Informes

Desde que los detectives de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) interceptaron sus llamadas, el 2017, se hizo evidente que la comerciante Edith Huaricancha Arenas había captado a decenas de funcionarios públicos en puestos clave, encargados de fiscalizar la venta y el traslado de madera. Así había conseguido que sus cómplices tengan vía libre para pasar pesados cargamentos ilegales desde Madre de Dios hasta las fábricas de muebles en Lima.

 

La madera que compraba esta mafia (y que luego revendía a otros comerciantes) era extraída de zonas protegidas o llegaba de contrabando desde Bolivia, apuntan fuentes de la Fiscalía. El negocio completo: conseguir guías de transporte fraudulentas −papeles donde se consigna la especie de madera que están trasladando, la cantidad y el destinatario− y lograr que los camiones que llevaban el cargamento sortearan sin sobresaltos los puestos de control del gobierno regional y la Sunat, ubicados en la carretera, como los operativos de la Policía.

“Los funcionarios de Madre de Dios les entregaban [a los criminales] esta documentación fraudulenta o blanqueada. Por ejemplo, sacaban un producto cuya extracción no está permitida, pero colocaban otra especie [de madera] en el documento. Con ese documento ilegal, el producto llega a Lima, donde es utilizado para hacer muebles. Los puestos de control [situados en la carretera] están comprados y algunos policías metidos en este tema, eso es innegable”, explica el coronel Jorge Gonzáles, jefe de la Diviac.

Con audios interceptados en los últimos cuatro años y el seguimiento a los investigados, la Policía y la Fiscalía Anticorrupción establecieron un organigrama de la mafia: 45 personas, 23 de las cuales eran funcionarios públicos. En agosto del 2020 montaron un primer operativo, que tuvo un éxito parcial. El segundo golpe ocurrió hace apenas una semana, el pasado 21 de abril.

“En el último operativo los ciudadanos del sector querían evitar la captura de dos financistas de la organización. Creen que ellos les están haciendo un bien, que les dan trabajo [al comprarles madera], pero los están explotando”, dice Gonzáles, quien detalla que Huaricancha revendía la madera que les compraba, al menos, a 10 veces su valor.

Pero ese ha sido apenas un problema menor entre los tantos que ha atravesado el caso. La primera parte de la investigación estuvo marcada por la filtración de información a los presuntos criminales y un Poder Judicial que jugó en pared con la organización.

Un día antes de la primera redada, el 24 de agosto del año pasado, el programa matutino de Radio Selva que dirige el periodista Julio Blanco anunció que la Diviac se encontraba en la región y que iban a “canear a siete u ocho” efectivos policiales. No se refirió, sin embargo, a los otros funcionarios públicos ni a los comerciantes, quienes se habrían enterado cuando el operativo ya estaba en marcha.

Edith Huaricancha fue capturada la madrugada del 25 de agosto. No pudo escapar a tiempo a pesar de que un agente de la policía de Madre de Dios, el teniente Gianfranco Lavado Yllescas, le avisó en mensajes de WhatsApp que se estaban haciendo varias detenciones y que entre los objetivos también había civiles.

Lavado: Han detenido a Pérez [hace referencia a un policía]

Edith: Pero ¿por qué?

Lavado: Diviac.

Edith: Borra los mensajes, ¿a quién más?

Lavado: Ya lo hice. A Zegarra de Forestal, Ambiente.

Edith: ¿A quién más?

Lavado: Sólo ellos.

Edit: ¿Y qué les están diciendo?

Lavado: A Figueroa también. Dicen que una investigación que tiene del año pasado (…) Van a intervenir civiles. Se van a quedar varios días.

interceptación whatsapp
Izquierda: Transcripción de los mensajes de WhatsApp con los que el teniente Gianfranco Lavado alertó a la presunta líder de la mafia de que la Diviac llevaba a cabo un operativo la madrugada del 25 de agosto pasado. Derecha: Lavado, hoy libre.

Lavado era el agente de apoyo designado por la Región Policial de Madre de Dios para colaborar con el megaoperativo. En teoría, el teniente se había enterado pocas horas antes de que este se iba a llevar a cabo, pero se dio el tiempo de avisarle a Huaricancha. Finalmente, la Diviac, que tenía como objetivo a 29 personas, pudo capturar a 19.

A pesar de todas las pruebas −concretamente las llamadas interceptadas que reseñaremos a lo largo de este reportaje−, Huaricancha fue liberada pocos días después por una Sala de Apelaciones de Madre de Dios. La Fiscalía tampoco pudo conseguir que el Poder Judicial admita su pedido de prisión contra el teniente Lavado a pesar de las flagrantes conversaciones.

En breve comunicación con Sudaca, el teniente no negó la veracidad de los mensajes y se limitó a decir: “No hay nada contundente, no hay la intención de nada ahí [en los mensajes]. Es un tema de investigación, yo no sabría nada más, ya se esclarecerán los hechos”.

El manto de impunidad alcanzó a las fiscales Zoila Rodulfo Castillo y Nelly Colque Valdivia, capturadas en setiembre pasado. De acuerdo con las interceptaciones, ambas habrían recibido juegos de muebles, whisky y dinero a cambio de ayudar en los casos penales que la mafia tenía en el Ministerio Público. Un juez decidió darles libertad en primera instancia. Cuando el fiscal a cargo del caso logró que admitan su apelación, Rodulfo y Colque ya habían desaparecido. Hoy son prófugas de la justicia.

Los policías

A pesar de los ‘topos’ y la sospechosa benevolencia del Poder Judicial, decenas de capturados permanecieron en prisión. Luego de revisar sus celulares, convencer a algunos de que entren a un proceso de colaboración eficaz y cotejar una y otra vez las interceptaciones telefónicas que se tenían, los investigadores volvieron a dar un golpe el pasado 21 de abril. Esta vez el objetivo eran 14 personas, nueve fueron capturadas, cinco no pudieron ser ubicados.

Fuentes de la Fiscalía apuntan que en esta ocasión no hay evidencia de que alguien haya lanzado la alerta, pero sí hay sospechas de filtración de información desde un juzgado. “Parece que hay algunos abogados que han estado pulseando por esa información”, apuntan.

Lo único cierto es que la mafia logró meterse hasta el cuello entre los funcionarios públicos de Madre de Dios.

Para este nuevo operativo, los detectives ya habían revisado el celular de Huaricancha. Allí encontraron mensajes de WhatsApp con el suboficial Pablo Caviedes Neya, del Departamento de Protección de Carreteras de Madre de Dios. Entre el 22 de julio y el 8 de agosto del 2020, el policía estuvo coordinando con la mujer el pase de varios camiones que trasladaban madera ilegal para que estos no tengan mayores problemas.

El 29 de julio se dio la siguiente conversación:

Edith: Buenas noches, papi, ¿pasarán mis carritos?, ¿cómo hacemos?, ¿arreglamos por aquí?

Caviedes: Ya, ¿a qué hora pasan y de dónde salen?

Edith: De La Novia, a las 11 más o menos.

Caviedes: Ya, que se paren acá en Shiringayoc para disimular, revisar las guías.

Caviedes, según el registro de llamadas, pertenecía a la organización desde el 2019. Su nombre figura en unos apuntes de “gastos” que le fueron incautados a Huaricancha. Fue detenido el pasado 21 de abril.

Pero antes de él, la mafia ya había captado al comandante Dante Gallardo Carreño, jefe de la Policía de Medio Ambiente, a cargo de operativos contra la minería ilegal y el tráfico de madera.

En 2017 y 2018, este oficial alertó a la mafia de varios operativos que iban a realizarse en la zona. Un ejemplo es la comunicación del 23 de abril del 2018, en la que uno de los presuntos criminales (alias ‘Pubi’) llama a Gallardo para preguntarle sobre un operativo contra los mineros:

Pubi: Este… me acaban de llamar de arriba ahorita y me dicen que mañana van a bombardear, ¿sabes algo?

Gallardo: No, nada.

Pubi: No hay nada, ¿no?

Gallardo: No.

Pubi: No vaya a ser, carajo, que nos revienten la máquina.

Gallardo: No, no… a ver, espérate. Voy a confirmar y te llamo.

Pubi: Me avisas, porque si hay algo, para irme en la noche a esconder los motores.

Gallardo no pudo ser ubicado en el operativo de la semana pasada.

La Sunat

Otro de los que logró escapar a tiempo fue Albert Curi Urbina, agente de la Sunat a cargo del control de vehículos en el puesto Unión Progreso. No estaba en su casa cuando la Policía llegó con una orden de captura en su contra. El 2 de febrero del 2020, la Policía registró la siguiente conversación entre Edith Huaricancha y Curi, en donde la primera promete hacer una “bolsa” de dinero mensual para él.

Edith: Más tarde te llamo, me llamas por WhatsApp, ya he hablado con los chicos.

Curi: Ya.

Edith: Ya, y vamos a hacer una pequeña bolsa mensual mejor, para estar tranqui, para chambear tranqui.

Curi: Ya, chévere, gracias, se agradece.

transcripción audio mafia
Izquierda: La transcripción del audio en el que Edith Huaricancha acuerda entregarle una bolsa de dinero mensual a un funcionario de la Sunat. Derecha: la impune Huaricancha.

Tres semanas después, la noche del 23 de febrero, Albert Curi y Edith Huaricancha se vuelven a comunicar para coordinar el pase de un vehículo que cargaba madera ilegal. Curi le dice que está con tres personas más en el puesto de control, pero que apenas se vayan le timbrará.

Media hora más tarde, el agente aduanero cumple con su palabra y llama a la líder de la organización avisándole que ya puede pasar el vehículo. Entonces Edith se comunica inmediatamente con el chofer del camión que lleva la madera:

Edith: Ya, maestro, pasa, pasa.

Chofer: Ya, señito, ya. Directo paso, ¿no?, ¿me van a pedir algo?

Edith: No, no, entra. Ahí hay un flaquito a la vista. Le entregas los documentos a él, para disimular te va (ininteligible) y pa que pases.

Chofer: Ya, ya, ya.

Edith: Un flaquito de la Sunat.

Albert Curi no era el único funcionario de aduanas involucrado. Durante el primer operativo cayó Óscar Espinoza Chávez, quien en junio del 2018 proporcionó un USB a la mafia con información de cargamentos registrados en una base de datos de la Sunat. De acuerdo a las escuchas, Espinoza recibió S/5.000 por sus servicios.

Los directores forestales y los periodistas

Edith Huaricancha y sus cómplices tenían un negocio redondo, de acuerdo a la documentación fiscal. No sólo revendían la madera a más de 10 veces su valor. También hacían negocio con las guías de transporte.

Los funcionarios de Madre de Dios eran los que proveían las guías fraguadas que luego Edith Huaricancha revendía a otros comerciantes de madera. Una interceptación telefónica del 24 de noviembre del 2019 da cuenta de cómo negociaba esta con una mujer llamada Emiliana Luna Huamán, también capturada la semana pasada.

Edith: Ya, mami, en ese caso, en el precio de las guías, ¿a cuánto me vas a dar?

Emiliana: No sé, ¿a cuánto estás vendiendo, pe?

Edith: Yo he estado vendiendo siempre a 0.17 [17 centavos de sol]. Mire, a la señora Constanza a 23 [centavos].

Emiliana: Y a mí 20 será pues.

Edith: A 22 pe, porque no me va a salir [a cuenta] 20.

Emilia: A 20… mira, hasta las coimas han subido, mami.

Para hacerse de las guías y pasar sin problemas los puestos de control en la carretera, la mafia tenía más funcionarios en su nómica. Los jefes de la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre, el organismo a cargo del control y fiscalización de la extracción de madera en la zona, adscrito al Gobierno Regional de Madre de Dios, también habrían sido comprados. En el operativo del pasado 21 de abril dos de ellos, Ernesto Vargas Guevara y Jorge Dueñas Salas, fueron capturados debido a que tenían decenas de llamadas con los miembros de la organización.

Y Edith Huaricancha no estaba acostumbrada a que le dijeran que no. Por eso, cuando vio que el ingeniero Harry Pinchi −a cargo de esa dirección durante un período del 2019 y repuesto en julio del 2020− no iba a trabajar para ella, recurrió a la prensa local para embarralo. Así lo revelan mensajes de WhatsApp del 3 de agosto entre Huaricancha y Alan Vizcarra Econema, uno de sus presuntos cómplices. Un día antes, ella le había asegurado que saldría una “nota” periodística para generar la remoción de Pinchi. “Ojalá sea efectivo y de una vez saquen a esa mierda”, había dicho él.

Alan: No dicen nada de Pinchi en las noticias.

[…]

Edith: Cómo dices que no dijo nada, el Puclla [Luis Puclla] le sacó la mugre.

Alan: ¿Tienes el video? Porque yo no lo vi.

Edith: No. Hansel me llamó y dijeron que mañana mostrarán los documentos.

Pinchi recuerda que la mafia de Huaricancha quiso acercarse a él en 2019. “Tenía colegas que me decían que Edith quería conversar conmigo. Pero yo sabía de los antecedentes de la señora y nunca le di espacio”, cuenta a Sudaca.

El funcionario recuerda varios ataques mediáticos en el período de las llamadas interceptadas y dice que las denuncias periodísticas en su contra no tenían sustento.

Luis Puclla, periodista aludido, también niega que sus críticas hayan sido pagadas por la mafia. “No, para nada, yo cuestiono y critico si veo que están actuando mal. Ni siquiera conozco en persona [a Edith], yo más bien rajé de ella en mi programa”, asegura el comunicador.

Nos comunicamos con Rómulo Ochoa Segura, abogado de Edith Huaricancha, para obtener sus descargos. Ochoa no desmiente la veracidad de las interceptaciones telefónicas que acompañan este informe. “Más que la veracidad, cuestionamos la legalidad de los audios. Consideramos que una investigación que data de septiembre del 2017 ya debería tener mayor sustento. Mi patrocinada es empresaria, no es líder de ninguna organización criminal”, apunta.

Este viernes se llevarán a cabo las audiencias de algunos de los detenidos. Incluida la que verá si Edith Huaricancha sigue en libertad. En la Fiscalía Anticorrupción no descartan que sigan cayendo funcionarios ligados a esta mafia. Periodistas y residentes de Madre de Dios creen también que hay mucho pan por rebanar. Mientras tanto, ningún candidato ha puesto sobre la mesa propuestas claras para luchar contra la minería ilegal, ni la tala indiscriminada.

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Coronel Jorge Gonzáles, jefe de la Diviac, muestra el complejo organigrama de esta mafia de tráfico de madera.

 

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Hay, desde hace tres años, una leyenda corriendo entre el establishment empresarial limeño: Telefónica tiene un edificio lleno de empleados que ya no necesita, pero de los que no puede deshacerse. “La legislación laboral es tan rígida, que han tenido que meterlos a una suerte de call center para tenerlos haciendo algo”, se comentaba en los after-office de ‘Lima moderna’ pre-pandemia. Dicha unidad −remataban abogados corporativos y administradores con proyección− vendría a ser el símbolo de un país en el que hacer empresa formal es una tarea titánica por los costes laborales.

 

Ahora Telefónica ha decidido acabar con la historia detrás de aquella leyenda, que −como todas− tiene parte de mito y parte de realidad. La decisión incluye el despido de cientos de trabajadores. Antes de que ello ocurra, si el Ministerio de Trabajo (MTPE) les da la venia, Sudaca investigó y cuenta los detalles detrás del plan de la compañía española.

 

Un hueco sin salida

El edificio de marras existe. Es un bloque del complejo de oficinas que Telefónica tiene en Surquillo, a la espalda de las canchas de fútbol ‘La Once’ y el centro comercial ‘Open Plaza’ de Angamos, en la Calle Domingo Martínez Luján. Allí, efectivamente, se embutió hace tres años a cientos de trabajadores que cumplían distintas funciones en la empresa. Muchos de ellos eran técnicos de calle, especialistas en cableado. A la unidad se le llamó, porque hasta a los huecos hay que ponerles un nombre corporativo, el COM: el Centro de Operaciones de Movistar. ¿Qué es? Un back-office, una unidad de apoyo a los requerimientos internos de la empresa.

En este nuevo puesto de trabajo, los empleados del COM recibieron entre sus nuevas tareas la de llamar clientes. Si alguna vez usted solicitó cancelar su servicio y recibió una llamada para efectuar “validaciones”, vino de allí. A la división, Telefónica le proporcionó el equipo típico de un call-center: un software, audífonos, un micro. Y para estar seguros de no contravenir ninguna norma laboral, se mantuvieron los sueldos que los trabajadores habían alcanzado en sus posiciones previas. Mientras que los teleoperadores de afuera ganan, con suerte, S/1.200, en el COM se pagó un promedio de S/4.000, según fuentes de la compañía. Ello, más beneficios de planilla y jornadas recortadas de verano (37,5 horas semanales).

Esa disparidad, aunque provechosa, siempre tuvo una dimensión incómoda. Era un recordatorio, quizás el principal, de que los inquilinos del COM probablemente no escalarían un centímetro más dentro de la empresa. Podían ganar más que el mercado en lo que estaban haciendo, pero terminarían sus días haciendo crecer esa cifra solo mediante negociación sindical.

¿Por qué, si no, Telefónica movería personal de calle a operaciones para las que no está preparado? ¿Por qué conformaría la plana de teleoperadores mejor pagada del país? ¿Acaso era para convertirlos en gerentes?, se preguntan trabajadores reasignados con los que Sudaca pudo conversar y pidieron la reserva de sus identidades. El futuro laboral, desde el COM, se veía gris tupido.

Pero la inexistencia de una línea de carrera es una noción que los trabajadores adquirieron cuando ya tenían los audífonos puestos. Porque para reubicarlos −un proceso progresivo de los últimos tres años− la compañía les envió cartas en las que hablaba del “compromiso con la reconversión y empleabilidad interna” y les pedía que cambiasen de área “pues con su perfil y capacidades podrá continuar desarrollándose y aportando aún mayor valor a la compañía”. Hoy muchos se sienten engañados.

Lo que sí: Telefónica se ocupó de darle capacitación a sus nuevos back-officers. Les ofreció inducciones de una semana y les colocó ‘sombras’, colegas que los acompañarían en sus labores mientras ganaban experiencia.

“Estos compañeros, que se habían dedicado muchos a hacer trabajos de campo, no habían tenido mucho contacto con la informática. Por supuesto que tenía que haber una etapa de acompañamiento. Es como si al de oficina le digas, “ya papá, ahora te toca cablear, te voy a dar clases y luego vas y lo haces solo. ¿Qué va a cablear?”, dice Walter Díaz de la Vega, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Telefónica del Perú (Sinattel) y miembro de la coordinadora sindical de la compañía.

A Walter, en la izquierda de Juntos por el Perú, le dicen ‘Walas’. El apodo es por el soldado escocés Willian Wallace, de la película.

 

La modernidad

Del COM, Telefónica ha decidido quedarse con solo 3 áreas y eliminar 44. Ha juntado estas con otras 7 áreas que operan en provincias y ha emprendido un proceso de cese colectivo inicialmente para 844 trabajadores, más del 20% de la fuerza laboral que reportó en el 2020. El pasado 6 de abril, la ‘telco’ envió cartas a sus sindicatos informando del inicio de la movida y llamándolos a la etapa de diálogo. Un requisito legal.

“El motivo de este planteamiento es que Telefónica del Perú se encuentra en la necesidad de implementar una nueva estructura organizacional debido a los nuevos desarrollos tecnológicos y transformación digital, y de esa manera asegurar la sostenibilidad de la operación a nivel nacional”, ha respondido a Sudaca Georgette Page, gerenta “de experiencia empleado y business partner” de la compañía.

El cese colectivo es una figura de despido masivo que admite la legislación laboral peruana, no sin previa aprobación del Ministerio de Trabajo. Ha sido usada pocas veces en la historia, debido a un consenso entre abogados laboralistas de que el MTPE suele tener voluntad política de rechazarlos. Si se aprueba, el trabajador únicamente recibe sus beneficios truncos y puede retirar su CTS. Nada más. Para que ello ocurra, sin embargo, se deben sustentar razones concretas agrupadas en distintas categorías.

Dos son importantes para entender, en sencillo, este artículo: las ‘estructurales’ y las ‘económicas’. Estas responden a un severo problema de números en la empresa, mientras que aquellas, a un cambio en el mercado que hace que las posiciones a eliminar ya no tengan sentido. Telefónica ha optado por argumentar lo segundo: nuevas tecnologías que hacen obsoleto el trabajo de los empleados del COM. El ejemplo que citan es el ‘Dr. Speedy’: un servicio de asistencia técnica remota mediante el cual los técnicos ayudaban, por ejemplo, a pasar un antivirus a las máquinas de los clientes. Ya casi no sirve.

Fuentes de la compañía aseguran que la mayoría de las otras actividades son sumamente técnicas y que serán digitalizadas. Fuentes con conocimiento del proceso de cese, sin embargo, afirman que una parte pasará a ser realizada por máquinas, pero otra se tercerizará. En su carta a los sindicatos, la empresa española detalla además lo deteriorados que están sus indicadores financieros y operativos en el Perú: parte por la pandemia −explican− y parte por la competencia de otros operadores móviles (Claro, Entel, Bitel).

En el 2020, Telefónica del Perú tuvo una caída de 16,6% en sus ingresos, respecto al 2019, y una pérdida operativa de S/466 millones, según información bursátil.

“Toda causal de cese colectivo [para que se apruebe] debería tener una consecuencia en la viabilidad [económica] de la empresa, porque es una suerte de última ratio. Incluso cuando tengo que implementar cierta tecnología, también debería suponer una afectación a la viabilidad de la empresa. Siempre hay un criterio económico”, explica Guillermo Boza, profesor de derecho laboral de la PUCP y ex viceministro de Trabajo del MTPE. Por eso, Telefónica también ha adjuntado a los sindicatos sus estados financieros.

Pero ‘Walas’ cuenta que los sindicatos no aceptan la hipótesis de la adaptación a las nuevas tecnologías. Asegura que, como la conectividad digital no es total en el país, una empresa como Telefónica siempre va a necesitar un pull de apoyo humano. También dice que la compañía solo quiere mejorar sus números, y la acusa de no estar dándole suficiente mantenimiento preventivo a sus redes tras sacar de la calle a los técnicos que terminaron en el COM. Fuentes de la ‘telco’ negaron esta última acusación y se comprometieron a enviar información que lo sustente, pero no lo hicieron al cierre de la nota.

“¿Cuál es nuestra conclusión? Habrían creado esta área [el COM] para, en el menor tiempo posible, desaparecerla por la figura del cese colectivo por razones estructurales”, argumenta el dirigente sindical. La cancha parece quedar lista para un partido de argumentos en el MTPE. ¿Quiénes son los que definirán el marcador? Los técnicos de la Dirección General de Trabajo, del viceministerio de Trabajo. El viceministro es exgerente de Telefónica. 

 

Empresa emblemática

José Luis Parodi Sifuentes es viceministro de Trabajo desde el 8 de setiembre del 2020. Fue gerente de “Asesoría Laboral y Terceros” en Telefónica hasta el 23 de abril del mismo año, antes de darle el primer giro a la puerta para ser asesor del Ministerio de Economía. Según su hoja de vida, como empleado de Telefónica en el Perú, se dedicó a “eliminar/mitigar riesgos laborales” y a “implementar planes de acción aprobados para la gestión de riesgos laborales”.

La relación laboral con la empresa se remonta, en distintos periodos, hasta el 2008, cuando ingresó tras dejar el estudio de abogados Miranda & Amado, donde era el “abogado destacado al Grupo Telefónica”. Antes también ha trabajado en la consultora EY. Sudaca lo contactó pero, debido a una agenda recargada, prefirió responder por escrito.

Parodi aseguró que la dirección que resolverá la solicitud de cese de Telefónica depende de su viceministerio, pero que “de ningún modo supone que en mi calidad de superior jerárquico pueda influir sobre el sentido de las resoluciones que emite”.

También indicó que por transparencia ha informado del caso a sus subordinados y nos remitió un memo interno que no menciona la palabra “Telefónica”, pero sí habla de una Ayuda Memoria sobre la “segregación de funciones de los órganos del MTPE como garantía frente a posibles incompatibilidades y/o conflictos de interés de funcionarios públicos o servidores”. 

“Lo que nos preocupa es que quien toma decisiones en el viceministerio de Trabajo es José Luis Parodi. Él ha sido nuestro adversario dentro de la empresa. Los últimos años lo hemos conocido básicamente por las cartas que firmaba a los trabajadores”, reclama ‘Walas’. Si bien las direcciones generales están facultadas a tomar la decisión sobre el cese colectivo de forma técnica y autónoma, sería insensato no ver la posibilidad de que haya un conflicto de interés.

En realidad, pocos abogados laboralistas son ajenos a Telefónica. “En un momento, gruesamente, del número de procesos laborales [del país], la mayoría correspondía a Telefónica”, dice Boza. Más allá de lo que ello muestre de la empresa, los sindicatos telefónicos −como se hacen llamar− son de los más fuertes del país. Telefónica es una empresa emblemática en el derecho laboral.

Y no es verso: Sudaca sondeó entre otros abogados laboralistas, quienes aseguraron que una sentencia del Tribunal Constitucional contra la empresa del 2002, el Caso Fretratel, es una piedra angular sobre la interpretación constitucional del derecho al trabajo. Más procesos contra Telefónica han apuntalado esa jurisprudencia, como los casos Llanos Huasco y Baylón Flores.

En corto, Boza explica que en el sindicato Fetratel consiguió que el TC anule un despido masivo de empleados en la empresa de telefonía, que heredó una planilla abultada tras la privatización del servicio durante el gobierno de Fujimori. Cuando el negocio era público, era casi imposible conseguir un teléfono.

El tribunal consideró que no se había seguido el debido proceso para acreditar una causa objetiva de despido y también que se estaba atentando contra los sindicatos.

La sentencia del 2002, que habla sobre el derecho al trabajo y la libertad sindical, dice que “resulta coincidente que las personas con las que [Telefónica] concluyó unilateralmente la relación laboral haya sido precisamente las que conforman tanto el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica y de la Federación de Trabajadores de Telefónica del Perú. Como se aprecia, es el criterio de afiliación sindical el que ha terminado la aplicación del despido”.

De los 844 trabajadores que Telefónica planeaba cesar esta vez, más del 90% está afiliado a un sindicato, según la relación a la que tuvo acceso este medio. En la empresa, con más de 4.100 trabajadores, la tasa de sindicalización es solo de alrededor del 50%, según fuentes de la misma.

Telefónica presentó la solicitud de cese colectivo ante el MPTE el último viernes para 775 empleados. La diferencia respecto a la cifra inicial se debe a que en la negociación previa un grupo de trabajadores aceptó las condiciones del plan de retiro voluntario propuesto por la compañía. El riesgo es irse con nada. Pero se trataría de personal no sindicalizado, en su mayoría. Según ‘Walas’, la coordinadora sindical ha decidido adoptar la posición de la “defensa del puesto de trabajo”.

 

Al otro lado del mundo

Para terminar de entender la historia, es importante saber qué pasa con la ‘telco’ española a nivel global. En julio del año pasado, la compañía aglutinó todos sus activos en América Latina, salvo los de Brasil, bajo el paraguas societario de Hispam. La razón: separar sus negocios estratégicos y rentables en cuatro países −Alemania, Brasil, España y el Reino Unido− de sus dolores de cabeza latinoamericanos. Uno de esos es la operación en el Perú.

El plan, según reportes del suplemento económico de El País, Cinco Días, y de la agencia EFE, es vender los negocios cuando baje la marea. Para eso es necesario hacerlos más rentables. Y entre otras cosas, eso implica reordenarlos y quitarles toda la ‘grasa’. El plan estratégico elaborado por la matriz, que acaba de estrenar nuevo logo para ‘mirar hacia el futuro’, tiene dos prioridades: el precio de la acción y reducir su deuda.

La reorganización global cuesta. El plan de retiro voluntario (PRV) que Telefónica ofreció a los trabajadores incluye “incentivos económicos”, cobertura médica por hasta 5 años, asesoría para la recolocación o para el retiro personal, y mantener los descuentos en productos Movistar. De acuerdo a la declaración enviada por Georgette Page, 275 trabajadores hubieran recibido el equivalente a 60 sueldos de haber aceptado el retiro voluntario. Se trata de personal que, en algunos casos, viene desde la privatización.

Como no han aceptado la zanahoria, la empresa ha pasado al palo. Junto a la formalización del proceso de cese colectivo, a los telefónicos les ha llegado el aviso de que entrarán en suspensión perfecta de labores. “No realizarás ninguna tarea y, por tanto, no corresponderá el pago de remuneraciones”, dice la comunicación.

“En un contexto de pandemia, como dirigentes lo que valoramos es el empleo estable. Eso te permite tener un ingreso fijo permanente y la seguridad social. Valorar lo económico no es malo, pero si un balón de oxígeno te cuesta S/4.000, ese dinero pierde valor. Ofrecen cinco años de cobertura médica, pero los trabajadores tienen dependientes que no estarían cubiertos”, responde ‘Walas’.

“No estamos en contra del retiro voluntario. Pero esto ya no es un retiro voluntario. Con las condiciones de cese colectivo, es un retiro presionado […] Seguimos en la política del ‘cholo barato’, no es que al trabajador lo veamos de igual”, agrega.

Los sindicatos telefónicos y la ‘telco’ española tienen todavía una larga pelea por delante.

 

Fotoportada: Leyla López

 

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El 23 de abril, Día del Libro, el Grupo El Comercio (GEC) despidió de la dirección periodística de América Televisión y Canal N a Clara Elvira Ospina, quien llevaba más de 9 años en el puesto y −a la par− conducía el microprograma literario del canal. La decisión, intempestiva para unos y predecible para otros, tiene un trasfondo político. Así lo aseguran fuentes de la familia Miró Quesada, cuyo grupo controla ambas casas televisivas, así como múltiples personas cercanas a ellos. 

 

El viernes a las 4 de la tarde, Gustavo Mohme Seminario, heredero del Grupo La República (GLR), entró junto a su hijo, Gustavo Mohme Castro, a la sesión virtual de directorio de la Compañía Peruana de Radiodifusión S.A (América TV). Esta, junto a la Productora Peruana de Información S.A.C. (Canal N), son las dos razones sociales que agrupa Plural TV, el paraguas societario del negocio televisivo donde los Mohme son solo accionistas minoritarios

El tercero llamado a representar al GLR, Rubén Ahomed, gerente general del grupo, no pudo entrar porque estaba con descanso médico. Del otro lado, en representación del GEC, se conectaron seis personas. La dieta fija mensual que se le paga a cada miembro del directorio por asistir a estas breves reuniones es de US$3.000, según información bursátil. 

Pese a que los Mohme y los Miró Quesada suelen tener una relación cordial, el ambiente de aquella sesión de directorio fue “bastante tenso, aunque no llegaron a los gritos”, según una fuente con conocimiento del encuentro. Las palabras más fuertes llegaron por el lado del Mohme mayor. Luego de que la salida de Ospina se pusiera a debate, ‘Chicho’ se tomó varios minutos para requintar a quienes tenía en frente. Igual no lo escucharon.

“Se pasó un buen rato diciéndoles a los representantes de los Miró Quesada que eso [despedir a Clara Elvira] era un error y que hace 10 años habían hecho lo mismo. Ellos [escuchaban] callados”, asegura la fuente. También detalla que Mohme Seminario dejó entrever que la movida de hace 10 años, aunque más “matonesca”, había sido también más inteligente por parte de la familia dueña del GEC. Repetirla, olvidándose de las consideraciones políticas, solo revela la escasez de ases bajo la manga. 

Con la expresión “hace 10 años” Mohme se refería a un episodio harto conocido en el ambiente periodístico: el despido en 2011 de la exproductora general de Canal N, Patricia Montero, por la desobediente ‘humanización’ del entonces candidato radical Ollanta Humala. También fue a pocos días de haberse celebrado la primera vuelta de aquel año.

Luego vinieron la no renovación de contrato a Rosa María Palacios, exconductora de Prensa Libre, en junio; y la salida de Laura Puertas, ex directora periodística de toda la plataforma informativa, en diciembre. Ambas relacionadas a la campaña electoral de ese año. 

Pero así les recordara aquel antecedente, Mohme no tenía posibilidades reales de persuadir con sus palabras. Tras comprarle las acreencias a la colombiana Bavaria en el 2007, los representantes de la familia Miró Quesada tienen potestad de decidir de forma unilateral sobre las televisoras, en caso sea necesario. La decisión fue adoptada. Mohme padre aseguró que ello no quedaría allí, se negó a firmar inmediatamente el acta de la reunión y anunció que llevaría el tema a un arbitraje por no haberse seguido el debido proceso. Una movida, esta última, meramente simbólica.

El Grupo El Comercio dio cuenta de su decisión a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) en un hecho de importancia colgado a las 7:15 de la noche. Pocos minutos antes, el portal web de La República había publicado una nota que hablaba sobre el “sorpresivo” cambio de Ospina. La última versión de esa nota dice que la periodista colombiana “había sido felicitada en más de una ocasión por el directorio, con carácter de unanimidad, la última vez a raíz del debate presidencial que Canal 4 organizó el 21 de marzo”.

El chiste que comenzó a correr en las redes fue que era “la primera vez” que ‘Chicho’ se oponía a un despido durante la pandemia. La broma aludía a los primeros meses del estado de emergencia, cuando La República despidió varios periodistas con la excusa de campear la crisis económica producto de la cuarentena. 

Fuentes de las plataformas informativas de América y el N confirman no haber percibido razones objetivas relacionadas al desempeño de Ospina en su puesto para que se le despida. En cambio, dos miembros de la familia Miró Quesada explican que se trató de una remoción netamente política, en contra de la candidatura de Pedro Castillo. 

“Se piensa erróneamente que la manera de combatir un mal [Castillo] es machacándolo. Se están tomando estos temas de manera muy alterada, asustada”, dice una. Y otra afirma que la familia estaría buscando una dirección periodística más “tenaz” en la cobertura contra Perú Libre.

Ambos comentarios apuntan a una reedición del episodio del 2011. “Esta vez mandaron un fly away [enlace televisivo] a Cajamarca para salir en vivo con un Castillo campesino, humilde, dándole de comer a sus animales”, dice una fuente con conocimiento directo de las salidas de hace 10 años. Ve un espejo claro con la situación actual.

“Yo particularmente, y algunos primos con los que he conversado, queremos ver una real cobertura periodística sobre los vínculos de Castillo con Movadef, sus afanes de entregar el mar peruano a Bolivia y su verdadera cara de extoledista, sindicalista y empresario, y no este personaje inventado de comercial de ‘Magia Blanca’ que ara la tierra sin ensuciarse la camisa, las manos ni los pies […] Periodísticamente se debe tratar el tema de manera veraz”, dice −por su parte− Martha Meier Miró Quesada, mediática representante de un ala de la familia y ex miembro del directorio del GEC hasta junio del 2020. Sin embargo, ella no atribuye la salida de Ospina a la cobertura electoral, sino a razones de largo plazo. 

 

Despedidas

Mientras el GEC reportaba la decisión a la autoridad supervisora bursátil, Clara Elvira Ospina tuiteó que acababa de ser notificada de su despido y enfatizó que la decisión había sido tomada por el accionista mayoritario de la empresa. Tuvo una reunión de despedida con sus cercanos reporteros de Cuarto Poder y envió un sentido mensaje por escrito a los periodistas de los dos canales.

“Llegué a este cargo con las credenciales de ser una periodista seria e independiente y estoy segura de que me voy conservándolas intactas”, dice el mensaje, que Sudaca obtuvo por distintas personas. “La prensa libre es el pilar de la democracia y esa libertad implica grandes responsabilidades, de las que ustedes siempre han sido conscientes”, recalca. 

Hasta cuatro fuentes han explicado que desde más de un año los directores del GEC venían hablando de la salida de la periodista colombiana. Rumores que, a su vez, tenían eco en los pasillos de la casa televisiva, pero que nunca llegaban a concretarse. Las razones de los ‘anticuerpos’ que hace tiempo generaba Ospina entre algunas figuras de la familia varían de acuerdo a la fuente. 

“En realidad, empezaron fricciones desde que armó su propio círculo de poder y maltrataba a todos aquellos que no seguían sus caprichos. […] Clara Elvira sale porque hace más de un año debió irse. Recordemos que despidió a Augusto Thorndike por incomodar a Vizcarra y la forma en que ha silenciado todo aquello que pudo afectar a Graña en el caso Lava Jato […] Esto no es ningún atentado contra la libertad de expresión como quiere hacer ver la señora”, asegura Martha Meier Miró Quesada. 

Meier dice que sacar a Ospina era una decisión que ya tenía varios meses, pero que esta se habría demorado debido a otros temas más urgentes y a que el despido de periodistas siempre es un tema incómodo. Otras dos fuentes de la familia aseguran, en cambio, que si bien la salida de la colombiana se viene comentando, ello no quita que la decisión se haya apurado por la coyuntura electoral. En el grupo este tipo de despidos se suelen demorar hasta que la balanza de poder se inclina a alguna de las alas de la familia por sucesos como el auge de Castillo. 

Este medio se comunicó con Ospina para recoger sus declaraciones en este informe, pero decidió no participar. ‘Chicho’ Mohme, por su parte, se excusó de declarar y dijo que la posición de su grupo editorial “ya está clara”. 

Desde el viernes han sonado distintas opciones para reemplazar a Ospina: desde Cecilia ‘Chichi’ Valenzuela, que dirige Perú21, hasta Gilberto Hume, uno de los fundadores del Canal N y exesposo de esta última. El que se vocea con más fuerza es Hume. Sin embargo, al cierre de esta edición no se ha definido quién ocupará el puesto. 

Mientras no haya nuevo director periodístico, uno de los que quedaría a cargo de supervisar que se cumplan los ‘principios rectores’ en América TV y Canal N es Felipe Cantuarias Salaverry, miembro del consejo consultivo editorial de la plataforma periodística. También es presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH). “¿Si hubiera un derrame de petróleo en estos días, cómo haría?”, se pregunta un miembro de la familia.

En escueta respuesta, Cantuarias dijo a Sudaca que el consejo consultivo “no interviene en la línea editorial” y solo ve que se cumpla con el Código de Ética y los ‘principios rectores’. Mientras no haya nuevo director periodístico, aseguró, la línea editorial será definida por responsables del área de prensa. En una reunión celebrada tras la salida de Ospina, los reporteros de América y Canal N fueron informados por sus jefes que Cantuarias no se involucrará en la cobertura periodística y que solo vería “temas económicos”. Un aviso que, en el GEC, nunca es garantía.

 

Lineamientos en el Decano

Desde el pasado 22 de abril, el diario El Comercio ha sacado cuatro portadas al hilo que apuntan la artillería directamente contra la candidatura de Castillo. Los titulares del buque insignia del conglomerado de medios han sido: “Voceros de Perú Libre amenazan el orden democrático”, “Castillo encabezó un sindicato con afiliados al Movadef”, el más soterrado “Acciones de cinco mineras caen a doble dígito en BVL” y “Dos congresistas electos con atestados por terrorismo” (ambos por el partido del lápiz). Ni qué decir de las portadas que su hermano tabloide, Perú21, le dedica al temido profesor chotano. 

“Sobre la cobertura del diario, es evidente la preocupación por el entorno de Castillo y por un plan de gobierno que amenaza las libertades. Compartimos la misma preocupación por el proceso [penal] que enfrenta [Keiko] Fujimori y sus coacusados. Esas investigaciones no pueden frenarse”, respondió Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, quien asumió la dirección del diario de su familia en diciembre pasado. Descontando la veracidad de lo informado por su medio, lo segundo que menciona Arévalo −las investigaciones de Fujimori− no ha merecido ni una sola abridora de portada de El Comercio desde el 11 de abril.

Cinco periodistas de distintas unidades del conglomerado editorial, además, confirmaron a Sudaca que el pasado 23 de abril Ronny Isla, el jefe del ‘núcleo de comunes’ −unidad que produce notas para todas las redacciones de los diarios del grupo−, envió un correo informando que habían recibido “la indicación” de que ningún contenido de su unidad sea publicado sin previo escrutinio del personal responsable en cada diario”. “Esta indicación se llevará a cabo inmediatamente”, asegura en el mail.

Si bien esta ya era una práctica común en la mayoría de las redacciones −revisar las notas que mandaba el ‘núcleo de comunes’, para corregir errores−, ponerla por escrito es relevante. 

Aquí el porqué: cuatro periodistas explicaron a este medio que dicha “revisión” se traduce en que la mayoría de periódicos del grupo ha reducido la publicación de notas enviadas por el núcleo que ensalzan o, siquiera, dan cuenta de propuestas ‘positivas’ de Castillo. Perú21 es el más radical en ello. Sudaca pudo confirmar mediante diversos mensajes las indicaciones que se imparten sobre el tema.

Si uno revisa, por ejemplo, las notas tomadas del núcleo por El Comercio, desde el 23 de abril, son todas negativas para el candidato cajamarquino. Incluso en temas que no tienen que ver con sus relevantes vínculos con el Movadef. Se reporta desde “la catástrofe” que Mario Vargas Llosa considera que se desataría si gana la presidencia, hasta que se niega a dar los nombres de su equipo técnico. La línea de cobertura es clara.

Y si bien el 22 hay una nota que informa del respaldo que le dará el Movimiento Nuevo Perú a Castillo, no hay rastro de la mediática entrevista que el profesor le dio a Nicolás Lúcar ese mismo día en Exitosa. Allí apareció con un discurso de moderación política y alejándose del ideólogo de su partido, Vladimir Cerrón. Esa información tampoco se encuentra en la web del Decano.

El problema es que la nota sí fue escrita por el núcleo, pero solo la publicaron Gestión y Correo. La que también recogió la noticia fue la web de Canal N, un día antes del despido de Ospina. En cambio, Perú21 y El Comercio contaron el mismo suceso de otra forma: levantaron una declaración de Keiko Fujimori criticando lo dicho por Castillo. En la cobertura de los núcleos alojada en el ‘tag’ de Keiko Fujimori en la web de El Comercio, de otro lado, destaca el apoyo recientemente brindado por su hermano Kenji y sus ataques a Castillo.

Juan Aurelio Arévalo aseguró que supo del despido de Ospina “al igual que todos [al mismo tiempo]” y que no tiene contacto “con nadie del 4”. Ronny Isla, el jefe del núcleo informativo en el GEC, dijo que respondería pero no lo hizo al cierre de edición. 

Quizás la pregunta más amplia que toque hacer finalmente sea esta: ¿honrarán los directivos del Grupo El Comercio la lealtad con el lector y el televidente que imponen en su trabajo la mayoría de sus reporteros de planta? ¿Encararán los jefes la campaña de manera honesta o repetirán −como apuntan las fuentes de esta crónica− los errores de hace una década?

 

*El autor de esta nota fue reportero de política del diario El Comercio hasta hace 10 meses. 

Fotoportada: Leyla López

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Elecciones 2021, Grupo El Comercio

Freddy Mamani Laura tiene 46 años y ha sido el máximo dirigente de los maestros rurales de Bolivia hasta el 2019, año en el que postuló al Congreso y fue elegido diputado por el partido oficialista de izquierda Movimiento Al Socialismo (MAS), que preside Evo Morales. En diálogo telefónico con Sudaca, cuenta que conoce al profesor Pedro Castillo Terrones desde el año 2015. En el 2018 también participó junto al hoy puntero en las encuestas en un evento organizado en La Paz por el representante del Movadef en ese país, el peruano Álex Chamán.

 

Cuando era maestro rural y enseñaba en los colegios del altiplano de La Paz, visitó nuestro país en seis ocasiones. En Puno y en Lima, ha participado en protestas y conversatorios con los maestros peruanos explicando el “proceso revolucionario” que se ha vivido en su país desde la llegada al poder de Evo Morales (2006-2019) y cuya línea continúa hoy con el presidente masista Luis Arce. La Asamblea Constituyente para la Nueva Constitución del 2006, la nueva Ley de Educación, la nacionalización de los hidrocarburos, la “recuperación” de las empresas estratégicas son algunas de las políticas que resalta. Mamani señala que estos son temas en los que Morales puede “aconsejar” a Castillo en esta segunda vuelta electoral.

 

En una reciente entrevista, difundida en la radio Kawsachun Coca de Bolivia, el expresidente Evo Morales señaló que una semana antes de las elecciones tuvo una comunicación telefónica con el profesor Pedro Castillo. El exmandatario señala que ese contacto telefónico se produjo a través suyo. ¿Usted viene a ser, en la actualidad, una especie de enlace en las comunicaciones entre Castillo y Evo?

Bueno, nosotros estamos en permanente comunicación entre nuestro hermano líder Evo Morales y se puede comprender en ese sentido. Nosotros no solo tenemos contacto con el hermano Pedro Castillo, sino con varios dirigentes de Latinoamérica, de todos los maestros. Todos coincidimos en que somos de izquierda y revolucionarios. Por eso tuve que comentarle a nuestro hermano líder Evo Morales que en Perú se había gestado la participación [en las elecciones presidenciales] de un maestro y que, realmente, es un fenómeno en su país. Conociendo toda su historia, nuestro hermano Evo Morales, inmediatamente, tuvo que lanzar [su saludo en redes sociales] y tomar contacto para poder felicitarlo.

Permítame insistir entonces: ¿usted viene a ser como un enlace, en la actualidad, entre el profesor Pedro Castillo y el expresidente Evo Morales?

Por supuesto que sí, por supuesto, ¿no?, porque los maestros tenemos un contacto a nivel de Latinoamérica, inclusive a nivel mundial con los maestros de otros continentes. Estamos en contacto permanente.

¿Estas comunicaciones empezaron después del ‘I Encuentro de Maestros Latinoamericanos de La Paz’ realizado en mayo de 2018 [este evento fue inaugurado por el expresidente Evo Morales]?

Sí, en La Paz, ha sido el primer encuentro que tienen. Por eso hay una imagen en la que está el hermano Evo Morales y el hermano Pedro Castillo. Ahora, el hermano Evo Morales no tenía conocimiento de que se iba a lanzar [Pedro Castillo] como presidente. Pero, cuando le indiqué lo que estaba pasando, a partir de eso, tomó mucho interés y se tomó contacto. 



El pasado domingo 18, el expresidente boliviano en su programa «Evo es pueblo, líder de los humildes», en la radio Kausachum Coca, aseguró que el profesor Freddy Mamani es el «enlace» con el profesor Pedro Castillo. En entrevista con Sudaca, el actual Presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia también lo confirmó (ver minuto 14).

 

¿Usted tiene comunicación fluida con el profesor Castillo?

Nosotros tenemos una comunicación permanente, cuando podemos. Por Whatsapp es el único medio por el que podemos comunicarnos. Bueno, y no solamente con Pedro Castillo, sino con varios líderes del equipo que tiene él, con varios dirigentes. Somos un gran equipo de maestros que se ha armado.

Hay un grupo de WhatsApp entonces.

Sí, tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos un grupo de maestros intercontinentales. Pero, con el hermano Pedro Castillo, por el momento, está muy difícil comunicarnos porque tenemos conocimiento que se está movilizado por todo su territorio y sabemos que no hay una buena señal [de internet y telefonía] en algunos lugares; pero sí [hay comunicación] mediante otros líderes que tenemos en el magisterio [de Perú]. 

En esa misma entrevista en Kawsachun Coca, el expresidente Evo Morales se dirige a Pedro Castillo y le pregunta: “¿en qué le podemos apoyar?”. ¿Cuál sería la ayuda o el apoyo que le podría dar el MAS al profesor Castillo en esta segunda vuelta y si ya se está dando?

Básicamente, nuestro apoyo y el apoyo de nuestro hermano Evo Morales va a ser en temas más programáticos. Eso es lo que sí va a tener y va a hacer nuestro hermano Evo desde la experiencia que tuvo como Presidente del Estado (2006-2019).  

¿Se podría decir que el apoyo va a ser a través de una asesoría?

No como asesor, sino como alguien que pueda transmitir experiencia. Todos los expresidentes siempre pasan a ese espacio de ser los que transmiten la experiencia, los que aconsejen; no los que asesoran.

¿A través suyo, usted sería el enlace?

Sí, por supuesto que sí. Nosotros estamos en permanente contacto [con el profesor Castillo] a través de varios dirigentes de Bolivia. No solamente yo. 

 

¿Cuáles serían esos consejos de Evo Morales al profesor Castillo?, ¿podría ser sobre la ley de educación de Bolivia, la realización de la Asamblea Constituyente, la nacionalización de los hidrocarburos [son las principales reformas que ha realizado el exmandatario boliviano desde que ha sido Jefe de Estado]?

Bueno, nosotros hemos implementado varias políticas, no solamente sociales sino económicas. Y hemos visto que se generó como una necesidad en Perú. Son algunas propuestas que hemos estado escuchando [de Castillo] que han coincidido bastante con nosotros. Seguramente, habrá algunos otros consejos que deban tener cuidado con algunas determinaciones que puedan pasar; es decir, algunas propuestas no van a poder ser posibles y no se tienen que lanzar. Nosotros nos caracterizamos por ser muy serios: si algunas propuestas no van a poder ser cumplidas, es mejor no hacerlo. Entonces, eso básicamente va a ir trabajando nuestro hermano Evo. 

¿También le aconsejará sobre su experiencia de ganar una elección?

Por supuesto que sí: cómo organizarse con los movimientos sociales, cómo trabajar toda esa experiencia siempre es importante y nuestro hermano Evo ha estado coadyuvando permanentemente [a Luis Arce cuando fue candidato presidencial por el MAS, en el 2019] desde Argentina, cuando estuvo exiliado. Desde allá, siempre hacíamos los contactos para que pueda rápidamente organizarnos.

¿Para usted, estos consejos no deberían tomarse como una intromisión en Perú?

Absolutamente. Nosotros no actuamos como el “imperio” [se refiere a Estados Unidos]. El “imperio”, más bien, impone políticas totalmente determinadas en un modelo de gobierno del capitalismo y en su base fundamental de la privatización de todas las empresas, de todos los recursos naturales. Nosotros no nos entrometemos como los organismos internacionales, como la OEA que ha sido parte intelectual y material del golpe de Estado en Bolivia [en el 2019, cuando Evo Morales tuvo que renunciar a la Presidencia]. Nosotros no hacemos eso. Lo que hacemos, más bien, es mandar consejos, propuestas que puedan servir a los países vecinos de toda Latinoamérica para consolidar sus grandes transformaciones.

Descarta, entonces, que podría haber un apoyo económico a Castillo.

Absolutamente. Cuánto nos gustaría de verdad, ¿no? Inclusive, como maestros de la clase social, del proletariado que somos, nos gustaría apoyar económicamente. Sabemos cuánto se gasta en una campaña política, pero no lo podemos hacer porque estamos impedidos. En Bolivia estamos levantándonos del desastre económico que nos ha dejado el gobierno golpista [de Jeanine Añez]. 

Paralelamente a ese encuentro de mayo del 2018 al que hacíamos referencia al inicio, que fue organizado por el Ministerio de Educación de Bolivia, hubo otro evento: un foro organizado por el profesor Álex Chamán, representante del Movadef en Bolivia y exconvicto acusado de pertenecer a Sendero Luminoso. ¿Qué nos puede decir al respecto?

[El profesor Álex Chamán] es un líder desde espacios más académicos. Tiene mucha relación con las dos universidades más grandes de Bolivia. Estamos hablando de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Universidad Pública de El Alto (UPEA) [Chamán es profesor en esos dos centros universitarios].  Tengo conocimiento que también tiene mucho contacto con algunas instituciones del exterior. Ha sido parte también de esos encuentros que se han ido generando para poder reflexionar con gente joven de las universidades.

¿Cuál es su opinión de que el profesor Chamán sea representante del Movadef en Bolivia, una organización que reivindica a Abimael Guzmán y a Sendero Luminoso?

No conozco muy bien. No conozco mucho el accionar mismo del profesor Chamán. He estado trabajando más en la formación de líderes que en la formación académica… No tengo ningún conocimiento sobre el caso.

 



En mayo del año pasado, el profesor y presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Freddy Mamani, tuvo un encuentro virtual -a través de Zoom- con el representante del Movadef en el vecino país, el profesor peruano Álex Chamán. Se trató de un conversatorio sobre educación y política.

 

¿Respeta la posición política del profesor Álex Chamán?

Por supuesto que sí. Seguramente la debe tener, como la tienen todos, como usted mismo la tiene. Entonces, respetamos. Nosotros, vivimos en un país democrático. Alguna vez, hemos coincidido en algunas actividades, pero después no hemos tenido un contacto muy seguido con él.

 

(*) Fotocomposición: Leyla López

Imágenes: Andina, difusión y EFE

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Evo Morales, Pedro Castillo, Perú Libre

A diferencia del 2016, uno de los hitos de Keiko Fujimori para esta nueva campaña electoral ha sido la reconciliación con su padre, el exdictador Alberto Fujimori. De hecho, hace una semana la candidata reconoció que recibe consejos de este y, a inicios de abril, señaló que lo iba a indultar “si es que se me da la confianza” 

Sin embargo, el expresidente aún tiene millonarias deudas con el país. De acuerdo a información oficial de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción que obtuvo Sudaca, Alberto Fujimori no ha pagado las reparaciones civiles por tres procesos penales en los que fue condenado.

 

Casos

El primer caso corresponde a un proceso por peculado doloso y falsedad genérica en los que quedó demostrado que Fujimori se apropió ilegalmente de S/52,5 millones junto a su exasesor Vladimiro Montesinos y los exministros Carlos Boloña Behr, Carlos Bergamino Cruz y Guillermo Salas Guevara Schultz.

Por estos hechos, Fujimori fue condenado en julio de 2009 a 7 años y 6 meses de pena privativa de la libertad y la inhabilitación por 2 años y 10 meses para ejercer cualquier cargo público. En aquella oportunidad se le fijó una reparación civil de S/3 millones que debían pagar entre todos sus cómplices. A la fecha, sólo se han saldado S/876.618.

Teniendo en cuenta los intereses generados desde la condena, la Procuraduría le atribuye a Fujimori una deuda de S/5.142.824,98.

El segundo caso corresponde a un proceso de peculado doloso, cohecho activo e interferencia o escucha telefónica. La condena está relacionada con el control de medios de comunicación, como fue la adquisición de canal 10 y la compra de la línea editorial del diario Expreso, con el objetivo de alcanzar la fraudulenta reelección del 2000.

Asimismo, junto con Montesinos, los ministros de Defensa, del Interior y el jefe del SIN, ejecutaron el ‘Plan Emilio’, que consistía en interceptar las comunicaciones de periodistas, políticos y demás personajes incómodos al régimen.

En setiembre de 2009, Fujimori fue condenado por este caso a 6 años de pena privativa de la libertad efectiva y se le fijó una reparación civil de S/.24.060.216. Hasta el 2017, por el incumplimiento en el pago, la deuda creció a S/45.859.447,47.

Además, se resolvió que Fujimori pague S/107.000 a cada uno de los 28 agraviados (unos S/3 millones en total), entre los cuales figuran César Hildebrandt, Cecilia Valenzuela, Alberto Borea, Javier Pérez de Cuéllar y Javier Diez Canseco. En la documentación enviada por la Procuraduría no se precisa si se ha realizado el pago a estos personajes.

La tercera arruga que tiene Alberto Fujimori con el Estado tiene que ver con una condena por usurpación de funciones, por la cual se le impuso una reparación civil de S/400.000 y dos años de inhabilitación en cualquier cargo público. El caso está relacionado al teatro que armó el expresidente para, supuestamente, capturar a su asesor Vladimiro Montesinos. Para el “operativo” se llegó a suplantar al representante del Ministerio Público y se allanó la casa del “doc” sin orden judicial. Los intereses han hecho que la deuda se incremente a S/687.010,39.

En total, según el informe de la Procuraduría Anticorrupción, Fujimori tiene una deuda de S/51.689.282,84, incluyendo los intereses solicitados que representan casi la mitad (S/24.229.066,84) y que están pendientes de una pericia en la Vocalía Suprema de Instrucción del Poder Judicial desde el 2017.

Sin embargo, el exmandatario “no ha abonado ningún monto por concepto de reparación civil”, apunta el documento. La Procuraduría precisa que Fujimori no cuenta con ningún bien que amerite interponer alguna medida cautelar, aunque se ha enviado un oficio a la Universidad Agraria La Molina (UNALM), para embargar su pensión de excatedrático; y al Congreso, para verificar si es que cobra su pensión como expresidente.

La UNALM informó que, a partir de julio de 2017, se reactivó la pensión de cesantía a favor de Fujimori por S/1.589, pero de acuerdo al Código Procesal Civil dicho ingreso no se puede embargar. Por el lado del Congreso, la respuesta fue que “no existe disposición de reconocimiento de pensión a favor del señor Alberto Fujimori Fujimori, ni ha recibido solicitud al respecto”.

El autor de este artículo se contactó con el abogado del expresidente, César Nakazaki. Este señaló que, al sólo tener ingresos por pensión o regalías que puedan generar sus cuadros o algún libro, “las reparaciones civiles millonarias no se establecieron para ser pagadas, sino con el único propósito de alargar la carcelería». Evitó referirse así a los intereses generados durante estos años y si su patrocinado ha decidido pagar o no su deuda con el país.

Otros deudores

Por otro lado, del elenco corrupto que protagonizó el régimen de Fujimori, quien lidera el ranking de deudores es justamente su exasesor Vladimiro Montesinos con S/548,1 millones de los cuales sólo ha pagado S/10,7 millones.

Le sigue César Victorio Olivares, quien fue gerente general de la Caja de Pensiones Militar Policial, con una deuda de S/340,6 millones, de los cuales apenas ha pagado S/10.000. A continuación, están José Francisco Crousillat Carreño y José Enrique Crousillat, quienes deben aún S/79,5 y S/77,1 millones respectivamente.

La lista la integran también los tristemente célebres hermanos Winter con un saldo por S/12,4 millones de soles; Víctor Joy Way, con S/9 millones; y el publicista Carlos Raffo, con S/2,3 millones de soles de saldo pendiente. Raffo ha sido relacionado por varios medios de comunicación como consejero de Keiko Fujimori en temas publicitarios para esta campaña.

La candidata Keiko Fujimori ha manifestado que su padre no será funcionario, pero que sí es motivo de orgullo contar con sus consejos. Quizá tendría más orgullo si es que el exmandatario decidiera cumplir con sus deudas.

Lista de deudores a marzo de 2021.
Lista de deudores a marzo de 2021.

 

Deuda de Alberto Fujimori con el Estado a 2021.

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Alberto Fujimori, Fuerza Popular, Keiko Fujimori, Vladimiro Montesinos

Alejandro Aguinaga Recuenco, médico de cabecera de Alberto Fujimori, exministro de Salud del expresidente y excongresista entre el 2006 y el 2016, ha sido elegido nuevamente parlamentario por la bancada de Fuerza Popular, el partido que quiere llevar al poder a Keiko Fujimori.

Aguinaga fue el más votado del fujimorismo en Lambayeque y el quinto en toda la región con 9,541 votos. Esto pese a que tiene abierto una investigación fiscal de la cual es notorio protagonista: las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el segundo mandato del condenado Alberto.

Por estos días el fiscal Pablo Espinoza viene sustentando su acusación contra Aguinaga, Alberto Fujimori y otros funcionarios como autores mediatos del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud por la muerte de cinco mujeres y por haber lesionado a más de 1.300 “en un contexto de grave violación de derechos humanos”, de acuerdo a la acusación que Sudaca pudo revisar.

Pese a que el caso tiene más de 20 años, recién hace poco se iniciaron las audiencias con el objetivo de que pase a una investigación judicial. Para Milton Campos, abogado de Demus que patrocina a algunas de las víctimas, la demora se debió a «una deficiente conducción y tratamiento por un sector de la fiscalía que irregularmente decidió archivar el caso en tres oportunidades”. Además, considera, esta pesquisa “tiene un elemento político indesligable».

La historia de las esterilizaciones empezó hacia el inicio del gobierno de Fujimori, cuando este anunció que 1991 sería “el año de la austeridad y la planificación familiar”. Al año siguiente, el gobierno decidió que el título se amplíe a toda la década.

A inicios de 1996, el entonces ministro de Salud Eduardo Yong aprobó, mediante una resolución ministerial, el ‘Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000’ donde se incluyó la gratuidad de métodos anticonceptivos e intervenciones quirúrgicas de esterilización. Aguinaga era entonces viceministro de esa cartera y hacia 1999, en lo peor del régimen, fue nombrado ministro.

Según la Defensoría del Pueblo, el método de la intervención quirúrgica (llamada Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria -AQV) fue priorizado por encima de los otros. Las cirugías debían ser voluntarias y solo necesitaban del consentimiento escrito de la usuaria.

Pero la acusación explica que el consentimiento, en realidad, se convirtió en imposición o chantaje en las zonas más pobres del país. Según recoge la fiscalía, a Lucinda Primo Matto, una de las víctimas, “en diversas oportunidades, el personal de salud le dijo que se ligue las trompas, a lo que ella se negaba, por lo que la amenazaron diciéndole que si no accedía al procedimiento la iban a multar”.

En el caso de Felipa Cusi Condor, personal de salud llegó a su casa en 1997 para decirle que debía someterse a la ligadura de trompas y, tras negarse, le indicaron que sus hijos no iban a poder estudiar.

De acuerdo a la misma documentación, a Vicentina Usca Ccopa, que acababa de dar a luz a su último hijo, se le dijo que debía ligarse las trompas y que, si no lo hacía, no le iban a dar los documentos de su recién nacido.

Otro caso que se reseña es el de Ernestina Canlla Cárdenas, que había dado a luz a sus anteriores hijos en casa. Canlla recibió la visita del personal de salud de la posta de su localidad. Como se había negado a pasar por el proceso en el establecimiento de salud, dicho personal le gritó y le dijo que debía ligarse las trompas “porque estaba pariendo como animal” y no tenía dinero para solventar a su familia. Además, se le amenazó diciéndole que, si no lo hacía, vendrían con la policía y no le reconocerían a sus hijos.

A 273.684 mujeres se les realizó esterilizaciones a través de cirugías entre los años 1996 y 2000, siendo 1997 el año con mayor incidencia, con 120.056 casos. A partir de 1998, las intervenciones fueron cada vez menores por investigaciones y denuncias por violación de los derechos humanos.

 

¿Cuál fue la justificación?

El gobierno de Fujimori, según recoge la acusación del fiscal Pablo Espinoza, identificó una relación negativa entre el crecimiento poblacional y el económico en 1991. Con esa base se elaboró el plan de 1996, principalmente en zonas rurales de la selva y sierra, donde las mujeres mantenían patrones reproductivos de hasta más del doble respecto a las zonas urbanas, de acuerdo al gobierno de turno.

Con ello, se buscó reducir el ritmo de crecimiento de la población a no más del 2% anual y se estableció que la tasa de fecundidad de mujeres en áreas de mayor pobreza no debía superar el nivel de tres hijos cada una.

Bajo ese marco, se empezaron a desarrollar campañas con el Minsa y el Instituto Peruano de Seguridad Social asistidas por USAID (la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional que luego se retiró tras alertar ilegalidades), el Fondo de Población de Naciones Unidas y otras ONG.

En el papel, el gobierno tenía como meta practicar el método quirúrgico a las parejas que tuvieran más de cuatro hijos. Pero en la práctica, se terminó por esterilizar a mujeres que, incluso, no tenían descendencia.

La Defensoría del Pueblo ha señalado que se esterilizaron a mujeres que eran analfabetas, que no se mostraron otras opciones anticonceptivas en muchos casos, que no se hallaron las autorizaciones y que se usaron escasamente los formularios de consentimiento.

Para cumplir con el objetivo en un corto plazo, se empezó a exigir cuotas a cambio de diversos incentivos a los establecimientos de salud, a la población y al personal médico.

Asimismo, surgieron denuncias de ofrecimientos de alimentos y ejecución de ligaduras a través de engaños, las cuales fueron reveladas por algunos médicos de aquel entonces. Esto se hacía, en gran parte, a través de festivales de salud en los cuales se daban incentivos a los líderes locales de los programas mediante alimentos y hasta viajes a un lugar del país, según la fiscalía.

Hacia el 2001, de acuerdo a información de 34 Direcciones de Salud de los diversos departamentos, se registraron 1.599 complicaciones por las intervenciones quirúrgicas. Esto debido a la mala calidad en la atención y a las mentadas (y nefastas) cuotas basadas en desempeño, según informó la misma USAID.

De hecho, se registraron cinco muertes, además de 1.316 personas con lesiones graves, según un informe del Minsa del 2003.

Alejandro Aguinaga, flamante parlamentario, es acusado por su participación como ministro de Salud entre abril de 1999 y noviembre del 2000. Además, al haber sido viceministro de Salud entre 1994 y 1999, ejecutó la política del sector y habría visitado centros de salud a nivel nacional para aplicar el “método de planificación permanente”.

Asimismo, como ministro, dio cuenta mensualmente al expresidente Fujimori sobre el avance de las metas a nivel nacional, así como los problemas en su desarrollo. Aguinaga, de acuerdo a la fiscalía, se reunía con los directores regionales de salud para dar énfasis a las anticoncepciones quirúrgicas y promover los festivales de la salud, “impartiendo directivas y órdenes” para “alcanzar el fin político de mayor crecimiento económico a través de la disminución de la pobreza mediante la reducción de la tasa de natalidad”.

Keiko Fujimori no se ha pronunciado por este caso relacionado a uno de sus congresistas y a su propio padre. Por el contrario, ha anunciado que de ser presidenta indultará a Alberto Fujimori.

Sí se pronunció respecto al caso VacunaGate, que también involucra a Aguinaga, pero justificando que lo hizo por ser ‘consultor’ en el ensayo clínico. «En lo personal, considero que haber solicitado la vacuna para su esposa me parece una gran falta de empatía y solidaridad con la población», matizó a mediados de marzo. Pero no hubo mayores consecuencias dentro de la tienda naranja.

Según la fiscalía, más de mil mujeres fueron despojadas de su elección de procrear, en la búsqueda de mejorar la economía del país, de manera forzosa y violando sus derechos humanos. Pasará algún tiempo más, sin embargo, para saber la fecha en que el juzgado de crimen organizado se manifieste a favor o en contra de que el caso pase de la fiscalía a la etapa de investigación judicial. Si fuese así, el plazo de esas pesquisas debe ser de ocho meses, con una posible ampliación de cuatro más. «Si mantenemos el ritmo de audiencias establecido inicialmente por el juez, en no menos de un mes se estaría decidiendo», dice el abogado Milton Campos.

 

Sudaca buscó al doctor Aguinaga, pero se limitó a dejar en visto los mensajes que solicitaban su versión.

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Elecciones 2021, Fuerza Popular, Keiko Fujimori

Las arremetidas de Rafael López Aliaga en Twitter, las rutinas diarias de Keiko Fujimori en videos de TikTok, los invasivos spots en YouTube de César Acuña, los espontáneos -o quizá no tanto- verolovers, y lo que las élites no vieron: la comunidad de grupos de apoyo a Pedro Castillo en Facebook. Las redes sociales se convirtieron en un puente para acercarse a la población en medio de la pandemia. Algunos partidos, como el Morado, llegaron a reclutar a uno que otro influencer para sus listas congresales, pero se convirtieron en clamorosos fracasos.

La conectividad en el Perú crece, pero sigue siendo realmente céntrica. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 66.6% de los hogares en Lima Metropolitana tiene acceso a internet. La otra cara de la moneda dice que, hasta finales del 2020, sólo el 9.9% en zonas rurales dispone de este servicio. Esto reduce claramente la posibilidad de que exista un Perú digital.

El reporte del año pasado publicado por “Perspectivas del Escenario Digital Latinoamericano” de Comscore, empresa de análisis de mercado, nos sitúa, sin embargo, en el mapa de las redes sociales más utilizadas en el país. YouTube y Facebook lideran la lista con 7.7 millones y 6.5 millones de usuarios, respectivamente. Twitter ocupa un magro quinto lugar con 2 millones.

Aun así, partidos políticos como Avanza País, Juntos Por el Perú y el Partido Morado incluyeron en su convocatoria a ciertos personajes con una presencia considerable en la red del pajarito azul.

Patricia Gamarra y Ursula Moscoso, por ejemplo, no lograron ingresar al Congreso. Ambas quedaron muy lejos de Susel Paredes, la más respaldada de los morados con casi 60.000 votos. Gamarra, psicóloga social e hija del ex congresista Ernesto Gamarra, es conocida en Twitter por sus críticas a la clase política. Con 137.900 seguidores, la psicóloga obtuvo apenas 7.030 votos, según los resultados de la ONPE al 99.9%. La fama virtual llamó la atención del Partido Morado, que la jaló a sus filas de cara a las elecciones parlamentarias. Pero no pudo trasladar todos sus retweets y likes a las urnas.

En el caso de Ursula Moscoso las cifras son más parejas. La administradora y militante del Partido Morado de 28 años obtuvo 17.976 votos cuando en Twitter tiene 27.400 seguidores. Mejor suerte corrió Sigrid Bazán, de Juntos por el Perú. La politóloga y exconductora de televisión fue la más votada de su partido con 34.673 votos. En Twitter tiene nada más y nada menos que 313.300 followers.

Otro caso de fracaso es el del economista Eugenio D’ Medina, quien se autodefine como un “liberal clásico” en su Twitter. Él postuló con el número 16 por el partido Avanza País, liderado por Hernando De Soto. Su constancia en esta red social le ha permitido tener más de 40.800 seguidores. Sin embargo, el economista obtuvo unos misérrimos 1.902 votos.

En contraste, Adriana Tudela y Alejandro Cavero, de la misma agrupación, sí lograron curules. De hecho, Tudela, que iba con el número 5, fue la más votada de Avanza País, con 35.962 votos, mucho más que sus seguidores en Twitter (21.500). El caso de Cavero es similar: 23.122 votos con sólo 13.000 seguidores en esta red social.

La situaciones dispares de todos estos candidatos sólo demuestran que no basta con la cantidad de seguidores en redes sociales, algo que quizá no advirtieron algunos partidos al invitar a ciertos personajes virtualmente populares. “Es un pésimo indicador [la cantidad de seguidores]. Tú tienes que usar un software especial para calcular cuántos seguidores están activos en la página. Esa es la verdadera cantidad. Dentro de la cantidad de seguidores, puede haber cuentas de empresas de las amigas, gente que sigue por seguir. Hay varias razones para ello”, afirma Alejandro Furman, gerente de Desarrollo de Negocios de Noticias Perú, empresa que se dedica al monitoreo periodístico.

Influencers
Los candidatos mencionados por Sudaca en este informe, sus seguidores y sus votos

 

¿Por qué algunos sí lo lograron y otros no? Mauricio Saravia, psicólogo social y gerente general de InTarget, cree que el Partido Morado no aprovechó bien a sus influencers. “Tuvieron un perfil muy bajo en los últimos meses. En la cuenta de Patricia Gamarra no hubo una explosión de mensajes. Si estás en las últimas semanas, tendrías que lanzar siete tweets al día, por lo menos. Fue una campaña de baja intensidad”, apunta. Y luego añade un breve análisis sobre este tipo de “jales”: “Incluyen influencers en temas políticos que nunca han hecho vocería de alguna organización. Una cosa no se traslada a la otra. Por eso lo importante no es ver quiénes tienen muchos seguidores, sino qué vas a transmitir en redes sociales”.

Para Saravia, Eugenio D’ Medina merece una salvedad. “Él tiene tal nivel de irracionalidad en sus comentarios de Twitter que nadie lo toma en serio. Es hasta divertido tenerlo ahí. Esa es mi sensación, que son estilos diferentes. Ser influencer en una red social como Twitter no te asegura nada y creo que tiene que ver con la naturaleza de esta red”, comenta. Saravia se refiere a la dinámica de funcionamiento de Twitter, una red social donde el debate a partir de mensajes cortos es fundamental.

La politóloga Dennise Rodríguez cree, por su parte, que el pasado televisivo de Bazán le sirvió de colchón y a Tudela la favoreció ser apadrinada por una figura masculina en política. “Es común que figuras femeninas comiencen con el camino allanado por la popularidad de una figura masculina. No hay que ir muy lejos, están Keiko Fujimori y Luciana León. En el caso de Adriana Tudela, es su padre (Francisco Tudela)”, explica.

¿Qué hace creer a algunos que las elecciones se juegan en redes sociales como Twitter? Furman encuentra una razón en su efecto atrapante. “Tienen el efecto de la burbuja de filtros. Están hechas para presentarte la información que te mantenga más tiempo enganchado. Te muestran lo que te interesa y lo filtran en función de tus seguidores e interacciones como comentar y dar ‘me gusta’. Entonces, tienes una tendencia intrínseca a interactuar con publicaciones con las que estás de acuerdo, por lo tanto, te vas creando una burbuja de conocimiento”, explica.

Así se entiende, por ejemplo, por qué muchas personas quedaron impactadas por el pase a segunda vuelta de Pedro Castillo. En Twitter su ascenso era invisible.

El principal respaldo del candidato de Perú Libre está en Facebook, la red social más usada en el país. Grupos como “Pedro Castillo Presidente de los pobres», “Todos con Pedro Castillo Presidente No más pobres en un país rico” y “Pedro Castillo en Segunda Vuelta Presidente” tienen más de 40.000 miembros activos que publican constantemente para brindar su apoyo al profesor cajamarquino.

Furman insiste en que cada red social es un ambiente diferente que los políticos aprovechan a medias. “Cada una es un río, pero dentro de ellas hay varias corrientes de agua, de opiniones. Tú tienes que trabajar tu estrategia de tal manera que tu mensaje llegue no solo a tu corriente de agua, donde tu mensaje va a calar más, si no también a las otras corrientes, porque sino únicamente estás predicando entre conversos y su efecto es marginal”, comenta.

Mauricio Saravia apunta que son los tres candidatos más votados quienes comprendieron mejor el potencial de estas herramientas. Keiko Fujimori con sus Tik Toks y mensajes calculados en cada red, López Aliaga con su campaña agresiva en estas plataformas y Pedro Castillo “a través de esa red de primer piso, de contacto y mensajería directa que imita más el contacto natural y social” vía grupos en Facebook y en WhatsApp.

¿Pronto veremos estrategias peruanas digitales exitosas que impacten en la opinión pública, como la de Donald Trump en Estados Unidos para el 2016 y durante su gobierno? Los tres especialistas consultados por Sudaca creen que sí, pero como recuerda la politóloga Dennise Rodríguez, los políticos no pueden olvidar que “el Perú no es Lima y tampoco Twitter”.

 

**La ilustración y fotoportada son de Leyla López. Créditos: Andina y Voto Informado.

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Juntos por el Perú, Partido morado, Redes sociales

Antes de ser gobernador regional, Vladimir Cerrón era conocido como “el médico del pueblo”. Estudió medicina en Cuba gracias a una beca y cuando regresó a su ciudad natal, a los 30 años, era considerado un prodigio de la neurocirugía. Incluso, algunas veces operó gratis a niños y jóvenes. “Conozco el caso de una señora que tenía un hijo que se había caído del segundo piso, se fracturó el cráneo y no podía moverse. [Cerrón lo operó] y ahora está muy bien. Él ingresa a su primer gobierno por eso, por lo humano y profesional que era”, cuenta David Eslado Vargas, actual consejero de la provincia de Jauja.

 

Cerrón era visto como un hombre humilde que ayudaba a los demás hasta que asumió por primera vez el cargo de máxima autoridad regional de Junín. En el período 2011-2014, la imagen del médico bueno y altruista que había construído se desmoronó rápidamente, debido a los cuestionamientos y a las irregularidades atribuidas a su gestión. “Yo creo que el lado humano ha sido un engaño, solo lo usó para llamar la atención”, dice el consejero regional de la provincia de Junín, José Miguel Álvarez.

Los críticos regionales de Cerrón aseguran que tiene un anhelo vehemente por ser presidente del Perú. Y probablemente hubiera postulado en estas elecciones si no fuera por una condena por corrupción en su contra del 2019, recientemente confirmada. Se inscribió, en cambio, como candidato a la vicepresidencia, pero como era previsible fue tachado también de esa posición por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, Perú Libre eligió al profesor Castillo como su delfín. Cerrón, no obstante, ya sabe lo que es usar una banda presidencial.

Cuando fue gobernador, en varios eventos públicos usaba una banda de color rojo y blanco, muy parecida a la de los presidentes de la República. Por protocolo, le correspondía ponerse una granate. Cuando fue increpado por la edición local del diario Correo, en el 2013, contestó: «Esta es una banda que usó Manuel Duarte, Vladimiro Huaroc, y yo la usaré hasta el último día de mi mandato. Simplemente cumplo con la tradición de los demás presidentes regionales».

El médico había llegado al poder con el Movimiento Político Regional Perú Libre, la agrupación que él mismo fundó el 2007 y que luego pasó a llamarse simplemente Perú Libre, ahora de alcance nacional. Las críticas y los choques con la prensa llegaron casi inmediatamente tras su toma de mando. Y las respuestas del gobernador y sus seguidores también.

Su relación con el periodismo llegó a tal punto que, según el exconsejero de Junín, Ginés Barrios, Cerrón rompía ejemplares de Correo, su más fiero opositor, durante las sesiones del consejo regional  “El señor sufre de un delirio de grandeza y le gusta el culto a la personalidad, […] lo que menos le gusta es que lo controlen”, cuenta, tras asegurar haber sido testigo presencial de aquellos arrebatos.

No ha quedado registro del exgobernador rompiendo papeles con noticias sobre él, pero sí de sus partidarios quemando los periódicos y luego haciendo una protesta frente a la sede de Correo. Pamela Yupanqui Cóndor, entonces decana del Colegio de Periodistas de Junín, recuerda que la arremetida empezó cuando el medio tildó de senderista al padre del gobernador, basado en un informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. No fueron suficientes las cartas notariales y la querella que entabló el entonces gobernador. “A raíz de eso, sus partidarios hicieron movilizaciones, quisieron tomar el diario”, cuenta Yupanqui.

Al asunto, sin embargo, no habría estado ajeno Vladimir. “Él mismo tenía como estrategia utilizar medios de comunicación que manejaba para azuzar a la población y decir que el periódico [Correo] era un panfleto”, apunta la periodista.

La rencilla entre Cerrón y Correo llegó a un punto crítico cuando el Consejo Regional de Junín, conformado en su mayoría por miembros de Perú Libre, aprobó “un pedido de censura” contra los medios de comunicación como respuesta a los cuestionamientos, específicamente los de ese diario. La moción fue presentada por el consejero Yauli Saúl Arcos Galván, quien increpó las informaciones que se habían publicado y a las que tachaba como “una gravísima falta de respeto”. Sudaca intentó comunicarse con el consejero Arcos, pero no obtuvimos respuesta.

Desde el Colegio de Periodistas de la región, sin embargo, rechazaron dicho accionar y le pidieron a Cerrón demostrar una actitud tolerante hacia la prensa. Años después, en el “ideario” de Perú Libre -donde Cerrón aparece hasta en la carátula- el exgobernador plasmaría algunas propuestas para regular y evaluar los contenidos de la prensa antes de que se transmita por radio y televisión. Para ello -dice- “apremia una ley de medios y no confundir libertad de prensa con impunidad”.

Pero durante su primera gestión no solo los periodistas estuvieron en la mira. También consejeros regionales sufrieron consecuencias por sus opiniones. Cuando Víctor Torres Montalvo, entonces consejero de Jauja y parte del partido del lápiz, discrepó con la postura de Cerrón sobre construir un aeropuerto internacional en Orcotuna (Huancayo), empezó a recibir amenazas a través de llamadas anónimas. Así lo denunció ante la prensa local el año 2011. La intolerancia llegó a su punto más alto cuando un grupo de militantes de Perú Libre con vínculo laboral al gobierno regional -según reseña el diario Correo del 2 de marzo de 2012- quemó un muñeco con el rostro y nombre de Torres.

“Cuando algo no conviene a sus intereses, atacan. Por ejemplo, lo sucedido con el consejero ya fallecido Victor Torres […] quemaron un muñeco con su cara: eran los propios trabajadores de confianza de Cerrón que abandonaron sus puestos para hacer ese acto intimidatorio”, cuenta Ginés Barrios.

El asunto del aeropuerto marcó la gestión de Vladimir. En agosto de 2012, la población jaujina salió a protestar contra el gobernador, porque en vez de respetar un decreto supremo que priorizaba la ampliación e internacionalización del aeropuerto Francisco Carlé, este insistía en construir otro a solo 30 kilómetros del ya existente. El lugar: Orcotuna, Huancayo. La represión policial fue tal que uno de los manifestantes murió y varios quedaron heridos.

Al final, según el excongresista Jesús Hurtado (Fuerza 2011), que investigó este caso en el Parlamento, Cerrón no pudo concretar su propuesta porque escapaba de sus competencias como gobernador. “Cuando pidió un informe al MTC, le dijeron que no era viable porque refaccionar el aeropuerto de Jauja costaría [aproximadamente] S/200 millones; mientras que construir uno nuevo en Orcotuna, S/480 millones”, apunta.

Aunque ya pasaron casi nueve años, Jauja parece no olvidar. “En la provincia hay bastante resistencia al partido político [Perú Libre] por el enfrentamiento que hubo”, explica el consejero David Eslado. Prueba de ello es que, en esta provincia, el pasado 11 de abril solo 5.536 personas (un 13%) votaron por el partido del lápiz. En todo Junín, Perú Libre sacó apenas el 22% de los votos.

Aeropuerto Orcotuna
Militantes de Perú Libre con vínculo laboral al gobierno regional quemaron un muñeco con la cara del consejero Víctor Torres por oponerse al proyecto del aeropuerto en Orcotuna según Correo. Foto: Correo

¿Perpetuarse en el poder?

Cerrón ya había sentido el rechazo del electorado cuando terminó su primera gestión en Junín, el 2014, y quiso ser reelecto. Perdió en segunda vuelta. En la memoria de los electores aún resonaban los escándalos de corrupción de su gobierno. Uno de ellos es el favorecimiento al Consorcio Altiplano con el pago de S/850,000 por el mejoramiento del sistema de agua potable de La Oroya. En 2019, Cerrón fue sentenciado por ese caso a cuatro años de prisión suspendida e inhabilitado de ejercer cargos públicos durante un año. Hace una semana la decisión fue confirmada judicialmente.

El exgobernador regional también es parte de la investigación que se le sigue a Martín Belaunde Lossio, acusado de liderar una organización criminal involucrada en el direccionamiento de obras en varias regiones del país. Según la tesis de la fiscalía, Cerrón habría favorecido a la empresa Sima Perú por la construcción del puente “Comuneros”, en Huancayo.

De acuerdo al diario Correo de abril del 2015, “la presidenta de la comisión parlamentaria que investigó el caso Belaunde Lossio, Marisol Pérez Tello, se refirió a la obra del puente Comuneros de Huancayo como una ‘vergüenza nacional y un monumento a la corrupción’. “El puente lo construyó y lo dejó en medio del río y el proyecto no había contemplado ni entrada ni salida, lo dejó en el aire. Ya está terminado, pero con muchas falencias. Se inunda en lluvias y no tiene accesos. Sus accesos son de tierra, no de asfalto.”, dice José Miguel Álvarez, quien además de consejero regional de Junín es ingeniero.

Fuentes del despacho del fiscal Orlando Lara Vásquez, a cargo de investigar esta obra, señalan que los funcionarios de la compañía también forman parte de la pesquisa y que el Ministerio Público tiene plazo hasta enero del 2022 para terminar todas sus diligencias. Cerrón ha negado cualquier irregularidad, pero no ha ocultado su preferencia por Sima Perú incluso después de que le abrieran el proceso penal. Es más, desde el gobierno regional se firmó un nuevo convenio con la empresa en el año 2019, gracias a la venia de la mayoría de los consejeros regionales que pertenecen a Perú Libre.

“Cerrón pierde la reelección por los hechos de corrupción del Puente Comuneros, su obra emblemática, problemas con las autoridades y otras denuncias”, sostiene el periodista Percy Salomé. El ideólogo de Perú Libre perdió aquel 2014 frente a Ángel Unchupaico Canchumani, su rival histórico. En las elecciones para el 2019-2022, tanto Unchupaico como Cerrón se volvieron a enfrentar y, esta vez, sorprendiendo a muchos, Perú Libre ganó su segundo periodo.

El actual regidor Ginés Barrios lo explica así: “En Junín hay dos familias que se han hecho del poder político uno tras otro y la justificación que tiene el elector es que, después de uno, le da el poder al otro por despecho al anterior. Al finalizar la gestión de Unchupaico, Perú Libre se presentó liderado por Vladimir Cerrón. Muchas personas sentían que Unchupaico los había defraudado y una forma de escarmentarlo era votar por Cerrón”.

Vladimir Cerrón
En más de una oportunidad, e incumpliendo los protocolos, Cerrón ha usado una banda roja y blanca similar a la que usa el presidente de la República. Foto: Correo.

Por la sentencia del caso La Oroya, sin embargo, Cerrón solo pudo continuar como gobernador hasta agosto de 2019, siendo reemplazado por el vicegobernador regional, y a la vez su primo, Fernando Orihuela. Pero en los pocos meses que permaneció en el cargo, aprovechó en hacer visitas a destinos que hoy casi no sorprenden.

Ni bien inició su segunda gestión, por ejemplo, en mayo de 2019, se trasladó hasta China para participar en la “Cuarta Exposición de la Ruta de la Seda” y al foro de “Inversión y Comercio para la Cooperación entre el Este y el Oeste de China”. La justificación que le dio al Consejo Regional era que viajaría a China para aprender de un país desarrollado. No hubo mayores objeciones.

En cambio, el que no fue aprobado fue su viaje a Venezuela para participar del «Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales y Democracia Participativa», organizado y pagado por Maduro, según declaraciones del mismo Cerrón. “De China se puede aprender, ¿pero qué se puede aprender de Venezuela?”, pensaba el regidor David Eslado. Por su parte, el consejero Álvarez declaró para RPP que “viajar a Venezuela es un respaldo político al régimen dictatorial de Nicolás Maduro”.

A su regreso, Cerrón aseguraría que en el país venezolano existen procesos electorales democráticos. “Lo que yo he ido [visto] no es la Venezuela que se cuenta aquí. He visto los mercados llenos, las tiendas llenas, el 70% en Caracas es chavista abiertamente. Para eso sirve salir, para tener un mejor contacto con la realidad”, dijo a RPP.

Cerrón parece tener una distorsionada interpretación de la democracia. En un reciente video que circula en redes sociales, el líder de Perú Libre lanza sin rubor la idea de que la izquierda debe perpetuarse en el poder. “¿Cuál es el mensaje […]? Que la derecha va a quedarse en el poder. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tiene que aprender la izquierda? Que la izquierda en el poder también tiene que ir a quedarse […] Y eso es lo que ha hecho Venezuela”, se le escucha decir.

Hubo más cuestionamientos serios a su segunda gestión. Ángel Unchupaico, su predecesor y rival, había dejado todo listo para la construcción del hospital “Manuel Higa Arakaki” en Satipo que tenía la categoría de II-1 (es decir, atención general), explica Carlos Llancari, presidente de la Federación Médica de Junín. Ya se habían hecho los estudios correspondientes, y se tenía el presupuesto y hasta el terreno para ejecutar el proyecto.

Sin embargo, Cerrón decidió que el hospital de Satipo debía ser de categoría II-2, que corresponde a hospitales con mayor especialización. Esto significaba, según Llancari, empezar todo desde cero, porque un hospital de mayor complejidad necesitaba otras condiciones de infraestructura y una nueva ubicación que reúna los requisitos necesarios. “Esto ha originado un conflicto entre el alcalde de Satipo y el gobierno regional”, cuenta el presidente del gremio médico.

“Cerrón fue con sus ingenieros y dijo ‘esto no puede ser, tenemos que construirlo en otro lugar’. Pero eso es una locura porque se tiene que hacer nuevamente estudios de suelos, de impacto ambiental”, explica el consejero David Eslado. Consultado por este caso, en su momento, Cerrón argumentó que Satipo requería que el Hospital Manuel Higa Arakaki cuente con más especialidades y un mejor servicio, para lo cual era necesario elevar su categoría. Pero hasta el día de hoy, el hospital sigue sin construirse. “En plena pandemia, Satipo no tiene un hospital adecuado”, se queja el consejero Eslado.

Las gestiones de Vladimir Cerrón también se pueden contar desde los pasillos del Ministerio Público. El exgobernador afronta 14 investigaciones por delitos de corrupción de funcionarios, colusión, negociación incompatible, malversación de fondos, peculado, falsificación de documentos y defraudación patrimonial, según una investigación del portal El Foco.

Y los problemas judiciales también han alcanzado a la familia del exgobernador, actualmente suspendido de sus funciones. Según información del diario La República, Vladimir Cerrón tiene a la fecha una investigación fiscal por el presunto lavado de US$15 millones cuando estaba al frente del Gobierno Regional de Junín, junto a sus hermanos Waldemar y Fritz Elías Cerrón Rojas. La hipótesis fiscal es que el dinero negro provendría del presunto negociado con el proyecto minero Toromocho (Chinalco), ubicado en la provincia de la Oroya.

Sudaca intentó comunicarse con Vladimir Cerrón para esta nota, pero no obtuvimos respuesta al cierre de edición. También llamamos a militantes y consejeros de su partido en Junín, pero ninguno quiso ser entrevistado. En Perú Libre parecen confirmar que todavía no son muy amigos de la prensa.

 

*Con la colaboración de Julio Rospigliosi

**Fotomontaje por Leyla López

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Elecciones, Junín, Perú Libre, Vladimir Cerrón

Ninguno de ellos volverá a ser el mismo luego de las marchas de noviembre pasado que tumbaron el breve régimen de Manuel Marino. Pacha Sotelo perdió a su hermano Inti; Percy Pérez se prepara para una cuarta operación luego de que una canica perforara su intestino y pierna derecha; y Carlos Ezeta tiene que lidiar con las consecuencias penales de haber agredido a un congresista. Ahora deben decidir si darle su confianza a la misma clase política que los obligó a tomar las calles en plena pandemia.

Para ellos, la crisis política de fines del año pasado continúa. Nada cambió realmente después de la renuncia de Merino. Sudaca conversó con los tres jóvenes, protagonistas de la llamada Generación Bicentenario, para comprender su frustración y las opciones que barajan de cara a la votación de hoy.

 

Pacha Sotelo: “La muerte de mi hermano nos salvó de un personaje ignorante”

 

Inti Sotelo Camargo (24) fue una de las víctimas mortales en la marcha contra el breve gobierno de Manuel Merino el pasado 14 de noviembre. Pacha, su hermano mayor de 26 años, cuenta que la vacancia fue apenas la gota que derramó el vaso. “Se les había elegido para algo, pero ellos blindaban personajes y obstruían investigaciones. Era una guerra que no tenía fin. Luego, el nuevo Congreso promueve la vacancia en un contexto que no correspondía. A pesar de la pandemia, ese hartazgo generalizado te obliga a salir”, explica Pacha, que también asistió a la movilización, aunque con otro grupo de manifestantes.

Esa noche, su hermano murió de cuatro perdigazos en el pecho. Pacha Sotelo está seguro de que las muertes de su hermano y Bryan Pintado -además de los heridos- no fueron en vano. “Nos salvaron de un personaje ignorante que no sé qué hubiese hecho en el poder”, comenta.

Esa idea es para él y su familia un cobijo. Pero una cosa no le deja de doler: sentir que el objetivo no se cumplió más allá de la caída de Merino. “El mensaje principal de las marchas ha quedado a medias. Se trataba de tener empatía, ayudarse. Unión sin ideologías. Es algo que, lamentablemente, la política se ha encargado de romper”, reconoce Pacha.

 

Pacha Sotelo
Pacha Sotelo, el hermano de Inti. Fuente: César Campos.

 

Con decepción, cuenta que en diciembre se enteró de que Somos Perú había reclutado a un grupo de jóvenes que asistieron a las marchas. Luego, vio lo mismo con Avanza País y Podemos Perú. Era el efecto de las elecciones. “Son los [partidos] golpistas, no tiene sentido, me decía. Luego, viendo sus perfiles, descubro que tienen amigos o conocidos que postulan al Congreso por un partido que estuvo en contra de las marchas”, comenta.

Pacha ya tiene casi definido por quién votar este 11 de abril. Para el Congreso, por el Partido Morado; y para la presidencia, por algún partido de izquierda. Aunque aún no sabe cuál. El ‘terruqueo’ del que ha sido víctima estos meses lo ha llevado a identificarse con ese espectro político. “La misma gente que me ha jodido a mí lo hace con los movimientos de izquierda. Yo veo lo que dice la gente de ultraderecha y me siento identificado con los insultos [que ellos lanzan], porque me lo han dicho, sin serlo”, dice fastidiado.

La familia Sotelo Camargo, sin embargo, tiene otra prioridad. La investigación que inició la Fiscalía por la muerte de Inti y Bryan está estancada, porque la burocracia no perdona. El fiscal Yoni Soto Jiménez, de la Tercera Fiscalía Supraprovincial de Lima, asumió el caso en noviembre y dilató el proceso. “Yo a él le presenté 3 testigos claves en diciembre, estamos abril y hasta la fecha no los citan a declarar. Se dedicó a interrogar policías, a conocer su versión. No hubo equilibrio ahí”, denuncia Pacha.

En enero, el caso pasó al despacho de Jhousy Aburto Garavito, flamante fiscal de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima para que se dedique exclusivamente a este proceso. Sin embargo, según Pacha, se demoró un mes y medio en revisar los 28 folios del expediente. “Es urgente que se agilice la investigación. Estamos en peligro de que esto quede para un siguiente gobierno”, reclama Pacha. Hasta entonces, Inti no descansará en paz y él tampoco. Sin importar quién ocupe Palacio de Gobierno.

 

Percy Pérez: “Van a entrar las mismas personas que nos roban (…) Ninguno merece mi voto”

 

Percy Pérez fue uno de los primeros heridos que dejó la represión policial en noviembre pasado. Sin piedad, uno de los agentes le disparó una, dos, tres veces hasta que lo tumbó. Una canica perforó sus intestinos y la vena ilíaca de su pierna derecha. Desde aquel fatídico jueves 12 de noviembre, Percy ha pasado por tres operaciones de riesgo, pero todavía no puede caminar sin que se le hinche la pierna como una pelota. “Fue mi primera marcha. Ni siquiera fue mucho tiempo porque llegué y a los 15 minutos salí herido de ahí”, cuenta, mientras lanza una risa sarcástica.

Percy decidió marchar porque estaba harto de la injusticia y el robo de los políticos. Pero en realidad perdió su fe en la clase política peruana mucho antes de ser víctima de la represión. “Yo no voto desde los 18 años. Mi padrino, que en paz descanse, me crió enseñándome política. Ninguno merece mi voto porque no me representan”, asegura. Su drama personal le dio todavía más razones para quedarse en casa este 11 de abril.

Como Pacha Sotelo, siente que las marchas no lograron su objetivo y la opinión pública se olvidó de lo que pasó en noviembre, él incluido. “Ahora van a entrar las mismas personas que nos roban. Se han hecho de la vista gorda con todo lo que pasó”, reclama el joven bartender.

 

Percy Pérez
Percy Pérez sigue luchando para recuperar la normalidad en su vida. Fuente: Omar Lucas.

Percy actualmente se prepara para su cuarta y última operación. De los seis metros de intestino delgado, solo le queda uno y medio. “Tengo una ileostomía, o sea, un pedazo de mi intestino sale por el lado izquierdo de mi abdomen. La última operación es para reincorporar eso”, explica. Luego tendrá que hacer rehabilitación durante un año y medio más. Pero la tortura no termina ahí. Cuando sea mayor, será operado nuevamente para revisar el estado de su intestino.

A su padecimiento se suma la decepción, porque las promesas del gobierno de Sagasti quedaron en el aire. “Económicamente no me han dado nada. Solo me dijeron que habría un reembolso con las boletas”, cuenta decepcionado. Su madre se ha comunicado con el Ministerio del Interior para pedir una beca de estudios y trabajo hasta que pueda recuperar su vida normal.

 

Carlos Ezeta: “Lo de noviembre puede volver a pasar. No mucho ha cambiado realmente”

 

A su bandeja de entrada llegan consultas como esta: “¿Carlos, ahora por quién votamos?”. Desde el pasado 9 de noviembre, su cuenta de Instagram empezó a ganar miles de seguidores. Ese día Carlos Ezeta, de 24 años, estampó un puñetazo en el rostro al congresista de Acción Popular Ricardo Burga, cuando este declaraba a los medios luego de que el Congreso vacara al entonces presidente Martín Vizcarra. El episodio alimentaría las marchas de los días posteriores.

Ezeta supo enseguida que lo que hizo estuvo mal. Pasó dos noches en el calabozo y luego se disculpó públicamente con Burga. No pudo estar presente en las jornadas donde fallecieron Inti Sotelo y Bryan Pintado, pero sí asistió al velorio de este último. “Lo que hice tomó notoriedad. Tenía que salir adelante para ser esa voz que muchos jóvenes me pedían que sea para ellos”, dice.

El congresista Burga no inició un proceso en su contra. La Fiscalía, sin embargo, le abrió de oficio uno por lesiones graves. Por ese delito Ezeta podría pasar entre 6 a 12 años en la cárcel. El joven, productor publicitario, cree que la severidad del Ministerio Público es desproporcionada. “El perito que presentó la Fiscalía dice que fueron lesiones graves, con huesos rotos en la nariz, pero no tiene sentido. El golpe fue en el pómulo. También dicen que fueron 25 días de descanso médico. ¿Cómo explicas eso? Si al día siguiente Burga estaba de lo más normal aplaudiendo a Merino en su juramentación”, reclama.

 

Carlos Ezeta
Carlos Ezeta disculpándose con el congresista Ricardo Burga luego del incidente del 9 de noviembre. Fuente: Johann Klug.

 

Mientras enfrenta un proceso que podría acabar con los mejores años de su vida, Ezeta tiene otra misión: incentivar el voto informado de la generación con la que salió a marchar. “Trato de decirles que luchamos y ganamos, que sacamos a Merino y les dimos una lección. Ahora lo que podemos hacer es tener un voto consciente. No pido más que eso: voten por quien quieran, pero de manera informada, sabiendo el historial de esos partidos”, ruega Carlos.

Él mismo admite que aún no tiene candidato presidencial. Tampoco lo revelaría para no influenciar a nadie. Escoger, para él, es una apuesta por quién te decepcionará menos. “Hay 18 candidatos y ninguno realmente representa a todos los jóvenes que salieron hartos a marchar en noviembre. Toca votar por el menos malo, como siempre”, comenta.

Visto el elenco de candidatos, Ezeta advierte que su generación podría tomar las calles una vez más. “Lo que pasó en noviembre puede volver a ocurrir en cualquier momento. No mucho ha cambiado realmente”, termina. ¿El Perú es un hervidero luchas inconclusas? La frustración de tres jóvenes parece responder a esa pregunta.

 

**Fotomontaje por Leyla López

Fecha de publicación: 11/04/2021

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