Cuéllar, Deza aumentó sus abstenciones notoriamente este año. El comisionado se ha abstenido en 95 ocasiones hasta finales de junio. Entre el 2018 y 2020 solo lo hizo en cuatro oportunidades, de acuerdo al mismo documento.

¿La razón? El mismo abogado lo explica. “Sí. Es cierto, lo digo de manera transparente, me he abstenido en algunos casos porque en febrero de este año me he afiliado a un estudio privado como jefe del área de derecho administrativo”, dice Deza a Sudaca. Asegura que no fueron tantas abstenciones, aunque dice no recordar la cifra, y que comunicó con antelación a Indecopi su incorporación a su nuevo trabajo.

El comisionado forma parte del renombrado Estudio Diez Canseco & Venero Abogados desde febrero de este año, poco después de asumir la presidencia de su comisión. Esta firma brinda servicios, justamente, en protección de los derechos del consumidor –el área que atiende Deza en Indecopi– aunque él afirma que acordó en su contrato  “no ver absolutamente nada” que pueda terminar en la entidad.

Lo cierto es que el estudio hace alarde en su sitio web de que algunos de sus miembros “se han desempeñado como funcionarios” precisamente en Indecopi. Curioso, porque en la biografía de Deza, no mencionan que actualmente ejerce como presidente de comisión en esa institución. Según fuentes del Indecopi, presidentes de comisiones como él y Villa García cobran más que sus comisionados, así se abstengan: S/600 por sesión, frente a S/400. 

Los personajes retratados en este informe son solo una pequeña muestra de las relaciones que tienen los tribunos de Indecopi con el sector privado. Otros casos resaltantes son Orlando Vignolo Cueva, asociado a los estudios Garrigues, Vignolo & Reyes Arrese Abogados y las empresas Fresol Group, dedicada al cultivo de cereales, y Telefónica; y Fernando Raventos Marcos, vinculado a los estudios Lex Asesores e Intellectual Mix y la empresa Shohin, que brinda servicios de almacenamiento y depósito. 

También aparecen Jessica Valdivia Amayo, relacionada con las empresas financieras Inversiones Berval y Entelin International Holding; y la minera aurífera Caribbean Goldfields Perú, además del estudio Arbe Abogados; José Antonio Corrales Gonzales, vinculado a los estudios Marcionelli Abogados, Balbi Consultores Asociados, Delrot y a la empresa Consejeros y Corredores de Seguros, que da asesorías en asuntos financieros; entre otros funcionarios.

Sudaca intentó comunicarse con el funcionario José Enrique Palma Navea mediante su estudio de abogados, pero al cierre de edición no tuvimos respuesta. 

 

**Fotoportada e infografía por Darlen Leonardo

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“Si sigue con la misma política [del exministro Juan Cadillo], pediremos la reorientación del ministerio y, en ese camino de reorientación, tiene que salir”, asegura a Sudaca el secretario general de la Fenate-Perú, Segundo Vásquez. Se refiere al actual ministro de Educación Carlos Gallardo, excompañero de luchas de este gremio.

El titular del Ministerio de Educación (Minedu) no la va a tener nada fácil con la Fenate-Perú. Si pensó que iba a calmar las aguas con su reciente anuncio de que se nombrarán (entrarán a planilla) profesores que “durante años” han venido siendo evaluados, se equivocó. 

Los anuncios realizados ayer por el ministro de Educación, Carlos Gallardo, en conferencia de prensa, no han caído nada bien en la Fenate.

“En el Perú, para el nombramiento, se presentan 220.000 maestros. A todos no se les puede nombrar, tienen que ser a aquellos que reúnan las competencias profesionales para el ejercicio de una docencia de calidad”, declaró ayer Gallardo durante una conferencia de prensa. Y agregó: “Vamos a avanzar con una disposición […] para que quienes han pasado decenas de evaluaciones ya sean nombrados”.

El anuncio no ha caído bien en el sindicato que hizo conocido al presidente Castillo tras la huelga de 2017. Ellos demandan el nombramiento de los profesores contratados bajo la ley N°30328 -régimen parecido al CAS-, que tengan tres o más años en el sector. No solo de algunos que hayan pasado “decenas” de evaluaciones, como ha anunciado ayer Gallardo, que entienden que son los que tienen 10 años con contrato y no menos. La propuesta de Gallardo, para la Fenate, solo beneficiaría a 20 mil docentes. 

La Fenate-Perú calcula que son 100.000 profesores los que deberían ser pasados a planilla. Según cifras del gremio, hay alrededor de 350.000 ya nombrados, pero las cifras del Minedu indican que son 405.000. Una diferencia que seguro también será materia de discusiones entre la cartera que dirige Gallardo y los sindicalistas.

Otra demanda de la Fenate-Perú es la suspensión de las evaluaciones a los profesores que está programada para el próximo 13 de noviembre. También buscan el cambio del enfoque de género por el “enfoque científico” en el modelo educativo que se implementará con el nuevo currículo escolar, tal como informamos en mayo. La posición de la Fenate-Perú está plasmada en su “plan de reorientación”.

“El currículo debería tener vigencia a partir del próximo año -señala Vásquez- con la participación de padres de familia, alumnos de secundaria, alumnos de institutos y de universidades, y catedráticos”. Y añade: “Nosotros queremos una educación científica: un enfoque científico, democrático, tecnológico, humanista, porque esta educación de ahora ha descuidado la formación de valores. La cuestión de género hay que tomarlo como algo natural y no darle mayor importancia”.

El dirigente de la Fenate dice que, como las evaluaciones a los docentes “están a la vuelta de la esquina” y el ministro aún no los recibe, van a movilizarse. Aunque siguen apostando por un diálogo que hasta ahora no se da. 

La amenaza no debería ser pasada por alto. La Fenate-Perú impulsó la salida de Juan Cadillo a inicios de este mes. El gremio pidió su renuncia al presidente Pedro Castillo el 1 de octubre, en una reunión que sostuvieron en Palacio de Gobierno, tal como informó Sudaca. Vásquez explicó que pidió la salida de Cadillo porque se negó “a reorientar el Minedu».

“Tarde o temprano tenía que darse [mi salida]. Yo tenía como meta, por lo menos, llegar a diciembre”, cuenta a Sudaca el exministro de Educación, Juan Cadillo, al recordar la forma en la que fue removido del cargo, el 6 octubre. Fue a través de un mensaje por Whatsapp enviado por el presidente Castillo. El exministro dice que el mandatario no le dio los motivos en el mensaje.  

Cadillo señala que los dirigentes de la Fenate-Perú “siempre se opusieron” a su nombramiento. “El sindicato expresó su malestar porque no quería que yo fuera ministro. En el equipo hablábamos que, si llegábamos a diciembre, iba a ser algo increíble”, dice.

Segundo Vásquez, por su parte, recuerda que en una reunión que tuvieron con Juan Cadillo -antes de que sea ministro- le manifestaron que el plan que tenía no favorecía a la educación nacional. “[Cadillo] sabía que íbamos a presionar, necesariamente [para su salida]“, añade.

Vásquez apunta ahora su artillería contra Gallardo y señala que, si viene actuando como hasta ahora, “no durará” en el cargo como su antecesor. “Nosotros, en nuestra huelga [del 2017] hemos traído abajo un Gabinete y lo menos [difícil] será el ministro del área”, asegura. Vásquez alude al cambio de Gabinete de setiembre de aquel año, en el que Mercedes Aráoz entró en reemplazo de Fernando Zavala.

En la Fenate están disgustados con Gallardo porque, según ellos, viene “ignorándolos”. El sindicato que fundó Pedro Castillo reclama por una fecha para que su gremio pueda reunirse con el ministro y hacerle llegar su ya mencionado “plan de reorientación”. “La secretaria de oficina de diálogo [del Minedu] nos ha dicho que estamos a la espera y primeros en la fila, pero, como buen peruano, el ministro desconoce la cola y está pasando a sus amigos [a su oficina]”, señala.

Vásquez sostiene que lo que le interesa a la Fenate-Perú “es el cambio de la política educativa”. “Y, si va a seguir con lo mismo del señor Cadillo y si es cierto que no va a cambiar, tendrá que irse el señor”, añade. Se refiere a Gallardo. 

 

TUMBARSE AL SUTEP

Con quienes sí se ha reunido Gallardo ha sido con el bloque magisterial de la bancada de Perú Libre. Un día después del nombramiento en el Minedu, el pasado 7 de octubre, el ministro de Educación recibió en su despacho a los congresistas Fernando Herrera [quien falleció hace algunos días], Edgar Tello, Álex Paredes, Katy Ugarte, Germán Tacuri, Paul Gutiérrez y Elizabeth Medina.

La Fenate-Perú ha pedido la nulidad de la inscripción del Sutep. Quiere ser el único sindicato de los maestros.

 

La congresista Katy Ugarte cuenta a Sudaca que le pidieron al ministro que el sueldo de los profesores no sea menor a 1 UIT (que actualmente es de S/4.400), que implemente el servicio de internet en todos los colegios donde se realizan las clases semopresenciales, que cumpla con la entrega de laptops para alumnos y docentes, y la recuperación en el currículo escolar de cursos sacados como Educación Cívica, Economía, Filosofía e Historia del Perú (que ahora está incluido en el curso de Ciudadanía y Ciencias Sociales). 

Segundo Vásquez dice que esa cita no fue coordinada con su sindicato. “Tenemos escasas coordinaciones con la ‘bancada magisterial’”, señala.

Mientras esperan por una cita con Gallardo, en la Fenate-Perú ya se están llevando a cabo otros planes que apuntan a dejarlos como únicos representantes de los profesores a nivel nacional. El pasado 21 de octubre, el gremio envió a la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, un documento pidiendo la nulidad de la inscripción del Sutep. “Le hemos pedido a la ministra de Trabajo que anule la inscripción del Sutep porque no cumple con los requisitos que le dieron en su inscripción, en 1984”, señala Vásquez.

“En la misma resolución le recomiendan que tiene que adecuar su estructura a una categoría de gremio nacional [con dos gremios regionales inscritos en el Registro de Organizaciones Sindical del Ministerio de Trabajo, ROS] y no lo ha hecho. En 1995 le reiteran y tampoco lo ha hecho”, agrega. 

El secretario general del Sutep, Lucio Castro, asegura a Sudaca que el artículo 57 de la ley Servir, que exige como mínimo tener dos gremios regionales inscritos en el ROS, no se puede aplicar porque es posterior a la creación de su sindicato. “La ley no es retroactiva, pero sí se le puede aplicar a la Fenate-Perú porque nació en el 2017. Esto es un tema político”, dice el dirigente, que no cree que el pedido de la Fenate prospere “porque sería algo injusto e ilegal”. Por el momento, el Sutep ya hizo sus descargos ante el Ministerio de Trabajo.

Del Sutep al Ministerio de … by Juan C Chamorro

El Sutep ha solicitado al Ministerio de Trabajo la nulidad de la inscripción de la Fenate por haber recibido supuestamente ayuda del gobierno.

De la misma forma, el 31 de agosto, el Sutep también pidió la nulidad de la inscripción de la Fenate por el presunto favoritismo de parte del entonces ministro de Trabajo, Iber Maraví, en su inscripción. “Él [Maraví] fue juez y parte”, apunta Castro, y recuerda que el presidente Castillo también fue parte de ese gremio.

El ministro Carlos Gallardo, que fue la inspiración del escritor Oswaldo Reynoso para crear el personaje ‘Cara de Ángel’, protagonista del célebre libro ‘Los Inocentes’, puede estar con las horas contadas en el Minedu.

Lucio Castro señala que, a fines de noviembre, tal como lo exige la ley de negociación colectiva, vence el plazo para que los sindicatos puedan demostrar quién tiene más afiliados. “Allí se verá cuál es el sindicato que tiene mayor representatividad”, añade. Castro dice no tener problema de que ambos gremios puedan convivir en el sector educación, ya que los profesores “elegirán a qué sindicato afiliarse”. La convivencia, sin embargo, promete  conatos de bronca.

(*) Fotoportada del reportaje: Darlen Leonardo

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Evo Morales ejerce de mediador en la política peruana. El 22 de octubre pasado un grupo de izquierdistas le pidió al expresidente de Bolivia tender puentes entre el presidente Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, distanciados en este momento por pugnas internas. El boliviano aceptó de buena gana la misión, aseguran a Sudaca dos testigos directos de la conversación. El encuentro privado se realizó en la tarde, en el piso 14 del hotel Fiesta Americana, en Ciudad de México. Fue en medio de un foro político internacional organizado por el Partido del Trabajo del país azteca. 

La delegación peruana estuvo representada por diez personas, entre ellas la congresista de Perú Libre, Silvana Robles; Leonel Falcón, del Partido Humanista; y la exministra de la Mujer y representante del Partido Socialista, Aída García Naranjo. Los peruanos, aprovechando un receso en el seminario, pidieron la cita con Morales. “Le sugerimos [a Evo Morales] que levante el teléfono, converse con Castillo y Cerrón y busque limar asperezas. Porque, al final de cuentas, Perú Libre ha ganado la elección y Castillo es militante de Perú Libre. Evo se comprometió a ser un interlocutor válido”, dice una de las fuentes, que pidió reserva de su identidad. 

“Se ha expresado una profunda preocupación por la situación de Perú y, particularmente, por la ofensiva que existe frente al presidente Castillo y la demanda de la vacancia presidencial de grupos conservadores y fundamentalistas”, acepta a Sudaca, por su parte, García Naranjo. Sobre el pedido de mediación a Evo Morales, añade: “Me reservo la información de esa reunión”.

Evo Morales - Mexico
22 de octubre. Una delegación peruana de izquierda se reunió en México con el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Ahí se le pidió mediar entre Vladimir Cerrón y Pedro Castillo.

El líder boliviano ha visitado el Perú en tres oportunidades desde que Castillo asumió el poder. Incluso, su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), tiene una filial en Cusco, según un reportaje del programa “Panorama”.

De acuerdo a las fuentes, Morales ofreció a la delegación peruana en México llamar a Castillo y Cerrón el domingo 24, un día antes de que la primera ministra, Mirtha Vásquez, pidiese el voto de confianza al Congreso. Y, precisamente, cuando soplan vientos de fractura en la bancada oficialista.

En el evento en México, los asistentes firmaron un comunicado de respaldo a Vladimir Cerrón y con un ataque velado a la jefa del Gabinete. Adolfo Mendoza, representante del MAS, fue uno de los adherentes. “En el Perú se busca separar al partido Perú Libre que llevó a la presidencia a Pedro Castillo con la finalidad de aislarlo y someterlo a una ‘Hoja de Ruta’  que no se cambie las políticas neoliberales, contratos lesivos y privilegios de monopolios, grupos económicos y transnacionales”, dice el documento.

La eventual mediación de Morales aún no surtió efecto. Cerrón y el ala dura del lápiz siguieron enfilando sus baterías contra Mirtha Vásquez en la sesión del Pleno.

“He estado en Cajamarca, donde los cajamarquinos me han dicho […] que los hermanos campesinos que eran defendidos por la primera ministra aún siguen con su proceso y, sin embargo, la ONG que los ha defendido ha cobrado más de S/30 mil. Eso no da confianza”, dijo en el debate el exprimer ministro y congresista de Perú Libre, Guido Bellido. El legislador hacía referencia en su ataque al organismo no gubernamental Grufides, en el que Vásquez fue directora. 

Ese mismo día, Waldemar Cerrón, el vocero del ala dura y hermano de Vladimir, comparó en un tuit a la premier con una “loba”, que sometió a 17 parlamentarios del bloque moderado de la bancada -a los que llamó “corderos” y sin principios-  por recibirlos en la PCM. 

Mirtha Vásquez
La primera ministra Mirtha Vásquez, en su presentación en el Congreso para pedir el voto de confianza. Es blanco de los dardos del ala dura de Perú Libre. Foto: Andina.

El jefe del Estado y la primera ministra no han querido saber nada del bloque cerronista por sus posturas belicosas. El ala dura solicitó una reunión con el mandatario el pasado viernes 22, pero Castillo nunca respondió a la petición. “Se pidió la reunión, pero no ha habido respuesta. Si tiene interés por nosotros, nos convocará”, dice el parlamentario de Perú Libre -leal a Cerrón- Alfredo Pariona. 

Vásquez ha intentado marcar su terreno en el Ejecutivo y distanciarse de los radicales. La primera ministra, en ese sentido,  bloqueó el nombramiento de Ricardo Belmont como asesor, de acuerdo a fuentes cercanas a la premier. A Castillo, Belmont le había dicho en sus redes sociales que iba a “terminar en la cárcel” y a Vásquez la tachó de “caviar”. Además, en la PCM aseguran que Belmont hubiese sido “incontrolable” y una “fuente permanente de conflictos”. 

Vásquez, en cambio, no pudo convencer a Castillo para remover al ministro del Interior, Luis Barranzuela, promovido por el legislador Guillermo Bermejo. Según dos fuentes cercanas a la primera ministra, ella pidió la salida de Barranzuela porque lo considera un promotor indirecto del paro cocalero en Puno, al mostrarse en contra de la erradicación de la hoja de coca. 

Vásquez, tras conversar con los dirigentes cocaleros de Puno, logró que levantasen la protesta iniciada el 12 de octubre. En las negociaciones no estuvo Barranzuela. “La primera ministra no va a aceptar cambios en el Gabinete por cuestiones ideológicas. Ella ve la idoneidad de las personas y, en ese sentido, tenía preocupación por el ministro Barranzuela”, dice una fuente cercana a la premier. 

Luis Barranzuela
Luis Barranzuela Vite, ministro del Interior, logró mantenerse en el cargo pese a los cuestionamientos. Foto: Ministerio del Interior.

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, agrega que la posición que adoptó el Parlamento, de regular a rajatabla la cuestión de confianza, restó credibilidad a la oposición, que pide la cabeza del titular del Interior. 

“No creo que el Ejecutivo tome una decisión en base a las críticas del Congreso. ¿Qué autoridad moral tiene el Congreso para criticar a Barranzuela si acaba de violar, flagrantemente, la Constitución? Los violadores de la Constitución no pueden cuestionar a otros personajes. Se ha debilitado totalmente la posición del Congreso con relación al ministro que usted menciona. El Ejecutivo ha hecho todos los esfuerzos para suprimir el ruido político. Lo máximo que hizo fue recomponer el Gabinete. Y el gobierno recibió como respuesta una puñalada por la espalda con la modificación de la cuestión de confianza, dejando intacta la vacancia presidencial”, dice Torres a Sudaca. 

“Ellos [los de la oposición] están esperando el momento para ir por la vacancia presidencial por cualquier razón, con el pretexto de que hay incapacidad moral”, añade. 

En medio de estas pugnas, Evo Morales asoma como un posible facilitador del diálogo entre Castillo y Cerrón. El líder de Perú Libre, acorralado por investigaciones judiciales, parece estar buscando apoyo internacional. Por lo pronto, ha recibido una comunicación del expresidente de Ecuador, Rafael Correa. 

Sin embargo, un acercamiento entre Castillo y Cerrón se ve difícil en este momento, por los venenosos dardos que recibe la premier Mirtha Vásquez. Y eso, aunque el mediador sea un amigo en común, como Evo Morales.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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Evo Morales, Pedro Castillo, Vladimir Cerrón

En el Ministerio Público se libra una batalla sin cuartel. La razón: los fiscales José Domingo Pérez y Jesús Fernández Alarcón se están tirando la pelota sobre a quién le corresponde investigar a la exjueza María Zavala, actual miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en una pesquisa que salpica a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Ambos son fiscales que investigan casos emblemáticos de corrupción. Pérez en ‘Lava Jato’ y Fernández en la trama de los ‘Cuellos Blancos’. 

Según Pérez, el 2017 Zavala participó en un complot para apoyar a Fujimori “en sus investigaciones ante la Fiscalía”, junto a miembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y excongresistas de Fuerza Popular. Por eso, el 7 y el 9 de septiembre presentó dos quejas a su inmediato superior, la cabeza del Equipo Especial, Rafael Vela Barba. 

En sus quejas, Pérez acusa la “omisión” del fiscal Fernández al no investigar a María Zavala, quien también fue ministra de Justicia en el segundo gobierno aprista. Vela hizo suyo el reclamo y lo elevó al fiscal supremo Pablo Sánchez.

Pérez escrito
9 de septiembre. El fiscal José Domingo Pérez envía un documento al coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela Barba, en la que da cuenta de la “omisión” de su colega Jesús Fernández Alarcón para investigar a María Zavala.

José Domingo Pérez saltó hasta el techo luego de una entrevista concedida por Fernández a radio Exitosa, el pasado 31 de agosto. Allí Fernández justificó por qué Zavala no es investigada. “Para investigar y procesar a una persona tiene que haber una imputación concreta, más allá de la inconducta reprochable”, dijo. Y agregó que Zavala -en esa época- no era funcionaria pública y “por eso se derivó a la Fiscalía que investiga a Fuerza Popular”. Es decir, al despacho de Pérez.

UNA REUNIÓN SOSPECHOSA

¿Qué hizo  María Zavala para desatar un conflicto en el Ministerio Público? En septiembre del 2017, la exjueza participó en un almuerzo en el segundo piso del stud (la caballeriza) que tiene Óscar Peña, el llamado “rey de la pesca negra”, en el hipódromo de Monterrico. Peña fue bautizado así por operar con tres embarcaciones con medidas cautelares. Está prófugo de la justicia luego de ser condenado a cinco años de prisión por su participación en la venta de terrenos subvaluados en el fundo Oquendo, en el Callao. 

En el almuerzo participaron, además de Zavala, los entonces congresistas fujimoristas Rolando Reátegui y Úrsula Letona; Guido Águila,  expresidente del desaparecido CNM; y el operador montesinista Enrique Vidal. Todo esto, de acuerdo al testimonio de un colaborador eficaz.

La reunión, según el delator, tuvo como finalidad coordinar la destitución del consejero Baltazar Morales y reemplazarlo por su accesitaria, María Zavala, de acuerdo al mismo colaborador. “María Zavala fue citada por Guido Águila para definir el apoyo hacia ella de parte de Fuerza Popular”, dijo.

Al fujimorismo le interesaba copar el CNM para asegurarse el control del sistema de justicia, según una fuente del Equipo Especial. Por aquel entonces, en ese 2017, el fiscal José Domingo Pérez ya era un dolor de cabeza para los fujimoristas. Había iniciado una investigación contra Fuerza Popular y Keiko Fujimori por lavado de dinero. 

El consejero Baltazar Morales no estaba alineado con los intereses fujimoristas en el consejo, según el colaborador. “El interés de Guido Águila era tratar de cambiar a una persona en el CNM porque él no tenía la mayoría absoluta. Asimismo, [quería] ganar poder político y quedar bien con el partido de Keiko Fujimori”, añadió. 

Morales tenía en ese momento un flanco débil para explotar por sus adversarios. A la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, controlada por Fuerza Popular, llegó una denuncia contra él por haber contratado al novio de su hija como asesor. Una oportunidad de oro para aplicarle la guillotina.

Así que el almuerzo fue a todo dar. Óscar Peña llevó a su chofer y empleada doméstica, Miguel Honores Pérez y Diana Meza, respectivamente, para atender de la mejor manera a los comensales.

“En un momento determinado, el congresista [Rolando] Reátegui hacía consultas por teléfono con Keiko Fujimori, toda vez que luego del almuerzo mencionó ‘ya hablé con Keiko’. Asimismo, conversaba con la doctora Zavala e indicaba que este tema se iba a apoyar de forma inmediata en el Congreso para que se dé el reemplazo”, dijo el colaborador.

Keiko Fujimori y Reategui
Excongresista de Fuerza Popular, Rolando Reátegui, con Keiko Fujimori. Reátegui fue el interlocutor de la lideresa de Fuerza Popular en el almuerzo en el que participó María Zavala, según un colaborador. Foto: Andina.

Honores Pérez, el chofer de Óscar Peña, declaró en marzo de este año y corroboró la presencia de los participantes en el almuerzo. Y dijo que en el 2017 le entregó, en tres  oportunidades, US$30.000 a Guido Águila, el exhombre fuerte del Consejo Nacional de la Magistratura. No detalló el porqué. De acuerdo a fuentes del Ministerio Público, el testimonio del trabajador es clave para entender por qué en esa reunión no se había ido a hablar precisamente de hípica.

EL VERSUS

El presunto acuerdo para reemplazar a Baltazar Morales por María Zavala no llegó a concretarse ante el estallido del caso ‘Cuellos Blancos’, en julio del 2018. Zavala renunció a ser suplente de Morales y declaró a “IDL Reporteros” que “jamás he acordado nada” con los fujimoristas.

Pero el caso abrió grietas en la Fiscalía. El 25 de agosto de este año, el fiscal Jesús Fernández envió toda la información sobre la hoy integrante de la JNJ a José Domingo Pérez. El mensaje tácito era este: el asunto está en la cancha del Equipo Especial.

Fernández documento
25 de agosto. Documento enviado por el fiscal del caso Cuellos Blancos, Jesús Fernández Alarcón, a José Domingo Pérez, dando cuenta de la información sobre María Zavala, integrante de la Junta Nacional de Justicia.

El escrito provocó la fuerte reacción de Pérez. Él envió un escrito a su jefe, Rafael Vela, diciendo que el Equipo Especial carece de competencia para investigar a la exjueza y que esa chamba le corresponde a su colega Jesús Fernández. 

“Al Equipo Especial no le compete investigar a los funcionarios públicos vinculados al Ministerio Público, Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura ni a los particulares relacionados a la investigación de ‘Los Cuellos Blancos’”, redactó Pérez. 

“No es cierto que María Zavala Valladares sea ajena a los actos de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos’, más aún cuando el propio fiscal supremo Jesús Fernández señala su participación en la ilícita reunión en la caballeriza del Jockey Club”, agregó. 

La polémica entre Pérez y Fernández debería ser zanjada por el fiscal supremo Pablo Sánchez, coordinador del caso ‘Cuellos Blancos’ y al que Vela pidió tomar posición. El fuego cruzado sigue mientras tanto.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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Jesús Fernández Alarcón, José Domingo Pérez, Keiko Fujimori

Por Alessandro Azurín y Alba Ñaupas

La semana pasada Milagritos Pastor Cáceres, gerenta general de Indecopi, recibió en su despacho a tres conocidas comunicadoras. El lunes 18 la visitaron Raquel Palomino Zárate, exasesora de Fiorella Molinelli en EsSalud, y Rocío Marmanillo Gamarra, productora del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). Para la segunda cita, el pasado miércoles por la noche, se sumó a ambas visitantes Dayana Cieza, exreportera de Panorama.

Apenas al día siguiente, el jueves a las 9:30 de la mañana, el presidente ejecutivo del Indecopi, Julián Palacín Jr, le dio una entrevista a la periodista Alejandra Puente para el noticiero matutino de TV Perú. Esa aparición de Palacín en el canal de Estado desató una tormenta en el área de comunicaciones de la entidad. 

En un oficio interno remitido el mismo día, al que tuvo acceso Sudaca, Rubén Cano, hasta entonces jefe de la Oficina de Promoción y Difusión (OPD) del Indecopi, le informó a la gerencia general de la institución que ni él ni su equipo aprobaron o coordinaron dicha entrevista. Cano presentó su renuncia irrevocable e hizo hincapié en que se habían saltado el procedimiento interno para brindar entrevistas. Este medio se comunicó con el renunciante, pero prefirió no declarar.

Parte del oficio que dirigió Cano a Pastor informándole que no gestionó la entrevista de Palacín en TV Perú.

¿Quiénes entonces habían decido por él? Sudaca se comunicó con las tres asistentes al despacho de Pastor. “Me convocaron a una reunión en la que me ofrecieron el cargo de directora de comunicaciones [se refiere a la OPD], el cual he rechazado”, dijo Cieza. Rocío Marmanillo, sin embargo, dijo “no tener conocimiento” de aquel ofrecimiento. Lo mismo aseguró sobre las coordinaciones para la entrevista de Palacín en TV Perú. No quiso precisar para qué acudieron a la cita. 

Lo extraño es que Marmanillo es la productora del programa matinal que conduce Alejandra Puente en el canal del Estado. Y según Puente, fue Marmanillo quien “gestionó” la entrevista con Palacín. 

“Toda persona es libre de ir a cualquier institución”, responde Raquel Palomino y niega que en aquellas citas hayan coordinado la entrevista de Palacín en TV Perú. No da más detalles, pero asegura no tener interés en volver al sector público. “Ahorita estoy en el privado. No soy funcionaria pública hace tiempo y no estoy para serruchar el puesto a nadie”, señala.

La última reunión con Pastor, la noche previa a la entrevista de Palacín. Cieza dice que le ofrecieron el cargo de Cano. Otra de las asistentes, Rocío Marmanillo, dice no tener conocimiento de ello. Fuente: Registro de visitas de Indecopi.

Sudaca también contactó a Milagritos Pastor, la gerenta general, quien evitó pronunciarse sobre el tema por estar “atendiendo asuntos personales”.

 

Un pasado juntas

Pastor, Palomino y Cieza han coincidido antes en EsSalud. Las tres trabajaron el año pasado en la gestión de Fiorella Molinelli. Antes de ser gerente general de Indecopi, Pastor fue la jefa de la Oficina de Integridad del seguro social entre marzo y agosto del 2020, según su declaración jurada de intereses.

Cieza, por su parte, fue subgerente de Prensa, Comunicaciones Audiovisuales y Redes Sociales entre febrero y agosto de este año. Y Palomino trabajó como asesora de la entidad gracias a ocho órdenes de servicio que recibió entre mayo del 2020 y junio del 2021 por un monto de S/209.500.

En una nota de prensa del pasado 11 de agosto, el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú calificó a Palomino de “poderosa asesora de Molinelli” y exigió al nuevo presidente ejecutivo de EsSalud, Mario Carhuapoma, la remoción de varios funcionarios de su cargo, incluyendo a Cieza, al considerarlos parte de la cuota que Palomino dejó en la ORI. Sin embargo, la experiodista de Panorama ya había presentado su renuncia a EsSalud apenas asumió la nueva gestión, como ella misma le indicó a Sudaca. 

De acuerdo a una investigación del portal El Foco, durante el paso de Palomino como asesora en temas de comunicación de Molinelli, la ORI se convirtió en una agencia de empleos. El medio señala que el objetivo de EsSalud era mejorar su imagen sin escatimar en gastos. Por ello, durante los meses de pandemia, esta oficina contrató un staff con más de 40 comunicadores. Los pagos a los periodistas que se encargaron de la elaboración de boletines y resúmenes eran en promedio S/8.000 mensuales. Por este hecho, la Fiscalía ha abierto una investigación que podría terminar en una acusación contra Palomino, ahora visitante del Indecopi, por el presunto delito de corrupción de funcionarios en agravio del Estado. 

En la práctica, según fuentes consultadas por Sudaca, Palomino habría sido la verdadera jefa de la ORI. “Al no estar nombrada, si pasaba algo con sus órdenes, no era ella a quien sacan, sino a la directora de comunicaciones [Jessica Maldonado, que ocupó el cargo durante el 2020], quien era una especie de monigote que solo firmaba”, asegura una fuente que trabajó con Palomino en EsSalud y que renunció -dice- por los maltratos que cometía Palomino contra los trabajadores.

Lejos de facilitar el trabajo, los comunicadores llevados por Palomino originaron un ambiente tenso que llevó a varias renuncias. “Si bien las cosas eran estresantes [el año pasado, al inicio de la pandemia], las cosas se manejaban bien dentro de toda la coyuntura. Pero luego vinieron comunicadores traídos por Raquel que volvieron oscuro el ambiente porque eran ellos los que tomaban decisiones por encima de los jefes. Ahí es donde se habló de maltrato y se tomaban decisiones de mala manera. Eso a mí me hizo renunciar”, sostiene otra extrabajadora que pidió reserva de su identidad.

Y luego añade: “Los que nos fuimos no queremos saber nada de ellos, son personas antiéticas que pueden hacer cosas en nuestra contra”. Las personas a las que alude, sin embargo, hoy parecen tener las puertas abiertas en Indecopi.

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ESSALUD, Indecopi, Julián Palacín

El pasado 14 de octubre, el Ministerio de Salud presentó con bombos y platillos un protocolo de semipresencialidad, luego de una reunión con los rectores de universidades públicas y privadas. Pero el documento no está terminado, según diversas fuentes del Ejecutivo con las que conversó Sudaca. De hecho, todavía hay reuniones con los rectores para afinar la versión final. 

Eso no es, sin embargo, lo que más preocupa a las universidades. Los rectores de las universidades públicas están insatisfechos con el presupuesto que se les ha asignado para afrontar la “nueva normalidad”.

Para Américo Guevara, rector de la universidad Agraria La Molina, las demandas presupuestales para enfrentar el regreso a clases semipresenciales han sido toreadas por el MEF. Así, la adecuación de comedores, bibliotecas o laboratorios se ha quedado en suspenso puesto que no hay recursos. 

“Al MEF hicimos requerimientos mínimos para trabajar en condiciones normales bajo la semipresencialidad. El documento final de lo que nos otorgarían lo vamos a tener en estos días, pero es preocupante. Es como si el MEF estuviera interesado en destruir a la universidad pública y no mejorarla”, dice Guevara, también presidente de la comisión de presupuesto de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (Anupp).

De acuerdo a esta asociación, 13 universidades públicas tuvieron recorte presupuestal en ‘personal y obligaciones sociales’; 31 fueron recortadas en ‘bienes y servicios’; y 25 en ‘pensiones y otras prestaciones sociales’, de acuerdo al proyecto de ley de Presupuesto remitido al Congreso y cuya fecha tope de aprobación es el 30 de noviembre.

Hasta inicios de este mes, aún durante la gestión de Juan Cadillo, el Ministerio de Educación (Minedu) estuvo pujando por un mayor presupuesto para implementar la semipresencialidad el 2022. Esta cartera había solicitado S/894 millones, pero el MEF solo asignó 87, menos del 10% de lo demandado y menos de 30% respecto a lo otorgado en 2021 para el “plan de emergencia remoto”.

Documento interno del Minedu revela lo demandado al MEF y lo asignado en el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2022.
Documento interno del Minedu revela lo demandado al MEF y lo asignado en el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2022.

 

Las cifras quedaron plasmadas en un documento interno del Minedu al que accedió Sudaca. En este se analiza la situación financiera en la que se encuentra el sector para afrontar el retorno a las clases. Se lee, por ejemplo, que la falta de dinero “limita la capacidad del Estado para apoyar la mejora de la formación de los 360.000 estudiantes de las universidades públicas”.

El documento también señala que se puso en riesgo una serie de incentivos para el sistema de educación universitario, como los convenios de gestión mediante los cuales el Minedu transfiere recursos a las universidades públicas, o el Bono del Docente Investigador, lo que afectaría directamente a 500 docentes.

En busca de apoyo, la Anupp dice haberse reunido dos veces con el MEF en setiembre. Según Américo Guevara, en la segunda de esas citas se les dijo que no había nada que hacer porque la ley de Presupuesto ya se había remitido al Congreso.

La Anupp le tocó la puerta ese mismo mes al presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, Héctor Acuña (APP). Guevara le explicó que era necesario revertir el recorte presupuestal del sector.

El rector también le manifestó su preocupación por la ley 31349 del 18 de agosto, que autorizaba el nombramiento de los docentes contratados en las universidades públicas. Aquellos nombramientos estaban en suspenso por la falta de dinero, así que le pidieron intermediar con el MEF para que pudiera reunirse con los rectores.

Acuña dirigió un oficio al ministro Francke el 28 de setiembre en el que se solicitaba la reunión. Esta se llevó a cabo el último viernes por la tarde, entre los rectores y el viceministerio de Hacienda. Una fuente que asistió a dicha cita dice que el MEF se comprometió a “analizar el incremento de partidas”, pero que no hubo un acuerdo concreto.

Consultado el MEF por estos cuestionamientos, señalan que el proyecto de ley del Presupuesto del 2022 se “realizó de manera consensuada con todos los sectores, incluyendo el de Educación”, algo que desde la Anupp desmienten.

El MEF también asegura que se atiende las demandas del sector tanto para la educación a distancia como para el retorno a la semipresencialidad. “El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de las universidades públicas para el 2022 para gastos de capital asciende a un total de S/1.002 millones, un alza frente al PIA de 2021 de S/842 millones”, indica el MEF a Sudaca. No señala, sin embargo, cuánto es la partida que le tocará al retorno a la semipresencialidad, que debe salir de este presupuesto general.

UN FANTASMA EN EL MINEDU

Otro punto que genera zozobra es la falta de apoyo de la nueva gestión del Minedu, a cargo de Carlos Gallardo. A diferencia de Juan Cadillo, que estuvo liderando las demandas de las universidades públicas, el nuevo ministro mantiene un silencio sepulcral. De hecho, no ha habido reunión con los rectores a dos semanas de su asunción.

Lo mismo consideran en la Sunedu, una entidad que se ha sentido marginada de las coordinaciones del retorno a las aulas. Fuentes en dicha entidad indicaron a Sudaca que ni siquiera se enteraron de la reunión entre el Minsa y los rectores para afinar los protocolos. Tampoco tienen comunicación con Gallardo.

«Con Cadillo se llegó a tener un diálogo fluido, pero con el nuevo ministro nada. Hace una semana, en la despedida de Cadillo, Gallardo dijo que la línea de trabajo del ministro saliente se mantendría, así como el apoyo a la Sunedu, pero no hemos sabido nada más», indica una fuente de la Sunedu.

El pasado 18 de agosto, en una reunión que sostuvo un equipo técnico del Minedu con el Consejo de Ministros para hablar sobre la estrategia del ingreso universal a universidades -una promesa de campaña de Pedro Castillo-, se explicaron los lineamientos para llevar a cabo esta iniciativa.

Según una fuente presente en la reunión, el ministro de Economía, Pedro Francke, se mostró de acuerdo, pero añadió que también era “importante apoyar a las universidades públicas para la semipresencialidad”. Todo parece, sin embargo, haber quedado en intenciones. ¿Los universitarios? En la incertidumbre.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

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Setiembre del 2020 es una fecha inolvidable para las arcas de FRC Consultores, la empresa del ahora fujimorista Fernando Rospigliosi. Ese mes, Fuerza Popular contrató sus servicios para elaborar propuestas en materia de seguridad ciudadana. El desembolso, provisto de acuerdo a ley por la ONPE, fue de S/.180.000. Rospigliosi ha señalado que el trabajo está plasmado en un documento de 400 páginas que hasta ahora no ha mostrado.

Lo que sí es público es el capítulo de seguridad del plan de gobierno fujimorista, donde están reseñadas sus propuestas. Sudaca sometió este acápite del plan naranja al análisis de cuatro especialistas. Los entrevistados coinciden en que no hay ninguna novedad en las diez iniciativas. ¿Tanto dinero para eso? 

NADA NUEVO BAJO EL SOL

Una de las “novedosas” propuestas de Rospigliosi es el programa ‘Distrito seguro’, el cual plantea enfrentar los delitos callejeros “fortaleciendo las comisarías”, colocando a los “mejores policías” al frente de estas. El programa incluye un entrenamiento adecuado de efectivos, reforzar la investigación criminal, elaborar mapas actualizados del delito, mejorar la coordinación con el serenazgo y “desarrollar un programa que involucre la colaboración de la población”.

Los especialistas consultados coinciden en que esta idea es reciclada y que “lo novedoso sería ponerlo en práctica”, como asegura Ricardo Valdés, exviceministro del Interior. Elohim Monard, investigador en políticas públicas de seguridad ciudadana, lo secunda: “No se necesita ser un genio ni un especialista en seguridad. Todos los gobiernos dicen que necesitan a los mejores policías”.

Además, ya existen dos programas con características similares al planteado por Rospigliosi: ‘Vecindario seguro’ y ‘Barrio seguro’. El primero es una estrategia de la policía y el otro, del Ministerio del Interior. “Lo que se está haciendo es ponerle un nombre nuevo a lo que ya existe. Más bien, omite la estrategia focalizada, preventiva, multisectorial, que lo que hace es identificar barrios donde hay muchos factores de riesgo y dar paquetes multisectoriales de prevención”, dice Monard.

Otros problemas que se abordan son el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico. Para combatir este último flagelo, Fuerza Popular propuso “erradicar la coca ilegal y al mismo tiempo aplicar programas de desarrollo alternativo”. “Lo que acabas de citar es el título con el que empieza cualquier libro de los que se han hecho en los últimos 20 años: erradicación más cultivo alternativo. Todos lo hacen, no entiendo cuál es la novedad. No entiendo cómo le pueden pagar a alguien tanta plata para escribir esas líneas”, cuestiona nuevamente Elohim Monard.

Respecto a la estrategia para acabar con los remanentes terroristas, se plantea repetir lo hecho en el Alto Huallaga y en el Vraem: trabajo de inteligencia y golpes certeros a miembros clave de estas organizaciones. “No es novedoso lo que se está planteando. Esta propuesta sí podría resolver el problema, pero no es innovadora”, asegura el exviceministro Valdés. 

Para terminar con el crimen organizado, Rospigliosi propone luchar contra la corrupción en la PNP. ¿Cómo? Una de las ideas es la creación de una oficina de Asuntos Internos “con capacidad investigadora y sancionadora, estableciendo sanciones pecuniarias y teniendo como criterio para designar a los mandos no solo la eficacia, sino la honradez”.

Lo que resaltan los especialistas es que ya existe esta dependencia y tiene esas capacidades. “La oficina de Asuntos Internos ya funciona en el sector Interior desde hace muchísimos años, y funciona desde la primera gestión de Rospigliosi como ministro del Interior. Eso no es nuevo. Lo que se está haciendo es ajustes a lo que ya existe, pero no hay novedad”, señala Ricardo Valdés. 

Los S/180.000 también se fueron en propuestas como esta: “explorar la implementación de una policía comunitaria (…) a través de programas piloto”. ¿Cuáles serían esos programas pilotos? El plan de gobierno no lo especifica. Según Valdés, es “más de lo mismo, una propuesta que en la práctica ya existe desde hace tiempo”. Se refiere a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana, cuyo objetivo es “promover la participación activa y organizada de la comunidad en la seguridad ciudadana”.  

Para Wilson Hernández, también especialista en seguridad ciudadana, esta propuesta es un punto importante que debería desarrollarse mejor, pero no es novedoso y, para variar, tampoco hay nada concreto. “No hay nada concreto, es una generalidad que se repite desde hace varios años”, dice el investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).

Fuerza Popular tomó como actor central a la policía para combatir la inseguridad ciudadana. Por ello, proponían “privilegiar la calidad de formación de la PNP”. Para César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), “se usaron tres neuronas” para presentar una idea que repiten todos los políticos casi de paporreta.

Yo no entiendo cómo le pueden pagar tanta plata a alguien para decir eso que es obvio. Que la policía necesita mayor calidad en las escuelas lo sabe cualquiera, ni tienes que ser un especialista en seguridad ciudadana para decirlo, seguramente se lo preguntas a alguien en la calle y te lo va a decir”, explica a su vez Elohim Monard.

 

Fernando Rospigliosi fue parte del equipo técnico de Fuerza Popular en las últimas elecciones.

Otro de los planteamientos que se pueden encontrar en el plan de gobierno de FP y que ha causado preocupación es la idea de desarrollar “un marco normativo para proteger los derechos de los policías”. Como explican los especialistas, este marco normativo ya existe y, nuevamente, no es una idea nueva que pueda resolver el problema.

Además, podría traducirse como una protección incondicional a los policías para permitirles hacer un uso desmedido de la fuerza. “Es una propuesta gaseosa”, sentencia Wilson Hernández. Y agrega: “Los temas que plantea FP en su momento son demasiados generales para problemas tan complejos”.

Rospigliosi también propone la construcción de más penales para disminuir el hacinamiento. El plan de gobierno no se responde cuántas cárceles serían. En el debate técnico, sin embargo, el exministro del Interior señaló que deberían construirse cinco cárceles solo en Lima. No detalló cuántas otras en regiones. 

Según cálculos de Elohim Monard, investigador en políticas públicas de seguridad ciudadana, para “solucionar” el hacinamiento de presos se necesitaría, como mínimo, 20 penales de 3.000 personas cada uno para alojar el exceso de 60.000 internos. “¿Con qué dinero se va a hacer eso? No van a alcanzar la plata ni el tiempo para construir todo. Y cuando se termine de construir, probablemente se va a tener el doble de internos”, explica. Para el investigador, lo importante es plantear medidas de prevención del delito, las cuales brillan por su ausencia en el plan de gobierno.

En un intento por defenderse de los cuestionamientos, Rospigliosi escribió en su blog: “Como en toda investigación académica, se revisó la bibliografía pertinente, se recopiló la información (…), se efectuaron entrevistas en profundidad a personas que han desempeñado cargos relevantes en el Estado relacionados a la seguridad, se analizó el material y se formularon recomendaciones para establecer políticas públicas en un tema que constituye, sin duda, una de las prioridades nacionales”.

El exministro se quejó de que nadie le había preguntado en qué consistió el trabajo. Sudaca lo llamó para conversar sobre sus propuestas, pero luego de que la reportera de esta nota se presentara como periodista, hubo un misterioso silencio al otro lado de la línea. Hasta el cierre de edición, Rospigliosi no volvió a contestar las llamadas ni los mensajes de WhatsApp.

*Fotoportada: Darleen Leonardo

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Fernando Rospigliosi, Fuerza Popular, seguridad ciudadana

El anuncio que hizo en setiembre el exministro del Interior Juan Carrasco, de investigar a 14 miembros de los colectivos de extrema derecha ‘La Resistencia’ y ‘Los Combatientes, no ha mellado su accionar. El lunes boicotearon la presentación del libro del expresidente Francisco Sagasti en un centro cultural de Barranco. Y ese es apenas un entremés. Ambos grupos cuentan para este informe cuáles serán sus siguientes objetivos.

“Hoy salimos de cacería, terruquito Sagasti no te corras” escribió en redes sociales, horas antes del evento, Roger Ayachi, líder de ‘Los Combatientes’. “Fue una forma de llamar la atención, típico de un titular de periódico para vender, pero no se utiliza el lenguaje de muerte ni matanza”, se justifica Ayachi ante las preguntas de Sudaca. Su explicación se contradice con otro post mucho más claro y que él mismo colocó en su cuenta de Facebook ese día: “Cacería humana, terruco no te corras”.

Este es el post en Facebook con el que el líder de ‘Los Combatientes’, Roger Ayachi, anunció su «cacería» contra Francisco Sagasti.

El líder de ‘Los Combatientes’ no tiene reparos en anunciar quién será la siguiente víctima de su colectivo: el congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo, uno de los principales impulsores del cambio de la Constitución a través de un referéndum. Ayachi dice que “Bermejo es [un personaje] emblemático en ese tema [de la Asamblea Constituyente]”.  Asegura que su grupo lo buscará para decirle que están en contra de su iniciativa “como lo hemos hecho ayer [el último lunes, con Sagasti]”. La Policía está advertida.

Ayachi asegura -a pesar de los antecedentes- que “no lo quieren agredir”, sino “desenmascarar”. Y es que está convencido de que Perú Libre “tienen un interés propio de perennizarse en el poder de por vida”. “En el cambio de la Constitución hay una cosa que van a poner: la reelección eterna de Pedro Castillo”, añade. El activista anticomunista también quiere retar a Bermejo a un debate público sobre el cambio de la actual Constitución (la campaña de Perú Libre para recolectar firmas para una Nueva Constitución fue revelada por Sudaca). “Que sea en la plaza San Martín”, propone. 

No obstante, el objetivo final de la agenda de ‘Los Combatientes’ es “derrocar” al gobierno de Pedro Castillo (este plan fue dado a conocer, en julio pasado, por Sudaca), a través de marchas, obligándolo a que “renuncie” o consiguiendo su vacancia. Lo cierto es que hasta ahora no han demostrado mucha capacidad de convocatoria.

“Pedro Castillo ha sido mi amigo. Yo he participado en las marchas de 2017 contra PPK con la Fenate-Perú. Lo hice como dirigente del sindicato de maestros de un colegio del Rímac donde trabajo [no quiso dar el nombre del colegio]”, cuenta Ayachi.

Por su parte, el líder de ‘La Resistencia’, Juan Muñico -también conocido como ‘Jota Maelo’-, señala que su colectivo difiere de ‘Los Combatientes’ en buscar a Bermejo. No está entre sus planes ir tras él, pero dice que si se lo encuentran en la calle no dudarán en encararlo. 

Por el momento, en la agenda de ‘La Resistencia’ está participar en un plantón de protesta en el frontis de la Corte Superior de Justicia el próximo martes 26. Ese día se realizará, en el Noveno Juzgado Constitucional de Lima, una audiencia virtual que verá la nulidad de las elecciones generales. Muñico sigue creyendo, no sabemos con base en qué pruebas, que hubo fraude.

Más allá de esas pequeñas discrepancias en sus planes inmediatos, en lo que coinciden los dos principales grupos es en buscar el derrocamiento del gobierno de Castillo. El pasado domingo participaron en un ‘cacerolazo’ convocado por otros colectivos que marcharon por la avenida Brasil. Pedían la vacancia presidencial.

Muñico señala que ‘La Resistencia’ está “terminando los papeleos” para inscribirse como una asociación civil sin fines de lucro en Registros Públicos. El siguiente paso será formar un partido político que podría tener el mismo nombre de su colectivo. Descarta postular al Congreso o a alguna alcaldía en las próximas elecciones. “Tenemos buenos cuadros que podrían hacerlo”, señala. 

Ayachi, por su parte, anuncia que invitarán a Rafael Santos -que quedó penúltimo en las últimas elecciones presidenciales con 0,38%- para que sea el candidato presidencial del partido que buscarán inscribir en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). ¿Cuál será el nombre? El Partido Radical Americano. Le escribimos a Santos para conocer si aceptaría, pero no nos respondió.

 

AGRESIÓN IMPUNE

El video que grabó el periodista de Epicentro TV, René Gastelumendi, es clave para corroborar la carga de agresión y violencia verbal que hubo contra Sagasti en las afueras del centro cultural ‘Primera Parada’, en Barranco. También los insultos que le dedicaron al periodista los miembros de ‘Los Combatientes’, entre ellos Roger Ayachi y José Luis García. No hubo víctimas de violencia física, pero no estuvo lejos de ocurrir.

El periodista de Epicentro TV, René Gastelumendi, grabó la agresión verbal que sufrió por parte de los líderes del colectivo de ultraderecha ‘Los Combatientes’.

 

Gastelumendi dice a Sudaca que esa noche, apenas se acercó al grupo que protestaba contra Sagasti, comenzó a recibir insultos. Lo que le preocupa al periodista es que el fanatismo de los colectivos que protestaron aquella noche “pueda terminar mal”. “Si juntas un mal día, un mal momento, con un brote psicótico de un fanático, como ellos están tan convencidos de que hacen patria, pueden pensar que por la patria está bien que le metan un cuchillazo a un caviar, ¿no?”, señala.

El parte policial de lo ocurrido durante la presentación del libro del expresidente Francisco Sagasti, del que Sudaca obtuvo una copia, no menciona nada de la agresión verbal sufrida por el periodista. Tampoco ha sido tomado en cuenta lo que le pasó a la joven militante del Partido Morado, Betsy San Martín, que asegura que uno de los manifestantes le arrebató de sus manos el libro “Imagina un Perú mejor y hagámoslo realidad”, escrito por Sagasti. Según ella, ocurrió cuando esperaba ingresar al centro cultural para que el expresidente le dedique un autógrafo.

Este es el parte policial elaborado por la comisaría de Barranco en la que narra lo ocurrido la noche del pasado lunes en los exteriores del centro cultural ‘Primera Parada’. 

 

El parte solo indica que un grupo de cerca de 100 personas, que “formarían parte del movimiento La Resistencia”, increparon con insultos y amenazas a los policías que resguardaban el exterior del lugar. El documento señala además que, en un momento, “un grupo procedió a atacar a personal policial y de Serenazgo” y, por ese motivo, “personal policial realizó un disparo disuasivo al aire a fin de controlar a la turba y evitar lesiones mayores”. Según un video, en realidad, fueron tres disparos y se puede ver a efectivos policiales reducir a uno de los manifestantes.

La excandidata al Congreso del Partido Morado, Flor Borja, publicó ese día en su cuenta de Twitter: “Este señor es el que comandaba desde atrás toda la agresión al expresidente Sagasti. Todos sabemos quién es y a quién responde. ¿Qué espera la Fiscalía para tomar acción?”. Adjuntó una foto de Juan Muñico, líder del grupo ‘La Resistencia’.

Borja señala que quiso dejar en evidencia que él “azuzaba” a todas las personas y mandaba a provocar a los jóvenes que hacían cola para ingresar al local. “La Policía no hacía nada para evitarlo”, se queja.

El centro cultural Parada Libre ha informado a Sudaca que no realizará ninguna denuncia contra las personas que protestaron el pasado lunes. El expresidente Sagasti ha señalado, por su parte, que les «debe caer todo el peso de la ley» a los manifestantes.

El parte policial dice que hubo solo un balazo disuasivo contra los manifestantes, pero este video confirma que hubo tres. Se ve además que la Policía lanza al piso a un sujeto, pero este incidente no figura en el parte policial. ¿Por qué?

‘Jota Maelo’, líder de ‘La Resistencia’, dice que él no dirigió la agresión. Precisa que el objetivo era protestar contra Sagasti por ser, para su grupo, el “responsable” de la caída del expresidente Manuel Merino.

Los grupos extremistas querían replicar aquella noche lo que hicieron en el Lugar de la Memoria (LUM), en setiembre pasado. La idea, cuenta ‘Maelo’, era ingresar a la presentación del libro y, ni bien comience, sacar sus carteles de protesta contra Sagasti. “Queríamos hacer una protesta y sabíamos que nos iban a sacar rápido. La gente ya estaba coordinada que si venía personal de seguridad y nos sacaba, íbamos a salir: no íbamos a poner resistencia”, señala.

‘Jota Maelo’ explica que en su grupo hay reservistas que les han dado cursos de defensa personal pero “no hay nada más que eso”. Descarta que busquen portar armas de fuego y que solo se trató de “una idea” que se conversó en su momento, porque los ronderos llevaban machetes. Esperemos que esa ‘idea’ no vuelva a rondar por sus cabezas con pensamiento “anticomunista”.

Este es el pronunciamiento de Juan Muñico o ‘Jota Maelo’, el líder de ‘La Resistencia’, sobre la causa de su protesta contra Francisco Sagasti.

(*) Fotoportada del reportaje: Darlen Leonardo

Fotografía: Se ha usado una fotografía del diario La República de una protesta de los colectivos de ultraderecha realizada, en septiembre pasado, en los exteriores del ministerio del Interior.

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