Informes

“Estoy dispuesto a ser colaborador con la justicia y contar la verdad en todos los casos que se me vinculan. Tengan la seguridad de que si alguien es culpable o inocente lo diré, pero eso será ante un juez o un fiscal. Creo que un ser humano tiene su límite y yo llegué al mío”, dijo en el video. Desde aquella vez, sin embargo, no se le ha vuelto a ver.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

Tags:

Bruno Pacheco, Pedro Castillo

EN CONSTANTE AMENAZA

“En ocasiones anteriores, les hemos mandado videos a las autoridades para que intervengan. Mayormente han hecho caso, pero han demorado en hacer desalojos”, recuerda Efraín Villegas, presidente del asentamiento humano Flor de Amancaes desde octubre del 2021.

El 2019, por ejemplo, la gestión municipal de la accionpopulista Cristina Nina, quien luego fue suspendida del cargo luego de ser detenida por cobro de cupos, hizo uno de esos desalojos. Pese a que las casas fueron retiradas tras la intervención, la vegetación no volvió a crecer igual: las fotos que muestra Christian Ipanaque, miembro del colectivo que defiende estas lomas, evidencian que los rectángulos de tierra afirmada −donde se habían instalado las casetas de los invasores− ya no recuperan el verde de antes. “Parte de la vegetación desaparece, ya no crece como antes”, coincide  Efraín Villegas. 

Invasiones
«Los módulos que han sido levantados desde agosto de 2021 hasta la actualidad en la parte alta de Lomas de Pamplona (foto: Nicolás Cisneros)»

Los vecinos de Flor de Amancaes también recuerdan amenazas por parte de los invasores, aunque prefieren no dar más detalles. “Como junta directiva no podemos hacer más. Están las amenazas, tienen sus matones”, señala Villegas.

La más reciente invasión se encuentra a unos metros de los dos logos de Podemos Perú, dentro del patrimonio natural: consiste alrededor de veinte casas, en su mayoría, no habitadas. Así lo señala un informe del Serfor realizado luego de visitar la zona en octubre pasado. “Pocos están viviendo. Es gente que tiene plata, [que ha instalado las casas] para vender”, agrega Villegas. Estaríamos hablando, a todas luces, de claros indicios de tráfico de terrenos.

Vegetación afectada
«Los terrenos donde se colocaron las casas en 2019, afectados por la falta de vegetación luego del desalojo (foto: Maycol Sulca)»

Según el informe del Serfor y los vecinos de Flor de Amancaes, quienes ocupan esta zona son parte de la Asociación Tres Ases, encabezada por José Cardenas Quispe. Cardenas vive en otro asentamiento humano de San Juan de Miraflores, según el Reniec. De acuerdo con los vecinos de la zona, no es la primera vez que esta asociación invade la parte alta de las lomas costeras. 

En la visita que hizo el Serfor, hace cinco meses, el presidente de Tres Ases se defendió diciendo que habían presentado distintos documentos a varias entidades para poder asentarse ahí (como la Comisaría de Pamplona o Sunarp), pero admitió que no cuentan con el reconocimiento de la municipalidad. Sudaca intentó contactarlo sin éxito.

La municipalidad de San Juan de Miraflores está al tanto de la nueva invasión. Sobre las pintas, mencionaron que “de inmediato el caso será derivado al área responsable a fin de que se tomen las acciones legales pertinentes”. Por su lado, la situación de las invasiones ya ha sido remitida a la Procuraduría Pública Municipal.

Adolfo Ocampo
«Adolfo Ocampo Vargas, quien ha sido alcalde cinco veces en San Juan de Miraflores (foto: Andina).»

En la Municipalidad de Lima también hay movimiento al respecto. El regidor Carlo Ángeles, quien ya había derivado la denuncia ambiental a la comuna del distrito, asegura que denunciará penalmente en caso haya omisión de funciones.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

DUDOSA APUESTA

Sudaca pudo revisar el borrador del proyecto de ley al que Tello, su despacho y los dirigentes de las Afocat le están dando las últimas pinceladas. En la exposición de motivos del documento se resalta que estas asociaciones han podido sobrevivir atendiendo al sector del parque automotor con mayor siniestralidad: el transporte público. Concluyen, por tanto, que expandir su campo de acción a los particulares sólo traería mejores resultados. Sin embargo, para Miguel Meza, representante de los corredores de seguros, eso no tiene sentido.

Las compañías de seguros tienen sus bemoles, pero pagan. Ningún corredor de seguros serio vende Afocat, por la informalidad. Es arriesgado porque algunas no pagan, no hay garantías. Yo he tenido casos, por ejemplo, con la Afocat Premium”, dice Meza.

Y pasa a contarnos su anécdota: “Un esposo falleció conduciendo taxi y dejó dos hijas y una conviviente. El beneficio es para las niñas, pero la Afocat dijo que otra señora se presentó como esposa. Cuando yo fui [como representante], no me dejaron ingresar. Eso fue en octubre y hasta ahora no pagan. Así trabajan”. La normativa dispone que en 10 días se deben consentir o autorizar las indemnizaciones.

La Afocat Premium a la que hace alusión Meza es una de las 40 compañías de ese tipo que hoy existen en el Perú, según reportes de la SBS, ente encargado de la supervisión de estas asociaciones. Sin embargo, también hay 14 que fueron canceladas por el organismo. Al menos en ocho casos revisados por Sudaca, la causa era la misma: problemas de solvencia económica.

Esto no sería resuelto por el proyecto de ley, el cual propone que las Afocat puedan funcionar con un fondo mínimo de apenas S/500.000. “No puedes tener de capital la mitad de lo que te podría costar un siniestro. Atender el incendio del camión cisterna en Villa El Salvador [del 2020] costó S/1.200.000 aproximadamente. En uno no se te puede ir todo”, explica Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) 

“Sus problemas de solvencia no se resuelven con más mercado. Es un requerimiento regulatorio para operar y así poder soportar los siniestros que pueden ocurrir”, agrega. De aprobarse el proyecto de ley, es cierto, las empresas agremiadas en Apeseg tendrán más competencia. 

Para Morón, además, la expansión de las Afocat podrían generar otros inconvenientes logísticos. “El SOAT tiene carácter nacional, lo que nos obliga a tener convenios a todo nivel con prestadores privados y públicos. Hoy las asociaciones son muy locales. ¿Van a vender un CAT en Tumbes y tu local estará en Ayacucho? ¿Tendrán la capacidad para tener esa red de convenios a nivel nacional? No es tan sencillo”, dice. 

Morón también apunta que el proyecto de ley inclinaría la cancha a favor de estas asociaciones. “No tenemos problema en competir en este mercado, siempre y cuando existan las mismas reglas de funcionamiento. Nosotros estamos obligados a pagar el Impuesto General a las Ventas (IGV) a la hora de comercializar el SOAT, lo que vuelve más caro el producto. Las Afocat, como son asociaciones, están inafectas al IGV”, explica. En el borrador del proyecto de ley no hay rastro de un cambio tributario que arregle este problema. 

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

Tags:

Afocat, MTC

LOS RESTOS EN DISPUTA

Desde el 2003 hasta mediados del año pasado, Alexander calcula haber recibido alrededor de S/300.000. Por eso, en sus últimos años buscó la forma de reunirse con Félix Navarro Grau, llegar a un acuerdo y que le hicieran un desembolso único para dejar de lidiar con ellos. Pero fue en vano. El abogado falleció el 2017 sin recibirlo, asegura. 

Alexander se enteró de su muerte mucho después. “Lo supe por el portero del estudio Navarro dos años después”, se queja. Entonces, le hizo llegar a uno de los hijos firmados de Félix el pedido de que se le reconociera como hermano. Recibió una respuesta negativa, dice. El testamento ya estaba escrito desde octubre del 2015.

Al rechazo se sumó la pandemia, que lo agarró con una deuda con la municipalidad de Barranco. Además, dice, hubo retrasos en los pagos de su seguro de parte de los descendientes de Félix Navarro Grau. “El Covid me podía agarrar flotando en el aire. Si yo no hubiese estado con Rocío [su pareja], estaría muerto ahorita. Con S/700 mensuales, pagar el agua, teléfono, comida… y hasta que reactivó la economía pasaron ocho meses de cuarentena. ¿De dónde iba a sacar?”, apunta Alexander.

Familia Grau
Al lado izquierdo, Alexander Navarro. Derecha: Félix Navarro Grau, fallecido el 2017.

Ahí fue que algunos amigos lo convencieron de que empiece la demanda. Así se lo advirtió el 10 de junio del 2021 a Francisco Navarro Grau Hurtado, el albacea de la herencia de Félix Navarro Grau. “Me causa sorpresa tu comunicación, por cuanto a lo largo de tus años de vida, has ostentado la posesión constante de hijo de mi tío Miguel Navarro Grau, reconociéndolo y comportándote siempre como tal”, es parte de la respuesta que recibió 13 días después.

“Si yo era hijo de Miguel Navarro Grau, como ellos afirman, ¿por qué dejaron de pagarme los S/700 mensuales a partir de que yo les envío la carta del 10 de junio del 2021 y también dejaron de pagarme el seguro? Si el dinero con que se hacían esos pagos supuestamente provenía de la herencia de este. Y si el fondo de dinero de dicha supuesta herencia se hubiera agotado, ¿por qué nunca fui avisado?”, replica Alexander en su demanda presentada al juzgado de familia dos meses después.

Los hermanos Navarro Grau Hurtado no quisieron atender nuestras consultas sobre esta y otras preguntas. “Quizá podríamos sentar el precedente de que estas familias millonarias no puedan ‘cholear’ a la gente, que no puedan decir ‘¿sabes qué?, yo hago lo que me da la gana, yo soy un pituco millonario’”, dice un ofuscado Alexander. Hoy sus esperanzas están puestas en un cadáver.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo. 

Tags:

Historia, Marina de Guerra del Perú, Miguel Grau

“Planeamos revisar las rutas de vuelo”, señala Mario Pinto, como uno de los objetivos del comité técnico que ha conformado LAP y que está funcionando desde principios del 2019. No tiene, sin embargo, una fecha estimada para los cambios. El representante de LAP también comentó que vienen desarrollando programas de salud en las áreas de influencia directa, pero dentro de las especialidades no está incluido el tema la audición.

Los vecinos no solo están preocupados por los ruidos de los aviones de hoy. También por la ampliación del aeropuerto, con la cual se espera recibir hasta 60 millones de pasajeros hasta el 2035. La obra representaría una solución para los viajeros que actualmente encuentran un aeropuerto desbordado, pero genera temor en los vecinos afectados por el sonido de los aviones. Los cerca de 240 vuelos por día -entre salidas y llegadas- que se registraron hasta fines del año pasado han impactado negativamente en su calidad de vida.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

 

Tags:

Aeropuerto Jorge Chávez

POCA EFECTIVIDAD Y MAYOR RIESGO

Sin supervisión gubernamental de ningún tipo, BioAmbientalistas ha continuado sus peludas actividades hasta hace unos días. Así lo dejan ver en su cuenta de Facebook. Y van a seguir haciéndolo, al menos por las próximas semanas. “Nosotros vamos a continuar hasta que lo que recolectamos se termine. Ya nos queda poco, luego veremos otro tipo de estudios. El mar también se contamina con otras cosas como basura”, dice Tania Saboya, vocera del colectivo.

A mitad de febrero, BioAmbientalistas difundió en sus redes sociales los resultados de un estudio propio donde señalaban que uno de sus cordones de cabello retenía 426,8 gramos de hidrocarburos en una hora. El “test”, sin embargo, fue hecho en baldes llenos de agua contaminada y no en el mismo mar afectado. 

«BioAmbientalistas ha seguido trabajando en estos últimos meses. Su última intervención, según sus redes sociales, fue hace un par de semanas».

 

“Debe existir un sinceramiento de esas cifras. Se entiende el compromiso, pero las soluciones deben ser a gran escala. Esa es una de las lecciones del derrame. El uso de skimmers [aparatos para recoger hidrocarburos en agua] y barreras deben ser aplicados por Repsol, no la ciudadanía. El cabello sigue siendo una herramienta poco efectiva”, explica Gardenia Jiménez, decana del Colegio de Biólogos del Perú. 

Insistir a estas alturas con utilizar cabello para mitigar los daños del ecocidio de Repsol es un absurdo, de acuerdo a biólogos consultados por Sudaca. El pelo sí puede “absorber” hidrocarburos, pero su eficacia se reduce rápidamente. “Matter of Trust [precursora en este método] explicó que en un máximo de 72 horas [después del derrame] el sistema funciona, después de eso ya es difícil porque no hay evidencia de que la película tornasolada de petróleo se adhiera al cabello. Lo que hemos visto es que la primera intervención recién fue después de dos semanas”, dice el biólogo Diego Padilla. La asociación también señaló que nunca se ha utilizado cabello a escalas como la del ecocidio de Repsol, añade.

Gardenia Jiménez, la decana del Colegio de Biólogos también explica que este método podría expandir el daño ambiental ocasionado en el mar. “El problema con el cabello como cualquier absorbente orgánico es que va absorber petróleo y el agua. Pero, cuando lo hace, el peso de las denominadas ‘salchichas con cabello’ se incrementa y se va hundir contaminando con petróleo en otro nivel hasta el fondo del mar”, apunta.

Y también podría afectar a la fauna marina si es que las “salchichas” están mal armadas y los cabellos se dispersan en el mar. “A eso se refiere [el Minam y el Oefa] con que las actividades no pueden hacerse de manera independiente y sin asistencia técnica o equipamiento”, sentencia Jiménez. 

Diego Padilla, junto a otros biólogos preocupados, hicieron llegar las advertencias a la comuna metropolitana en un documento que sintetizaba la bibliografía al respecto. Trabajo que les tomó dos días, pero que para la MML fue imposible de hacer. “Si vas a priorizar tu estrategia de comunicación política para una actividad que no conoces, no tienes protocolos y donde la bibliografía dice que no se sabe si funciona de la mejor forma, y además estamos a destiempo, en mi opinión no tienes idea de qué hacer con el problema”, dice el biólogo sobre el accionar de la comuna.

No hay mayor claridad sobre la potencial contaminación extra que un mal uso del cabello en el mar podría ocasionar, pero el riesgo es grande. “Es importante que la población se involucre, pero debe contar con asesoramiento estatal precisamente para no caer en irregularidades. Si esto genera residuos peligrosos, ¿dónde se disponen?, ¿quién va a encargarse de ello? Debe existir una trazabilidad en el recojo de residuos”, señala la decana Jiménez. 

“Fue una medida mediática y desesperada que se tuvo con la ciudadanía participante. Hay que acercarse al colectivo y explicarles técnicamente que esto ya no corresponde. Se les agradece la voluntad, pero en este momento podrían ocasionar más problemas sin contar con el respaldo de las autoridades”, sentencia la decana Jiménez. La municipalidad de Lima quiso tomarnos el pelo. 

 

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

Tags:

Jorge Muñoz, Municipalidad de Lima

La libertad del exdictador también ha generado reacciones entre sus más íntimos partidarios y abre un debate sobre el dominio absoluto de Keiko Fujimori en Fuerza Popular. “La imagen del presidente Fujimori es algo que orienta al partido y al fujimorismo. Su libertad es una especie de fuerza nueva que pueda nutrir al fujimorismo”, dice a Sudaca Ricardo Rivera Romero, uno de los hombres de mayor confianza del exdictador y excandidato al Congreso por Fuerza Popular. Rivera colaboró con el libro de memorias de Fujimori “La palabra del Chino. El Intruso”. 

Una fuente cercana al exmandatario, de los llamados “albertistas”, dice que la libertad de Fujimori debe suponer un debate sobre si es conveniente o no que siga Keiko Fujimori como lideresa de Fuerza Popular ante sus fracasos electorales. “Alberto Fujimori no se va a enfrentar a su hija y va a estar enfocado en cuidar su salud. Pero los seguidores del expresidente deben aprovechar la ocasión para exigir cambios, porque el fujimorismo muere con Alberto Fujimori”, dice la fuente. 

Keiko Fujimori rompió políticamente con su padre en las elecciones del 2016 y no quiso reivindicarlo, borrando del partido a figuras identificadas con el patriarca. La apuesta no le resultó, pues perdió en segunda vuelta con Pedro Pablo Kuczynski. En los comicios del 2021, la lideresa de Fuerza Popular cambió de estrategia y se reconcilió con la vieja guardia fujimorista por mediación del expresidente, según pudo conocer Sudaca. La elección resultó otro fracaso. 

Tras perder en el balotaje, el fujimorismo se rehusó a hacer una autocrítica sobre su desempeño electoral y encubrió el fracaso con falsas denuncias de fraude. “Keiko maneja a una cúpula cerrada. Ella no va a querer ceder espacios. Pero es hora de ver otras alternativas”, dice una fuente cercana al exgobernante, cuya liberación traerá cola, sin dudas. 

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

Tags:

Alberto Fujimori, Fujimorismo, TC

ACTUANDO COMO JUEZ

Alejandro Cavero es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero nunca ejerció su carrera. Su curriculum se resume a tareas vinculadas a la comunicación social, un trabajo de asesoría a la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK) entre 2018 y 2019 y una consultoría en “asuntos públicos” para una empresa privada, de acuerdo a su hoja de vida. “Yo tengo asesores abogados y con experiencia en el Congreso”, apunta, ofuscado, cuando le hacemos notar los detalles de su CV.

Si bien la decisión del congresista de no admitir pruebas no es vinculante con las decisiones del Poder Judicial, sí inclina la balanza al momento de persuadir a sus colegas para admitir la denuncia. Y aunque el informe presentado por Cavero está amparado en el reglamento del Congreso, los especialistas opinan que este atribuye funciones que los parlamentarios no deberían tener. “La chamba de ellos es si los persuade o no [la denuncia fiscal], no son jueces. Ellos solo deben verificar si existen elementos que les permitan autorizar un proceso”, dice Luciano López.

“Se reconoce que el procedimiento del Congreso es un procedimiento político, pero eso no puede estar exento de un control constitucional. Y ahí sí resulta absolutamente arbitrario lo que está haciendo Cavero. Él no es juez ni fiscal, pero está tomando groseramente una actitud en favor de un investigado”, opina Carlos Rivera.

Fiscal
Ramiro González Rodríguez, jefe del área del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación. Está a cargo de la denuncia contra Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez (Foto: Ministerio Público de Argentina).

La denuncia constitucional fue presentada por el Ministerio Público en octubre pasado. El 8 de marzo, Ramiro González Rodríguez, jefe del área del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, sustentó la acusación en el Congreso. Alejandro Cavero calcula, sin embargo, que habrá tres sesiones más en la subcomisión para entrevistar testigos. Este grupo de trabajo deberá emitir un informe final en los próximos meses.

En el Ministerio Público, sin embargo, algo les huele mal. “Están preparando el camino para archivar, porque van a llamar a más de testigos. Ellos van a hacer un juicio ahí, cuando no es su competencia”, dice a Sudaca una fuente fiscal con conocimiento del caso.

Cavero ya ha mostrado su complacencia con el régimen de Merino cuando, en campaña electoral, le preguntaron si el gobierno del accionpopulista fue uno autoritario. “Mira, el gobierno de Manuel Merino fue nombrado por sucesión constitucional como lo fue el gobierno de Sagasti y como lo fue también el gobierno de Vizcarra. [Si fue autoritario o no], eso es algo que juzgará la historia. Yo creo que el gobierno de Merino fue constitucional”, respondió a El Comercio el entonces candidato congresal.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

Tags:

Alejandro Cavero, Congreso, Gobierno

FANTASMAS

Por otro lado, Fortunato Ccama −supuesto autor de una de las dos denuncias idénticas− es un señor de 64 años que no consigna firma en el documento, a pesar de que su nombre figura como el que lo ingresó por Mesa de Partes Virtual el 22 de octubre. Sudaca llamó al número de celular que el denunciante incluyó en el formulario, pero contestó una señora que asegura no conocerlo.

Desde el correo electrónico que consignó en mesa de partes tampoco respondieron nuestras comunicaciones. Esta dirección de Gmail (smendozaj10@gmail.com), además, incluye iniciales y un apellido que no coinciden con el nombre de Ccama. Intentamos buscar al sexagenario en su dirección legal, pero no lo encontramos. Sus vecinos aseguran que no reside ahí y que solo va de vez en cuando.

La segunda denuncia fue ingresada por la empresa Pacific Security International SAC tres días después, el 25 de octubre. Una de las pocas diferencias con el primer documento es que sí se incluyó una firma al final: la del supuesto gerente general de la firma, Fredy Vargas.

Sin embargo, el Comité de Selección realizó un contraste de esta rúbrica con la que figura en el Reniec y encontró considerables diferencias. Otra irregularidad es que la gerenta general de la empresa desde el 2020 es Carolina Vargas Enriquez, según la Sunat, no su hermano Fredy.

Nota de edición: Después de publicado este reportaje, Fredy Vargas, de Pacific Security, se comunicó con nosotros. Nos confirmó que su firma fue falsificada, pues ni él ni su hermana la estamparon en la denuncia, y que no fue su empresa la que presentó el documento.

Y aquí lo peor: al día siguiente de que la empresa ingresó su denuncia, la Unidad de Abastecimiento le respondió que ese recurso de apelación no era válido, porque la empresa pertenece al postor ganador. Y es que Pacific Security International fue una de las cinco empresas de SWAT Security que participaron en el concurso público. De ser veraz su autoría de la denuncia, estaría cuestionando su propia propuesta de obligaciones y la buena pro del consorcio al que pertenece. Insólito.

SWAT Security registra dos contratos más con entidades públicas, de acuerdo al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Ambos fueron firmados con Cofopri y se dieron en los años 2020 y 2022.

Intentamos comunicarnos con la empresa Pacific Security International por distintas vías, pero no respondieron. Por su lado, Indecopi dio una respuesta negativa a nuestro pedido de descargos, asegurando que la única vía posible para comunicarse era el portal de acceso a la información. La gestión Palacín no parece muy interesada en que este caso se ventile.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

 

 

Tags:

Indecopi, Julián Palacín
Página 9 de 47 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47