Resulta extraño, por cierto, que las entidades que fiscalizan este tipo de contrataciones guarden un silencio cómplice respecto a un evidente sobrecosto en el servicio. El pago mensual que realiza la PNP al actual proveedor (Bitel), que contrató en forma directa por desabastecimiento, supera los 10 millones soles. El servicio del proveedor anterior apenas superaba los 4 millones de soles por mes. No existió ninguna mejora tecnológica ni logística que lo justifique.
La modalidad de direccionamiento en esta contratación 2025 repite el mismo recurso de la contratación directa 2024. Un estudio de mercado que deja de lado a Telefónica del Perú (inhabilitada) y a Claro (no respondiendo sus consultas técnicas), y poniendo a una empresa de fachada (Global Fiber) que claramente no cumpliría los requisitos de ciberseguridad exigidos, quedando Bitel como único postor habilitado. Una simulación de competencia que no existe. Pero nadie dice nada al respecto. Nuestras fuentes revelan que existen manos oscuras moviendo los mismos hilos en el Ministerio de Educación y en Corpac, temas que seguiremos investigando.
¿Por qué las instancias de control interno de la PNP no dicen nada? ¿Por qué la Oficina de Control Institucional y la Dirección de Tecnología guardan silencio tras meses de advertencias? ¿Por qué la Contraloría no interviene ni actúa? El gobierno debe tomar cartas en el asunto de inmediato y detener un proceso que tendría claros vicios de origen.
Los grandes afectados siempre serán los ciudadanos. No podemos permitir que el erario asuma el pago de estos sobrecostos, y mucho menos que la seguridad de nuestros datos de inteligencia esté a merced de las organizaciones criminales. Detengamos este proceso de contratación cuanto antes, y evitemos una situación de vulnerabilidad que promueva más filtraciones de información confidencial. Los funcionarios que resulten involucrados deberán recibir todo el peso de la ley por conductas que lindan con una criminalidad de Estado. La seguridad ciudadana no se negocia.
