Se está discutiendo en el Congreso la posibilidad de que se permita el financiamiento a los partidos por parte de personas jurídicas privadas. Eso es bueno siempre y cuando no sea anónimo, como pretende un sector del Parlamento, sino abierto y transparente.
Al haberse cerrado esa posibilidad, lo único que se logró fue que los sectores de las economías delictivas, con claros intereses de influencia política, se acercaran a los candidatos y les financiasen sus campañas, como sucedió con Pedro Castillo y muchos otros, que luego retribuyen ello con leyes propicias o vistos buenos estatales a su quehacer delictivo.
Al abrir la cancha a la posibilidad de financiamiento privado se reduce esa influencia, pero no se logrará acotar plenamente. Nada impide que el narcotráfico, la minería ilegal, los tratantes de personas o los transportistas informales hagan bolsas de dinero para apoyar candidaturas a cambio de favores posteriores.
El mejor remedio a esa desestabilizadora posibilidad -afecta directamente la gobernanza democrática- es dotar a la ONPE de mayores dientes para fiscalizar el tema. Por lo pronto, que sea obligatorio bancarizar no solo los aportes sino también los gastos. Y, lo más importante, que si se descubriera un desbalance grosero, que revelaría el ingreso de dineros ilegales, la ONPE tenga la capacidad de suspender la presencia de ese partido en la lid electoral. Hoy no lo puede hacer, simplemente controla un par de veces o tres el proceso, pero no puede establecer sanción alguna.
Que la economía esté controlada en amplios sectores por mafias criminales es un tremendo problema que se debe resolver con celeridad. Pero que la política también lo esté, ya constituye un riesgo mayor, porque colocaría al Estado en manos de lógicas delictivas abiertas, desnaturalizando la esencia misma de la democracia y la gobernabilidad que se busca recuperar luego de haber sufrido dos gobiernos nefastos, como los de Pedro Castillo y Dina Boluarte.
