Informes

El último discurso eterno

Por: 29.07.2025

[INFORME] Luego de más de cuatro horas de discurso, los integrantes del Ejecutivo salen en defensa de Dina Boluarte. Mientras tanto, diversas voces manifiestan su descontento con el contenido del mensaje presidencial y hasta se realizan protestas en el centro de Lima.

Este lunes, Dina Boluarte se paró por última vez frente a un micrófono en el Congreso para dar su último mensaje a la Nación por 28 de julio. Durante más de cuatro horas, más precisamente cuatro horas con diez minutos, la mandataria brindó un discurso plagado de elogios a ella misma e interrumpido por cuestionamientos de sus opositores que tuvo como escenario un hemiciclo que terminó la jornada con una muy reducida cantidad de asistentes.

UNIDOS HASTA EL FINAL

Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros, fue uno de los integrantes del Ejecutivo que se pronunció tras el discurso de la presidenta Boluarte. En declaraciones a Canal N, Arana pidió “no hay que quedarnos en la anécdota” en referencia a las interrupciones que tuvieron lugar por parte de legisladores críticos con Boluarte y calificó esta situación como “parte de un show mediático”.

Pese a las numerosas críticas que recibió la presidenta por la duración de su discurso, el premier valoró este mensaje a la Nación alegando que “tiene importancia filosófica, social, política, económica y esperanzador”. Finalmente, Arana descartó cambios en el gabinete y calificó el trabajo de sus ministros como “una tarea titánica”.

Por otro lado, y aunque su bancada ha señalado en numerosas oportunidades que no respaldan a Dina Boluarte, el congresista fujimorista Víctor Flores salió en defensa de su último mensaje por 28 de julo. “Me parece no tan flojo, porque también ha dado resultados económicos importantes”, señaló el integrante de Fuerza Popular.

Otro de los integrantes del Ejecutivo que se manifestó fue el canciller, Elmer Schialer, quien justificó la duración del discurso alegando que “tenía que hacer un recuento de todo lo que se ha hecho en este gobierno”. Ante el cuestionamiento por la falta de autocrítica, Schialer agregó que “este es un discurso propositivo de aquellas cosas que se han hecho y se deben hacer”.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, también dialogó con los medios sobre el extenso mensaje presidencial. “El discurso ha estado estructurado para que el Perú conozca todo lo que se ha hecho en el gobierno de la presidenta Boluarte”, fueron sus palabras a Canal N sobre este evento.

NO ERA LO QUE ESPERABAN

La congresista Katy Ugarte fue una de las voces que manifestó su disconformidad con las palabras de la presidenta Boluarte. “No hemos escuchado algo concreto. Un gobierno que no tiene una posición clara para luchar contra la inseguridad ciudadana, que es un problema álgido en el país, prácticamente es como darle la espalda al pueblo”, cuestionó la parlamentaria.

Sigrid Bazán fue otra de las congresistas críticas con el gobierno que expresó su postura crítica con lo expresado durante el mensaje de más de cuatro horas. “No es más que un intento desesperado por lavarse la cara frente a un país que no le cree”, escribió la parlamentaria de izquierda en sus redes y acusó la presidenta señalando que “tergiversa la realidad y se victimiza”.

Quien se pronunció en sus redes sociales fue Vladimir Cerrón, líder del partido que llevó a Dina Boluarte en la misma fórmula presidencial que Pedro Castillo, e indicó que “el Perú es un país sin rumbo”. Desde la clandestinidad, el fundador de Perú Libre señaló que “se necesita una revolución social”.

Además, mientras la presidenta Boluarte se dirigía al país desde el Congreso, en la Plaza 2 de Mayo un grupo numeroso se manifestaba en contra del gobierno, exigiendo justicia y en solidaridad con las víctimas que perdieron la vida durante las protestas de finales del año 2022 e inicios del 2023.

Parada Militar del 29 de julio volverá a cerrar la avenida Brasil: vecinos y conductores se preparan para otra jornada de caos

Por: 27.07.2025

[INFORME] Este lunes 29 de julio, la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar volverá a tomar el centro de atención en la capital con motivo del 204 aniversario de la independencia del Perú. La ceremonia, organizada por el Ministerio de Defensa, se llevará a cabo en la avenida Brasil, en el tramo comprendido entre las avenidas 28 de Julio y Javier Prado. Se espera la participación de miles de efectivos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, delegaciones civiles y escolares, además de autoridades del Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Como ya es tradición, el evento será encabezado por la presidenta de la República, Dina Boluarte, acompañada por miembros de su gabinete y altos mandos militares. El desfile arrancará a partir de las 9:00 a.m. y se prevé que se extienda hasta el mediodía. A lo largo de la avenida se han instalado tribunas y zonas especiales de seguridad que albergarán a más de 18 mil personas, entre asistentes e invitados.

Pero mientras el país se alista para presenciar uno de los actos más representativos del calendario patrio, los vecinos de Jesús María, Breña, Pueblo Libre y zonas aledañas ya sienten los efectos colaterales de esta celebración. Desde el 15 de julio, las vías auxiliares de la avenida Brasil han sido cerradas parcialmente para permitir el armado de estructuras, torres de vigilancia, pantallas y graderías. El cierre total de la avenida se ejecutará desde las 00:00 horas del lunes 29 de julio, y se mantendrá hasta la tarde, una vez culminadas las labores de desmontaje y limpieza.

La Municipalidad de Lima ha anunciado un plan de desvíos que permitirá a los vehículos circular por rutas alternas. En dirección norte a sur, los conductores deberán tomar avenidas como Alfonso Ugarte, Venezuela, Tingo María, San Martín, Sucre e Independencia. En sentido contrario, las rutas sugeridas incluyen Salaverry, Ejército, Washington y Uruguay. Sin embargo, en la práctica, el flujo vehicular ya ha comenzado a resentirse.

En los últimos días, se han registrado serios embotellamientos en varias de estas vías alternas, especialmente en horas punta. Conductores que transitan por la zona han señalado que el tráfico ha empeorado y que, en algunos tramos, el avance es de apenas una cuadra cada diez o quince minutos. “Esto pasa todos los años, pero esta vez ni siquiera han señalizado bien. Uno se entera del cierre cuando ya está atrapado en el tráfico”, comentó Manuel Villalobos, taxista de Jesús María.

Los vecinos también han expresado su malestar. Algunos aseguran que no han recibido información clara ni con la anticipación suficiente para reorganizar su movilidad. “Yo tengo que llevar a mi mamá a su tratamiento médico el lunes temprano, pero con la avenida cerrada y los desvíos, no sé cómo vamos a llegar. No todos pueden caminar diez cuadras para cruzar”, dijo Rosa Fernández, residente de la cuadra 20 de Brasil.

El impacto también alcanza al comercio local. Tiendas, panaderías, farmacias y pequeños negocios han reportado una baja en sus ventas en las últimas dos semanas. Varios proveedores han tenido que cambiar sus horarios de reparto o evitar del todo ingresar a la zona. “La gente no pasa como antes, y muchos se van por otras avenidas. A nosotros sí nos afecta”, señaló la encargada de una bodega en Pueblo Libre.

Desde la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) también se ha informado que varias rutas de transporte público modificarán su recorrido durante el 29 de julio. El corredor morado (ruta 404) y el servicio AeroDirecto Sur desviarán su trayecto por avenidas como Bolívar, Sucre, Salaverry y Paseo de la República, afectando a cientos de usuarios que deberán buscar paraderos alternos. La ATU ha pedido a los pasajeros planificar con anticipación sus desplazamientos y tomar previsiones ante el cierre completo de la vía.

A pesar de las críticas, desde el municipio y el Ejecutivo defienden la organización del desfile como un acto simbólico que fortalece la identidad nacional. “Entendemos las molestias, pero este evento tiene un valor institucional muy importante. Hay un despliegue técnico y logístico enorme para que se desarrolle con orden y seguridad”, indicó Arnaldo Armas, gerente de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Lima.

Sin embargo, especialistas en gestión urbana han advertido que la ciudad no puede seguir repitiendo el mismo esquema todos los años sin mejoras reales en planificación. “No se trata de impedir la Parada Militar, sino de asumirla con responsabilidad urbana. Si sabemos que habrá un cierre prolongado, entonces hay que informar mejor, coordinar con el transporte público, señalizar con tiempo y evitar improvisaciones”, afirmó Luis Carpio, urbanista consultado por medios locales.

El desfile del 29 de julio será transmitido en vivo por los principales canales de televisión y contará con una importante cobertura mediática. Para muchos, será una oportunidad para celebrar la historia del país y reconocer la labor de las Fuerzas Armadas. Pero para otros, será también una nueva jornada de rutas cerradas, embotellamientos interminables y una ciudad colapsada por falta de previsión.

Lo cierto es que la Gran Parada Militar se ha convertido no solo en un símbolo patrio, sino en una prueba de fuego para la capacidad de organización de las autoridades locales. Si este año no se toman medidas efectivas para mitigar el impacto urbano del evento, difícilmente cambiará la percepción de que, más que una fiesta nacional, se trata de una molestia anual que Lima simplemente debe aguantar.

José Jerí fue elegido presidente del Congreso con 79 votos y cuestionamientos pendientes

Por: 26.07.2025
[INFORME] El sábado 26 de julio, el Congreso de la República eligió a su nueva Mesa Directiva para el periodo legislativo 2025-2026. En una sesión plenaria presencial y mediante voto secreto, la lista número 1, encabezada por el congresista para Lima, José Enrique Jerí Oré, de la bancada de Somos Perú, se impuso con 79 votos, superando ampliamente el mínimo requerido y dejando sin opción a la lista liderada por el almirante José Cueto Aservi.

La fórmula ganadora estuvo respaldada por Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Acción Popular y el propio grupo de Jerí, una coalición que unió a bancadas tradicionalmente enfrentadas, consolidando una mayoría capaz de controlar la conducción parlamentaria. Junto al nuevo presidente del Legislativo fueron elegidos Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) como primer vicepresidente, Waldemar Cerrón (Perú Libre) como segundo vicepresidente e Ilich López (Acción Popular) como tercer vicepresidente.

La elección no estuvo exenta de críticas. José Jerí enfrenta una denuncia por presunta violación sexual, una investigación por enriquecimiento ilícito y cuestionamientos por haber cobrado sesiones sin sustento cuando presidía la Comisión de Presupuesto. Pese a ello, la Comisión de Ética del Congreso decidió no abrir una investigación preliminar en su contra, lo que fue interpretado por diversos sectores como un acto de blindaje. Esta decisión fue tomada con el apoyo de congresistas de las mismas bancadas que hoy integran la Mesa Directiva.

El triunfo de Jerí se produjo sin que su lista presentara una propuesta legislativa clara o un discurso de fondo sobre el futuro del Parlamento. La elección se centró en la negociación de respaldos internos más que en compromisos frente a la ciudadanía. En contraste, la lista encabezada por Cueto, respaldada por Honor y Democracia y Podemos Perú, había prometido una gestión sin “blindajes” y con énfasis en el control político y la reforma de la bicameralidad, pero no logró los votos suficientes.

La nueva Mesa inicia funciones en un contexto de profunda desconfianza hacia el Congreso. Con una desaprobación sostenida en las encuestas, la ciudadanía reclama una conducción más ética, transparente y conectada con sus demandas. Sin embargo, la elección del sábado fue leída por analistas y medios como una señal de continuidad, más que de cambio. Se renovaron los nombres, pero no necesariamente las prácticas.

El Congreso comienza una nueva legislatura con el reto de recuperar su legitimidad. La elección de Jerí y su equipo, lejos de calmar las aguas, plantea más preguntas que respuestas. En un Parlamento que ha perdido credibilidad, esta nueva conducción deberá demostrar que está dispuesta a gobernar más allá de las cuotas partidarias y los acuerdos de conveniencia. Si no lo hace, corre el riesgo de profundizar aún más el distanciamiento entre la representación política y la ciudadanía.

 

 

LA DEFENSORÍA EN SU HORA MÁS CRÍTICA

Por: 26.07.2025

[INFORME] El titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, se fue abucheado de un evento en Puno y ahora se encuentra cuestionado por sus propios trabajadores que denuncian el “debilitamiento de nuestra institución”.

Esta semana podría catalogarse, sin lugar a dudas, como una de las más complicadas para Josué Gutiérrez desde que fue nombrado para estar al frente de la Defensoría del Pueblo en mayo del 2023. El abogado fue cuestionado desde diferentes frentes que tienen en común la disconformidad con el trabajo que viene realizando.

VISITANTE NO GRATO

Durante esta semana se llevó a cabo una actividad en Puno organizada por la Defensoría del Pueblo y que reuniría a diversos representantes del Consejo de Autoridades Originarias. Sin embargo, lo que aparentemente iba a ser una jornada de capacitación, tal como señalaron los asistentes, terminó en un momento de gran tensión.

Según relataron los testigos, el evento se iba a enfocar en la jornada de capacitación y no se había advertido que Josué Gutiérrez asistiría. Al notar su presencia, los asistentes no dudaron en hacer sentir su molestia e incluso, como se puede apreciar en el siguiente video, impidieron que Gutiérrez Cóndor pueda dar el discurso de inauguración y lo invitaron a retirarse.

“Usted defiende a los asesinos, a Dina Boluarte y al Congreso” y “el Perú está de luto” fueron algunos de los reproches que recibió el titular de la Defensoría del Pueblo mientras se encontraba en el escenario del Teatro Nacional de Puno. Además, los asistentes alegaron haber sido engañados. “Esto es una artimaña para legitimar su presencia en Puno”, fueron algunas de las declaraciones recogidas por el diario La República y agregaron que “en la Amazonía le han quitado los abogados a los defensores ambientales y ¿qué ha dicho la Defensoría del Pueblo? Nada”.

Tras este episodio, Josué Gutiérrez indicó, en declaraciones a Radio Juliaca, que “la Defensoría tiene mucha legitimidad y mi persona también” y sobre los abucheos recibidos dijo que “esto no es casualidad, probablemente se han organizado antes”. También hizo mención al papel de la Defensoría en las protestas y explicó que “si no lo quieren valorar, yo no voy a entrar ahí porque parece que estamos más en un caldo de carácter político”.

HABLAN SUS TRABAJADORES

Pero las críticas a Josué Gutiérrez también provienen de sus propios trabajadores de la Defensoría del Pueblo. En las últimas horas se hizo público el pronunciamiento del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo en el cual advierten que la gestión de Gutiérrez “se aleja de los sectores más vulnerables y opta por una gestión con un evidente sesgo político”.

Los trabajadores de la Defensoría alegan estar siendo testigos del “debilitamiento de nuestra institución” y denuncian que están obligando a renunciar a los jefes de diversos programas y se está gestando un nuevo reglamento interno de trabajo que presentaría serias irregularidades en perjuicio de sus trabajadores.

El exdefensor del Pueblo, Walter Albán, cuestionó al Congreso por haber designado a Gutiérrez para conducir los destinos de la Defensoría del Pueblo debido a que “no tenía ninguna calificación para el cargo”. Albán advirtió que es posible que la situación vivida en Puno se podría replicar en diversos puntos del país debido a que las muertes a finales del año 2022 son “una herida abierta en el sur andino”. El abogado también cuestionó la postura cómplice de Josué Gutiérrez con las leyes de amnistía impulsadas desde el Legislativo.

Esta semana Gutiérrez también recibió duros cuestionamientos por haber pasado por alto la sentencia contra Gino Ríos, presidente de la Junta Nacional de Justicia, y justificar esta decisión señalando que no se hicieron preguntas al respecto “por decoro”. Como se recuerda, el titular de la Defensoría del Pueblo integró la comisión especial a cargo de la designación de los miembros de la JNJ.

La fuga de Jorge Cuba

Por: 25.07.2025

[INFORME] En horas de la tarde del día jueves se conoció que el Poder Judicial dictó veintiún años y ocho meses de prisión para Jorge Cuba Hidalgo, quien fue viceministro de Comunicaciones durante el segundo gobierno de Alan García. Esta sentencia en contra del exfuncionario aprista se debió a que fue encontrado culpable de otorgar de forma ilícita la adjudicación de la construcción de los primeros tramos del Metro de Lima a la empresa Odebrecht.

Cuba Hidalgo fue hallado culpable por el delito de lavado de activos al haber recibido más de ocho millones de dólares en forma de sobornos que se manejaron mediante cuentas offshore en el extranjero. Junto con el exviceministro, Mariella Huerta y Edwin Luyo, quienes también eran funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, recibieron la misma condena.

DEJARON LA PUERTA ABIERTA

Pero la noticia más impactante con respecto a este caso no fue precisamente la condena sino la información que se conoció horas antes. Tal como se puede observar en el siguiente certificado de movimiento migratorio obtenido por el diario El Comercio, Jorge Cuba Hidalgo abandonó el país el pasado domingo 20 de julio, cuatro días antes de conocer su sentencia.

Sin embargo, este desenlace podría haber sido evitado. Hasta hace algunos meses atrás, tanto el exviceministro aprista como los otros funcionarios del MTC, tenían vigente el impedimento de salida del país. Esta situación cambió debido a que, recientemente, el Congreso modificó la Ley del Crimen Organizado y recortó el tiempo que se podía aplicar el impedimento de salida del país y, como consecuencia, el requerimiento fue declarado improcedente.


¿OTRA VEZ EL CONGRESO?

En declaraciones a los medios de comunicación, el fiscal José Domingo Pérez fue enfático al responsabilizar al Legislativo por la fuga de Cuba Hidalgo. “El Congreso de la República ha dictado una ley que ha modificado que los jueces no puedan ampliar los impedimentos de salida de quienes están siendo procesados  actualmente por graves casos de corrupción y lavado de activos”, señaló el fiscal.

LAS REPERCUSIONES

Tras conocerse la sentencia, diversas voces se han manifestado. Mientras que Ricardo Pineda, quien fue secretario personal de Alan García, señaló que Jorge Cuba no tenía vínculo con el partido de la estrella, el abogado penalista James Rodríguez señaló que “lo que demuestra esta sentencia es que en el segundo gobierno de Alan García existió corrupción y prueba de ello es que esta sentencia ha sido por recibir sobornos de la empresa Odebrecht”.

Por otro lado, Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, mencionó en una entrevista con RPP que hasta la fecha no se ha podido repatriar el dinero que se le incautó al exviceministro Jorge Cuba en Andorra. Vela Barba explicó que, si bien dicho país tuvo un rol activo para proporcionar información de las operaciones, en cuanto al dinero “demanda un convenio entre ambos estados”.

El Congreso busca presidente

Por: 25.07.2025

[INFORME] Durante este jueves, Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, convocó de manera oficial a la elección para la Mesa Directiva que estará al frente del Legislativo para el periodo que culminará en el año 2026. El decreto que se dio a conocer en horas de la mañana también se anunció que la votación está programada para este sábado 26 de julio y las listas se podrán presentar hasta las 10 de la mañana del día viernes.LA PRIMERA LISTA

Pero tan sólo horas después se pudo conocer la primera lista para este proceso. Esta lista multipartidaria tiene como candidato a presidente del Congreso a José Jeri Oré, miembro de la bancada de Somos Perú y cuya candidatura ha recibido el respaldo público por parte de Eduardo Salhuana, quien todavía ocupa la presidencia del parlamento.


Esta mañana, la congresista fujimorista Martha Moyano señalaba que en Fuerza Popular “nunca hemos dejado de integrar una lista” y, finalmente, el elegido para representar al partido de Keiko Fujimori ha sido el parlamentario Fernando Rospigliosi. El sociólogo que ocupó la curul del fallecido Hernando Guerra García será candidato a la primera vicepresidencia.

Una de las sorpresas en esta lista es la presencia del hermano de Vladimir Cerrón, el congresista Waldemar Cerrón. Con su participación en la lista de José Jerí, el integrante de Perú Libre buscará continuar ocupando la segunda vicepresidencia del Congreso. Horas antes, su colega de bancada, Flavio Cruz, había declarado que su participación en dicha lista era respaldada por las bases del partido del lápiz debido a que “Waldemar es el que mejo coraza tiene, y lo ha demostrado en este tiempo, para soportar  la permanente arremetida contra el sector al cual representamos.

Ilich López Ureña será quien postulará como candidato a la tercera vicepresidencia. La presencia del congresista de Acción Popular en esta lista ha sido inesperada para muchos debido a que, hasta el día de ayer, se especulaba que él podía ser el representante del partido de la lampa en otra lista que es liderada por el parlamentario José Cueto.

Luego de la presentación oficial de esta lista, los congresistas Ana Zegarra y Alex Paredes, representantes de la bancada de Somos Perú, se pronunciaron ante los medios y anunciaron que la lista integrada por su colega de bancada cuenta con sesenta y siete votos para la elección que tendrá lugar este sábado.

Pero quien lidera esta lista para presidir el Congreso no ha estado libre de cuestionamientos y episodios polémicos. En enero del presente año, el congresista Jeri fue denunciado por un presunto enriquecimiento ilícito. Esto ocurrió luego que se detectara un incremento patrimonial que pasó de menos de cien mil soles a más de un millón en pocos años. No obstante, Jeri Oré ha calificado estas acusaciones como “una campaña de desprestigio”.

EL RIVAL

Quien sería el rival de Jeri en esta elección para la Mesa Directiva, aunque todavía no se ha presentado su lista de forma oficial, es el congresista José Cueto de la bancada Honor y Democracia. En esta lista, que también será multipartidaria, también tendrá presencia Carlos Zeballos de la bancada Bloque Democrático.

Aunque no van a integrar ninguna lista, Renovación Popular le brindaría su respaldo a la lista encabezada por su antiguo integrante. Alejandro Muñante, vocero alterno del partido de López Aliaga, anunció que Cueto podrá contar con sus votos. El congresista de Renovación Popular describió a la lista de José Cueto como una opción de “ancha base” y agregó que consideran que darles su apoyo “es una forma de equilibrar el tablero político”.

En las próximas horas se estaría por definir quiénes completarán la lista del congresista Cueto y también si contará con el respaldo de las bancadas de Avanza País y Juntos Por el Perú. La posibilidad de sumar el respaldo de la Bancada Socialista se desvaneció luego de conocerse que no respaldarán a ninguna de las listas que se presentarán.

Tren Lima-Chosica: promesas rotas, vagones obsoletos y un choque político que paraliza el proyecto

Por: 25.07.2025

[INFORME] La Municipalidad Metropolitana de Lima firmó un acuerdo con Caltrain para recibir, sin costo, una flota ferroviaria que ya había sido retirada del servicio en Estados Unidos. A la fecha, han llegado 43 coches y 11 locomotoras, y estaba prevista una segunda entrega. Sin embargo, a fines de mayo de 2025, la empresa notificó que tres vagones y una locomotora no serían enviadas por presentar fallas irremediables. La Municipalidad formalizó la reducción sin mayores explicaciones y actualizó el valor de la donación, restando casi cinco millones de dólares a la cifra inicial.

Pero más allá del recorte, lo que más ha llamado la atención son los cuestionamientos técnicos. Un informe de la Contraloría advirtió discrepancias en los documentos de mantenimiento: mientras los registros de Caltrain indican que algunos vagones no reciben overhaul desde el año 2002, la MML asegura que estos trabajos se hicieron en 2020. Esta contradicción es grave, ya que pone en duda el estado real de las unidades que se planean poner a circular en una de las rutas más transitadas de Lima.

Durante una inspección en la estación Monserrate, la Contraloría también verificó que las locomotoras no fueron encendidas ni sometidas a pruebas básicas, lo que impidió determinar si están operativas. El propio vicecontralor Marco Argandoña confirmó que la documentación entregada es insuficiente y que el equipo de control realizará una nueva revisión más exhaustiva en el puerto del Callao.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha sido firme al afirmar que este tren no puede operar. Según el ministro César Sandoval, no se ha presentado ningún estudio técnico, ni se ha acondicionado la vía para el servicio de pasajeros. “No hay doble vía, no hay señalización, no hay sistema de seguridad. No se puede permitir una marcha blanca en esas condiciones. Sería jugar con la vida de los ciudadanos”, declaró recientemente.

El alcalde López Aliaga ha respondido con dureza. En diversos medios ha acusado al MTC de boicotear el proyecto y de querer “robarse” las piezas del tren. Incluso envió una carta a la presidenta Dina Boluarte solicitando la destitución del ministro. Por su parte, Sandoval ha anunciado una demanda por calumnia, argumentando que el alcalde está mintiendo deliberadamente para victimizarse políticamente.

En medio del enfrentamiento, la Municipalidad se retiró momentáneamente de la mesa técnica conformada con el MTC, la Contraloría, la ATU y otros entes, aunque días después accedió a reincorporarse. La tensión, sin embargo, no ha bajado.

Para el ingeniero en transporte y exasesor del MTC, Luis Quispe Candia, “el problema no es solo si los trenes están operativos o no. Es que no hay una planificación real. No puedes anunciar un servicio de pasajeros en una vía que no está diseñada para eso, y con equipos que no tienen garantía técnica. Este proyecto está siendo manejado de manera improvisada y con claros fines políticos”.

Además de los aspectos técnicos, también hay cuestionamientos sobre el valor declarado de la donación. La SUNAT detectó que la Municipalidad de Lima registró los bienes por más de 822 millones de soles, una cifra 16 veces superior a su valor real en el mercado, lo que ha generado sospechas de inflación patrimonial con fines contables o de imagen.

A estas alturas, el tren Lima–Chosica parece más una promesa propagandística que un proyecto de transporte viable. Los vagones siguen almacenados, los estudios siguen pendientes y la ciudad continúa atrapada en su caos habitual. La ciudadanía, expectante, observa cómo una iniciativa que pudo tener potencial, hoy está empantanada entre la falta de transparencia, la carencia de planificación y un enfrentamiento político que ha desplazado por completo el interés público.

 

INCERTIDUMBRE EN LA JNJ

Por: 24.07.2025

[INFORME] El futuro de Gino Ríos, titular de la Junta Nacional de Justicia, está en el aire tras conocerse el pedido de su vacancia por la sentencia en su contra. Mientras la vicepresidenta de la JNJ ha convocado a una reunión de los integrantes de la JNJ, otras voces justifican su designación alegando que Ríos ya cumplió con su pena.

El futuro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) continúa siendo una incógnita tras conocerse los detalles del turbulento pasado de su titular, el abogado Gino Ríos Patio. En las últimas horas se han conocido diversos pronunciamientos y evidencias que no sólo comprometen más a Ríos Patio sino que exponen graves errores en el proceso que culminó con su llegada a este cargo.

SENTENCIA IGNORADA

Este último domingo, el programa “Cuarto Poder” reveló que, sospechosamente, en la elección de Gino Ríos como presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se pasó por alto que tenía en su historial una sentencia por violencia familiar en contra de quien era su esposa y madre de sus hijos.

En las últimas horas, el diario La República publicó algunas de las cartas que Ríos le enviaba a su excónyuge con la aparente intención de presionarla en un proceso de divorcio en el cual el titular de la JNJ señalaba a su esposa de haber cometido abandono injustificado del hogar, mientras que la otra parte alegaba violencia psicológica. Cabe señalar que el juez a cargo del caso no sólo concedió el divorcio por violencia psicológica sino que Ríos ni intentó apelar la decisión.

Pero entre los datos que han llamado la atención en el reportaje emitido el reciente fin de semana estuvo la postura de Josué Gutiérrez, titular de la Defensoría del Pueblo y presidente de la comisión que evaluó a los candidatos, quien justificó que no se tomara en cuenta la sentencia contra Ríos alegando que “no hay una sentencia que pueda significar de manera condenatoria con un hecho que quizá tiene una connotación punible «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados” y agregó que no se le hicieron preguntas claras al respecto a Ríos Patio “por decoro”.

LA JNJ PIDE INFORMACIÓN

Ante la información que se ha hecho pública, los congresistas Héctor Acuña y Susel Paredes han solicitado la vacancia de Gino Ríos de la presidencia de la Junta Nacional de Justicia amparándose en que estaría impedido de ejercer dicho cargo por contar con la mencionada sentencia, situación que está contemplada en la Ley Orgánica de la JNJ.

Como consecuencia de este pedido, María Cabrera Vega, vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia, ha enviado un oficio al Congreso en el cual solicita copias certificadas de la totalidad del expediente judicial que involucra a Gino Ríos. En este documento, Cabrera anuncia que, además, se ha convocado a reunión a los miembros de la JNJ para abordar este caso.

No obstante, también han salido voces en favor del titular de la JNJ. Katherine Ampuero, la exprocuradora anticorrupción, señaló en una entrevista con Canal N que “en tanto él haya cumplido la pena impuesta y esté rehabilitado pues definitivamente esto no anula o invalida su nombramiento” y agregó que Ríos Patio tiene derecho a pedir su rehabilitación y que se borren sus antecedentes penales. Ampuero también señaló que la prohibición establecida en la Ley Orgánica de la JNJ se aplica cuando la sentencia está vigente.

Cerca del mediodía de este miércoles, la Defensoría del Pueblo también se ha pronunciado en un comunicado en el cual señalan que respaldan el trabajo hecho por la comisión que tuvo bajo su responsabilidad la selección de Gino Ríos como uno de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. “Rechazamos cualquier intento de distorsionar los hechos o debilitar un proceso que fue público, riguroso y ajustado al marco constitucional”, explican en la publicación de la Defensoría.

Disponen medidas de gestión ambiental para unidad de disposición final en Lima Norte

Por: 23.07.2025

[INFORME] Más de dos años después del cierre formal del relleno sanitario “El Zapallal”, ubicado en el distrito limeño de Carabayllo, nuevas supervisiones revelan una grave situación de deterioro ambiental. De acuerdo con la Resolución N° 00010-2025-OEFA/DSIS, emitida en abril de este año, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha exigido la elaboración urgente de un Plan de Cierre integral, tras detectar severas deficiencias en la infraestructura y gestión de residuos en el área.

La resolución detalla que las tres celdas de disposición final —dos para residuos municipales y una para residuos de establecimientos de salud— operaron durante décadas bajo instrumentos de gestión ambiental fragmentados o inexistentes. En el caso de la celda construida en la quebrada N° 2, habilitada en 2021, ni siquiera cuenta con un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado, pese a haber estado en operación activa hasta febrero de 2023.

Lo más alarmante es que, a la fecha, los lixiviados siguen generándose, acumulándose y siendo recirculados sin tratamiento adecuado. Esta práctica, verificada en enero de 2025 durante una inspección de OEFA, se realiza con camiones cisterna que transportan líquidos altamente contaminantes desde pozas de almacenamiento hasta la parte superior de las celdas, con el fin de reinyectarlos. Este proceso no solo incumple las normas mínimas de cierre, sino que representa un riesgo inminente para el subsuelo y los acuíferos que alimentan la cuenca del río Chillón.

Según los técnicos de OEFA, las plataformas carecen de sistemas impermeabilizantes en la base —geomembranas o capas de arcilla— y los lixiviados se infiltran directamente al terreno. A esto se suma que el suelo sobre el que se asienta el relleno no actúa como barrera geológica natural, por lo que los contaminantes pueden estar llegando ya al acuífero del valle de Chillón, fuente de agua subterránea para varios distritos del norte de Lima.

La resolución también pone en evidencia que las operaciones de cierre técnico nunca comenzaron formalmente, y que el manejo actual es insuficiente y desarticulado. Las acciones observadas —como la quema de gases o la arborización en zonas específicas— no forman parte de un plan integral, y en muchos casos, ni siquiera fueron contempladas en los PAMA o EIA aprobados previamente.

El OEFA ha determinado que las operaciones realizadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima —actual responsable del sitio, tras el fin de la concesión con Innova Ambiental— no cumplen con los estándares mínimos definidos por la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Por esta razón, ha ordenado como única medida obligatoria la presentación de un Plan de Cierre completo, que incluya el diseño de cobertura final, control de gases, tratamiento de lixiviados, monitoreo ambiental, medidas post-cierre y, de ser posible, el proyecto de uso del área.

El documento también revela que la vida útil del relleno fue ampliamente sobrepasada, y que en los últimos años de operación se llegó a recibir más del doble de residuos de lo permitido. Para 2021, por ejemplo, se recibieron hasta 4100 toneladas diarias, cuando el límite aprobado era de 1727. Esta sobrecarga aceleró el deterioro de la infraestructura y generó un colapso operativo que se mantiene hasta hoy.

Uno de los puntos más críticos del informe técnico es la existencia de afloramientos visibles de lixiviados por los taludes de las celdas, canales erosionados por escurrimientos ácidos y un deficiente sistema de captación y conducción de aguas residuales. La falta de cobertura final ha facilitado la generación continua de biogás y el riesgo de incendios o explosiones.

En palabras del informe, “las condiciones actuales evidencian que los impactos ambientales negativos difieren sustancialmente de los previstos en los instrumentos ambientales aprobados”. Esto ha motivado a OEFA a dejar sin efecto los requerimientos anteriores y consolidarlos en una sola obligación prioritaria: el cierre ordenado y completo de la unidad fiscalizable.

El caso de El Zapallal es un ejemplo de cómo las brechas regulatorias, la fragmentación institucional y la falta de fiscalización efectiva pueden convertir una infraestructura diseñada para proteger la salud pública en un foco de contaminación regional. A pesar de las advertencias acumuladas desde 2020, las autoridades locales y el Ministerio del Ambiente han permitido que el pasivo ambiental se agrave.

Ahora, con el tiempo en contra y la salud ambiental del valle de Chillón en juego, la responsabilidad recae sobre la Municipalidad Metropolitana de Lima, que deberá demostrar si está en condiciones técnicas y políticas para remediar una crisis que heredó, pero que no puede seguir postergando.

 

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