Informes

Aunque la vida en el planeta ha estado en constante cambio desde sus orígenes, el ser humano todavía se muestra cauteloso, y hasta temeroso en algunos casos, cuando se ve obligado a enfrentarse a los cambios. Sin embargo, el desarrollo de la tecnología ha permitido que estos cambios en la naturaleza puedan tener una explicación que no sólo ayuda a perder el miedo sino que brinda información para poder interactuar con esta nueva realidad.

Este parece ser el caso de la anchoveta que durante varias décadas se ha pescado en la costa peruana y que hoy se presenta en una forma inusual en lo que respecta a su talla. Sudaca pudo conversar con Luis Icochea, profesor de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, para conocer las razones que han llevado a que la anchoveta presente nuevas características y cómo estas impactarán en la actividad pesquera.

TIEMPO DE ADAPTACIÓN

Tal como lo ha informado Sudaca en otros informes periodísticos, la anchoveta que se encuentra en el mar peruano ha presentado una serie de cambios entre los que se encuentra un tamaño diferente al que registraba décadas atrás. Sin embargo, lejos de encender las alarmas, estos cambios parecen tener una explicación que desarma cualquier teoría apocalíptica sobre el futuro de este recurso.

Luis Icochea señala que, si bien la reducción en la talla de una especie puede ser un signo de alarma, en este caso la explicación para que el tamaño de la anchoveta se haya reducido está dentro de lo previsible.  “Cuando está el recurso virgen siempre va a tener un promedio más alto. Ha sucedido con la merluza, el jurel y la pota. Lo comienzas a explotarla y se va a reducir”, explica.

Aunque en los resultados de una reciente evaluación del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) se observa que la biomasa es menor al promedio que solía registrarse, la explicación a estos inusuales números se encuentra en un cambio en la distribución del recurso que fue provocado por las anomalías en la temperatura superficial del mar. Este escenario provocó que la anchoveta profundice a más de ciento cincuenta metros y sea imposible que el IMARPE la pueda estimar en sus evaluaciones.

Cristian Rebosio

Para el especialista en oceanografía pesquera, no existen motivos para alegar que existiría sobrepesca en este momento y agrega que “si de una especie se pueden extraer dos, cuatro o cinco millones de toneladas durante años, eso significa que esa especie está bien. Si se sigue extrayendo, eso quiere decir que el recurso no está perjudicado”. 

A esto se le suma que Perú ha dispuesto una serie de regulaciones enfocadas en evitar una pesca sin control que ponga en riesgo la sostenibilidad del recurso. Un ejemplo de estas regulaciones en que sólo se puede pescar hasta el 35% de la biomasa que representa el volumen de peses de una misma especie.

Además, entre los factores que impactan en las nuevas tallas que alcanza la anchoveta, según explica Icochea, están las condiciones cálidas. “Lo que más afecta es que vienen por corrientes y hay un alimento distinto al que la anchoveta prefiere. Eso la obliga a la anchoveta a migrar e impacta en su crecimiento”, señaló en declaraciones a Sudaca.

CAMBIOS EN TIERRA

Pero no sólo la anchoveta ha mostrado cambios. En tierra, las autoridades responsables también parecen entender que es momento de adaptarse a una nueva realidad y evitar que las regulaciones se conviertan en un obstáculo para la actividad pesquera. Esta situación es la que ocurre en Chile, donde no existe la talla mínima de captura de doce centímetros para la anchoveta debido a que estudios recientes les indicaron que esta especie alcanza la madurez sexual desde los 10 o 10.5 centímetros.

Por ello, Luis Icochea coincide con la necesidad de cambios en las regulaciones vigentes en Perú para que se saque un mayor beneficio y señala lo siguiente:  “¿Qué pasa si no hay anchoveta fuera de las cinco millas? Ese stock lo está pescando en Chile. Nosotros no lo aprovechamos como es debido”. 

En los informes científicos realizados por el IMARPE durante la última década previo al inicio de las temporadas de pesca, el porcentaje de tallas menores a los doce centímetros ha registrado un aumento sostenido que en el año 2023 registró uno de sus números más altos con un 82%.

Cristian Rebosio

“Si ves que el 90% es menor de doce centímetros, es imposible que vayas a pescar y encuentres un ochenta o noventa por ciento de anchoveta grande. Tiene que haber un poco de coherencia”, cuestiona el docente universitario sobre las restricciones actuales para la pesca de anchoveta.

Ante el escenario actual, Luis Icochea considera que hay factores indispensables al momento de establecer las cuotas de pesca. “Lo importante es dar la cuota con un porcentaje de adecuado de especímenes menores a la talla mínima permitida. Ojo que no es juvenil , porque menores de doce no significa que sea juvenil. Hay anchovetas que alcanzan su adultez a los diez u once centímetros”, comenta.

En un contexto crítico para la pesca peruana en regiones como el sur, la anchoveta representa una oportunidad que podría generar innumerables puestos de trabajo para diferentes sectores. Por ello, mantener regulaciones que dejan de lado la evidencia científica, que hasta ahora ha sido contundente, podría condenar al sector pesquero a una catástrofe histórica.

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El día de la visita al relleno sanitario “El Zapallal», la cual se dió el 20 de febrero del 2023, se vivieron una serie de acontecimientos que revelan preocupaciones graves sobre la gestión ambiental y la salud pública en la zona. La jornada comenzó con una charla informativa presentada por un ingeniero de INNOVA, la empresa a cargo del relleno, donde se expusieron diversos aspectos relacionados con la gestión de residuos. 

En esta charla, el ingeniero Milton Miranda, mostró una diapositiva que señalaba la contaminación proveniente de otros sectores, como la quema de residuos en zonas cercanas al relleno. Este hecho fue respaldado con un video que mostraba humo negro emanando de la zona cercana al límite del relleno. Para la sorpresa de los dirigentes fue que justamente para la visita al relleno sanitario, aparecía esta quema de residuos en las afueras del Zapallal. 

La presencia de recicladores en el cerro, protegidos por la policía, aumentó el riesgo percibido por los dirigentes, quienes consideraron que no había garantías para su participación en la visita, ya que a ellos se les pidió una variedad de requisitos para el ingreso al recinto mientras que los recicladores se hicieron del compromiso y se hicieron presentes contra viento y marea. 

Esta situación llevó a que los dirigentes abandonaran el relleno, ya que no sentían que en esta reunión se iba a escuchar neutralmente las partes iguales. Informaron al alcalde de Carabayllo quien también se pasó a retirar en su camioneta. Posteriormente, se mantuvieron conversaciones con la congresista Ruth Luque, quien expresó su preocupación por el retiro de los dirigentes y se comprometió a analizar la situación y tomar acciones al respecto. Parlamento 10, representación de Lomas de Carabayllo, aseguraron que la congresista atendió sus preocupaciones y que se llevó la información completa del caso.

Sobre la situación actual del relleno

En cuanto al funcionamiento actual del relleno sanitario “El Zapallal», se señaló que está cerrado y no se realizan actividades en su interior. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre la gestión de residuos y la contaminación ambiental en la zona, especialmente debido a informes que señalan la presencia de metales en aguas subterráneas y la emisión de gases contaminantes. Informes que en Sudaca hemos analizado a profundidad.

El tema de la gestión del relleno sanitario ha generado tensiones y disputas, tanto a nivel local como nacional. Se menciona la posibilidad de que INNOVA continúe operando el relleno, pero también se plantea la opción de que la municipalidad deje de trabajar con esta empresa y busque otras alternativas para la gestión de residuos. Y es que la posibilidad de un concurso público está más que cerca de realizarse, sin embargo, aún sigue el proceso legal que impide el trámite. 

¿Innova podría participar de este concurso?

Aunque parezco irónico tocar este tema. Lamentablemente es necesario visualizarlo en el panorama hipotético que Innova Ambiental pretenda mantenerse en la palestra de la limpieza pública, y es que se requiere que la concesionaria proporcione la maquinaria necesaria, sin embargo, una vez que se termine la concesión entre Innova y la MUNILIMA, toda la maquinaria que se ha venido utilizando en los últimos años quedaría automáticamente en dominio de la municipalidad.

Entonces, ¿Qué pasaría con Innova? No podría asegurar la facilidad de acceso a maquinaria necesaria para trabajar en Lima Cercado. Parece que el futuro de la concesionaria de limpieza pública se iría en picada.

En relación con el proceso judicial y las acciones legales emprendidas por INNOVA, existe preocupación por la posibilidad de que la empresa logre revertir las medidas tomadas en su contra, lo que podría permitirle continuar operando el relleno. Esto representaría un retroceso en los esfuerzos por mejorar la gestión ambiental y proteger la salud de la población. 

Benjamín Zevallos

Publicación de Innova Ambiental sobre la visita al relleno sanitario

Retornando a la visita al relleno sanitario. Se destacó el contexto nacional en el que se encuentra el tema de la gestión de residuos y la responsabilidad ambiental de las empresas. Se mencionó que la congresista Ruth Luque ha estado involucrada en el seguimiento de este asunto y se espera que tome medidas en base a la información proporcionada durante la visita al relleno sanitario. 

Cuando Sudaca se comunicó con la parlamentaria y presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República para el periodo 2023-2024, se supo que iba a garantizar el mejor proceso, ya que había tomado en cuenta el caso de Innova Ambiental, sin embargo, era necesario estudiar la problemática para tomar la mejor decisión.

Benjamín Zevallos

 La congresista Luque en el Relleno Sanitario “El Zapallal” junto a representantes de la OEFA, Innova, de Carabayllo y otros

Además de lo ya mencionado, se destaca la preocupación expresada por los entrevistados sobre las posibles consecuencias de la judicialización del caso. Existe el temor de que, si INNOVA logra revertir las medidas en su contra mediante recursos judiciales, se abriría la posibilidad de que el relleno sanitario vuelva a operar. Esta situación representaría un retroceso en los esfuerzos por abordar los problemas ambientales y de salud pública asociados con el relleno.

En términos de seguimiento, se espera que se realicen acciones adicionales para monitorear la situación y evaluar el progreso en la implementación de medidas correctivas. Esto incluye el seguimiento de los plazos establecidos por las autoridades reguladoras, como el plazo de 120 días otorgado por OEFA para que INNOVA presente su plan de cierre del relleno sanitario.

En resumen, la situación del relleno sanitario de Zapallal plantea desafíos significativos que requieren una respuesta coordinada y eficaz por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto. La atención continua a este tema es crucial para garantizar la protección del medio ambiente y la salud de la población afectada.

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Innova ambiental, Municipalidad de Lima, Relleno Sanitario, zapallal

Sudaca accedió en exclusiva a la resolución que le ordena a Diego Uceda, alcalde de La Molina, a someterse a terapia psicológica tras los comentarios violentos contra la teniente alcalde de este distrito.

En apenas un año y dos meses de gestión, el paso de Diego Uceda por la Municipalidad de La Molina ha estado plagado de escándalos. Desde una guerra inexplicable contra un centro comercial hasta el insólito poder que ostentaba su esposa en dicho distrito, el accionar del político que ganó las elecciones de la mano de Renovación Popular en octubre del 2022 lo ha convertido en un alcalde casi tan cuestionado como su líder Rafael López Aliaga.

Sin embargo, las críticas no son producto de una guerra provocada por adversarios políticos sino que hasta los propios funcionarios de la municipalidad han empezado a cuestionar los controversiales manejos y actitudes del alcalde de turno. Lejos de mostrar una postura receptiva a las críticas constructivas, Diego Uceda parece haber elegido la confrontación y hasta la violencia psicológica.

EL AUDIO DEL ESCÁNDALO

Una de estas voces incómodas al poder de Uceda ha sido la teniente alcalde Milagritos Esther Quintana Mogollón. Desde su cargo, no ha dudado en cuestionar las decisiones polémicas y sin fundamentos que se tomaban en la Municipalidad de La Molina. No obstante, Quintana Mogollón nunca habría imaginado el costo que tendría alzar su voz en contra de lo que consideraba incorrecto.

En un audio que se difundió en los últimos días en diferentes redes sociales, todo el país pudo escuchar una conversación que el alcalde Uceda mantenía con otros funcionarios de la municipalidad en la cual denigraba a su teniente alcalde en medio de risas propias y también de sus funcionarios aliados. 

 

Pero este desagradable episodio no sería precisamente un caso aislado. En declaraciones que Quintana Mogollón brindó al Décimo Juzgado de Familia se puede observar que estos episodios ocurrían desde el año pasado cuando la gestión actual asumió el mando de este distrito.

Cristian Rebosio

Tras los detalles que brindó la teniente alcalde, el juzgado concluyó que existen indicios de violencia, más precisamente del tipo psicológico, en contra de Quintana y, según el informe social realizado por una profesional, se indicó que es un caso de riesgo moderado debido a que existen factores de riesgo.

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Por ello, este martes 27 de febrero se resolvió dictar medidas de protección en favor de Milagritos Quintana contra Esteban Diego Guerra García. Una de ella ha sido la orden para que el actual alcalde de La Molina deba recibir terapia psicológica en forma obligatoria. En el documento se puede leer que esto tiene como propósito que Uceda “aprenda a controlar sus impulsos y erradique conductas violentas”.

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Además, entre las otras medidas de protección otorgadas, se le prohibió al burgomaestre ejercer cualquiera tipo de represalia o cualquier acto de violencia psicológica que pueda repercutir en el desarrollo de sus actividades diarias. Cabe señalar que, pese a la gravedad del caso, Uceda Guerra García decidió no asistir a la audiencia.

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En estos documentos a los que accedió Sudaca también se señala que el alcalde de La Molina podría recibir una pena privativa de la libertad de entre cinco y ocho años en caso no cumpla con las medias de protección que incluyen la terapia psicológica para Diego Uceda.

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UN ESTILO DE VIDA

Sin embargo, este no es el primer episodio violento que se reporta en la Municipalidad de La Molina. Tal como informó Sudaca en el informe titulado LA VENGANZA DE LIZZI, la esposa del alcalde Uceda también ha mostrado conductas agresivas contra trabajadores de este distrito a los que pretendía tener bajo su mando pese a no tener ningún puesto en esta municipalidad.

Lejos de aceptar la responsabilidad y pedir disculpas, el alcalde Uceda se pronunció en las redes sociales de la municipalidad para señalar, usando una captura del informe publicado por Sudaca, que estaba siendo víctima de una campaña difamatoria que busca desprestigiarlos y hasta se ampara en que los audios difundidos son manipulados.

 

La Municipalidad de La Molina vuelve a estar en el centro de las polémicas debido a las inexplicables y cuestionables actitudes del alcalde Uceda que con sus propias acciones parece competirle al líder de su partido, Rafael López Aliaga, como uno de los burgomaestres con más críticas en su contra.

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La Molina, Renovación popular, Uceda

Desde Sudaca se ha tomado seguimiento de la construcción del Centro de Salud Municipal en el distrito de San Isidro. Se ha mostrado una gran preocupación que de la noche a la mañana se siga adelante con la construcción del proyecto y que la alcaldesa no haya tenido ningún impedimento y que esté participando de eventos del Estado.

benjamin zevallos

La alcaldesa de San Isidro tuvo que cerrar el parque Bicentenario para celebrar junto a la presidencia a los 800 mil usuarios de Pensión 65

Esta situación plantea interrogantes sobre la transparencia y la eficacia de las decisiones administrativas locales, así como sobre la priorización de los intereses públicos frente a otras consideraciones políticas. Se vio a la alcaldesa, Nancy Vizurraga, participando junto a la presidenta Dina Boluarte en la ceremonia de los 800 mil usuarios de Pensión 65.

Más allá de la presencia de la alcaldesa en este evento, causa revuelo que a pesar de las deficiencias del proyecto de San Isidro se siga adelante con ello. Se sabe que la municipalidad ha tenido contacto constante con el MINSA para este y otros asuntos de su jurisdicción.

Benjamin Zevallos

La luz verde del proyecto

El Gerente Municipal de San Isidro ha expresado optimismo respecto al futuro del proyecto del Centro de Salud Municipal, afirmando que se han superado las deficiencias técnicas y las dificultades de permisos y autorizaciones. Sin embargo, estas afirmaciones han suscitado interrogantes sobre si las irregularidades señaladas previamente en Sudaca han sido verdaderamente solucionadas.

La consulta realizada por los vecinos al MINSA (DIRIS LIMA CENTRO) reveló que, según la Norma Técnica N° 113 MINSA DGIEM V01, el terreno donde se pretende construir el centro de salud se encuentra a menos de 100 metros de una estación de combustibles, un colegio, un templo y un centro de convenciones y eventos, lo cual no es permitido para este tipo de instalaciones.

La respuesta negativa de la entidad a la viabilidad del proyecto plantea la necesidad de reevaluar la ubicación del centro de salud y tomar medidas para garantizar que cumpla con los requisitos legales y técnicos establecidos. En este sentido, se cuestiona cómo se podría trasladar el terreno a una ubicación adecuada, alejada de centros escolares y estaciones de combustible, para asegurar la viabilidad del proyecto y garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad.

Este proceso requeriría un análisis detallado de las opciones disponibles y la colaboración de diversas partes interesadas para encontrar una solución que satisfaga tanto las necesidades de atención médica como las preocupaciones de seguridad y regulación urbanística.

La información proveniente de la DIRIS LIMA CENTRO, remitida al Órgano de Control Institucional (OCI-MSI) el 30 de junio de 2021, es contundente: el lugar elegido para la instalación del centro médico municipal no cumple con los requisitos necesarios, por lo que se concluye que no es factible establecer el centro de salud en esa ubicación.

Esta situación se agrava por las acciones llevadas a cabo durante la gestión del exalcalde Cáceres, quien ordenó la demolición de una vivienda que, además de no cumplir con los requisitos del MINSA para ser destinada a ese fin, fue construida con ese propósito inicialmente. Posteriormente, se inició la construcción de un edificio de cinco pisos, cuya finalización se ha visto retrasada debido a una serie de problemas.

Sorprendentemente, la gestión actual no ha tomado la decisión de detener este proyecto a pesar de las irregularidades evidentes. Además, se revela que el «Proyecto de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Salud y Bienestar de la Gerencia de Desarrollo Humano», identificado con el Código Único Nº 2369797, tenía inicialmente una inversión de S/. 21,491,037,27 Nuevos Soles. Sin embargo, con la intervención de Cáceres, esta cifra se incrementó a S/. 23 331 937,20 Nuevos Soles, lo que sugiere una posible malversación de fondos públicos durante la gestión anterior. Estos hallazgos plantean serias preocupaciones sobre la transparencia y la legalidad en la administración de recursos públicos en el municipio de San Isidro, así como la necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer las irregularidades y garantizar el uso adecuado de los fondos destinados a proyectos de salud pública.
Benjamin zevallos

Sobre el proyecto en el diario oficial del distrito

Al cierre de este informe se sigue adelante con un proyecto lleno de irregularidades y demandas por parte de los vecinos que exigen un mejor ambiente para vivir y que, la construcción de este centro médico, podría ser perjudicial para muchos.

Nacida en Chile en 1939, en medio de la larga crisis económica que sufre dicho país en esos años y que alcanza su punto más alto de 1970, la vida de María Victoria Márquez Alcalde es la historia de un matrimonio forzado, del secuestro de unas niñas, de problemas judiciales debido a fuertes sospechas de acusaciones de estafas y abusos policiales. 

Leamos cómo y en qué orden nos cuenta su tragedia personal la señora María Victoria: “Hace 10 años, mi última hija Felicia María Guerra Márquez se enamoró perdidamente de Marco Antonio Tamashiro Kanashiro, un peruano de origen japones que le propuso matrimonio, pero solamente convivieron. Como mi hija era la única que vivía conmigo, me pidió que les alquilara la casa a ellos para que generaran un movimiento comercial, porque él no tenía profesión. Entonces, yo acepté para ayudarlos, además que yo estaba casi ciega por un problema de cataratas en el ojo izquierdo, y la visión del derecho la había perdido cuando balearon a uno de mis nietos y la impresión de verlo casi muerto me produjo un derrame. Estando en esa situación, me trajeron el contrato; cuando mi hija me leyó el documento, que supuestamente era de alquiler, lo firmé sin reparo alguno, aún cuando ella me dijo que eran cuatro copias: una para ella misma, una segunda para el marido, una tercera para mi y una cuarta para la Municipalidad de Jesús María, porque tenían que hacer cambio de uso, pasando de uso de vivienda a uso comercial. Pero en realidad lo que firmé fue una compra-venta, que decía que me habían pagado 100 mil dólares y ahí empezó mi vía crucis, porque me encerraron en la habitación donde vivo, la casa la pusieron a nombre de ellos, la hipotecaron y no han pagado las cuotas de la hipoteca, y ahora la cooperativa está por rematar mi casa. Cuando terminó la epidemia de la Covid, yo, así con mi discapacidad, trato de movilizarme y buscar ayuda para mi caso, porque me dijeron que efectivamente había sido estafada.  El japonés se fue una vez que puso la casa a su nombre y que recibió el dinero de la hipoteca. Entonces, le dije a mi hija que hiciera la denuncia por abandono de hogar; sin embargo, ella sólo lloraba y me decía que no lo haría por vergüenza. Mi hija me llevó al estudio jurídico Sagástegui Abogados, reconociendo el daño que me había hecho. He estado muchos años confiando en ese abogado Pedro Martín Sagástegui Bardales, pero también fue otro arreglo mafioso, porque el abogado me defendía a mí, y otra abogada del mismo estudio defendía a mi hija y a su marido, o sea me tomaron el pelo durante años, porque yo no vendí mi casa, ninguno de los dos notarios me pidió un certificado médico y ninguno me preguntó si yo quería vender mi casa. Cuando me hicieron firmar yo tenía 74 años.

Viviana Rodriguez
María Victoría Márquez cuenta que confió durante muchos años en el abogado Pedro Martín Sagástegui Bardales, pero fue otro arreglo mafioso, porque el abogado la defendía a alla, y otra abogada del mismo estudio defendía a su hija y a su marido. Imagen: B.Z.J.

Luego de algún tiempo, mi hija se arrepintió y me devolvió el 50% de la propiedad, pero me lo ha devuelto con maña porque no ha pagado el impuesto y el Servicio de Administración Tributaria de Lima, SAT, me embarga mi pensión; he acudido al colegio de abogados y no me quieren atender porque dicen que el CAL es para pordioseros, alegando que como yo tengo una casa buena en Jesús María no tengo derecho a que se me asesore gratuitamente. El estudio del señor Sagastegui que supuestamente me defendió, me sacó como 50 mil soles, pero ellos han hecho una mala defensa porque sabían que la forma en que estaban llevando mi juicio ya estaba perdido o sea esos abogados fueron contratados por mi hija pensando que yo ya no quería vivir porque estaba viuda, porque estaba ciega, porque estaba sola. El abogado Martín Sagastegui hizo un juicio basado en estafa agravada, ´que es cuando una persona se pone de acuerdo con otra para hacer una estafa y hay malicia y dolo´ cuando me lo leyeron yo lo entendí perfecto pero el problema es que esto ocurrió entre  2010 y 2012, pero recién se da la Ley de Estafa Agravada en 2016, así que perdí en todas las instancias, el abogado tendría que haber llevado mi juicio por lo civil no por lo penal, el abogado lo sabía pero en lugar de defenderme a mí todo el tiempo estuvo defendiendo los intereses de mi hija y de Tamashiro.

Mis otros hijos pensaron que como esta niña no fue hija de su padre yo me había vuelto contra ellos y le había regalado la casa a Felicia, pero no es así porque si lo hubiera hecho no tendría problema en admitirlo mi hija mayor tiene como 70 años y ella tiene 42 años. 

Yo sigo viviendo en la casa, de acá no me sacan porque yo no la vendí, ellos recibieron el dinero de la hipoteca que sacaron de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacífico y me entregan a mí 30 mil dólares por concepto de alquiler del inmueble y que era el equivalente a los tres años y medio que no habían pagado el alquiler, entonces yo por eso lo recibí, mi hija Felicia y Tamashiro reciben de la hipoteca 180 mil dólares. 

En la casa, ellos pusieron acá una institución que llaman en japones Kazoku: Calor de hogar y familia, que es un asilo exclusivo para ancianos japoneses que pagaban 1800 dólares mensuales la pensión más cara y 850 dólares la cuota más baja. Ellos tenían 6 a 7 ancianos por habitación, percibiendo un ingreso mensual de 12 a 14 mil dólares, pero no me pagaban el alquiler con el pretexto de que construyeron un piso más y modificaron la propiedad para tener más espacio y que puedan ingresar más ancianos. El albergue funcionó algunos años, pero el Ministerio de la Mujer lo cerró porque las enfermeras eran estudiantes y algunas no sabían ni tomar la presión; murieron muchos ancianos, mi casa se convirtió en la casa de la muerte, no los cuidaban como debería ser. Trajeron unas mujeres como cocineras que eran unas mujeres prófugas de la justicia, a todas esas personas las contrataba el japones Tamashiro, mucho del personal que contrató para el albergue se iba porque no le pagaba. Según el personal Tamashiro dedicaba el dinero al juego, Tamashiro era un ludópata.

Viviana Rodriguez
Marco Antonio Tamashiro Kanashiro junto a las enfermeras y una de las ancianas que vivía en el albergue. Imagen: Javier García Wong Kit.

En los tiempos de la pandemia sobreviví gracias a unas vecinas y a un hijo de la vida que me traían víveres para que yo pudiera preparar mis alimentos. Pase los días encerrada absolutamente sola en mi habitación. Una temporada pasé 18 días enteros sin comer, y no me morí pese a que todos los días le pedí al señor que ya me recoja justo en ese tiempo llegaron los hermanos de la iglesia y comenzaron a venir seguido para curar mi alma”.

Los procesos judiciales

El Abogado Manuel Chacaltana nos explica cómo se encuentra el proceso legal que esta llevando la señora María Victoria Márquez contra su hija Felicia Guerra y Marco Antonio Tamashiro 

“En este momento hay dos procesos, uno en ejecución de garantía que es sobre la hija y el exyerno de la señora, que junto a su expareja pidieron un préstamo a una cooperativa y le hicieron firmar a la señora una escritura pública de compra-venta, indicándole que eso era como un aval, pero luego de un tiempo como no tuvieron cómo pagar las cuotas comenzaron a llegarle las notificaciones a la señora Márquez indicando que iban a rematar el inmueble y recién ahí se enteró que lo que había firmado era una escritura pública de compra-venta y procedió a presentar una denuncia en el poder judicial por nulidad de acto jurídico la cual también se encuentra en trámite.

Por la edad que tenía la señora al momento de firmar ese documento, la ley indica que tenían que haberle solicitado un certificado médico, entonces lo que me indicó la señora es que cuando fue a la notaría simplemente bajaron le llevaron la escritura pública y se la hicieron firmar por eso es que se ha presentado la demanda de nulidad de acto jurídico, y presentado el certificado médico porque se ha omitido ese requisito, que sirve para que el notario pueda verificar que la señora se encontraba en pleno uso de sus facultades”, manifestó el abogado.

Felicia Guerra le devuelve a su madre el 50% de la propiedad, no cancelando el impuesto de alcabala lo cual generad que el SAT embargue la pensión de María Victoria.

“En el año 2018, como ya estaba en este proceso de ejecución de garantías la hija de la señora accede a hacerle una escritura pública de dación en pago por el 50 por ciento del valor del inmueble, se le ha transferido ya se ha inscrito en Registros Públicos y la señora Márquez figura actualmente como copropietaria de los derechos y acciones, la expareja de la hija sigue figurando con el otro 50 por ciento. 

La hija al momento de hacer la dación en pago, tenía que hacer un pago de impuesto de alcabala, entonces qué hizo la hija: se acercó al SAT de Lima y liquidó la alcabala a nombre de ella y no a nombre de la señora Márquez que eso era lo correcto, entonces de oficio el SAT liquidó un impuesto que debía cancelar la señora Márquez y como ese pago pendiente, le vienen embargando la jubilación a la señora, hecho que como ya sabemos eso está prohibido por ley.

Viviana Rodriguez
Felicia al momento de hacer la dación en pago, se acercó al SAT de Lima y liquidó la alcabala a nombre de ella y no a nombre de la señora Márquez.

Recordemos que el abogado que estaba llevando el caso anteriormente también era el abogado de su hija, entonces ahí había un conflicto de intereses; eso no es lo único este mismo abogado presento una denuncia por estafa agravada pero el Ministerio Público rechazó esa denuncia indicando que ya había prescrito porque en el año 2013, cuando sucedieron los hechos, no aplicaba el delito de estafa agravada únicamente se establecía en el Código Penal como una estafa simple, entonces en el 2023 el Ministerio Público determinó que no procedía esa denuncia al no existir ese tipo de delitos”, indicó Chacaltana.

En pocas palabras, el abogado Sagastegui no solo defendió mal a la señora Márquez, sino que se coludió con su exyerno y su hija para consumar la estafa a un mujer ciega, sola y abandonada.

 

  

 

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Estos documentos revelan una situación preocupante que requiere una acción inmediata. Basado en el Proyecto de Monitoreo de la Calidad Ambiental, el informe identifica una serie de problemas significativos, incluida la contaminación del aire debido a la actividad industrial, la contaminación del suelo por metales pesados y el ruido ambiental generado por las operaciones de ladrilleras en la zona. Este análisis detallado destaca la necesidad urgente de medidas correctivas y preventivas para proteger la salud pública y preservar el medio ambiente en esta zona.

Entre los aspectos más relevantes se encuentra la contaminación del aire. Los resultados del monitoreo indican que la actividad industrial, especialmente aquella relacionada con fundiciones, metalurgia y metalistería, es la principal fuente de contaminación del aire en la zona. Puntos de monitoreo como CA-VR-03A y CA-CN-01 muestran concentraciones significativas de material particulado PM10, superando los Estándares de Calidad Ambiental establecidos. Además, se han identificado altos niveles de metales como cadmio, plomo, cobre y zinc en el aire, lo que sugiere una importante contribución de la actividad industrial a la contaminación atmosférica.

Otro de los aspectos que se tocaron fueron la calidad de los suelos. Los análisis de suelos revelan concentraciones elevadas de metales pesados en áreas cercanas a las instalaciones industriales, especialmente fundiciones. Cadmio, plomo, níquel y cobre se encuentran en niveles que superan los estándares ambientales, lo que indica una contaminación significativa y potencialmente dañina para la salud humana y el medio ambiente local. 

En Sudaca también contamos el tema del ruido ambiental generado en el lugar. Las mediciones de ruido muestran que las actividades industriales, como la cocción de ladrillos en hornos, generan niveles de ruido que exceden los estándares establecidos para zonas residenciales durante el horario nocturno. Esto plantea preocupaciones sobre el impacto negativo en la calidad de vida de los residentes locales y destaca la necesidad de implementar medidas correctivas para mitigar el ruido en las instalaciones industriales.

La entidad hace diferentes recomendaciones para realizar una vigilancia continua de la calidad del aire y del suelo en la zona, así como caracterizar las emisiones industriales y modelar la dispersión de contaminantes atmosféricos. Además, se insta a las empresas a implementar controles acústicos y barreras de amortiguamiento para reducir la propagación del ruido generado por sus operaciones. Es esencial que las autoridades y la concesionaria trabajen en colaboración para abordar estas problemáticas y proteger la salud pública y el medio ambiente.

Benjamín Zevallos - relleno sanitario

 Resumen de los componentes evaluados y los resultados obtenidos

Lo mencionado por el Minsa

El presente informe detalla el proceso y los resultados del monitoreo de la calidad del aire en la zona de Lomas de Carabayllo, específicamente en las cercanías del relleno sanitario El Zapallal, realizado durante el período del 18 al 23 de diciembre de 2023. Este monitoreo se llevó a cabo con el objetivo de evaluar el impacto ambiental generado por diversas actividades industriales y la presencia del mencionado relleno sanitario en la zona.

El objetivo principal del monitoreo fue determinar el estado de la calidad del aire en la población cercana al relleno sanitario y a otras fuentes de contaminación en la zona, con un enfoque específico en la concentración de partículas menores a 10 micras (PM10) y metales presentes en el aire.

Además, para llevar a cabo este monitoreo, se instalaron tres estaciones de monitoreo de la calidad del aire en diferentes Centros de Salud (C.S. San Pedro de Carabayllo, C.S. San Pablo II y C.S. San Benito) con el fin de obtener acceso seguro y suministro eléctrico para los equipos. Estas estaciones permitieron obtener datos representativos de la calidad del aire en varias zonas de Lomas de Carabayllo.

Se evaluaron parámetros como las PM10, metales en PM10 (incluyendo cobre, plomo, manganeso, hierro, zinc, cromo, entre otros) y variables meteorológicas. Los resultados obtenidos fueron comparados con los estándares de calidad ambiental establecidos por la normativa vigente, incluyendo el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM y los Criterios de Calidad del Aire de Canadá (AAQC).

Ahora bien, este monitoreo indicó que las concentraciones de PM10 se encuentran dentro de los límites establecidos por los estándares de calidad ambiental. Se observó una mínima concentración diaria de 76.22 ug/m3 en la estación C.S. San Pablo II y una máxima de 86.80 ug/m3 en la estación C.S. San Pedro de Carabayllo.

En cuanto a los metales pesados evaluados, se encontraron concentraciones por debajo de los valores establecidos en la normativa vigente. Aunque se detectó la presencia de sílice en algunos casos, esta se atribuyó a fuentes naturales de suelo y/o actividades como la fabricación de ladrillos.

La dirección predominante del viento durante el período de monitoreo fue del sur y suroeste, según se observó en las estaciones de San Pedro y San Pablo II.

Los resultados obtenidos sugieren que, en términos generales, la calidad del aire en Lomas de Carabayllo, cerca del relleno sanitario El Zapallal, se mantiene dentro de los límites establecidos por la normativa vigente. Sin embargo, se recomienda continuar con el monitoreo periódico de la calidad del aire y tomar medidas preventivas para mitigar cualquier impacto ambiental negativo.

Al cierre de este informe, se ha constatado que miembros de DIGESA, representantes de la Municipalidad de Lima y parlamentarios están visitando el relleno sanitario para seguir de cerca el caso de Innova Ambiental. Según lo expresado por Ruth Luque, se pretende llevar a cabo una investigación exhaustiva y tomar medidas concretas respecto a esta cuestión.

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cadmio, calidad ambiental, el zapallal, Relleno Sanitario

Sudaca conversó en exclusiva con uno de los trabajadores de la Municipalidad de La Molina que fueron despedidos luego que se dieran a conocer las influencias de la esposa del alcalde.

La gestión de Diego Uceda en la Municipalidad de La Molina se vuelve a ver involucrada en un nuevo episodio de manejos irregulares. Como ha venido reportando Sudaca en una serie de informes, el alcalde que llegó al poder en enero del 2023 ha sido seriamente cuestionado en más de una oportunidad por decisiones inexplicables y polémicas, como lo fue su oposición a la apertura de un centro comercial o el pago excesivamente alto por asesorías que no cumplían los requisitos.

Sin embargo, en esta oportunidad las luces no apuntan a Uceda por contratar a aliados del partido político que integra ni por obstaculizar a los negocios de su distrito sino por el inapropiado rol que ha empezado a desempeñar su esposa, Lizzi del Rocío Sueldo Matos, en la municipalidad que está a su cargo.

¿UNA DICTADORA EN LA MOLINA?

Durante los últimos días, una serie de videos en los cuales se observaba a la esposa del alcalde de La Molina empezaron a circular en diversas redes sociales. En estas grabaciones, se podía observar y escuchar a Lizzi del Rocío Sueldo decir frases como “El tema social lo veo sólo yo” y “¿Quién está sobre mí? Para botarlo” delante de trabajadores de la municipalidad de este distrito  que escuchaban atentos sus instrucciones.

En otro de los audios se escucha que a la esposa de Diego Uceda coordinar con funcionarios de la Municipalidad de La Molina desde la lista de embajadores de debían ser invitados a eventos organizados por la municipalidad de dicho distrito hasta las diferentes bebidas alcohólicas que iban a ofrecer.

 

Tras la exposición de estos audio y videos en el programa “Ocurre Ahora” de ATV, se esperaba que la Municipalidad de La Molina tome acciones al respecto y brinde alguna explicación. Sin embargo, lo que ocurrió en las siguientes horas parece estar más cerca de una venganza que de un intento de justificación a estos manejos irregulares.

Sudaca conversó con Humberto Quesquén Pérez, quien desde febrero de este año se desempeñaba como maestro de ceremonias y asistentes de protocolo. Humberto cuenta que tiene más de veinte años de experiencia trabajando en municipios, pero que nunca vio una situación como la que le ha tocado observar en La Molina.

“Han empezado a sacar a las personas que ellos creen que pudieron grabar a la esposa del alcalde”, relata Humberto. Quesquén aclara que las represalias por la filtración de los audios empezaron días antes y agrega que entre los afectados estuvo su jefa Ana María Gotuzzo, la cual se habría ido llorando tras su despido según cuenta Humberto.

AQUÍ MANDO YO

Sin embargo, los maltratos en la Municipalidad de La Molina no serían algo inusual para quienes trabajar en este distrito. “Le grita a los gerentes. Ella decide quién entra y sale. Por ella se han ido desde el año pasado hasta ahora más de cuarenta funcionarios”, comenta Humberto sobre la actitud de Lizzi Sueldo en la municipalidad que parecía estar manejando como si fuese la alcaldesa.

“A uno de los últimos gerentes municipales lo sacaron porque ella (Lizzi Sueldo) decía que estaba pintado. Ella decide todo”, explica Humberto sobre el poder de la esposa de Diego Uceda en La Molina. Sudaca pudo revisar las últimas designaciones de este municipio y se comprobó que el en octubre designan a Jorge Luis Rey De Castro Mesa como gerente municipal y el 29 de noviembre hacen un nuevo cambio en este cargo para dejarlo en manos de Liliana Antonieta Loayza Manrique de Romero.

En las últimas horas, Humberto fue otra de víctimas de la venganza que ha emprendido la gestión de Diego Uceda contra todo aquel que considera como sospechoso de haber grabado a la esposa del alcalde tomando un poder que no tenía. En el documento se puede observar que le solicitaban acercarse a brindar declaraciones en calidad de testigo. Sin embargo, antes que pueda tomar una decisión al respecto le dijeron “te tienes que ir”.

“Ella va de lunes a viernes y hace que trabajen los sábados de ocho de la mañana a cinco de la tarde”, dice Humberto sobre la presencia constante de Lizzi Sueldo en la Municipalidad de La Molina y explica que son muchos los trabajadores que han sido testigos de sus actitudes pero callan.

Tras la difusión de audios y videos, la Municipalidad de La Molina optó por responder escudándose en que son víctimas de una campaña de desinformación y acusó a quienes dieron a conocer este material de ser personas que “evidencian su escasa catadura moral”. No obstante, el Comité de Apoyo Social que, según el comunicado de la municipalidad, preside la esposa de Diego Uceda no figura en la web del municipio y los vecinos no han tardado en usar las redes sociales para manifestar que desconocen la labor de dicho comité.

“No cobraré mi mes completo”, cuenta un Humberto muy angustiado tras un despido que más parece una venganza por una irregularidad que, además, no fue él quien la expuso y agrega “aún no llego a mi casa porque no sé cómo decirle esto a mis hijos. Estoy totalmente afectado”.

Quesquén Pérez es padre de dos hijos de ocho y diez años que pronto iniciarán el año escolar, tal como lo contó Humberto en sus declaraciones a Sudaca, y lo que parecía un trabajo que le brindaría estabilidad económica ahora hoy lo deja en total incertidumbre como consecuencia de un nuevo manejo irregular de una gestión municipal que en poco más de un año sólo ha ganado titulares por sus malas decisiones a la que parece sólo poder responder con victimización y venganza.

El presidente de la Fenamarpe, Celso Cajachahua, mostró su preocupación y subrayó que incluso en las áreas donde estos mineros se encuentran en proceso de formalización, se enfrentan a invasiones de individuos que operan al margen de la ley, ignorando los requisitos establecidos por las autoridades. Esta situación no solo plantea desafíos económicos y sociales, sino que también agrava los conflictos en estas comunidades.

Ahora bien, ¿Qué es la Fenamarpe?

Hablamos de la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú cuya representación intenta velar por la integridad y respeto de los trabajadores mineros. En palabras de su presidente, cuya federación fue establecida en el 2002, esta representa a los mineros y está comprometida con la formalización de sus actividades. 

Sus miembros están inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), pero han enfrentado una serie de desafíos, desde obstáculos normativos hasta la falta de apoyo por parte de administraciones anteriores, que no solo no promovieron la formalización, sino que criminalizaron la actividad.

A pesar de estos desafíos, Cajachahua ha enfatizado por el compromiso de su organización con la legalidad y la transparencia en su trabajo. Los mineros de la Fenamarpe operan y están en proceso de formalización, practicando una minería responsable que no solo busca el beneficio económico, sino también el cuidado del medio ambiente.

Sin embargo, la burocracia y las leyes restrictivas han dificultado este proceso. Leyes como la de Interdicción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, promulgada en 2014, imponen requisitos y plazos poco realistas, como los 1260 días y una inversión de 87 mil dólares para obtener toda la documentación necesaria.

Benjamin zevallos

 Capacitación de mineros. Foto: RUMBO MINERO

Para superar estos obstáculos, Cajachahua hace un llamado al compromiso del Estado y los gobiernos regionales. Es crucial que la formalización minera sea vista como una política de largo plazo, que trascienda las administraciones gubernamentales y garantice un ambiente propicio para el desarrollo sostenible de la minería artesanal y pequeña en el país.

La carta al congreso

En el 2018, el «Proyecto de Ley Nº 2090/2017-CR», destinado a ampliar el plazo para la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera, ha sido objeto de un estancamiento en el Congreso de la República, generando un impacto adverso en miles de pequeños productores mineros y mineros artesanales.

El proyecto, que fue aprobado favorablemente en la Comisión de Energía y Minas el 7 de marzo de 2018, ha quedado relegado desde entonces, sin ser incluido en la agenda de sesiones plenarias. A pesar de los esfuerzos realizados por la presidencia de dicha comisión para priorizar su discusión y su eventual incorporación en la agenda legislativa, la espera se ha prolongado durante más de medio año, afectando gravemente a los trabajadores mineros que buscan regularizar su actividad.

La Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (FENAMARPE) expresó su profunda preocupación por esta demora, señalando que la falta de acción por parte del Congreso está generando consecuencias negativas en la economía y la estabilidad laboral de miles de familias que dependen de la minería como su principal fuente de ingresos.

 

La convocatoria en enero 

El 15 de enero, en Nazca, se produjo una movilización con la participación de los mineros en una marcha programada para el 22 de enero en Lima. La movilización, convocada por diversos gremios de pequeños mineros y mineros artesanales, tenía como objetivo principal la derogatoria del D. L. Nº 1607 y la implementación del Plan Nacional de Minería, aprobado hace varios años, pero aún sin ejecución.

Benjamin zevallos

 Protestas que se ampliaron a la capital peruana. Foto: Canal N

Cajachahua enfatizó que la marcha se llevó a cabo de manera pacífica, reflejando la preocupación y el descontento de estos sectores con la situación actual. Esto alienta la decisión de protestar también contra el gobierno de Dina Boluarte cuya atención no ha sido constante. 

En Nazca, se contó con la presencia de representantes de más de 117 bases de mineros a nivel nacional, de las cuales 36 estuvieron presentes en la reunión. En este encuentro se acordaron las acciones a seguir, incluida la participación en la marcha y la preparación de medidas adicionales para hacer oír sus demandas.

En un país donde la minería representa un pilar fundamental para la economía y el sustento de miles de familias, la demora en la discusión y aprobación de leyes que faciliten su formalización no puede ser pasada por alto. Al cierre de este informe sigue al pie un nuevo paro minero que el Ejecutivo puede evitar. Sin embargo, quedaría en manos de un Gobierno que no tiene los pies sobre la tierra ante la desagradable realidad. 

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Todos los que tenemos un pariente o un amigo afectado por esa enfermedad tan antigua como el hombre llamada cáncer, sabemos que en el Perú una parte de los pacientes muere irremediablemente por errores de diagnósticos, pero, sobre todo, por esa timba mensual que los pone en manos de un nuevo oncólogo cada 30 días, arrojándolos muchas veces a las manos de doctores que guardaron sus juramentos hipocráticos junto a las bolsas de la ropa vieja, de los zapatos con hueco y de los resentimientos, las envidias y las oportunidades perdidas.

Para entender de dónde vienen y a dónde van los oncólogos que abren nuestra historia clínica, la miran por encima y nos recetan lo que les viene en gana, hurguemos en sus probables biografías. Primero, en la cúspide de la cadena alimentaria están los hijos de los oncólogos famosos, con consultorio en clínica de primera y los yernos de los famosos. Esos médicos viven bien, ganan bien y están en contacto con la modernidad. Jamás atienden o atenderán a un canceroso pobre.

Segundo, son médicos que han sido y seguirán siendo asistentes de los oncólogos famosos. Atienden a los asegurados y aspiran a tener alguna vez un consultorio en un centro especializado de lujo; mientras ese día llega, atienden rápido, mal y con desgano a los pacientes de EsSalud. Viven renegando de su suerte y odiando a sus pacientes y a los parientes de estos. 

Tercero: ¿cómo cree usted que funciona el cerebro pasional de un oncólogo que no ocupa una plaza fija en un hospital de Salud, reemplaza esporádicamente a los médicos que tienen consultorio en clínicas y no tienen futuro en la especialidad.

Esos son, a grandes rasgos, los perfiles de quienes “atienden” a nuestros amigos y parientes cancerosos. Dios se apiade de ellos.

El pasado 18 de enero, el alcalde metropolitano de Lima condecoró a la filántropa María Teresa Dulanto por su incansable labor en favor del grupo más sufrido y segregado del país: el de los niños pobres que sufren algún tipo de leucemia y cuyos padres carecen de los medios necesarios para solventar un tratamiento que aumente sus posibilidades de supervivencia.

Fuera de las condecoraciones, de los aplausos que sirven de muy poco y del apoyo desinteresado de algunas personas que donan a la Asociación que preside María Teresa, todo resulta insuficiente, ya que la incidencia de esa terrible enfermedad en los niños peruanos pobres crece año tras año, mientras la asignación estatal a los hospitales de salud decrece ante el sufrimiento de los niños y la desesperación de sus progenitores.

Para enterarnos desde adentro del tamaño de la desesperanza de los niños y de sus padres, le preguntamos a María Teresa cuál es la magnitud de la enfermedad y cuáles los problemas visibles del drama.

informe Viviana Rodriguez

  El pasado 18 de enero, el alcalde metropolitano de Lima, Rafael López Aliaga, condecoró a la filántropa María Teresa Dulanto por su incansable labor en favor de los niños con cáncer.

“Los dolores, las desatenciones, las carencias y los sufrimientos que enfrentan los niños son los mismos que enfrentan los adultos, pero los primeros, además, están hacinados en hospitales que ya están colapsados por los adultos en iguales y peores condiciones. Entonces, ambos grupos etarios sufren las carencias de camas hospitalarias, de médicos especializados y de medicamentos de última generación. En el tema de los menores de edad, el sufrimiento se multiplica porque un día cualquiera la enfermedad debuta sin causa aparente; a partir de ese momento, y mientras los médicos provincianos los diagnostican tarde, mal y nunca, la mitad de los niños fallece. De los sobrevivientes, una parte de ellos consigue un médico que diagnostica la enfermedad y ordena su traslado al hospital infantil de la avenida Brasil. El niño, que ya está en una etapa avanzada del mal, llega a un nosocomio que no está acondicionado para enfermos de cáncer infantil, y, mucho menos, para pacientes afectados por leucemia. A partir de ahí, el niño enfermo y diagnosticado de leucemia solamente recibe suero, mientras espera que haya una cama disponible en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) o en el Hospital del Niño de San Borja, donde, dicho sea de paso, yo logré que se implementara el Centro de Transplante de Médula, pero, por falta de camas hospitalarias especializadas, se convirtió en un hospital de tratamientos contra el cáncer infantil donde los médicos son oncólogos, pero no hematólogos pediatras, oncólogos pediatras y oncólogos para tumores sólidos.

En ese instante comienza un capítulo nuevo del drama ya teñido con los colores de la tragedia, pues los médicos ordenan una quimioterapia, luego de la cual los niños regresan a su provincia y se preparan para la siguiente quimioterapia. Cuando se acerca la fecha para venir a Lima a recibir la siguiente quimio, los padres y amigos comienzan nuevamente a buscar el dinero para financiar el viaje familiar y el alojamiento y alimentación de los padres. Cuando consiguen el dinero y llegan al hospital para recibir la quimioterapia, los padres se encuentran con un médico que no tiene idea del avance de la enfermedad, porque en los hospitales peruanos no hay forma de hacerse una tomografía o una resonancia magnética, porque, por ejemplo, en el Hospital Rebagliati, el único resonador existente no funciona hace un año, y los dos tomógrafos están malogrados y no se espera la reparación de por lo menos uno de ellos antes de mayo”, indica María Teresa Dulanto.

 

 

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