Informes

Ser víctima de abuso sexual a manos de un familiar es, sin lugar a dudas, una experiencia traumática. Sin embargo, el caso de Mila, una niña de once años, demuestra que la indiferencia de las autoridades puede lograr que el padecimiento de estas víctimas sea todavía mayor. Sudaca ha conversado con la representante de la menor y su familia para conocer el presente de este impactante caso.

Meses atrás, como parte de la campaña ‘Quitémonos la venda’, Unicef reportó cifras aterradoras con respecto a los abusos sexuales a menores en Perú. Acorde a estos datos, en Perú se han reportado más de cincuenta y cuatro mil casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes entre 2017 y 2021. Para 2022, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) reportaron números que, lejos de mostrar una reducción de casos, se mantienen en aumento y, tal como se puede comprobar casi a diario en los noticieros, el 2023 no invita a creer que estos abusos estén cesando.

Sin embargo, casi tan trágico y alarmante como los abusos reportados es el tratamiento que reciben estas víctimas, menores de edad, por parte de las autoridades que, en la teoría, deberían centrar sus esfuerzos en protegerlos y que, por el contrario, han terminado por representar una traba para que los afectados encuentren justicia y contención. En este grupo de víctimas se encuentra Mila, una niña que a sus cortos once años ha vivido una traumática experiencia de abuso a manos de su padrastro y que, además, hoy padece la indiferencia de las autoridades.

UN ABUSO TRAS OTRO

Si bien el caso Mila ha tomado mayor notoriedad en las últimas semanas, su historia se remonta al año 2021. Fue en ese año cuando un familiar de la menor denunció que su padrastro le había realizado tocamientos indebidos. Sin embargo, lejos de encontrar una respuesta inmediata, teniendo en cuenta la edad de la víctima, lo único que recibieron fue indiferencia.

Lo que las autoridades, aquellos que debían proteger a Mila, no lograron advertir y frenar debido a su falta de interés, fueron los abusos que se venían cometiendo al interior de esa familia y que no sólo exponían a Mila. Fue por ello que, recientemente, Mila, en compañía de un familiar, volvió a denunciar la violencia sexual de la que era víctima.

En esta oportunidad, las autoridades sí tomaron un papel más activo, sin embargo, las decisiones que tomaron terminaron por perjudicar todavía más la dolorosa vida de la niña. Así lo ha relatado Isbelia Ruíz, abogada y coordinadora de litigio estratégico de Promsex, en declaraciones a Sudaca.

Ruíz, quien se encuentra en Iquitos dándole soporte legal a Mila y su familia, señala que, tras la nueva denuncia, el padrastro fue detenido el 3 de julio, pero fue liberado cuatro días después debido a que el juez a cargo consideró que no había pruebas suficientes para ordenar una prisión preventiva. “La responsabilidad de que esta persona esté libre es del Poder Judicial”, agregó la letrada.

“La madre ha puesto una denuncia por violencia física, psicológica y sexual (contra el padrastro de Mila)”, contó Isbelia Ruíz. Teniendo en cuenta ello no era muy difícil imaginar lo que ocurriría después: El padrastro de Mila no tardó en amedrentar a la madre de la niña. Sin que las autoridades tomen cartas en el asunto, Lucas Pezo Amaringo pudo amenazarlos sin mayor problema. “La familia de Mila está expuesta. Este señor ha amenazado de muerte a su madre”, relató Ruíz y contó que “mandó a sus hermanas a buscar a la señora pidiendo que retire la denuncia y el señor estuvo rondando por la zona donde ella vive”.

Sin embargo, esta historia de terror para Mila no terminó ahí. La reacción de las autoridades tras la segunda denuncia, en la que se mencionaba una violación y la menor se encontraba con dieciocho semanas de gestación, fue separar a Mila y sus hermanos de su madre. “Las autoridades lo que hicieron fue separar a la familia de manera violenta. Lo que hizo la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables fue decir que los niños no estaban seguros con la madre”, indicó la abogada de Promsex y agregó que los hermanos de Mila fueron a diferentes albergues incluyendo a su hermana menor de cuatro meses.

“La madre no ha visto a su hija desde el 3 de julio”, denuncia la representante legal de Mila y agrega que recién este último lunes se le permitió a la madre reencontrarse con sus otros hijos. “Han sido revictimizantes contra Mila, su mamá y sus hermanos. No los han visto como un grupo que es víctima”, cuestiona Ruíz.

Pero el dramático capítulo en la vida de Mila todavía no termina de escribirse. Esto debido a que el abuso que sufrió la dejó embarazada y, pese a que la ley contempla que se puede aplicar el aborto terapéutico, este le ha sido negado. “Dijeron que, a nivel de salud mental, la niña estaba bien y no tenía un estrés postraumático grave y, a nivel de salud física, el medico dijo que la niña de once años es perfecta para que pueda continuar con el embarazo y que no hay ningún riesgo”, comentó Ruíz a Sudaca.


ANTECEDENTES DE TERROR

Lamentablemente, el caso de Mila no es la primera vez que una niña víctima de abuso sexual ve cómo sus derechos no son respetados. En 2017, Camila, una niña de trece años, descubrió con horror que se encontraba embarazada y el responsable era su padre, quien abusaba de ella desde que tenía nueve años. Esta traumática experiencia había afectado fuertemente a la menor y, ante este panorama, ella y su madre solicitaron que se aplique la interrupción del embarazo. Pero nunca obtuvieron respuesta por parte de las autoridades competentes y, tras intensos dolores abdominales, sufrió un aborto espontáneo.

Ante la indolencia por parte de las autoridades responsables, la ONU se pronunció en junio de este año y fue categórica al señalar que Perú había violado los derechos a la salud de Camila al ignorar su deseo de la interrupción de un embarazo que estaba afectando seriamente su salud mental y física.

“La justicia tarda, pero llega” es una frase muy popular en la que muchos encuentran consuelo ante las injusticias con las que tienen que lidiar. Sin embargo, el caso de Mila, como lo fue en el caso de Camila, no hay tiempo que perder y si la justicia y sus derechos les son negados e ignorados ponen en grave riesgo su salud que no solamente se vio golpeada por el abuso de un familiar sino también por la manera en que las autoridades que debían protegerla terminan siendo los autores de nuevos abusos contra estas menores.

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Apenas ha pasado un año y medio de la recordada catástrofe ambiental que contaminó varias decenas de playas con petróleo y la historia parece repetirse. Durante los primeros días de agosto, vecinos y pescadores de Ventanilla han vuelto a encontrar petróleo en la playa y el temor crece ante la ausencia de un responsable de esta nueva amenaza al mar peruano.

En enero del 2022, la noticia sobre el derrame de petróleo en el mar peruano causó una inconmensurable indignación entre los peruanos. En aquella oportunidad, lo que fue catalogado como el peor desastre ecológico ocurrido en Lima llegó a afectar a 46 playas debido a que el petróleo derramado se extendía por más de siete millones de metros cuadrados de mar.

Este desastre ecológico que se produjo cuando un buque descargaba el crudo a la refinería La Pampilla dejó un sinnúmero de afectados. Por un lado se encontraban los animales que, en gran número, murieron a causa de la contaminación que dejaron los más de once mil barriles de petróleo vertidos en las costas peruanas, pero el daño incluso llegó a afectar a quienes se encontraban en tierra, como es el caso de los vecinos de Ventanilla que padecieron durante semanas de mareos y dolor de cabeza que eran ocasionados por la exposición a hidrocarburos.

Pero en este grupo de afectados tuvieron un papel protagónico los pescadores. Además de ver cómo su fuente de ingresos se veía afectada sin una fecha clara para el regreso a la normalidad, estos pescadores artesanales terminaron siendo usados para una precaria estrategia de limpieza del mar que ponía en grave riesgo su salud.

En esa oportunidad, gran parte de la indignación fue dirigida contra Repsol, la empresa encargada de la refinería, pero los reflectores de la ira colectiva también apuntaron al gobierno y las autoridades que, con sus acciones, demostraban no tener un plan de contingencia ni consideración por los afectados. Sin embargo, a más de un año y medio de dicha catástrofe ambiental, la historia se ha vuelto a repetir.

ALERTA EN EL MAR

En los últimos días, las escenas de enero del año pasado se volvieron a vivir en Ventanilla. Los vecinos de la zona y los pescadores nuevamente advirtieron la presencia de una considerable cantidad de petróleo en el mar que ya empezó a cobrar la vida de animales y, al igual que en 2022, la respuesta de las autoridades ha sido casi nula. Para conocer más detalles de este preocupante presente, Sudaca conversó con Alejandro Bravo, quien es pescador y también se ha desempeñado como secretario general de la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú.

“No es nada del otro mundo que nuestras autoridades no reaccionen a este tipo de contaminación”, comenta Bravo sobre la ausencia de un plan de contención para este tipo de emergencias y agrega que “esto nos ha traído como preocupación latente que a las autoridades poco o nada les interesa”.

El experimentado pescador también manifiesta su preocupación por los ingresos de sus colegas que cree se verán perjudicados, entre otras razones, por la desconfianza de la población a comprar pescado en esa zona debido a la contaminación producto del petróleo derramado. “Se ha malogrado la imagen del pescador. El que quiera comer un ceviche lo primero que va a pensar es en la contaminación del mar”, señaló.

Para Bravo, las lecciones del pasado no han sido aprendidas y teme que la salud de sus colegas de pesca vuelva a verse afectada. “Cuando ocurrió el derrame anterior dieron una mascarilla de cincuenta céntimos, una indumentaria que poco o nada protegía y las manos desnudas para recoger el petróleo derramado. Sabiendo que es altamente contaminante”, cuenta a Sudaca y, con respecto a las marchas convocadas por el sector pesquero, añade que “si el pescador realiza su marcha es porque no lo escuchan”.

SE BUSCA RESPONSABLE

Hasta la fecha, no se ha logrado identificar al responsable de esta nueva crisis ambiental y, al respecto, Johnny Marchán, presidente del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) declaró que “es muy difícil que este hallazgo sea un rezago del derrame de 2022” tal como lo desmintió la empresa Repsol en un comunicado emitido el 1 de agosto.

Por ello, Marchán señaló que recién en diez días se podrían conocer más detalles de la investigación que lleva a cabo OEFA con la intención de conocer más detalles sobre esta sorpresiva presencia de petróleo en la costa peruana. “Hemos monitoreado una extensión de cuatro kilómetros de playa y tomado muestras de agua y arena en tres playas (Azul, Cavero y Delfines)”, explicó sobre las acciones tomadas hasta el momento.

Marchán también comentó que también se hará una supervisión a la refinería de la zona así como sobrevuelo en helicóptero para monitorear y, entre las posibles teorías para explicar este nuevo derrame de petróleo considera que “podría haber sido de una embarcación que ha pasado por ahí y ha generado el derrame”.

Aunque muchas de estas acciones siguen pareciendo poco bajo la mirada de los pescadores que por ahora ven seriamente perjudicada su principal actividad y aumenta su decepción ante autoridades a las que consideran indiferentes a sus preocupaciones y hasta los han llegado a ver como aliados de quienes les causan problemas.

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[INFORMES] Según dicen los historiadores, la noción de policía es antigua, aunque la palabra no la es. Y, aunque no sepamos los detalles concretos de cómo y cuándo nació la primera función policiaca, es lógico suponer que apenas los hombres descubrieron la manera de cultivar la tierra para obtener sus frutos, y, paralelamente, domesticar a los cuadrúpedos que compartían con ellos el territorio ubicado en el Mediterráneo oriental hace más de diez mil años, buscaron la forma de cuidarlos y evitar que los extranjeros se los robaran. Y así, crearon un cuerpo policial que protegiera sus fronteras y mantuviera el orden interno en sus tierras.

Como no existen testimonios de los pormenores de esa primera gran transformación de la humanidad, que consistió básicamente en dejar atrás el nomadismo y pasar al sedentarismo existente hasta nuestros días, varios escritores imaginaron ese enorme arco histórico de varios centenares de años, entre ellos el finlandés Mika Waltari en Sinuhé, el egipcio, el norteamericano Norman Mailer en Noches de la antigüedad y el israelí Yuval Noah Harari en Sapiens. Todos ellos coinciden en que el concepto de propiedad individual reemplazó poco a poco al de propiedad tribal, obligando a los más fuertes y a los más listos a crear fórmulas destinadas a imprimir en los súbditos las ideas de jerarquía, de territorialidad, de encargo divino y de obediencia a todos los anteriores.

Siglos después, como es lógico suponer, el concepto fue buscando la forma de transformarse en la palabra policía. Entre uno y otro fueron creándose cuerpos de seguridad en diferentes lugares de Europa, como la Santa Hermandad española de 1476, el Lieutenant Générál francés de 1667 y los alguaciles ingleses en la misma época. Pero el dato más cierto del ‘matrimonio’ entre el concepto y la palabra se dio en el siglo XVII francés, cuando París era la ciudad más grande y más peligrosa de Europa, momento en el cual las autoridades políticas deciden unificar todos los cuerpos de seguridad en uno solo y lo llaman Police. A partir de la Police francesa nacen la Police anglosajona, la Polizia italiana, la Polizei alemana y todas las demás policías europeas, que en escritura latina o cirílica son muy similares, reconociéndose rápidamente que la palabra fue posterior al concepto.

La propuesta de una policía rápida vista por el ex ministro del Interior Rubén Vargas Céspedes:

“Yo no creo que la creación de ese cuerpo policial mellaría el profesionalismo de la Policía; primero, porque el proyecto de ley tiene el mensaje subyacente de que nuestra Policía Nacional ha sido superada por el problema de la inseguridad: tenemos un desborde de la criminalidad organizada y de la criminalidad cotidiana del ‘raqueteo’ y del robo oportunista, enfrentando, a la vez, una situación en la que la Policía sufre un grave déficit de personal no sólo por el aumento de la criminalidad, sino porque -según información oficial documentada- anualmente pasan al retiro a su solicitud entre cuatro y cinco mil agentes policiales, es decir, en diez años han dejado la fuerza policial más de cincuenta mil agentes, generando un serio problema para atender el creciente avance de la criminalidad en sus diferentes versiones. Entonces, yo creo que debemos de evaluar medidas urgentes que permitan revertir dos cosas fundamentales: el serio problema de inseguridad pública en el que 90 por ciento de los peruanos coincidimos y, también, el tema de la victimización. Ahora bien, en el tema específico de esta propuesta, yo parto señalando que no es Made in Perú, pues en condiciones similares también se está trabajando una propuesta similar en Colombia. La Policía Nacional de Colombia tiene dentro de su estructura a un policía con un perfil muy parecido al que acá estamos empezando a discutir; lo mismo pasa en Chile, en Francia y en otros países, es decir, no estamos ante una figura nueva, sino que estamos ante un fenómeno mundial en el cual cada país involucrado está tomando decisiones parecidas en contextos similares al peruano, especialmente en Lima, una ciudad del tamaño y con la población de un país chico. Las experiencias internacionales nos dicen que la medida ha sido positiva, la participación de una Policía de las características planteadas por las autoridades nacionales ha sido positiva en los países citados y ha ayudado a revertir la percepción de inseguridad, sobre todo porque ese trabajo se ha concentrado en el trabajo conjunto con las municipalidades y en el trabajo preventivo; entonces, creo que debemos darle la bienvenida a la discusión de un tema tan importante y no rechazar pero se a esa posibilidad.

Uno de los problemas que podría poner en riesgo el proyecto de la Policía Comunitaria es lo siguiente: si no se tienen los adecuados filtros y las evaluaciones de integridad no son suficientes en el proceso de reclutamiento, podríamos -más bien- estar incubando un serio problema; si no se tiene el cuidado de invertir en los centros de formación de los suboficiales, entonces también podríamos tener serios problemas de formación, como hemos observado en el pasado. Esos son, qué duda cabe, dos problemas centrales.

Esta nueva Policía está destinada básicamente a trabajar en aspectos preventivos, en aspectos comunitarios, es decir, en las comisarías y en los municipios, no en la persecución de los crímenes eventuales o contra la criminalidad organizada. Estamos hablando de un cuerpo de prevención del delito, no de una policía especializada en perseguirlo y combatirlo”.

Así las cosas, veamos cuáles son los pro y cuáles los contra de la cien veces mencionada ‘policía rápida para combatir los delitos menores en el Perú del 2023’. Leamos:

El pasado viernes 28 de julio, durante la lectura de su extenso mensaje al Congreso, la presidenta Dina Boluarte anunció la presentación de un proyecto de ley para crear una nueva categoría dentro de la Policía Nacional, denominada tentativamente Policía de Orden y de Seguridad.

Como todos sabemos, para que ese proyecto se transforme en ley debe transitar el camino que realizan las normas vigentes, es decir, debe ingresar a la Comisión de Orden Interno, recibir la opinión de la Comisión de Constitución y, posteriormente, con el visto bueno de Orden Interno, llegar al pleno, donde se debatirá y se pondrá a votación. En síntesis, contando con el apoyo político de la mayoría de los congresistas, en el mejor de los casos, tomará como mínimo más de dos meses para su eventual aprobación y, de darse esta, se necesitará un tiempo igual o mayor para su reglamentación. Sólo así, la Policía Nacional podría comenzar a reclutar a las mujeres y a los hombres que integrarían la primera promoción de ese cuerpo de seguridad. Vale decir que, a toda máquina, los primeros graduados saldrían a las calles entre mediados de 2024 y comienzos de 2025.

Como quiera que nuestro país está sufriendo de un altísimo nivel de inseguridad y que la fuerza policial  tiene un déficit de alrededor de 50 mil efectivos, es indispensable que las autoridades solucionen en el menor tiempo posible la carencia de efectivos policiales y la falta de armamento, de movilidad y de avituallamiento de los cuerpos policiales existentes, además de encontrar la forma más rápida de conseguir que se cree y reglamente esa nueva policía que esté más cerca al ciudadano para protegerlo ”de la criminalidad cotidiana del ‘raqueteo’ y del robo oportunista”, según palabras del ex ministro Rubén Vargas Cespedes.

Revisando las opiniones de los expertos en seguridad ciudadana consultados acerca de la viabilidad de la propuesta presidencial, hay un consenso que esa nueva categoría policial permitiría incorporar a 6 mil nuevos efectivos debidamente capacitados y equipados cada año, los cuales trabajarían bajo la supervisión de policías experimentados y al lado de los miembros de los serenazgos distritales respectivos.

El proyecto presentado por la máxima autoridad del Ejecutivo ante el Congreso prevé que la formación de los policías de Orden y de Seguridad tendrá una instrucción de dos semestres en los cuales se les entrenará en defensa personal y manejo de armas de fuego, y se les capacitará en materia legal, todo ello de acuerdo a los manuales y a los protocolos vigentes. Para intentar que las nuevas incorporaciones no sean solamente los reemplazos apurados de los policías experimentados que piden su baja anualmente, ya que 6 mil ingresos contra 5 mil egresos al año ayudan poco o nada, el proyecto ha previsto que los reclutas que hayan tenido instrucción previa de dos años en las Fuerzas Armadas podrán convalidar cursos relacionados con destrezas y habilidades propias de un oficio con un gran componente físico en tan solo un semestre académico. Estos últimos tendrán la opción de postular posteriormente a las escuelas de oficiales y suboficiales para lograr eventuales ascensos. Y como sus funciones según las normas legales están en el ámbito de la protección ciudadana, podrán portar armas de fuego y detener a los delincuentes en flagrancia, mas no podrán realizar funciones de investigación ni de trabajo administrativo.

Características de los contratos de los nuevos policías.

Los integrantes de la Policía de Orden y Seguridad podrán acceder a un contrato inicial de tres años, con la opción de extenderlo por otros tres años adicionales. Con una remuneración mensual equivalente a S/ 2,153.84 soles esto incluye EsSalud, además recibirá S/ 300.00 soles en el mes de diciembre y S/ 300.00 soles por escolaridad.

Tentativamente se puede albergar a los aspirantes a la Policía de orden y Seguridad en las 10 escuelas de Suboficiales que ascendería a un costo por implementación de infraestructura de S/ 13´512,853.00 soles. Se debe tener en cuenta que para el 2025 el número de escuelas van a reducirse, esta medida forma parte del proceso de reorganización de las escuelas de educación superior técnico profesional de la PNP, tal como lo señala el Decreto Supremo Nº 018-2019-IN. Y que también prohíbe la creación de nuevas Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial.

Datos:

El ministro del Interior, Vicente Romero, anunció que entre octubre y noviembre de este año se hará el cambio de mil patrulleros para Lima, también se estarían sumando 2000 motos que serán entregadas por un convenio con la Municipalidad de Lima.

El titular del Interior ha pedido plazo de 1 año para ver resultados. Pero la mayoría de ex ministros del Interior coinciden que se debe recuperar la institucionalidad porque la Policía está en una situación crítica básicamente por corrupción, se debe priorizar el presupuesto en temas de logística, de infraestructura y de tecnología ya que es un punto clave para la lucha contra el crimen organizado

Existen iniciativas similares que han dado resultados positivos en otros países, esto no significa que en el Perú tengan los mismos efectos, teniendo en cuenta las graves falencias que aquejan a la Policía desde hace varias décadas.

Ajustes necesarios en materia policial y penal

Hace poco más de 100 años, el gobierno del presidente Augusto B. Leguía creó la Brigada de Investigación y Vigilancia que tenía como funciones la investigación de los delitos, la seguridad de los funcionarios y el apoyo a las labores de justicia. El cuerpo policial encargado de investigar y perseguir el delito perdió su independencia administrativa cuando el gobierno de Alan García decidió fusionarlo en 1988 con la Guardia Civil y la Guardia Republicana. En lugar de mejorar sus funciones, la nueva institución llamada Policía Nacional del Perú ingresó en un proceso de descomposición con muchas fricciones internas, debido a que los guardias civiles y los investigadores tenían funciones distintas y poco compatibles, y los guardias republicanos vieron limitadas sus funciones desde el comienzo de la fusión.

De otro lado, dada la estructuración de la sociedad peruana hasta la llegada del gobierno militar de 1968, la criminalidad rural estaba circunscrita al abigeato y la urbana a los esporádicos asaltos a los bancos y a los homicidios de alto perfil en las clases sociales más favorecidas. Por esas razones, ni la Policía estaba preparada para combatir el terrorismo que nació al acabarse el gobierno militar ni a perseguir los delitos derivados del crecimiento desmesurado de la población capitalina por la gigantesca migración interna. Paralelamente, los abogados que ejercían el derecho penal se vieron desbordados por la proliferación de los delitos de cuello y corbata. Con la misma lógica existente en todos los procesos comparativos entre la función privada y la pública, los abogados de diferente formación se reciclaron y los más listos entre ellos se volvieron penalistas, enriqueciéndose rápidamente, mientras los policías de investigaciones tuvieron que graduarse sobre la marcha cuando persiguieron y capturaron a los cabecillas de las dos organizaciones terroristas -Sendero Luminoso y el MRTA- más sanguinarias de América del Sur. Como ‘premio’ a semejante esfuerzo, los legisladores le quitaron a la Policía la función de investigar los delitos y se la dieron al Ministerio Público, generando muchos de los problemas que hoy lamentamos.

Recapitulando, la solución a los problemas de la criminalidad creciente tiene que ver no sólo con la escasez de policías, sino con la falta de legisladores inteligentes, con la carencia de fiscales y de jueces bien preparados y con la súper abundancia de abogados penalistas mal preparados y de malos periodistas al servicio de fiscales ansiosos de popularidad a cambio de falsas primicias.

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La Tercera Toma de Lima. El último 19 de julio se convocó a la ciudadanía para protestar en contra de Dina Boluarte y parece que su respuesta es controlar la situación con la represión como una de sus herramientas de confianza. En estas detenciones, uno de los perjudicados fue Oscar Bellido, estudiante de la PUCP, que el sábado 22 de julio fue detenido en la carceleta de la División de Asuntos Sociales por presuntamente hacer pintas en las instalaciones del Palacio de Justicia.

Esta historia de las manifestaciones en la capital no tiene cuándo acabar y parece que es una historia que dividirá a la ciudadanía hasta los futuros escenarios: la incierta salida de la mandataria o la finalización de su mandato.

Sudaca pudo acceder al expediente del estudiante y la Sexta Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima abrió una investigación contra el estudiante por el delito contra la tranquilidad pública (disturbios) en agravio del Estado Peruano. En dicho documento se precisa la solicitud de prisión preventiva contra el joven que va a la carrera de Publicidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Días duros en detención

Se sabe que durante los días que estuvo detenido, Bellido tuvo diferentes complicaciones en su salud. Desde convulsiones hasta descompensaciones fueron parte de la odisea que vivió el estudiante universitario en la carceleta. La abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos solicitó una inmediata atención médica. Bellido es llevado al Hospital Arzobispo Loayza.

Plantón a las afueras de la carceleta donde se encontraba Oscar Bellido

“Fue trasladado al Hospital Loayza a las 19:26 de emergencia. El médico a cargo indicó que necesitaba 3 nebulizaciones en un lapso de 1:30 horas cada nebulización”, mencionó el documento con la actualización del estado de salud de Oscar Bellido. “El compañero estuvo custodiado de dos policías en todo momento (…) uno de los policías se acercó al médico y habló con él, estando en calidad de custodia. Tenemos la certeza que el policía influenció al médico para cambiar la receta”, añade el comunicado.

  • Comunicado de la familia de Oscar Bellido:

Diferentes colectivos y organizaciones sin fines de lucro mostraron su rechazo por la detención del joven universitario quien ejercía su labor de brigadista en media de esta problemática social. Una de estas agrupaciones fue la Federación de Estudiantes de la PUCP que mostro su inmediato interés y atención en el caso. Se pudo evidenciar que diferentes estudiantes con y sin relación a estas agrupaciones también propagaron la noticia de la detención por sus redes sociales convocando a la casa de estudios para que se pueda hacer cargo del estudiante universitario.

La fiscal Roció Castañeda había solicitado 9 meses de prisión preventiva por las presuntas pintas que el universitario “supuestamente” había realizado. Su abogado mencionó que la detención presentaba irregularidades y que no se habían considerado los videos que se había presentado en su defensa. Sin embargo, la misma Fiscalía también presentó un video grabado por un teniente de la PNP quien también mencionó que se había realizado un operativo a la persona que realizó las pintas.

Expediente tras la detención de Oscar Bellido

Acciones realizadas

Diferentes organizaciones se movilizaron desde la detención de Oscar Bellido, pero esto no pasó solo con el estudiante de la PUCP. En el panorama de las manifestaciones también fueron detenidos Raúl Tinco y Kenty Aguirre. Este último es un documentalista y fotógrafo que se encontraba cubriendo las manifestaciones que se dieron en las afueras del Poder Legislativo mientras la presidenta Dina Boluarte se encontraba brindando el tradicional Mensaje a la Nación por 28 de julio.

El comunicador se encontraba, al igual que Bellido, en la División de Asuntos Sociales de la PNP retenido. Quien asume su defensa es la Dra. Janet Marín quien mencionó que también se habían cometido irregularidades contra la detención de Aguirre, ya que se encontraba entre las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola, cuando uno de los agentes policiales ordenó en gritos la detención de Aguirre.

Sudaca pudo acceder a las actas de detención que se dieron en medio de la detención de Kenty Aguirre. En ella, la mencionada acta refiere que la detención de Aguirre se da por el delito contra la tranquilidad pública (disturbios). Sin embargo, como veremos en los presentes documentos, el comunicador decidió no firmar los documentos que se les fueron presentados (acta de detención y acta de lectura de derechos).

  • Acta de detención contra Kenty Aguirre:

 

  • Acta de lectura de derechos a Kenty Aguirre:

Al cierre de este informe se sabe que el comunicador fue liberado. El fiscal provincial Gilbert Montenegro dispuso su liberación a las 05:00 am, por lo que se tiene entendido que Aguirre pasó más tiempo de lo dispuesto por la Fiscalía. A pesar de esta noticia alentadora, Juan José Quispe denunció que se estaba intentando dar una venganza fiscal. «Habiéndose ARCHIVADO la investigación contra SHANIN KENTY AGUIRRE FIGUEROA, inauditamente, para que le devuelvan todos sus implementos personales incautados, la Fiscalía nos pide que acreditemos la «propiedad» de los bienes«, comento.

Documento que mostro el abogado de Kenty Aguirre

 

 

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Tres meses atrás, cuando concluíamos la crónica del apogeo y de la caída del estafador más grande del siglo XXI peruano, decíamos sin intentar emular a las pitonisas de la antigüedad clásica: “piensen en eso cuando aparezca el sucesor de Juan Carlos Reynoso”, refiriéndonos al timador peruano detenido en la capital de México. ¿Y qué queríamos que piensen nuestros lectores? Pues que la mejor forma de ponerle fin a una estafa piramidal era preguntándonos qué pasaría si cada uno de los treinta y tres millones de peruanos le diéramos un sol a un peruano en particular, este se convertiría en multimillonario al toque; pero este ejercicio no podría hacerse treinta y tres millones de veces, porque nadie dispone de treinta y tres millones de soles para enriquecer a igual número de compatriotas. Esa es la imposibilidad lógica para que todos los ‘afiliados’ a una pirámide puedan mejorar su situación patrimonial: no hay suficientes personas dispuestas a invertir sus ahorros en una posibilidad tan remota, toda vez que en todas esas ‘empresas’ se les pide a los inversionistas que traigan a otros inversionistas para así lograr mejores beneficios en los menores tiempos posibles. Por esa razón, creemos desde que comenzamos a investigar este tipo de estafas que las personas que llegan en primer lugar a una pirámide en particular son tan culpables como los Reynoso que las organizan, porque ellos saben que si no traen a más y más incautos no habrá dinero para que se les paguen los altísimos intereses prometidos. Reynoso, sus predecesores y sus sucesores son culpables de estafa, pero también lo fueron, lo son y lo serán los codiciosos que ‘jalan’ a las pirámides a sus parientes y amigos. Es decir, las pirámides sólo funcionan cuando los primeros ‘inversionistas’ meten a sus parientes y amigos más cercanos a esa maquinaria mafiosa, y estos, intuyendo que es imposible que la cúspide de la pirámide se sostenga si no se amplía la base, incorporan a más personas a la estafa. Sin embargo, como el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, siempre habrá pirámides e inversionistas estafados. Y, lo que es más increíble, siempre encontraremos a personas que han caído más de una vez en una estafa piramidal.

Crimen y castigo
En las oficinas de Kronos se logró detener a Alonso Montes de Oca Lamas (30 años), Franco Vecco Scavino (50 años), entre otros.

El pasado lunes 17 de julio, la fiscal Nelly Millones, titular de la Cuarta Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, consiguió que un juez autorizara la detención de Alonso Montes de Oca y de Franco Vecco Scavino, los propietarios de una empresa que prometía ganancias de 30 por ciento anual a los depósitos de unos ‘inversionistas’ que sabían tanto de finanzas como algunos congresistas en ejercicio del concepto de decencia.

La historia completa de este nuevo intento por copiar el sistema piramidal perfeccionado en los años noventa por Clae, se inicia cuando Montes de Oca y Vecco Scavino inscriben en los Registros Públicos a la empresa Kronos Investments Sociedad Gestora de Fondos de Inversión con un capital inicial de 1,000 soles. Apenas inscribieron a Kronos, los socios montaron una oficina en la mejor zona comercial de Chacarilla del Estanque y, sacándoles lustre a unos apellidos que combinaban tradición y emprendedurismo venido del extranjero, comenzaron a recibir a personas que depositaban su dinero a cambio de intereses de 2.5 por ciento mensual y un bono de éxito a cada inversionista que trajera a más personas: a más personas, más grande el bono.

En noviembre de 2022, fue constituida Kronos Investments Sociedad Gestora de Fondos de Inversión S.A.C., con un capital inicial de 1,000 soles.

Cuando el ‘negocio’ había incorporado a decenas de inversionistas y tenía que pagar los intereses y los bonos prometidos, algo comenzó a ir mal porque era imposible cumplir con las obligaciones contraídas y pagarles alrededor de 100 mil dólares mensuales a Montes de Oca y Vecco, un trabajador de la empresa que ya había excedido todos los límites impuestos por la Superintendencia del Mercado de Valores y por la Superintendencia de Banca y Seguros incluso para las empresas formales, acudió a una fiscalía con su computadora portátil donde tenía información sobre los movimientos de Kronos y se convirtió en colaborador eficaz y delato a Montes de Oca y Vecco Scavino.

La complicidad de los ‘inversionistas’

Según informaciones familiares, a comienzos de los años ochenta, cuando la economía nacional sufría una de sus crisis periódicas, coincidentemente en los años terminados en 9, se crearon en las zonas más pudientes de la capital unas reuniones más o menos formales donde las personas tomaban números ubicados en forma de pirámide en una de las paredes de la sala, pagando una cifra predeterminada y consiguiendo con ese pago una fecha para obtener la devolución de su dinero más un adicional. Ese ‘pandero’ de clases medias era una copia deformada -por la entrega de intereses difíciles de pagar -de los tradicionales panderos de barrio y de oficinas que existían en nuestro país desde épocas indeterminadas, y que, a su vez, eran imitaciones de los tanomoshi (ayuda mutua), que fue la fórmula tradicional japonesa peruanizada por los inmigrantes de esa etnia y sus descendientes para crear las peluquerías y pulperías que fueron los primeros trabajos independientes emprendidos por los miembros de una colonia que llegaron al Perú con lo puesto y se transformaron en una comunidad reputada y en constante ascenso social.

A diferencia de la gesta de los nipones y del ahorro compartido y repartido vía pandero (o ‘junta’ como se conocía en sus inicios) de los pobladores de recursos limitados, la ‘inversión’ en ese mercado de capitales falso de Montes de Oca y de Vecco Scavino proyectaba una enorme sombra de complicidad entre esos sujetos y los primeros dizque inversionistas en Kronos y sus empresas de fachada. En esas empresas, como es evidente para cualquiera que se detenga a pensar que es imposible hacerse rico en un dos por tres, existía un espíritu de estafa rondando por todo el edificio de Chacarilla donde los amigos de los dueños firmaban los contratos y al cual llevaban a los incautos que eran los estafados potenciales, quienes estaban comprometidos a llevar a su vez a incautos de reemplazo para salvarse de la estafa inminente. Es decir, para poder cobrar los intereses prometidos, los estafados potenciales tenían que contribuir con su ‘cuota de sangre’ para salvar su inversión: así, por cierto, hasta que no había más estafables por llevar al edificio de Chacarilla.

En las oficinas de Kronos se logró detener a 6 personas: Alonso Montes de Oca Lamas (Lima, 30 años), gerente financiero; Franco Vecco Scavino (Santiago de Surco, 50 años), gerente de Contabilidad; José Otárola Luna (Lima, 59 años), gerente de Desarrollo de Negocios; Sergio Noceda Ochoa, analista comercial (Santiago de Surco, 29 años); Paul Garbin Passano (San Borja, 28 años), analista de contabilidad; Amelis Núñez Janto (Chilca, Huancayo, 27 años), asistente.

La fiscalía sostiene que obtuvo la información de una fuente quien les dijo que dos personas de nacionalidad peruana y extranjera integraban una organización criminal que operaban bajo la modalidad de estafa dedicada al intercambio de divisas en el extranjero, a nivel nacional los investigados Alonso Montes de Oca Lamas y Franco Vecco Scavino son dueños de las empresas Kronos Group que fue constituida en septiembre de 2020, Kronos Invesment Group fue constituida en mayo de 2022 y en noviembre de 2022, fue constituida Kronos Investments Sociedad Gestora de Fondos de Inversión S.A.C., que movilizaban millones de dólares; y a través de las cuales se encargaban de captar dinero ofreciendo pagos mensuales por trabajar con el capital aportado de los clientes a través de brokers regularizados en el Reino Unido.

Montes de Oca era el encargado de operar el capital en los mercados reales, mientras Vecco Scavino ayudaba a enviar los dineros a los supuestos brokers de Reino Unido; Joaquín Talavera Campos es la imagen de Kronos Invesment Sociedad Gestora de Fondos de inversión a nivel nacional y en México se cuenta que la empresa TWT Advisors cuyo dueño es Teófilo Zúñiga Arredondo quien se encargaba de conectar a los inversionistas de Kronos con el bróker internacional FX Winning de Chipre, un país reconocido como paraíso fiscal.

De acuerdo con las confesiones de un colaborador eficaz que laboraba en Kronos Group, desde aproximadamente junio de este año, algunos clientes comenzaron a reclamar la devolución total de sus aportes debido a la quiebra y fuga de los dueños de FX Winning, una plataforma de inversiones en el mercado de divisas (Forex), ubicada en Chipre, con la que trabajaban Vecco y Montes de Oca.  Lo que motivó a los responsables de Kronos a comenzar a destruir información con el propósito de luego desaparecer del país.

Según la investigación, los procesados hacían firmar contrato a los clientes para que estos tengan el 100 por ciento de riesgo ante cualquier coyuntura que pueda pasar. Un tipo de documento planeado para que los clientes perdieron si llegara a pasar algo y nunca denunciaran.

“El proceso de ingreso de un cliente generalmente se debe a través de un cliente activo que refería a uno potencial. Todos los meses se referían entre 10 y 12 clientes. Estos nuevos clientes ingresaban a la compañía cuando se adjuntaban los vouchers de depósito en las cuentas de los fondos en el BBVA o el Banco de Crédito del Perú, con una copia del DNI por ambos lados y un formulario de Google donde se completaba toda la información básica. (…) En un plazo de 72 horas, el cliente recibía en su bandeja de entrada del correo su contrato de suscripción de cuotas, un reglamento para su firma y la creación de su cuenta en la aplicación Kronos Capital. Ahí se visualizaba el capital invertido, la utilidad que recibiría a fin de mes, los rendimientos bursátiles diarios y podían solicitar algún retiro o dejarnos algún comentario en relación con el servicio… Franco Vecco y Alonso Montes de Oca tienen en su posesión en billeteras digitales o USB un poco más de un millón de dólares en USDT (dólares digitales). Ellos sabían perfectamente desde un inicio que el bróker FXWinning es un estafador por ser regulado y tiene sendas denuncias por demandas piramidales y esquemas Ponzi (de estafa) en diversos países de América Latina y Europa… En efecto, el pasado 12 de julio, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de España, alertó sobre las actividades de FXWinning, porque no se encuentra registrada y se han recibido las advertencias internacionales correspondientes», señala el colaborador eficaz.

Alonso Montes de Oca y Franco Vecco Scavino habrían adquirido bienes inmuebles a nombre de terceras personas ya en una de las conversaciones del mes de julio del año en curso se hace referencia que tendrían que vender sus terrenos para afrontar el presente proceso, además se ha llegado a incautar vehículos de alta gama en posesión de los investigados. Por otro lado, también se ha obtenido de las conversaciones vía WhatsApp de Montes de Oca con Joaquín Talavera el 22 de junio de 2023, tratan de la posibilidad de generar otro negocio con fondos regulados utilizando como garantía los terrenos del conocido como “Chovi” que incluso se señala lo siguiente: – Vuelve a Miami hermano, cerremos Kronos de una vez y viajemos a México, para comenzar todo este nuevo capítulo.

Luego de saber que era imposible devolver el dinero a las víctimas comenzaron a hacer coordinaciones para repartirse el dinero que tenía en su poder en billeteras digitales de un monto de un millón doscientos mil dólares, para el pago de sus abogados, tener un capital e incluso crear una nueva empresa y devolver el dinero a algunos familiares como es el caso de la señora Marina que sería la novia del señor Joaquín Talavera. Montes de Oca y Vecco son los únicos que tienen las claves y los tokens de las cuentas bancarias y de las billeteras digitales donde se ha depositado los dineros captados por los investigados.

De momento se estima que el monto de la estafa alcanzaría los US$10 millones, pero según las fuentes, la cifra podría dispararse conforme se identifique a la totalidad de los inversionistas y de los implicados. El equipo especial de la División de Investigación de Estafas y otras Defraudaciones (DIVIEOD) logró encontrar una primera relación de casi 300 clientes exclusivos que había invertido su dinero

Estos serían algunos de los nombres de los posibles afectados.

Castigo para un crimen: sentencia que devuelve la fe en la justicia

En la mañana del pasado sábado 29 de julio, doce días después de la detención de Alonso Montes de Oca y de Franco Vecco Scavino, el magistrado Ubaldo Callo Deza, juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, inició la lectura de la sentencia contra los inculpados de la estafa de Kronos contra miles de pretendidos inversionistas. En la audiencia virtual vimos con sorpresa que el abogado defensor de Alonso Montes de Oca era nada menos que el ex procurador, expresidente de varias oenegés de importancia nacional y abogado de fuste José Carlos Ugaz Sánchez Moreno. Este, vestido con una camiseta playera y pantalones cortos que combinaban con ella, parecía distendido y con evidente seguridad de que su argumentación libraría de la cárcel a Montes de Oca. Conforme pasaban los minutos y el alegato del juez aceptaba casi todos los elementos de convicción aportados por la fiscal Nelly Millones, titular de la Cuarta Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, el rostro del abogado Ugaz fue cambiado poco a poco de expresión hasta transformarse en una máscara inescrutable. Más aún, en un momento que pasará a la historia del anecdotario procesal, el abogado Ugaz apagó su monitor y sólo lo encendió cuando se había puesto un saco veraniego, atusado sus cabellos. Por eso, cuando el juez Callo Deza mandó a Alonso Montes de Oca a pasar 18 meses en prisión provisional, fue el primero en apelar. Desde ese momento una pregunta nos da vueltas por la cabeza: ¿a quiénes habrán afectado patrimonialmente Montes de Oca y Vecco Scavino para que José Carlos Ugaz no haya podido hacer su magia?

Sólo el tiempo lo dirá.

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En los últimos meses, los tiktok de Luis Alvarado Sánchez con frases como “¿cómo es posible este suceso?” y otras se han convertido en los más populares en Perú y los países de habla hispana. Sin embargo, la creciente fama de este joven peruano de 26 años hoy pasó a segundo plano tras una grave denuncia que incluye desde asesinatos hasta hostigamiento sexual. Sudaca conversó con uno de los denunciantes para conocer los detalles de este perturbador caso.

Convertirse en viral en las redes sociales se ha convertido en una tarea tan difícil como impredecible. Un baile, un breve sketch y hasta una frase que puede pertenecer a la vida cotidiana de una persona tienen el potencial de acaparar Tiktok si el público les encuentra alguna peculiaridad que los convierta en un contenido hipnótico para los usuarios de esta red. Uno de estos elegidos para convertirse en viral fue Luis Enrique Alvarado Sánchez.

Este joven peruano de 26 años saltó a la fama, en los últimos meses, gracias a su particular forma de hablar en los videos que subía a la red social Tiktok y esto llevó a que otros ‘tiktokers’ utilicen sus audios para crear sus propios videos. Su popularidad no tardó en traspasar las fronteras e hasta se pudo ver al reconocido conductor de la televisión argentina Marcelo Tinelli y al famoso reggaetonero Nicky Jam usándolo en sus respectivas cuentas con millones de seguidores. El audio de Alvarado Sánchez incluso llegó a ser nominado por MTV para los  Millennial Awards 2023.

@marcelotinelli♬ como es posible este suceso LuizHenriqueAlvarado – LuizHenriqueAlvarado

@nickyjamDios miooo♬ como es posible este suceso LuizHenriqueAlvarado – LuizHenriqueAlvarado

Sin embargo, el éxito del joven tiktoker se ha visto seriamente ensombrecido en las últimas horas a raíz de una denuncia que expondría los perturbadores gustos de quien hasta ahora se había mostrado como un creador de contenido cuya popularidad estaba amparada exclusivamente en el humor. Sudaca ha conversado en exclusiva con los denunciantes para conocer los detalles de este inquietante caso.

UN DESAGRADABLE SUCESO

En el mundo de los influencers se sabe que la fama puede ser efímera. Esto los suele llevar a sacarle el máximo provecho al momento en que se encuentran en la cúspide de la ola de popularidad. Una de las estrategias que suelen usar para monetizar sus mejores momentos es la venta de suscripciones para contenido exclusivo a través de la opción ‘mejores amigos’ en Instagram o historias en WhatsApp. Luis Alvarado también se sumó a esta tendencia y, a cambio de cinco soles, les ofrecía a sus seguidores la posibilidad de acceder a este contenido ‘premium’.

Ante esta posibilidad, el pasado 2 de julio, Marco Alaba Salas y su hermano Leomar decidieron pagar este monto con la esperanza de comunicarse con el joven tiktoker y, aprovechando la popularidad de sus audios, lograr un acuerdo para una publicidad, aunque esto fue imposible debido a que Alvarado no respondía los mensajes.


Sin embargo, como habían pagado la cuota para acceder al contenido premium, Marco Alaba empezó a tener acceso al contenido que subía el creador de contenido a WhatsApp y fue en ese momento que se llevó una desagradable y perturbadora sorpresa. «Subía desde pornografía hasta mutilación de personas adultas y también de bebes, esto fue lo que más nos indignó», relató a Sudaca Marco Alaba.

«Ahí vimos todos los días cómo empezó a subir esto», cuenta Alaba Salas, quien ha aportado numerosas pruebas en las que se puede observar que Alvarado Sánchez compartía material gráfico de menores descuartizados y manifestaba su fascinación por este tipo de contenido al punto de pedirle a sus seguidores que le envíen ese tipo de videos.


«Disfruto ver cómo lo van despedazando poco a poco y verlo sufrir me excita mucho más», «pasen más mutilaciones de niñatos», «me cago de risa mirando eso» y «manden cuando los hagan sufrir» son algunos de los comentarios que realizaba Luis Alvarado sobre las violentas imágenes que compartía y solicitaba.


HOSTIGAMIENTO Y AMENAZAS

Como era de esperarse, la violencia del contenido compartido por el tiktoker lo llevó a ganarse críticas de sus propios seguidores, quienes esperaban un contenido humorístico como el que lo había hecho popular. No obstante, lejos de sólo ignorarlos, Alvarado exponía sus números de teléfono e incitaba a sus seguidores a enviarles imágenes de carácter sexual cuando se trataba se mujeres. «Él les respondía de manera grosera e incitaba a sus fans a que les manden fotos de su miembro con semen», comenta Marcos Alaba y muestra evidencia del hostigamiento sexual que sufrían aquellas que se atrevían a cuestionarlo.


Fue ante la interminable cantidad de imágenes violentas y hostigamiento que Marco y Leomar Alaba Salas decidieron recurrir a la justicia y denunciaron a Luis Alvarado Sánchez ante el Ministerio Público. «Nosotros hemos presentado la denuncia formal ante el Ministerio Público. Nos gustaría que esto sirva como precedente para que las personas no se queden calladas», comentó Marco Alaba y agregó que, a raíz de esta denuncia, empezó a recibir amenazas. «En instagram comentan que nos cuidemos en las calles porque nos hemos metido con alguien del hampa», indicó a Sudaca.


Se espera que, en corto plazo, el caso pase a manos de las autoridades, más precisamente de la División de Investigación de Alta Tecnología.  (DIVINDAT). Sea porque se trata de un psicópata, como el propio Alvarado Sánchez se describe para explicar su retorcida fascinación, o porque, en el intento de mantenerse vigente en un competitivo mundo virtual, optó por una peligrosa forma de llamar la atención, lo cierto es que el tiktoker ha sobrepasado una línea que bajo ninguna excusa se podía pasar.

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Una historia sin acabar. Tras el fallo de la Municipalidad de Lima con el cambio de zonificación del Relleno Sanitario “El Zapallal”, la concesionaria Innova Ambiental APELÓ ante el Ministerio del Ambiente (MINAM) para retroceder la lucha de los vecinos de Lomas de Carabayllo y poder reabrir el relleno sanitario. Mientras tanto, han presentado un habeas corpus para el retiro inmediato de los muros de contención que bloqueaba el paso al relleno sanitario. El 18 de julio se ha consumado este propósito y la sala ha fallado a favor de esta solicitud y al siguiente día se han retirado todos los bloqueos a la instalación sanitaria.

Sudaca pudo acceder a la información sobre el proceso que ha seguido Innova Ambiental y cabe resaltar que la concesionaria ha realizado dos apelaciones ante el Ministerio de Ambiente: una apelación es de zona mixta y otra es de zona peligrosa.

Innova se presenta ante la Dirección General de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente (MINAM) representada por Marcelo Socoowski Azevedo y quien se encarga de la Gerencia General de la mencionada concesionaria. En dicho documento se argumenta que intentan atenerse a los plazos establecidos para poder utilizar el uso de su defensa. “Dentro del plazo de quince días hábiles (…) y amparados en nuestro derecho de defensa, (…) formulamos RECURSO DE APELACIÓN contra la Resolución”, menciona el documento y es que se van contra las ordenanzas que la Municipalidad de Lima interpuso contra el relleno, entre ellas: el cambio de zonificación.

Ahora bien, Innova Ambiental menciona que entre los antecedentes relevantes se presentó una carta, el 26 de junio del 2022, ante la Dirección de Evaluación Ambiental y Autorizaciones de Residuos Sólidos (DEAA) del MINAM para una evaluación del PAMA de la Infraestructura para Disposición Final de Residuos No Peligrosos del Ámbito de Gestión Municipal y No Municipal.

El 20 de marzo del 2023 Innova advierte que hubo irregularidades por parte de la DEAA y la DGRS, ya que el primero solicito que se emita una opinión actualizada sobre los PAMAS que Innova Ambiental presentó en atención a los nuevos actos administrativos emitidos por la Municipalidad de Lima. La concesionaria alega que hubo una clara omisión de funciones por superar los plazos legales establecidos para resolver en el marco de procedimientos administrativos esta problemática.

Advierten que llamó la atención una información que manejaba el MINAM respecto a los hechos. Esto se debe a que recién el 24 de marzo de 2023, mediante el Oficio Nº D000037-2023-MML-GSCGA que la Municipalidad de Lima puso en conocimiento del Ministerio del Ambiente, la cual refiere es la Ordenanza Nº 2533-2023. Es aquí donde la concesionaria se pregunta en su apelación, ¿Cómo es que la DGRS, el 20 de marzo le pide a la DEAA una opinión actualizada en atención a los «¿Nuevos actos administrativos y de administración emitidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) que disponen el cierre temporal del “¿Relleno Sanitario”, cuando recibió la información oficial por parte de la MML recién el 24 de marzo de 2023?

No cabe duda que la misma Innova respondería estas consultas en su documento de defensa:

Por otro lado, también acotan que hubo una transgresión a las normas de colaboración entre entidades al omitir comunicar a Innova Ambiental la consulta formulada a la MML, y es que mencionan que el MINAM incumplió con su obligación de poner en conocimiento de ellos, el contenido de los oficios presentados por la MML. Esto fue a partir de información que tomaron conocimiento y que consideran que es materia de impugnación. «Este pedido de información debe, necesariamente, ser comunicado al administrado interesado en un plazo específico«, mencionaron en su apelación.

Entonces, Innova Ambiental dice que se ha vulnerado el debido procedimiento administrativo y su derecho de defensa. «Estas comunicaciones del MINAM a la MML NO fueron puestas en conocimiento de nuestra empresa en el plazo de tres días conforme manda el numeral 87.4 del artículo 87 del TUO LPAG«, indicaron.

En nuestros últimos informes destacamos que al cerrarse el Relleno Sanitario «El Zapallal» Innova Ambiental finalizará todo tipo de funciones. Sin embargo, en el punto 3.3, la concesionaria menciona que el cambio de zonificación y el acto ilegal de revocatoria perpetrado por la MML no tiene efectos jurídicos y tampoco es oponible ni afecta su autorización de funcionamiento, y es que este acto generó la revocatoria de la Autorización de Funcionamiento otorgado en su oportunidad por la MML respecto del área de disposición final de residuos municipales.

Resolución de la MML extraída de la apelación de Innova Ambiental

Entonces, refieren que no existe con este cambio de zonificación y posterior revocatoria no afecta bajo ningún criterio la operación de innova ni su autorización de funcionamiento. Por lo tanto, mencionan que Innova Ambiental si cuenta con Autorización Municipal de Funcionamiento. Además, sienten que se encuentran en una clara vulneración de motivación de los actos administrativos, lo que se entiende en la omisión o defecto de uno de los requisitos de validez de actos administrativos.

Si bien hemos resumido y analizado la apelación de zona mixta presentada por Innova Ambiental. La apelación de la zona peligrosa interpuesta por Innova Ambiental no son más que las mismas palabras, solamente cambiando ciertas acciones que lo único que buscan es una justicia ficticia en medio de una contaminación que se ha prolongado durante décadas.

Lamentablemente, los vecinos de Lomas de Carabayllo han mostrado su disconformidad por el trabajo del Gerente de Servicios de la Ciudad, Roberto Pérez Vélez, por su falta de compromiso en este tema. Y es que el Juzgado de Carabayllo, mediante un habeas corpus que interpuso Innova Ambiental, ha ordenado el retiro de los muros de contención del acceso al Relleno Sanitario “El Zapallal”. El 19 de julio se cumplió con esta decisión y el relleno ha quedado expuesto a que camiones de basura puedan “Ellos están perdidos y no saben lo que está pasando”, comentó uno de los vecinos de Lomas de Carabayllo sobre la respuesta que les dio el Gerente de Servicios de la Ciudad sobre la apelación y el retiro de los bloqueos de acceso al relleno sanitario.

“La fiscalía ambiental ha declarado que archiva la denuncia por contaminación ambiental contra Innova Ambiental, fue una denuncia que interpuso la ex congresista Karina Beteta en el 2020 que se acoplo junto a nuestras denuncias”, comentaron los vecinos sobre los últimos movimientos del caso entre Innova Ambiental y el relleno sanitario.

Al cierre de este informe, los vecinos han aclarado que no se van a quedar de brazos cruzados, considerando que Roberto Pérez ha dado marcha atrás y no ha defendido los derechos y la integridad de la comunidad de Lomas de Carabayllo han manifestado que enviaran cartas a los diferentes regidores de la MML informando la decisión del Juzgado de Carabayllo, la desatención de la Procuraduría y la falta de compromiso del Gerente de Servicios a la Ciudad.

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Un nuevo cuestionamiento a la gestión de Jeri Ramón como rectora de San Marcos empieza a tomar fuerza. Los multitudinarios conciertos que se realizan en el estadio universitario se han convertido en un grave problema para los estudiantes. Sudaca ha conversado con los afectados para conocer los detalles de este reclamo de los sanmarquinos.

El pasado mes de abril, el tan esperado concierto por el aniversario del Grupo 5 convocó más de 120 mil personas durante tres noches consecutivas. Este evento que, además, contó con la presencia de artistas internacionales fue, sin lugar a dudas, uno de los más esperados de este 2023 y colmó la expectativas de los miles que asistieron al estadio de la Universidad Nacional de San Marcos. Del mismo modo, en mayo, el Reggaetón Lima Festival causó gran expectativa entre los fanáticos del género urbano que volvieron a llenar el estadio sanmarquino y, como era de esperarse, la celebración de los cincuenta años de trayectoria de Eva Ayllón también coparon las gradas y cancha del estadio de San Marcos semanas atrás.

Estos eventos, y muchos más, podrían ser interpretados como una muestra del gran momento que atraviesa Lima como plaza para conciertos de diversos géneros musicales. Sin embargo, existe un detrás de escena que empieza a generar una gran preocupación con respecto al futuro de los conciertos que se realizan en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por las dificultades que se empiezan a padecer en dicha casa de estudios.

CLASES INTERRUMPIDAS

Con el regreso de los conciertos tras la época de pandemia, el estadio de San Marcos retomó su ubicación como uno de los recintos favoritos por los organizadores para llevar a cabo presentaciones de artistas nacionales e internacionales. Sin embargo, estos eventos, que se han realizado en numerosas oportunidades a lo largo de este año, se están convirtiendo en un dolor de cabeza para los estudiantes.

En diversos videos subidos que los propios universitarios han registrado, se puede ver y escuchar cómo las clases son interrumpidas por los diversos ensayos y pruebas de sonido que los artistas realizan días previos a los conciertos que se llevan a cabo en el estadio de la universidad y la única alternativa es seguir con el desarrollo de sus actividades académicas con un ruidoso sonido de fondo.

Sudaca conversó con Marcos Tello, presidente de la Federación Universitaria de San Marcos, quien relata que los inconvenientes por los conciertos datan desde octubre del año pasado. “Fue escandaloso cuando, para el concierto de Eva Ayllón, la rectora posterga las clases presenciales y los pasa a virtual faltando dos días para el concierto”, relata el estudiante y agrega que “no solamente los estudiantes no han podido rendir sus exámenes de manera presencial sino que muchos de nosotros necesitamos hacer uso de la biblioteca”

Tello denuncia que, pese a los ingresos que dejan estos eventos, los estudiantes no ven mejoras en la universidad y que incluso se ha disminuido el presupuesto para el comedor. A estos reclamos se le ha sumado que los deportistas sanmarquinos han visto seriamente perjudicada la posibilidad de realizar sus actividades ante la cantidad de conciertos programados en el estadio de su casa de estudios. “Hace unas semanas teníamos un campeonato  interuniversitario en el cual San Marcos había llegado a las finales y se tenía programado jugar en el estadio. No obstante, por disposición de las autoridades no pudieron jugar porque estaban instalando la estructura para el concierto”, contó el estudiante.

En las imágenes registradas por los estudiantes se puede observar cómo este problema viene afectando a estudiantes que no pueden escuchar las clases con normalidad y a docentes que no pueden dictar los cursos con la tranquilidad necesaria para explicar las materias que tienen a cargo.

Aunque, sin lugar a dudas, lo que más indignación está generando entre los universitarios es la indiferencia de las autoridades de San Marcos. En este aspecto uno de los roles más criticados es el de Jeri Ramón, rectora de San Marcos, quien ahora suma un nuevo cuestionamiento debido a que los estudiantes señalan que sus pedidos para que la educación sea prioridad y, por lo tanto, se le dé una mayor importancia a las actividades académicas y el ambiente de tranquilidad que estas requieren para llevarse a cabo, son ignorados.

Natali Durand, docente sanmarquina, también alza su voz ante estos estos reclamos y señaló a Sudaca que “desde el día miércoles tenemos conciertos y actividades de grupos evangélicos. Desde la mañana están con la prueba de sonido y es tan fuerte que retumban las paredes de la facultad”. También manifiesta que algunos de estos conciertos ponen en riesgo la seguridad de los estudiantes debido a que algunos de los asistentes están en estado de ebriedad en las inmediaciones de la universidad. “Los docentes no podemos dictar clases. Uno está tratando de explicar y te desconcentra. La universidad no es una empresa que necesita alquilar sus bienes para recaudar dinero”, agregó Durand.

Para la docente universitaria, la indiferencia de las autoridades de esta casa de estudios ante los problemas que tienen los alumnos se debe a un interés económico que no necesariamente beneficiaría a los estudiantes. “La rectora hizo un cambio en el estatuto de la universidad para que lo recaudado con los conciertos ya no sea destinado al área de bienestar estudiantil sino que vayan al rectorado”, cuenta Natali y explica que, al pasar a manos del rectorado, la transparencia de recursos será casi nula.

CONCIERTOS LLENOS Y PLATOS VACÍOS

Marcel Velázquez es otro de los profesores afectados por estos conciertos. “Yo dicto clases los viernes y es muy difícil dictar la clase porque las pruebas de sonido afectan a las facultades, especialmente a las de Letras, Ciencias Sociales y Turismo”, cuenta el docente y agregó que “se está desnaturalizando el sentido de la universidad. Se ha llegado a cerrar la universidad antes que acabe el semestre académico para garantizar un espectáculo musical hace una semana”.

En declaraciones para Sudaca, Velázquez relata que la gran cantidad de conciertos, y las enormes sumas de dinero que dejan por el alquiler del estadio, no han servido para que la universidad tenga mejoras en infraestructura y que las carencias del pasado siguen sin solucionarse. “Las raciones de alimentación para los alumnos son insuficientes. Los alumnos hacen cola hasta de una hora antes que abran las puertas y tienen que ir corriendo para el comedor para tener un ticket para el desayuno o almuerzo. Ahí hay una necesidad concreta. Si estos conciertos sirviesen para al menos aumentar el número de raciones tendrían sentido”, cuenta Velázquez.

Al igual que Durand, Marcel Velázquez observa con preocupación el manejo que se le está dando al dinero que dejan los eventos realizados en el estadio universitario producto de lo que ha denominado como una política de captación de fondos. “El rectorado ha solicitado que esos ingresos no vayan a la cuenta general de la universidad sino que sean manejados por el rectorado. Esto devela cuál puede ser la intención de tener tantos conciertos al año”, declaró el docente a Sudaca.

Para lo que resta del 2023, el estadio de San Marcos recibirá nuevos eventos como la tercera edición del Reggaetón Lima Festival que se realizará a inicios de septiembre y la presentación del cantante canadiense The Weekend programada para la tercera semana de octubre. Sin embargo, lo que no parece figurar en el calendario es la atención al reclamo de los estudiantes que, por ahora, parecen tener que resignarse a interrumpir sus clases mientras la universidad se limita a celebrar los ingresos económicos que les dejan estos conciertos.

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A mediados del siglo pasado, cuando la función pública era asumida con mucha mayor dedicación y mucha mayor solvencia por profesionales formados por grandes maestros en ciencias y en humanidades, el Perú tuvo un magisterio de calidad, una judicatura muy destacada y una medicina con reconocimiento internacional, tanto en el ámbito administrativo como en el médico propiamente dicho. En este último rubro, las autoridades que manejaron la salud pública, ya sea en la órbita ministerial como en el sistema ideado para la atención en los hospitales para obreros y para empleados, coronada esta última con la edificación de los monumentales hospitales para unos y para otros, hoy llamados Almenara y Rebagliati; esas autoridades, repito, tuvieron una concepción modernísima para la época, inaugurando en 1945 la Asistencia Pública de Grau y unos años después la Asistencia Pública de Miraflores en la avenida Larco. Esas asistencias estuvieron destinadas a atender las emergencias médicas que no podían hacerse en las llamadas asistencias públicas distritales, las cuales se dedicaban a brindar los primeros auxilios a los afectados por accidentes domésticos y callejeros, es decir, lesionados que podían ser curados en esas postas médicas. Años después, mediante la fusión del antiguo puesto de la avenida Grau con la Asistencia Pública de Miraflores, se creó el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa (HEJCU), el cual surgió como una necesidad ante la creciente demanda de atención en la llamada asistencia pública de Lima. Con el apoyo del Club de Leones, en 1956 se inició la construcción del local que hoy ocupa el Hospital de Emergencias más grande del país. Años después, a ese local se trasladó todo el personal médico de las postas médicas de Grau y de Larco, dotándose, además, al Hospital de Emergencias de lo necesario para atender a todos los limeños afectados por eventos cardíacos, cerebro vasculares y como consecuencia de accidentes domésticos y vehiculares.

Como dicen los que saben, los hospitales del Empleado y de Emergencias Casimiro Ulloa fueron modelos a imitar por autoridades médicas de diferentes países de la región. De ahí a ahora, ha corrido mucha agua bajo los puentes de la ciudad. Ha corrido mucha agua y se han cometido cientos de desaciertos.

Magali Maita, presidenta del cuerpo médico del Hospital Casimiro Ulloa, mortificada por la falta de medicamentos que no permite atender a la población como debe ser, además de la falta de instrumental médico y de las represalias que viene sufriendo el cuerpo médico por parte de la dirección general del hospital, ha decidido hacer pública la denuncia a continuación, leamos su testimonio:

“El director actual Raúl Hinostroza Castillo ha entrado en funciones a mediados de setiembre del año pasado. Al inicio de su gestión, indicó que todos los problemas del hospital eran ‘cosas que se arrastraban de gestiones anteriores’, pero ya estamos en julio y el hospital no ha tenido ninguna mejoría; al contrario está peor porque no hay gasas ni apósitos ni esparadrapo ni nada. Es cierto que vienen y hacen inspecciones, pero igualmente no hay gasas, no hay esparadrapo, no hay medicamentos. Por ejemplo, viene un paciente con un infarto, y en ese caso es posible que requiera una trombólisis, para lo cual se necesita alteplasa, que es un medicamento que disuelve los coágulos, pero en ese momento no hay, porque la política de la actual administración es comprar ese medicamento en cantidades muy pequeñas, las cuales se acaban en una semana o menos. He conversado con el jefe de Farmacia y él me dice que hay de todo, pero me lo dice porque está cuidando su puesto. La administración no prevé la cantidad de pacientes que tiene permanentemente el hospital. Ha habido veces que llegan pacientes a la sala de operaciones y la máquina de anestesia está malograda. Traumatología también tiene equipos malogrados. En casos de tratamientos médicos también hay problemas, porque si un paciente requiere 10 medicamentos, sus familiares tienen que comprarle 8; eso incluye a los pacientes que cuentan con el seguro integral de salud, para los cuales deberíamos tener todos los medicamentos en la farmacia del hospital. A veces, en este hospital se ha llegado al extremo de que no tener detergente ni lejía para desinfectar las chatas y los papagayos.

Es difícil trabajar en esas condiciones, más aún, cuando, de la noche a la mañana, la Dirección -sin comunicarnos antes a los gremios- emite un comunicado donde informa que nos retira el lonche, sabiendo que este es un hospital de emergencias, donde hacemos guardias de doce horas, de 8 de la mañana a 8 de la noche, o al revés. Doce horas de día y doce horas de noche, entonces en la guardia de día tenemos derecho a almuerzo y un lonche a las 7 de la noche, y en la guardia de noche una cena y un desayuno.

Actualmente no tenemos ecógrafo, el único en existencia tenía 11 años de antigüedad y ya no funciona. Acá me pregunto: ¿cómo es posible que un hospital de nivel 3E no tenga un ecógrafo en buenas condiciones? De igual manera, en el hospital deberían funcionar tres salas de operaciones y sólo funciona una, porque las otras dos tienen malogrados sus equipamientos. Así, hay infinidad de necesidades en todos los servicios, como, por ejemplo, en el laboratorio casi nunca hay reactivos suficientes para poder hacer los análisis, y los médicos tenemos que rezar para que cuando acudan los pacientes al hospital haya reactivos. Diariamente tenemos doscientas atenciones y eso no lo entiende el doctor Raúl Hinostroza, quien, siendo cirujano del hospital, ha traído gente de afuera, como la administradora, la de planeamiento estratégico, la de personal, quienes vienen del Hospital de Collique; esto quiere decir, sin tener que demostrar mucho, que ellos no conocen la realidad del hospital.

Por eso es que nos sentimos tan mal, porque no hacen nada por conocer las necesidades del personal y, sobre todo, las de los pacientes; sin embargo, la actual gestión dice que el Hospital es un desorden y que ha llegado para poner orden. Pero no necesitamos orden, sino, más bien, abastecimiento y equipamiento. Hay muchas irregularidades: por ejemplo, al frente del Hospital hay una casa alquilada por la nueva administración únicamente para el personal administrativo, cada funcionario de ese equipo administrativo tiene contratados dos asesores pagados por la nueva administración, entonces, cómo nos van a decir que no hay presupuesto para medicinas e instrumental médico, pero sí para más personal burocrático. Esa administración ha contratado a un ingeniero para que se ocupe de Recursos Humanos y otro únicamente para contrataciones; en una oficina administrativa hay alrededor de cuatro ingenieros. Casimiro Ulloa es un hospital pequeño con mucha demanda, pero sólo tiene 90 camas, entonces me pregunto: ¿es necesario tanto personal administrativo que no ayuda a solucionar las carencias que tenemos? Si el Ministerio tiene tanto dinero para derrocharlo en burocracia, ¿por qué no compra las medicinas y el instrumental, por qué nos quita el lonche? Nosotros, me refiero al personal médico, estamos cansados de esta situación y hemos reclamado ante la administración para que arregle los problemas; sin embargo, en lugar de escucharnos nos levantaron ‘un acta de permanencia’, diciendo que no estábamos en el Hospital, que no nos encontrábamos en nuestros puestos de servicio; posteriormente, llamaron a la Policía para que levante ‘un acta de ocurrencia’, sosteniendo que de casualidad pasaban por el frente del Hospital y ‘encontraron a médicos, enfermeras y técnicos protestando’.

Para concluir, quiero dejar bien en claro para que los advenedizos entiendan que en el Casimiro Ulloa atendemos inmediatamente a todos los pacientes que llegan, porque aquí no brindamos atención ambulatoria, aquí salvamos vidas”.

El personal médico del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa ha enviado una carta al ministro de Salud para que se tomen las medidas inmediatas para ponerle fin a esas deficiencias.

También conversamos con Jaddy Ladrón de Guevara, abogada de los médicos del Hospital Casimiro Ulloa, quien refiere que ante todo ese cúmulo de ineficiencia, de incompetencia, de discriminación al personal de carrera y de exposición de personas al peligro, el jueves pasado el personal médico del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa ha enviado una carta al Ministro de Salud, con copia a la Presidencia de la República y otras autoridades del Estado, para que se tomen las medidas inmediatas para ponerle fin a esas deficiencias.

“Nuestro estudio ha asumido la defensa legal del cuerpo médico del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, y, en representación de ese colectivo, el estudio ha presentado un memorial al Ministro de Salud, informándole sobre los problemas que enfrentan el personal médico y la infraestructura hospitalaria, los cuales no sólo afectan el derecho a la salud de los usuarios del hospital, sino también del personal médico, el cual viene sufriendo represalias por tomar acciones contra los problemas denunciados, sino también porque se están recortando derechos adquiridos. A la par de esas represalias y de esos recortes, el personal médico ha solicitado una auditoría externa para conocer por qué existe una desmedida contratación de personal administrativo, creándose la increíble situación de que en el Hospital Casimiro Ulloa existe hoy por hoy más personal administrativo que personal médico. Y, además, que la actual administración contrata médicos y auxiliares que no cumplen con los perfiles adecuados y, en el colmo de los colmos, el equipamiento del hospital es tan antiguo que las bombas de infusión de las salas de cuidados intensivos carecen de sus respectivas líneas de infusión, que los ecógrafos son obsoletos, qué no hay tomógrafos ni resonadores magnéticos. Los médicos han dirigido cartas al director del hospital manifestando sus preocupaciones por esas carencias y otras, como las condiciones de inoperatividad de dos de los tres quirófanos existentes, de las filtraciones de agua por diferentes pisos del nosocomio y de las deficiencias eléctricas.

Si a todo eso le sumamos la imperdonable carencia de bisturíes, alcohol, apósitos, vendas y todo lo que se requiere para atender emergencias médicas, que es la razón de ser del Casimiro Ulloa desde hace cuatro décadas. Si a todo eso le sumamos la falta absoluta de material de limpieza y de tratamiento de desechos orgánicos y residuos sólidos, podemos concluir que la actual administración está “gestionando” el caos más increíble en la historia de un hospital de emergencias.

De no corregirse esos problemas en un plazo perentorio, tendremos que denunciar penalmente a los responsables de esta situación por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, por omisión de funciones y por abuso de autoridad del director del hospital”.

Durante los últimos días intentamos que el director del hospital o alguna autoridad del mismo respondiera a nuestros interrogantes, pero no obtuvimos ninguna respuesta; perdón, si conseguimos que nos contestara el teléfono Christian Rubio un portavoz del hospital, quien, ante la pregunta del porqué del desabastecimiento de medicinas e instrumental médico, sólo atinó a decirnos “¡ah!”, seguido de una risotada propia de un espectador de primera fila de un circo. Apenas terminó de reír, le preguntamos por el retiro del lonche al personal médico, y nos dijo que esa medida era a nivel de todo el Ministerio de Salud, y que dudaba sobre la falta de instrumental médico, porque si no el hospital no estaría funcionando. “Te diré que desde mi posición de comunicador te diré (sic) que muchas de las cosas que tú me estás diciendo no tienen asidero, pero eso, de manera formal, te lo tendría que decir el mismo Ministerio de Salud”. En cuanto al reclamo del Sindicato Unificado de Trabajadores del Hospital Casimiro Ulloa”, el portavoz respondió que “hace poco han estado en manifestación (sic) y los había visto acá”, y reiteró que el tema del lonche es una medida sectorial del Ministerio. Para completar este informe, nos comunicamos con una funcionaria de Relaciones Públicas del Minsa, y al ser consultada sobre la decisión ministerial de recortarle el lonche al personal médico del Casimiro Ulloa, me indicó que cada hospital tiene su propia logística y el Ministerio no tiene injerencia alguna respecto a la alimentación en los hospitales. Por cierto, tanto la respuesta del portavoz del hospital como la del funcionario ministerial están grabadas.

Al tener dos versiones distintas sobre el recorte del lonche para los médicos, decidimos averiguar, en la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS Lima Centro), ante lo cual se nos informó que no había ninguna disposición sobre el hecho de dejar a los médicos sin lonche, entonces confirmamos que el portavoz del hospital, el señor Christian Rubio, nos había mentido.

El Sindicato de Trabajadores Unificado del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa presentó un reclamo solicitando se dé por terminadas las funciones de Raúl Hinostroza.

A esto se suma que, el Sindicato de Trabajadores Unificado del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, mediante el oficio N° 0034, solicita al ministro de Salud César Vásquez Sánchez que tenga a bien dar por terminadas las funciones del director del hospital Raúl Hinostroza Castillo por contratar personal no idóneo para diversos puestos, también por cometer irregularidades en los procesos de contratación pública, por las cuales fue sancionado por la Diris Lima Centro. En el documento se puede leer que el doctor Raúl Hinostroza fue jefe de Cirugía del Hospital Casimiro Ulloa en 2019, y como tal participó en el proceso de adjudicación simplificada para la adquisición de bombas de infusión de dos canalés para los quirófanos de la entidad. Dicho proceso se condujo de manera irregular con la finalidad de favorecer al postor que ganó el proceso de adjudicación simplificada.

A mediados del siglo pasado, cuando Lima tenía un poco más de 830 mil habitantes y las finanzas del país de nuestros abuelos eran positivas, el gobierno de entonces construyó varias unidades vecinales, todas las unidades escolares que hoy se llaman colegios emblemáticos, un número grande de postas médicas y los gigantescos hospitales de los empleados y de los obreros. Una década después, en Lima había 1’900, 000 personas y la infraestructura hospitalaria solamente había incorporado las asistencias públicas de Grau y de Miraflores. Veinte años después, cuando las oleadas migratorias habían convertido a la capital en residencia de tantas personas, más o menos 5 millones, como las que tenía cada uno de los países escandinavos, la única nueva institución hospitalaria de esa ciudad llena de problemas era el Hospital Casimiro Ulloa. Hoy, cuarenta y tantos años después, la ciudad edificada en medio de un desierto, húmeda como ninguna y asfixiada por la alta toxicidad de su atmósfera tiene más de 10 millones de habitantes, los mismos nosocomios de los años cincuenta, el mismo hospital de emergencias de Miraflores sin bisturíes, sin gasas, sin ecógrafos, sin quirófanos y sin soluciones a la vista. ¿Es que no hay nadie que pida el voto popular para gobernar y no para robar, para invertir todo lo que se pueda en educación, en salud y en seguridad? ¿Es que estamos condenados a vivir con miedo, sin educación y sin salud? ¿Es que en veinte años o en treinta o en cien, casi no importa cuándo, un lector curioso entre al Google de esa época y encuentre este artículo y diga: por qué hemos sido, somos y seremos tan cretinos?

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