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Un festín de bonos basura

Cuatro constructoras peruanas han incrementado su capital en montos exorbitantes gracias a unos bonos emitidos por el Estado Peruano en 1983. El asunto es que estos papeles ya no valen nada, dice el MEF, y hasta se venden en Mercado Libre a precio de ganga. Luego de la inyección de este dinero ficticio, las compañías han ganado contratos públicos por más de S/5,000 millones, consorciadas con firmas chinas. Para remate, algunas de estas empresas están involucradas en el nuevo escándalo del ‘Club del Tarot’.

En los archivos de los registros públicos, una serie de empresas constructoras ha venido inscribiendo aumentos de capitales por montos astronómicos. Las millonarias inyecciones no se dieron gracias a algún ‘boom’ inmobiliario o al aporte de algún socio, sino a un legado anacrónico: unos bonos de reconstrucción entregados en 1983 luego del Fenómeno del Niño de aquel año. El asunto es que ni el MEF ni la Sunat reconocen en estos papeles algún valor actual.  

Sudaca encontró que cuatro empresas que se consorciaron con compañías chinas en los últimos años aumentaron drásticamente su capital mediante estos ‘bonos’. Gracias a esto, ganaron más de S/5,267 millones en licitaciones. Algunas de las firmas asiáticas que mencionamos aquí también se repiten en el reciente escándalo del Club del Tarot, una red de empresas que vulneraba el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) para conocer las propuestas de sus competidores. En aquella y esta historia aparecen como personajes protagónicos los hermanos Aguilar Quispe, una familia que se ha beneficiado con jugosos contratos en el MTC.

 

LOS AGUILAR QUISPE

Los bonos en cuestión se emitieron en 1983, durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. La mayor parte de ellos se entregaron a agricultores cuyos sembríos habían quedado dañados por El Niño. Pero hoy, estos vales carecen de valor.

En el 2002 la Sunat estableció que estos cupones no servían para pagar deudas. El MEF, por su lado, señaló en varias ocasiones que prescribieron “hace más de 36 años” y pidió a la gente que no se deje estafar. “Sugerimos al público en general abstenerse de efectuar transacciones o gestiones con tales títulos”, advirtió el ministerio ya en 2014.

Sudaca puso en la mira estos bonos fantasmas en abril pasado, cuando revelamos que la empresa INIP Ingeniería Integración de Proyectos, delatada recientemente por Karelim López, se creó con un capital basado en estos papeles. Esta compañía fue fundada por los hermanos Alejandro y Roberto Aguilar Quispe.

Pero no fue la única empresa de la familia Aguilar que echó mano de estos papeles ochenteros. Al menos dos más hicieron lo mismo.

Hermanos Aguilar Quispe
Hermanos Aguilar Quispe. A la izquierda, Felipe Aguilar, quien sería el nexo entre las empresas chinas y el hacker del ‘Club del Tarot’. A la derecha, Roberto Aguilar, señalado por Karelim López como integrante de una presunta organización criminal, junto al presidente Castillo y el exministro Juan Silva. Las empresas de ambos hermanos hicieron crecer su capital a base de bonos de reconstrucción.

Una de estas es la compañía Grupo Constructor & Consultor Asociados S.A.C., fundada en 2017 con un capital de S/60,000. En solo siete meses, en febrero del 2018, su capital aumentó hasta llegar a nada menos que S/99 millones. ¿De qué naturaleza fue el aporte que permitió este incremento de capital? El bono de marras.

Ese mismo año, luego de aumentar su capital inicial con este papel sin valor, Grupo Constructor & Consultor Asociados pudo adjudicarse su primera obra con el Programa Nacional de Saneamiento Rural: la ampliación del servicio de agua potable por S/2 millones. Desde entonces, la buena fortuna ha estado de su lado y, junto a las compañías China Railway N° 10 Engineering Group y China Railway Tunnel Group, entre el 2020 y 2021, obtuvo jugosos contratos por un total de S/1,287 millones. Ocho de las nueve obras fueron convocadas por Provías Descentralizado, organismo que depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Para Cristian Castillo Luna, especialista en contrataciones con el Estado, ‘inflar’ el capital de la empresa mediante estos auténticos bonos basura es una estrategia que ya han empleado algunas empresas. Gracias a ese valor ficticio pueden calificar como postores para concursar en licitaciones públicas. “El capital social de las empresas es un indicador que el OSCE toma en cuenta para definir la capacidad de contratación de una empresa”. Si se tiene más capital, es posible aspirar a contratos más grandes, apunta.

Los socios fundadores de Grupo Constructor & Consultor Asociados son Roberto Aguilar Quispe, su mamá Mary Luz Quispe Otiniano y Beatriz Monteverde, esposa de su hermano Felipe Aguilar Quispe, de acuerdo a las actas registrales. El nombre de Roberto Aguilar, bachiller de 27 años y dueño también de INIP, se hizo conocido porque a inicios de año se dio a conocer una foto en la que supuestamente estaba jugando fulbito junto al presidente Castillo, luego de ganar S/581 millones en contratos con su gobierno. Aguilar ha negado que sea él la persona de la foto.

Consultado por Sudaca, el empresario asegura que ya no pertenece a la empresa desde hace un año y que el incremento de capital “no fue irregular porque se hace a través de peritos contables que verifican”. Niega que dichos bonos no valgan nada y sostiene que son válidos para ser inscritos como parte del capital social.

A&B Ingeniería Integral, creada el 2016, es otra empresa vinculada a esta familia. El dueño es Alexander Felipe Aguilar Quispe, hermano de Roberto. Según el reportaje de Punto Final que destapó el ‘Club del Tarot’ , él sería el nexo entre las empresas chinas y el hacker que permitía ver las propuestas de los otros postores. Incluso se presentaba como asesor del gerente general China Railway N° 10.

Su empresa empezó con un capital social de S/14,000 aportados “en efectivo”. Y el mismo día en que Grupo Constructor & Consultor Asociados S.A.C. registró sus bonos, esta empresa hizo lo mismo. Así, en febrero de 2018 aumentó su patrimonio en casi S/103 millones “por concepto de capitalización de aporte de bono de reconstrucción”.

Antes de esto, la compañía de Felipe Aguilar sólo había realizado una única obra por S/772,500, como parte de un consorcio en el que su participación se limitó al 1%. El 99% restante se lo repartieron entre las empresas peruanas J.P.C. Ingenieros –que en 2018 también inscribió bonos de reconstrucción para hacer aumentar su capital– y Soluciones Integrales Emdemas.

Luego de su repentino crecimiento, en el 2019 A&B Ingeniería Integral obtuvo una obra por S/17 millones para el mantenimiento de una carretera en Junín. La adjudicación fue entregada por Provías. Pero su contrato más jugoso llegó poco después: junto a la empresa China Harbour Engineering Company, ganó una licitación de S/87 millones, también de Provías en ese mismo año.

“¡Empresas que no tienen ni siquiera la capacidad para comprar una retroexcavadora ahora tienen la capacidad para contratar obras por varios millones gracias a estos bonos!”, advierte el abogado Castillo Luna.

Cristian Castillo Luna
Para Cristian Castillo Luna, especialista en contrataciones con el Estado, usar bonos de reconstrucción para aumentar el valor del capital social podría constituir un delito.

“Esto podría constituir un delito de estafa o falsedad genérica, porque habría que ver cómo consiguen estos bonos y por qué les calculan un precio tan alto luego de comprarlos a precios muchas veces irrisorios”, comenta el especialista. Un dato que no es menor es que A&B Ingeniería Integral se encuentra actualmente impedida de contratar con el Estado. El 2018, esta compañía presentó documentos con firmas falsas ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP), en medio de un proceso para que le permitan aumentar su capacidad de contratación pública.

LLUVIA DE MILLONES

Esta estrategia no ha sido exclusiva de las empresas de la familia Aguilar Quispe. 2H Ingeniería y Construcción es otra compañía que encontró en estos bonos una manera sencilla para aumentar su capital social de manera casi se diría que milagrosa.

En el 2013, esta compañía se fundó con un capital social de apenas S/75,000, que luego se incrementó hasta llegar a S/3 millones. Cuatro años después, sus socios modificaron el artículo de su estatuto donde se aprobaba el uso de los bonos de reconstrucción para incrementar su capital social. Así, en octubre de 2020, esta constructora se ‘inyectó’ S/105 millones “por aporte de bien no dinerario (aporte de bono de reconstrucción serie única, sub-serie 12)”, como se lee en las actas registrales.

A diferencia de las dos primeras, esta empresa sí tenía experiencia en licitaciones con el Estado. Desde el 2015, contrató con el gobierno por poco más de S/311 millones. Pero luego de inyectarse su nuevo capital fantasma, en el 2021 se llevó el contrato más grande de su historia, con Sedapal: S/1,169 millones junto a la compañía China Machinery Engineering y SIGMA SA Contratistas, para llevar adelante una obra de mejoramiento de los sistemas de agua potable. 

Nos comunicamos con la empresa y se comprometieron a darnos información, pero hasta el cierre de este reportaje no lo hicieron 

CMO Group SAC –antes, Constructora Mediterráneo– también inició sus operaciones con un modesto capital de S/1,000, en el 2009. Tres años después, le agregaron S/3 millones mediante “bonos”, aunque en los documentos registrales no se explica de qué tipo. En enero de 2013, a su capital le aumentaron la considerable suma de S/15 millones, a través de “aportes de bonos de reconstrucción emitidos mediante Ley N° 23592”.

Según la compañía, “esos bonos están respaldados con terrenos de 300 hectáreas en Huaral, que cuestan entre S/90 millones a S/100 millones, los cuales están tasados y declarados ante la RNP del OSCE”. Le pedimos a la empresa documentos que respalden esta versión, pero no volvieron a responder.

Bonos de reconstrucción
Los bonos de reconstrucción pueden encontrarse en Mercado Libre hasta por S/40. Para el MEF y la Sunat, no tienen ningún valor, pero algunas empresas usan estos bonos para constituir empresas o aumentar su capital social.

Antes de aquel incremento de capital, la empresa había contratado dos veces con el Estado, por S/280 millones. Luego, sin embargo, la compañía obtuvo una lluvia de 18 millonarios contratos, en su mayoría con gobiernos regionales, como los de Junín y Cajamarca. Desde el 2019, se consorció con la empresa china Sinohydro Corporation Limited, con la cual obtuvo la buena pro de varias obras para el mejoramiento de establecimientos de salud en dichas regiones. Todas sus contrataciones desde el incremento de capital suman un total de S/19,690 millones.

¿Por qué estos bonos fantasmas son aceptados para ser inscritos en los Registros Públicos? La posición del tribunal registral, emitida en dos resoluciones del 2014 y 2020, es que no le corresponde calificar la prescripción de los títulos valores. Sin embargo, el 24 de marzo de este año, el MEF volvió a ratificar su posición de que estos bonos no tienen valor por estar prescritos.

“Esto también es competencia desleal, porque hay empresas que tratan de subir su capital obra por obra. Mientras su crecimiento les toma entre seis y ocho años, las empresas que crecen con ‘capital bamba’ lo hacen en meses”, dice el abogado Castillo Luna. Mientras estas empresas tasan sus bonos en millones de soles, en Mercado Libre, estos se pueden encontrar desde S/40 y con envío gratis incluido. El Perú es, sin duda, el país de las oportunidades.

 

(*) Fotocomposición de portada: Darlen Leonardo.

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corrupción, Empresas, Gobierno

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