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Ni reconstrucción, ni cambios. Hay 1.173 colegios en el país que aún no tienen cómo regresar a clases porque o bien se caen a pedazos, o recién están siendo reconstruidos. El Estado ha sido incapaz de renovarles la infraestructura en los últimos cuatro años, luego del Fenómeno de El Niño del 2017. Desde aquel momento, el proceso para recuperar cientos de escuelas a nivel nacional, principalmente en zonas rurales, ha avanzando como si no se tratase de una tarea urgente. Y tiene vergonzosos capítulos de lavado de manos. 

 

Las dos principales responsables de esta situación son la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) del Ministerio de Educación. Aunque la primera sí se ha puesto las pilas en el último año, aún hay cientos de colegios en condiciones calamitosas. Y un grupo de estos -en especial- sobre los que ambas instituciones se culpan entre ellas. 

«Dadas las condiciones epidemiológicas [se podrá] estar en mayor probabilidad de tener un inicio de clases presenciales para el próximo semestre”, dijo el pasado 7 de julio el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, luego de hacer un balance positivo de las vacunaciones a miles de maestros. La noticia fue resaltada por la agencia de prensa estatal Andina. ¿Pero en qué condiciones regresarán los niños a las aulas? 

 

La peligrosa vuelta al cole 

El plan del gobierno, según ha declarado Cuenca desde abril de este año, es que los colegios de zonas rurales sean los primeros en retomar sus actividades presenciales. Por eso a Heydi Berrou, la directora del colegio Santa Sara, en el caserío del mismo nombre en Piura, le hicieron una encuesta telefónica en la que se le preguntó si deseaba regresar a las clases presenciales. Su respuesta fue tajante: las condiciones para ello no están dadas. 

“Nos ha llamado el ministerio de Educación, más o menos en abril, preguntando si queremos regresar. Pero les dijimos que no teníamos condiciones de infraestructura. No tenemos ni agua. Acá se abastecían con cisternas”, dice la docente, que llegó a dirigir su institución el año pasado.

El colegio tiene dos aulas donde estudian cerca de 60 alumnos de primaria. Eduardo Morales Litano (46), secretario general del caserío, cuenta que fueron los vecinos los que levantaron la construcción en 1960. Sin expediente técnico. “En el 2000, Defensa Civil lo declaró inhabitable, pero desde ahí solo se le ha dado mantenimiento”, apunta.

Morales dice que desde el 2018, y por mientras, el Minedu construyó dos pequeños módulos donde los estudiantes tomaban las clases, pero un espacio así de estrecho en plena pandemia es riesgoso. Otros colegios de la región optaron por alquilar la casa de algún vecino. Y en otros casos, como veremos, los menores tuvieron que exponerse y seguir tomando clases en los pabellones que habían sido menos afectados por los huaicos.

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Colegio Santa Sara, en Piura. Uno de los afectados por el Fenómeno del Niño del 2017. No tiene ni agua.

Santa Sara es parte de las más de mil instituciones educativas que se vieron afectadas por el Fenómeno del Niño el 2017 y a las que el gobierno de PPK prometió volver a poner a punto.

De las 1.527 instituciones que había que reconstruir o rehabilitar, 932 están a cargo de los gobiernos regionales y locales, y 447 del Pronied, una unidad del Minedu que se encarga de los proyectos de inversión pública de la cartera que tienen que ver con infraestructura de colegios. Todas las obras son financiadas por el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes). ¿Quién se encarga de gestionar la transferencia de los recursos y monitorear el avance? La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), que a la vez debe ejecutar 147 obras.

La efectividad de esta maraña de instituciones, sin embargo, ha dejado mucho que desear. Cuatro años después del desastre natural, apenas se han entregado 354 colegios. Desde la ARCC admiten la demora, aunque resaltan que ya hay 530 obras más en ejecución y que lo más probable es que este año se termine la mayoría de estas. Un salto importante respecto a las gestiones anteriores, pero también un anuncio entusiasta que tiene otra cara que no lo es tanto. Hay cientos de colegios que no solo siguen esperando, sino que ni siquiera ven la reconstrucción en el horizonte porque no les habilitan el presupuesto. 

 

El problema Pronied

“Como congresista de la región Piura, puedo decirle que desde el año pasado se ha agilizado la entrega de presupuesto para estos colegios”, dice la congresista Angélica Palomino, del Partido Morado, miembro de la Comisión Especial de Seguimiento a la Reconstrucción.

Palomino señala que en la sierra del país ha habido cierto retraso por temas climatológicos, lo que ha impedido la entrega de materiales de construcción; y también por el alza en el precio del fierro y el cemento. “Sobre los colegios que tiene el Ministerio de Educación (Pronied), sí con mucha pena he visto que algunos que ya debían estar en un 80% de avance, están en 15%”, apunta, sin embargo.   

Amalia Moreno, directora ejecutiva de la ARCC, que llegó al cargo a fines del 2019, también hace un balance negativo del Pronied. “Yo te puedo decir que de estos 354 colegios [los ya reconstruidos], unos 345 lo han hecho los gobiernos locales y, siendo generosa, el resto lo ha hecho el Pronied”, señala. De hecho, en 2020 la ARCC gestionó un financiamiento de S/654.386.284 para el Pronied, del cual apenas se ejecutaron S/14.950.347. Es decir, el 2.28% del presupuesto transferido.

En un reciente ensayo titulado ‘La reforma imposible: enfrentando desafíos del sector educación’, el exministro de Educación Martín Benavides describe así la situación en la que encontró al Pronied en el 2020: “Se trata de la unidad ejecutora responsable de todos los programas de infraestructura del ministerio, y, como tal, maneja un presupuesto considerable, pero tenía muy poca eficiencia en su gasto y siempre estuvo rodeada de sospechas de corrupción”.

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Amalia Moreno, directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios: «De estos 354 colegios [los ya reconstruidos], unos 345 lo han hecho los gobiernos locales y, siendo generosa, el resto lo ha hecho el Pronied [del Minedu]».

Durante la gestión de Benavides se hicieron cambios y la unidad pareció tomar un paso importante. En febrero, con los recursos asignados por la ARCC, el Pronied anunció que invertiría S/530 millones en un grupo de 130 colegios cuyas obras debían empezar ese año. El proceso quedó desierto. En agosto insistieron y, finalmente, se adjudicaron más de 100 de estas obras.

Pero llegó setiembre y, en vísperas de firmar los contratos, el programa del Minedu anunció que solo había dinero para 15 colegios ese año. Esto significaba que 115 instituciones de la cartera se quedarían en el aire, como publicó en octubre el semanario ‘Hildebrandt en sus Trece’. Santa Sara fue uno de estos colegios.

La explicación que le llegó a los postores de las licitaciones y a los directores de los colegios en aquel momento fue que se estaban haciendo los esfuerzos de conseguir el financiamiento para el 2021.

En febrero pasado, Nemesio Cayhualla, director del colegio ‘El Tigre’ de Cañete, pidió que se le informe si finalmente consiguieron el dinero. La respuesta lo decepcionó. “Yo he estado enviando constantemente oficios al Pronied pidiendo informes de cuándo va a empezar la reconstrucción. La última respuesta fue que están en proceso de contar con el presupuesto de la Autoridad con Cambios”, dice Cayhualla.

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Informe de Defensa Civil del 2019 sobre el colegio ‘El Tigre’, de Cañete: «Los alumnos están sujetos al daño que pueden ocasionar estas estructuras». Con el sismo del pasado 23 de junio, la situación se agravó.

La respuesta a la que se refiere es del 4 de febrero pasado. La carta revela que no lograron incluir a los 115 colegios en el presupuesto general del 2021: “A la fecha, el Pronied sigue cursando documentos y gestionando reuniones con la ARCC a fin de que se pueda confirmar la transferencia de recursos para el 2021 de todas aquellas intervenciones que no fueron atendidas en el 2020 por el tema presupuestal, con la finalidad de poder ejecutar las obras”.

Cayhualla ha escuchado las noticias sobre el retorno a las clases, principalmente de los colegios de zonas rurales como el suyo, que consta de dos pabellones y que atiende unos 380 alumnos de primaria y secundaria. El 2019, cuenta, el Minedu le instaló un módulo prefabricado, pero el espacio era muy pequeño. Tuvieron que tomar el pabellón del colegio que resultó menos afectado por los huaicos.

Luego del fuerte temblor del pasado 23 de junio, cuyo epicentro fue en su provincia, esta opción ya no es viable. “No podríamos retornar. Más aún porque en este último sismo que hubo [del pasado 23 de junio], la situación empeoró. Se han rajado más las columnas, las paredes y los salones ya están totalmente inhabilitados», dice Cayhualla.

En el distrito de Mariatana, en Huarochirí, los colegios Daniel Alomía Robles y Glorioso San Cristóbal, que atienden a 90 alumnos de primaria y secundaria, también siguen a la espera. “Hice una consulta a Pronied y me dijeron que estaban solicitando una transferencia presupuestal a inicios de este año. Eso fue en febrero o marzo, ¡ya estamos julio! No es posible retornar a las aulas. Hay aulas que están totalmente destruidas, a punto de caerse”, apunta el alcalde distrital Julio Santos.

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Grietas en el patio del colegio Daniel Alomía Robles, de Huarochirí. Un peligro para los estudiantes.

El pase de pelota entre la ARCC y el Pronied

Los colegios de los que habla Santos también son parte de los 115 supuestamente excluidos por falta de presupuesto. En un comunicado enviado a Sudaca, el Pronied intenta responsabilizar a la ARCC del asunto. “El presupuesto para la reconstrucción de estas instituciones educativas estuvo asegurado desde febrero del 2020, razón por la cual el Pronied pudo lanzar 42 procesos de contratación (15 en febrero y 27 en agosto). Si estos procesos hubieran obtenido la previsión de recursos por parte de la ARCC para el año 2021 se hubieran desarrollado de acuerdo con sus cronogramas, el total de escuelas estarían ya en proceso de ejecución, próximas a culminarse”, dice por escrito.

Desde el Minedu insisten en que fue una situación no prevista. En la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, sin embargo, precisan que el presupuesto estaba listo para ser ejecutado el 2020, pero que el problema está en que el Pronied quiso postergar su uso al 2021. “Al no haber sido ejecutados en el año que fueron programados, los recursos retornarnon al Tesoro Público como todo presupuesto no utilizado por una institución pública”, señalan en un escrito enviado a Sudaca.

“En agosto o setiembre, prácticamente estamos cerrando el presupuesto del siguiente año. Eso lo sabemos todos [los funcionarios públicos]. Cuando ellos han terminado el proceso en setiembre, me dicen que les asegure S/400 millones para el 2021. Yo tengo que voltear al MEF y decirle que me aseguren esa plata. ¿Qué me dijeron en el Mef? ‘Mira, te felicito por tu preocupación, pero yo no tengo esa plata, pero sí te voy a dar una plata para tus obras que están en ejecución y priorices el trabajo con los gobiernos subnacionales’. Son los gobiernos locales los que están funcionando en estos momentos”, precisa Amalia Moreno, la directora ejecutiva de la ARCC.

Moreno señala que en el MEF ya no querían darle más recursos al Pronied porque los años 2017, 2018 y 2019 (cuando fueron ministros de Educación Marilú Martes, Idel Vexler, Daniel Alfaro y Flor Pablo) lo habían hecho y no habían construido nada. Todo parece indicar que ya no tendrán que hacerlo.

En comunicación escrita a Sudaca, el Pronied señala que ya tiró la toalla con este grupo de 115 colegios y que el pasado 1 de julio “realizó la devolución de la cartera de inversiones del Plan integral de Reconstrucción con Cambios por falta de asignación de recursos presupuestales”. Es decir, los colegios tendrán que esperar quién sabe cuánto tiempo más para que los gobiernos regionales o locales, o la propia ARCC, tengan que ejecutar las obras. Así estamos.

 

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Colegios, fenómeno del niño, Minedu, reconstrucción, Ricardo cuenca

Luego de una cruzada infructuosa en la que no lograron los 87 votos necesarios para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), el Congreso puso en agenda la destitución e inhabilitación por 10 años contra el actual magistrado Eloy Espinosa-Saldaña por el supuesto delito de prevaricato cometido cuatro años atrás.

 

En la orden del día de la Comisión Permanente del pasado 9 de julio, revelada por el diario La República, también se pedía acusar por infracción constitucional y suspender por 30 días a Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Manuel Miranda. Y aunque hasta el momento no hay convocatoria oficial para ver qué se hace con este pedido, esta no es la primera vez que intentan deshacerse de estos cuatro magistrados a los que ven como enemigos de los intereses parlamentarios.

El caso data del 2017, cuando un grupo de exmarinos denunció constitucionalmente a los cuatro miembros del TC por emitir una resolución en la que supuestamente cambiaban el sentido del voto de un exmagistrado del TC, Juan Vergara Gotelli. ¿Dónde? En una sentencia de 2013 que consideraba los hechos ocurrido en “El Frontón” como delitos de lesa humanidad.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida en esos años por la fujimorista Karina Beteta, aprobó el informe que recomendaba la destitución e inhabilitación por diez años de Eloy Espinosa-Saldaña y la suspensión por 30 días de los otros tres magistrados.

“Los congresistas se dieron cuenta de que era un escándalo pedir que los cuatro magistrados sean sancionados con la destitución. Lo que les interesaba era deshacerse de Eloy Espinosa-Saldaña, a quien veían como el responsable de tomar la iniciativa de la decisión, pero esta diferencia no se justifica de ningún modo, porque, si los cuatro cometieron la misma supuesta falta, entonces no pueden sancionarlos de distinta manera”, explica Walter Albán, director ejecutivo de Proética y abogado que asumió la defensa de Espinosa-Saldaña en este caso.

Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó archivar la acusación constitucional, Luis Galarreta, quien presidía el Congreso, envió una carta al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski rechazando la disposición. El caso nunca fue archivado, pero desistieron de la denuncia.

Luego de que el intento del fujimorismo y el APRA por destituir a los magistrados fracasara en aquella época, Espinosa-Saldaña fue denunciado por su colega en el TC, el magistrado José Luis Sardón, por supuestamente haber mentido y arrogarse el título de “doctor” en su CV al momento de postular al cargo en 2014.

Sin embargo, en la denuncia de Sardón no se tomó en cuenta que Espinosa-Saldaña ya había hecho la rectificación de su título el 13 de mayo del 2014, incluso antes de ser elegido formalmente. Al final, el pleno del TC no pudo destituirlo, porque no se alcanzaron los cuatro votos necesarios.

Con una eventual destitución de Espinosa-Saldaña -uno de los magistrados que considera irregular el proceso que lleva a cabo el Congreso para elegir a sus reemplazos-, lo que se pretendía era cambiar la correlación de fuerzas y votos en el TC.

El magistrado Eloy Espinosa-Saldaña es incómodo a ciertos intereses políticos.

Todo indica que la artillería congresal ahora lo volvió a poner en la mira. El orden en el que los magistrados deben ser cambiados depende de quién es el más antiguo. Como los seis con mandato vencido fueron elegidos y juramentaron el mismo día, lo que corresponde, según la Ley Orgánica del TC, es cambiar primero al que tenga la colegiatura más antigua. Bajo ese criterio, los últimos en ser cambiados serían Espinosa-Saldaña y Marianella Ledesma.

Pero en los pasillos del Congreso se empezó a esbozar la intención de alterar el orden. Como explicó el periodista Juan Rosales: definir la antigüedad de acuerdo a la hora en la que fueron elegidos por el Congreso el 21 de mayo del 2014, siendo Espinosa-Saldaña, luego de Ernesto Blume, el segundo en irse. La decisión alteraría el bloque de los cuatro magistrados que resolvió que la disolución del Congreso fue constitucional. El Parlamento perdería un magistrado como Blume, afín a sus posiciones, pero podría reemplazarlo por otro cortado con la misma tijera.

“El orden tiene que ser por la antigüedad en la incorporación. Estos 6 fueron incorporados el mismo día, no hay ninguno que sea más antiguo que el otro, pero por ahí quieren llevar adelante la peregrina tesis de que el orden lo determina el número de resolución, eso es una tontería”, dice Walter Albán.

Una fuente del Tribunal Constitucional apunta a un grupo de empresarios, políticos y abogados de derecha, como autores intelectuales de esta interpretación auténtica que habría influenciado a varios congresistas: la Coordinadora Republicana. “El sector de la Coordinadora Republicana quería meter un orden distinto, no tuvo mucho predicamento y, cuando no se lograron los votos [en la elección de magistrados del TC], finalmente esto quedó como una anécdota, pero la intención de ellos era muy clara. Había intereses de este grupo de variar el orden fundamentalmente para impedir que Eloy Espinosa-Saldaña sea el último en ser cambiado”, asegura.

La Coordinadora Republicana, en palabras del exministro Albán, está conformada por abogados “que aparecen como académicos para sustentar todo lo que ocurre políticamente del lado que a ellos les interesa, sobre todo del Congreso”.

El sábado 10, por ejemplo, el congresista Luis Valdez (APP) convocó una sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución para hablar sobre las elecciones de los nuevos magistrados del TC. La reunión contaba con “constitucionalistas de mayor trayectoria y reconocimiento académico”, como los presentó Valdez. Ahí estaban  los abogados que han firmado varios de los comunicados de la Coordinadora Republicana: Aníbal Quiroga León, Gerardo Eto Cruz y Domingo García Belaúnde.

Cuando el congresista Lenin Checco, de Frente Amplio, pidió explicaciones de por qué no se invitó a más abogados con posturas distintas, Luis Valdez no dudó en interrumpirlo y cortar su intervención. De otro modo trató a Martha Chavez (FP) y Rosario Paredes (AP), quienes se tomaron casi 10 minutos, cada una, para plantear sus preguntas.

El abogado Gerardo Eto no dudó en despacharse contra algunos de los actuales magistrados arguyendo que “cuatro tienen una postura ideológica y deben ser cambiados […] con los actuales miembros no hay garantía de independencia política e ideológica”. No es muy difícil saber a quiénes se refería. Así mismo, recomendó a los parlamentarios llegar a consensos para seguir adelante con las elecciones.

 

“Caseritos del TC”

Walter Albán también califica a los abogados de la Coordinadora Republicana como “caseritos” del Tribunal Constitucional. De hecho, Ernesto Blume, quien fue presidente del TC entre marzo de 2018 y enero de 2020, es cercano al abogado Domingo García Belaúnde, integrante del equipo legal de Fuerza Popular que buscó desconocer los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y miembro de la mentada coordinadora.

“En el estudio Flores-Araoz está García Belaúnde y tiene una relación de mucha cercanía con Ernesto Blume, tanto así que en el TC hay un baño que usan exclusivamente los magistrados, pero Domingo es la única persona que cuando visita el Tribunal usa ese baño. Es ridículo, pero te lo pongo como ejemplo de la cercanía”, cuenta una fuente que trabajó en el TC. 

Otro de los vínculos entre ambos abogados es la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, donde Blume es presidente y García Belaúnde es fundador y presidente honorario.

Según Albán, hay diferentes casos que llegan al TC en donde los abogados relacionados a la ‘Coordinadora Republicana’ tienen participación y encuentran votaciones favorables de parte de Blume. «Yo he tenido casos en el TC. Y eso no es delito, es el derecho a la legítima defensa», responde García Belaúnde consultado por Sudaca.

Al preguntar por sus conexiones con Blume, el abogado aseguró que “ningún abogado del TC se reúne con nosotros [la Coordinadora Republicana]” y que lo unía una amistad de años no solo con él, sino con Sardón, Ferrero y hasta con Carlos Ramos y Manuel Miranda.

Por su parte, el magistrado Augusto Ferrero Costa, el único de los siete que no será cambiado, tiene lazos con el congresista fujimorista Carlos Mesía, pues su asesora, Milushka Carrasco Gallardo, es la exesposa de este último. “Cuando Mesía sale, ella también sale y luego Ferrero la contrata como su asesora”, explica una fuente con conocimiento de los vínculos.

Milushka Carrasco, exesposa del congresista fujimorista Carlos Mesía, es asesora del actual magistrado Augusto Ferrero.

Carlos Mesía, quien fue abogado del frustrado tribuno Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo de Pedro Olaechea, fue uno de los congresistas que más defendió el proceso de elecciones de los magistrados. Tanto que no le importó desacatar la medida cautelar dictada por el Poder Judicial, emitida el martes pasado, que mandaba suspender las elecciones. “Eso no es democrático, eso es antidemocrático. Y si quieren llevarnos presos, aquí estamos, pero hoy día se vota”, fueron las palabras del ahora congresista naranja. 

Consultado por su relación con el fujimorismo, Ferrero respondió que no tiene vínculo alguno y que, en cambio, apoyó “vivamente a Vargas Llosa en el primer proceso y a Pérez de Cuellar en el segundo”. Y sobre la contratación de Carrasco, solo apuntó: «A Milushka la conocí hace más de ocho años y tuve ocasión entonces de presentar un libro suyo en el Tribunal Constitucional cuando yo no pertenecía a él. Ahora la veo con su nueva pareja que es un inversionista francés con gran cultura, propietario de un hotel en Tahití».

 

Convencer al Frepap

El último miércoles, zurrándose en la cautelar, los congresistas intentaron elegir a los magistrados del TC. Sorpresivamente el Frepap decidió no participar del proceso. 

“En el transcurso de la noche [del martes], hasta la mañana del día siguiente, estuvimos evaluando [qué hacer], porque se debe admitir también que la medida cautelar no nos llegó a cada uno de los congresistas, nos hemos enterado por los medios. Pedimos información a nuestros asesores y evaluamos. Al día siguiente, tomamos la decisión con los nueve congresistas de la bancada que estuvieron presentes de no ratificar que se prosiga con la agenda, sino acatar y respetar esa medida cautelar, que de todas maneras era algo irregular”, cuenta la congresista de la bancada del pescado, María Cristina Retamozo, quien integró la Comisión Especial encargada de elegir a los mejores candidatos para conformar el TC.

Pero no todos estuvieron alineados. La vocera del partido, María Teresa Céspedes, fue la única que sí emitió un voto: lo hizo a favor del candidato Carlos Hakansson.

Aunque la mayoría retiró su apoyo, en el Frepap siguen sosteniendo que el proceso sí fue transparente y solo se cometió un error al no hacer pública las motivaciones de los puntajes de las entrevistas personales.

Luego de quitar su respaldo al proceso y que los tres primeros candidatos no lograran los 87 votos, se pidieron cuartos intermedios para buscar consensos. Retamozo cuenta que durante estos recesos, algunos congresistas, aunque no quiso precisar nombres ni partidos, se acercaron a ellos para intentar convencerlos “respetuosamente” de prestar nuevamente su apoyo. 

Franco Salinas, vocero de Acción Popular, admite que algunos de sus colegas de bancada fueron los que trataron de explicar a los del Frepap que “los congresistas no estamos condicionados y no nos pueden procesar por seguir una sesión plenaria”. Pero la bancada del ‘pescadito’ no dio marcha atrás.

Al interior de AP, tres parlamentarios se bajaron a tiempo del coche: Hans Troyes, Jorge Vasquez y Rolando Campos. Al día siguiente de las votaciones fallidas, al último le mandaron un documento donde le indicaron que lo separaban de la bancada, aunque luego recularon y le enviaron otra comunicación donde le avisaban que ya no lo separaban, pero le llamaban la atención por su postura.

Para el aún congresista accionpopulista, el “incidente parece que ha sido superado”; sin embargo, Franco Salinas asegura que Campos afronta un proceso disciplinario y que podría ser retirado de la bancada.

Las votaciones ahora se encuentran congeladas porque aún no se tienen los votos necesarios. “Todo depende de cómo pasen los días esta semana y que el Frepap [cambie de decisión]. Mientras no apoyen, no hay votos; si no hay votos, no se va a continuar con la sesión”, dice Salinas. Y luego añade, como un retando a la justicia: “Nosotros tenemos legitimidad para elegir hasta el último día. Si el último día se puede elegir, lo vamos a hacer”.

*Fotoportada por Leyla López

 

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Congreso, Eloy Espinosa-Saldaña, Tribunal Constitucional

El 13 de mayo pasado llegó un aviso desde el almacén del Minsa al Hospital Nacional Arzobispo Loayza. El ministerio tenía un regalo para ellos: se trataba de 700 respiradores industriales –supuestamente de la marca 3M– destinados al área de cuidados intensivos del nosocomio.

 

Los presentes del Minsa decían ser respiradores del modelo 3M 7502. Este equipamiento “brinda protección respiratoria contra partículas, vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico”, entre otros gases, como se explica en la página web de la empresa. Además, es una importante herramienta para los médicos que trabajan atendiendo casos de Covid-19.

«Son mucho más seguros que la mascarilla N95, que protege 99%. En teoría es la máxima protección, pero si es falsificado todo es malo, incluyendo los filtros. Entras a la UCI, respiras puro bicho y pones en riesgo la vida”, advierte Godofredo  Talavera, presidente de la Federación Médica del Perú.

De acuerdo a Talavera, un respirador original tiene un costo promedio de S/260. “Un falsificado te lo venden a la tercera parte”, agrega.

Luego de trasladar los respiradores a sus almacenes, y por protocolo, el Loayza debía inspeccionar el obsequio. Al hacerlo, fuentes del hospital que vieron el producto en persona, aseguraron a Sudaca que los filtros y cartuchos que se colocan a los lados del respirador no calzaban. Esto es gravísimo: al no encajar, no bloquean el paso de partículas.

Tras la revelación, los doctores enviaron dos muestras del lote a la empresa 3M para que esta verifique su autenticidad. El 21 de mayo, el Loayza recibió la respuesta de la compañía: el regalo del Minsa era falso.

El informe de 3M, al que accedió este medio, confirma la incompatibilidad del donativo del ministerio con los productos originales de la empresa. El segundo párrafo dice claramente. “Concluimos que los productos presentan características atípicas, las cuales no son compatibles con los Respiradores 3M 7502 fabricados por 3M Company”. Además advierten de su peligrosidad: “En opinión nuestra, ninguno de estos productos [del lote del Minsa] debe ser usado, y en caso de que se haya distribuido alguno de ellos, se sugiere cesar su uso de inmediato”.

Respuesta3M
La respuesta de 3M a la inquietud del Loayza. Su veracidad fue garantizada por personal de la empresa a Sudaca.

Más adelante también se descarta que el donativo haya sido entregado por la empresa. “Los productos revisados a los que hacemos referencia en este documento no han sido abastecidos por 3M ni por alguno de los distribuidores autorizados”. En comunicación con Sudaca, Marko Kardum, gerente de cuentas de la compañía, confirmó la veracidad del documento. “Esa es la carta que enviamos”, dijo textualmente.

Fuentes del Hospital Loayza también dan fe de los hechos narrados aquí. Y los que siguen. Sus identidades se mantienen en reserva por temor a vivir lo mismo que Elizabeth Rojas, presidenta del Cuerpo Médico del Hospital San Bartolomé, quien fue suspendida sin goce de remuneraciones por un año luego de denunciar un hecho similar el año pasado: en el área de cirugías de su hospital, operaban con goteros enormes en el techo.

 

Empolvado

Con la confirmación de 3M, el Loayza inmovilizó el lote recibido en su almacén. Luego comunicaron a la Dirección General de Operaciones en Salud del Minsa (DGOS) sobre lo ocurrido. Desde el 26 de mayo, Edward Cruz Sánchez, responsable del área, sabe de la denuncia. Y desde esa fecha, el Loayza no recibe una respuesta, lo que les parece muy sospechoso.

Sudaca pudo acceder al Sistema de Trámite Documentario Web (STDW) del ministerio, un mecanismo interno que registra cómo avanza un determinado trámite, en este caso, la solicitud del hospital para conocer el origen del donativo. Hasta el 6 de julio, el día que este medio pudo entrar por primera vez al sistema, se observaba claramente que desde aquel 26 de mayo el Loayza se encuentra “a la espera de indicaciones sobre la autenticidad” de los respiradores truchos.

EmpolvadoSTDW
El STDW deja en claro que desde finales de mayo el Hospital Loayza espera «indicaciones sobre la autenticidad de respiradores procedentes del MINSA».

Este reportero pidió información sobre el caso al área de prensa del Minsa y solicitó una entrevista con Edward Cruz el último jueves. En el ministerio parecían no saber nada de los respiradores. Fue tal el desconocimiento que el funcionario del área de prensa, que se presentó como Juan Vargas, contestó: “¿entenderás que eso no dice nada, no?” y que “la carta [de 3M], que sería incriminatoria, no está firmada por nadie”. También nos pidió el número del expediente de su propia entidad porque “no encuentran nada”.

Todo indica que nuestra llamada descongeló la denuncia de los respiradores falsos en el ministerio. Mágicamente, en el sistema de trámite documentario empezaron a haber movimientos desde el viernes 9 de julio, solo un día después de que Sudaca solicitara los descargos a la entidad. En esa jornada se registraron varias comunicaciones entre los funcionarios de la DGOS en el sistema de trámite documentario, aunque en el Loayza aún no tienen respuestas.

Aún quedan muchas preguntas por responder. ¿Cómo llegaron los respiradores truchos al Minsa?, ¿por qué hasta ahora no envían una explicación al Hospital Loayza? En todo caso, esperemos que el ministerio sea más transparente con los médicos que con la prensa.

Movimientos STDW
El detalle completo del STDW. El MINSA «recordó» el pendiente recién el último viernes.

Mientras tanto, los doctores del Loayza siguen enfrentándose al Covid-19. Se trata, después de todo, del “hospital general más grande del país”, como reseña su sitio web.

Godofredo Talavera asegura que este hospital “ha llegado a tener más de 300 pacientes con covid por día en emergencias” y que la ocupación de camas UCI “pasa las 200”. En este combate, estos respiradores serían realmente útiles. El Minsa parece recién recordar este pendiente.

**Fotoportada por Leyla López (Fuentes: Andina y 3M). 

 

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Loayza, Minsa, Pandemia

El pasado 29 de mayo, los ciudadanos Eva y Juan Ramírez Díaz se acercaron a la comisaría de Barranca a poner una denuncia por estafa contra Navil Castillo Garro, “organizadora” de ‘Crowdfunding Dreams’, una nueva “pirámide financiera” que, según la SBS, no tiene autorización para captar fondos.

 

De acuerdo al parte policial, Castillo les había explicado que tenían que realizar un depósito de S/5.215 cada uno y que debían comprometerse a captar a más incautos. La promesa era que si llegaban a convocar a siete personas, se quedarían con las cuotas de ingreso de estos. La dinámica la repetirían los nuevos integrantes bajo un esquema de tres fases en el que cada uno podría terminar ganando más de S/114.000.

Para maquillar el aporte, ‘Crowdfunding Dreams’ hace firmar a los participantes una declaración jurada donde se deja claro que se trata de una donación y en la que se adjunta el voucher del dinero, una copia de DNI, huella digital y firma.

La pirámide -que se marquetea como de «riesgo cero»- funciona solo si los invitados aportan sus cuotas y siguen invitando a otros. Para que una persona gane siempre deberá tener a alguien debajo suyo. Pero el sistema, más pronto que tarde, se vuelve insostenible y se derrumba cuando dejan de recibir más afiliados.

Es lo que pasó con CLAE, que en la década de los 80 llegó a mover más de US$640 millones y captó a más de 200.000 personas, según reportes periodísticos. A la falta de nuevos aportantes, se sumó la intervención de la SBS y el negocio naufragó.

Hoy los Ramírez, que se encuentran en la base de la pirámide, viven las consecuencias naturales de este tipo de negocio: no pudieron captar a más incautos y entonces no hubo devolución.

El líder y fundador de ‘Crowdfunding Dreams’ es nada menos que un miembro del Parlamento Andino: Jorge Romero Castro, quien entró a esta inútil entidad con Fuerza Popular el 2016. Tiene 47 años y se hizo conocido en los medios por un par de episodios infelices.

En 2019, por ejemplo, Alessandra Granuelly denunció en un programa dominical que fue contactada por Romero para trabajar en el Parlamento con la condición de que este se quedara con la mitad de su remuneración. Esto, incluso, produjo una denuncia constitucional por parte de la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a inicios de este año por los delitos de Concusión y Peculado de Uso. El caso está en manos del Congreso.

El nombre de Romero también saltó a la palestra en setiembre pasado, cuando se descubrió que “dobleteaba” como coach en la empresa Go American Coaching SAC, dedicada a “actividades de apoyo a la enseñanza” y de la cual es gerente general. Era un trabajo adicional al de parlamentario por el que ya recibía una remuneración de S/23.000.

En su LinkedIn, Romero destaca que es experto en coaching y en FireWalking&OutDoor, el extravagante nombre de una actividad que consiste en cruzar un corto camino de piedras a altas temperaturas. Además, se reconoce como especialista en distintos tipos de marketing. En esa red social, sin embargo, no figura su experiencia en ‘Crowdfunding Dreams’, aunque en su flamante canal de YouTube protagoniza vídeos en los que asesora a nuevos incautos a que “cumplan sus sueños”.

“En este grupo estamos las personas que queremos cambiar el mundo y contribuir para ser un millón de miembros en todo el planeta. Personas que impactemos en la vida de otras, que llevemos el mensaje de superación personal, de prosperidad, de mitigar la pobreza y crear un mundo de abundancia y prosperidad”, dice en uno de estos videos, sin precisar que la abundancia viene a costa de embaucar a los que están debajo.

Victoria -a quien cambiamos de nombre luego de originalmente publicar el verdadero por temor suyo a represalias-, de 71 años, y su esposo son otras de las víctimas. La pareja, que fue captada por una conocida de ambos, incluso se hizo de un préstamo para poder invertir una cuota de ingreso de S/10.430. Pero no tuvieron suerte en captar a más personas.
Con una operación urgente de por medio, solicitaron que se les devuelva su dinero. Idas y venidas, excusas y un único contacto con una persona de nombre Shirley, que es parte de la organización, fueron las noticias que recibió Victoria, quien ahora se encuentra delicada de salud y con un préstamo que tiene que honrar.

“Esto fue un boom en Barranca, todo el mundo se metía. La persona con la que hablamos [para pedirle la devolución del dinero] se puso altanera y no dejaba de hablar. Dijo que también había sido estafada y que estaba devolviendo como podía. No supimos más de ella”, cuenta la hija de anciana a Sudaca, mostrando el depósito de dinero y los chats de comunicación de esta estafa vestida de promesa.
Como ellos hay varias víctimas que esperan la devolución del dinero, aunque otros casos ya no tienen esperanzas.

“Te hablan de dinero, que era como una pirámide pero a través de donaciones. Te pintan que tal persona ha cobrado y, habiendo un precedente de alguien que lo logró, entré”, cuenta Luis, otro miembro de Crowdfunding International Dreams que se siente estafado y que pide no revelar su nombre real.

A Luis le dijeron que si quería retirarse de la comunidad y tener su inversión de vuelta debía conseguir un reemplazante. “No he podido conseguir a quien me reemplace, pero al inicio se me dijo que cuando quisiera retirarme podría hacerlo. Si intento traer a alguien, esa solución me va a traer un problema. Yo ya di el dinero como perdido”, se lamenta.

«Hay protocolos que hay que cumplir y un estatuto donde uno entra sabiendo que no se pueden romper las reglas», responde a Sudaca Percy Aguilar, uno de los organizadores. En buena cuenta, si no consigues reclutar más gente, pierdes tu dinero.

A decir de Aguilar, el parlamentario Romero Castro “es el líder, el master coach, quien da entrenamientos y todas las pautas para ingresar con todo el conocimiento a la comunidad”. Romero no respondió nuestras llamadas para consignar su versión en este reportaje.
Antes la captación de donantes se hacía a través de conocidos, luego a través de grupos de WhatsApp y Telegram. De hecho, en esta última red social hay más de 3.200 miembros que son los que han venido aportando al menos una cuota de S/5.215. Los miembros se jactan incluso de haber captado a oficiales de la Policía.

Para tener más aportantes, además, son constantes los zoom en los que mentores o ‘coachs’ incentivan la búsqueda de más donantes. Es el caso de la ciudadana venezolana Lisette Alemán, quien recientemente tuvo una charla virtual -a la que Sudaca pudo infiltrarse- frente a más de 500 miembros.

“Nuestra meta es llegar a un millón de personas. ¿Se imaginan que esas personas tengan S/114.730 en sus cuentas? Para eso se necesita ser el mejor. No sea mediocre. Si usted hace esto, está contribuyendo a que este mundo sea mejor. Llame a esa persona y dígale ‘gracias por darme la oportunidad’ o dígale ‘me parece que es un ser extraordinario, te amo, eres mi mejor amiga o amigo”, se le oye decir a Alemán. Como si fuese una dinámica al interior de una iglesia evangélica.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) confirmó a Sudaca que ‘Crowdfunding Internacional Dreams’ no cuenta con autorización de dicha entidad para realizar actividades de captación de dinero del público bajo ninguna modalidad.

No solo eso, sino que solo aquellas entidades que estén autorizadas son las que «pueden realizar actividades de captación de dinero del público, sea como ahorro, depósito o de cualquier otra forma». Asimismo, señala que han recibido consultas, pero todavía no cuentan con información respecto a quiénes manejan y cómo opera este sistema. En este reportaje pueden encontrar algunas respuestas.

 

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“Si proclaman a Pedro Castillo, el Perú se va a dividir en dos. Los demócratas no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Vamos a hacer marchas y movilizaciones, vamos a seguir en nuestra lucha. Luego, viene el derrocamiento de Castillo como la salida a esa crisis”, dice Roger Ayachi Soria (60), conocido como ‘el profesor’, porque trabaja como docente de educación secundaria. Ayachi es uno de los fundadores del colectivo de extrema derecha ‘Los Combatientes’.

 

¿Ustedes lo van a derrocar?, le preguntamos. “Por supuesto, con las masas movilizadas, porque no vamos a permitir que el Perú se convierta en una nueva Venezuela. Vamos a seguir con nuestras marchas de manera infinita, de manera permanente, de manera constante”, añade.

En entrevista con Sudaca, Ayachi señala que ‘Los Combatientes’ -que ya cuenta con aproximadamente 50 miembros- son “un colectivo político anticomunista que está por la democracia y se alinea políticamente en la derecha”. En una fotografía publicada por el portal ‘Ojo Público’, Ayachi aparece junto a otros miembros de ‘Los Combatientes’ con el brazo derecho levantado, tal cual un saludo fascista. Ayachi niega tener alguna admiración por el sanguinario Adolph Hitler, aunque lo considera “un líder de talla mundial” con el que “no comulga en ideas”. “El brazo levantado significa ‘el Perú por encima de todos’”, es la salida que encuentra para defenderse. 

 

José Luis García Danuso, miembro de ‘Los Combatientes’, aparece en pleno enfrentamiento con los ronderos, frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el pasado 24 de junio (fotos: Grupo El Comercio).

 

En la imagen también aparece José Luis García Danuso (65), conocido como ‘figureti’. Desde el año 2019, García Danuso se volvió simpatizante y activista de Keiko Fujimori. Aunque dice ser un antiguo participante de manifestaciones a favor de Alan García, el PPC y hasta de Susana Villarán cuando, por ejemplo, esta enfrentaba la revocatoria. Su afán, admite, era figurar, pero ahora asegura que lo hace con convicción. “Antes no he sido militante de ningún partido, solo era ‘figureti’ porque me gustaba salir en las fotos; incluso he salido en telenovelas [como extra]”, explica. Hace cinco años, el programa Al sexto día’ hizo un reportaje sobre su vida titulado ‘El figureti de la televisión’. 

Juan José Muñico Gonzáles (45) es otro de los rostros visibles de la derecha que empieza a tomar las calles. Es parte de ‘La Resistencia’, que alberga a simpatizantes del expresidente Alberto Fujimori y del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.En el grupo de Whatsapp de este colectivo hay más de 200 personas.

 

Juan José Muñico, ‘Maelo’, miembro de ‘La Resistencia’, no aparece en los enfrentamientos contra los ronderos, en el cruce del jirón Lampa y la avenida Nicolás de Piérola (exColmena), el pasado 24 de junio, según las imágenes de las cámaras de vigilancia del JNE.

 

Muñico dice que apoyará las decisiones de sus pares de ‘Los Combatientes’ en caso Castillo sea proclamado Presidente de la República. “A la hora de marchar, salimos todos. Pero las decisiones las toma cada grupo, bajo su responsabilidad”, responde.

“De todas maneras tiene que haber una reacción ciudadana. Nosotros consideramos que es un fraude. Diversos colectivos estamos conversando para volver a salir, así como hubo manifestaciones multitudinarias, de la misma manera”, apunta Muñico, conocido como ‘Maelo’, que tiene una sentencia por difamación al Ideele y ha sido vinculado por IDL-Reporteros en un asesinato sin resolver, aunque él asegura ser “inocente”.

 

Este es el video de la cámara de seguridad de la Municipalidad de Lima que registró los enfrentamientos, en el cruce de la avenida Nicolás de Piérola con el jirón Lampa, frente al JNE, el pasado 24 de junio.

 

Fuerzas de choque

García, de ‘Los Combatientes’, fue el principal protagonista del violento enfrentamiento frente al JNE, el pasado 24 de junio, entre miembros de este grupo y los simpatizantes de Castillo, sobre todo ronderos. Ayachi dice que prefirió no ir. A pesar de que ‘Maelo’ se encontraba cerca -dice que recogiendo unas piñatas con las imágenes de los presidentes del JNE y de la ONPE-, tampoco participó. Las imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona corroboran que se encontró con Ayachi cerca de dicha institución, a unos 200 metros de distancia de los hechos, aparentemente luego de que el incidente terminara.

Roger Ayachi, ‘el profesor’, y José Luis García, ‘el figureti’, miembros de ‘Los Combatientes’, se quedan a dormir a veces en el campamento de simpatizantes de Fuerza Popular, instalado en el Paseo de los Héroes Navales, frente al Palacio de Justicia. Ayachi no participó en los enfrentamientos contra los ronderos, el pasado 24 de junio (fotos: Facebook de R. Ayachi y Juan C. Chamorro).

 

“El objetivo principal [de aquel día] fue hacer un plantón al costado del Jurado Nacional de Elecciones. Queríamos posicionarnos, tenemos ese derecho, la calle no solo es para los comunistas, también es para los demócratas como nosotros”, señala Ayachi.

“Frente al Palacio de Justicia nos reunimos todos los grupos de Fuerza Popular. Al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), fuimos 40 personas. Fuimos a sacarlos [a los simpatizantes de Pedro Castillo] porque no dejaban las inmediaciones [del JNE]. Fuimos a pedir que anulen las elecciones porque hubo fraude. Y los ‘rojos’ estaban allí. Queríamos que se vayan porque ocupaban toda la pista durante dos semanas; comían, bailaban y pernoctaban ”, asegura José Luis García.

En varios videos grabados por simpatizantes de Castillo se puede ver parte de la arremetida de ‘Los Combatientes’. Algunos de los palos utilizados para el ataque tenían incrustados clavos, según denunciaron los seguidores de Perú Libre.

La Confederación Nacional de Ronderos Campesinos–Conarc registró ocho heridos. Uno de ellos fue Gregorio Charaja, quien -según la Conarc- posee 12 puntos en la cabeza por esa agresión. La organización dice que necesita operación, pero Sudaca se puso en contacto con Charaja por Whatsapp y respondió: “No te preocupes, estoy bien, con antibióticos, ya me hice los chequeos respectivos. No hay operación”.

En los videos del JNE que pudo revisar Sudaca no se distingue, sin embargo, a personas heridas que hayan sido cargadas por terceros y/o conducidas a ser auxiliadas por los golpes durante el enfrentamiento. Lo que sí se corrobora es que ‘Los Combatientes’ inician el ataque y luego reciben la respuesta de los ronderos, quienes también se defienden y atacan con palos de madera. El enfrentamiento dura aproximadamente ocho minutos. En el mismo video se comprueba además que un ‘combatiente’ es tomado rehén por los ronderos y luego es liberado, pero sin haber sido golpeado

De acuerdo a un video grabado por las cámaras de vigilancia de la zona aquella tarde, se ve a García Danuso lanzar tres palazos contra el cuerpo de varios ronderos, aunque ninguno de estos hace impacto.

De todas formas, era un elemento letal. “Sí. Ese palo es de triplay, de la madera que hemos roto”, responde García. Y admite que probablemente los palos con los que atacaron a los ‘rojos’ tenían clavos, aunque descarta que los hayan colocado intencionalmente. “No hubo heridos, eso es un invento”, se defiende.

La Conarc denunció las agresiones a la comisaría, pero no han tenido noticias. El Ministerio Público abrió una investigación por la muerte de uno de los ronderos, Sacarías Meneses, pero resultó que este había fallecido por una cirrosis y no a causa del enfrentamiento.

Desde el sábado, ‘Los Combatientes’ pasan algunas noches en el campamento instalado por simpatizantes de Keiko Fujimori en el Paseo de los Héroes Navales, frente al Palacio de Justicia. En el lugar también confluyen otros grupos, como ‘La Insurgencia’, que lidera Flor de los Milagros Contreras, uno de los rostros más conocidos de estos movimientos de extrema derecha.

El campamento alberga unas 250 personas que duermen en carpas. La excandidata al Congreso por Fuerza Popular, Mónica Sánchez, una de las voceras de esta iniciativa, dice a Sudaca que todo es autofinanciado y precisa que recibe el apoyo de diversas personas que se acercan a entregarles víveres y alimentos.

 

¿Qué hará el campamento en caso sea proclamado Pedro Castillo?, le preguntamos. “Vamos a seguir aquí. Vamos a seguir haciendo vigilia. No vamos a aceptar a un presidente con trampa. Necesitamos que se respete el voto de la ciudadanía peruana. Estamos pidiendo auditoría internacional. Estamos pidiendo no solo el apoyo de la OEA, que ya nos ha fallado, sino de la parte europea. Y nos está escuchando. Acá nosotros no vamos a aceptar a ningún presidente. Si no hay auditoría, nuevas elecciones de segunda vuelta”, señala.

Al ser consultada sobre la propuesta de ‘Los Combatientes’ de realizar manifestaciones que terminen en el “derrocamiento” de Castillo, Sánchez solo atina a contestar: “No tengo conocimiento”. Estamos advertidos.

 

(*) Fotocomposición de portada e infografía: Leyla López

Imágenes: Grupo El Comercio, del pasado 24 de junio

 

Por Sonia Condori Sánchez

Difícil imaginar lo reveladora que puede ser la punta de un cabello. Este tejido, considerado un importante biomarcador por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, puede acumular metales en su estructura durante su proceso de crecimiento. “En la punta del cabello se acumula lo que se ha absorbido desde hace tres años. Entonces, si tengo esa muestra, puedo analizar si se ha acumulado plomo”, afirma Flaviano Banchini, director de Source International, organización que trabaja en Perú -entre otros países- con comunidades que lidian con la contaminación ambiental.

 

“Nosotros hicimos un estudio de ese tipo con los niños de Cerro de Pasco y hallamos un pico de contaminación entre enero y abril del 2017. Las muestras las tomamos en el 2018. En esos tres meses, hubo un incremento de contaminación y, al revisar los informes de Volcan, identificamos que justo era la época en la cual esa compañía había reiniciado su actividad minera”, explica.

Los resultados hallados por Source Internacional sirvieron de base al Centro de Análisis de Delitos Climáticos (con sede en La Haya, Holanda) para emitir, en 2019, un par de informes sobre la situación de Volcan en Cerro de Pasco. Una investigación solicitada por uno de los fondos de inversión más poderosos del mundo: el Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega, que acumula excedentes del negocio petrolero. Esto, porque la multinacional suiza Glencore había adquirido pocos años antes más del 50% de las acciones de Volcan. El Fondo noruego quería saber si debía o no seguir invirtiendo en la firma suiza.

En uno de los informes, el Centro de Análisis de Delitos Climáticos (CCCA) detalla un antecedente importante: en 2012 el Consejo de Ética del fondo noruego le recomendó a este excluir a Volcan de sus inversiones debido a la contaminación presente en los ríos y el suelo de Cerro de Pasco, así como en la sangre de sus niños. Luego de una segunda evaluación, esta vez por parte del Ministerio de Finanzas noruego, Volcan fue excluida de sus inversiones en octubre de 2013.

Al revisar la lista de excluidos, Sudaca encontró que Glencore figura como “excluida” desde mayo de 2020

Exclusión de Volcan del Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega. Fuente: Web del Norges Bank.

Mientras que en Noruega se encendían las alertas, en Perú todo siguió como si nada pasara. Al cierre de aquel 2013, más de S/1.477 millones de los fondos de jubilación de los trabajadores estaban invertidos en Volcan por decisión de las AFP que operan en nuestro país, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Al año siguiente las cuatro AFP vigentes en el mercado -Integra, Profuturo, Prima y Hábitat- continuaron invirtiendo en esta minera y no lo dejaron de hacer hasta la fecha.

Paralelamente, Volcan ha sido una de las mineras que más multas firmes acumuló por infracciones ambientales: S/18.652.899 entre 2011 y 2019, según data del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) obtenida por Ojo Público. En 2020, cinco multas firmes le fueron impuestas a la compañía por un total de S/2.149.656, según un registro de OEFA solicitado para esta investigación.

En este registro, proporcionado a inicios de mayo último, se muestra que dichas multas firmes no habían sido pagadas aún por la compañía. Este medio insistió en reiteradas ocasiones por una entrevista con Volcan, pero no obtuvo respuesta. Al cierre de enero último, S/867.927.415 de los fondos de pensiones figuraban invertidos en Volcan, de acuerdo a la última data disponible en la SBS.

Además, otras dos mineras donde las AFP tienen invertidos más recursos de los afiliados, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. y Minsur S.A., han sido sancionadas por infracciones ambientales.

Buenaventura inició sus actividades en Huancavelica en 1953 y con el tiempo extendió sus operaciones mineras hacia el norte, sur y centro del Perú. Su infracción más reciente se dio en el río de la comunidad de Huancarama, en Arequipa.

El color verdoso y olor pestilente del agua llamaron la atención de los vecinos, quienes también encontraron venados andinos (tarucas) muertos en el lugar. Según reportó el medio local El Búho en noviembre de 2019, la queja principal fue sobre una filtración hacia el río del lugar, una filtración que alegan provenía de una cámara de carga bajo la responsabilidad de Buenaventura. Esto habría afectado a zonas como Chilcaymarca, Chachas, Orcopampa, Andahua y la parte alta de Condesuyos. 

Ese mismo año, a Buenaventura, cuya cabeza de directorio es el expresidente de la Confiep Roque Benavides Ganoza, le fueron impuestas distintas multas en agosto, noviembre y diciembre, alcanzando un valor de más de medio millón de soles (S/ 636.195). Al cierre de 2019, S/156.689.118 de los fondos de jubilación estaban invertidos en dicha minera, según data de la SBS.

La compañía Minsur también está entre las mineras que más inversiones han recibido de las AFP. Según el Organismo de Evaluación y Supervisión Ambiental (OEFA), la firma registró 23 resoluciones de sanción por haber cometido 53 infracciones ambientales entre los años 2012 y 2019, de acuerdo a una investigación de Convoca.pe.

Además, la compañía del grupo Breca tuvo 20 Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS) de la OEFA, entre enero del 2018 a diciembre del 2020. La mayoría se debió al presunto incumplimiento de las recomendaciones de supervisión y lo establecido en su instrumento de gestión ambiental.

En el 2019, se determinó que esta compañía productora de oro y estaño incumplió lo indicado en su instrumento de gestión ambiental en la unidad minera de Pucamarca, en Tacna, por lo cual se le sancionó con 8.23 UIT (S/34.566).

[Nota de edición: En la primera versión de esta nota se mencionaba que la sanción fue por incumplir medidas correctivas, la razón correcta ha sido precisada en el párrafo]. 

Los estándares éticos de las AFP

El historial de multas y sanciones de Volcan, Buenaventura y Minsur contrastan con la importancia que le dan las AFP a sus criterios éticos.

Ranking. Volcan ha sido una de las mineras que más multas firmes acumuló por infracciones ambientales: S/18.652.899 entre 2011 y 2019.

Por ejemplo, AFP Integra señala en un documento oficial publicado en su web en el apartado de “Sostenibilidad” que «se compromete a incorporar criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) en la revisión de oportunidades de inversión». Y precisa que utilizan la categoría de “inversiones directas controversiales” para los casos de aquellas “compañías que hayan recibido una sanción por parte de alguna autoridad competente (en los tres últimos años o de las que se tenga evidencia de no haber tenido remediación) o que tengan investigaciones en curso por prácticas relacionadas con (…) afectación de la salud pública y/o el bienestar animal, (…) [o] contaminación y/o deterioro de ecosistemas”.

En tanto, en su Política de Inversiones Responsables, Prima AFP indica que «deberá realizar un análisis detallado de aquellas propuestas de inversión que generen o puedan generar controversias por su impacto social, ambiental y/o de gobierno corporativo, analizando si dichas controversias son estructurales o no estructurales, el grado de severidad, y gestión de éstas por parte de las empresas». Además, precisa que considerarán “actividades controversiales” a aquellas altamente expuestas al “impacto en la  biodiversidad y uso de la tierra, emisiones tóxicas y desechos», entre otras.

«Desde hace años, venimos gestionando nuestros impactos de forma transversal y responsable, a través de diversas iniciativas, programas y proyectos. Continuando con este compromiso, en el 2020 articulamos una estrategia que además de considerar criterios económicos, sociales y ambientales, aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS”, dice Profuturo AFP en su web.

Habitat, por su parte, presenta reportes de sostenibilidad, pero tampoco publica en su sitio web un Código de ética para las inversiones como tal. César Ipenza, abogado especializado en medio ambiente, indica que “es necesario contar con lineamientos de un código de ética para las entidades financieras que permitan al público conocer en dónde están invirtiendo su dinero».

Este medio busco reiteradas veces a la Asociación de AFP, pero no obtuvo respuesta alguna. Asimismo, buscamos a cada AFP, sin embargo decidieron no participar del reportaje o no brindaron contestación al cierre de esta edición.

«Un código de ética es la forma en que la empresa se autorregula, pero eso tiene que vincularse con la normativa que éstas deben cumplir como: la Ley de Pasivos Ambientales Mineros, Ley de tierra de Minas, Ley General del Ambiente», opina Ipenza. 

Sudaca preguntó a la SBS qué normativa está vigente respecto de los criterios medioambientales en las inversiones a las AFP. “(…) nuestro rol inicialmente está más orientado hacia buscar, en esta etapa, transparencia de información de la industria sobre la incorporación o no de los factores ASG en el proceso de inversión de los fondos de pensiones”, respondió el regulador en referencia a una normativa aprobada en junio último.

Subrayó, además, que el proceso de adecuación será gradual, pues en su opinión “existen variables que aún en el contexto internacional requieren ser uniformizadas”. Por ejemplo, apunta, “bases de datos que permitan estimar correctamente la materialidad de impacto de determinados factores ASG por industria o país”.

Tal parece que el uso de la transparencia y el rol activo del afiliado serán la fiscalización más activa. O tocará inscribirse en un curso acelerado del modelo noruego.

*Los descargos de Minsur no llegaron hasta nuestro cierre de edición, pasado dicho cierre la compañía envió a Sudaca una nota aclaratoria que puede revisar en el siguiente enlace, así como nuestra respuesta.

Fotocomposición de portada por Leyla López. Foto: Van Houtryve.

 

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“¿Por qué la gente me está atacando por mi familia? Yo sé que algunas personas la odian, pero yo no elegí la familia que tengo y la amo”, dice la hija de 13 años de Keiko Fujimori, en un video de TikTok publicado el pasado 20 de junio. Esta fue su respuesta ante los insultos y el acoso que padece sistemáticamente en esta red social.

En uno de los videos subidos ese día, la menor asegura leer “todo lo que ponen” y que “algunas cosas sí pueden herir”. También advirtió que “la mayoría de personas que comentan son mayores de edad”. Y señaló, no sin razón: “Ellos deberían estar dando el ejemplo”.

 

Como respuesta, la cuenta “vladimircerronoficial”, una cuenta apócrifa del fundador de Perú Libre, le comentó: “Tu mamá irá al paredón y pumpumpum”.

Otros mensajes que Sudaca pudo encontrar en un breve patrullaje virtual fueron: “¿Cómo hace tu mamá para pagar tu plan de datos si no trabaja’”, “¿15 años de cana se pasan volando, verdad?”, “tu mamá es corrupta, dile que ya no postule a la presidencia, que acepte su derrota con Pedro Castillo”, “cuando suba [Castillo], la señora K y su papito estarán en cana y no habrá quién la cuide, ¿algún bondadoso que la adopte?”.

Las cuentas

Para entrar a TikTok debes tener, como mínimo, 13 años. Esa es, precisamente, la edad que tiene hoy la hija mayor de Keiko Fujimori. Mientras su madre decidió sumergirse en esta plataforma digital para promover su campaña política, su hija difunde contenido relacionado a sus gustos personales, que van desde Faraón Love Shady hasta mostrar a su gatito Maluma.

Tal vez el único contenido “político” haya sido el que publicó el 6 de junio pasado, día de la segunda vuelta. ¿Pidió a sus más de 600.000 seguidores que votaran por Fuerza Popular? ¿Criticó la candidatura de Pedro Castillo? No. Solamente agradeció a unos chicos que le regalaron una patineta en el cierre de campaña fujimorista. Y acompañó el saludo con una canción de fondo que decía que “no los olvidaría”.

Aún así, la publicación desató la ira de una legión de cuentas anónimas que le reclamaron a una niña los errores y delitos de su madre y su familia. Muchos de ellos cometidos por los Fujimori cuando la menor ni siquiera existía. Es el caso de la cuenta ‘End_Flor’, aparentemente manejada por una mujer, quien comentó: “Jajajaja que se vaya pa’ Santa Mónica tu mamá”.

Este reportero visitó TikTok para comunicarse con los agresores. Ninguno quiso revelar su verdadera identidad, pero sus justificaciones resultaron incluso más perversas que los mensajes vertidos. ‘End_Flor’, por ejemplo, se presentó como estudiante de leyes y aseguró estar muy informada sobre la situación actual del país. “Sé de política, estudio derecho y pues lo que hizo el fujimorismo no está nada bien, atrasó mucho al Perú”, se justificó.

La respuesta de End_Flor
La justificación de la cuenta «End_Flor» para atacar a una niña de 13 años en TikTok.

Para esta supuesta abogada era necesario exigirle a la menor “aceptar la derrota” de su madre, aunque su verdadera motivación era aún más ridícula: “Más cólera me da que se cuelgue de la fama de su mamá y me da igual su edad como para que hagan quedar como buena [a Keiko]”, respondió.

“Me parece una respuesta bien sádica. Lo que llama la atención es que sea dicha por alguien que estudia derecho. Ya la culpó, le asignó una intención, ya la juzgó y sentenció. Con eso no da ninguna posibilidad de pensar en nada. Es dramático. Imaginémonos a esa persona a cargo de un juicio futuro”, dice a Sudaca el psicoanalista Leopoldo Caravedo.

Otro usuario de TikTok al que contactamos responde al indescifrable nombre de ‘Omiraelgeydeyolo’, que también le enrostraba a la menor los problemas legales de Keiko Fujimori. “Tu mamá se irá a la cárcel si no gana #humor vamos Keiko”. El hashtag pretendía darle un tinte sarcástico al cruel mensaje.

La persona detrás de esta cuenta reconoce que su mensaje puede tener consecuencias en la hija mayor de los Fujimori. “Bueno si [fuera] mi mamá a mí también me afectaría”, admite. Aún así, insistió que Keiko terminará presa y, por eso, debía recordárselo a la adolescente.

RespuestaAgresor
La justificación de otra de las cuentas: predecir el futuro.

Revestir como algo chistoso estos comentarios hirientes, según la psicóloga social y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Priscilla Pecho, es un intento de camuflar el daño. “Muchos utilizan esta estrategia para que no se vea como violencia. Se piensa que de alguna manera se le baja la gravedad [al mensaje]. Buscan que la otra persona lo acepte y normalice. Hay que empezar a nombrarlo por lo que es”, afirma.

“La verdad dicha sin empatía es una agresión. Si resulta cierto, no deja de serlo. Es una niña de 13 años. ¿Por qué se lo tiene que recordar? ¿Cuál es el beneficio detrás? ¿Va a contribuir a qué?”, se pregunta Caravedo.

Es delito

Pero también hay comentarios de carácter sexual. En TiksToks donde la menor baila como cualquier adolescente de su edad, se puede encontrar comentarios como: “que sexy”, “mi mujer”; “¿quién será el suertudo de ser su novio?” o “yo te haré creer en el amor”.

Para la psicóloga Priscilla Pecho este tipo de mensajes calza dentro de lo que se conoce como violencia simbólica y está, tristemente, normalizado en nuestra sociedad. “Eso también devela la hipersexualización de las adolescentes mujeres. Son comentarios de acoso que ellas no esperan [referidos] a su cuerpo o aspectos netamente sexuales”, explica.

El Código Penal peruano contempla el delito de acoso sexual gracias al Decreto Legislativo N°1410 aprobado a finales del 2018. La ley, de hecho, ya ha mostrado algunos resultados. En octubre del 2019 se dio la primera condena con prisión efectiva por este delito a través de Internet. Alex Álvarez fue sentenciado a cuatro años y ocho meses de cárcel por hostigar a su expareja, una menor de edad, para retomar su relación y tener sexo.

Para Dilmar Villena, abogado especialista en derechos en entornos digitales, lo que vive la hija de Keiko Fujimori en su TikTok también encaja en este crimen. «Me parece que estamos totalmente frente al delito de acoso. La situación alrededor de [la hija de Keiko] tiene varias consideraciones: es menor de edad, es mujer, por lo que es sexualizada; y está expuesta públicamente, lo que la vuelve vulnerable”, afirma el abogado.

Comentario sexista
El otro tipo de comentarios que suele recibir la hija de Keiko Fujimori en su TikTok.

La aparente “exposición pública” de la hija de Keiko tampoco es suficiente para librarse del delito. «En este caso una cosa no justifica la otra. Es cierto que la mayor exposición pública es por decisión de sus padres. Al hacer eso las exponen a posteriores ataques, pero ella no ha decidido por voluntad propia entrar a la vida pública«, asegura Villena.

El abogado señala, sin embargo, que la norma aún está en pañales. “Lo que pasa es que cuando estas denuncias llegan a la Fiscalía no se les da mucha prioridad. Dicen: ‘bueno, están molestando [en] redes sociales, ¿qué se puede hacer?’. No se tiene consciencia sobre el daño que puede generar», apunta.

Villena lidera un grupo legal de la asociación Hiperderecho que ha analizado la aplicación de esta ley. Los resultados han arrojado falencias de todo tipo. “En los casos que hemos acompañado, incluso con personas identificadas, se complica mucho la investigación. Con cuentas anónimas es mucho peor”, explica el abogado.

Ocultar su identidad para atacar es justamente la estrategia que aplican estas personas con la hija mayor de Keiko Fujimori. “Lo más terrible del asunto es que están haciendo exactamente lo mismo que le critican a esa familia, porque están usando de la manera más burda ese espacio de impunidad donde se sienten protegidos y descargan todas sus frustraciones”, afirma el psicoanalista Leopoldo Caravedo.

Las propias redes sociales favorecen dicha impunidad. TikTok no permite enviar mensajes, como sí lo hace Facebook, a otra cuenta. A menos que esta persona te siga de vuelta. Esto dificulta la identificación, como pudo comprobar este reportero al intentar comunicarse con otros agresores.

Por ello las autoridades requieren la colaboración de las mismas plataformas. Sin embargo, esa es otra barrera: el contacto de TikTok para América Latina queda en Singapur. 

Por eso estos procesos suelen demorar. «Lamentablemente termina siendo largo si no tienes muchas pruebas y tienes que investigar desde cero. Casos que nosotros tenemos van a cumplir un año y recién van a iniciar la etapa de juicio”, se lamenta Villena.

Daños irreparables

Pasar por agua tibia estos actos puede ser gravísimo para quien los recibe. La psicóloga Pecho considera que las consecuencias pueden llegar a “trastornos de conducta alimentaria o depresión por tener esta visión de que su imagen necesita ser validada por otras personas”.

Las consecuencias de esta experiencia indeseable para la hija de la candidata naranja podrían afectarla a largo plazo. “Que a uno le digan ese tipo de cosas puede ser muy impactante. Algunos síntomas se llegan a presentar después de 15 años incluso. Probablemente lo que ocurra es que el sentimiento de rabia, de odio, sea muy grande. Esa chica va a sufrir mucho en su vida futura”, asegura Leopoldo Caravedo.

Al parecer en Tik Tok varios no le perdonan a la menor ser la hija de la lideresa naranja. Para Caravedo esta atribución es peligrosa. “No sé si se piensa esto con claridad de cara a la convivencia futura del país. Uno puede estar en contra de Keiko Fujimori, pero no podemos hacer de esto una cosa de familia, por más que varios de ellos estén metidos en política”, asegura.

“La violencia no puede ser una forma de expresar desagrado. Es la manera más fácil que encuentran de expresarlo, pero lo hacen de forma equivocada: atacando a una persona que directamente no ha sido responsable, que es conocida por ser ‘hija de tal persona’”, agrega Priscilla Pecho.

OtroAtaque
Otro de los mensajes que suele recibir. En TikTok parecen creer que la niña también hace campaña política.

Para Caravedo la motivación de las personas que están detrás de estas cuentas consiste en atacar al indefenso. “Ahí es donde más daño pueden hacer. Atacan a la hija para generar esa sensación de miedo y temor en Keiko Fujimori que no puede hacer nada porque no es un ataque directo hacia ella. Así es bien difícil defenderse”, afirma.

Nadie sabe si se tomarán medidas legales al respecto. Tampoco si la víctima será otra Fujimori en política. De momento, lo cierto es que solo es una niña que ni siquiera ha terminado el colegio. La gente que la ataca por llevar el apellido de su madre y abuelo tendrán que recordar que su accionar no solo es cobarde, sino también criminal.

**Fotoportada por Leyla López

 

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Elecciones 2021, Keiko Fujimori, Redes sociales

Por Alessandro Azurín y Alba Ñaupas

«El feminismo surge de un enfoque patológico de la sociedad, de quienes creen que pueden ser dueños de las vidas de su pareja o de la mujer», respondió la candidata María del Pilar Tello a una de las preguntas de la Comisión Especial encargada de escoger a los mejores exponentes para conformar el Tribunal Constitucional (TC). Tello, aunque usted no lo crea, es la séptima en el orden de mérito de la lista final.

 

Su peculiar respuesta fue una de las frases memorables que dejaron las jornadas de entrevistas personales en el Legislativo. En esta etapa, previa a la votación final en el Pleno, hubo de todo. Desde alusiones al aborto y el divorcio, hasta menciones a iniciativas de este Congreso como el retiro de los fondos privados de pensiones.

La carrera pública de Tello, que obtuvo uno de los más altos puntajes de la etapa de entrevistas, ha estado vinculada al APRA. No solo postuló con ellos al Congreso en el 2001, sino que también fue funcionaria del segundo gobierno alanista como presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y de Editora Perú en el 2006. Renunció luego de que una denuncia periodística revelara que percibía doble sueldo del Estado: trabajaba en Editora Perú y la Universidad Nacional Federico Villarreal. 

Como ella, otros actuales candidatos también tienen relación con parte de la variada fauna política peruana. Y podrían convertirse, gracias a estas elecciones retomadas hace solo tres meses, en uno de los seis nuevos tribunos.

María del Pilar Tello, la candidata al TC con corazón aprista. Foto: Andina.

La prisa no sorprende. Detrás de estas elecciones express -que buscan designar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional antes del 28 de julio- hay más de un motivo económico y político. “La situación del TC es clave para muchas cosas. Se va a elegir para los próximos cinco años y no es dable que un Congreso con estas características proceda ahora a elegir a seis de los siete magistrados”, dice Walter Albán, exdefensor del Pueblo y miembro del directorio del Consejo Directivo de Proética. 

Y luego añade: “En esta elección se suman varios intereses, pero ahora probablemente el interés más predominante es poner gente para tener un TC que convalide cualquier barbaridad de las que ya están postulando algunas de las actuales bancadas”.

Por ejemplo, en los 38 meses en los que estuvo activo el Congreso disuelto, tres de sus leyes fueron declaradas inconstitucionales. En menos tiempo, este Congreso complementario ya alcanzó a su predecesor. Y queda una larga lista de acciones de inconstitucionalidad presentadas por el Ejecutivo contra las leyes aprobadas por este Parlamento que serán atendidas por el TC, como aquella que elimina el régimen CAS o la que establece la formalización de los taxis colectivos.

La lista aún puede crecer. Durante la cuarta legislatura aprobada por este Congreso se han aprobado varias normas express que, según la abogada Úrsula Indacochea, el Tribunal podría declarar inconstitucionales. La más importante es el dictamen sobre la interpretación de la cuestión de confianza. “Por más vicios o irregularidades que tenga [este dictamen], un TC controlado políticamente no lo declarará inconstitucional. Claro que va a afectar a un posible gobierno de Castillo”, explica.

Albán coincide: “Si están tratando de aprobar esta norma sobre la cuestión de confianza, obviamente es para impedir que Castillo pueda tener ese recurso a la mano de llegar a necesitarlo y el nuevo TC probablemente va a confirmar la constitucionalidad de esa norma sin mayores empachos, a pesar de que sea abiertamente inconstitucional”, sostiene el exministro.

Para tener una mayoría en el TC, basta con que este Congreso logre cambiar a solo uno de los magistrados: Manuel Miranda Canales, a quien le correspondería salir primero si es que se opta por la opción de reemplazar primero al magistrado que tiene la colegiatura más antigua. Miranda ha sido un actor impredecible y no siempre ha votado a favor de los intereses de los grupos de poder. Por ejemplo, cuando votó -junto a Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Carlos Ramos- para declarar infundada la intentona para que prescriban más de S/9 mil millones de deudas tributarias (en litigio) de grandes empresas.

El plan para limitar los poderes de Pedro Castillo ya está en marcha y el TC podría entrar a tallar más temprano que tarde. El sábado 26 de este mes, el Poder Judicial declaró improcedente el pedido de acción de amparo de Javier Villa Stein para anular la segunda vuelta presidencial, en donde resultó ganador Pedro Castillo. Contrario a lo que pueda parecer, esta rápida respuesta del PJ deja la vía libre para que Villa Stein y compañía apelen en una de las Salas Civiles de la Corte Superior. Si otra vez el pedido es rechazado, la acción de amparo llegaría al Tribunal Constitucional.

“Rechazar rápidamente estos casos, aunque es lo que corresponde, acelera que los casos lleguen al TC. Esto es peligroso si en los siguientes días se nombran personas no independientes para ocupar los cargos en el Tribunal”, explica la abogada Úrsula Indacochea. Lo mismo opina Walter Álban, que fue integrante de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia: “Lo que le conviene a Villa Stein es llevar esto al Tribunal, donde tendría un resultado favorable de ser elegidos los nuevos magistrados a medida”, apunta.

 

Los intereses de las bancadas

Los más interesados en reanudar el proceso para elegir a los nuevos magistrados, según Walter Albán -que ha seguido de cerca el proceso- y una fuente cercana al TC, fueron los parlamentarios de la bancada de Acción Popular (AP). Esto, dado que es la que “está más cerca de la influencia del señor Raúl Diez Canseco”, asegura Albán.

Uno de los que promovió estas elecciones porque considera que es su “deber como congresista” y no puede “darle la espalda a sus obligaciones”, es el accionpopulista Luis Roel Alva, vicepresidente del Parlamento. Según fuentes del partido de la lampa, Roel es afín a la facción de Raúl Diez Canseco, dueño de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL). Esta universidad cuenta con dos demandas de amparo en el TC por asuntos tributarios que superan los S/10 millones, de acuerdo a un reciente informe de ‘Hildebrandt en sus trece’. Sudaca buscó al equipo de prensa de Diez Canseco y respondieron que no comentarían al respecto.

Pero esto no es lo único que hace levantar la ceja a más de uno. David Velasco Pérez, otro candidato al TC, es actualmente militante del partido de la lampa. Ha ocupado cargos dentro de la organización política e incluso postuló dos veces con este partido: en 2002 para ser regidor distrital y en el 2020 para ocupar una curul en el Congreso. No ganó en ninguna oportunidad y ahora parece tentar suerte en el máximo órgano constitucional del país.

“Creo que en esta oportunidad la bancada debería abstenerse de presentar algún militante porque al final se podría ver como una repartija. Lamento que hayan militantes que estén mezclando sus intereses personales […] Públicamente deslindo responsabilidades de mi partido”, asegura el presidente de Acción Popular, Mesías Guevara.

Consultado por los intereses que moverían a su bancada, el congresista Luis Roel Alva respondió que, al menos de su parte, “no hay ningún interés debajo de la mesa” y que, por ello, no votará por su correligionario Velasco Pérez, quien obtuvo uno de los puntajes más altos en la etapa de las entrevistas personales.

Otra bancada involucrada es Podemos Perú, el partido de José Luna Gálvez, quien actualmente cumple arresto domiciliario por presuntamente liderar una red criminal que pagó coimas para influir en la elección del entonces jefe de la ONPE, Adolfo Castillo, en el 2017. Su hijo, José Luna Morales, es titular de esta comisión.

“Nosotros nos quejamos porque dijimos: ‘¿cómo un señor que está investigado por hechos tan graves va a poder representar a su partido dentro de la comisión que va a escoger al TC?’. Eso no puede ser porque seguramente sus casos van a llegar ahí también. Hay un claro conflicto de interés”, explica el parlamentario del Partido Morado Gino Costa, exmiembro de esta comisión. 

El caso de Luna Gálvez podría terminar en el TC como el de tantos otros políticos. Por el tribunal, solicitando un hábeas corpus que puede anular las prisiones preventivas, han pasado ya Ollanta Humala, Nadine Heredia, Alan García, la misma Keiko Fujimori y su padre.

Otra bancada interesada en renovar el TC es la bancada de Unión Por el Perú (UPP). José Vega, su representante en el grupo parlamentario, es vicepresidente de la comisión. Sus pretensiones por influir en decisiones trascendentales como estas se verán disminuidas en el nuevo Parlamento porque no tendrá escaños. 

Vega ha renegado en varias ocasiones sobre la labor del actual TC. Cuando el tribunal declaró inconstitucional la ley que suspendía el cobro de peajes durante la emergencia sanitaria el año pasado –la primera de las leyes declaradas así por este Parlamento– el congresista aseguró a Canal N que “el Gobierno les está poniendo la agenda”. 

En febrero, cuando el TC declaró inconstitucional la ley que devolvía los fondos de la ONP, Vega trató de hilar una oración atacando a los actuales magistrados: “Hoy día, era la sospecha nuestra, que podría ser pasible de manipulación o interferencia, y hoy el TC ha fallado en contra. Una resolución infame”.

Los favoritos

Lo más preocupante, para los entrevistados por Sudaca, es que los candidatos que pasaron por la ronda de entrevistas no cumplen con el perfil idóneo para atender tareas complejas como las que hemos mencionado en las líneas precedentes. Además, claro, de haber adelantado opiniones, en su mayoría conservadoras, sobre temas ideológicos. 

El constitucionalista Carlos Hakansson Nieto, tercero en la lista de méritos, ya ha postulado al TC en 2014 y 2019. La última vez fue propuesto por la congresista Marisol Espinoza, en representación de la bancada de Alianza para el Progreso. Años atrás Hakansson afirmó que era conveniente plantear una ley para establecer razones que justificaran un arresto domiciliario en casos como el de Alberto Fujimori.

De acuerdo a El Comercio, precisamente Alianza para el Progreso y Fuerza Popular serían las bancadas que lo apoyarían. Su postura conservadora en determinados temas podría ser la razón. “¿Usted está de acuerdo con el aborto?”, le preguntó el congresista Jorge Pérez (SP), a lo que Hakansson respondió: “No concibo un constitucionalista que esté a favor del aborto… perdonen que sea así de radical”.

Fernando Calle Hayen, por su parte, sería el candidato respaldado por Acción Popular. Exmiembro del TC entre 2007 y 2014, se afilió y desafilió del APRA el mismo día: el 3 de marzo de 2009, mientras ejercía funciones como magistrado. Anteriormente, en 2001, ya había postulado con el mismo partido para ser congresista por Junín sin éxito. Con un puntaje de 91.45, ocupa el primer lugar en el cuadro de méritos.

Fernando Calle Hayen, quien sería el favorito de Acción Popular, encabeza el cuadro de méritos. Foto: Andina.

Otro aspirante es Vicente Walde Jáuregui, quien fue jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). En el 2018 se reveló un audio que tenía con el exjuez Cesar Hinostroza, presunto cabecilla de los ‘Cuellos Blancos del Puerto’, donde hablaban sobre la contratación de una relatora. En noviembre pasado fue cesado por la Corte Suprema por haber excedido el límite de edad como juez titular.

Walde es un candidato con un pasado cuestionable. En el 2005 fue destituido de su cargo de vocal supremo por haber anulado su propia sentencia y dictar otra, en la misma instancia, en el caso de un juicio de la Sunat con la empresa Becom. En la ronda de entrevistas fue cuestionado por una discusión que tuvo con un policía en el 2018, cuando le gritó a dos efectivos que le reclamaron por estacionar su vehículo en la vereda.

“Varias de estas personas que están como finalistas tienen cosas que explicar, que los hacen muy fáciles de presionar. Entonces, lo que quieren [los actuales congresistas] es poner a gente que sientan que le deben el puesto a ellos […] que entre ellos se esté eligiendo a los seis magistrados me parece terrible. Y en estas condiciones, todavía peor”, dice Albán.

“De méritos no tiene nada”

Con el cuadro de méritos publicado, falta poco para conocer a los nuevos seis magistrados. La comisión especial presentará, como máximo el día de mañana miércoles 30 de junio, el informe final a la Mesa Directiva del Congreso. Luego de eso, la votación del Pleno se daría en los primeros 10 días de julio.

La votación será individual por cada candidato. Para ser escogidos necesitan 87 votos, aunque el congresista Diethell Columbus, representante fujimorista en la comisión seleccionadora, dice que “nadie tiene asegurado” el respaldo mínimo porque “este Congreso es impredecible”. Parte de esa falta de acuerdo es gracias a los cuestionamientos al proceso.

De hecho, Gino Costa, exmiembro de la comisión por el Partido Morado, adelanta a Sudaca que su agrupación no respaldará a ninguno de ellos. “No votaremos por ninguno de los 15 porque cuestionamos el proceso en conjunto. Y, por lo tanto, no formaremos parte de esa elección. Esa será la posición de la bancada morada”, afirma.

De las 11 bancadas que conforman el Congreso actual, los morados y el Frente Amplio son las únicas que decidieron mantenerse al margen por los cuestionamientos al proceso. “Es una elección que tiene como propósito elegir a un Tribunal Constitucional que sea afín a una mayoría que claramente ha vulnerado sistemáticamente la Constitución”, denuncia el legislador morado recordando las leyes del Legislativo que ya han sido declaradas inconstitucionales. 

El TC es motivo de discordia desde hace años. Basta recordar noviembre del 2019, cuando Vizcarra disolvió el Congreso, para entenderlo. El conflictivo desenlace hace olvidar que la cuestión de confianza que presentó el expresidente –que luego interpretaría como denegada tácitamente– se dio, justamente, por su intención de modificar la Ley Orgánica de Elección del TC. 

Con ese precedente, el nuevo Parlamento decidió completar esa misión y aprobó la modificación. “Cuando se da la disolución y se dan las elecciones para el Congreso complementario, la mayoría en campaña, incluido yo, propusimos que no se podía elegir a los candidatos por ‘dedocracia’, porque eso generaba repartija. La reforma eliminaba la elección de magistrados por invitación y establecimos que el único medio era un concurso público basado en la meritocracia. Logramos ese cometido”, explica Luis Roel Alva, segundo vicepresidente del Parlamento. 

Sin embargo, tuvieron que pausar sus pretensiones por la crisis política provocada por Merino y su banda (presidencial). Una semana antes, en la Comisión Especial empezaron a pasar cosas turbias, como reveló Perú21 el 6 de noviembre del año pasado.

Rolando Ruíz, presidente accionpopulista del grupo parlamentario, había anunciado que 32 de 65 candidatos continuaban en competencia, pero luego redujo la selección a 30. A su vez, otros que no tenían observaciones iniciales, fueron retirados. 

Los abogados Héctor Chávez Vallejos y Luis Carrasco García, este último excandidato de UPP por Piura en las últimas elecciones congresales, habían sido descartados porque “las copias que acreditan su experiencia profesional no están fedateadas ni legalizadas por notario”, pero en la lista actualizada de Ruíz fueron reincorporados sin falta alguna. Hoy ninguno forma parte de los 15 finalistas.

Esto motivó la renuncia de las bancadas de Somos Perú, Alianza Para el Progreso, Frente Amplio y Partido Morado al grupo parlamentario por la irregularidad del recorte en la lista de candidatos. El último 20 de abril, días después de la primera vuelta, la Comisión Especial fue reactivada. Volvieron todos, menos el Frente Amplio.

El Partido Morado se retiró al día siguiente. Carolina Lizárraga, quien había entrado en reemplazo de Gino Costa, asistió a la primera sesión para exigir que el proceso vuelva a punto cero para corregir los cuestionamientos. No le hicieron caso. 

“Ella fue a la comisión a plantear que la única manera de elegir a los magistrados era comenzando el proceso por el principio, con una nueva comisión especial. No con la misma integrada por Luna Morales y Vega Antonio, entre otros”, explica Costa. 

El miembro de la comisión seleccionadora, Diethell Columbus, cuestiona que los morados hayan apoyado la reforma de la ley del TC, pero no formen parte del proceso. “Yo discrepo con muchas cosas que se puedan decir en la comisión, pero yo no tengo un doble discurso: no apoyo una reforma legal para que exista una ‘elección meritocrática’ y de repente saco cuerpo”, critica.

Columbus rechaza que otros miembros de la comisión hayan preguntado por leyes recientemente aprobadas en las jornadas de entrevistas de la última semana. Al legislador le parece rochoso que se pregunte “sobre el tema de la AFP o proyectos de ley que están en curso con posible inconstitucionalidad ante el TC que posiblemente [los candidatos] integren”.

Para Luis Roel, segundo vicepresidente del Parlamento, en cambio, era importante conocer la opinión de los candidatos sobre la “eutanasia, el aborto y la interpretación de la cuestión de confianza” porque son temas que podrían llegar al tribunal. “Nos deja ver las posiciones de los posibles magistrados para que luego no se contradigan o nos sorprendan con sus posturas”, afirma. 

Aún así, Columbus admite que, si eligen a alguien, no será, necesariamente, por su puntaje. “De méritos no tiene nada. Finalmente la comisión puede hacer todo el esfuerzo por evaluar, plantear preguntas pertinentes y otras impertinentes a los candidatos, pero lo real es que quien va a ser elegido magistrado es quien tenga los [87] votos”, asegura.

Por números y afinidades conservadoras. Así podría resolverse este lío que tiene cola desde hace más de dos años.

(*) Fotocomposición de portada e infografías: Leyla López

 

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Congreso, Tribunal Constitucional

Por Hernán P. Floríndez

Como cada fin de mes, desde hace 29 años, Carlos Alva Jara recibirá su boleta de pago de la Municipalidad Provincial de Trujillo con descuentos y retenciones para su AFP. Antes de graduarse como abogado, ser asesor legal en la municipalidad y enviar cerca de S/250 mensuales a la incierta promesa de una jubilación, Carlos fue cajero y conserje. 

Conoce en primera persona lo que significa ajustar el bolsillo mes a mes y teme que su jubilación lo regrese a como empezó en sus veinte.  

 

Carlos, con 55 años y un diagnóstico de diabetes, trabaja desde las siete de la mañana en el comedor de su casa. Envía informes legales, responde escritos y atiende consultas del público por teléfono. Además, como lo hace desde su juventud, mantiene una activa vida sindical. Es presidente de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE) y presidente fundador de la Asociación Nacional de Trabajadores Afiliados a las AFP (Antrafap).

En diez años podría jubilarse, pero está convencido de que, al hacerlo, la pensión no le alcanzará para cubrir sus gastos básicos. Además explica que las comisiones que le cobran son muy altas. Afiliado a Profuturo AFP, Alva paga a la compañía el 1,69% de su sueldo cada fin de mes como comisión. Cabe recordar, además, que desde 2013 parte de los afiliados pagan una comisión calculada no solo sobre su sueldo, sino también sobre su fondo acumulado: una comisión mixta.

Alva ha representado la voz de los afiliados desde 2012. Ha dictado charlas y talleres sobre el tema y, a través de la Antrafap, ha impulsado la ley que permitió la entrega de hasta el 95,5 % del fondo individual. Sin embargo, al igual que los más de 7 millones de afiliados al sistema, desconocía que junto con las comisiones que considera excesivas hay una más que se resta de su jubilación casi a escondidas; y que acá revelamos como parte de la investigación regional A dónde va mi pensión’. 

La comisión extra que pagas sin saberlo 

En Perú las AFP mantienen un gasto casi secreto mediante las llamadas ‘comisiones fantasma’: una especie de peaje invisible cobrado por administradoras extranjeras al fondo de ahorros de los afiliados.

Si bien todos los meses las AFP reducen un porcentaje de los sueldos y/o del fondo acumulado por administrar las pensiones, cuando invierten en fondos especializados del extranjero, estos cobran comisiones adicionales. Algunas las asumen las AFP, pero otras corren a cargo de los trabajadores.

La Ley del Sistema Privado de Pensiones permite que las AFP carguen los gastos operativos a los afiliados cuando las administradoras invierten en fondos mutuos o mutuos alternativos del exterior. Estos no son otra cosa que conjuntos de capitales administrados por sociedades foráneas, las cuales hacen rendir dicho dinero mediante diferentes instrumentos financieros (bonos, acciones, derivados, etc).   

¿Es usual que las AFP hagan este tipo de inversiones? Según la Composición Específica de las Carteras Administradas por las AFP que publica la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), a diciembre del 2020, solo un poco menos de la mitad (43%) del fondo de pensiones total está invertido en fondos del extranjero.

A la fecha señalada, están comprometidos más de S/71.000 millones en esta clase de inversiones. La que más apuesta por este tipo de fondos es la AFP Integra. Mientras que el fondo tipo 3 —el más arriesgado y el que recomiendan a afiliados hasta los 45 años— de la AFP Profuturo es el que mayor porcentaje envía a los fondos mutuos del extranjero (57.83%).

 

AFP-Inversiones Fonfos mutuos exttanjero
[ La mayoría de afiliados no suele mover sus fondos del lugar recomendado por la compañía. Elaboración: Leyla López. Fuente: SBS ]
No todo lo invertido afuera paga ‘comisión fantasma’, pero el monto desembolsado es considerable. Entre los años 2016 y 2020, las AFP pagaron más de S/1.673 millones a las administradoras extranjeras con los ahorros de los afiliados, según informó la SBS a este medio a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este monto equivale a más del 70% de lo registrado en ganancias netas por las AFP durante esos mismos años.

La Superintendencia calcula esta comisión en base al TER (Total Expense Ratio), un concepto que toma en cuenta los diferentes tipos de gastos que implica invertir en los fondos extranjeros. 

 

Comisión AFP
[Cabe resaltar que las estimaciones de la SBS, según informó, están basadas en fuentes financieras especializadas y no en reportes u oficios solicitadas por la misma entidad. Elaboración: Leyla López. Fuente: SBS ]

Estas millonarias comisiones estimadas a partir del TER son pagadas con el dinero de los afiliados sin que estos sean informados, ni consultados. Es como costear nuevas comisiones a un broker en el extranjero con la inusual particularidad de que no decides a quién le pagas ni cuánto pagas.

Estas comisiones sirven para cubrir los ‘Gastos de Gestión’, ‘Gastos de Distribución’ y ‘Otros Gastos’ del fondo extranjero. Es decir, son pagos por manejar las inversiones, incluso con la posibilidad de pagar una comisión de éxito, y por publicidad y marketing que ayuden a incrementar el valor del fondo mutuo en el mercado. También para cubrir gastos logísticos propios de la gestión del fondo como trámites, servicios legales y contables, etc. 

“Esto es una práctica mundial”, comenta Enrique Díaz, expresidente de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (hoy Superintendencia del Mercado de Valores) y exsuperintendente adjunto de la SBS, al revisar lo informado por la Superintendencia.

“Hay quienes han reclamado y han dicho ‘oye, yo te pago por administrar, ¿por qué tengo que pagar a dos administradores?’. Ya le pagué a la AFP y ¿encima le tengo que pagar al otro administrador?», reflexiona Díaz, y plantea la posibilidad de que la AFP asuma los gastos. «Entonces, como le va a doler el bolsillo, va a tener que buscar el costo más eficiente posible”.

Sin embargo, en opinión de Carlos Rojas, socio fundador de la banca de inversiones CAPIA, una medida así implicaría riesgos. “Hay ciertos gastos operativos que sí tienen que ser asumidos por el fondo, por ejemplo, la auditoría [contable] porque imagínate que el mismo manager, la AFP, asuma estos gastos. La independencia se quiebra”, sostiene. 

Además, continúa Rojas, la comisión de éxito de los fondos mutuos alternativos puede ser tan alta que sería “impagable” para las AFP porque reducirían sus ganancias en el mediano y largo plazo, y las alejaría de estas opciones de inversión que son uno de sus puntos fuertes.

Ambos especialistas, sin embargo, coinciden en la necesidad de un paso previo antes de entrar a este debate: que los afiliados puedan conocer, mediante reportes entregados por las administradoras, la precisión de las comisiones pagadas con su dinero por cada inversión. 

Este medio buscó la opinión de la Asociación de AFP (AAFP) que en un primer momento se limitó a enviar una breve respuesta por escrito argumentando, entre otras cosas, que estas inversiones “han sido favorables para los afiliados otorgándoles acceso a mercados que benefician significativamente a los fondos en términos de rentabilidad y diversificación del riesgo”.

Insistimos por una entrevista con cada empresa administradora sobre estas opacas comisiones. Sin embargo, la mayoría nos volvió a remitir con la asociación. A puertas del cierre de edición, finalmente la AAFP nos derivó con el gerente general de la AFP Integra, Aldo Ferrini.

Ferrini acepta la falta de topes y que estas son cobradas incluso cuando el fondo mutuo da pérdidas. Se muestra de acuerdo con transparentar “los reportes que enviamos de estos gastos a la Superintendencia [SBS]”. Y agrega: “Eso sí, no creo que el afiliado tenga la capacidad de decidir en qué fondo invertir su portafolio. Al ser una persona individual no podría tener acceso a estos managers”.

La falta de transparencia y límites sobre estos gastos otorgan total poder a las AFP para aceptar pagar —con el dinero de los afiliados— comisiones que pueden ser altísimas. En cambio, en Chile, donde nació el modelo de las AFP, la Superintendencia de Pensiones ha normado estos pagos desde el 2002. 

Hace casi 20 años las autoridades chilenas pusieron techo a las comisiones que se pagan a fondos mutuos extranjeros. Se definió incluso que “los excesos que pudieran existir por sobre las comisiones máximas de intermediación deben ser pagados por las AFP”.

¿Por qué vieron necesario limitar y transparentar este tipo de comisiones?, preguntamos a la Superintendencia chilena. 

“Existía una marcada preferencia por realizar las inversiones en el extranjero mediante tales vehículos de inversión, los cuales se caracterizan por tener comisiones implícitas en el precio de tales instrumentos, de modo que si tales comisiones eran excesivas, podían implicar una menor rentabilidad neta [para los trabajadores]”, responden por escrito. Y agregan que un objetivo importante del cambio normativo fue “entregar mayor transparencia a los afiliados, debido a que estas comisiones implícitas […] eran una excepción en materia de comisiones”.

En Perú sucede lo contrario. Estas comisiones corren sin control. La SBS, a pesar de los múltiples intentos, no respondió a las preguntas que hizo este medio para este reportaje. 

Si bien en los últimos años estos fondos extranjeros han tenido un rendimiento positivo, también han tenido sus onerosas excepciones. En 2018, por ejemplo, la rentabilidad obtenida por los fondos mutuos del exterior fue casi de -S/6.000 millones, una pérdida a pique. Mientras que en ‘comisiones fantasma’ se pagó a los fondos mutuos aproximadamente S/383 millones. 

 

Ganancias y pérdidas AFP
[Rentabilidad obtenida por los fondos mutuos del exterior en los portafolios de los fondos de pensiones en el periodo 2016- 2020. Elaboración: Leyla López. Fuente: SBS]

Las ‘comisiones fantasma’ a los fondos mutuos nunca se dejan de pagar, generen ganancias o pérdidas, ¿es justo?

“Hay un servicio adicional […] hay que tener una serie de licencias y autorizaciones, hay un costo de todas maneras para que te den ese servicio”, comenta Enrique Díaz. Sin embargo, también apunta que “alguien te podría decir coloquialmente ‘vayamos a medias, yo no me tengo que mojar como afiliado al 100% por ese costo porque te estoy pagando a ti y si tú tienes que subcontratar parte del servicio, veamos de compartir esto’”.

Aldo Ferrini explica que, durante los meses en que la rentabilidad es negativa, el porcentaje cobrado es calculado en base a la inversión misma. “Si en el tiempo tu fondo crece, ellos cobran más, si tu fondo decrece, ellos cobran menos; pero igual te cobran porque igual gestionan”, indica. 

Sobre la opción de que estas comisiones no sean cargadas totalmente a los afiliados, el gerente de AFP Integra fue tajante: “No tenemos interés en pagar un centavo más de lo que se debe pagar. Yo considero que tiene que ser asumida por el fondo administrado […] toda la rentabilidad es del afiliado, toda la ganancia es del afiliado. Si todo el gasto lo asume el gestor, habría incentivos para no invertir”. 

En Chile, donde nació el adjetivo de “fantasmas” para estos gastos, tampoco han logrado resolver el dilema.  

Hace dos años una investigación de la Fundación SOL, publicada en El Mostrador, reveló que —entre 2004 y 2017— $5.000 millones de los fondos de los jubilados se fueron en comisiones a gestores de los fondos mutuos en el extranjero. Desde entonces, ciudadanos y parlamentarios emprendieron medidas legales e incluso judiciales para evitar estos cobros. Volviéndose uno de los principales puntos de discusión pública y académica sobre la reforma de pensiones.

 

portadas Chile
[En Chile al revelarse la existencia de las comisiones fantasma acudieron a sedes judiciales para dejarlas sin efecto, así como a proyectos de ley que busquen eliminarlas. Fotos: Bio Chile, El Mostrador, Universidad Alberto Hurtado]

“Es una comisión que paga la AFP a los traders, a las empresas que en el fondo están manejando los títulos en el extranjero. Esta comisión se llamó ‘fantasma’, porque las personas no la conocían. El discurso en las últimas décadas era que uno pagaba una comisión a la AFP, y ahí acababa todo. Pero esta comisión de intermediación se calcula en base a un porcentaje del fondo administrado, en ese sentido, significa que las personas la están pagando directamente de su ahorro individual”, describe Gálvez.

Luego de su publicación, la Superintendencia de Pensiones chilena obligó a las AFP a publicar las comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones y sus Administradoras por la inversión en fondos extranjeros.

 

Comisiones fantasmas
[Investigador Recaredo Gálvez, muestra la poca información que brindan las AFP chilenas sobre las comisiones fantasma. Foto: Captura de pantalla]

No obstante, dice Gálvez, esto no se cumple a cabalidad y nos muestra algunas páginas donde dan información básica o explicaciones generales. Hasta hoy, cuenta el investigador chileno, “es imposible visualizar individualmente el pago preciso que se hace de los ahorros a los fondos extranjeros”.

A diferencia de Perú, donde recién estamos iniciando el debate sobre la reforma integral del sistema de pensiones, en Chile la discusión está en curso y apunta a eliminar las ‘comisiones fantasma’. Así se estableció en el proyecto ley de reforma previsional que aprobó la Cámara de Diputados. Sin embargo, la última palabra y votación la tendrá el Senado en los próximos meses.

Por lo pronto en Perú, el proyecto de ley presentado en enero de este año para reformular el sistema de pensiones privadas no contempla este punto en específico. Probablemente porque los congresistas lo desconocían —al igual que los casi 8 millones de afiliados— hasta ahora.  

Las administradoras, por su parte, han inundado la televisión con publicidad para desacreditar la propuesta de reforma, que contempla la integración del sistema público y privado. El corazón del problema radica, justamente, en lo que revelan las ‘comisiones fantasma’: la ausencia de transparencia, decisión y poder que sufren los afiliados sobre el dinero de su futura jubilación.  

Ilustración: Héctor Huamán

 

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