El próximo Congreso va a ser determinante. Ningún partido alcanzará mayoría y necesitará de hacer pactos para lograr una relativa gobernabilidad que rompa con esta vorágine política extrapolada del convulso siglo XIX a la actualidad por obra y gracia original de un Presidente como Kuczynski, absolutamente frívolo respecto de sus responsabilidades, y un Congreso fujimorista guiado por el odio y el afán de obstrucción, que fueron incapaces de firmar un acuerdo de gobernabilidad centroderechista que hubiera cambiado el país para bien.

En estos momentos, más que la Presidencia parece más importante el voto por el Congreso. Necesitamos un mejor Legislativo que ayude al país a remontar la pavorosa crisis social, económica, sanitaria, política y moral que hoy lo asola. Un Congreso responsable, no populista, reformista, dinámico, fiscalizador. A continuación una lista personalísima de candidatos por Lima que, a mi parecer, ojalá estén presentes en el Congreso. Es una lista, por supuesto, arbitraria y se basa en el conocimiento directo e indirecto de los mencionados (pido disculpas anticipadas porque hay listas de partidos como las de Acción Popular o el Frente Amplio en las que, ignorancia mía, no conozco a nadie, y por eso no aparecen en el listado).

Victoria Nacional: Jorge Nieto, Patricia Arévalo, Jorge Chávez, Joaquín Rey, Jean Ferrari, Gonzalo Alegría; Fuerza Popular: Hernando Guerra García, Patricia Juárez, Ernesto Bustamante, Fernando Rospigliosi,  Amador Merino Reyna; Juntos por el Perú: Arturo Ayala, Sergio Tejada, Sigrid Bazán, Marité Bustamante, Carlos Glave, Roberto Rodríguez Rabanal, Lucía Alvites; Podemos Perú: Carlos Anderson.

Avanza País: José Williams, Adriana Tudela, María Teresa Dulanto, Diego Uceda, Alejandro Cavero; Partido Morado: Susel Paredes, Rodolfo Pérez, Flor Pablo, Edward Málaga, Carlos Magno Salcedo, Ursula Moscoso, Patricia Gamarra; Alianza para el Progreso: Gladys Echaíz, Roberto Chiabra, Daniel Abugattás, Germán Leguía; Renovación Popular: Jorge Montoya; Perú Patria Segura: Elizabeth Zea; Partido Nacionalista: Wilfredo Pedraza, Alberto Otárola; PPC: Pablo Secada.

A partir del 2021 se va a necesitar firmar pactos de gobierno, que incluyan participación de diversas agrupaciones en determinados sectores del gobierno. Similares al pacto AP-PPC del 80 al 85, donde las carteras de Industria y Justicia eran del partido socialcristiano, o al de Perú Posible con el FIM donde la cartera de Justicia era para la agrupación de Fernando Olivera. Para ello se va a requerir de congresistas capaces de consensuar o de disentir, pero con solvencia profesional y tolerancia democrática

Preocupan las ideas económicas de Yonhy Lescano. Más aún si, como parece, va a pasar a la segunda vuelta y probablemente pueda ser nuestro próximo Presidente.

Ha dicho que va a crear cinco millones de empleos en base a pura inversión pública. Como bien ha señalado el economista Iván Alonso, ello supondría gastar 75 mil millones de soles al año, es decir la mitad del Presupuesto de la República. Un claro despropósito cognitivo.

Ha señalado que las empresas mineras no pueden ser propietarias del recurso una vez extraído del subsuelo.  Craso error. Más bien, se debe entregar a los privados (lo que incluye a las comunidades nativas), la propiedad del suelo y del subsuelo. De eso se trata, de ir en sentido contrario a lo que sugieren las pautas estatistas. Así, además, se haría justicia a los pobres, que recibirían un justo precio por las riquezas que anidan bajo sus propiedades.

Ha insistido en que el BCR regule las tasas de interés bancarias. En principio, no es verdad que sean las más altas de la región. Pero, además, si se interviene coactivamente el mercado, se va a generar informalidad o lo que es peor escasez de créditos. La solución es abrir más el mercado y que haya más competencia, no de fijar precios.

Ha reiterado que el agua no se puede privatizar porque es un derecho humano. Justamente si consideramos que lo es y queremos garantizarlo, se necesita que no sea el Estado ineficiente y administrativamente corrupto el que maneje tan esencial servicio. Debe ser el sector privado, con las correctas regulaciones, como corresponde a un servicio que por su propia naturaleza tiene que ser monopólico (no puede haber dos o más redes de agua y desagua en una ciudad).

Ha sugerido la creación de una línea aérea de bandera. Es un despropósito mayor. Es crear un forado fiscal inevitable y un antro de corrupción, como ocurre en todas las empresas estatales del sector en el mundo. Y proponer ello, cuando la aviación comercial transita por la peor crisis de su historia es casi delusivo.

Lescano es claramente un populista del centro izquierda. Yo no dudo de sus buenas intenciones y comparto su mirada crítica de los grupos de poder mercantilistas en el país, pero haría bien en entender que la mejor forma de enfrentarlos es con libre mercado competitivo, no con más Estado, de cuya nefasta experiencia empresarial tenemos sobrados ejemplos.

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Elecciones 2021, Yonhy Lescano

En el Perú ocurren 70 millones de actos médicos (atenciones, cirugías, consultas, etc.) al año, de los cuales 50 millones son públicos, es decir que transitan por alguna entidad estatal. Eso supone casi 140 mil actos médicos diarios.

Considerando una natural repitencia, es factible estimar que cerca de 20 millones de ciudadanos peruanos acude todos los años, en diversas instancias, a atenderse a alguna entidad del sistema público de salud.

Más allá de la actual situación crítica de la pandemia, ya antes de ello era moralmente inadmisible el sistema de atención, el maltrato individual y la indigna cobertura que recibían estos conciudadanos por parte del Estado.

Estoy convencido de que gran parte del malestar e irritación con el sistema existente en el país proviene del pésimo sistema de salud pública nacional. El acto médico supone un grado de indefensión del paciente y en esas circunstancias recibir el inhumano tratamiento que se prodiga del ente estatal es una cachetada a la integración simbólica con el sistema.

Por eso no deja de sorprender la miserable indolencia con la que todos los gobiernos últimos, sin excepción, han tratado al sector Salud. Es la Cenicienta presupuestal y se ha permitido que sea capturado por mafias sindicales y médicas que medran del miserable presupuesto que los gobiernos le asignan.

Más escandaloso aún es que no se escuche de parte de los principales candidatos una propuesta cabal sobre cómo reformar el sector, una reforma que se requiere a gritos. Con suerte algo se ha hecho en materia educativa, también, con remiendos, en materia electoral y judicial, pero en un sector que es vital no solo por sus consecuencias vitales sino esencial a la existencia de un Estado inclusivo y democrático, casi no hay líneas ni propuestas.

La salud pública, gratuita y universal, es una condición mínima necesaria para que el proyecto de construir una república en el Perú cuaje. El día que a un pobre lo atiendan con la misma diligencia que a un asegurado privado en una clínica particular, este país tendrá algo de viabilidad social y ciudadana.

Es una exigencia que la prensa y la ciudadanía le debe plantear a los candidatos. Superada la pandemia no podemos seguir coexistiendo con esa maquinaria de exclusión ciudadana que es el sistema de salud pública en el Perú.

La Fiscalía está siendo demasiado acomedida en el tratamiento e investigación que ha iniciado respecto del caso vacunagate. Acá el delito mayor no es haberse coludido para recibir indebidamente una vacuna, a expensas de la angustia de millones de peruanos que con más derecho que los beneficiarios esperan recibirla lo antes posible.

La hipótesis de trabajo con la que la Fiscalía debe trabajar es de que estamos frente a un colosal soborno, del cual fue parte mínima este lote de vacunas de “cortesía”. Hay demasiado indicios de que se dejó caer negociaciones con otros laboratorios para favorecer a Sinopharm, empresa estatal china que como tal debe estar acostumbrada a todo tipo de trasiegos (así funcionan las empresas chinas en el mundo).

En esa medida, debe incluirse en todos los rigores fiscales a las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete (no se entiende por qué la Procuradoría las ha excluido del pedido de detención preliminar) y, por supuesto, al expresidente Martín Vizcarra, principal sostenedor del contrato con la empresa china.

De paso, haría bien el gobierno peruano en solicitar diplomáticamente a la embajada china su lista de beneficiarios. Puede usarse como instrumento de negociación y el gobierno chino, como su propia comunidad en el Perú lo ha señalado, haría bien en despercurdirse de las sospechas que en estos momentos recaen sobre ellos.

El gobierno, por su parte, a ver si de una vez por todas aprende a comunicar las cosas con claridad. Primero menciona una segunda lista, luego de que no hay tal; después anuncia el ingreso de privados a la comercialización de vacunas, luego se desdice. En ese trance, no sólo se percibe un régimen confundido sino uno cuyo carácter dubitativo parecería deberse a algún grado de involucramiento con la salvajada ética y penal de la que el país ha sido testigo.

Que no nos ocurra una vez más en nuestra historia que el latrocinio sale bien librado. Ya es una vergüenza lo ocurrido. Lo sería doblemente que se tienda un manto de impunidad sobre los miserables que han mancillado a la patria.

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Elecciones 2021

Luego de superar la pandemia, cuando se haya completado un mínimo plan de vacunación que la aminore, recién se podrá ver una luz al final del túnel de la recesión económica que las rígidas cuarentenas han producido (sigo pensando que han sido excesivas: no hay ningún vector que correlacione cuarentenas más estrictas con disminución de los contagios y muertes).

Cuando ese momento llegue, lo que el Perú va a necesitar no es de bonos, asistencia estatal o créditos subsidiados. Lo que se va a requerir a gritos es un shock de inversiones privadas, solo posible si desde el gobierno se destraban los nudos mercantilistas que afectan la libre competencia, se desregula el mercado laboral, se achica el Estado a lo mínimo indispensable y se sacan adelante megaproyectos diversos (entre ellos los mineros).

Un gobierno pichicatero de la inversión fue el de Alan García y a pesar de no ser uno promercado, disparó la inversión privada y eso generó la mayor reducción de pobreza de nuestra historia. Y si bien es cierto que contribuyó a ello el alto precio de los minerales, ese fenómeno está volviendo a ocurrir y debemos aprovecharlo.

Solo con un shock capitalista será posible construir un Estado capaz de brindar salud pública decente, educación pública competitiva, grados de seguridad ciudadana mínimos y un sistema de justicia confiable. Porque para ello se necesita recursos sinfín. Lo que el Perú necesita es un Estado chico con un presupuesto grande para poder incrementar las inversiones públicas donde es urgente y necesario.

La crisis pandémica no conduce al fin del “modelo neoliberal”, como gusta de llamarlo nuestra izquierda. Lo que hemos vivido estos últimos treinta años es un capitalismo mercantilista que aún a pesar de no haber sido liberal ha generado niveles de reducción de la pobreza y de la desigualdad inéditos en nuestra historia. Si hubiésemos tenido una economía liberal competitiva, ese crecimiento hubiera sido superlativamente mayor.

La única manera de que el Perú recupere su peso histórico en la región (como el que tuvo en la época prehispánica o en la colonia) es volviéndose una pequeña potencia capitalista, con altos grados de libertad económica y un Estado capaz de asegurar una mínima equidad social entre sus ciudadanos, haciendo a todos partícipes del desarrollo.

Si Hernando de Soto no se libera del empaquetado marketero que alguien le debe haber impuesto, va a quedar no solo congelado en la baja intención de voto que actualmente muestra sino que va a ser prontamente superado por alguien como Rafael López Aliaga, quien viene en alza, con un estilo desenfadado.

De Soto tiene los suficientes pergaminos académicos y políticos como para ser la estrella intelectual en el firmamento electoral que hoy nos toca en suerte. Es, además, y por ello se le reconoce mundialmente, una mente innovadora, capaz de ver una solución en medio de la oscuridad.

Cuando presentó a sus primeros colaboradores insinuaba una candidatura disruptiva de derecha, desde una perspectiva liberal y social potente. Pero algo ha pasado en el camino que su estrella se ha ido apagando.

Como comentábamos en nuestra columna de ayer, el asco ciudadano por el escándalo vacunagate va a tener secuelas electorales. La gente va a ir a votar de muy malhumor, por más que el gobierno acelere la llegada de las vacunas o el Congreso no siga cometiendo trastadas populistas o desastres políticos (como querer bajarse la Mesa Directiva).

En tales circunstancias, las posturas de centro o moderadas saldrán sobrando. La ciudadanía va a buscar posturas fuertes, claras, definidas, rupturistas, capaces de convocar la sensación de que se va a cambiar el statu quo.

Por ello, hace mal De Soto mediatizándose, tanto en su mensaje ideológico como en su estrategia de campaña. El autor de El misterio del capital y coautor de El otro sendero, es liberal, de derecha liberal. Se ve como una impostura que trate de morigerar sus planteamientos en el vano afán de conquistar un centro cada vez más diluido.

Estas elecciones se van a polarizar y se van a mover mucho respecto de la actual lista de intenciones electorales. Solo un 18% ha definido ya su voto, según Datum. Los indecisos, tan irritados como toda la ciudadanía por el espectáculo oprobioso que estamos viviendo con las vacunas VIP, buscará a quien mejor exprese su malestar. Y eso pasa por alguien que le prometa cambiar las cosas, no quien sea percibido como más de lo mismo. De Soto está a tiempo de despercudirse.

Si ya resultaban imprevisibles las elecciones de este año, dada la cercanía estadística que muestran muchos candidatos (la última encuesta de Datum corrobora las de CPI, Ipsos e IEP, respecto de la caída de Forsyth y la subida de Lescano, además del aproximamiento de Keiko Fujimori, Verónika Mendoza y Daniel Urresti), el escándalo moral y político provocado por el vacunagate seguramente va a modificar el tablero dispuesto hasta hoy.

El grado de asco ciudadano es de tal magnitud que puede trastocar el escenario, dando pie a la aparición de nuevos protagonistas electorales. De por sí, hay un inmenso bolsón ciudadano que no sabe aún por quién votar. Según la referida medición de Datum, solo un 18% ha decidido ya su voto. El margen para algún aluvión electoral de última hora es bastante alto y estamos aún a dos meses de la elección, lo que en el Perú es larguísimo plazo.

Lo terrible es que una circunstancia psicosocial de descalabro moral conduce casi por un tubo a fórmulas radicales, sea de izquierda o de derecha (López Aliaga sube de 1 a 3% en el último mes: ¡ojo!), lo que en términos políticos supondría para el Perú el peor de los escenarios en las circunstancias actuales. Se incendiaría un país ya de por sí convulsionado.

Gran responsabilidad en evitar que algo semejante ocurra la tiene el Ejecutivo, que deberá librar todas las batallas para que el escándalo de las vacunas derive en acciones punitivas rápidas y sanciones a todos los implicados. Deben activarse todos los resortes institucionales que permitan conocer, por ejemplo, la integridad de las listas del oprobio (en la que hay muy pocas excepciones que pueden salir bien librados) y diluir la sensación ciudadana de que se está protegiendo a poderosos.

Igual grado de responsabilidad tiene la clase política formal, por llamarla de alguna manera. Julio Guzmán no es ya rival electoral. Está de caída, al parecer de modo irreversible. Mal hace la claque congresal en atizar flamígeramente el verbo en contra del gobierno, creyendo cosechar indirectamente al afectar a un presunto competidor, cuando lo que está haciendo con ello es allanar el camino para que aparezcan radicales en la carrera electoral.

En principio, no se ven con optimismo los cinco años venideros. Nos asomamos a una crisis económica prolongada, de difícil y lenta recuperación, a lo que se suma una crisis política que generará un Congreso hiperfragmentado y casi ingobernable. Si a ello le agregamos opciones excéntricas y disruptivas, el panorama ya no solo sería sombrío sino que podría ser apocalíptico.

Respecto del escándalo de las vacunas vip, llama la atención la poca diligencia de la Fiscalía. En un comunicado firmado por Zoraida Ávalos, señala que ha solicitado a la universidad Cayetano Heredia y al Instituto Nacional de Salud que remitan informes sobre lo actuado. Dada la magnitud del oprobio, la Fiscalía de la Nación debió allanar e inmovilizar los documentos. Las diligencias iniciales son urgentes y deben asegurar los elementos probatorios, que pueden ser alterados.

A estas alturas del partido, es dable sospechar que pueden estar ocultándose pruebas y documentos comprometedores, que pondrían en mayor evidencia el desaguisado cometido. Y, por cierto, se espera que los 487 de la lista del oprobio sean todos citados con urgencia a declarar para entender el trasiego que explica su privilegio.

Las respuestas del doctor Germán Málaga, director de ensayos clínicos de la universidad Cayetano Heredia, ante el Congreso no han sido satisfactorias. Por lo pronto, si la universidad mencionada quiere dejar incólume su bien ganado prestigio debería proceder a despedirlo en el acto (ojo que también están a su cargo las pruebas de la vacuna alemana Curevac que ya se están testeando en el país) y las autoridades vacunadas renunciar. Las faltas deontológicas son terribles y habrá que determinar si no comportan también ilícitos penales, ya que, de alguna manera, se trata de uso de recursos públicos (la investigación está avalada por el Estado peruano).

Queda mucho por investigar. Por ejemplo, sobre las 600 dosis completas que fueron a parar a la embajada china, que haría bien en revelar sus destinatarios, y las cerca de 500 también completas que aún obran en poder de la Cayetano, sobre las que resulta difícil pensar que están guardadas en algún depósito, a las que se suman las de la universidad San Marcos, por más que ésta haya declarado que se utilizaron exclusivamente para personal investigatorio (sería bueno que también haga pública su lista).

El escándalo moral es terrible y horada la credibilidad ciudadana frente a instituciones y personas. El daño que se le ha hecho a la lucha contra la pandemia es terrible y los responsables de ello deben pagar por sus inconductas.

Es una mezcla de indignación y de vergüenza lo que produce saber que ha habido ciudadanos peruanos que aprovecharon su posición de poder para beneficiarse de un bien escaso y preciado como la vacuna contra el covid 19, entre ellos el expresidente Vizcarra.

Indignación porque naturalmente subleva que en medio de circunstancias en las que miles de peruanos están expuestos al virus por su trabajo (médicos, policías, etc.) o por condiciones socioeconómicas (los más pobres del país), haya habido quienes, en culposo secreto, decidieron ponerse a salvo sin que les importe si su función social era primordial: simplemente los amparó tener el nexo con el poder o el contacto político para hacerlo.

Vergüenza porque una vez más en nuestra historia se demuestra que hay peruanos a los que el sentido de Patria les importa poco o nada. La lista del oprobio (de la que hay que descontar al personal médico partícipe de la investigación, por cierto) está conformada por la misma estirpe de quienes durante las luchas contra el dominio español se alineaban con la monarquía y combatían a los independentistas, o de quienes en plena guerra con Chile negaban desde el Congreso los impuestos que Grau y otros hombres de uniforme clamaban para enfrentar al enemigo en relativa igualdad de condiciones.

No sé si quepa alguna responsabilidad penal en estas personas. Ojalá que sí. Ojalá que sufran carcelería por la indignidad que han cometido. Pero si no cupiese alguna falta legal, pues que se activen todas las sanciones políticas y sociales posibles. Lo que han hecho bordea la traición a la patria.

El presidente Sagasti ha prometido una investigación sumaria. Lo primero es conocer la lista completa de estos vacunados vip. Lo segundo es hallar a los responsables de haber armado la lista. Lo tercero es apartar del Estado a todo aquél que fue partícipe directa o indirectamente. Finalmente, poner a disposición de las autoridades judiciales para que determinen si hay responsabilidad penal.

Si el Ejecutivo no actúa con prontitud, diligencia y plena transparencia, su propia estabilidad está en juego. No puede caber el menor ápice de consideración o cálculo respecto de las drásticas decisiones que corresponde tomar.

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