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“Yo respeto y las quiero a todas las mujeres, entre ellas a mi madre, esposa y mis hijas”, escribió Héctor Valer cuando fue acusado por la congresista de Fuerza Popular, Vivian Olivos, de maltratarla verbalmente en septiembre pasado. El primer ministro no pensó lo mismo cinco años atrás, en octubre del 2016, cuando “le propinó un puñete en el rostro” a su esposa y le dio “bofetadas, puñetes y patadas” a su hija, de acuerdo a dos partes policiales.

Ante el escándalo, que la prensa advirtió hace menos de 24 horas, el llamado “Gabinete en la sombra” del Despacho Presidencial ya baraja opciones para reemplazarlo lo más pronto posible. Consideran que su situación es insostenible, según una fuente palaciega que conoce la interna. Bancadas como Avanza País, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Renovación Popular han anunciado que no le darán el voto de confianza. La ausencia de Valer en la conferencia de prensa de ayer es un reflejo de la situación.

Valer-Hija-Esposa
Izquierda: Con su esposa, ya fallecida, en un evento festivo. Derecha: Primer ministro posa con su hija en una imagen de archivo. Las dos lo denunciaron por agresión en el 2016

El “Gabinete en la sombra” está integrado por Biberto Castillo, despedido asesor presidencial; Beder Camacho, nombrado secretario general interino; José Fernández La Torre, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia; y Wilson Pretel, jefe del gabinete técnico de asesores. Llama la atención que Biberto Castillo siga operando a pesar de haber sido despedido por Carlos Jaico, en su última acción como secretario general. Fueron Castillo y Camacho, que ha sido nombrado secretario general interino, quienes ayer convocaron a un diálogo a Hernando de Soto, excandidato presidencial de Avanza País.

Héctor Valer llegó al premierato por recomendación del congresista Guillermo Bermejo. En el Congreso, Bermejo y Valer integran la bancada de disidentes Perú Democrático. El “Gabinete en la sombra” apostaba sus fichas por Roberto Sánchez, el ministro de Comercio Exterior y Turismo.

En caso Valer sea finalmente expectorado del cargo, Sánchez tendría la primera opción. Esto porque el ministro de Salud, Hernando Cevallos, ya dijo que no asumirá la PCM. Sánchez se ha convertido en un incondicional del presidente Castillo y, según una fuente de Palacio, ha pasado también al grupo de asesores en la sombra.

El también congresista por la bancada de Juntos Por el Perú (JPP) despacha seguido con Beder Camacho y el jefe de la DINI, José Fernández La Torre. JPP llegó al Congreso de la mano del Nuevo Perú, de Verónika Mendoza, pero Sánchez ha marcado distancias con ella. No condenó, por ejemplo, la salida de Avelino Guillén del Ministerio del Interior, como sí lo hizo la excandidata presidencial. “Más allá de los nombres o desencuentros, la prioridad es la seguridad ciudadana”, dijo Sánchez a la prensa.

El titular del Mincetur ha salido en defensa de Pedro Castillo cuando ha podido y ha ejercido hasta el rol de traductor. “En ningún momento el presidente ha dicho que va a poner a referéndum la soberanía y entrega del mar a nuestro hermano país de Bolivia. Eso es falso”, dijo, por ejemplo, sobre la reciente declaración del presidente a CNN. Castillo había asegurado que consultaría a los ciudadanos para decidir si Perú le da una salida al mar a esa nación.

La lealtad de Sánchez ha sido recompensada. Permanece al frente de su cartera, mientras sus aliados del Nuevo Perú -Pedro Francke y Anahí Durand- salieron del Gabinete. Verónika Mendoza, incluso, anunció la ruptura con el gobierno en redes sociales.

Al otro lado, en Perú Libre, también están con la sangre en el ojo porque no los tomaron en cuenta en el nuevo Consejo de Ministros. Vladimir Cerrón esperaba tener protagonismo en el Gabinete, pero el presidente le dio prioridad a Bermejo. En venganza, una fuente cercana a Cerrón anticipa que sus más fieles militantes no le darán la confianza al Gabinete Valer.

AMETRALLADORA

El perfil violento del nuevo premier es corroborado por excompañeros de cuando militaba en el APRA. Uno de ellos, un aprista con el que compartió aquella época, lo recuerda por llevar una ametralladora en su paso por la universidad, a inicios de los ochenta. “Se atrevió a llevar una ametralladora para asustar a los estudiantes comunistas que buscaban recuperar su hegemonía en la Garcilaso”, dice. Lo conocían como el “Loco Valer”.

Valer Apra
2009. Héctor Valer Pinto, en un evento en la Casa del Pueblo para condecorar y respaldar a excongresista Mauricio Mulder, incondicional de Alan García.

“Es una persona inestable. Tiende al disparate, al improntus. Por eso es que cambia de camiseta todos los días. Castillo se ha disparado a los pies al nombrar a este personaje porque no le van a dar el voto de confianza”, dice a Sudaca Jesús Guzmán Gallardo, veterano dirigente de la estrella, quien también conoció al actual premier.

Lo cierto es que el presidente Castillo ha elegido como cabeza de su Consejo de Ministros a un hombre que le siguió los pasos a Alan García. En febrero de 1993, Valer “abandonó clandestinamente” el Perú y viajó a Colombia para pedir asilo político, de acuerdo a una nota del diario colombiano “El Tiempo”. García había pedido asilo a dicho país tras el autogolpe de Alberto Fujimori, en 1992.

El Tiempo
1997. Nota del diario colombiano “El Tiempo” que da cuenta que Héctor Valer Pinto fue considerado un refugiado político en ese país.

 

Tres años después, en 1995, García solicitó asilo en Francia.  En 1996 Valer hizo lo mismo. “En el año 1996, tras el proceso de traslado de su refugio político a Francia, estudió un Diplomado de Estudios de América Latina en la Universidad Sorbonne IV, de París”, dice la biografía de Valer colgada en el portal del Parlamento.

En el 2000, Valer volvió al Perú con el retorno de la democracia. Los “compañeros” le consiguieron trabajo como profesor en la Garcilaso. En ell 2008, el APRA lo colocó como gerente del Instituto de Desarrollo de Pueblos Andinos y Amazónicos (Indepa), un organismo del Estado que hoy ya no existe. El 2009, Valer promovió una condecoración a Mauricio Mulder, incondicional de García, por su supuesto compromiso con el agro. También apoyó la candidatura de Mulder a la secretaría general del Apra por “su estrecha vinculación con los intereses del pueblo y sus organizaciones”, según el portal “Vanguardia Aprista”.

Varios testimonios también indican que Valer fue cercano a Luis Nava, el secretario personal de García que confesó a las autoridades que Jorge Barata le entregó al expresidente 1 millón 328 mil dólares en loncheras y maletines a nombre de Odebrecht. De hecho, Nava lo jaló como asesor cuando fue nombrado ministro de la Producción. En el 2011, Valer apoyó la campaña de Nava al Parlamento Andino con un pequeño monto -S/750-, según reportes de la ONPE.

Nava aporte
2011. Reporte presentado a la ONPE por Luis Nava Guibert, secretario de Alan García, como candidato al Parlamento Andino. Ahí figura Héctor Valer Pinto como aportante

 

El presidente Pedro Castillo ha viajado a Brasil en plena crisis política. Retornará el sábado. Todo apunta a que su flamante primer ministro tiene las horas contadas. Valer, en una entrevista con Rosa María Palacios, dijo que no renunciará. Aseguró que no agredió a sus familiares. Ha decidido atrincherarse en el cargo. El “Loco Valer” está desatado.

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Apra, Hector Valer, Pedro Castillo

La caída de Mirtha Vásquez empezó a gestarse a mediados de diciembre. En aquel momento, los asesores del presidente Pedro Castillo le declararon la guerra y dejaron de coordinar con ella. “En esa fecha nos avisaron que los asesores habían llamado a gente ofreciendo cargos de ministros a nuestras espaldas”, dice una fuente cercana a la exprimera ministra.

En el entorno de Vásquez apuntan los dardos a Biberto Castillo, exasesor presidencial cercano a Perú Libre, que fue despedido ayer en medio del caos. Él organizó, por ejemplo, el encuentro entre el mandatario y cuatro exministros de Economía sin la presencia del actual titular de la cartera, Pedro Francke. La reunión se dió el 16 de diciembre pasado. El encuentro fue interpretado como un puñal para Francke, aliado de Vásquez en el Gabinete, y como una señal más del clima de caos y anarquía que se respira en Palacio. 

Pedro Castillo caída
30 de enero. El presidente Pedro Castillo Terrones, en la ciudad de Caballococha, en Loreto. Fuente: Presidencia.

Biberto Castillo era parte del llamado “Gabinete en la sombra” del jefe de Estado. Este grupo está formado, además, por Beder Camacho y los cajamarquinos Rodolfo Idrogo (prensa), Wilson Pretel (jefe de gabinete técnico), Eder Vitón Burga (asesor técnico),  Franco Pomalaya (prensa) y José Fernández La Torre. Este último es jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Al ‘petit comité’ se ha sumado recientemente Roberto Sánchez, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, un aliado incondicional del presidente. 

El “Gabinete en la sombra” le hizo la vida de cuadritos a Mirtha Vásquez, marginándola de las decisiones importantes y no haciendo caso a sus recomendaciones. Por ejemplo, de acuerdo a fuentes próximas a la exprimera ministra, los asesores demoraron la promulgación en El Peruano de la ley sobre el referéndum, aprobada por insistencia en el Congreso. El texto, que bloquea una consulta para una Asamblea Constituyente, fue promulgado recién el 30 de enero, cuando había sido enviada el 25 de ese mes. Vásquez había recomendado una promulgación inmediata, como manda la ley. 

Por eso no sorprende lo que pasó la tarde de ayer, cuando la expremier le entregó a Eder Vitón, asesor del gabinete técnico del Despacho Presidencial, su carta de renuncia para que la ingrese a mesa de partes. Minutos después de entregarle el documento, el presidente Castillo lanzó un tuit dando la idea de que él despidió  a Vásquez y no que ella había renunciado. 

Eder Viton
Eder Vitón Burga, asesor técnico en Presidencia, recibió la carta de renuncia de la primera ministra Mirtha Vásquez. Fuente: Facebook de Eder Vitón.

“Yo le he entregado [la carta de renuncia] a uno de sus asesores y este asesor se llevó el documento y no regresó más. Nuevamente quiero expresar mi preocupación por el entorno de asesores que tiene [el presidente], que muchas veces hacen que él cometa este tipo de errores”, dijo Vásquez en el programa “Nada está dicho”, de RPP. 

Vásquez, en su carta, dijo que renunció por la crisis desatada en el Ministerio del Interior, que terminó con la salida de Avelino Guillén. El exfiscal supremo había sido propuesto por ella como titular de esa cartera. 

Lo cierto es que Vásquez no fue capaz de lograr un Gabinete cohesionado. La ahora expremier pidió la cabeza del ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, una carta de Perú Libre, y no pudo imponerse.

Además, tuvo roces con el ministro de Salud, Hernando Cevallos, por el asunto de la Asamblea Constituyente. Cevallos estaba a favor de promover el tema, ella no. “Ella se vio debilitada cuando anunció que no extendería los contratos de cuatro minas en Ayacucho y luego retrocedió rápidamente. No se le vio muñeca política. Ahí perdió fuerza al interior del gobierno”, dice una fuente palaciega.

EL CERRONISMO EN PALACIO

La guerra de los asesores presidenciales con Mirtha Vásquez coincidió con el acercamiento de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. El jefe de Estado llamó ayer al líder del lápiz para conversar sobre la crisis política, de acuerdo a una fuente de Perú Libre. Cerrón, al no estar en Lima por sus restricciones legales,  envió a Palacio una comitiva perulibrista encabezada por su hermano, el congresista Waldemar Cerrón. Este anunció en Twitter que sería el nuevo primer ministro y luego borró la publicación. 

“Hemos hablado de la coyuntura política, pero no de propuestas para el Gabinete. Nos preguntó cuál era la mirada que teníamos. Le hemos dado nuestro punto de vista”, dice a Sudaca el legislador de Perú Libre y exprimer ministro Guido Bellido. 

El lápiz busca retomar el protagonismo perdido en el gobierno. Y Castillo ha dado muestras de acercamiento con la llamada a Cerrón en plena escalada. Aun así, Roger Nájar, integrante del buró político, descartó en la interna asumir el premierato. 

Eso sí: los perulibristas están con la sangre en el ojo. Según una fuente del partido del lápiz, han planteado al presidente Castillo una cirugía mayor: cambiar el 70% del Consejo de Ministros. De acuerdo a un asesor de Cerrón, este le ha sugerido al presidente restarle poder a Verónika Mendoza, su eterna rival. También ha pedido sacar del juego a la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, recientemente expulsada de Perú Libre. 

Mendoza, en este momento, ha marcado distancia con el presidente por la renuncia de Guillén. “Lamento profundamente la renuncia de Avelino Guillén, un hombre honesto y valiente que se enfrentó siempre a la corrupción y al autoritarismo. Presidente, el país merece una explicación por lo ocurrido y acciones firmes que precisen el rumbo de su gobierno”, escribió el 30 de enero. El titular del MEF, Pedro Francke, también expresó su solidaridad con Guillén en las redes sociales, en lo que será una de sus últimas acciones como ministro.

La ministra de la Mujer, Anahí Durand, no siguió el mismo camino que sus correligionarios Francke y Mendoza. Durand, quien ha sido elegida como nueva presidenta del Nuevo Perú, estuvo en desacuerdo con los pronunciamientos que debilitan la alianza con Pedro Castillo, de acuerdo a fuentes de la organización izquierdista. 

Anahi Durand
Anahí Durand Guevara, ministra de la Mujer y nueva presidenta de Nuevo Perú. No se solidarizó en redes sociales con Avelino Guillén, como Verónika Mendoza y Pedro Francke, en un tácito desacuerdo. Fuente: Andina.

Lo cierto es que, en estas horas, los puñales están a la orden del día. El desgobierno es tal que hasta los asesores del presidente Castillo andan enfrentados entre sí. Los integrantes del llamado “Gabinete en la sombra” libran una batalla con el secretario general Carlos Jaico Carranza.

Beder Camacho, el subsecretario general, pidió a Contraloría investigar a Jaico por usar un auto Grand Cherokee Overland, que pertenece a la Dirección Nacional de Inteligencia, cuando estaba de licencia. Jaico ha contragolpeado acusando a Camacho de reunirse de manera clandestina con el jefe de la Policía, Javier Gallardo, manzana de la discordia en el conflicto con Avelino Guillén. A Biberto Castillo, Jaico lo despidió con un memorando.

Pedro Castillo se reunió esta mañana con congresistas del ala magisterial, como Edgar Tello, Óscar Zea y Katy Ugarte. El tiempo apremia y el presidente no tiene mucho por donde escoger.

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Mirtha Vasquez, pcm, Pedro Castillo

En su única entrevista tras el derrame, el director ejecutivo de Repsol en el Perú, Jaime Fernández-Cuesta, mintió. “En el fondo del mar no hay petróleo, porque el petróleo es más ligero que el agua, está todo en la superficie. El petróleo tiene una densidad menor que la del agua, todo se va a la superficie”, dijo. Y agregó, para la indignación de los especialistas, que no había nada “que no se pueda arreglar ni corregir medioambientalmente”.

Yuri Hooker, reconocido biólogo marino, calificó sus palabras de “mentiras descaradas”, por la abundancia de investigaciones a nivel mundial sobre cómo el petróleo se acumula en el fondo marino. “Hay cientos de investigaciones de acumulación de petróleo en el fondo [marino] y de las consecuencias en varias partes del mundo. Eso se sabe y el señor miente con descaro al decir que el petróleo flota, que no va al fondo del mar”, indicó al programa ‘Si el Río Suena’, de Sudaca.

Y luego añadió: “Derrames más pequeños que este pueden demorar 10 a 15 años en recuperarse, verse más o menos normal, y que los contaminantes en los organismos no sean peligrosos. Pero hay lugares que se han contaminado hace 100 años y siguen igual. Por la dinámica del mar peruano, es de esperar que esto último no ocurra”.

El biólogo Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana Perú, coincide en que algunas áreas tardarán años en recuperarse. Esto, aunque la empresa cumpla con hacer que las playas se “vean limpias” para fines de febrero. “La mayor parte del petróleo ya se deberá haber hundido para esa fecha en el fondo del mar, o estará en la orilla”, comenta a Sudaca.

Hasta el momento, Riveros estima que la parte más afectada ha sido la Zona Reservada de Ancón, en la bahía. Las especies de este lugar todavía estaban en proceso de investigación para su categorización. “Es posible que el tiempo de recuperación de esta zona vaya en el orden de una década”, advierte.

La bióloga marina Joanna Alfaro, directora de ProDelphinus y docente de la Universidad Científica del Sur, también explica por qué el tiempo de recuperación es difícil de estimar: lo que vemos por encima no refleja lo que hay abajo. “La dificultad es que muchas veces pensamos que está limpio porque lo vemos limpio, pero no sabemos lo que está pasando en el fondo del mar. Para eso se tiene que mandar un equipo de buzos y un monitoreo constante de la evolución de esto”, precisa.

En base a los reportes que llegan de la zona, ella considera que los grupos más afectados han sido el de las aves, especialmente los cormoranes que frecuentan estas zonas para reproducirse, y el de las nutrias marinas, que están en la lista roja de las especies amenazadas. Se tenía registro de sólo diez ejemplares en esta zona. Además de lo tóxico que es, el petróleo daña el pelaje de estos animales haciendo que pierdan la capacidad de regular su temperatura. 

“Las plumas o los pelos les ayudan a mantener esta temperatura, si no pueden mantenerla, van a morir porque no pueden flotar y les va a dar hipotermia. Ese es el peligro cuando cae aceite en las plumas o pelos de estos animales”, comenta Alfaro.

EL DIFÍCIL RESCATE ANIMAL

Desde el sábado 15 de enero, el día que se produjo el derrame, la marea negra ha llegado ya a 24 playas, de Ventanilla a Chancay, según el último reporte de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa). En su trayectoria, el petróleo ha afectado a dos ecosistemas sensibles: la Zona Reservada de Ancón y las Islas Grupo de Pescadores, esta última perteneciente a la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG). Este sistema agrupa a 22 islas e islotes de todo el litoral peruano, desde Piura hasta Moquegua.

De acuerdo a los reportes de las entidades de fiscalización ambiental -supervisadas por el OEFA-, son nueve las especies afectadas: cormorán (ave), guanay (ave), piquero peruano (ave), pelícano, gaviota peruana, pingüino de Humboldt, lobo chusco, nutria y la chuita (ave).

En la primera semana posterior al derrame, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) informó que se había rescatado a 51 especímenes que fueron trasladados al Parque de Las Leyendas para su atención. Luego fueron llegando más especies a este lugar y, según informó la Municipalidad de Lima -que administra el parque-, hay 83 aves marinas que ya están en proceso de readaptación. Sin embargo, conforme pasan los días, hay menos rescatados.

En el ámbito de las Islas Grupo de Pescadores, Sernanp ha señalado que se encuentran aproximadamente 10 aves muertas a diario y que han podido avistar a 170 aves con restos de petróleo en sus patrullajes. José Ramírez, jefe de Sernanp, explicó hace unos días que han tomado nota de estos casos, pero que no han podido capturarlos para su evaluación. 

 

Guanay encontrado el último fin de semana en Islotes Grupo de Pescadores de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras-Sernanp.

A pesar de los esfuerzos, el pronóstico para estas especies manchadas con petróleo, o que pueden haberlo inhalado o ingerido, es desfavorable. Si han recibido una dosis letal, mueren rápidamente; y si la dosis es menor, el envenenamiento les produce daños irreversibles en el sistema digestivo.

“A partir del día 10 al día 15 después del accidente, comienzan a aparecer grandes cantidades de animales muertos en las orillas, porque algunos se escapan por el escándalo o el movimiento, pero ya están infectados. Algunos regresan a sus colonias, pueden estar con sus crías y contagiarlos también. En este momento, lo que estamos viendo es solo el principio”, indica Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana Perú.

Respecto a las posibilidades de que estas especies puedan encontrar un hábitat similar en otra parte del país, explica que la mayoría de estas especies no tienen la migración por costumbre. “En el caso particular del pingüino o la chuita, son animales que tienen mucha fidelidad al sitio y eso las hace muy vulnerables a estas situaciones. No son animales migratorios, no se les ve moviéndose en grupos grandes. Generalmente son colonias ya establecidas. Esa es la principal preocupación”, señala. 

De los animales rescatados que reciban atención especializada, se calcula que menos de la mitad logrará sobrevivir, porque su organismo no podrá procesar el petróleo. “Podemos tener animales que aparentemente están en buen estado, se paran y están vigorosos, pero por dentro ya están teniendo síntomas de una degradación progresiva”, advierte.

Al respecto, Carlos Calvo, médico veterinario zootecnista de la ONG ConservAcción, comentó durante un evento virtual organizado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y Mongabay Latam, que el registro del daño a estas especies será difícil por el desorden de los primeros días y la cantidad de voluntarios sin experiencia que han intervenido. “Cuando la parte gubernamental haga el conteo oficial de la fauna afectada, va a estar muy subestimada porque las playas se mantuvieron abiertas. Eso permitió que gente bienintencionada ingrese, pero también que la información inicial se vea alterada porque mucha gente ha rescatado animales por su cuenta, se los llevó a su casa y se les han muerto. La información que se brinde, probablemente, va a estar muy subestimada”, anotó.

LA PESCA Y EL CONSUMO

Juan Carlos Riveros estima que, en el caso de los pingüinos, al momento del derrame la mayoría de adultos no estaba en el mar porque están en época de “muda”, un período en el que cambian de plumaje. Pero los organismos más pequeños, que están más cerca a la costa y que son alimento de otras especies, no tuvieron la misma suerte. 

“Hay especies como la concha de abanico, el langostino, los choros, chanques (molusco), que, si están en esta zona, no van a ser aptas para consumo humano. Tienen el problema además de que son presa de otros animales, así que van a tener una incidencia que debe ser monitoreada. Es importante que Sanipes [el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera] y Digesa [Dirección General de Salud Ambiental] tengan las herramientas para hacer un seguimiento en el corto y mediano plazo”, asegura.

Ante la posibilidad de una contaminación en especies de consumo humano, se dispuso el cierre de las actividades pesqueras en la zona inmediatamente afectada. El Sanipes ya descartó que los productos que están siendo comercializados en los desembarcaderos de Callao, Ancón y Pucusana estén afectados por el derrame petrolero. 

En un comunicado, también explicaron que el 95,5% de las especies ofrecidas en estos desembarcaderos provienen de otras partes del país y el 4,5% restante, se está capturando en alta mar de Ancón y Ventanilla, fuera de las zonas afectadas.

La entidad considera como especies de alta mar al perico, bonito, tiburón azul, tiburón diamante y pota. Mientras que Sanipes visita los muelles para realizar «análisis organolépticos» (una valoración visual y del olor de los productos) a los cargamentos de pesca artesanal, al Instituto del Mar del Perú (Imarpe) le toca recorrer el litoral tomando muestras para identificar los daños ambientales. En una inspección que hicieron entre el 18 y 19 de enero por Ventanilla, desde la playa Cavero hasta Costa Azul, los especialistas de Imarpe informaron que habían identificado daños en la calidad del hábitat marino que “afectarían en la salud del ecosistema y sus componentes a corto y largo plazo, con posibles alteraciones a procesos biológicos naturales”.

Para que los especialistas tengan más claro el nivel de afectación, los biólogos consultados para este informe coinciden en que es importante saber la composición exacta del petróleo derramado. En la última conferencia del Comité de Crisis (un grupo de trabajo creado por el gobierno para atender el desastre) el viceministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, Alfredo Mamani, reveló que la calidad del crudo vertido es de 28° API, una medida que determina su capacidad de flotar en el agua. En esta escala, que varía de 5 a 60 grados, un petróleo de 28 es considerado medio o intermedio. No obstante, todavía se desconocen otros indicadores relevantes para los científicos, como la salinidad y el porcentaje de agua contenido en el crudo.

Sobre el tiempo en el cual los pescadores artesanales podrán volver a ingresar a estas zonas de forma segura, la bióloga Alfaro consideró que todavía es pronto para estimarlo y lamentó que se haya afectado el modo de vida de los pescadores, que es de por sí relativamente sostenible, sin riesgo de sobreexplotación de los recursos.

“El tiempo es muy relativo. Va a depender mucho de qué tan rápido se haga [la contención]. Ahora que ha habido incluso un segundo derrame, es más preocupante. Lo primero sería controlar que ya no haya más derrames”, indica.

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Ancón, derrame de petróleo, Repsol, Ventanilla

José -el nombre ficticio que usaremos para proteger su identidad- lleva doce días limpiando petróleo en la playa Cavero (Ventanilla), el área más perjudicada por el derrame ocurrido el pasado 15 de enero. Desde que empezó este trabajo, no ha descansado ni un solo día. “Sé que estoy siendo inconsciente conmigo mismo porque arriesgo mi salud, pero también tengo cuentas que pagar”, dice. 

Lo encontramos en “el pozo”, una parte de la playa en forma de herradura de la que emana un olor insoportable. Allí, él y una docena de trabajadores sacan el petróleo del mar con barriles y lo suben a un peñasco a través de un rústico sistema de sogas.

La playa Cavero es una de las áreas más dañadas por el derrame del petróleo de Repsol.

Vestido con un mameluco blanco, botas de jebe, guantes y mascarilla, José mete medio cuerpo dentro del mar para cumplir su misión. A diario, se expone a los peligros de estar en contacto con el hidrocarburo. Y es que, a pesar de contar con los implementos de seguridad, eso no impide que el combustible manche la ropa que lleva debajo del mameluco. Tampoco que inhale el fuerte olor del petróleo, el cual se vuelve más insoportable con el sol.

“El trabajo es totalmente arduo. Es sofocante trabajar con este calor encima, porque, con el sol el petróleo te empieza a quemar la nariz. Pero ¿qué se va a hacer? Es lo que hay”, cuenta José. Cuando llega a su casa, todos los días, tiene que bañarse al menos tres veces para quitar el intenso olor de su cuerpo. 

La multinacional Repsol, responsable de este desastre ecológico, no está contratando directamente a aquellos que se encargan de limpiar los -ahora se sabe- 11.900 barriles de petróleo derramados el pasado 15 de enero. Lo que hace, en cambio, es tercerizar el servicio a través de ocho empresas. Algunas de estas son Ambipar, SEA, Coam, Mecor y Cime Ingenieros.

José, por ejemplo, dice que tiene un acuerdo de palabra con SEA (Servicios Energéticos Ambientales EIRL) para cobrar S/80 por cada jornada de limpieza, pero aún no firma un contrato. Otros de sus compañeros de trabajo -quienes sí han firmado acuerdos laborales- confirman a Sudaca que ese es el pago que realiza esta compañía. Sus turnos empiezan a las 8 am y terminan a las 5 pm. Entre esas horas, tienen momentos de descanso e hidratación. “Es imposible quedarse de corrido con ese olor”, comenta José, que suele trabajar en obras de construcción en Ventanilla.

Como estaba desempleado al momento del desastre, se acercó a ayudar a la playa Cavero como voluntario y encontró que podía obtener ingresos con esta labor. “Desde el primer día me ofrecieron un contrato por un mes y también un seguro de vida, pero aún no me han hecho firmar. Ojalá que en los próximos días me lo den”, apunta. Los trabajadores con los que pudo conversar Sudaca, y que sí tienen contratos, no pueden precisar con qué tipo de seguros cuentan. Aseguran que todo lo firmaron rápido.

Según el abogado Jorge Toyama, aunque el servicio de limpieza sea tercerizado, el seguro debe ser otorgado al trabajador el mismo día que empieza con sus labores o, máximo, un día después. Además, agrega que un seguro de vida no es suficiente. “Más que un seguro de vida (que solo sirve si falleces), se necesita uno de riesgo para cualquier atención médica que necesiten. Si mañana te intoxicas o si alguien tiene un accidente y queda con una lesión vitalicia, el seguro lo va a cubrir”, explica.

Nos comunicamos con SEA para conocer los detalles de estos contratos, pero no obtuvimos respuesta. La tercerización, sin embargo, no exime a la multinacional española de garantizar adecuadas condiciones de trabajo, explica el laboralista Toyama. “Repsol es responsable solidaria de que las condiciones se cumplan. Es decir, si es que las empresas no contratan los seguros, la empresa principal -en este caso Repsol- debe responder”, sostiene Toyama.

De acuerdo a Elizabeth Rojas, jefa de la Dirección de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud, “cuando las personas están expuestas a un agente comprobadamente tóxico, como lo es el petróleo, pueden sufrir problemas agudos como irritación en la piel, daños inhalatorios y hasta problemas digestivos”. 

La autora de este informe, por ejemplo, regresó de la playa con el cuello y la espalda irritada luego de permanecer en el lugar seis horas. Otro periodista que fue a la zona el mismo día se descompensó mientras tomaba fotos de las aguas manchadas.

Con rústicas sogas y barriles, los trabajadores deben recoger el petróleo que contamina el mar.

José, sin embargo, lleva ya más de una semana laborando sin pausa. Los domingos -asegura- no descansa. A los que trabajan ese día les pagan el doble. Se “premia” a quien trabaje más, pero se castiga al cuerpo y la salud.

Desde que iniciaron las labores de limpieza, tres o cuatro personas tienen que ser atendidas diariamente por exponerse al combustible, según cifras brindadas a Sudaca por el personal de Defensa Civil que se encuentra en la playa Cavero. “Atendemos a personas que se descompensan por estar en contacto con el hidrocarburo. También hay casos de insolación, fatiga, dolor de cabeza”, nos dice Martín Meza Barriga, coordinador del Sistema de Comando de Incidentes. 

Si bien los problemas de salud suelen aparecer de manera inmediata, la directora de la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Norte, Judith Falero, dice que algunos daños podrán aparecer recién a los seis meses o al año. Lo más preocupante es que estos podrían ser permanentes, dependiendo de la vulnerabilidad de la persona y del tiempo de exposición. “Algunos tipos de cáncer están relacionados con la exposición a este hidrocarburo”, advierte por su parte la doctora Elizabeth Rojas.

Sudaca le envío un pliego de preguntas a Repsol para conocer cómo garantizan que las empresas contratistas respeten las condiciones laborales y la salud de los trabajadores. Hasta el cierre de este reportaje, no obtuvimos respuesta.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ya ha exigido “que los trabajadores laboren en condiciones adecuadas”. Hasta el momento, ha ordenado ocho inspecciones a las services. De detectar casos de empresas que no cumplan con las medidas de seguridad y salud necesarias,  estas podrían recibir una multa de hasta S/241.638.

 

PROMESAS ROTAS 

“Tenemos hambre. Tenemos niños. Queremos indemnización”, gritan los miembros de la Asociación de Pescadores Fundadores, Armadores y Estibadores Artesanales de Ventanilla (ASPEFAEA). Desde el domingo 23, estas personas llegan todos los días a la playa Cavero para solicitar trabajo. Luego de varios días sin poder pescar, ya no tienen qué comer.

Ellos cuentan que las empresas contratadas por Repsol para la limpieza prometieron darles trabajo. Incluso, asistieron a charlas de capacitación y hasta dieron sus tallas de calzado para que les proporcionaran botas de jebe. Pero todo fue mentira. “Se están burlando de nosotros”, dice Lucila Janampa Quispe, pescadora y madre soltera que ya no sabe qué hacer para alimentar a sus cinco hijos.

Por el mismo trance está pasando Luz Pacaya Tamani (60), que dice que llegaba a ganar hasta S/500 soles semanales solo por filetear pescado. Con ese ingreso, podía mantenerse y comprar las medicinas de su hijo, quien padece de esquizofrenia crónica. “Ahora ya no puedo comprar sus medicamentos. Me da miedo que empiece a tener alucinaciones y se haga daño”, dice preocupada la también miembro de esta asociación de pescadores.

Desde el 15 de enero, limpiar el derrame es una alternativa para generar ingresos. Durante varios días, Pacaya salía de su casa a las 6 de la mañana y caminaba durante una hora por una trocha silenciosa y desolada rumbo a la playa Cavero. “Iba con una amiga y llevábamos palos y piedras para protegernos en el camino”, cuenta.

Pero luego de días de espera, ya se ha resignado. En vez de perder el tiempo por un trabajo que parece no llegará nunca, ha empezado a reciclar en las calles. “Hoy [el jueves] ya no fui. Preferí juntarme con una vecina y buscar botellas. Ya las vendí y gané S/3.80. Con eso compré hígado, zanahoria y cebolla para poder comer con mi hijo”, dice Luz Pacaya.

El 20 de enero, Repsol se había comprometido a contratar a los pescadores afectados para las labores de remediación y a entregar canastas con víveres. La empresa señaló recientemente que “mantienen conversaciones avanzadas con pescadores de Santa Rosa y del distrito de Ancón”. Según ellos, “más de 2.000 personas llevan a cabo las acciones de limpieza”.

Luego de adentrarse en el mar teñido de negro, los trabajadores terminan cubiertos de petróleo. Incluso, la ropa que llevan debajo de sus mamelucos blancos también se mancha.

Pero hay muchos más trabajadores que se han visto perjudicados y aún no reciben respuesta. Al menos así lo dice Lucila Janampa, pescadora de esta asociación de pescadores. “Repsol no se puso en contacto con nosotros. Ni un caramelo nos han dado. Somos basura para ellos”, asegura. 

Janampa y sus colegas son conscientes de que no es su responsabilidad limpiar el desastre. Pero están ahogados por la falta de ingresos.

 

*** Fotoportada: Darleen Leonardo

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Enrique Ocrospoma Pella es investigado por presunto lavado de activos desde julio del año pasado. Un informe policial enviado al Ministerio Público indica que el exalcalde de Jesús María habría diseñado una estrategia para desviar dinero de ese municipio, originado mediante corrupción, con el que luego compró una serie de propiedades. A partir de dicho documento, la Fiscalía decidió iniciar la pesquisa. 

Pese a ello, hoy Ocrospoma pretende regresar a la alcaldía de Jesús María con Avanza País. Hace tres semanas, la página de Facebook de ese partido publicó una foto donde se le ve junto a otros políticos que asumirán candidaturas municipales. Entre ellos están Carlos Bruce (Surco), Juan Carlos Zurek (La Molina) y Luis Molina (Lima Metropolitana). «Reunión avancista para afinar los próximos eventos partidarios», dice la leyenda de la imagen. 

Pre candidatos Vanza Pais

El fiscal que dispuso abrir la investigación preliminar a Ocrospoma es Richard Rojas Gómez, quien también está a cargo de la carpeta sobre los aportes de campaña de Perú Libre. Para el fiscal, el caso de Ocrospoma es complejo y corresponde que sea investigado por ocho meses. Este plazo finalizará en marzo, que es cuando decidirá si formaliza la indagación o la archiva.

 

Esta no es la primera vez que el exalcalde está metido en líos judiciales. En el 2014 afrontó un juicio tras haber sido acusado de peculado doloso por hechos ocurridos durante su mandato. Sin embargo, poco antes de conocerse la sentencia, la Fiscalía decidió apartarlo de la acusación y el Poder Judicial aceptó el pedido.

 

PRESUNTO DESVÍO DE FONDOS

Sudaca revisó la disposición fiscal, emitida el 5 de julio del 2021, con la que se da inicio al caso. Esta dice que, cuando estuvo en la municipalidad de Jesús María, en los periodos 2007-2010 y 2011-2014, Enrique Ocrospoma habría diseñado una estrategia ilícita con la finalidad de desviar dinero para adquirir bienes muebles e inmuebles por un valor total de US$400.000 y S/300.000. Según la información policial, estos montos «no se condicen con sus ingresos durante [ambos] periodos de su gestión como alcalde», que alcanzaron apenas «un total de S/374.400».

En el caso también aparece implicada Rossana Montero Cancino, esposa de Ocrospoma, de quien se presume habría adquirido inmuebles para «facilitar el traspaso e insertación de los activos de capital ilícito en el sector empresarial y/o económico formal, con el fin de eliminarse toda fuente de procedencia ilícita de tales activos». Es decir, lavar el dinero. 

La Fiscalía sostiene que ella es propietaria -junto con Ocrospoma- del inmueble ubicado en la Calle Islas Alautianas N°397-399, La Portada de la Planicie-La Molina, el mismo que fue comprado por US$400.000 y luego transferido en anticipo de herencia a sus dos hijos en el 2011.

En el esquema que plantea el fiscal Rojas aparecen tres personas jurídicas (Raggazzi EIRL, Instituto Seguridad y Convivencia, y Milec Servicios Educativos SAC) que habrían sido creadas para darle la apariencia de legalidad a la plata. Según los documentos, se trata de «empresas presuntamente constituidas con el fin de dar un aparente origen lícito al dinero proveniente de actividades ilegales (corrupción de funcionarios) con la adquisición de bienes muebles e inmuebles, todos adquiridos durante el periodo ejercido ejercido como burgomaestre en el distrito de Jesús María».

La Fiscalía dice también que, en general, el modus operandi en el delito de lavado de activos tiene como punto de partida la creación de empresas, supuestamente formales, que puedan efectuar rápidamente la conversión o transferencia de los activos ilícitos.

 

CIFRAS Y BIENES

La investigación fiscal tiene su origen en el informe policial N 115-2021-DIRILA-PNP/DIVILAPCO-DMINA, remitido por la División de Investigación de Lavado de Activos provenientes del Crimen Organizado.

Cuado nº1

El informe policial señala que como alcalde de Jesús María, Ocrospoma recibió un ingreso mensual de S/7.800, lo que significa que durante todo su periodo le depositaron un total de apenas S/374.400. Eso «no le habría permitido la adquisición de bienes por un monto de US$400.000,00 y S/300.000,00», apuntan.

Además, dicen que Ocrospoma habría formado las empresas ya mencionadas para usarlas como fachada en la adquisición de propiedades. La Fiscalía considera que, ante todos los indicios, «resulta importante investigar si la constitución de dichas empresas guardan relación con el dinero maculado apropiado por el investigado proveniente del delito de corrupción de funcionarios, y perteneciente a la comuna de Jesús María». 

La Policía informó que, en total, habrían sido 14 los bienes muebles e inmuebles adquiridos con el presunto desvío de dinero.

Cuadto nº 3

Y la misma institución también recordó que Enrique Ocrospoma y su esposa ya han sido investigados por presunto delito en contra de la administración pública, en la modalidad de concusión, por la 54° Fiscalía Provincial Penal de Lima.

En el 2018, Ocrospoma postuló sin éxito la alcaldía de Lima, por el partido Perú Nación. Su historial partidario incluye a agrupaciones como el Partido Popular Cristiano (PPC), Solidaridad Nacional y Somos Perú. Sudaca se comunicó con él para que brinde su descargo. Sin embargo, al ser consultado por la investigación fiscal, cortó nuestra llamada indicando que se encontraba en una reunión de trabajo. No volvió a contestar nuestros mensajes.

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Avanza Pais, Lavado de activos

Para el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, fue «una celada». Para los congresistas a los que no les gusta la reforma, un festival. La última sesión ordinaria de la Comisión de Educación, el pasado martes 18, tuvo como gran punto de agenda lo ocurrido en las elecciones rectorales de la Universidad Nacional de Piura (UNP) en 2019. Un proceso manchado, a todas luces, por irregularidades. Pero los legisladores no tenían ninguna intención de verlas. 

En aquellos comicios, hace tres años, se incorporaron estudiantes al padrón cuando este ya había sido publicado, los alumnos de posgrado fueron excluidos, se instalaron mesas incompletas, otras fuera de hora, y no se informó correctamente que se habían cambiado los límites para el ingreso, lo que ocasionó sospechosos reemplazos entre miembros de mesa. La mayoría de estos hechos ocurrió en la etapa más candente: la segunda vuelta. 

La Defensoría del Pueblo, una entidad autónoma, fue la que dio la primera alarma. El 2 de enero del 2020 le recomendó a la Sunedu iniciar un proceso administrativo sancionador contra la universidad piurana. Como resultado, la superintendencia multó a la UNP con S/87.351,07 y solicitó repetir el proceso mediante una resolución de su consejo directivo. También se negó a inscribir al candidato ganador de esa contienda, el señor Santos Montaño.

Pero pese a la pila de cuestionamientos, varios miembros de la Comisión de Educación decidieron tomar partido por el bando que, desde entonces, pide que se reconozcan como válidas esas elecciones. ¿Por qué? Para golpear a la Sunedu, alegando una supuesta «autonomía universitaria». 

 

Cargamontón parlamentario

La cita en el Congreso debía ser rutinaria, pero se volvió un callejón oscuro para Zegarra y sus funcionarios. En la Sunedu no sabían que Esdras Medina, presidente de la Comisión y congresista de Renovación Popular, había convocado también a Carlos Vargas León, subgerente de asistencia técnica de la ONPE, al propio Santos Montaño, rector ‘electo’ de la UNP, y a Manuel Castillo Venegas, su abogado. Todos, por supuesto, declararon en favor de la validez del proceso electoral universitario. 

Pero el mayor problema, en realidad, fue que no hubo nadie del otro lado. Medina ignoró los pedidos de Segundo Dioses, el excandidato al rectorado de la UNP que denunció las irregularidades del proceso, para estar presente en la comisión. El también profesor de economía había enviado una carta al congresista el último 12 de enero –6 días antes de la cita en la Comisión– pidiendo asistir. Sin embargo, no recibió respuesta.

Parte de la presentación de la Sunedu respecto al caso de las elecciones al rectorado en la Universidad de Piura del 2019.

Dioses también coordinó con el congresista piurano Wilmar Elera (Somos Perú) para que lo ayudara a que Medina le haga caso. El 14 de enero, dicho legislador envió un oficio reiterando el pedido del excandidato al rectorado para estar presente en la comisión de Educación. Tampoco fue atendido. 

En agosto del año pasado, Dioses y otros catedráticos de la universidad ya habían enviado un pliego de denuncias –incluyendo el fraude electoral– a la actual Comisión de Educación. El 19 de octubre, el grupo parlamentario recibió la documentación. No se sabe qué hizo con ella. 

“[Los congresistas] dicen que nadie se quejó. Es mentira. Nosotros somos quienes hemos hecho la denuncia. Nunca nos invitaron, decir que nadie ha reclamado, mientras que yo lo he demostrado con papeles [es una falta de respeto]. Una parte del Congreso está confundida y otra está aprovechándose de la situación”, afirma Dioses a Sudaca. Este medio buscó a Esdras Medina para recoger su versión, pero al cierre de edición no se pudo concretar la entrevista. 

Esdras Medina, legislador de Renovación Popular y presidente de la Comisión de Educación. Foto: Congreso.

En la Comisión también ignoraron que Carlos Vargas León, el representante de la ONPE, reconoció que no vio directamente el caso. “A riesgo de equivocarme, pero no lo creo así porque la oficina regional de Piura es la que llevó a cabo la asesoría y nos manifestó que no hubo ningún reclamo sobre nuestra participación en el proceso electoral”, mencionó el funcionario. Vargas también explicó que la ONPE solo tuvo 15 días para acompañar el proceso. Aún así, los congresistas utilizaron su discurso para machacar a la Sunedu por “entrometerse con la autonomía universitaria”. 

Por eso, al darse cuenta de la emboscada, el superintendente Zegarra terminó retirándose de la sesión. “Antes de que nos presentemos, sin saber nosotros, presentan a un representante de la ONPE que nunca ha estado en Piura, pero pontificó que había sido hecho de la manera más pulcra. Nos hicieron sanguche. Yo tuve que retirarme porque no aguantaba”, le dijo al programa Si el río suena, de Sudaca. Y agregó: “Nos prepararon una celada. Los congresistas se despacharon contra la Sunedu como si ese fuese el motivo de la reunión”

Los congresistas que más escándalo hicieron fueron Alex Paredes, perulibrista y vicepresidente de la Comisión; Edgar Tello, también del lápiz; y Tania Ramírez, de Fuerza Popular. “¿Sancionar a la universidad, para qué? Aquí en la comisión son recurrentes las multas de Sunedu. Las instancias superiores no se crean para hacer uso y abuso del poder que se tiene. ¿Cuándo multamos a la Sunedu?, digo yo”, dijo Paredes. 

“Esta es una muestra de que la Sunedu no es una institución que regule la calidad universitaria y menos respete la autonomía. ¿Con qué cara se le puede defender?”, expresó Tello. “No es la primera vez que sucede que le quieren quitar la firma a un rector elegido por sus alumnos. Pareciera que quieren ser dueños de universidades para decidir quién entra y quién sale”, aseguró muy alterada Ramírez, quien también dirige un grupo parlamentario que investiga el licenciamiento universitario. Estos son apenas algunos ejemplos. 

 

Votaciones fraudulentas

En el 2019, las elecciones para el rectorado de la Universidad Nacional de Piura en 2019 fueron cuestionadas casi de inmediato. El primer reclamo fue por la modificación del padrón electoral. 

Tras haber excluido a los estudiantes de posgrado y a los “no regulares” –que cursan menos o más créditos de los permitidos–, el 10 de octubre el Comité Electoral realizó extraños cambios de última hora. Fue solo 5 días antes de la primera vuelta y para incorporar nuevos estudiantes de los Programas Especiales Descentralizados, de sus filiales en Sullana, Sechura y Paita. La lista oficial de votantes ya había sido aprobada un mes antes y publicada en el diario El Peruano. Con el cambio, el padrón pasó de tener 176 a 367 estudiantes en dichas sedes.

Pero fue en la segunda vuelta, que se hizo entre el 10 y 12 de diciembre, donde hubo más cuestionamientos. En la jornada electoral, un docente contratado fue presidente de la mesa de sufragio número 78, según la Defensoría y la Sunedu. Este hecho contradice la Ley Universitaria, que dice claramente en su artículo 66 que solo docentes ordinarios –o sea, contratados de manera permanente– y estudiantes matriculados forman parte del padrón electoral.

En la segunda vuelta también se instalaron mesas sin que todos sus miembros estuvieran presentes. En total, fueron 6 mesas las que se abrieron sin la presencia de secretarios y vocales, también de acuerdo a la Defensoría y la Sunedu. En las actas electorales no figuraban sus firmas. Sobre este punto, la UNP reconoció que la falta ocurrió por la presión de los electores para votar. También se instaló una mesa fuera de hora. Fue la número 6 y comenzó a funcionar a la 1 de la tarde, cuando el horario regular era de 9 a 12 del mediodía, de acuerdo al reglamento de las elecciones de la UNP.

Y al igual que ocurrió con el cambio del padrón, el Comité Electoral modificó el horario de ingreso de los presidentes de mesa un día antes de la segunda vuelta. El problema: no informaron correctamente de ello. El organismo decidió que los presidentes de mesa debían acercarse a las 7 am –con tolerancia de una hora– a sus locales de votación o serían reemplazados por otros docentes. Y ya sabemos cómo suelen acabar esos reemplazos voluntarios.

“Resulta necesario señalar que, en virtud del principio de publicidad, todos los actos deben ser informados a la comunidad universitaria a través de todos los medios de los que se disponga; sin embargo, en el caso concreto, se advierte que dichas actas no fueron publicadas, contraviniendo este principio”, se lee en el informe de Sunedu sobre el sospechoso cambio de horarios.

El docente y excandidato al rectorado, Segundo Dioses, fue quien dio la alerta de las irregularidades en las elecciones del 2019. Vídeo: ExpresiónLibre.

“Eso fue un vil fraude. No dejaron votar a los estudiantes de posgrado. Con eso ya era suficiente. Incluso tengo información de profesores de mi agrupación que no los dejaron entrar a los locales porque ya estaba gente de otro sitio. Cambiaron las reglas de juego a última hora”, revela Segundo Dioses a Sudaca, quien perdió la segunda vuelta solo por 29 votos. 

Pero en el Legislativo hicieron oídos sordos del fraude. “Yo nunca me imaginé que verían el caso en el Congreso, sinceramente. Todos nos alegramos porque pensamos que verían nuestra denuncia. Yo sí me incomodé, me sentí mal, un poco decepcionado”, asegura Dioses. 

Actualmente la universidad piurana se encuentra a cargo de Omar Vences Martínez, rector interino reconocido por Sunedu. Además, la UNP mantiene una acción contenciosa administrativa en el Juzgado Civil de Turno del Módulo Básico de Justicia de Castilla para revocar la multa impuesta y el pedido de nuevas elecciones. La demanda fue notificada a Sunedu el 22 de septiembre del año pasado. Desde entonces, están a la espera de nueva información sobre el estado del proceso judicial. 

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Congreso, SUNEDU, Universidad Nacional de Piura

La trama de coimas que involucra a Susana Villarán ha sido oficialmente reconocida por una empresa en Estados Unidos. En septiembre pasado, la agencia de publicidad británica WPP (una de las más grandes del mundo) accedió a pagar una multa de US$19 millones a la Comisión del Mercado de Valores de ese país, tras admitir malas prácticas en sus subsidiarias de India, Brasil, China y el Perú. En el caso peruano, su filial Ogilvy participó –en el 2013– en un “esquema de soborno” para beneficiar a la autoridad municipal de aquel entonces. Es decir, a Villarán.

Así lo revela una investigación de la reguladora bursátil estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés), que si bien no menciona a Villarán con nombre y apellido, sí describe hechos que corresponden a la pesquisa que se le sigue a la exalcaldesa en Lima. WPP aceptó la multa buscando eludir la acusación penal por haber violado la “Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero”, vigente en EEUU.

Caso peruano
Septiembre, 2021. Informe de la Comisión de Mercado de Valores de Estados Unidos que consigna las malas prácticas de la subsidiaria de la agencia británica publicidad WPP, en la trama de sobornos que involucra a Susana Villarán.

 

LOS DETALLES

La SEC señala que la agencia publicitaria WPP instaló su subsidiaria peruana en 1996. Ese año, Ogilvy se creó con Óscar Vidaurreta Yzaga como principal ejecutivo. “El CEO [Vidaurreta] continuó administrando la subsidiaria de Perú hasta que, en el 2018, WPP lo despidió por haber participado en un esquema para manipular las ganancias de la filial peruana”, dice el informe.  

¿Qué sucedió? La investigación del regulador bursátil estadounidense detalla que, en el 2013, WPP tuvo una “ganancia ilícita” de US$291.935 como resultado de una triangulación de dinero en la que participó Ogilvy. “La subsidiaria de Perú aceptó ser un conducto para el soborno de una empresa constructora a la alcaldesa de Lima [que en ese momento era Susana Villarán]”, añade el documento. La compañía a la que se refieren es OAS. 

Los datos se condicen con la investigación que el Equipo Especial del caso Lava Jato le sigue a Villarán desde el 2017. La empezó el fiscal Carlos Puma y actualmente la tiene su colega José Domingo Pérez. En la pesquisa de la Fiscalía se menciona que Villarán, a través de su entonces gerente municipal José Miguel Castro, le pidió US$3 millones a OAS “para financiar la campaña por el No a la revocatoria”. Esto, como recompensa por conseguirles una adenda que amplió el contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla de 30 a 40 años, lo que le permitió a la compañía brasileña subir la tarifa del peaje.  

José Miguel Castro
José Miguel Castro Gutiérrez, exgerente general en la gestión de Villarán, contrató a la empresa de publicidad Ogilvy, subsidiaria de WPP. Fuente: La República.

De acuerdo al colaborador eficaz 101–2019, “Castro pidió la entrega de recursos ilícitos para la campaña de la señora Villarán […] que serían pagados con contratos con la empresa Ogilvy [subsidiaria de WPP]”.

Lo que hizo OAS fue firmar contratos “completamente ficticios” de publicidad con las filiales de WPP en Ecuador, Colombia y Chile, dice la Fiscalía. Los US$3 millones, en realidad, sirvieron para que la subsidiaria peruana pague la millonaria propaganda del ‘No’ a la revocatoria y el trabajo del publicista brasileño, Luis Favre, a quien se le abonó medio millón de verdes, según el expediente fiscal.

“La empresa OAS aportó dinero para la campaña de Susana Villarán, con contratos en países como Colombia y Chile. Eso ya está claramente reconocido”, responde Vidaurreta a Sudaca, de manera escueta, sin mencionar el esquema corrupto.

Vidaurreta es considerado por el Ministerio Público como un hombre clave para el caso. El publicista entró al círculo de Villarán por un llamado de José Miguel Castro, entonces brazo derecho de la exalcaldesa. Al sumarse a la campaña contra la revocatoria, fue contactado por Alexandre Portela, ejecutivo de OAS, para firmar los contratos simulados, de acuerdo a la investigación. 

Vidaurreta
Óscar Vidaurreta Yzaga (izquierda), exejecutivo de Ogilvy, filial de WPP, aludido en el informe de la Comisión de Mercado de Valores de Estados Unidos.  Fuente: LatinSpots.

La Comisión de Mercado de Valores de Estados Unidos describió así el papel de Vidaurreta: “El CEO simuló la fuente corrupta de los fondos utilizados para la campaña política del alcalde de Lima [Villarán], canalizando los pagos de la constructora [OAS] a la subsidiaria peruana a través de las filiales de WPP en Colombia y Chile”.

La británica WPP dice que tomó conocimiento de las malas prácticas de su subsidiaria peruana al ventilarse la investigación en la prensa de nuestro país. El fiscal José Domingo Pérez ha solicitado que Ogilvy sea incluida en la investigación como persona jurídica. Los investigados en esta trama están actualmente con comparecencia restringida. 

Es el caso, por ejemplo, de Susana Villarán. “Yo no soy corrupta y quiero que se restablezca el único patrimonio que tengo: mi honra y mi nombre”, dijo la exalcaldesa durante una audiencia de junio del año pasado. 

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Susana Villarán

Hace más de tres años, Percy Carrillo Viera denunció públicamente a la empresa Mambrino SAC por retenerle las propinas y, en ocasiones, sacar parte de esa retención de su sueldo como mesero. En ese momento trabajaba en la Trattoria di Mambrino, uno de los exclusivos restaurantes que pertenece a dicha razón social, que también es dueña de Lucio Café, Oliver y la Bodega de la Trattoria. 

Al poco tiempo, Carrillo fue despedido. Y, a pesar de sus 15 años de experiencia en el rubro, le fue imposible encontrar otro restaurante que estuviera dispuesto a contratarlo. “En un local me dijeron: ‘Sabemos el problema que hay y no puedes trabajar así’. En otro, donde estuve a prueba, me señalaron: ‘Ya saben del problema que tienes y, pucha, no vas a poder seguir’”, cuenta a Sudaca. Tuvo que aferrarse a cachuelos en otro tipo de negocios.

Hace siete meses, un juzgado determinó que había sido despedido “en represalia” por sus quejas ante las autoridades laborales. El juez ordenó que sea repuesto, pero Mambrino SAC todavía no ha cumplido ese mandato. Por si fuera poco, la compañía aún vinculada a los esposos Hugo y Sandra Plevisani le ha puesto una demanda por más de S/6 millones alegando un supuesto daño de imagen. 

“Es evidente que esa demanda fue interpuesta como respuesta al reclamo laboral de Percy. Se pide S/6 millones como indemnización por daños y perjuicios basándose solamente en un informe pericial de parte y nada más. Es una demanda que claramente busca disuadir a Percy de continuar luchando por sus derechos laborales”, dice Juan Diego Elías, abogado del mesero.

 

HISTORIA DE UN INDESEADO

Percy Carrillo empezó a trabajar en la Trattoria di Mambrino en febrero del 2018. Firmó un contrato de seis meses con el grupo Mambrino, del que hoy figuran como gerentes los reconocidos chefs Hugo y Sandra Plevisani; y como director ejecutivo, Carlos Mulanovich Pinillos, según registros de la Sunat. En agosto, el mesero volvió a firmar otro contrato hasta febrero del 2019.

Tres meses antes de que acabara ese último acuerdo, Carrillo decidió participar de un informe para el programa Beto a Saber -entonces transmitido por ATV- que indagaba en presuntos maltratos al interior de los restaurantes más exclusivos de Lima. Allí contó que sus empleadores le retenían las propinas. La Trattoria di Mambrino alegó que lo hacía para repartir entre otros trabajadores, como bartenders o cocineros, pero Carrillo sostiene que estos tienen un sueldo mayor.

PLEVISANI-GERENCIA
Sandra y Hugo Plevisani, representantes del boom gastronómico, figuran como gerentes del grupo Mambrino SAC. (La foto de la pareja es de El Comercio).

Además, el mesero había firmado un documento que señala que, “en caso de que el mozo no disponga de efectivo al tiempo de liquidar su servido, podrá solicitar adelanto a cuenta de sus ingresos”. La defensa de Carrillo interpreta eso como una puerta abierta para que la retención de propinas sea pagada, en muchas ocasiones, del propio sueldo del trabajador.

Carrillo explica el mecanismo: “Ellos te cobran el 2,9% de tu venta total, recibas o no propina. Si tú tienes una mesa que te consume S/1.000 y esa mesa no te deja propina, ahí ya estás sumando S/29 que tú tienes que pagarles a ellos. Si dejaban S/20, tú mismo tenías que completarlo [con S/9]», apunta.

El 22 de noviembre de aquel 2018, Percy Carrillo presentó una queja ante la Sunafil. La inspección de la superintendencia se llevó a cabo una semana después. Carrillo estaba a la espera de las conclusiones de la autoridad laboral cuando, el 14 de diciembre, le aplicaron la suspensión perfecta por 15 días. El 4 de enero del 2019, luego de un proceso interno por supuestas faltas al código de conducta, fue despedido. Le tocaría pelear sus derechos en la vía judicial.

El 22 de enero del 2019, la Sunafil finalmente levantó un acta de infracción contra Mambrino. Los inspectores señalaron que no podían manifestarse sobre el tema de las propinas, porque no había marco legal que lo regulara, pero sí hallaron otras irregularidades. Por ejemplo, que la empresa había realizado descuentos a 45 trabajadores en setiembre, octubre y noviembre del 2018 por perder insumos de cocina o romper la cristalería y el menaje. No habían suscrito con los empleados un documento válido para hacerlo.

“Los trabajadores no pueden ni deben asumir los riesgos ni las pérdidas que sufra su empleador o la empresa para la que trabajan. En efecto, cuando se inicia una empresa son muchos los riesgos que se corren, y en caso de que la empresa sufra una pérdida, no puede hacer partícipe a sus trabajadores de ella”, se lee en el acta.

Los inspectores también encontraron que 60 trabajadores no estaban en planilla porque, según los contratos, trabajaban a medio tiempo. Pero los registros de la empresa desmentían eso: los empleados cumplían jornadas de ocho horas diarias.

La Sunafil, entonces, concluyó que dichos contratos estaban “desnaturalizados”. En otras palabras, que les correspondía firmar un documento a plazo indeterminado -y no uno de seis meses- por la naturaleza del negocio. Fue el caso de Percy Carrillo.

“Cuando uno tiene un contrato indeterminado, las causales para finalizar este vínculo están establecidas en la norma. No es que de la noche a la mañana se pueda dejar sin efecto, sino que esto tiene que estar debidamente sustentado. Pero en un contrato con plazo establecido, en cambio, se puede dar por finalizado el vínculo laboral solo teniendo en cuenta el plazo”, explica Juan Diego Elías, abogado de Carrillo Viera.

El acta de la Sunafil terminó en un proceso que sancionó a Mambrino con una multa de S/102.060 en julio del 2020. En paralelo, Percy Carrillo batallaba en los tribunales por su despido injustificado.

 

JUICIO GANADO Y CONTRAATAQUE ABUSIVO

El 9 de julio del 2021, un juzgado emitió una primera resolución que concluía lo mismo que había señalado Sunafil sobre los abusos de Mambrino. Pero, además, el fallo señalaba que el despido de Carrillo fue “en esencia, una represalia frente a la denuncia efectuada por el demandante” ante la autoridad laboral.

Posición del juzgado laboral sobre las causas que motivaron el despido de Carrillo: «se evidencia que el despido constituye en esencia una represalia».

El juez estableció que Mambrino debía pagarle todos los beneficios sociales al mesero desde que empezó a trabajar con ellos y una indemnización de más de S/15.000. Además, ordenó que debían reponerlo en su puesto. La resolución fue notificada en julio del año pasado, pero hasta hoy no se ha hecho efectiva.

La excusa es el examen médico. “Ellos indican que están conversando con el laboratorio médico que tiene que evaluarme. Pero dicen que no están sacando citas ahorita. Eso es lo que me comentaron hasta la semana pasada, cuando me llamaron”, dice Carrillo.

“Yo ya debería estar reincorporado desde el 23 de diciembre del año pasado. Desde ese día hasta el 31 me han debido de hacer el pago. Lo mismo por estos días de enero. En una carta notarial me dicen que a más tardar me estarían pagando a fin de mes. Solo eso me pusieron”, explica.

Pero aquí viene lo más grave. Mientras espera que se cumpla lo que ordenó el juzgado, Carrillo tiene que enfrentar una nueva arremetida de sus empleadores. Y es que a fines del 2019, Mambrino decidió clavarle una demanda por daños y perjuicios en la que pide una cifra irreal: S/6.696.332. Más de cuatro millones corresponden a las supuestas pérdidas que les generó la denuncia pública; y dos millones, al “daño moral”. 

El cálculo fue realizado por Guillermo Vega Ingenieros, una firma que se especializa en hacer peritajes de oficio no en temas laborales, sino “de ingeniería y construcción de obras públicas y privadas”. No obstante, el grupo Mambrino ha seguido creciendo. Entre el 2019 y el 2020 -los años posteriores a la denuncia de Carrillo- la compañía aumentó su capital social en S/2.685.240. En los últimos cinco años, esa cifra sube a casi S/7,5 millones.

“Me sacó un poco de cuadro ver esa demanda por esa cifra. No me lo imaginaba y no tengo esa cantidad”, dice un preocupado Percy Carrillo, que está a la espera de la decisión del juez sobre este caso.

¿Por qué entonces volver a Mambrino, una compañía que lo sigue hostilizando?, le preguntamos. “En realidad, es más que nada por demostrarle a las demás personas que sí se puede hacer justicia, que se le puede ganar a empresas grandes y que no deben quedarse callados”, responde el mesero.

Buscamos la versión de Mambrino por distintos canales de comunicación, pero al cierre de esta edición no fue posible.

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Antes de protagonizar el derrame petrolero que ha afectado más de 7 millones de metros cuadrados de mar, dos reservas naturales y 21 playas en Lima y Callao, Repsol se ufanaba de ser la primera compañía de su sector en plantearse llegar a las cero emisiones netas de dióxido de carbono para el año 2050. Esto como muestra de su compromiso con las metas medioambientales planteadas por el Acuerdo de París del 2015.

Lo mismo hizo en julio del año pasado, cuando conmemoró los 10 años desde que firmaron los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos, una guía propuesta por las Naciones Unidas para que las matrices de las multinacionales se sujeten a las consecuencias legales de los países en donde operan sus subsidiarias.

“Desde entonces, hemos ido avanzando, empezando por nuestros propios empleados […] Y no menos importante con nuestros vecinos, de los lugares que operamos, gestionando los riesgos con la debida diligencia desde el inicio de los proyectos, estableciendo relaciones constructivas y de confianza con todos ellos”, indicó con mucha pompa Josu Jon Imaz, Consejero Delegado de Repsol. Apenas un mes antes de esa presentación, un grupo de activistas medioambientales había bloqueado el ingreso a una de sus instalaciones en Madrid, luego de conocer un informe que colocaba a la petrolera como una de las que más gases de efecto invernadero emite.

Presentación de Josu Jon Imaz, Consejero Delegado de Repsol para la iniciativa voluntaria Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Según su portal oficial, no controlan el comportamiento de las empresas. Están diseñados para estimular el cambio. 

Los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de la ONU brindan un marco legal a los gobiernos de cada país por el que es posible responsabilizar a las multinacionales cuando sus actividades comerciales en territorios ajenos vulneran los derechos humanos o las normas internacionales para la protección del medio ambiente.

Para aplicarlo, los países necesitan elaborar un Plan Nacional que adapte estos estándares internacionales a la realidad de cada uno. Este debe hacerse con participación de la sociedad civil y todas las partes interesadas.

En España, ese plan se aprobó el 2017. En el Perú, se hizo en junio de 2021, mediante el Decreto Supremo 009-2021-JUS. Uno de los cinco lineamientos estratégicos del plan peruano tiene como objetivo asegurar las reparaciones a los afectados. “Diseño y fortalecimiento de mecanismos para garantizar a los afectados por las vulneraciones a derechos humanos vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo para que puedan acceder a una reparación”, indica el decreto.

En diciembre del año pasado, la Comisión Europea también se lanzó a discutir la actualización de una directiva que plantea que las empresas culpables de delitos ambientales reciban multas de hasta 5% del volumen de sus negocios a nivel mundial. La iniciativa también abriría la posibilidad de quitarle a las compañías el acceso a la financiación y la contratación pública.

“Al final, las decisiones recaerán en los tribunales nacionales, pero este texto les ofrecerá claridad”, explicó Virginijus Sinkevicius, comisario europeo de Medio Ambiente a la Agencia AFP.

ACUERDOS ROTOS

Hay otros acuerdos firmados por Repsol que no son vinculantes. El de París, por ejemplo, que mencionamos al inicio. O el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. La compañía española tiene, además, alianzas poco útiles con nueve organizaciones vinculadas a temas de responsabilidad social. Estas solo se limitan a compartir información sobre el impacto de las compañías en el medio ambiente.

Es el caso de IPIECA, la Asociación Mundial del Sector del Petróleo y el Gas para cuestiones medioambientales y sociales, que difunde entre sus agremiados las mejores prácticas que encuentran en la industria para reducir su impacto. “Estas plataformas o asociaciones vinculadas a buenas prácticas en responsabilidad social son más una declaración de intenciones y, salvo que la empresa tenga una sentencia firme por alguna falta ética o negligencia dolosa, no suele tener mayor trascendencia”, explica Natalia Manso, profesora de Pacífico Business School.

Para Manso, la responsabilidad social tiene un “componente de maquillaje importante” en muchas empresas. Aún con todo eso, considera que hay algunos avances y que los accionistas tienen el toro por las astas. 

“Los accionistas cada vez tienen más poder incluso para decidir a favor o en contra de cómo se remunera a los altos ejecutivos, o si se les debe cambiar. Desde luego, aquí [en el caso de Repsol] debería haber una respuesta de los líderes de la organización que están demostrando estar muy ausentes”, dice Manso, que también es docente de responsabilidad social empresarial.

De acuerdo a la última Memoria Anual publicada por Repsol, sus principales accionistas con derecho a voto son la española Sacyr S.A. (8.03%), la firma financiera JP Morgan (6.85%), la gestora de fondos de inversión BlackRock (4.99%) y la francesa Amundi Asset Management (4.50%). Todas son adherentes al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y aseguran promover las finanzas que sean responsables con el medio ambiente. Como informó Sudaca, en una nota anterior, BlackRock tiene un historial de inversiones en empresas que violan los derechos humanos y tienen sanciones por infracciones contra el medio ambiente.

Más del 70% de las acciones de la empresa española son de «libre flotación» y se negocian constamente en el mercado bursátil. Después de esas acciones, la empresa Sacyr es la que tiene mayor participación con derecho a voto y dos asientos en el Consejo de Administración.

Repsol reporta a estas empresas cada una de sus acciones. El 2020, por ejemplo, publicó un informe de gestión donde da cuenta de las medidas de seguridad con las que cuentan sus operaciones. En la página 98 precisan: 

“Si, a pesar de toda la actividad preventiva, se produce un derrame, es prioritaria la detección temprana y la minimización del impacto a las personas y al medioambiente. Para ello, la compañía dispone de los medios humanos y técnicos necesarios”.

Agregan que, en caso de derrames marinos, Repsol mantiene contratos con empresas que garantizan la actuación rápida de especialistas y equipamientos externos como Oil Spills Response Limited – OSRL (empresa británica que atiende a todo el sector), el Global Dispersants Stockpile (reserva mundial para acceder a productos dispersantes) y Wild Well Control (compañía estadounidense con sede en Houston, Texas).

Pero ninguna de estas firmas está actuando sobre el reciente desastre en las costas peruanas. A través de su portal web, Repsol Perú indicó que las labores de remediación vienen siendo atendidas por las empresas ERM (Environmental Resources Management), para el asesoramiento y control de la emergencia; y por Aiuká Consultoría Ambiental, para el rescate de fauna marina.

Al cierre de esta nota, la información del derrame producido en Ventanilla todavía no era publicada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España. Mediante una carta, la Superintendencia del Mercado de Valores en Perú le preguntó directamente a la empresa por qué no se había informado de estos eventos como Hecho de Importancia. La respuesta, como parece ser costumbre, no deja nada claro.

“Teniendo en cuenta la complejidad del tema, la valoración de la magnitud e impacto del acontecimiento no pudo ser inmediata. Además de ello debe considerarse que, de momento, este acontecimiento no ha afectado la continuidad de nuestras operaciones ni la capacidad de atención al mercado”, respondieron desde Repsol.

Respuesta de Repsol a las consultas de la Superintendencia del Mercado de Valores en Perú, enviadas al cierre de la sesión del jueves 20 de enero.

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Acuerdo de París, derechos humanos, derrame de petróleo, Medio ambiente, Repsol, Repsol-La Pampilla
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