En el 2019, el gobierno de Martín Vizcarra cuadruplicó el presupuesto de apertura de Pasto Grande y, con ello, dotó a Lomas de Ilo de inusuales S/ 22 millones. Poco tiempo después, la mitad de aquel monto fue girado al consorcio Obrainsa-Astaldi para el pago de laudos arbitrales. Hoy, un aspirante a colaborador eficaz acusa al presidente de haber recibido S/1 millón en coimas de ambas compañías. Lomas de Ilo, la obra ‘estrella’ de Vizcarra cuando fue gobernador regional, sigue inoperativa.
Para los moqueguanos, Pasto Grande es tan emblemático como Machu Picchu. Pero el enorme proyecto de irrigación, que lleva agua a más de 7 mil hectáreas de ese pequeño departamento, tiene un problema. Su problema se llama Lomas de Ilo. Gestionada en el 2013 por el entonces gobernador, Martín Vizcarra, y construida por el consorcio italoperuano Obrainsa-Astaldi, la ampliación ‘Lomas de Ilo’ debía canalizar el agua de Pasto Grande hacia las tierras de la zona costera de Moquegua en el 2014. Todavía no lo ha hecho, porque colapsó en la primera prueba.
Pero, increíblemente, ese no es meollo del asunto. Una edificación inútil, mal construida y vinculada a presuntos sobornos ya no resulta extraña en el Perú. Lomas de Ilo sería apenas un renglón perdido en la larga lista de obras vinculadas a corrupción si no fuera por ese apellido: Vizcarra. Su principal impulsor hasta hoy. Desde que asumió como presidente, el gobierno central ha aumentado los recursos para el proyecto de infraestructura más mimado de su gestión regional. Aquel por el cual hoy un aspirante a colaborador eficaz lo acusa de corrupción. ¿Por qué? Sudaca viajó hasta Moquegua para encontrar la respuesta.
El 2019 fue el primer año en el que el gabinete de Vizcarra pudo armar el proyecto de presupuesto público y decidir en qué se gastaría el dinero del Estado. Eso se vio claramente reflejado en las partidas destinadas a Moquegua. Luego de tres años sin presupuesto de apertura, Lomas de Ilo abrió el 2019 con uno inusualmente alto: S/22 millones. La cifra es más extraña aún si se observan los montos que esa obra había ejecutado en el 2018: apenas S/3,7 millones, conseguidos sobre la marcha. ¿Por qué necesitaría siete veces más dinero una edificación que todavía no puede empezar a operar?
Hasta el cierre de este informe, el Ministerio de Economía (MEF) no respondió a esa pregunta, alcanzada por Sudaca desde Moquegua.
La partida de Lomas de Ilo fue, a su vez, parte de los más de S/ 61 millones que recibió todo el proyecto Pasto Grande para el 2019, la gran mayoría provenientes del gobierno central. Una cifra que cuadriplicó su presupuesto del año previo y que las autoridades regionales de ese entonces aseguran no haber solicitado. Se trata, de hecho, de la asignación presupuestal más alta en los 16 años que el GORE Moquegua ha administrado el proyecto.
“Recibimos S/ 61 millones de parte del MEF a pesar que nosotros habíamos considerado menos para Pasto Grande. Ellos no especificaron en qué actividades usar ese dinero, por lo que consultamos si podíamos moverlo a otras partidas donde hubieran servido más. La sectorista del MEF me dijo que la Directora General de Presupuesto Público [entonces, María Antonieta Alva] había destinado ese presupuesto específicamente a Pasto Grande, que el dinero tenía nombre propio [el del proyecto] y que no se podía dar a ninguna otra unidad ejecutora”, dice William Pineda exjefe de planeamiento y presupuesto del GORE Moquegua.
Pasto Grande tiene un presupuesto que solo aumenta significativamente cuando se va a realizar una nueva obra. Por ejemplo, entre el 2008 y el 2009, se triplicó para la construcción de la conducción Jaguay Rinconada. Algo parecido ocurrió entre el 2013 y 2015 para levantar las fallidas Lomas de Ilo. Pero en el 2019 y el 2020 Pasto Grande no tiene especificada ninguna obra nueva en particular. Ricardo Tapia, ingeniero agrónomo con más de 40 años trabajando en actividades vinculadas al proyecto, asegura que ya no hay obras de gran envergadura contempladas para inversión. Solo proyectos pequeños.
¿Qué ocurrió, entonces, con la inusual cantidad de dinero que entró a Lomas de Ilo, a través de Pasto Grande? Parte importante terminó siendo girada al consorcio Obrainsa-Astaldi, conformado por dos empresas que, según un aspirante a colaborador eficaz, habrían pagado S/1 millón en coimas a Vizcarra para adjudicarse aquella obra.
Laudos, laudos y más laudos
Para entender mejor ese giro de dinero hace falta irse unos años para atrás. Durante su gestión como gerente general de Pasto Grande, entre el 2017 y el 2018, el ingeniero Johan Vilchez intentó que el GORE de Moquegua no pague los cerca de S/ 11 millones en arbitrajes que dicho consorcio les había ganado en el 2016. Todos derivados de la construcción de las Lomas de Ilo. Así lo demuestra un informe que Vílchez presentó a la Contraloría, en el que solicita una inspección detallada de la obra para evaluar “los contratos hechos con empresas investigadas” y las “tamañas deficiencias en el proceso constructivo”.
En su informe, Vilchez también detalla que al menos cinco de los siete arbitrajes perdidos serían, en realidad, responsabilidad de la empresa contratada para elaborar el expediente técnico y para supervisar la obra: ATA, del exministro de Agricultura José Hernández. De hecho, entre el 2015 y el 2018, Pasto Grande judicializó los laudos y buscó reducir el importe total a pagar. No tuvo éxito. Así, una obra que se licitó en S/80 millones, que costó finalmente S/ 92 millones y que está inoperativa, terminó -además- debiéndole al consorcio constructor un saldo adicional por arbitrajes perdidos.
“Como nos denegaron la nulidad de los arbitrajes y la Contraloría no respondía, intentamos levantar inspecciones para abrir laudos arbitrales [de nuestro lado] que superen el monto que habíamos perdido. Pero para eso se necesita presupuesto, la partida de Lomas de Ilo no tenía dinero asignado [en el 2018] y se nos acabó el tiempo de pedir transferencias”, señala Vilchez. En el 2018, el ingeniero se reunió con Vizcarra para pedirle un presupuesto mayor para Pasto Grande. Le dijo, asegura, que necesitaba apenas S/14 millones. Vizcarra no atendió su solicitud.
“Reunión de julio del 2018 entre el ingeniero Johan Vílchez, entonces gerente de Pasto Grande, y el presidente Vizcarra. Acompañan personajes del círculo moqueguano”
La intención del presidente, según Vílchez, era que Pasto Grande pasase a ser administrado por el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). Algo improbable dada la importancia del proyecto para la región. “Es como si a Cusco le quitaran Machu Picchu para que lo administre otro”, dice el ingeniero Tapia. Recién cuando quedó claro que eso no ocurriría, llegó el grueso aumento presupuestal. Los modestos S/14 millones pedidos por Vílchez fueron cuadruplicados. Pero el ingeniero, que era reacio a pagar los arbitrajes perdidos, ya no estaría para administrarlos.
Pese a haber hecho caso omiso al pedido de ampliación presupuestal de Vílchez en el 2018, apenas el Poder Judicial emitió sentencias negando los argumentos presentados por Pasto Grande, en julio de ese año, el MEF corrió a agendar el presupuesto sobredimensionado del proyecto para el 2019, que terminó en el pago de los laudos a Obrainsa-Astaldi. Según fuentes de esta entidad, el proyecto de ley de presupuesto del año por venir se cierra, a más tardar, entre julio y agosto. Abogados especialistas en arbitrajes explicaron a Sudaca que, si bien por norma un fallo arbitral debe ser ejecutado inmediatamente, en la práctica es muy extraño que el Estado tramite estos pagos con tanta premura. De hecho, normalmente una empresa que busca cobrar un laudo al sector público debe esperar algunos años.
En enero del 2019, el GORE Moquegua fue asumido por el profesor Zenón Cuevas, y Vilchez fue reemplazado. Según periodistas regionales, Vizcarra apoyó abiertamente a Cuevas en su primer intento por llegar a la gobernación de Moquegua, en el 2014. Cuando Vizcarra disolvió el Congreso el año pasado, Cuevas lo celebró con un evento en la Plaza de Armas de su ciudad. Ambos, en el 2008, fueron líderes vitales del llamado ‘Moqueguazo’.
A los pocos meses de la gestión Cuevas, en agosto, David Espinoza, nuevo gerente general de Pasto Grande, le dijo al medio regional Telesur Expresión que ahora sí estaba previsto el pago de los arbitrajes ganados por Obrainsa-Astaldi. Al ser consultado sobre de dónde había presupuesto para pagarlos, Espinoza declaró que había llegado dinero del MEF con la indicación explícita de que sea destinado a eso. En conversación con Sudaca, Espinoza aseguró que en su declaración se referió a indicaciones establecidas en documentos heredados de la gestión anterior.
Ese mismo agosto, Pasto Grande devengó casi S/ 11 millones en favor del consorcio Obrainsa-Astaldi para atender el pago de los arbitrajes. El dinero salió de la partida de Lomas de Ilo llamada “Ampliación de línea de conducción de sistemas de riego”, con función agropecuaria. Apenas un mes después, en septiembre, hubo escándalo en Moquegua: se publicaron audios del entonces gerente del GORE, Alberto Jiménez, en los que instaba al gerente de asesoría legal de Pasto Grande, Wilfredo Zapata, a que firme y publique la resolución de pago de los laudos. Todo bajo la excusa de aumentar el nivel de ejecución del proyecto.
Jiménez fue cesado de su cargo tras el barullo político, pero el dinero, en varios cheques, finalmente fue girado.
Girados pero no pagados
Desde hace dos meses hay un nuevo hombre fuerte en Pasto Grande. Se llama Agapito Mamani. Hasta el cierre de esta nota, él optó por no brindar las declaraciones solicitadas por Sudaca. El actual gerente del proyecto de irrigación había dicho en una entrevista al diario Prensa Regional que su prioridad será “las Lomas de Ilo”. Mamani fue gerente regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente en el GORE Moquegua durante los cuatro años de la gestión de Vizcarra. Luego se ha desempeñado como parte de la mesa de diálogo para el Ministerio de Energía y Minas (MEM) frente al proyecto Quellaveco, durante la presidencia de Vizcarra. “Mamani es parte del personal de confianza del presidente”, asegura una fuente que ha sido muy cercana al mandatario durante casi una década.
A la designación de Agapito Mamani la acompaña la de Edmer Trujillo, el amigo de Vizcarra que -pese a sus interminables críticas por su labor al frente de dos ministerios- sigue rondándolo en distintos puestos de la administración pública. Trujillo ha sido contratado por el Ministerio de Agricultura para realizar una asesoría en el desarrollo de Lomas de Ilo, y en setiembre fue destacado a Moquegua con un contrato de servicios por S/ 30 mil. Así, las conexiones de Vizcarra en Pasto Grande, el proyecto que lo obsesiona desde que lo presidió cuando tenía 26 años, a finales de los ochenta, son cada vez más fuertes.
Desde el inusual aumento de presupuesto en el 2019 hasta hoy, alrededor de S/60 millones han sido designados a actividades relacionadas con Lomas de Ilo, un proyecto entregado hace tres años pero que no está operando. Además del pago de los laudos arbitrales a Obrainsa-Astaldi, se ha usado dinero para el saneamiento físico legal, infraestructura extra por la duplicación de parcelas en el área de distribución de la irrigación, los rescates arqueológicos en los terrenos vendidos, que no se contemplaron como parte del proyecto inicial y que ya llevan extrayendo más de 150 momias del subsuelo de Ilo (con una inversión de más de S/15 millones), entre otros.
Según información del consejero regional Luis Miguel Caya, para el 2021 se habría separado ya una partida presupuestal de más de S/ 50 millones de soles a ser invertidos en Pasto Grande. De estos, se volverían a considerar altos recursos para Lomas de Ilo. En otras palabras, además del especial interés por pagar los laudos arbitrales, el gobierno de Vizcarra parece francamente convencido de que puede arreglar el desastre que dejó cuando estuvo en el GORE.
Pero aquí una sorpresa: el dinero para pagar los arbitrajes llegó del MEF para Pasto Grande, y fue devengado y girado en favor de Obrainsa-Astaldi, pero estas compañías aún no pueden cobrarlo. ¿Por qué? El 20 de enero de este año, Wilfredo Zapata, el exgerente de asesoría legal de Pasto Grande, elaboró un informe en el que asegura que no procede el cobro porque el consorcio no tiene los mismos representantes legales que cuando solicitó los arbitrajes. En su informe, Zapata le dice a Obrainsa y Astaldi que pidan el dinero por la vía judicial. Mientras, la plata ha sido depositada en una cuenta intangible a la espera de ser cobrada.
El argumento de Zapata carece de sustento legal, pero él parece ser el único funcionario con interés en frenar (o demorar) el desembolso a una empresa investigada por el caso Club de la Construcción. Hoy ha pasado a ser asesor legal de todo el GORE Moquegua. “Lo que debe hacer la empresa es enviar el caso a un juez que certifique la validez de los representantes legales, para que se cumpla el pago de las deudas”, comenta el abogado experto en arbitrajes, Carlos Valderrama.
Pero antes de acudir a la justicia, Obrainsa-Astaldi recurrió el 30 de julio pasado al Minagri. En una carta expedida ese día, dirigida al titular del despacho, José Luis Montenegro, el consorcio le expone todos los argumentos por los cuales asegura que debe cobrar el dinero. El ministro Montenegro reenvió el pedido al gobernador Cuevas el 19 de agosto. El consorcio ha decidido presionar al GORE a través del Ejecutivo.
Mientras, Zapata ha dejado Pasto Grande, hoy copado por personajes cercanos al presidente. El dinero de los laudos arbitrales -que según los exfuncionarios entrevistados por Sudaca fue específicamente destinado para eso por indicación del MEF- ya ha sido girado. Revertir su desembolso, demorado por Zapata, es teóricamente imposible. Lomas de Ilo, con crecientes montos de asignación presupuestal, sigue paralizada. Una nueva moción de vacancia, por el presunto pago de coimas al presidente, ha sido admitida en el Congreso. Y los agricultores del valle de Ilo -los que realmente deberían importar- siguen preguntándose por qué la prometida ampliación de la frontera agrícola de su región sigue postergándose.
