Lo ideal hubiera sido que se adelanten las elecciones generales para abril del 2024 o para este año, como estaba planteado, pero bajo los parámetros de una decisión congresal legítima y constitucional. Ello, lamentablemente, por la miopía y mediocridad del Congreso, no se plasmó. No es solución alterna a ese despropósito, que la presidenta renuncie para acelerar un proceso que va a acabar mal y que no va a tranquilizar a los violentistas, quienes van a ir por más.
Hoy, tal como están dadas las cosas, lo más sensato, políticamente hablando, es que el gobierno de Boluarte, cambiando radicalmente de estrategia represiva e insistiendo tozudamente en el diálogo, busque remediar el conflicto. En el peor de los casos, salvo que la situación se salga de control y allí sí obligue a rupturas políticas, resignándose a convivir con una suerte de “anarquía moderada” hasta el final de su mandato.
