El desastre del aeropuerto ocasionado por la desidia de Córpac (hace diez años que no hacía mantenimiento al sistema eléctrico), la situación calamitosa de la autopista de los Libertadores, que ocasionara recientemente un trágico accidente, el brutal abandono de un hospital emblemático como el Arzobispo Loayza, como revelara un programa dominical, el increíble hecho informado por Semana Económica de que 41 colegios públicos al borde del colapso no puedan ser reconstruidos a pesar de que existen, desde hace diez años, por lo menos cuatro iniciativas privadas cofinanciadas para ponerlos a punto, no hace sino poner en clara evidencia que quizás el mayor problema a resolver por quien nos gobierne desde el 2026 es el propio Estado peruano.

Ya es hora de reducirlo al máximo, privatizando o entregando en concesión todo aquello que no le corresponde administrar (agua, petróleo, aeropuertos, carreteras), invirtiendo sus pocos recursos en materias esenciales como salud, educación pública, seguridad y justicia. Y en lo que haga, permitir el apoyo de la inversión privada al máximo, que claramente es más eficiente que la burocracia estatal para lograr los fines buscados.

El estatismo que nuestra izquierda aún pregona, es anacrónico y destructivo. Su aplicación destrozaría la economía y los ingresos de los más pobres. Hoy lo vemos en vivo y en directo. No hay nada que el Estado haga bien y por eso la única fórmula es reducirlo, modernizarlo con meritocracia (encima este Congreso se empeña en cargarse Servir), y convertirlo así en un facilitador y regulador eficaz del mercado, para evitar que éste se desborde y ejecute prácticas anticompetitivas.

Aparte de lo dicho, puede eventualmente desplegar políticas de apoyo social, necesarias en un momento de tránsito hacia ser una sociedad medianamente desarrollada, donde la pobreza disminuya drásticamente. Y punto, paremos de contar.

Uno de los grandes pasivos de Alberto Fujimori -ahora que se ha puesto memorioso- es haber frenado en seco la reforma del Estado que el entonces premier, Alberto Pandolfi, y un equipo de tecnócratas de primer orden, tenían listo para desplegar en su segundo mandato de los 90. Por intereses reeleccionistas, Fujimori prefirió no romper huevos y saboteó la que hubiera sido su mejor herencia.

La izquierda peruana no está condenada a verse enajenada a la actuación de sus candidatos radicales (Antauro Humala, Guido Bellido o Aníbal Torres). Hay otras opciones, democráticas ellas, que empiezan a aparecer en el panorama y merecen ser tomadas en cuenta.

Está, por ejemplo, Alfonso López Chau, quien apuesta por una opción de izquierda, pero democrática y con márgenes de acción de la economía de mercado. Merece atención. Verónika Mendoza dice lo mismo, pero no es confiable, luego de ver su apoyo desembozado al gobierno de Pedro Castilllo y todas sus tropelías corruptas y autoritarias.

Pero está surgiendo un nuevo líder, que además tiene una ventaja: basamento gremial. Es Lucio Castro, secretario general del Sutep, quien es responsable de haber organizado hace pocos días una marcha multitudinaria en Lima, en defensa de reclamos magisteriales. Goza de elocuencia, solvencia ideológica y probada trayectoria de lucha contra los sectores radicales que en un momento poblaron el magisterio y que fueron los que le dieron la red de apoyo a Castillo.

López Chau es más centrista que Castro, pero ambos son demócratas y no comportan los riesgos autoritarios de la tríada mencionada al inicio, quienes de ganar nos conducirían, sin lugar a dudas, por la senda de Nicaragua o Venezuela.

Se necesita en el país no sólo una derecha liberal, sino también una izquierda democrática renovada, lejana de aquella que se achicharró con su apoyo no solo electoral sino gubernativo al tremendo fiasco del régimen de Pedro Castillo, que en poco más de un año destruyó la economía y la política peruanas.

Hay que seguir con interés sus pasos y alentar su desarrollo. Una izquierda renovada, con cuadros formados y alejada de las tentaciones autoritarias, es una buena noticia para la democracia peruana. Se necesita que maduren, superando el macartismo de cierta derecha peruana que lo único que logra es arrinconar en la radicalización a los liderazgos izquierdistas democráticos.

López Chau y Lucio Castro son, por ahora, dos figuras que merecen atención. La izquierda se merece liderazgos de ese tipo y no el desquicio que suponen los Guido Bellido, Antauro Humala o Aníbal Torres. Las propias bases de izquierda, si ven más opciones, sabrán bajarle la expectativa antisistema a los mencionados, que hoy disfrutan de un páramo que debe ser superado.

Se debe mirar con optimismo que algunos candidatos nuevos de la centroderecha estén dedicados a recorrer el sur andino con intensidad. Es un bastión electoral que hay que arrebatarle a la izquierda radical porque, de otro modo, puede ésta asegurarse el pase a la segunda vuelta, por lo menos con un candidato sino con dos.

Este cálculo ya lo hemos hecho, pero vale la pena reiterarlo: el gran sur andino representa casi el 20% del electorado nacional. Si persiste el nivel de beligerancia y contestación que hoy alberga este bolsón poblacional, lo más probable es que en la primera vuelta del 2026 vote como en la segunda vuelta del 2021, es decir, cerca de un 80% a favor del candidato de izquierda radical. Allí nomás ya tiene el 15% de la votación en el bolsillo.

Si a eso se le agrega el resto del mundo andino y los bolsones crecientes de pobreza en la costa norte y la selva (un nuevo pobre es un ser amargado y antisistema en potencia), la tasa podría crecer tranquilamente a 25 o 30% de la población electoral del país. Y si recordamos que Pedro Castillo pasó a la segunda vuelta con el 9% de la votación (su 18.9% oficial es resultado de la maniobra estadística de los votos válidos), no es difícil pensar que con un porcentaje cercano al 30%, coloque no solo uno sino dos candidatos radicales (por eso es tonto que haya quienes se consuelen señalando que la izquierda radical también va a ir dividida; por lo pronto, están Antauro Humala, Guido Bellido y Aníbal Torres).

Esa identidad política radical del sur andino y del resto del país debe ser rota. Y la mejor y quizás única manera de hacerlo políticamente es haciendo campaña allí. El gobierno ayudaría si hiciese buena política económica y rápidamente redujese la pobreza aprovechando el superciclo de las materias primas, pero ya se ve que eso no va a ocurrir por la medianía de su gestión. La cancha la tienen que recorrer, solos y con la adversidad a cuestas, los propios precandidatos.

Lo que está haciendo Rafael Belaunde, recorriendo Ayacucho, Cusco, el propio Puno, es formidable y digno de imitar por quienes, ojalá, luego se integren en un gran frente centroderechista. Allí está la clave del triunfo próximo.

-La del estribo: a ver, en el teatro de la Universidad del Pacífico, Inbestia, obra dirigida por Patricia Biffi y Mariela Noles y con la actuación de Liliana Trujillo, Cecilia Monserrate y Lupe Ramos. Entradas en Joinnus y va hasta el 8 de julio. Y gracias nuevamente al club del libro de Alonso Cueto, recomiendo leer Ciudad de cristal, novela corta que forma parte de Trilogía de Nueva York, del gran Paul Auster. Un placer su lectura.

Una de las mejores noticias para el futbol peruano es la aprobación de la ley de viabilidad de los equipos profesionales de fútbol (proyecto 1137), en la comisión de Economía. Quienes quieren detenerla -Gremco y los compadres- están realmente desesperados para que no llegue a aprobarse en el Pleno del Congreso.

Puntualmente establece un régimen excepcional para lograr que los clubes puedan presentar un plan de viabilidad que garantice el pago total de su deuda concursal, tributaria y corriente, su recuperación financiera y deportiva y la protección de su patrimonio.

¿Qué se establece? Que sea la Sunat la que administre el club hasta el pago total de su deuda concursal, tributaria y corriente. Y la Sunat, mediante concurso público, nombra un administrador.

La ley complementaria establece una tabla de montos y plazos obligatorios para que exista certeza jurídica del cobro de sus acreencias a entidades públicas y privadas.

Su vigencia previa ha logrado resultadosextraordinarios. El caso de Universitario de Deportes es excepcional: viene avanzando de una manera acelerada con el pago de la deuda corriente, que incluye la tributaria a favor del Estado. Ha duplicado los ingresos del club y dejado de depender solamente de los derechos de transmisión. Debido al éxito deportivo, ahora la taquilla es su principal ingreso, batiendo sus récords de asistencia en 100 años y recaudando más de 25 millones de soles por ese concepto que el año pasado. Por esos mismos logros deportivos, el nivel de los sponsors del equipo ha aumentado en cantidad y sobre todo en rentabilidad. Las cifras de hoy son muy superiores a las de toda su historia. Hay nuevas unidades de negocio como Socio adherente que acercaron al hincha con el club y lograron ingresos nunca antes generados. Se ha modernizado totalmente el viejo estadio Lolo Fernández y levantado el coliseo Apuesta Total para sus otras disciplinas como el vóley y futsal down. Y la base de todos estos logros ha sido una nueva realidad deportiva con grandes éxitos que han despertado la ilusión de toda la familia crema que ha vuelto masivamente al estadio.

Después de un carrousel de administraciones concursales fallidas que llevaron al equipo a la quiebra económica y deportiva, la institución se ha levantado de sus cenizas para celebrar su centenario como campeón del fútbol peruano 2023 y ahora campeón del torneo Apertura 2024.

El fantasma de Gremco que llevó al equipo a sus noches más oscuras ha desaparecido por ahora gracias a la Ley 31279 y se espera que ello se consolide con la nueva ley. El Congreso no puede estar de espaldas a la realidad de millones de hinchas del fútbol.

Va en el sentido correcto la afiliación del precandidato presidencial Fernando Cillóniz en las filas del PPC y su anuncio de que ya andan buscando alianzas con otros partidos que, como ellos, promuevan la defensa democrática y el respeto a la propiedad privada.

Ese es el camino a seguir. Ha mencionado a Avanza País, Libertad Popular, Renovación Popular e, inclusive, a Fuerza Popular (aunque ha anticipado que este partido no estaría interesado), como eventuales nuevos aliados del frente.

Sería claramente un frente de derecha o centroderecha. Si, por otro lado, la gente de Lo Justo se une con Jorge Nieto y llaman a otros partidos del mismo perfil centrista podríamos arribar al proceso del 2026 con dos grandes frentes, uno de centro y otro de derecha, que ayudarían a evitar la enorme fragmentación existente y, además, considerando que la gente está harta de la politiquería, podría tener mucho arrastre electoral.

Por cierto, partidos como el Apra o Alianza para el Progreso, o candidatos como Carlos Anderson y Alfredo Barnechea, no deberían ser soslayados en estos esfuerzos de integración multipartidaria.

Es un error pensar que estos pactos serán interpretados por la ciudadanía como enjuagues politiqueros, o imposturas ideológicas. Todo lo contrario, veremos cómo su conformación atraerá atención y preferencia cívica. En otras circunstancias históricas, tal vez podrían haber sido vistos, efectivamente, como componendas ambiciosas de poder, pero en los tiempos que corren, en los que la política es percibida como un mercado fenicio, plagado de ineficiencia y corrupción, esfuerzos que impliquen desprendimiento y trabajo colaborativo, serán bien apreciados.

Lo interesante de tales pactos es que aseguran, además, que las cuotas partidarias para las candidaturas al Parlamento tengan cierto filtro (cada partido tratará de colocar a sus mejores cuadros en el elenco) y de esa manera, poder aspirar a tener una mayoría parlamentaria o provocar un escenario propicio para que una posterior ampliación de la alianza, si gana las elecciones, le permita conformar una mayoría legislativa que le facilite la tarea ejecutiva.

Mis parabienes a Fernando Cillóniz. Sea en la lid presidencial o en la congresal, su presencia supone un aporte a la política peruana y su gesto debería ser imitado.

No existe ninguna explicación racional al apoyo de Alianza Lima a la conspiración de Gremco contra la LEY DE VIABILIDAD DEL FÚTBOL PERUANO porque esta norma no los afecta ni toca para nada.

La única razón que explica este boicot es que estamos frente a la reedición de un episodio lamentable que sucedió cuando el equipo de la victoria perdió el campeonato 2023 de local en Matute precisamente con la U.

Desde fuera de las canchas, Alianza Lima está intentando hacer realidad un nuevo apagón. Le quiere apagar la luz a los grandes éxitos deportivos y administrativos de Universitario de Deportes.

Este REPORTAFUR expone claramente todo lo que hay detrás de esta movida que no tiene nada de deportiva.

De contrabando, porque no estaba así considerado previamente, en el proyecto aprobado en el Pleno que permite la reelección de gobernadores regionales y alcaldes, se ha eliminado de un plumazo la vigencia de los movimientos regionales, de modo tal de obligar a los ciudadanos a votar por partidos nacionales que no tienen arraigo o vigencia alguna en las regiones del país.

Uno de los problemas mundiales que agobia a las democracias, es su descrédito y pérdida de legitimidad, porque la ciudadanía no se siente efectivamente representada y porque resiente la distancia que se establece entre el elegido y los electores. No pasa mucho tiempo del proceso electoral y ya los índices de desaprobación suelen ser muy altos.

En el Perú, por propia decantación, sin nada que predisponga a ello, en las elecciones regionales, los llamados partidos nacionales -que en la práctica son ya partidos limeños- han perdido paulatina vigencia y surgieron movimientos endógenos que terminaron capturando la preferencia electoral del respectivo bolsón ciudadano.

Eso no es un problema. Es maravilloso para la democracia que surjan dinámicas políticas propias en cada región y se genere así paulatinamente clase política, burocracia regional y tecnocracia local. Es un gran paso a favor de la vigencia democrática y que la ciudadanía no se desencante aún más de un sistema como el democrático, que tiene, de hecho, muchas carencias, pero es el mejor sistema político conocido.

La regionalización en el país debe ser reformada radicalmente, porque es corrupta e ineficiente, pero eso no es problema de los movimientos regionales (probablemente, la situación sería peor si por obligación, sean partidos nacionales los que asuman el poder), sino de un sistema legal administrativo que lleva a ese escenario.

Los movimientos regionales deben mantenerse y ser alentados. Conectan mejor con las preferencias electorales de cada región, por lo general desalineadas de los parámetros capitalinos, y permiten que se practique el ejercicio democrático sanamente. Inclusive, con un control más eficiente de las fuentes de financiamiento de estos movimientos, podríamos arribar a un círculo virtuoso que imitaría los beneficios del federalismo en otras naciones.

En la última encuesta del IEP se pregunta, si se adelantasen las elecciones, por quién votaría el ciudadano. Un abrumador 82.4% no tiene candidato. Y entre los que tienen definido un voto, un 4.6% lo haría por el fujimorismo, encabezando, por lejos la primera opción (lo siguen Antauro con 1.5%, Pedro Castillo, con lo mismo, Vizcarra con 1.4%, López Aliaga y Hernando de Soto con 1.1% y el APRA con 1%).

Hemos planteado ya reiteradas veces que esta situación de anomia política requiere que la clase política sea capaz de proponerle al país una fórmula atractiva, potente, plural y convincente, con un buen liderazgo; en suma, un gran frente republicano, democrático y liberal.

Uno de sus primeros desafíos es, sin duda, derrotar a los candidatos radicales antisistema, que ya aparecen en las encuestas y que crecerán conforme se acerque la campaña. Pero hay otra meta política esencial y es desplazar al fujimorismo como eje referencial de la centroderecha peruana.

El fujimorismo se ha convertido en un lastre político y electoral para el país. No nos arrepentimos de haber ejercido un voto vigilante a favor de Keiko en las últimas elecciones, porque, como los hechos lo confirmaron, lo de Pedro Castillo fue un espanto, y nos hubiera ido mejor, a pesar de todo, con Keiko Fujimori en el poder.

Pero eso no soslaya que la democracia peruana requiere que ya la herencia fujimorista sea superada. Evolutivamente, el fujimorismo pudo haberse convertido en la gran fuerza liberal popular que el Perú requería, pero en lugar de evolucionar, involucionó. Su labor en el Congreso, que es la prueba ácida de su real conducta política, los deja pésimamente parados.

Sabotearon la posibilidad de apoyar a PPK y lograr un gran gobierno de derecha. Y ahora, apoyan ciegamente a una opción desprestigiada y que genera enormes pasivos, como los que supone el régimen de Dina Boluarte, y lo más importante que ha hecho el fujimorismo en el Congreso esdesplegar una serie de contrarreformas, como la de la Sunedu, que es de espanto.

El fujimorismo se ha mantenido autoritario, se ha vuelto mercantilista y, además, terriblemente conservador en temas de derechos civiles. Salvo que se subordine y acepte ser parte secundaria del gran frente propuesto, el fujimorismo no debería formar parte de esa convocatoria y, por el contrario, debe ser, desde ya, un objetivo a derrotar. El país debe evitar la trampa mortal de una segunda vuelta entre Antauro Humala y Keiko Fujimori.

Según la última encuesta de Ipsos, no descolla ningún candidato en particular para las elecciones del 2026. Ello es malo porque hace anidar en la mente de los interesados de que la cancha está libre para cualquiera y de que es posible capturar un bolsón electoral suficiente como para pasar a la segunda vuelta. Es decir, favorece la dispersión y diluye la urgencia de armar frentes.

Es bueno porque quiere decir que no hay identificaciones regionales prefijadas con los candidatos de la izquierda radical, aunque lo más probable es que el sur andino termine siendo el fiel de la balanza en ese sentido (probablemente vote en la primera vuelta del 2026 como lo hizo en la segunda vuelta del 2021).

Ojalá suceda que no baste un rostro carismático o una candidatura sorpresa de último momento, sino que la ciudadanía sea capaz de exigir una mínima agenda de gobierno, sobre todo en los aspectos más álgidos: inseguridad ciudadana y crisis económica.

Según encuesta publicada hoy en Perú21, de acuerdo a Ipsos, el 78% desaprueba al gobierno en materia de lucha contra la delincuencia. Este dato es terrible, porque, además, no se ve visos de mejora, sino, todo lo contrario, de que la situación va a empeorar. Y lo mismo sucede con el manejo de la reactivación económica, que no halla amparo en una política técnica del MEF.

Lo preocupante de discernir respecto de si ambos problemas se agudizan es que van a propender a reforzar las incursiones de los Bukele o Milei peruanos, émulos de los gobernantes salvadoreño y argentino, respectivamente.

Y no es eso lo que el Perú necesita. No requiere de candidatos monotemáticos, centrados en atender primordialmente un punto de la agenda nacional, cuando la misma comporta otros grandes desafíos que sí exigen un programa de gobierno y un gran frente democrático, liberal y republicano, para ser asumidos.

Hablamos de la corrupción, de las economías ilegales, de la reforma del sistema de justicia, del cambio de la regionalización, de la reforma del Estado, etc. No basta con reactivar la economía o enfrentar la inseguridad ciudadana.

Solo bajo esa perspectiva, de que se necesita tiempo para madurar una conformación política de esa naturaleza, podríase aceptar que es mejor que Dina Boluarte se quede hasta el 2026.

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