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“El hecho de que uno haya consumido dos vasos de whisky no es para que esté ebrio». Así justificó Edwin Talavera Martínez su detención cuando la prensa arequipeña le pidió explicaciones una semana después del escándalo. La noche del 8 de noviembre del 2017, cuando el entonces alcalde del distrito arequipeño Mariano Melgar salía de una reunión a bordo de su vehículo, fue detenido por dos efectivos policiales. El dosaje etílico que le hicieron arrojó 1.2 gramos de alcohol en su sangre, más del doble del máximo permitido por ley, que es de 0.5.

Según el parte policial de su detención, los suboficiales se percataron de “un vehículo cuyo chofer hacía uso del teléfono celular, encontrándose con lunas polarizadas y realizando maniobras temerarias”. Al momento de la intervención, continúa el parte, Martínez presentaba “visibles síntomas de ebriedad”. Esta fue la razón por la que los suboficiales le pidieron sus papeles. Martínez presentó todos los documentos de rigor, excepto el más importante de todos: su licencia de conducir. Así fue como la ex autoridad municipal terminó en la comisaría de Miraflores, distrito vecino al de Mariano Melgar.

24 horas después, sin embargo, el alcalde salió libre. Martínez había decidido acogerse a un acuerdo de terminación anticipada en el que aceptó los cargos por el delito de peligro común y fue sentenciado a cumplir normas de conducta y pagar una reparación civil de 700 soles. La sacó barata. O quizá no. El autor del fallo, el juez Gino Valdivia Sorrentino, actualmente se encuentra cumpliendo una condena de 9 años por haber pedido una coima de S/. 3.000 a una persona acusada de parricidio en mayo del 2018.

El parte policial detalla el incidente que llevó a la comisaría al ex alcalde de Mariano Melgar.

No es lo único que llama la atención del accidente. El auto que conducía Martínez era propiedad de la empresa Distribuciones y Servicios San Gabriel, cuyo dueño es Juan Mendoza Sota, quien fue gerente municipal en la gestión previa a la de Martínez en Mariano Melgar. Mendoza tuvo que renunciar a su cargo luego de que la Contraloría lo encontrara responsable por aumentar de manera irregular las remuneraciones de funcionarios en el 2014.

Según reportes de la prensa local, Mendoza dijo no saber cómo llegó su vehículo a manos de Martínez. El ex gerente municipal explicó que le había prestado su carro a su hermano para su uso personal. Cuando este partió a Estados Unidos, apuntó el exfuncionario, no devolvió el vehículo. Desde entonces, el carro estuvo perdido hasta que apareció cuando detuvieron al candidato de Acción Popular. “No podía denunciar a mi hermano por el carro. Hubiera tenido problemas con su residencia en el extranjero”, manifestó Mendoza cuando le preguntaron porque no hizo ninguna denuncia por la pérdida del vehículo.

Pese a tener todos los ingredientes para una vacancia, el descontrolado Edwin Martínez salió airoso políticamente. Sin embargo, su historia de malas gestiones al volante no terminaría ahí. El récord del candidato por la región Arequipa incluye tres multas a su nombre. Todas graves. Una de ellas fue por no presentar su licencia el día de su intervención policial. Pero Martínez fue multado meses antes del incidente y después también.

En Islay, en las afueras de la ciudad de Arequipa, el exalcalde de Mariano Melgar fue multado por pasarse la luz roja de un semáforo. Esto ocurrió el 5 de enero del 2017. La otra infracción fue por estacionar su carro en una zona prohibida el 19 de enero del 2018, solo dos meses después de ser sentenciado por conducir en estado de ebriedad. Según la base de datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Martínez tiene su licencia retenida desde el 30 de septiembre del 2019.

Estos episodios al volante no fueron los únicos que marcaron su gestión municipal. El candidato pasó de las pistas al ring de box. En el 2018, Martínez fue denunciado por Alejandro Núñez Carpio, regidor de Mariano Melgar, por tirarle un puñetazo al rostro luego de una sesión del concejo municipal. En esa sesión Núñez le reclamó al entonces alcalde la presencia de su pareja sentimental –una mujer que el regidor aseguraba no era la esposa de Martínez– en las actividades municipales, incluyendo las comisiones de trabajo.

En la denuncia policial, Núñez agrega que “anteriormente recibió amenazas de muerte” del hoy candidato al Congreso por Acción Popular. La gresca se produjo el 27 de abril, curiosamente el cumpleaños de Martínez. La denuncia de Núñez fue registrada a las 9:00 a.m. de ese día. La versión del candidato es diferente. Según él, fue Núñez quien empezó la pelea.

Parte del anecdotario de Martínez incluye encadenarse al Palacio de Gobierno el 5 de septiembre del 2018, cuando le quedaba poco tiempo para dejar la alcaldía de Mariano Melgar. Era, según él, como un acto simbólico para exigir presupuesto para su comuna municipal. La Consulta de Ejecución de Gasto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sin embargo, revela que la gestión de Martínez solo invirtió el 38.6% del presupuesto del que disponía para el 2018. Así lo denunció el portal arequipeño El Búho por esos días.

Ni el incidente vehicular ni las peleas entre machos alfa frenaron su carrera política. De hecho, Martínez intentó postular a la alcaldía municipal provincial de Arequipa el 2019, pero fracasó en el intento. Ese mismo año, fue sentenciado por nombramiento ilegal del cargo. Ahora quiere su curul. Sudaca intentó contactarse con el candidato a través de su página oficial de Facebook para que pueda aclarar algunos puntos respecto a su carrera política. Sin embargo, al cierre de esta edición se limitó a dejarnos en visto. Quizá estaba manejando.

**Fotomontaje por Leyla López

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Acción Popular, Edwin Martínez Talavera

De centro educativo a local de campaña política de Renovación Popular. La antigua casona de dos pisos del jirón Costa Rica N°157, en Jesús María, se ha convertido, desde diciembre del año pasado, en el local partidario del candidato presidencial Rafael López Aliaga. Antes de esa fecha, en ese inmueble funcionaba la Escuela de Formación y Perfeccionamiento Directivo, más conocida como CAME, que es parte de los negocios educativos “sin fines de lucro” de Rafael López Aliaga.

CAME es una de las instituciones educativas de la Promotora de Educación y Cultura (PRODEC), asociación presidida por el candidato celeste que también administra a los colegios Los Álamos y Montealto, y al nido Los Alamitos. Todos están vinculados al Opus Dei. Si bien en el transcurso de los años la escuela ha brindado cursos de posgrado universitario, específicamente de “formación integral de ejecutivos intermedios”, sus instalaciones también han sido frecuentemente utilizadas por los alumnos del colegio Los Álamos, ubicado a escasos metros del inmueble, para realizar actividades educativas.

El año 2018, por ejemplo, el auditorio de CAME fue uno de los escenarios donde los estudiantes del colegio Los Álamos compitieron con escolares de otros centros educativos en el conocido Torneo de Debate Interescolar “Exprésate”, según información que ha quedado registrada en Facebook. Hoy las cosas han cambiado en este inmueble de 526 metros cuadrados.

 

Lopez Aliaga
La casona donde queda el local de campaña de Renovación Popular es un lugar estratégico para López Aliaga. Está ubicado frente a la parte trasera del colegio Los Álamos y, además, está en la misma cuadra del nido Los Alamitos (Infografía: Leyla López).

 

El color gris de su fachada ha sido reemplazado por el celeste de Renovación Popular. El inmueble fue utilizado para la presentación de su plancha presidencial el pasado 22 de diciembre. En el balcón del segundo piso, López Aliaga dio a conocer a los candidatos a la primera y segunda vicepresidencia, Neldy Mendoza y Jorge Montoya. El evento fue transmitido en vivo y en directo por varios medios de comunicación.

Prodec fue creada como una asociación sin fines de lucro, según su partida de Registros Públicos, el 6 de noviembre de 1990, con David Kuoman Saavedra como presidente. En estas elecciones, Kuoman postula al Congreso por Renovación Popular. Según información proporcionada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se trata de un millonario empresario dueño de 27 inmuebles que juntos suman más de S/300 millones.

En 1991, Prodec adquirió el inmueble de marras situado en Jesús María. Al año siguiente, la asociación educativa compró otra casona que está ubicada a menos de 100 metros, en el jirón Estados Unidos N° 721, N° 727 y N° 731. Desde esa fecha, allí funciona el colegio Los Álamos. Rafael López Aliaga pasó a ocupar el cargo de presidente de Prodec en 1994, el cual ocupa, según Registros Públicos y su propio testimonio, hasta la actualidad.

¿Qué dice la normativa electoral? El abogado José Manuel Villalobos, señala a Sudaca que, según el artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas, las personas jurídicas con o sin fines de lucro “no pueden” realizar aportes de campaña o realizar donaciones de inmuebles a organizaciones políticas. Lo que sí podría ocurrir, explicó, es que haya un contrato privado de alquiler entre una asociación sin fines de lucro –en este caso, Prodec– y una organización política – es decir, Renovación Popular–. Según Villalobos, si existiera este contrato, tendría que haberlo comunicado a la ONPE en el primer informe del mes de marzo. En los reportes de la ONPE, sin embargo, no hay rastro de que esto haya sido así. El experto apunta que aún tendría tiempo de hacerlo en el segundo informe que se realiza a mitad de año. De lo contrario, puede ser sancionado

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Asociación contra el Covid

Lo cierto es que el candidato presidencial ha utilizado su poderoso imperio educativo al servicio de su campaña. Frente al CAME, en el jirón Costa Rica N°160, por ejemplo, existe un predio que ha sido empleado para inscribir, en Registros Públicos, la asociación Ava Covid-Perú, una asociación sin fines de lucro dirigida por militantes de Renovación Popular y que tiene el objetivo, según ellos, de “asistir a las personas naturales y jurídicas, sin discriminación, que estén siendo o hayan sido afectadas por el Covid”.

 

Lopez Aliaga
Otro local que también es administrado por Prodec, en el que hasta hace dos años funcionó el Instituto Solidaridad (cuando el partido se llamaba Solidaridad Nacional), está ubicado en el jirón Costa Rica N°160 y ha sido usado para inscribir, en Registros Públicos, la asociación Ava Covid-Perú. Los postulantes al Congreso por Renovación Popular, los esposos Katty Cachay y Yorry Warthon, poseen los cargos de presidenta y vicepresidente. López Aliaga es vocal (Fotocomposición: Leyla López).

Sudaca no encontró que este inmueble esté a nombre de Prodec, pero la asociación sí se encarga del pago de los arbitrios y los impuestos prediales de dicho inmueble incluso hasta este año, según información de la Municipalidad de Jesús María. En los registros de gastos ante la ONPE, además, López Aliaga ha colocado esta dirección como un domicilio suyo de referencia. Hasta hace dos años, en ese local funcionaba el Instituto Solidaridad (cuando el partido se llamaba Solidaridad Nacional). Allí dictaban cursos de capacitación y gestión política. La casa ha sido derrumbada y las obras de construcción están paralizadas.

Según la partida de la organización inscrita en Registros Públicos, Ava Covid fue fundada el 17 de septiembre de 2020, en pleno ambiente preelectoral. La abogada Katty Cachay, candidata al Congreso por Renovación Popular, es presidenta de la asociación. Cachay se hizo conocida mediáticamente por haber defendido a la ‘exchica reality’ Macarena Vélez en un escándalo del mundo de la farándula.

Su esposo, Yorry Warthon (33), figura además como vicepresidente de Ava Covid. Al igual que Katty Cachay, estudió Derecho en la Universidad de Lima y postula al Parlamento con el mismo partido. Ambos personajes son muy cercanos a López Aliaga. Completan el directorio el tesorero de la asociación, Fernando Sandoval Ruiz, quien ha pertenecido a Solidaridad Nacional, y Diana Ángela Masamoto Rivas, quien es personera legal de Renovación Popular.

El año pasado, Prodec, que ahora utiliza sus propiedades al servicio de la campaña política de su presidente, recibió S/1.535.159 de préstamo garantizado de salvataje del programa Reactiva Perú. López Aliaga aseguró, en el programa Punto Final del pasado 21 de marzo, que recibió ese dinero del gobierno para pagar los sueldos de los profesores de sus colegios, pese a que había sido un duro crítico de dicha medida económica. “Para pagar a los profesores, una asociación civil sin fines de lucro, para no despedir a nadie, pido un Reactiva, pues”, justificó el candidato.

El empresario, que ha creado, desde el año 1989 hasta la fecha, 60 empresas y ocho asociaciones, dijo a la conductora Mónica Delta que, para postular a la Presidencia, había renunciado a todos los cargos de sus empresas, desde antes del inicio de la campaña, pero precisó que seguía vinculado “en una de ellas”. Según reportes de Reactiva Perú, nueve empresas de Rafael López Aliaga recibieron S/24 millones del programa Reactiva, entre ellas estaba Prodec.

 

Lopez Aliaga
Entre las ocho asociaciones que integra López Aliaga, la Asociación Peruana de Caballeros de Malta es una de ellas. Se trata de una organización religiosa en la que posee el cargo de consejero. El expremier del gobierno transitorio de Manuel Merino, Ántero Flores Aráoz, también es parte de ella. (Foto: Diario Expreso ).

No es la primera vez que un político utiliza recursos o una propiedad educativa para operar toda su maquinaria política. El año 2015, el programa “Mira Quién Habla” descubrió que dos vehículos de la Universidad César Vallejo, de propiedad de César Acuña, fueron usados para transportar personas a un mitin de dicho candidato presidencial. Reveló, además, que en la sede de Los Olivos, se colocaron gigantografías con el candidato presidencial de Alianza Para el Progreso.

En ese mismo año, durante la campaña electoral, diversos medios informaron también que el entonces candidato presidencial del Apra, Alan García, usaba su oficina en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres (USMP), donde ocupaba el cargo de director, para realizar reuniones de los miembros de la Dirección Nacional de su partido.

Sudaca envió un cuestionario al candidato presidencial Rafael López Aliaga, sobre los hechos desarrollados en este artículo, pero no nos respondió.

(*) Fotocomposición de portada: Leyla López

Imagen del local de campaña del partido Renovación Popular, ubicado en una casona del jirón Costa Rica N°157, que es de propiedad de Prodec. Hasta el año pasaso, allí funcionaba CAME. Se trata de un inmueble que era muy frecuentado por los alumnos del colegio Los Álamos. En ese local, se realizaban diversas actividades, como el conocido torneo de debates «Exprésate».

 

Fecha de publicación del artículo: 30/03/2021

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Minedu, Rafael Lopez Aliaga

A solo tres semanas de que arranque la transmisión del programa ancla para la educación a distancia del Ministerio de Educación (Minedu), este aún no se ha empezado a grabar. Pero no solo eso: todavía no se han terminado de aprobar todos los guiones de las clases y los presentadores ni siquiera tienen una guía concreta que seguir, según las fuentes consultadas. Esto, luego de que el ministerio decidiera aplazar la emisión de “Aprendo en Casa” para el 19 de abril, un mes después del inicio de clases, como reportó previamente Sudaca.

“Hoy se desarrolla todo sobre la marcha, están improvisando. Nos dicen que se tiene que poner algo en los programas y ya no lo anterior. Los procesos no son claros. Todos los días nos dicen algo nuevo. Ya no peleo, me rendí”, cuenta a Sudaca un miembro del equipo de preproducción que pidió la reserva de su identidad.

Este medio conversó con seis personas involucradas en el desarrollo del programa audiovisual. Todas coinciden en una flagrante improvisación del ministerio que dirige Ricardo Cuenca y en la demora de su viceministra de Gestión Pedagógica, Killa Miranda, para aprobar los contenidos. Hacia fines de la semana pasada, por ejemplo, todavía se estaban haciendo castings para definir quiénes serían los conductores. Las grabaciones de los programas empezarán recién la próxima semana, apenas dos semanas antes de la primera emisión.

“Me indignó que en un primer momento nos dijeran que creemos contenido, pero nunca estuvo validado por la viceministra hasta mucho después. Luego, nos pidieron muchos cambios cuando ya se había avanzado bastante. El equipo de comunicaciones y el pedagógico no estaban en la misma página. Lo correcto es tener un plan, pero no hay nada de eso”, dice otra fuente, que también trabaja en labores de preproducción en el Minedu. Otras dos apuntan exactamente a lo mismo.

La fuente citada muestra una serie de mensajes de WhatsApp que corroboran su versión. Este medio los ha revisado y ha decidido no publicarlos, para proteger su identidad de probables represalias laborales. En los chats, los funcionarios públicos aseguran que “no están aprobados” determinados guiones y que se está avanzando lo más rápido que se puede.

El pasado 12 de marzo, Sudaca reveló que el Minedu ni siquiera tenía elegida la casa productora que realizará “Aprendo en Casa” para radio y televisión. La entidad acababa de pedir nuevas cotizaciones. Tres días después, el 15, el día que inició el año escolar, el Minedu finalmente firmó un contrato directo con la realizadora Táctico MKT S.A.C. −cuyo nombre comercial es Marketing Táctico−, una empresa especializada en publicidad. A modo de explicación, el ministerio aseguró que este primer mes de clases se realizará una evaluación de los aprendizajes adquiridos en el 2020 y de la situación socioemocional de los estudiantes. Dos exministros respondieron que esa excusa es inaceptable.

El año pasado, Phoenix Producciones ganó el contrato para la realización de 668 programas de televisión solo para secundaria por un monto total de S/ 5,647,078. Este año, en cambio, Marketing Táctico terminó adjudicándose S/ 6,576,351 por los programas de dos plataformas: S/ 4,915,100 para realizar 575 programas de televisión y S/ 1,661,251 para 838 programas de radio, según documentos que pudo revisar este medio.

Contrato - MineduLa empresa, que se publicita como ‘Marketing Táctico – Factoría BTL’, presume en su sitio web sus 18 años de experiencia; 3.400 eventos realizados; 1.300 campañas y activaciones; aunque apenas tiene una experiencia −según la misma página− para una entidad gubernamental: PromPerú. El autor de este informe buscó al gerente general de Marketing Táctico, Guido Vaccaro, pero no respondió a las consultas. De acuerdo con una fuente que colabora con la producción de “Aprendo en Casa”, la empresa “puede que no tenga el background de otras productoras, pero en los términos de referencia [del Minedu] pedían cosas determinadas y eso es lo que manda”.

Hacia fines de la semana pasada, sin embargo, tampoco se había terminado el proceso de selección de los presentadores del programa. El ritmo que afronta la realización es un obstáculo para que el flujo de grabaciones sea continuo. Y la velocidad no es el único problema para quienes trabajarán en el programa que debe suplir las necesidades de aprendizaje de millones de niños en el país. Este año, según dos fuentes, a más de un conductor se le ofreció un sueldo menor al del año pasado.

“Todavía no firmo nada. No hay certeza para grabar de manera continua, aunque la productora jura que sí. En base a mi experiencia, antes que los guiones sean aprobados para que se graben, pasan por muchos filtros”, contó una persona que será una de las imágenes del programa. Ha cerrado con la productora ganadora, solo de palabra, un contrato por un monto menor al del año pasado.

El año pasado el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) colaboró con la realización de parte de “Aprendo en Casa”. Para este año, sin embargo, la figura será distinta. «Esta vez todo correrá por acuerdos entre el Minedu y productoras externas, así lo determinó el ministerio», dijo a este medio Eduardo Guzmán, presidente ejecutivo del IRTP.

Sudaca conversó con trabajadores con experiencia en el rubro audiovisual, quienes señalaron que, dadas las circunstancias, es muy probable que el programa no salga de “manera adecuada” el 19 de abril. Esa es la fecha límite que se ha puesto el Minedu para lanzar las primeras producciones audiovisuales. Contenido habrá, pero la premura y la improvisación podrían mellar su calidad. Según el contrato, la productora tiene todavía más de cuatro meses (140 días) para terminar todos los programas. Para entonces, se habrá terminado el primer semestre de clases. Cabe esperar el paso de los días para ver si los estudiantes del país se verán perjudicados por malas decisiones de la gestión Cuenca, pese a la experiencia del 2020.

Este medio consultó sobre todos estos puntos al Minedu, a través del equipo de comunicaciones, y le escribió directamente a la viceministra Killa Miranda vía WhatsApp. Hasta el cierre de edición, no obtuvimos respuesta.

 

Conspiraciones, renuncias y vacancias presidenciales marcaron los últimos cinco años de fugaces inquilinos en Palacio de Gobierno. Las circunstancias pueden volver a repetirse, por supuesto. Y los llamados a asumir el poder son los vicepresidentes, que ya no podrán ser vistos nunca más como un adorno.

 

La suplente de ‘Forzay’

El pasado 19 de febrero, en una entrevista para América Noticias, la candidata a la vicepresidencia de Victoria Nacional, Patricia Arévalo Majluf, dejó claro que «de ninguna manera” aceptaba postular a ese cargo “pensando que la llevaría a la Presidencia». Quizá, en un futuro no tan lejano, tenga que reconsiderar sus aspiraciones. Patricia Arévalo tiene 61 años, se licenció en lingüística y literatura, y obtuvo una maestría en comunicaciones en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde es directora del Fondo Editorial desde el año 2006.

La mujer de letras tiene también un pasado “alanista”. Durante el segundo gobierno del difunto Alan García, fue nombrada miembro del directorio de Editora Perú, la empresa que agrupa al diario El Peruano y a la agencia Andina. Y entre el 2010 y el 2012, pasó a ser presidenta del mismo. Todo ese arduo trabajo nutre los S/. 341,208.36 que declaró haber ganado el 2019. Arévalo vive cómodamente en un departamento ubicado frente al Golf de San Isidro y que, según Registros Públicos, adquirió por 1 millón de dólares el año 2014.

 

Con Forsyth, la candidata ya ha tenido desencuentros públicos. Cuando el exarquero de Alianza Lima reclutó al renunciante ministro del Interior Cluber Aliaga –luego de que éste pretendiera reponer a los generales pasados al retiro por el gobierno de Sagasti–, la candidata a vicepresidente respondió al diario El Comercio que ella “no lo hubiese convocado”. Aunque luego matizó diciendo que podría darle “un salto de confianza porque es una persona querida por la familia policial”.

 

La plancha presidencial de Victoria Nacional: George Forsyth, Patricia Arévalo y Jorge Chávez.

 

Para el analista político José Carlos Requena estos desencuentros responden al tipo de organización política que es Victoria Nacional. “Es un vehículo electoral, donde muchos entusiastas de diversas procedencias se van incorporando. Es un conglomerado de intereses, personalidades y matices”, explica. De hecho, Arévalo apenas se afilió al partido hace seis meses.

¿Y qué cualidades vio en el exarquero de Alianza Lima? Precisamente haber sido futbolista. “Una de las mejores cosas que tiene es haber sido futbolista porque el deporte en general te da disciplina, eso es fundamental. El caso de un arquero es especialmente importante porque un arquero no mete goles, aprende a trabajar en equipo”, explicó Arévalo en una entrevista para América Noticias.

Esta es la primera postulación a un cargo público de la candidata de Victoria Nacional, aunque su familia no ha sido ajena a la vida política y el activismo. Arévalo Majluf es madre de Jimena Ledgard, filósofa de la PUCP y principal promotora de la marcha multitudinaria contra la violencia hacia la mujer “Ni Una Menos” en el año 2016. El esposo de Ledgard, Augusto Rey, ex regidor de la Municipalidad de Lima durante las gestiones de Susana Villarán y Luis Castañeda, viene siendo investigado por haber realizado presuntas coordinaciones con la empresa brasileña OAS durante la gestión de Villarán para acelerar la firma de un acta del proyecto Línea Amarilla en el 2011, como él mismo explicó en su última columna en Perú21. El hermano de Augusto, Joaquín Rey, postula también con Victoria Nacional al Congreso con el número 9 por Lima.

 

En defensa de la familia, ¿y de la mujer?

“Si usted enseña que lo que menos importa es ser madre, sino más bien ser profesional y ganar plata y nunca lavar los platos, usted se estará convirtiendo en una abuela terrorista de sus nietos”. Con estas palabras Neldy Mendoza Flores, la candidata a la vicepresidencia de Renovación Popular, se hizo viral a inicios de este mes. El speech lo dio, en realidad, el año pasado, durante un evento denominado “Parmenia 2020”. “Las mujeres que toman anticonceptivos son literalmente violadas por los esposos porque el varón no se preocupa en un posible embarazo, en la llegada de un hijo. Simplemente tiene un objeto en su casa, con el cual satisfacerse”, fue parte de su recalcitrante repertorio.

 

Rafael López Aliaga junto a sus candidatos a las vicepresidencias del país: Neldy Mendoza y Jorge Montoya. Fuente: Lucidez.pe.

 

La repercusión fue tal que Liliana La Rosa, decana del Colegio de Enfermeras del Perú (CEP), twitteó rápidamente que no respaldaba ninguna de sus afirmaciones y agregó que Mendoza –enfermera de profesión– está inhabilitada en el CEP desde el año 2007.

 

Pero eso no lo sabía el público que acudió al evento que la lanzó a la fama aquel 2020. Mendoza hizo alarde de su extenso currículum. Los asistentes a su charla pudieron leer que era magíster en “ciencias de la salud, persona y desarrollo humano” y en bioética por la Federación Interamericana de Ciencia y Vida, por ejemplo. Ante el Jurado Nacional de Elecciones, sin embargo, la candidata sólo acreditó estudios en enfermería por la Universidad San Agustín de Arequipa y estudios técnicos en la misma carrera en el instituto “María Montesson”. Esto último no aparece en la base de datos de la Sunedu.

 

La tarjeta de presentación de Mendoza en el evento organizado por el colegio La Salle de Arequipa.

 

Mendoza tiene 50 años y milita en Renovación Popular desde el 29 de septiembre del 2020, hace apenas seis meses. También postula al Congreso con el número 2 por la región que la vio nacer. Su única experiencia laboral, según su hoja de vida presentada al JNE, es haber trabajado como investigadora y asesora en la Asociación Vida Familia, que ofrece cursos de orientación familiar en “los campos de educación y cultura; promoción de la persona y familia; y defensa de la vida humana”. Esta institución tiene como proyectos el Colegio Nuestra Señora del Pilar, en convenio con el Arzobispado de Arequipa. La exposición mediática de Mendoza también le ha generado problemas con el líder de su agrupación. Rafael López Aliaga aseguró que la enfermera renunciaría a su postulación por mutuo acuerdo. Sin embargo, Mendoza hizo pública su discrepancia con el líder de su partido en una reciente entrevista con El Comercio. “Yo no he renunciado en ningún momento (…) Me he sentido sorprendida [por las declaraciones de López Aliaga] Este no es el hombre que yo conozco desde hace nueve meses atrás”, dijo. La fecha límite para retirar candidatos fue el 10 de febrero. Mendoza sigue en carrera y de ser escogida no tenemos certeza de que quiera dar un paso al costado.

 

Candidata inédita

Gisela Tipe De la Cruz tiene 40 años, es ayacuchana, enfermera y, además de postular a la vicepresidencia, también lo hace al Congreso por esa región, con el número 1. Tipe no ha sido dirigente ni miembro de alguno de los comités provinciales o distritales del partido de la lampa, a pesar de que lleva militando 16 años, desde el año 2005. En casa, sin embargo, no todos piensan similar. Su esposo es afiliado al conservador Partido Popular Cristiano desde ese mismo año. Esta es la primera incursión de Tipe a unas elecciones y parece ser una apuesta de Lescano por impulsar rostros nuevos a cargos del más alto nivel. Luego de la experiencia de Manuel Merino y sus secuaces, el candidato parece querer maquillar la imagen de Acción Popular introduciendo personajes inéditos incluso para su propio partido. Ricardo Torres Valdivieso, por ejemplo, militante del partido hace más de 15 años y precandidato al Congreso en estas elecciones, confiesa no conocer a Tipe, aunque tiene buenas referencias. “Sé lo que se conoce en los medios. Tengo referencias sólo positivas de ella como profesional y militante de gran trayectoria en Acción Popular. Sé que proviene de una buena familia ayacuchana de mucha estirpe”, dice a Sudaca. “Es una apuesta por la mujer accionpopulista joven”, comenta Mesías Guevara, presidente del partido, sobre la candidata a la primera vicepresidencia por Acción Popular, la más joven entre los partidos considerados para este informe. “[Tipe] participa activamente como expositora en conferencias sobre salud y temas poblacionales dentro del partido”, añade el también gobernador regional de Cajamarca.

 

Yonhy Lescano en una reunión partidaria junto a Gisela Tipe y Luis Velarde, sus candidatos a la vicepresidencia del Perú.

 

“Creo que lo que dice Guevara es para salir del paso. Si fuese una apuesta por la mujer accionpopulista hay gente en la misma lista de Acción Popular con un recorrido mayor como Maricarmen Alva que va con el número 2 por Lima”, dice el analista José Carlos Requena. Tipe es licenciada en enfermería por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga desde el 2006 y ha sido docente en esa misma casa de estudios entre los años 2018 y 2020, según su hoja de vida presentada al JNE. El 2017 obtuvo su maestría en gestión pública en la Universidad César Vallejo, el orgullo de César Acuña. Según el JNE, la candidata registra dos terrenos, uno de ellos ubicado en el distrito cusqueño de Pichiri, en el conflictivo VRAEM. Si bien no está inscrito en Registros Públicos, la candidata le da un valor aproximado de S/. 8.000. Su otra propiedad, de acuerdo a Registros Públicos, un terreno en Ayacucho, fue adquirido el año pasado junto a su esposo Ramiro Rojas Pillaca y otros por un valor de S/. 200.000.

El economista de las izquierdas

José Antonio De Echave Cáceres tiene apenas seis meses afiliado a Juntos por el Perú, la coalición de las izquierdas que forman el Partido Humanista, Patria Roja y Nuevo Perú. De Echave, que también postula al Parlamento Andino con el número 5, es doctor en Economía por la Universidad Sorbona de París, limeño y con domicilio en Miraflores. Es lo que se diría “un hombre blanco”. El economista de 64 años tiene un largo recorrido laboral basado en consultorías para diversas entidades vinculadas a la defensa del medio ambiente. Ha sido fundador y coordinador de programas en la ONG CooperAcción desde 1997 hasta el año pasado. Entre los años 2017 y 2019, fue consultor para la Fundación Friedrich Ebert, OXFAM, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Natural Resource Governance Institute. ¿Su elección es una señal de tranquilidad para los poderes económicos? José Carlos Requena cree que no. “De Echave es economista de formación, pero es más conocido como activista en temas medioambientales. Quizás si hubiese colocado al señor Oscar Dancourt o Pedro Francke en esa candidatura yo podría esperar ese mensaje”, afirma.

 

Verónika Mendoza junto a José De Echave y Luzmila Ayay. Fuente: El Regional Piura.

Lo que omite De Echave en su reporte ante el JNE es su paso por el viceministerio de Gestión Ambiental, del Ministerio del Ambiente, durante el gobierno de Ollanta Humala, cargo que ocupó entre agosto y diciembre de 2011. El economista renunció por desacuerdos en el manejo del conflicto social de Conga, en Cajamarca. Esta no es la primera incursión del economista en política. De Echave es fundador del Frente Amplio –la otra gran coalición que pretende unir a la izquierda hoy– donde fue miembro de la comisión política nacional e incluso llegó a ser tesorero de la agrupación. Renunció el año 2016. En su hoja de vida, el economista registró cuatro bienes inmuebles en Miraflores y tres vehículos a su nombre. Según Sunarp, sin embargo, dos de esas cuatro propiedades ya no están a nombre del candidato. Luego de un proceso de separación de patrimonios, ahora la titular es Juliette Ferrier Hoyle, su esposa.

 

Algo similar ocurre con los vehículos, donde De Echave tuvo algunas imprecisiones en el registro. El auto de placa BBE165 que declara no le pertenece, según Sunarp. El cambio en la titularidad de las propiedades fue registrado el 11 de noviembre del año pasado, semanas previas a su afiliación partidaria y un mes antes de presentar su hoja de vida al JNE.

**Fotomontaje por Leyla López

Fecha de publicación: 27 de marzo del 2021.

“Los del partido vinieron a hacerme la propuesta para postular por La Libertad. ¿Por qué no por Lima? Es que en Lima ya tenían formado su equipo”, dice Gladys Odar Díaz, candidata al Congreso de Victoria Nacional por la región norteña. La ubicamos en su casa, en el distrito limeño de San Luis.

Aunque no vive en el departamento al que supuestamente quiere representar, Odar -que lleva el número 6 en la lista de candidatos- asegura que tiene familia y ha viajado muchas veces allá. Dice que “los del partido” lo sabían y por eso la eligieron. “Prácticamente eres mitad Lima, mitad norte. No va a haber ningún problema”, recuerda que le dijeron.

La “candidata”, sin embargo, no ha viajado a La Libertad a presentar sus propuestas y asegura que realiza su campaña mediante redes sociales. Pero cuando le preguntamos cómo ubicarla en Facebook, se pone nerviosa y no sabe qué responder. “‘Gladys Odar campaña’ y algo del nombre del partido”, dice dubitativa. Nunca en su vida ha tenido contacto con George Forsyth.

Odar no registra ingresos ni experiencia laboral en su hoja de vida. Declaró tener estudios técnicos, pero actualmente es ama de casa y en ocasiones se recursea “vendiendo algunas cosas”. ¿Cuál es el historial partidario de esta improvisada candidata al Congreso? La mujer pertenece a Victoria Nacional -antes Restauración Nacional- desde 2010, pero nunca, en sus 11 años de afiliación al partido, postuló para algún cargo político. “Es la primera vez que postulo, el partido me lo propuso. Me explicaron cuáles eran los requisitos y después de pensarlo, accedí”, cuenta.

No es la única vecina de San Luis que postula al Congreso. Patricia Odar Díaz es hermana de Gladys y vive a una cuadra de su casa, también en San Luis. Postula al Congreso por el departamento de Apurímac y va con el número 4. Según Gladys, su hermana no hace campaña porque después de inscribirse consiguió trabajo y ya no tiene tiempo. “Ella aceptó la inscripción, pero conforme escuchaba los problemas que había, desistió de postular a su candidatura y no alcanzó a renunciar en la fecha indicada”, agrega.

Intentamos buscar a Patricia Odar en la dirección que consignó en su hoja de vida, pero nos respondieron que ella no vivía allí.  “Como no va a hacer nada por su candidatura, no quiere entrevistas ni publicidad”, explica Gladys.

En este distrito limeño hay al menos ocho aspirantes a congresistas que postulan por regiones en las que no viven. Seis de estas personas están relacionadas, se conocen y se hicieron miembros de Victoria Nacional hace bastantes años, pero, como a Gladys Odar, es la primera vez que el partido les propuso postular al Congreso. Y no parece importarles mucho, pues sus candidaturas pasan desapercibidas, por no decir que son inexistentes.

Ninguno de ellos registra, además, ingresos económicos ni experiencia política en sus hojas de vida que presentaron al JNE. “Este tipo de hechos da muestras de un nivel de improvisación, en la medida en que estos candidatos no solo no viven en las regiones por las que postulan, sino que muchos no tienen ni la más mínima idea de lo que ocurre ahí. No hay ninguna sanción para los partidos que presenten sus listas de candidatos incompletas. Podrían no completarlas y no pasa nada. Lo que ocurre es que no es atractiva una lista que no es completa”, explica Heber Campos, abogado especialista en derecho electoral.

A dos cuadras de la casa de Gladys Odar, vive su amiga Margarita Ramirez Tamayo, quien postula con el número 4 por Pasco. A pesar de ser conocida en el barrio, los vecinos parecen sorprendidos cuando preguntamos por su candidatura al Congreso. “Yo soy muy amiga de Margarita (…) ¿Margarita es candidata? Hasta donde yo sé, ella siempre ha sido simpatizante del partido y ha apoyado a otros candidatos del partido, pero no sabía que ella era candidata”, dice Gladys Odar.

Luis Ramirez Tamayo es hermano de Margarita. Ambos viven en la misma casa y son miembros del partido desde octubre de 2019. Al igual que Patricia Odar, postula por Apurímac, región en la que tres de los cuatro candidatos de Victoria Nacional viven en Lima. A pesar de ser un militante activo del partido -cuando este aún se llamaba Restauración Nacional- y apoyar candidaturas políticas en su Facebook, Luis Ramirez no ha hecho ningún tipo de campaña política en redes sociales. El candidato, que lleva el número 3 de los postulantes a la región de la sierra, se excusó de dar declaraciones para este informe. Únicamente explicó que desde enero su familia se enfermó de Covid-19 y por eso no ha estado activo.

Su esposa María Del Carmen Quispe Quiroz también postula al Congreso representando a los peruanos en el extranjero.

La única candidata cercana a este círculo de San Luis que sí hace campaña es la hermana de María Quispe: Yvonne Quispe Quiroz. Ella tampoco está segura de por qué la eligieron para  postular. “En el partido decidieron, no sé si hicieron un sorteo, pero la cosa es que me dijeron ‘Tú has salido para representar a Moquegua, ¿aceptas?’”, cuenta la candidata.

Quispe, que va con el número 4 a la región sureña, es policía en retiro y profesora. Aunque no es de Moquegua, dice que desde pequeña iba de paseo a esta provincia junto a sus padres. Ella justifica su postulación porque “la Constitución no me lo prohíbe”. “Así como la policía puede trabajar a nivel nacional, nosotros podemos postular porque tengo vocación de servicio y porque soy una mujer que siempre acepta retos”, afirma.

Asegura que durante su campaña ha viajado cinco veces a Moquegua y que esta semana lo volverá a hacer para acompañar al candidato presidencial George Forsyth. A diferencia de los demás candidatos de San Luis, sí realiza campaña a través de su página de Facebook. “Yo acepté postular porque lo que uno quiere es el cambio, porque ya estamos cansados de tanta corrupción”, explica.

La candidata se muestra, además, indignada con el caso de los candidatos de Renovación Popular que postulan a otras regiones cuando viven en Lima. “No tenían conocimientos, preparación”, comenta. Pero ni su hermana ni su cuñado ni la hermana de este tienen estudios superiores o experiencia previa.

Candidatos improvisados Forsyth
Los seis «candidatos» viven en San Luis, postulan por distintas regiones y, a excepción de Yvonne Quispe, ninguno hace campaña ni en redes sociales. Diseño: Leyla López.

Más casos

Solo en el distrito de Surco, hay 12 candidatos que postulan hasta por 9 regiones distintas. Es el distrito que concentra el mayor número de aspirantes que no viven en la región que pretenden representar. Después de una intensa búsqueda en el Asentamiento Humano Rodrigo Franco, pudimos ubicar, por ejemplo, el domicilio de Marianela Peña Campos, quien postula por Áncash con el número 6. Y no es la única en esta casa que busca un curul en el Congreso. Su hijo Joe Guerrero Peña, de 26 años, postula por el departamento de Amazonas con el número 3.

No pudimos comunicarnos con ellos pero sí con el hermano de Joe, quien nos informó que su mamá y su hermano no se encontraban en su casa. La autora de este informe dejó su número de teléfono, pero no recibió ninguna llamada de parte de los “candidatos”. En redes sociales no hay rastro de que estén haciendo campaña.

A 8 minutos de la casa de Marianela y Joe, en el Asentamiento Humano San Lorenzo, en el mismo distrito, viven Jocelyn Benites Cano, de 27 años, y Magaly Guzmán Allauca. Ambas se afiliaron al partido el 9 de octubre de 2017. No tienen trayectoria política ni tampoco declararon sus ingresos económicos.

Sudaca también revisó las hojas de vida de dos postulantes al Congreso que viven en Huánuco y en la misma dirección: Claudia Calderón Grijalva y Fristsy Chavez Bajarano. La primera postula por Pasco; la segunda, por San Martín. Ambas se afiliaron al partido el 30 de noviembre de 2019. Al igual que los demás candidatos mencionados en este reportaje, ninguno ha registrado sus ingresos económicos. Mucho menos hacen campaña de sus candidaturas.

Consultado por este grupo de candidatos, Rennan Espinoza, jefe de campaña de George Forsyth, respondió que él no puede afirmar que se han rellenado las listas con gente que vive en Lima “porque hay mucha gente del interior del país que tiene sus negocios y su residencia en el interior del país, pero que también tienen sus viviendas en Lima, o viceversa”. Dice que está “seguro de que si estas personas no tuviesen absolutamente nada con esas regiones, las hubiesen tachado, y si no, es momento de corregir esta forma de inscribir a los candidatos”. Así estamos. Con la “mismocracia” de siempre.

*Fotocomposición: Leyla López

A fines de febrero pasado, y luego de unos días de descanso, un grupo de trabajadores regresó al complejo hidroeléctrico de la empresa Generadora de Energía del Perú (Gepsa), en Puno. Ya en el campamento donde debían pasar las siguientes semanas, uno de ellos presentó una ligera fiebre, tos y sudoración excesiva. “Después de un día, otros compañeros presentaron síntomas. De los 11 contagiados, uno está en una cama UCI, en Juliaca, desde el 2 de marzo y tiene más del 50% de sus pulmones comprometidos. Incluso el chofer que nos traslada también necesita una cama, está buscando”, dice un trabajador que pidió mantener la reserva de su identidad por temor a represalias.

El autor de este reportaje conversó con cuatro trabajadores de Gepsa, que dieron sus testimonios sobre abusos laborales en medio de la pandemia. Hablaron con reserva de sus nombres y entregaron una lista con los nombres de los contagiados. Sudaca contactó a algunos de ellos, que confirmaron estar recuperándose. Ningún representante de la empresa, sin embargo, quiso dar sus descargos.

Abandono

Gepsa empezó a operar a mediados de 2018, mediante un contrato de suministro de Recursos Energéticos Renovables (RER) con el Estado. Ese año montó un complejo de tres centrales hidroeléctricas -cada una con una producción de 20 MW (megavatios)- ubicado a 2,500 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Carabaya, en Puno.

Los trabajadores llegan de diversas provincias hasta Juliaca y ahí los recoge una movilidad que los traslada, finalmente, hasta el complejo. En el campamento laboran 14 personas y las rotaciones se dan de cuatro en cuatro. Comen, viven y se bañan ahí, en ambientes compartidos. Su jornada debería ser 14 días de trabajo por 7 de descanso, aunque en la práctica -denuncian- eso no se cumple.

“Cuando inició la cuarentena, en marzo del 2020, se dio la orden de no salir del campamento a los que estábamos acá. Pero ya en julio, como no terminaba, liberaron a los que estábamos acá y vino el otro grupo. Desde esa fecha se empezó con 42 días de trabajo y 14 de descanso”, dice uno de los trabajadores.

La nueva medida no impidió que el coronavirus irrumpa en el campamento. Luego de enterarse del primer contagiado, a fines de febrero pasado, los trabajadores pidieron equipos de protección y alcohol. La respuesta, según dos de los empleados entrevistados, fue que no había recursos. Apenas se entregaron botellas de 30 ml cada 15 días y una mascarilla semanal. En el tópico, había un balón de oxígeno, pero estaba vacío porque lo habían usado ya para soldar. “Nos dijeron que, si necesitábamos más, teníamos que conseguirlo de otra forma”, dice uno de los trabajadores.

“Cada uno está en su cuarto y nadie nos dice nada sobre cómo llevar esto adelante. Nada más nos enviaron un correo para hacer una colecta por el compañero que está mal”, dice otro empleado, que permanece aislado por precaución. El entrevistado nos muestra el correo firmado por la licenciada Valerie Vargas, administradora del complejo, que solicita una donación para la familia de Wilfredo Mayta, uno de los trabajadores que se encuentra grave.

El club de los maltratos

Los dueños de Gepsa son los empresarios, y esposos, Javier Lei Siucho y Ana Linares Arévalo. Lei -además de ser accionista y fundador de la compañía- fue gerente general hasta el 22 de mayo de 2019, cuando el directorio aceptó su renuncia. Un día antes, el Poder Judicial le había dictado 18 meses de prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión agravada y cohecho activo genérico en el marco de las investigaciones del caso “Club de la Construcción”. Para ese momento, Lei Siucho se había hecho humo.

El hoy prófugo de la justicia fue vinculado a la investigación como dueño de la constructora CyM. La constructora y la hidroeléctrica, sin embargo, están íntimamente relacionadas. Según registros públicos, Gepsa –que antes del 2006 tenía como nombre ‘Minera Mochica Gold S.A.’- ha recibido al menos dos aumentos de capital por más de S/25 millones en los años 2010 y 2014 por parte, justamente, de CyM, donde Lei es accionista mayoritario. Eran los mejores años del “Club de la Construcción”.

Acta de constitución de Mochica Gold, que luego pasa a ser Gepsa.

A inicios de este año, y desde la clandestinidad, el empresario solicitó al Poder Judicial revocar la medida de detención en su contra, argumentando que su salud estaría en peligro por la pandemia. Pero el Poder Judicial rechazó su pedido en primera y segunda instancia. “[Lei] ha demostrado un comportamiento cuestionable al rehuir de la acción de la justicia”, se lee en la resolución de febrero de este año.

Lei ha podido esquivar momentáneamente a la justicia, pero Gepsa no pudo hacer lo mismo con la Sunafil. En 2019, algunos de sus empleados denunciaron a la empresa debido a los extenuantes horarios de trabajo y las mensualidades impagas. Los hacían laborar 21 días seguidos y les daban 7 de descanso, cuando las jornadas continuas debieran ser, máximo, de 14 días. En febrero del 2020, la superintendencia terminó imponiendo una multa de S/231,546.00 a la empresa.

La resolución señala, entre otras cosas, que Gepsa “no acreditó el otorgamiento de descanso semanal obligatorio”, ni “el pago de horas extras”, ni “el otorgamiento de vacaciones”. Y lo más grave: “suscribió contratos de trabajo que no cumplen con las disposiciones legales establecidas”.

A pesar de este antecedente, los trabajadores no han vuelto a recurrir a la Sunafil por temor a represalias. “La última vez que alguien denunció a Sunafil prácticamente amenazaron con que tomarían represalias contra alguno de nosotros. Y también, en mi caso, pensé que denunciar a Sunafil era irrelevante porque la última vez también sólo quedó en una multa y ya. Nada cambió”, se lamenta uno de los trabajadores entrevistados para este reportaje, que, además, se queja de un reciente retraso en los sueldos.

Multa de Sunafil a Gepsa

 

Tras cruzar todo el Pacífico, el pasado 8 de setiembre un bividí llegó al puerto del Callao. 100% algodón, cuello redondo, largo a la cadera y un pequeño distintivo de su marca comercial, Doo Australia. Ancló, junto a otros 2.300 bividís y más de 40.000 prendas diferentes, en un contenedor lleno de ropa para la temporada de verano. ¿Su país de origen? La China. 

La empresa que importó aquel cargamento fue Saga Falabella, una cadena chilena de tiendas por departamentos que pertenece al mismo grupo que Tottus y Sodimac. Según documentos de Aduanas, compró el bividí a los chinos a US$1,87. Agregándole el flete, el seguro, los aranceles, el impuesto municipal y el IGV, la prenda le terminó costando US$2,48, poco menos de S/9, de acuerdo al tipo de cambio de entonces.

Falabella puso a la venta aquella prenda a S/39,90, cuatro veces más de lo que le costó importarla. Hoy, con el verano ya por terminar, la ‘remata’ a S/24,90. Una historia similar es la del polo para niños marca Cloudbreak, también 100% algodón, que llegó desde Bangladesh al Callao el 14 de agosto del 2020. A Ripley le costó, sumados todos los cargos, US$1,90 o S/7. Hoy lo vende a S/19,95.

Por aquellos días, el Perú vivía su tercera fase de reactivación económica. En setiembre, los conglomerados comerciales llevaban poco menos de tres meses reabiertos, tras haber estado casi 100 días paralizados. Gamarra operaba con aforo reducido: solo los dos primeros pisos de las galerías recibían al público. Detrás, la industria textil intentaba despertar de un largo coma inducido.

Y tenía esperanza. A la par de la reapertura, el 25 de junio, el entonces viceministro de Mype e Industria, José Antonio Salardi, había pedido al Indecopi que evalúe una medida de defensa para la comatosa producción nacional. ¡Salvaguardias!, fue el grito de los textileros peruanos que el funcionario trasladó a la entidad técnica. ¿Qué es eso? Un aumento de los aranceles, en este caso, a la importación de prendas de China y Bangladesh.

Las salvaguardias son medidas de defensa comercial que los países pueden usar ante una situación de emergencia. Por ejemplo, cuando el aumento inesperado en las importaciones de un producto amenaza con causarle un daño grave a la industria nacional que lo fabrica. Se trata de que los empresarios locales puedan competir sin enfrentar un naufragio súbito.

Del otro lado, sin embargo, no se iban a quedar callados. Grandes empresas importadoras −entre ellas, Ripley y Falabella−, junto a los gremios que las representan, aportaron rápidamente argumentos en contra. Su voz no encontró eco en el Indecopi, que el pasado 25 de enero recomendó a una comisión multisectorial conformada por los ministros Waldo Mendoza (Economía), Claudia Cornejo (Comercio Exterior) y José Luis Chicoma (Produce) aplicar las salvaguardias de manera temporal. Pero la voz del gran empresariado sí encontró eco en el gobierno.

Industria textil
De izquierda a derecha: José Luis Chicoma (Produce), Claudia Cornejo Mohme (Mincetur) y Waldo Mendoza (MEF). La comisión multisectorial que no quiso defender a la industrial textil nacional.

Las salvaguardias fueron bloqueadas por estos tres ministros, que el 18 de febrero hicieron oficial su negativa de otorgar las salvaguardias en un decreto supremo. El miércoles pasado sustentaron su decisión ante el Congreso con los mismos argumentos que las compañías.

Sudaca hace público el informe preliminar elaborado por Indecopi y reconstruye, en cifras, la crisis que atraviesa el sector textilero. Decenas de miles de peruanos esperan que los representantes del gobierno reculen y atiendan la recomendación del ente que vela por la libre competencia.

 

La industria se muere

“Estamos arriesgando a toda una industria. No es solo Gamarra. Vamos a sacrificar el futuro de un millón de familias porque la ministra [de Comercio Exterior, Claudia Cornejo] no quiere ver la realidad”, dice con desesperación Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú. Asegura que menos del 6% de los pequeños empresarios de su emporio accedió al fallido programa de créditos Reactiva Perú.

Saldaña recoge cifras de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI): el sector textil y de confecciones genera cerca de 1 millón de empleos indirectos en el país. “Se está exponiendo al aparato productivo más extendido del Perú a la quiebra inminente […] tal como ha sucedido en otros países”, asegura el presidente de este gremio, Ricardo Márquez. A diferencia de la Confiep, asociada al gran poder corporativo, la SNI es más cercana a las mypes.

Los números respaldan la preocupación de Saldaña y Márquez. El 2020 fue un año nefasto para los textileros peruanos. Un botón como muestra: el uso de la capacidad instalada −que equivale a lo que todas las fábricas y máquinas del país podrían producir− se desplomó a apenas 39,6% en el primer semestre del año pasado, según cifras del Banco Central de Reserva. Gran parte de la industria quedó paralizada.

 

Capacidad productiva

“Más del 80% de los productores de Gamarra no tiene capital para reiniciar su actividad. ¿En dónde liquidamos la mercadería que quedó del verano, si en todo el país está la ropa asiática a precios irreales? El mercado está completamente abarrotado”, dice hoy Saldaña.

Para volver a producir, un empresario necesita dinero. Sin acceso a crédito barato, puede conseguirlo rematando los saldos de su última campaña fallida, la del verano con segunda cuarentena. Sin embargo, no parece tener dónde.

La ropa importada ya muestra cifras ‘de remate’, explica Saldaña.  Los productores nacionales esperarían que el precio de una prenda se mueva siguiendo el patrón de los insumos que la componen, pero según datos recopilados por el Indecopi, en su informe preliminar, desde el 2018 el precio de las confecciones importadas viene bajando a un ritmo mayor que el de sus materias primas, el algodón y el poliéster. 

“Esto indica que estamos ante una situación que no ha podido ser prevista por los productores nacionales. La industria nacional no estuvo preparada para enfrentar esta competencia”, dice Luis Alberto León, secretario técnico de la Comisión del Indecopi que elaboró el informe preliminar

Precio Alghodon y poliester

Pero quizás la muestra más cruda de la situación del sector es el empleo. Según cifras recopiladas por el Indecopi, que asegura haber evaluado un porcentaje representativo del mercado, el número de trabajadores contratados por la industria textil cayó a la mitad en el primer semestre del 2020. Eso equivale a decenas de miles de nuevos desempleados

 

¿Nos salvamos o naufragamos?

En su informe, Indecopi recomendó subir en 20 puntos porcentuales el arancel para las confecciones chinas y de Bangladesh por 200 días. En su presentación ante el Congreso, sin embargo, la ministra Cornejo −exgerenta de la Confiep− aseguró que la decisión de no poner las salvaguardias se debió a que no hubo “pruebas claras para acreditar la relación causal entre el supuesto aumento de las importaciones y la amenaza de daño grave [a los textileros peruanos]”. En cambio, dijo, se encontraron “otros factores de alta importancia”, como “la emergencia sanitaria causada por la Covid-19”.

Un argumento muy parecido dio a Sudaca Jessica Luna, gerenta general de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex), un gremio afiliado a la Confiep que representa −entre otros− los intereses de grandes importadores de prendas asiáticas, como Falabella, Ripley, Zara o Cencosud. De hecho, Comex se presentó ante el Indecopi junto a todas esas empresas y, en su nombre, cuestionó la mera apertura de la investigación por salvaguardias.

“La investigación no ha demostrado un aumento de las importaciones, no ha demostrado que hay una amenaza de daño [a la industria local] y tampoco una relación causal entre ambos”, aseguró Luna a este medio. Y envió una presentación elaborada para Comex por una consultora en comercio exterior. Esta menciona, como Cornejo, que la culpa de la crisis textil es de la primera cuarentena. Dicha presentación fue expuesta al Indecopi en enero, pero no lo convenció.

El informe preliminar del organismo público es enfático: dice que sí se puede determinar, en etapa preliminar, la relación causal entre las crecientes importaciones asiáticas y el riesgo de daño grave a la industria nacional. Añade que “no resulta razonable inferir” que la cuarentena −y demás medidas de contención− tengan algo que ver con la crisis del sector textil

El argumento del Indecopi se traduce así: la industria peruana no ha tenido un accidente puntual, sino que padece una enfermedad crónica desde hace varios años. Entre el 2016 y el 2019, por ejemplo, las prendas de China y Bangladesh pasaron de ser el 159,2% de la producción nacional a ser el 265,9%. Un crecimiento innegable, que luego se disparó con la pandemia: entre enero y setiembre del 2020 las importaciones representaron el 509,9% de lo fabricado en el país.

 

Mercado nacional vs importaciones

En los últimos cuatro años, entre 2016 y 2020, la producción nacional pasó de tener el 17.2% del mercado de confecciones a apenas el 5.8%. Las importaciones de China y Bangladesh siguieron el camino exactamente opuesto: a setiembre del año pasado ya copaban el 82,2% del mercado. Como advirtió Saldaña, ya no parece haber lugar para el empresario peruano.

Pero hay un riesgo latente incluso peor. “China y Bangladesh tienen amplia capacidad exportadora y fácilmente pueden aumentar sus envíos a nuestro mercado”, dice Luis Alberto León. Ambos podrían ‘redireccionar’ sus envíos al Perú y terminar de hundir la producción nacional. ¿Por qué hacia aquí? Porque les cobramos solo 11% de arancel a las confecciones, mientras que en Colombia, Ecuador y Brasil les cobran entre el 25% y 40%. Una ganga impositiva.

Arancel

“Cualquier demora en la adopción de medidas de salvaguardia sobre las importaciones de dicho producto generaría un perjuicio difícilmente reparable para la rama de producción nacional”, concluye el informe del Indecopi.

 

El ‘lobby feroz’

A la elaboración del informe no solo se “apersonaron” Comex y sus agremiadas importadoras, con los argumentos que luego ha repetido el gobierno, sino también la Cámara de Comercio China para la Exportación de Textiles y una empresa con un pasado reciente particular: Acuario Export E.I.R.L, cuyo gerente es Marcelino Aguilar Mollinedo. El empresario figura entre los 16 detenidos en un megaoperativo realizado el pasado 17 de diciembre por la Fiscalía. Los presuntos delitos fueron el contrabando y la defraudación tributaria.

Lo cierto es que las presiones hicieron efecto. “La ausencia de relación causal” no es el único argumento contra las salvaguardias que comparten los ministros y Comex, por ejemplo. El gremio también reclamó a Sudaca que el Indecopi haya usado demasiados tipos de productos textiles para su informe. Luna dice que eso distorsiona el análisis porque no se trata de prendas similares entre sí, y porque le da demasiado peso a las medias y la ropa de cama, cuando en el Perú lo realmente relevante son los polos.

“Se están agrupando en un solo grupo de productos como polos, pantalones, medias, guantes, ropa de cama, de mesa […] Estos artículos no son comparables entre sí, usualmente no compiten en el mismo mercado y no tienen el mismo uso”, dijo Cornejo al Congreso. “Consideraron 284 subpartidas arancelarias, que definen como confecciones. Ahí tienes ropa de cama, pantalones, secadores, medias, etc. Son productos que no son similares entre sí”, asegura Luna a este medio.

Si bien es cierto que el sector textil peruano es más ‘polero’, eso no significa que no se produzca todo lo demás en el país. “En Gamarra tenemos cuadras enteras que hacen calzones y medias. Es todo un sector. Que se den una vuelta por acá, los que no conocen. También ropa de cama y para el hogar. Aquí compra el pueblo, que no tiene plata para Casaideas”, reclama Saldaña.

Pero además, el Indecopi ya explica en su informe por qué considera tantos productos dentro de su análisis. Se basa en jurisprudencia previa de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La lógica es que los productos son “similares” o “directamente competidores” cuando un fabricante puede usar las mismas máquinas, mano de obra y materia prima para hacer cualquiera de ellos. Es decir, que, si tiene la posibilidad de reorientar rápidamente su producción de polos a calzones, vale.

Otro argumento utilizado por el empresariado para bloquear la salvaguardias fue el de las ‘represalias’. “Los países afectados [por las salvaguardias] tienen el derecho de establecer medidas restrictivas en contra de las exportaciones peruanas en los sectores que estimen convenientes”, dijo Cornejo. “Si no se cumplen los requisitos [para poner salvaguardias], ya se ha comentado que con China la preocupación es [que aumenten los aranceles a] nuestros productos agrícolas”, asegura Luna. ¿Toca agachar la cabeza?

Finalmente, Luna, quien aseguró hablar en nombre de todos los agremiados de Comex con intereses en torno a las salvaguardias, dijo que le preocupa que un aumento de los aranceles sea trasladado por las empresas al precio final que paga el consumidor. “Los consumidores son como los ‘hijos’ de Con Mis Hijos No Te Metas. ‘Pobrecitos los consumidores porque los precios se van a encarecer, ¿no? Eso no va a pasar”, reclama Saldaña.

León, de Indecopi, indica que el traslado de los aranceles a los precios finales dependerá de la competencia del mercado. “Los importadores podrán trasladar esos cargos al precio final en la medida en que haya poca competencia”, explica. Si hay competencia intensa, “va a ser difícil que pueda trasladar el costo de la medida [las salvaguardias] al precio final”, agrega.

Toca, entonces, volver al bividí de algodón que Falabella trajo de China. “Dependiendo del margen de comercialización que tiene una tienda por departamentos. Si importa un producto a US$3 y lo vende a US$15, su margen de comercialización podría verse castigado. De repente ya no va a ganar 400%, sino solo 200%”, asegura León. ¿Vale la pena salvar a la industria peruana por eso? Vale la pena.

*Para la elaboración de esta nota, Sudaca solicitó vía ‘transparencia’ al Mincetur y, formalmente a través de la oficina de prensa de los tres ministerios, los documentos que contienen el sustento técnico para negar la aplicación de las salvaguardias. Pese a que desde el Mincetur se comprometieron en responder, no lo hicieron. Hasta el cierre del artículo, los encargados del acceso a la información pública de este despacho tampoco respondieron a este medio.

**La fotoportada, las fotocomposiciones y los gráficos de esta nota fueron elaborados por Leyla Lopez.

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Importaciones, Ripley, Saga

Por Luisa García y Miguel Loayza*

Liliana Salvador paseaba por el Centro Comercial Jockey Plaza cuando alguien le ofreció una tarjeta de crédito con múltiples beneficios. La Tarjeta CMR, le explicaron, le permitiría obtener descuentos en todos los servicios que el Grupo Falabella ofrece a través de tiendas como Tottus, Sodimac o Saga Falabella. A Liliana la oferta le pareció tentadora. Sin pensarlo mucho, aceptó.

Desde entonces, hace ocho años, ella y su familia se han convertido en clientes habituales de Supermercados Tottus. “Al inicio, veía descuentos del 6% en comida o ropa y no me llamaba mucho la atención, pero un familiar que es más acucioso me dijo que valía la pena. Ahora vamos todos los martes, y también los sábados, por el 20% [de descuento] en carnes”, señala en conversación con Sudaca.

Liliana, sin embargo, ha tenido que ser extremadamente cuidadosa para evitar los intereses excesivos cuando se retrasa en sus pagos. Cada vez que retira efectivo con su Tarjeta CMR, se le aplica una tasa de interés de más del 50%. Lo ve como un recurso de emergencia que debe pagar sí o sí en una sola cuota a fin de mes. Si no, su deuda crecería descontroladamente. “Todo lo que compramos lo pagamos en una cuota, porque si pagas, como dicen, ‘en cómodas cuotas’, ahí sí se acumulan los intereses y la mora”, señala.

De acuerdo con la Superintendencia de Banca (SBS), alrededor de la mitad de tarjetas de crédito emitidas a nivel nacional están vinculadas a supermercados y tiendas por departamento. Es lo que se conoce como ‘retail financiero’. ¿Cómo funciona este negocio que atrae a tantos peruanos? Esta imagen nos da una pista.

Foto: Giuliana Fonseca.

“GRATIS” es la palabra que resalta el anuncio. Arriba, una condición: la compra por casi S/400 de productos de una marca específica. Debajo, un regalo: un pollo a la brasa con papas y gaseosa. Con esa claridad sobre los gustos gastronómicos de los peruanos aterrizó la Tarjeta Cencosud en el 2012.

Al crear un brazo financiero en el Perú, el grupo chileno Cencosud heredó la data acumulada por la exitosa Tarjeta Bonus. En seis años, sus tarjetas ya eran casi tantas como las emitidas por el Banco de Crédito del Perú. Su tasa de interés promedio salvo pocas excepciones no ha bajado del 70% en los últimos cinco años. En el caso de los otros ‘bancos retail’, Falabella y Ripley, la tasa se ha mantenido en la mayoría de los casos por encima del 50% y 60%, respectivamente, según data de la SBS.

Diseño: Leyla López.

Su apuesta para ‘colocar’ créditos no es una extensa red de oficinas bancarias, sino una de tiendas comerciales (retailers) a nivel nacional. Al vender carne para una parrillada, ropa o lavadoras, intentan vender, a la par, dinero al crédito. Y la ‘mina de oro’ está en los intereses. No se trata de entidades financieras a secas, sino de cadenas de tiendas que tienen a un banco o una caja de crédito.

“Lo que hace diferente a este negocio de los demás bancos, y que está más presente en Falabella, es que todo se queda en casa”, afirma Cecilia Ramírez, especialista en análisis de negocios y finanzas corporativas.

Todas las promociones que brinda la tarjeta CMR son para los retailers de sus líneas de negocio. Por ejemplo, te dicen que por comprar una parrilla en Sodimac te regalan carne en Tottus. Eso es hacer ventas cruzadas. De esa manera generan ingresos no solo a la línea de tiendas para el hogar, sino también para el banco y así gana todo el grupo”, explica.

Entre 2012 y 2016, en promedio, el 95% de los ingresos de los bancos Falabella, Ripley y Cencosud provino de los intereses y comisiones que se les cobra a los clientes por el uso de las tarjetas. Así lo detectaron Cecilia Ramírez y Giuliana Fonseca a través de su investigación académica “El rol estratégico de la tarjeta de crédito en el modelo de negocio de las firmas chilenas en el sector retail peruano”.

El último jueves por la noche, sin embargo, una noticia sacudió las esferas del poder bancario. No fue la caída de alguna inversión en la Bolsa de Valores de Lima, sino la repentina obligación de ceñirse a un tope máximo en los intereses que les cobran a sus clientes de a pie, o pequeños consumidores.

Alrededor de las 7 p.m. el Congreso de la República aprobó por insistencia el proyecto de ley contra la usura financiera, que semanas antes había observado el Ejecutivo al considerarlo “perjudicial para la estabilidad del sistema financiero y la protección del ahorro de los depositantes” porque generaría “exclusión financiera, principalmente al pequeño consumidor y a la MYPE”. La gran crítica a esta medida de parte de los bancos, del Ejecutivo y de la SBS es que los alejará de prestarle dinero a las personas con menos recursos.

Si la medida se aplicara en el Perú de forma similar a como se aplicó en Chile, los bancos del retail financiero serán los primeros y más ‘perjudicados’. Planteado el debate, Sudaca retrocede un paso y vuelve la vista a las tarjetas de crédito y sus tasas de interés. Específicamente a las vinculadas a supermercados o tiendas por departamento, cuyo número de tarjetas de crédito supera ampliamente al de cualquiera de los 4 principales bancos del país.

Diseño: Leyla López.

El testimonio de un insider

El diseño de las ‘ventas cruzadas’ constituye el corazón del “mix” empresarial del retail financiero. ¿Qué tanto sabe este de nosotros y cómo? Muchísimo. Y se alimenta cada vez que, por ejemplo, Liliana Salvador elige “pagar con tarjeta”.

Cada vez que el cliente utiliza una tarjeta del banco del mismo grupo comercial, el grupo acumula información valiosa sobre los hábitos de consumo del usuario. Carlos −un nombre ficticio que utilizaremos para identificarlo− conoce esta trama a la perfección. Él diseñó estas ofertas por alrededor de dos años, como “analista de producto senior” en Banco Falabella. “Por la ley de protección de datos personales, no tenías acceso a los detalles, pero sí podías entender cómo se comportaban los clientes, hacer ofertas, y así aumentar la venta del retail”, dice.

Qué sueles comprar, cuántas unidades, cuánto dinero destinas a ello y con qué frecuencia, son datos que se suman al de tu edad y sexo. El área de inteligencia de clientes es la encargada de este minucioso seguimiento. “La información que se tiene es muy rica”, precisa. Un equipo de estadísticos sistematiza la información, con la que luego trabajan los analistas de producto para la creación de “campañas” en coordinación con los jefes comerciales.

“Muchas veces la reunión con [el área de inteligencia] era: ‘Quiero reunir gente con esta categoría, o por temporadas’. Por ejemplo, si querías hacer una promoción de piscinas inflables, entonces preguntabas por los clientes con hijos. Puedes identificar quiénes tienen hijos de esta edad, [al conocer] quiénes compran pañales, o quienes compran biberones. Tienes información de Saga, Tottus, Sodimac, entonces es mucha información. Información sobraba”, dice el exanalista sobre la etapa de elaboración de una campaña.

Luego de identificar los clientes potenciales, le sigue la ejecución de la comunicación. “Por ejemplo, si tienes un proyecto en el hogar, [se sabe que] primero compras fierros, después tuberías, después pintura. Entonces si en Sodimac encuentro que un cliente compra fierros, le puedo mandar [vía e-mail] ofertas con la tarjeta para los siguientes niveles, porque sé qué es lo que va a comprar después”, cuenta Carlos.

“Sabemos los resultados, porque las herramientas que envían e-mails saben quiénes abrieron tus e-mails, y tengo un identificador. Durante la campaña busco si las personas han comprado en esta categoría. Así se hacen los famosos cash-backs, si una persona compra en una campaña, le devuelvo un dinero”, precisa.

El analista tenía como objetivo, en sus propias palabras, “aumentar la participación de la Tarjeta CMR dentro de Sodimac y Maestro”. Como él, había otros dos “analistas senior” enfocados en Saga Falabella y en Tottus e Hiperbodegas.

“Yo estaba en el Banco Falabella, encargado de ver la tarjeta de crédito CMR. ‘La participación’ significa principalmente cuánto de la venta del retail [Sodimac y Maestro en este caso] es hecho con la tarjeta de crédito. Mi objetivo principal era incrementar el uso de la tarjeta a través de promociones y acciones [de seguimiento de necesidades de consumo]”, precisa.

El beneficio para el banco es claro: a más créditos colocados, más intereses por cobrar. ¿Cuál sería el beneficio para la tienda? Primero, más decisiones de compra al acceder a un descuento o un pago fraccionado usando la tarjeta. Pero también hay un beneficio monetario.

“Dentro del Grupo Falabella, hay múltiples ventajas. Para el retail, la ventaja es principalmente que el banco pagaba una especie de ‘bono’ por la participación que llevaba. El Banco Falabella pagaba a Sodimac. Era en función de las múltiples variables, tenían su propio algoritmo. Teníamos 20–30% de participación de tarjeta [CMR], a Sodimac le convenía tener más de 30%. La plata quedaba dentro del Grupo Falabella”, detalla el exanalista de producto.

Sudaca envió un cuestionario detallado al Banco Falabella, pero decidieron evadir nuestras preguntas. “Somos una empresa del Grupo Falabella, con indicadores distintos al sector retail, pero que compartimos el objetivo de ayudar a las personas haciendo posibles sus aspiraciones a través de una oferta integrada de servicios financieros, potenciados por los beneficios del ‘Mundo Falabella’”, se limitaron a decir.

Caja Cencosud también evitó contestar las preguntas de este medio. Subrayó, sí, su disconformidad con la ley de los topes a las tasas de interés. Banco Ripley precisó simplemente que no participarían del reportaje.

La respuesta del gremio bancario y la experiencia chilena

“El retail es una ciencia, es un punto de venta donde lo que más importa es que el metro cuadrado disponible sea rentable”, resumía para la investigación “Chile en cuotas” (2012) un ex ejecutivo de una de las multitiendas más poderosas del país sureño. Una ciencia sobre la que hay poca conciencia entre los usuarios.

Diseño: Leyla López.

De acuerdo con el exanalista de producto de Banco Falabella entrevistado con reserva para este informe, el objetivo principal es que el usuario pague con la tarjeta y el secundario es aumentar el número de clientes que compra en cuotas. ¿Y la morosidad? “Es un riesgo que siempre hay y siempre se tiene que medir. Pero el riesgo es mucho más bajo que la ganancia que vas a tener. (…) Cuando yo estuve en el banco, lo tenían muy bien controlado”, cuenta.

Los intereses se dividen, principalmente, en dos tipos: los compensatorios y los moratorios. Los compensatorios corresponden al pago adicional al que se compromete el cliente a cambio del préstamo recibido; los moratorios, a la indemnización percibida por el banco debido al retraso en las cuotas pactadas. Ambos tipos de intereses son establecidos por el banco en base a criterios como el monto del crédito o el riesgo que representa el cliente.

La ley aprobada por insistencia en el Congreso recientemente no precisa el mecanismo por el que las tasas máximas serán establecidas. Sin embargo, la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) está convencida del futuro efecto. ”Los límites máximos dejarán a entidades financieras sin la posibilidad de seguir prestando”, sostiene categóricamente en una respuesta por escrito a las preguntas de Sudaca. “(…) el número de entidades que sean finalmente afectadas y por ende el número de clientes que vean restringido su acceso a crédito dependerá del nivel del límite que se fije”, asegura la entidad.

Asbanc evita responder sobre la estrategia comercial de los bancos vinculados a las tiendas retail. Una de las pocas armas para ir contra los altos intereses en este sector es la tasa de costo efectivo anual de las tarjetas de crédito, la TCEA. Esta representa el costo total del crédito, pues considera además de la tasa de interés, comisiones y gastos que son cargados a tu cuenta. Su fórmula de cálculo es establecida por la Superintendencia de Banca (SBS).

En 2012, ASBANC lanzó la campaña «Hablemos más simple» con la TCEA como una de sus protagonistas. De hecho, resaltó su éxito en su memoria de aquel año. Hoy, en medio de la discusión sobre las altas tasas de interés, prácticamente se desdice. “Las tasas de costo efectivo anual (TCEA) de las tarjetas de crédito no reflejan el costo real que pagan los clientes”, señala. «(…) esa fórmula frecuentemente sobrestima la tasa», agrega.

La experiencia chilena con la imposición de topes a las tasas de interés mostró un efecto irrefutable: los bancos que notablemente empezaron a emitir menos tarjetas de créditos fueron aquellos asociados a una tienda por departamento, según reportó la Cámara de Comercio de Santiago el 2016.

Para el economista Tomas Flores**, ex subsecretario de economía del gobierno de Sebastián Piñera, el cambio regulatorio en el país sureño fue uno de los motivos para que Cencosud, por ejemplo, decidiera venderle su banco a Scotiabank (algo que tiempo después replicaría en nuestro país). En el Perú hoy son una Caja Rural de Ahorro y Crédito.

Sin embargo, en su opinión, el negocio del retail financiero aún tendría terreno fértil en nuestro país por la cantidad de potenciales clientes, muy superior al caso chileno, y por el crecimiento económico. Esboza también otra razón: nuestra “miopía financiera” por la que las estrategias de marketing del retail aún nos ganan la batalla frente a las “pequeñas cuotas” que parecen inofensivas. “No me extrañaría nada que les estuviesen cobrando créditos de más del 50% de interés”, sostuvo al ser consultado antes del cambio normativo en Perú y como hemos visto, no se equivocaba.

 

*Con la colaboración de Camila Ossadón.

**Esta entrevista inédita (realizada en octubre de 2017), así como otras en este reportaje,  fueron realizadas como parte de un proyecto de periodismo transfronterizo coordinado desde la Pontificia Universidad Católica de Chile por la profesora Paulette Desormeaux y desde la Pontificia Universidad Católica del Perú por la profesora Hildegard Willer.

 

Fotocomposición de portada por Leyla López.

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Susana Stiglich tiene 46 años, es madre de dos adolescentes y es una de las más de 243,000 personas sordas que hay en nuestro país. Stiglich, docente universitaria de lengua de señas, estaba acostumbrada a leer los labios de las personas con las que interactuaba, pero los tapabocas han complicado esa tarea.

Recuerda, por ejemplo, que al inicio de la primera cuarentena, a mediados de marzo del año pasado, fue al mercado Santa Cruz de Miraflores, cerca de su casa. Calculó que, con el uso de la mascarilla, iba a ser imposible comunicarse con los comerciantes, así que llevó consigo varias tarjetas hechas a mano, que tenían inscripciones básicas para sortear la situación: “hola”, “gracias”, también nombres de verduras o frutas, y otra tarjeta que mostraba a la hora de pagar: “¿Tiene Yape?”.

“Me miraban raro y me contestaban hablándome. Les señalaba mi audífono [utiliza uno en una de sus orejas, que le permite reconocer muy pocos sonidos], diciéndoles que soy sorda, pero me contestaban hablándome. Les decía que, por favor, escriban, pero no aceptaban tan fácilmente”, cuenta Susana Stiglich, que enseña lengua de señas en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y en el Centro de Idiomas de la Universidad del Pacífico.

Desde aquella travesía, Susana sale muy poco a la calle. Sólo cuando es estrictamente necesario: a la panadería, por ejemplo, donde ya la reconocen y saben lo que compra. No ha vuelto a ir al mercado. Ahora compra sus alimentos por delivery.

No ha sido su único padecimiento. En sus ratos libres, Stiglich quisiera tener una oferta televisiva que le permita entretenerse, sobre todo en cuarentena. Pero los canales de televisión abierta y de cable no utilizan traductores a lengua de señas ni subtitulan la información. Sólo TV Perú lo hace en los noticieros. “Resulta imposible leer los labios de todos [los que aparecen en la TV], así subamos el volumen, no podremos escuchar ni entender nada, lo que genera un malestar grande”, explica Susana en un video subido a YouTube y titulado ‘Comunidad sorda frente a la TV’. La Ley de Radio y Televisión y la Ley de Personas con Discapacidad, que garantiza a las personas sordas el acceso a la información, es “letra muerta”.

Las personas con dificultad para ver, según el censo de 2017, representan el mayor número de personas con discapacidad que hay en nuestro país. Son más de un millón y medio de compatriotas (Infografía: Leyla López).

Vivir con un asistente personal

La comunicadora Bárbara Ventura, directora de la asociación Luchando Contra Viento y Marea, cuenta que cuando empezó la cuarentena, y para evitar contagios, tuvo que decirle a su asistente personal que ya no podría ir a verla. Ventura no puede caminar desde que nació. Padece de artrogriposis múltiple congénita, una enfermedad rara no degenerativa. Su condición no le permite hacer sus tareas cotidianas sin un asistente.

“Como uso silla de ruedas, no puedo hacer las cosas por mí misma. Entonces, siempre tengo a una persona que no necesariamente es una enfermera o enfermero. Trabaja para mí y me ayuda a levantarme y bañarme”, dice. “Muchas personas hemos sentido esa problemática y no hemos tenido asistencia.  Nuestros padres, que son adultos mayores, ya no pueden asistirnos porque su capacidad física no lo permite”, agrega la comunicadora de 37 años.

Bárbara apunta que las personas pobres que están en su misma situación son quienes más se han perjudicado, porque no pueden costear un asistente personal, cuyo salario mensual base tendría que ser de S/930. “Hay personas con discapacidad, en extrema pobreza, que no cuentan con ese servicio y están postrados. No hay nadie que los ayude a alimentarse, bañarse y recrearse. Hay muchas personas con discapacidad que no trabajan y, con la pandemia, esto se ha agudizado más. Y de otro lado hay personas emprendedoras, que trabajan y han tenido pérdidas económicas”, comenta.

Para Bárbara es necesario un bono para estas personas, pero también una ley que obligue al Estado a subvencionar la asistencia personal para las personas discapacitadas. Hace poco, el pasado 7 de febrero, el Congreso aprobó un dictamen de ley que, según Ventura, interpreta erróneamente lo que debería hacer un asistente. “Está mal enfocado porque se refiere a una persona que toma decisiones por la persona con discapacidad, cuando el asistente personal es un trabajo de ayuda que debe ser remunerado”, explica.

No es la única deficiencia del proyecto, que propone la derogación de la ley de Personas con Discapacidad. La Comunidad Sorda del Perú ha expresado su rechazo al documento en parte porque ahora los temas de “accesibilidad” -todo relacionado al acceso a la información, a la educación, a la cultura, etc.- serán vistos por el Ministerio de Vivienda y no por los ministerio de Educación y de Cultura.

“Pone en peligro la educación de los/las niños sordos/as a nivel nacional. Nuestro idioma (la Lengua de Señas Peruana) perderá estatus, oficialidad y valor cultural”, se lee en un comunicado público de la comunidad, que además señala que dicho dictamen “anula todo el avance logrado” por su sector.

Para colmo, denuncian, el documento fue elaborado sin siquiera haberlos escuchado. “Nunca nos consultaron. El dictamen aprobado, además, no lo podemos leer, porque no está en video con la lengua de señas. El 60% de la población sorda en el país no sabe leer, porque el español es su segunda lengua”, explica a Sudaca la profesora Susana Stiglich, que inició, junto a 158 organizaciones que agrupan a personas con discapacidad, una campaña de rechazo. Algunas de ellas han presentado una demanda constitucional para que sus opiniones sean tomadas en cuenta.

El pasado 11 de marzo, la directora de la asocación Sociedad y Discapacidad, Pamela Smith, y otras organizaciones han presentado una demanda constitucional para que sus opiniones y propuestas sean escuchadas y tomadas en cuenta en el reciente dictamen de ley aprobado en el Congreso.

Contactamos al presidente de la comisión de Inclusión Social, José Luis Ancalle, que negó que el proyecto se esté elaborando sin la participación de la sociedad civil y las organizaciones interesadas. “Las puertas de la comisión y de mi despacho siempre han estado abiertas para escuchar sus posiciones. Hace unos días nos reunimos con algunas personas con discapacidad preocupadas por el tema y así estamos recibiendo todas las opiniones en mejora del dictamen. Permítame invocar, a través de su medio, a todas las asociaciones civiles que tengan propuestas para mejorar el dictamen”, dice el parlamentario del Frente Amplio.

Pero Bárbara Ventura lo desmiente. La mujer cuenta que el sábado pasado fue invitada a participar de un zoom organizado por dicha comisión, pero no se le dio el uso de la palabra.

Sudaca envió un cuestionario al Ministerio del Desarrollo e Inclusión Social (Midis), pero respondieron que no se pronunciarán sobre el dictamen. ¿Sobre qué se pronuncia entonces la cartera que dirige la señora Silvana Vargas Winstanley? No lo sabemos.

Bonos para todos

Julio Arana es masajista quiropráctico, padece de hipoacusia o sordera parcial, lo que le hace imposible oír a una distancia de más de tres metros. Además, perdió la vista hace 15 años a causa del glaucoma y el desprendimiento de la retina en sus dos ojos. “Después de acabar el colegio, ingresé a estudiar fisioterapia y rehabilitación en el Instituto Daniel A. Carrión. Toda mi vida he trabajado como masajista”, cuenta.

Julio Arana es masajista, invidente y posee sordera parcial o hipoacusia. Por la pandemia, el local de Barranco donde brindaba sus servicios profesionales cerró y ahora atiende a domicilio o en la casa de su padre. 

Su nombre no se encuentra en la lista de las 74,000 personas con discapacidad severa que reciben el bono de S/300 que entrega el programa “Contigo”, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), y que es entregado cada dos meses desde el año 2015. Tampoco ha recibido ningún bono otorgado por el gobierno durante esta pandemia. Según el sitio web del ministerio, para acceder a este bono, una persona con discapacidad severa tiene que estar “en situación de pobreza”.

No es la situación de Julio Arana, pero cada día se acerca más. La pandemia ha golpeado sus bolsillos. Su último trabajo como masajista fue en un local de Barranco que, a inicios de llegada la pandemia, cerró sus puertas y tuvo que cambiar de rubro. Desde esa fecha, atiende a sus clientes en la casa de su padre, en Surquillo, donde ha instalado una camilla. La oferta incluye masajes a la espalda, mejoramiento de la postura, quiropraxia y reflexología.

Para ampliar sus ingresos, Arana también va a los domicilios de sus clientes. Ha llegado a trasladarse hasta San Bartolo. No se hace problemas, dice. Se orienta con un aplicativo llamado “Lazarillo”, que indica la ruta mediante indicaciones por mensajes de voz. “Si es una dirección cercana a mi casa, voy caminando. Si tengo que ir a un lugar lejano, voy en micro, combi, Metropolitano o en el tren eléctrico”, asegura el masajista. Antes de la pandemia podía ganar al mes hasta S/1.500; ahora, sus ingresos han disminuido a menos de la mitad: entre S/400 y S/600.  De ese monto, le pasa a la mamá de sus hijos S/300, como es parte del acuerdo de su separación.

158 organizaciones de personas con discapacidad han publicado, el pasado 11 de febrero, esta carta de rechazo al dictamen de ley aprobado en la comisión de Inclusión Social del Parlamento.

Otros inconvenientes, sin embargo, han surgido. Por ejemplo, cuando es hora de cruzar las calles y las avenidas. “Hay personas que ya no quieren ayudarnos, por el tema del distanciamiento”, dice Arana, que pide que el bono del programa “Contigo” pueda llegar a más personas con discapacidad, un bono universal que no excluya a quienes no son pobres.

Para Julio Arana tampoco es fácil mantenerse informado. Luzmila Muro, presidenta de la Comisión de Damas Invidentes del Perú y abogada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dice que los formatos en los que el gobierno emite sus comunicado no les permite traducirlos a mensajes de voz. “Los lectores de pantalla [los aplicativos que traducen en audio los textos] no pueden traducir los comunicados del gobierno y de las autoridades que difunden en redes sociales, porque están en formato de imagen. Pedimos que utilicen formatos que sí pueden detectar nuestros lectores de pantalla, como son los archivos en Word o PDF”, reclama doña Luzmila, quien perdió la vista, al igual que Julio Arana, por el glaucoma.

 

(*)  Bárbara Ventura es comunicadora, posee discapacidad severa de nacimiento, usa silla de ruedas y es directora de la asociación Luchando Contra Viento y Marea. Susana Stiglich tiene sordera total y es docente universitaria de lengua de señas en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y en el Centro de Idiomas de la Universidad del Pacífico. Apoya y promueve una campaña de recolección de firmas en www.change.org (No a la derogatoria de ley 29973 por las personas con discapacidad)

Fotocomposición: Leyla López

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