Según la última encuesta de Ipsos, no descolla ningún candidato en particular para las elecciones del 2026. Ello es malo porque hace anidar en la mente de los interesados de que la cancha está libre para cualquiera y de que es posible capturar un bolsón electoral suficiente como para pasar a la segunda vuelta. Es decir, favorece la dispersión y diluye la urgencia de armar frentes.

Es bueno porque quiere decir que no hay identificaciones regionales prefijadas con los candidatos de la izquierda radical, aunque lo más probable es que el sur andino termine siendo el fiel de la balanza en ese sentido (probablemente vote en la primera vuelta del 2026 como lo hizo en la segunda vuelta del 2021).

Ojalá suceda que no baste un rostro carismático o una candidatura sorpresa de último momento, sino que la ciudadanía sea capaz de exigir una mínima agenda de gobierno, sobre todo en los aspectos más álgidos: inseguridad ciudadana y crisis económica.

Según encuesta publicada hoy en Perú21, de acuerdo a Ipsos, el 78% desaprueba al gobierno en materia de lucha contra la delincuencia. Este dato es terrible, porque, además, no se ve visos de mejora, sino, todo lo contrario, de que la situación va a empeorar. Y lo mismo sucede con el manejo de la reactivación económica, que no halla amparo en una política técnica del MEF.

Lo preocupante de discernir respecto de si ambos problemas se agudizan es que van a propender a reforzar las incursiones de los Bukele o Milei peruanos, émulos de los gobernantes salvadoreño y argentino, respectivamente.

Y no es eso lo que el Perú necesita. No requiere de candidatos monotemáticos, centrados en atender primordialmente un punto de la agenda nacional, cuando la misma comporta otros grandes desafíos que sí exigen un programa de gobierno y un gran frente democrático, liberal y republicano, para ser asumidos.

Hablamos de la corrupción, de las economías ilegales, de la reforma del sistema de justicia, del cambio de la regionalización, de la reforma del Estado, etc. No basta con reactivar la economía o enfrentar la inseguridad ciudadana.

Solo bajo esa perspectiva, de que se necesita tiempo para madurar una conformación política de esa naturaleza, podríase aceptar que es mejor que Dina Boluarte se quede hasta el 2026.

Entrevistando a Max Hernández para el segundo número de la revista Pulsión, el psicoanalista hacía notar con agudeza cómo había ocurrido en el país que tres grandes fenómenos democratizadores (el ascenso de las clases medias, la migración del campo a la ciudad y la condición ciudadana del emprendedor popular) habían ocurrido durante dictaduras, como las de Leguía, Odría y Fujimori. Agregaría la reivindicación del indio, bajo el régimen militar de Velasco.

Y ello en medio de la paradoja de que durante los periodos democráticos no se haya producido nada de esa envergadura, ni en los tiempos de la República Aristocrática ni en el periodo post Fujimori, los dos periodos más prolongados de alternancia democrático electoral que el país hatenido a lo largo de su vida republicana. Quizás solo podría ser equiparable la reducción de la pobreza desplegada sobre todo entre el 2001 y el 2011, cuando acaba el segundo gobierno de Alan García.

Eso debe cambiar radicalmente si queremos que sobreviva la feliz conjunción de capitalismo y democracia, que es la fórmula más exitosa para generar prosperidad en los países que los albergan. Con defectos enormes por corregir en ambos sistemas, aún hay porvenir propicio en ese matrimonio difícil y a veces conflictivo.

La democracia tiene que ser más efectiva. No puede contentarse con elecciones periódicas y la relativa existencia de una separación de poderes. Hay que darle vitalidad ejecutiva a los gobiernos democráticos, y dinámica participativa a las propias democracias, con mecanismos que involucren al ciudadano y lo hagan sentirse partícipe de las tomas de decisiones (referéndums, renovaciones parciales del Legislativo, revocatorias, etc.).

La democracia se debe comer. Si dejamos que se convierta en un adorno institucional, bajo cuyo manto prospera la inacción económica, el descuido de la igualdad de oportunidades (salud y educación públicas), la inseguridad ciudadana y la corrupción rampante, se explica por qué somos el país que peor consideración tiene sobre los valores democráticos y los riesgos que ello implica para la irrupción de candidatos populistas autoritarios tanto de izquierda como de derecha.

Nota: agradezco a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de DDHH, por su reciente comunicado alertando sobre los abusos fiscales de los que he sido y soy víctima, yendo a contrapelo de la libertad de prensa y del principio constitucional de la reserva de las fuentes periodísticas.

Antaño era en los grandes medios, especialmente los televisivos, que se definían las campañas electorales. Un buen debate, una buena entrevista o un buen spot publicitario definía la diferencia necesaria para obtener el ansiado resultado en las urnas.

Después se le dio más importancia a la radio y últimamente a las radios regionales, como la clave del éxito. Rápidamente, en cuestión de una década, las redes sociales reemplazaron a los medios radiales como principal vehículo de comunicación.

Hoy tampoco es así. Las cosas varían aceleradamente en un mundo tan cambiante. Son los medios digitales y los microsegmentospoblacionales los que marcan la pauta. Una buena performance en La Encerrona, en El diario de Curwen, en el podcast de Hildebrandt en sus trece o en Sin Guión, pesa más que una entrevista en el principal diario nacional o en el principal canal o radio nacionales.

Adicionalmente, ya no es tiempo de los grandes mítines. Lo que impacta, y profundamente, son los microsegmentos poblacionales representativos. Una visita al mercado Unicachi o a la feria artesanal de Puquio, tienen más efecto de irradiación que organizar un gran encuentro en la plaza de Armas de la ciudad.

Claro, a uno lo escuchan treinta o cuarenta personas, pero el efecto de propagación posterior que ello tiene es inmenso. A la postre, produce un efecto de divulgación mayor que acudir a un recurso tradicional y manido de las estrategiaselectorales de antaño.

Esto hace más compleja e interesante la contiendaporque obliga a los equipos de campaña a salir de la caja para llevar a sus asesorados candidatos al triunfo. Las famosas Escuelas Naranja del fujimorismo, por ejemplo, tienen un efecto político mayor que un road show mediático de la lideresa del partido.

El rey de la campaña de Pedro Castillo, hace casi tres años, fue el whatsapp. Hoy, a pesar del poco tiempo transcurrido, ya no funciona así. Los tiempos cambian aceleradamente y obliga a que los candidatos afinen sus estrategias y sus equipos de campaña. Ya no basta con ver Al Fondo hay sitio o leer El Trome, para entender la psicología popular, como decía hacer el estratega brasileño Luis Favre.

Es una obligación política y moral del gobierno sacar adelante proyectos mineros como Conga o Tía María, más aún en circunstancias que los precios de los metales han alcanzado niveles récord en el mundo.

Ambos proyectos contaron con resistencia social en su momento, pero es dable pensar que la misma haya amainado ante la constatación de que sin inversión minera no hay canon ni regalía y que los gobiernos locales viven de eso para poder tener fondos de inversión. El aumento de la pobreza puede ser un acicate para que los ciudadanos de las zonas de influencia acepten, por fin, que la inversión privada es la única forma de derrotar la miseria.

Cabe recordar, además, que ambos proyectos estuvieron a punto de salir, si no fuera por las torpezas del gobierno de Humala y de la propia Southern en los orígenes de los mismos, respectivamente. Ya se ha corregido en gran medida esos dislates y se espera, en consecuencia, que el gobierno pueda prosperar en el intento.

Ambos son, además, proyectos emblemáticos y de salir adelante darían una señal a la comunidad inversora que podría desatar el nudo que hoy ata a la inversión privada, a pesar de la estabilidad macroeconómica, no obstante el relativo descontrol fiscal que el MEF está permitiendo (y que puede agravar si insiste en la tozudez de apoyar al reflotamiento de Petroperú).

El mejor ejemplo de cómo la inversión privada reduce la pobreza es el gobierno de Alan García, que la redujo de 50 a 27%, la mayor rebaja de la historia peruana y de América Latina. Si el gobierno, con el empeño de Rómulo Mucho en el Minem, logra sacar adelante Conga y Tía María, verá cómo se despiertan los impulsos capitalistas, hoy contenidos, y podría arrojar al final de su mandato cifras de mejora en los indicadores de pobreza que hoy vienen aumentando.

Si logra ello, podría uno perdonarle al régimen que de acá al 2026 haga poco en otras materias, como lucha anticorrupción, inseguridad ciudadana, regionalización, salud y educación públicas. Un pueblo menos pobre, que retorne a la clase media, sería la mejor noticia como antecedente sociopolítico para las elecciones del 2026. La pandemia nos trajo a Castillo. Que la parálisis de la inversión privada no nos traiga otro radical en el futuro.

Hay quienes ingenuamente creen que Antauro Humala va a ser un bluff político, que apenas comience la justa electoral se va a desinflar y perderá el interés que hoy genera.

Craso error de juicio político. Antauro Humala es un líder elocuente, inteligente, disparatado, pero que en su disparate mismo comulga con las expectativas populares. Sus anuncios de expropiaciones de medios de comunicación, por ejemplo, nos agarran cuando nunca antes han estado tan desprestigiados los medios de comunicación. Su discurso en contra de las grandes empresas nos coge en medio de una situación terrible de descrédito del gran capitalismo (según encuesta de Ipsos, el 90% de peruanos cree que acá unos pocos gobiernan para su propio beneficio).

Con astucia, Antauro busca “posicionarse”, además, como el Bukele peruano, recogiendo así la alta expectativa local -y regional- que existe en favor del autoritario mandatario salvadoreño por su lucha contra las bandas delincuenciales en su país.

Antauro, por lo demás, no está quieto. Recorre a diario el país, particularmente el sur andino, haciendo política de verdad y no aquella que cree que basta salir en medios limeños para sembrar presencia y posterior endose electoral.

Este columnista está convencido de que Antauro será contendiente de la segunda vuelta del 2026. Lo único que podría sacarlo de carrera es que aparezca y crezca otro candidato disruptivo radical (allí asoman Guido Bellido y Aníbal Torres), que lo supere en radicalismo y lo haga fragmentar el voto -ojalá que ello ocurra- y arruinar la posibilidad de que la izquierda radical dispute la segunda vuelta.

De lo contrario, y si persiste la fragmentación de la centroderecha (ya hemos visto que, felizmente, hay esfuerzos por remediarla), tendremos no solo a un candidato radical sino probablemente a dos en la segunda vuelta y nos encaminaremos a perder el país. Se juega mucho el 2026. A riesgo de parecer obcecada, no se cansará esta columna de advertirlo.