Informes

Por Luisa García y Alejandro Guzmán

M.C. llegó a Lima, desde Bogotá, el 11 de enero en la aerolínea Viva Air. Viajó con su novio y asegura que ninguno de los dos ha recibido llamadas de seguimiento del Ministerio de Salud (Minsa) para verificar que están cumpliendo con su cuarentena. Hoy miércoles es su noveno día de confinamiento. Le quedan, teóricamente, cinco más.

Con Y.D. tampoco se ha comunicado aún el personal del Minsa. Ella arribó a Lima un día antes que M.C. desde La Florida, un estado que reportó más de 30.000 infectados el segundo día del año, según informó el New York Times. La segunda ola en Estados Unidos es gigantesca: solo dos días antes de su viaje, se contabilizaron más de 300.000 nuevos contagiados en ese país.

En un intento por dimensionar cuánto puede afectar al Perú el aumento de casos en el extranjero, Sudaca pidió a la Superintendencia Nacional de Migraciones el número de pasajeros que ingresaron al país vía aérea en lo que va de enero, así como las ciudades de origen de sus vuelos. La información, sin embargo, fue negada por la oficina de prensa. ¿La excusa? Que los datos −que normalmente sí son proporcionados como información periodística− son considerados sensibles en el contexto de la pandemia.

Pero la data ya publicada es, de todos modos, reveladora: según una nota de prensa del Minsa, 121.455 viajeros arribaron al país entre el 5 de octubre −cuando se reabrieron las fronteras aéreas para vuelos comerciales− y el 9 de diciembre. En ese periodo estuvo vigente un protocolo sanitario que estipulaba que el Minsa debía monitorear la aparición de síntomas que pudieran indicar casos positivos.

De ese monitoreo, apenas tres casos de Covid-19 fueron identificados por el Centro de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), organismo del Minsa encargado de hacer el seguimiento a la cuarentena de los pasajeros internacionales. Tres entre más de 120.000 equivale a un insignificante 0.0024%. Ese resultado es engañoso.

Los números detrás de los números

Según el Minsa, de octubre a diciembre se realizaron 186.807 llamadas al grupo de 121.455 viajeros mencionado líneas arriba. Con una división simple, eso implicaría menos de dos llamadas por pasajero a lo largo de su cuarentena, cuando el monitoreo debería ser diario. Este medio solicitó una entrevista con un vocero del Minsa sobre el tema, pero tras varios intentos no obtuvo respuesta. También pidió en numerosas oportunidades una entrevista con el director del Centro de Epidemiología (CDC), sin éxito.

¿Qué tan eficiente fue el seguimiento para afirmar que la “Reanudación de vuelos internacionales no tuvo impacto en incremento de casos COVID-19 en el país”, como tituló el Minsa la nota de prensa donde publicaba estos números? De las mencionadas 186.807 llamadas realizadas por personal del CDC del Minsa, solo el 55.37% fueron efectivas (es decir, contestadas). Así, solo se logró establecer comunicación con el 63% de los pasajeros.

Con ese porcentaje de efectividad, se identificaron apenas 610 casos sospechosos. Sin embargo, solo al 22,39% −menos de un cuarto− de ellos se le tomó alguna prueba, ya sea la molecular o la de antígenos. Al 68.36% no se le tomó muestra por “diversos motivos”. El 8.85% de los casos sospechosos no respondió el teléfono tras varios intentos. Y no hubo mucho más que hacer con ellos.

Quizá lo más preocupante son las conclusiones erróneas −como la del titular de la nota de prensa del Minsa− a las que puede llevar una metodología mal diseñada, que no contempla una recopilación diaria de los síntomas. La médico epidemióloga de la Cayetano Heredia Larissa Otero afirma que solo luego de tener a los viajeros en constante vigilancia se podría concluir que no están siendo una fuente importante de transmisión, si es que muy pocos o ninguno desarrolló la Covid-19.

Diseño: Leyla López.

¿Sigue la coladera?

Desde el 4 de enero, el gobierno peruano exige una cuarentena obligatoria de 14 días para todos los viajeros que ingresen al país. ¿Cómo se le hace seguimiento? A través de escasas llamadas telefónicas con un bajo nivel de efectividad. Lo escaso e ineficiente de este proceso puede cotejarse con los testimonios de viajeros a los que ha entrevistado Sudaca, quienes arribaron pasada esa fecha. Algunos no han recibido ninguna llamada y, los que sí, aseguran que se trató de una o −en el mejor de los casos− dos.

El 4 de enero, el director del CDC del Minsa Luis Rodríguez actualizó el dato del porcentaje de llamadas efectivas: el 50% de los viajeros entrantes “no responden las llamadas o dan números telefónicos falsos”, mencionó. Un porcentaje aún peor que el reportado en diciembre.

“Eso es muy grave. Si efectivamente eso es real, es crítico, porque otra vez volvemos al tema de la responsabilidad individual”, opina Theresa Ochoa, médica infectóloga y profesora asociada de Epidemiología en la Universidad de Texas en Houston. “De nada nos sirven estas normas [cuarentena obligatoria para los viajeros] si el individuo no va a ser consciente de que sus acciones pueden tener una repercusión en general, para infectar a otras personas”, agrega.

“Creo que monitorizar los síntomas a diario es importantísimo”, dice Larissa Otero. También apunta que, por eficiencia de recursos, eso se podría hacer a través de una web o app a la que los viajeros estén obligados a reportar sus síntomas. Luego solo se llamaría a los que no cumplen con el monitoreo o que sí presentan algún síntoma y, como refuerzo, podría haber un contacto telefónico aleatorio con parte de los que cumplen con su reporte diario. “Esto debería usarse para viajeros y para contactos cercanos”, agrega. En el protocolo de octubre se estipulaba que los pasajeros deberían realizar un ‘autotriaje’ a través de un aplicativo del Minsa. Ninguno de los viajeros consultados por Sudaca fue informado de dicho aplicativo.

Este lunes, L.L. y su familia acabaron su confinamiento. Llegaron a Lima el mismo 4 de enero, cuando empezaba a regir la cuarentena obligatoria por dos semanas para los viajeros internacionales. Ella dice simplemente no entender cómo controlan la cuarentena, pues en su casa son tres los que viajaron y solo llamaron a su esposo y a su hijo en una oportunidad a cada uno. A ella, en ninguna.

Aunque las comparaciones son odiosas, en este caso pueden ayudar. Al igual que Perú, Chile también ha normado que los viajeros que ingresen al país deben realizar una cuarentena obligatoria. La diferencia es que el seguimiento chileno sí es diario: según estipula la normativa local, los viajeros reciben cada día un correo con una encuesta sobre su estado de salud y su ubicación, a la par de tres recordatorios de que deben llenarla como parte de su declaración jurada. Sudaca pudo confirmar, de acuerdo a experiencias de viajeros chilenos, que dichos mensajes y recordatorios llegan diariamente.

Diseño: Leyla López.

Los aeropuertos, focos infecciosos

“Recuerdo el caso de dos chicas: se hicieron pruebas el viernes en Estados Unidos, con resultados negativos. Viajaron el sábado. El martes las dos tenían pruebas positivas. Se infectaron o en el aeropuerto en Estados Unidos o en el avión o al llegar, no se sabe, pero se infectaron”, apunta el médico infectólogo Eduardo Gotuzzo. Aunque es algo que las aerolíneas preferirían no decir, el especialista considera que los aeropuertos sí son focos de contagio para personas que han dado negativo a las pruebas antes de tomar sus vuelos. Por norma, estas deben realizarse hasta 72 horas antes del viaje.

M.C. cuenta, por ejemplo, que cuando partió a Colombia, a fines del año pasado, no le exigieron usar protector facial. A los aeropuertos llegan personas que viajan a diferentes destinos, cada uno con sus propios protocolos. Antes de abordar, los viajeros deben compartir colas, procesos y salas de espera. Pero para M.C. los patios de comida son los lugares más riesgosos. Los viajeros se quitan la protección para comer, cerca de otros pasajeros. No escapa a este párrafo el Jorge Chávez.

Los pacientes demoran en promedio cinco días en manifestar sus síntomas, pero pueden contagiar a otros individuos desde antes, explica la infectóloga Theresa Ochoa. Un viajero podría creer, durante todo su trayecto, que no está infectado. Mientras en realidad está, además, contagiando a otros. Para saber si se estuvo o no frente a un viajero agente de contagio, la calidad del seguimiento de su cuarentena es clave. Es la única forma de conseguir un mapeo más acertado de los posibles infectados que llegan de otros países. Pero ya vimos que la calidad del seguimiento en el Perú no es muy útil.

Geolocalización: ¿real o no?

Al ingresar al país, M.C., Y.D. y L.L. llenaron y firmaron una Declaración Jurada de Salud y Autorización de Geolocalización de su celular. La declaración y la autorización aparecen en la web de Migraciones en un solo formulario. ¿Se realiza o no esa geolocalización para controlar que los pasajeros recién llegados no estén violando su cuarentena?

Fuentes del Minsa dijeron a Sudaca que la geolocalización no se efectúa. Las personas positivas a Covid-19, hayan sido identificadas en el Jorge Chávez o luego, sí tendrían un seguimiento diario, aseguraron las mismas fuentes, que pidieron anonimato por no tratarse de voceros oficiales o autorizados. Recordemos, sin embargo, que de octubre a diciembre solo se identificaron tres positivos entre más de 120.000 viajeros.

“Ahora con los sistemas electrónicos no debería ser tan difícil [implementar una vía de seguimiento a los viajeros]. Uno lo registra con el código de pasaporte o DNI, sus datos deberían entrar a una base [de datos], se registra su celular, lo compruebas en ese momento, y registras otros celulares de back-up“, sostiene Larissa Otero.

Los viajeros entrevistados por Sudaca tampoco recuerdan que el personal sanitario que verificó su declaración jurada al ingresar al país haya comprobado su número de celular. En su cuenta de Twitter, la periodista Alejandra Cruz llamó la atención, además, sobre la obligatoriedad de proporcionar un teléfono fijo, cuando muchos ya no tienen uno. “Creo que coloqué el de mi abuela”, dijo Y.D, por ejemplo.

A la deriva

Sin una recopilación diaria y sistemática de los síntomas de los viajeros internacionales, se deja a la deriva su seguimiento epidemiológico. La necesidad del Minsa de cambiar de metodología, a una que sí sea eficiente, es clara. Pero también hay otra urgencia: “insistir en la educación sanitaria para que seamos conscientes de cómo debemos actuar”, opinó la infectóloga Theresa Ochoa. Ella lo plantea como prioridad frente a la opción de volver a cerrar fronteras, por ejemplo. “Cualquier medida es imperfecta si la gente no cumple bien”, reflexiona su colega Eduardo Gotuzzo.

“Tenemos que apelar a ese sentido de la responsabilidad, es un sentido moral. Uno no quiere contagiar a otras personas. La gente dice: no va a pasar nada, prefiero que ya me dé Covid. ¿Pero de dónde creen que se contagiaron los que han muerto?”, cuestiona Larissa Otero.

El último viernes 8 de enero la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, confirmó la primera detección de una persona portadora de la variante británica del virus. Una persona que reside en Perú. Lo más probable es que la variante haya entrado por el aeropuerto. Con un seguimiento epidemiológico más eficiente de los viajeros internacionales, un mejor rastreo de los contactos portadores de esa variante habría sido posible.

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Aeropuerto, Aeropuerto Jorge Chávez, Coronavirus, Covid-19, Lima, Migración

Con su startup ha creado una innovadora forma de vender pescados frescos vía online. Pero para lograrlo, ha tenido que vencer estereotipos y al machismo que asegura que las mujeres, no pueden pescar.

Pucusana es un nostálgico balneario ubicado a 58 kilómetros al sur de Lima. En esta añorada caleta y rodeada de lanchas que parecen reposar sobre un manto platinado se encuentra Karin Abensur, una pescadora artesanal de 37 años que, como hija del mar, pretende hacer una oceánica revolución: empoderar a la mujer, luchar contra el hambre y fomentar la pesca sostenible en el país con su emprendimiento, Karin Ecofish.

Karin Abensur Montes de Oca fue la primera pescadora artesanal de la playa Punta Hermosa. Su historia con el mar comenzó cuando tenía doce años y entró por primera vez al océano acompañada de una tabla de surf. Ahí, surcando las olas, cayéndose y levantándose, entabló amistad con los pescadores. Aprendió sobre sus faenas, sus anécdotas. La dura vida del mar que la cautivaron y la motivaron a estudiar ingeniería pesquera en la Universidad Agraria La Molina y, para que ahora creara Karin Ecofish, su negocio online de venta de pescado fresco fileteado, envasado al vacío y con reparto a domicilio.

“Cuando entré al mar de Pucusana lo hice con un pescador que era muy conocido aquí y se hizo mi pata. Como estaba a su lado, todo el mundo lo miraba. No era bien visto que las mujeres entren al mar, de madrugada y a pescar. Entonces él les respondía: “¿Qué les pasa? ¡Es mi hija!”. Y todos callaban”, cuenta Karin.

Pero un día el pescador se fue y ella se quedó sola. La gente le preguntaba por su supuesto padre y ella respondía: ‘Él me ha mandado sola porque ya aprendí. Si no hubiera sido por él, hubiera sido más complicado ingresar a este mundo”, recuerda.

A Karin le ha tocado imponerse en un mundo dominado por hombres y el machismo. Por eso se ha encargado de luchar contra los estereotipos, esa batalla silenciosa que aún nos queda por ganar.

“Todos los seres humanos merecemos respeto y eso quiero lograr con Karin Ecofish: la igualdad. No porque soy mujer tengo que aceptar que me falten el respeto. Yo me siento con las mismas capacidades que cualquier hombre de mar”, refuta, quien fue elegida Pescadora artesanal del año 2018 por el Ministerio de la Producción. ¿Los argumentos? impulsar la pesca sostenible. ¿Qué la enamoró del mar?, le preguntamos.

“Estar en contacto con la naturaleza es más placentero que escuchar los cláxones de la ciudad. Mi meta siempre ha sido dedicarme a la pesca”, dice.

La mujer y el mar

Karin trabaja de la mano con las fileteadoras de Pucusana. A través de su empresa social no solo se encarga de darles trabajo sino de empoderarlas, capacitarlas y darles empleo para que logren una independencia económica que les permita valerse por ellas mismas.

“¿Por qué todo es para el pescador? Todo es para el hombre pescador, cuando estas señoras están fileteando y con las manos mojadas desde las 2am”, reclama, en el puerto de Pucusana.

Para el 2021 Karin Ecofish tiene dos nuevos proyectos. El ingreso de nuevos e innovadores cortes de pescados como pejerrey y especies de estación, como el bonito y el perico. Además de hacer hamburguesas de lomo de bonito y cortes parrilleros.

Los nuevos productos a base de pejerrey serán posibles gracias a que en noviembre del 2020, Karin Ecofish fue beneficiada con los fondos del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura.

Además, con su proyecto busca que el consumo del pescado se incremente. Para la FAO, el objetivo al 2025 es que el peruano consuma 27.6 kilos de pescados al año. Actualmente es de 17.4 kilos.

Pero para que Karin, sentada sobre su bote, pueda contar ahora su historia tuvo que pasar duras batallas. Sufrir derrotas, golpes de ola capaz de tumbar al nadador más cuajado.

No solo tuvo que vencer los prejuicios de que las mujeres no pueden ser pescadoras. También batalló contra las altas tasas de interés de los bancos que le impedían (o le dificultaban) acceder a préstamos para potenciar su negocio, además de luchar contra la informalidad de la pesca artesanal en el Perú.

Pero enfrentó esas batallas y su startup se ha convertido en una de las más innovadoras del país: ofrece ocho tipos de cortes de pescado listos para cocinar. Vienen congelados y sellados al vacío. Los cortes más solicitados son: Ceviche, Tiradito, Escabeche, Sudado, Jalea. La comercialización es vía web y los clientes pueden programar sus compras y a la vez saber el origen de los productos que están adquiriendo. Y de paso, conocer las historias de las personas que hicieron posible que aquellos productos estén en la mesa. La distribución de sus productos es directamente a la puerta de sus clientes.

Más de 1000 pescadoras

En el Perú existen más de 76 mil pescadores artesanales, según el Ministerio de la Producción. De ese total, unas 1300 son mujeres. Con un universo tan grande de pescadores, le preguntamos a Karin ¿Cómo logramos una pesca sostenible?

“Hay que fomentar la pesca responsable. Hay que ponerse la camiseta como pescador, como consumidor y también como vendedor y no fomentar el consumo del lenguado, de la chita y la corvina”, dice. Y agrega: “Son especies que viven 40 años, no los puedes matar al año porque estas colaborando a que desaparezcan”, señala.

No volver a ver una especie es cruel. Por eso Karin pretende formar la Asociación de Pescadores Responsables y que se sumen los pescadores de todo el litoral. La hora de la pesca sostenible, llegó.

Así es Karin Abensur Montes de Oca, una pescadora artesanal que lidera su propia revolución. Una mujer que rompe con los moldes, la hija del mar que desde su espacio ha sabido quebrar estereotipos, dar empleo y levantar la bandera de la sostenibilidad. Su voluntad, es tan grande como el mar.

Dato:

Los pedidos a Karin Ecofish se pueden hacer vía redes sociales. Facebook: @karinecofish1234. Instagram:  karin_ecofish. Whatsapp 987104168.

Por Gabriela García y Romina Mendoza

Lucía Guevara tiene 43 años y ha sido trabajadora del hogar desde los nueve. Cuando comenzó la cuarentena no pudo salir de su lugar de trabajo durante dos meses. “Normalmente [antes de la pandemia] trabajaba doce horas diarias. En la cuarentena tuve que quedarme a cuidar a tres adultos mayores, los cuales tenían miedo de que los contagie. Tuve que hacer todo tipo de servicios y aumentaron las labores por el mismo sueldo. El estrés era demasiado. Prácticamente me quedé encerrada en el trabajo”, cuenta.

La casa en la que Lucía trabaja no está habilitada para alojar permanentemente a más personas. Ella tuvo que improvisar para poder dormir, bañarse, comer o contar con un poco de privacidad. “Lo básico que una trabajadora del hogar necesita es tener un baño propio. Una empleadora jamás permitiría compartir el mismo wáter con su trabajadora”, menciona Guevara. Además, se vio en la obligación de atender todo el día a sus jefes. Llegó, incluso, a no dormir.

Durante la emergencia sanitaria por la Covid-19 el silencioso problema de las trabajadoras del hogar se ha agravado: despidos intempestivos, aumento de la carga laboral, reducción de sueldos, discriminación, retención en sus lugares de trabajo y falta de protocolos de seguridad. Esos son apenas algunos de los problemas a los que más de una se ha visto expuesta.

Carmen Almeida, dirigente del Sindicato de Trabajadoras del Hogar de Lima (Sinttrahol), asegura que los derechos de las trabajadoras se han visto gravemente vulnerados. “La situación para nosotras ha sido muy crítica. El 80% de nuestras compañeras fueron despedidas. Otras quedaron prácticamente secuestradas en sus propios trabajos y a muchas les han reducido los sueldos”.

Se trata de números preocupantes recopilados por más de un gremio. La Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar Remunerados del Perú (Fenttrahop) calculó en septiembre que 6 de cada 10 trabajadoras del hogar habían sido despedidas, según El Comercio. Sudaca ha recopilado algunas de las historias detrás.

Cuadro: Elaboración propia.

Denuncias laborales en pandemia

Catalina Robles (es un seudónimo, a pedido suyo), de 46 años, es trabajadora del hogar desde que tiene memoria. Su último trabajo durante la pandemia fue en una casa en Ate, en septiembre, y duró solo 4 días. “Me dijeron que me encargaría de la limpieza, cocina y lavado de ropa para tres personas. Cuando llegué, me di con la sorpresa de que eran cinco. Yo estaba mal del brazo. Pese a ello, la señora me obligaba a lavar la ropa a mano. No aguanté más. En la agencia que me contrataron me dijeron que me pagarían S/1000, pero luego los empleadores me pagaron menos porque decían que tenían que evaluar primero mi trabajo. Tampoco me querían dar el contrato. Solo cuando lloré y supliqué, me mostraron una parte”, recuerda.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) es el ente encargado de supervisar y fiscalizar que se cumplan los derechos laborales de las trabajadoras del hogar: condiciones de trabajo dignas, entrega de implementos de bioseguridad por parte de los empleadores, pago de horas extra por encima de las 48 semanales, gratificaciones, CTS. Todos estos derechos están recogidos en la nueva Ley de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, publicada en octubre. Según la Sunafil, sin embargo, del 16 de marzo al 28 de septiembre recibieron apenas 36 denuncias de trabajadoras del hogar, de las cuales 18 se dieron en Lima Metropolitana. Lo cierto es que pocas llamadas a la central de denuncias terminan en un proceso de inspección.

Almeida, por ejemplo, reclama que en estos meses llamaron a la Sunafil para reportar 16 casos. No consiguieron que se abra un solo proceso de inspección. En el último mes también fueron ignoradas: enviaron seis denuncias mediante la plataforma virtual de la entidad, pero no obtuvieron respuesta. “Cuando llamaba, decían que en ese momento no tenían inspectores que pudieran salir a la calle, porque no tenían los equipos de protección personal. La Sunafil me decía que llamara a la Policía para que intervenga la casa en la que trabajaba la compañera y que pida que se la lleven”, afirma.

Esto lo confirma Lucía, quien intentó denunciar y no tuvo respuesta. “Cuando pasaron 60 días en los que estuve encerrada en la casa de mis empleadores, llegué a mi tope de estrés. Los señores salían a la calle todos los días y no se cuidaban. Yo vivía con miedo a que me pudieran infectar. Llamé a Sunafil, pero nadie contestó. Necesitaba que alguien tome mi llamada y pueda constatar que yo estaba ahí trabajando por si me contagiaba”, cuenta.

Denunciar ante la Policía o iniciar un proceso judicial puede llegar a ser imposible para una trabajadora del hogar. “Es muy difícil para ellas. Hay diversas trabas para constatar los hechos, en la medida en que no se puede entrar fácilmente en una casa o no existen las pruebas suficientes. En ocasiones, la trabajadora del hogar ni siquiera conoce el nombre completo de su empleador. Además, es un sector económico con remuneración básica, por lo que no se puede dar el lujo de costear un proceso judicial”, explica la abogada laboralista Andrea Chávez.

El riesgo de volver al trabajo

María Salazar tiene 45 años y trabaja desde que tenía ocho. El 12 de marzo sus empleadores la mandaron a su casa porque comenzó a tener síntomas de Covid-19. “Se enteraron que tenía la enfermedad y desde ahí no he vuelto a trabajar”, cuenta. ¿Se ha establecido algún mecanismo seguro para que las trabajadoras del hogar retomen sus labores?

Con los protocolos para la nueva normalidad y la reactivación económica, en junio el Ministerio de Salud (Minsa) promulgó dos resoluciones ministeriales: la RM N°377-2020, que obliga a cada empresa a elaborar, registrar y entregar a cada trabajador un protocolo de vigilancia, control y prevención contra el Covid-19; y la RM N°448-2020, que contiene los lineamientos de bioseguridad para la prevención del Covid-19 que deben seguir todos los empleadores y trabajadores. Ambas resoluciones incluyen los servicios de limpieza y asistencia en el hogar. Es decir, a las trabajadoras del hogar.

Cuatro meses después de que iniciara la reactivación de las actividades laborales, en octubre, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó la Guía de Seguridad y Salud en el Trabajo para evitar la propagación del Covid-19. Este documento no es un protocolo de bioseguridad, sino una guía básica de consulta para que los empleadores de las trabajadoras del hogar puedan elaborar uno propio.

Sin embargo, la demora del ministerio y la deficiente fiscalización de Sunafil puso en riesgo a las trabajadoras. El Sinttrahol tuvo que realizar un protocolo propio con recomendaciones básicas. “Los empleadores no han sido cuidadosos con la salud de las trabajadoras del hogar. Así como ellos, también tenemos familia y no queremos contagiar a nuestros hijos y padres. Realmente nos cuidamos como podemos. Nosotras mismas compramos todos los implementos de desinfección”, indica Almeida.

Sálvese quien pueda

A pesar de los esfuerzos, el constante contacto con las familias y personas a las que atienden expone a las trabajadoras a mayores riesgos que los de otros empleos. Los jefes no siempre respetan el distanciamiento social y tampoco quieren asumir los protocolos. “Fue un lío porque la señora dice que no está obligada a pagar una prueba Covid. Yo compro con mi propio dinero las mascarillas, porque ella no me ha dado nada, ni lo va a hacer. Dice que no le corresponde”, afirma Lucía.

Además, por la naturaleza de su labor, las trabajadoras no pueden estar todo el tiempo con la protección correspondiente. “Normalmente utilizamos la mascarilla [en el trayecto] de nuestro hogar al lugar de trabajo. Nos cambiamos los zapatos y la ropa al entrar a la casa de la empleadora. Muchas empleadoras nos obligan a permanecer con la mascarilla, pero si estás cocinando debes probar lo que haces. No vas a ir a la cocina con mascarilla, ¿no?”, comenta Almeida.

La necesidad de generar ingresos es lo que las lleva a someterse a este tipo de prácticas, que ponen en riesgo su vida y la de sus familias. “Les hablo a mis empleadores del protocolo de seguridad, pero a ellos no les importa. Al final les dije que cada uno se cuide como pueda. Si nos vamos a morir, lo haremos juntos, porque yo ya me cansé”, finaliza Lucía.

A pesar de los protocolos ministeriales y del esforzado trabajo de sus gremios, la realidad es cruda: al final, la mayoría de trabajadoras debe cuidarse sola. Durante estos meses, muchas de ellas han tenido que lidiar con sus empleadores como una carga –antes que una ayuda– para su seguridad sanitaria. Y lo han hecho sin el apoyo de la Sunafil ni la supervisión efectiva de sus derechos. Los riesgos de la pandemia seguirán en el Perú, por lo menos, durante varios meses. ¿Seguirá la silenciosa batalla de las trabajadoras del hogar por cuidarse en casas ajenas?

“Saldo insuficiente”, decía el aparato. Era su turno de pagar en la cola del supermercado y la cajera le dio la noticia. Mayra Moncada desbloqueó su celular, ingresó a su Banca Móvil y vio allí el registro de dos movimientos recientes que no recordaba. Eran dos transferencias de dinero por S/280, hechas desde Yape, la billetera móvil del Banco de Crédito del Perú (BCP), que permite enviar dinero con solo saber el número telefónico del destinatario afiliado a la aplicación. Para salir del problema, aunque confundida, Mayra tuvo que pagar con su otra tarjeta.

“Saldo insuficiente”. Violeta Ordoñez, (usaremos un seudónimo a pedido de ella), recibió ese mismo mensaje en la ventanilla de una de las agencias del BCP. Le informaron que S/1.900 habían salido de su cuenta a través de quince ‘yapeos’. Su recelo frente a atajos digitales, hacía que retirar su dinero por ventanilla fuese su elección constante. “Yape”, “yapear”, “yapera” o “yapéame”, le resultaban palabras extrañas. Ni había descargado ni se había afiliado a la aplicación del BCP, lanzada al mercado en 2017 y promocionada este año pandémico como una vía ‘segura’ para evitar el contacto con el efectivo.

No lo sabían en su momento, pero ambas serían parte de las decenas de casos de ‘yapeos’ o transferencias fraudulentas que provocaron un comunicado público del banco el último 16 de diciembre. Para entonces, múltiples testimonios habían aparecido en Facebook e Instagram, y Twitter se había vuelto un hervidero de usuarios que denunciaban operaciones no reconocidas. Se trataba de transferencias que habían sido realizadas a través de Yape, no por los clientes, pero con cargo a sus cuentas bancarias en el BCP.

Han transcurrido diez días desde ese comunicado y el escándalo mediático se ha apagado lentamente. Sin embargo, los clientes que fueron afectados (y el público en general) aún no han sido informados en detalle sobre cuál fue el fallo en la seguridad de la aplicación y qué medidas se han tomado para revertir esa brecha. Lo único que pone el BCP en su comunicado es que ha “reforzado de manera inmediata” sus “protocolos de afiliación a Yape”. No detalla cómo, ni exactamente qué falló.

Sudaca solicitó entrevistas con representantes del BCP, Yape y la Superintendencia de Banca (SBS), pero ninguno de estos tres actores clave accedió a hablar. El BCP aceptó responder preguntas por escrito, pero luego de recibirlas dijo que por falta de tiempo no las contestaría. Yape señaló que el comunicado del miércoles 16 se mantenía como la única comunicación oficial que emitirían sobre el caso. Y la SBS únicamente precisó que estaba “viendo que se le devuelva el dinero a todos los afectados. No solo a los que denuncian, sino a todos”.

El último sábado, Violeta Ordoñez presentó su reclamo al BCP y continúa a la espera de una respuesta. A Mayra Moncada el BCP le depositó el dinero de los dos “yapeos” no reconocidos, pero con ello no le devolvió la confianza en la seguridad de sus productos. Retiró inmediatamente todo el saldo de su cuenta sueldo en el banco y continúa preguntándose cómo terceros tomaron el control de su dinero. “Debo agradecer que el banco respondió a mi reclamo, pero no me explicaron qué pasó”, precisó en uno de sus tuits al BCP.

Una vulnerabilidad con antecedentes

No es necesario ser titular de la línea del teléfono que se afilia a Yape: esa fue la primera vulnerabilidad advertida por los especialistas que ha consultado Sudaca. Y la primera puerta abierta para lo que el propio banco mencionó en su comunicado: “Algunos clientes del BCP que no estaban afiliados a Yape fueron afilados por delincuentes a este servicio en celulares de terceros, sin su consentimiento”.

Carlos Guerrero, abogado especialista en temas de ciberseguridad, identificó un patrón entre el caso de Yape y lo que ocurrió en mayo con el Bono Familiar Universal (BFU) que repartió el gobierno, cuando terceros cobraron bonos que no les correspondían. ¿Cómo? Luego de burlar el primer cerco de seguridad, al ingresar los datos requeridos del DNI, los delincuentes consignaban cualquier número de celular para recibir la clave que finalmente les permitía cobrar el dinero.

Para más detalles, en el artículo “Lo que nos enseña la suplantación y robo a los beneficiarios del Bono Familiar Universal“,  Miguel Morachimo, máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford, detalla el paso a paso del delito. Tras una ola de reclamos, el Ministerio de Inclusión Social incorporó el requisito de que el beneficiario del bono debía consignar un número de celular del cual él fuese el titular o lo fuese un familiar.

“Si en el BCP hubieran tomado esa precaución, esta situación [las transferencias fraudulentas a través de Yape] no podría haber ocurrido. Es eso lo que habría hecho la diferencia, porque no habría sido posible que un tercero, aun con toda la información robada, pueda transferir dinero desde Yape”, dijo Carlos Guerrero.

Genghis Ríos, director de transformación digital del departamento de Ingeniería de la PUCP, sugirió una segunda opción para reducir la posibilidad de que delincuentes afilien y suplanten a clientes del banco: permitir que los usuarios solo puedan afiliarse a la billetera móvil con un número previamente registrado en el BCP. Esto serviría para aquellos casos de personas que, por la razón legal que fuere, utilizan un celular registrado a nombre de una empresa -en la que trabajan, por ejemplo- o de otra persona.

Surge la interrogante, entonces, sobre qué predominó al interior del banco al momento de desarrollar candados para su billetera móvil: si el objetivo de sumar más yaperos a los millones que ya tienen o el de brindar el más alto nivel de seguridad a sus clientes.

¿Y qué predomina ahora, que la aplicación ya fue vulnerada? Que el BCP y Yape coloquen alguna de las dos restricciones mencionadas (u otras de ese tipo) luego de lo sucedido en el caso del Bono Familiar Universal o, al menos, luego del perjuicio reciente a sus clientes sería lo esperable. Sin embargo, Sudaca pudo constatar que no lo han hecho. Este medio hizo seguimiento al caso de una clienta del BCP que se afilió a Yape esta semana desde la línea telefónica de un tercero, sin inconvenientes. La falta de precisión del banco en explicarle a sus clientes qué falló y exactamente cómo lo han solucionado, además de su negativa a dar una entrevista, abre la puerta a muchas preguntas y pocas certezas sobre la seguridad actual del aplicativo.

De acuerdo con la experiencia de la clienta mencionada, cuyo nombre permanecerá en reserva por temor a alguna represalia del banco, las únicas medidas de seguridad tomadas son permitirle ‘yapear’ al usuario recién después de 48 horas de su afiliación y enviarle paralelamente un mensaje de texto al titular de la tarjeta. El SMS le notifica que su plástico fue registrado en Yape y le sugiere bloquearlo de no reconocer dicha afiliación.

Mensajes recibidos por la usuaria que se afilió con una línea de la cual no es titular y que este medio monitoreó.

Ese, sin embargo, es un aviso que puede perderse si el titular de la tarjeta no visualiza el SMS, ya sea por distracción, porque tuvo apagado el celular o, incluso, porque le robaron el celular o dejó de utilizar el número al que el BCP le escribió.

La ausencia de dos niveles de seguridad

Ríos, del departamento de Ingeniería de la PUCP, analizó para Sudaca los Términos y Condiciones de Yape y evaluó cuán segura es su forma de solicitar al usuario que certifique fehacientemente, o autentique, su identidad al afiliarse al aplicativo. “En el contexto de la autenticación [digital] existen hasta tres métodos: “Lo que sé”, como una contraseña; “Lo que tengo”, como un token, por ejemplo; y finalmente “Lo que soy” que se refiere a la biometría, con el reconocimiento digital de alguna parte del cuerpo humano. Esos tres juntos representan un nivel bastante fuerte de autenticación del usuario”, explicó el ingeniero electrónico.

Para aquellos que se afilian a Yape con una tarjeta de débito o crédito del BCP, los datos solicitados son, además del número de DNI: 1) el número de dicho plástico, 2) su fecha de vencimiento y 3) la clave de cuatro dígitos del cajero. El usuario establece además una clave de seis dígitos que tendrá que ingresar para efectuar cada ‘yapeo’. “Todo esto se queda en el nivel de ‘lo que sé’”, precisa Ríos y agrega que para una entidad, en este caso el BCP, ese es el nivel más fácil de implementar de los tres.

“Señorita, no entiendo cómo han podido obtener esos datos. No lo entiendo. Si la tarjeta ha estado conmigo”, recuerda haberle dicho Mayra Moncada a la teleoperadora que le ayudó a bloquear su tarjeta luego del inconveniente en el supermercado. Esa pregunta abre un abanico de posibilidades. Por ejemplo: que los delincuentes hayan obtenido ilícitamente bases de datos de los números de las tarjetas y los datos personales de sus titulares; que hayan conocido las claves secretas a través del envío de mensajes falsos (conocidos como pishing, vía correos electrónicos, o mishing, vía SMS), supuestamente del banco, que solicitan la actualización de la clave del cajero; o que hayan usado un algoritmo para probar distintas combinaciones hasta dar con el número correcto.

Sumar a una contraseña el uso de un token a través de un dispositivo externo brindado por el banco correspondería al segundo nivel. El reconocimiento de una huella digital mediante la tecnología biométrica ya disponible en muchos smartphones completaría el tercero, detalla Genghis Ríos. Y advierte que en los Términos y Condiciones del aplicativo solo figura  la incorporación de la biometría digital como una posibilidad futura. “Al menos para los usuarios que sí tienen ese tipo de celular [de gama alta, que les permite el reconocimiento dactilar] sería ideal que se pueda activar esa opción”, opina.

Tan solo este año el uso de Yape ha crecido 700%, alcanzando más de 25 mil nuevos usuarios diarios, según declaró a finales de noviembre un vocero del banco a Andina. Solo ese mes se esperaba mover más de un billón de soles. Con esas dimensiones, mejorar la seguridad del aplicativo en distintos niveles debería pasar a ser una prioridad en su estrategia de desarrollo.

La YapeCard

En su comunicado anual a todos sus clientes, el gerente general del BCP, Gianfranco Ferrari, sostuvo que en el 2020 se enfocaron “en lanzar nuevas funcionalidades pensando en facilitarles la vida de manera segura, rápida y fácil”. Por eso, agregó: “Lanzamos YapeCard, para apoyar a las personas no bancarizadas e incluirlas financieramente por primera vez en sus vidas”. La tarjeta permitía abrir un Yape sin vincular la cuenta bancaria del cliente, lo que constituía una opción para aquellos que querían tomar una medida extra de precaución. 

Sin embargo, ni eso fue suficiente garantía. Mayra Moncada cuenta que meses antes de sufrir los robos, se había afiliado a Yape con su DNI, y que realizaba las transferencias a través de la YapeCard. “Precisamente porque no quería tocar mi cuenta, yo solamente me registré con mi DNI y con la modalidad de la YapeCard, una tarjeta tipo prepago que debía ser recargada”.

¿Qué pasó? Para que los yapeos aparezcan en el registro de movimientos de su Banca Móvil BCP —es decir, sean cargados a su cuenta bancaria— los delincuentes habrían generado otra afiliación a Yape, solo que esta vez con los datos de su tarjeta, explican los expertos. 

Falsa sensación de seguridad

“Hablen del seguro, ¿aplica para robos de celular o robo digital? O ¿se tiene que hacer un cambio de contrato?”, tuiteó un usuario en respuesta al comunicado del BCP del miércoles 16. “Señores, tengo un seguro antiguo y deseo migrar al nuevo seguro. Sin embargo he llamado constantemente pero hasta el momento no me dan solución”, tuiteó otro en la misma publicación.

Muy posiblemente quienes fueron víctimas de estos robos vía Yape y tenían contratado el “Seguro de Protección de Tarjetas” pensaron que estaban cubiertos ante este tipo de eventos. Pero se dieron contra la pared.

Recién este año, en febrero, la aseguradora Pacífico, compañía vinculada a la misma familia que dirige el BCP y con la que trabaja el banco, lanzó al mercado el “Seguro de Protección de Tarjetas Plus” que sí ofrece la cobertura de este tipo de robos por un máximo de S/15 mil, precisó a Sudaca Carlos Acosta, abogado especializado en seguros y máster en economía y derecho de consumo por la Universidad de Castilla-La Mancha.

La póliza del nuevo seguro consigna: “Transferencias de dinero no reconocidas por el asegurado realizadas a través de canales virtuales válidos y proporcionados a su favor por el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ” a raíz de robo, hurto, pérdida o cambiazo de tarjetas, secuestro o fraude por internet.

“Eso es importante porque esta connotación es algo que no estaba presente en el anterior seguro. Es decir, estamos ante una cobertura distinta y nueva”, consideró Acosta, quien a su vez llamó la atención sobre que este nuevo seguro solo cubre un evento de este tipo al año.

“Parece chiste decir que ellos cuidan mejor tu dinero que el BCP pero relativamente es cierto”, escribió una usuaria de Twitter este miércoles, solo unos minutos después de la comunicación del gerente general del banco Gianfranco Ferrari con sus clientes. Jimena Rodríguez acompañaba sus 92 caracteres con la foto de estas alcancías.

Foto: Jimena Rodríguez

De acuerdo o no con Rodríguez, se trata de la sensación de desconfianza aún presente en redes sociales. En el mismo muro de Facebook donde Yape festejaba, el 11 de diciembre, haber llegado a los cinco millones de yaperos hoy abundan los comentarios solicitando con urgencia la desafiliación del aplicativo.

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Al autor de esta nota siempre le ha parecido interesante el concepto ‘hogar’. Era mayo del 2019 y Renzo Ratto lo llevaba caminando por las instalaciones de Matute, tras una entrevista para una nota sobre asuntos administrativos. El levante de la misma ya estaba definido y se sostenía básicamente en cifras. No había muchas más vueltas que darle al tema.

Pero el entonces administrador temporal de Alianza Lima había insistido varias veces en mostrarle la nueva zona acondicionada para los jugadores de las menores. Para entonces, el autor de esta nota ya tenía un par de años de experiencia con gerentes entusiastas. En el periodismo económico, por alguna razón, los grandes empresarios creen que pueden inclinar el enfoque de un artículo paseando al reportero por las instalaciones de su fábrica. El autor de esta nota aceptó con su mejor cara de entusiasmo. Debía corresponder la amabilidad de haber concedido la entrevista.

El paseo fue, en su mayoría, absolutamente olvidable. Una cancha sintética es la misma donde sea que se encuentre, y el mediodía limeño estaba tan gris como de costumbre. No había una sola razón para agregar mayor detalle de ello a un artículo sobre finanzas deportivas. Cuando ya parecía hora de partir, sin embargo, tocó entrar a la residencia de menores. Es un pabellón blanquiazul en el lado norte del estadio. La gestión de Ratto terminó de renovarlo a inicios del 2019.

Los chicos que aparecieron en la escena son, en su mayoría, la principal esperanza de sus familias para salir adelante. Muchos vienen de provincia y apenas tienen parientes en Lima. La responsabilidad con la que cargan les pesa como un yunque. Llevarla lejos de casa solo lo hace todo más complicado. Con ellos, Ratto tenía un trato como de papá. Acababa de implementarles una sala de estudios, para que hagan las tareas después del fútbol.

El autor de esta nota tuvo, entonces, un enlace conceptual. Un ‘hogar’, aunque ajeno, se percibe. No tiene que ser de cuatro paredes. Puede ser la tribuna de un estadio, el bar de una esquina, la canchita donde uno conoció a su mejor amigo. Se trata de una sensación que permite distinguir pedazos de una memoria emocional compartida. El autor de esta nota entendió recién que eso –Matute, Alianza– también podía ser una casa. Que no era su casa, ni nunca sería, pero que era la de muchos otros. Una forma particular en la que millones de personas entienden el fútbol –con lo que ya bastaría–, pero a veces también la vida.

Por dios, la incompetencia

El artículo para el que declaró Ratto se publicó días después. El autor de esta nota le dio un enfoque optimista. Pero no exactamente por la labor del entonces administrador temporal. Había que reconocer, sí, su trabajo en ordenar las finanzas aliancistas, pero la verdadera oportunidad para salir de la crisis estaba recién por venir. El Fondo Blanquiazul, un grupo de hinchas millonarios de Alianza, estaba por comprar S/23,8 millones en acreencias tributarias para adquirir un porcentaje de control en el club. Era exactamente lo que este necesitaba.

La premisa era la siguiente: en el negocio del fútbol, como en cualquier otro, para obtener resultados se necesita inversión. Y la administración temporal de la Sunat estaba, como es esperable, más preocupada en cumplir con su cronograma de pago de la deuda concursal. Alianza ya no estaba perdiendo plata, pero venía de hacer un terrible papel (otro) en la Copa Libertadores. Había anotado apenas un punto y una diferencia de goles de -10.

El orden financiero de Ratto no alcanzaba para competir donde realmente hacía falta: a nivel internacional. Con la plata fresca que traería el Fondo, en cambio, se podría invertir en una plantilla más larga y sólida, y tentar quizás unos cuartos de final. “La compra es para inyectar recursos”, le aseguró al autor de esta nota una fuente del grupo de socios. “Hay un plan de inversión”. 

Diversos especialistas en gestión deportiva respaldaron esa premisa. “Las administraciones temporales han estado más preocupadas por números y dinero [para pagar la deuda]. Pero si la inversión en la plantilla es débil, es como si te estuvieras comiendo los músculos cuando ya no tienes grasa”, dijo el profesor de Pacífico Business School, Gabriel Levrini. Aunque hay muchas excepciones –que embellecen al deporte–, la regla del fútbol suele ser que las plantillas más caras juegan mejor y las más baratas, peor. Un equipo sin inversión tiene muchas menos probabilidades de elevar su performance deportiva y mantenerla en el largo plazo. 

¿Cómo llegamos, entonces, hasta aquí? ¿Qué pasó para que Alianza pase de ese horizonte alentador a irse a segunda? Antes de explicarlo es bueno hacer una pausa. El autor de esta nota sabe que corre el riesgo de que esta sea acusada de ‘renzorattista’, así que prefiere encarar la imputación de antemano ciñéndose a las cifras. Entre el 2016 y el cierre del 2019 –la gestión Ratto– los ingresos aumentaron 80%, a S/56,9 millones; el club volvió a tener utilidades, hasta las S/11,4 millones de 2019; se redujo el pasivo total en S/18 millones; y se pagaron 13 cuotas, más un prepago, de la deuda concursal. 

El año financiero del Fondo Blanquiazul se resume en una pérdida proyectada de S/4,7 millones, una caída interanual de los ingresos de más de S/16 millones, las dos últimas cuotas del Plan de Reestructuración retrasadas, por lo menos dos años sin poder jugar la Libertadores y el riesgo de no tener ingresos por taquillas si la pandemia regresa en el 2021. Y lo deportivo no vale la pena estarlo restregando. ¿Cómo es posible tanta incompetencia? ¿Cómo se puede dilapidar un equipo de esa manera, en menos de dos años? ¿Cómo hombres supuestamente exitosos en los negocios llegan a ese extremo?

No es cuánto, sino de quién

El Fondo Blanquiazul compró en junio del 2019 gran parte de la deuda de Alianza con la Sunat. Con ello, debía hacerse del control total de la Junta de Acreedores. Sin embargo, la administración tributaria recordó un crédito contingente de S/7,7 millones que el Indecopi reconoció luego. Con ello, la participación del Fondo bajó de 50,6% a 47%. Por entonces, fuentes cercanas a la transacción contaron que la actitud de la Sunat en la negociación por la compra de la deuda fue muy extraña. Casi como si, en realidad, hubieran querido mantenerla. 

El caso es que, con el asiento más gordo de la Junta, los nuevos ‘jeques’ de La Victoria empezaron a tomar decisiones. Calificarlas de ‘poco acertadas’ sería demasiado generoso. Los principales inversionistas eran Diego Gozales-Posada, presidente de Energigas, Fernando Farah, de la textilera Lancaster y el colegio Villa Per Se, y Salomón Lerner, ex primer ministro y financista esporádico. De pronto, el Fondo se convirtió en una escuela para hinchas con la billetera suficientemente gorda para jugar a ser directores técnicos.  

En lugar de canalizar los recursos que estaban inyectando en traer jugadores bien evaluados, que valgan el precio –o algo que siquiera parecido– las cabezas del Fondo optaron por influenciar en decisiones deportivas inexplicables. Todo comenzó con la llegada del colombiano Víctor Hugo Marulanda, un exjugador del club (1997) con el que –en teoría– se iba a recuperar la quimba y la alegría aliancistas. Ese fue el primer choque con el todavía administrador Ratto. Fuentes cercanas a su gestión aseguran que él había decidido no traer a Marulanda antes por algo: había que cuidar el presupuesto y era muy caro.

Luego pagó el fútbol. El efectivo ‘ratoneo’ de Pablo Bengoechea, que ese año les conseguiría un segundo subcampeonato, se mostró incompatible con la promesa de retorno del fútbol vistoso. El uruguayo tuvo que renunciar en marzo del 2020 tras perder el clásico con la U. Pero quizás lo más inexplicable –esa es la palabra más acertada para describirlo– sea el armado previo de la plantilla. Según las fuentes consultadas por Sudaca, el Fondo tuvo influencia –entre otros– en la llegada de Jean Deza, Alexi Gómez y Carlos Ascues, conocidos por sus indisciplinas, y de dos jugadores de cristal: Alberto Rodríguez y el Beto Da Silva. 

Jean Deza tuvo que ser despedido por indisciplina en junio y Alexi Gómez fue acusado dos veces por su expareja de agresión. Da Silva y Rodríguez presentaron sus esperadas lesiones. Alianza había armado una plantilla carísima cargada de jugadores cuestionados por problemas extradeportivos. Estos son apenas ejemplos de una serie de decisiones deportivas cuestionables que la prensa de ese rubro ya se ha encargado de reseñar. Durante la gestión de Ratto, no sólo se evaluaban las estadísticas deportivas de los nuevos jales, sino también su vida personal. “Que sea una buena persona, un buen esposo, un buen hijo, un buen hermano, un buen padre y también un buen jugador“, dijo el administrador hace un año.

El valor anual de la plantilla, declaró Gonzales Posada a Gestión, pasó a ser de US$12 millones de dólares. Con la salida de varios jugadores a lo largo del año y la suspensión perfecta de Ascues, uno de los más caros, el presupuesto del primer equipo igual ha terminado siendo 67% de los ingresos, frente a menos de 60% en el 2019. A finales de aquél año, Ratto había decidido irse. Quedó como administradora su exgerenta de Finanzas, Kattia Bohórquez.

Ratto se ha negado a hablar públicamente en contra del Fondo Blanquiazul, pero allegados a su gestión explican que decidió irse cuando se dio cuenta de la injerencia que este quería tener en las decisiones administrativas y deportivas del club. “Los motivos que me llevan a tomar esta decisión son personales”, excusó en su carta de renuncia, que presentó el 18 de diciembre. Grabó un video de agradecimiento. Los directivos querían que se quede. Con Bohórquez, las proyecciones de Ratto se cumplieron. La nueva premisa quedó totalmente demostrada: no importa cuánto dinero entre a un club, sino quiénes lo colocan y a quiénes le permiten administrarlo.

Nociones básicas sobre el negocio del fútbol

Vale la pena aquí hacer una última pausa para aclarar otra cosa. El autor de esta nota es hincha de la U. No es el que vaya junto al bombo en todos los partidos, pero como buen hincha de la U espera siempre que a Alianza le vaya mal. Si juega un partido de Libertadores, sonríe con los goles del rival extranjero. Si desciende, se alegra de lo mucho que va a poder molestar a sus amigos aliancistas. El autor de esta nota no entiende muy bien a las personas que viven el fútbol de otra manera.

Por eso no hace periodismo deportivo: le sería imposible separar el hinchaje de la profesión. Y por eso, también, ha decidido emplear la primera persona, no esconderla, y poner el disclaimer directamente en el titular. Cuando se trata de temas administrativos, sin embargo, es absolutamente posible hacer la mentada separación. Y la razón es clara: la U está al borde de la liquidación desde el 2016 también por decisiones administrativas y pugnas entre acreedores. En ese dolor, el de la desgracia financiera, somos hermanos. 

Para terminar de entender la debacle de Alianza Lima es imprescindible irse ocho años para atrás. En el 2011, cuando el modelo de negocios del fútbol peruano colapsó, la U y Alianza debían S/105 millones y S/26 millones, respectivamente, solo a la Sunat. Al año siguiente, el Congreso les tiró un salvavidas. La ley tiene un nombre bastante largo, pero su esencia fue esta: evitar que se liquide a los clubes más importantes del país. En el Perú ningún Parlamento querría chantarse el monstruo de haber acabado con un siglo de historia futbolística.

¿Qué hacía la ley? Creaba un régimen concursal especial donde no había posibilidad de liquidación. La idea era que las administraciones temporales cubrieran el hueco de dinero, generaran utilidades y pagaran la deuda con ellas. Esto, por supuesto, no le ocurrió de forma sostenida a ninguno de los dos ‘compadres’. Hasta la gestión de Ratto, la deuda total de ambos clubes tuvo una sólida tendencia de crecimiento. 

La diferencia entre Alianza y la U es que este último quedó atrapado entre las pugnas internas de sus dos principales acreedores, Gremco y la Sunat, ambos con suficiente cantidad de deuda como para querer tener la voz cantante en la Junta. Cada uno ha tenido periodos en los que ha podido designar a una administración temporal de acuerdo a sus intereses. Y ese tira que tira, con personajes nefastos de por medio, terminó por destruir cualquier plan para reestructurar en el club. Por eso, en 2016 pasó al régimen concursal ordinario, donde sí puede ser liquidado.

Alianza, además de una deuda menor, tuvo la suerte de tener que lidiar solo con la Sunat. Eso terminó dándole a Ratto la estabilidad administrativa para reconducir las finanzas y empezar a pagar la deuda, de S/47 millones el año pasado. Todo eso se ha acabado. Si el descenso de Alianza finalmente se confirma, la plata para pagar las acreencias va a tener que ingresar por fuente ajena a lo normal en el negocio deportivo. El Fondo Blanquiazul, el acreedor más grande del club, no tiene cómo justificarse.

El artículo 3.14 de la ley de rescate para el fútbol peruano dice claramente que “la Junta [de Acreedores] acordará el régimen de administración en el que no deberá participar el deudor, sus acreedores, u otra persona vinculada directa o indirectamente a ellos”. Y no hay mucho que interpretar ahí. La norma responde a que la caída en desgracia de los clubes se debió a los malos manejos de sus socios, en acuerdo con sus principales dirigentes. La utopía era que las administraciones temporales alcancen la profesionalización de la gestión deportiva.

El negocio del fútbol en el Perú, sin embargo, no es uno de corporaciones mega-multi-millonarias. El potencial de lo que el deporte mueve como sentimiento popular excede por mucho el volumen de sus ventas. El año pasado, en su pico de rendimiento, Alianza facturó solo S/59 millones. En el 2018, la U ingresó alrededor de S/42 millones. Eso es lo poco que cuesta mantener viva la pasión. Para comparar magnitudes, en el 2014 la Universidad César Vallejo –dueña de otro equipo de fútbol– registró ventas por S/532 millones. Solo sus utilidades fueron de S/142 millones. Otra universidad, la UPC, llegó en el 2018 a facturar más de S/1.000 millones.

El fútbol peruano, como en muchas otras partes del mundo, se sostiene principalmente en los ingresos por derechos de televisión. Significaron alrededor de 45% de los de la U y 36% de los de Alianza, respectivamente, en el 2018. La administración Ratto redujo el porcentaje y dejó de adelantar el cobro de las facturas, por el que debía soportar un castigo financiero importante. Luego están los sponsors, que representan –según eel éxito del equipo comercial– entre 2% y 20% de la facturación. La ‘tele’ y los auspicios, mal que bien, se pueden planificar por un año.

El resto de los ingresos, en cambio, está supeditado al azar deportivo. Las taquillas (alrededor del 20%) dependen de que el equipo juegue bien y la gente quiera ir a verlo. Los premios, que por clasificar a una fase de grupos de la Libertadores puede representar un quinto de los ingresos, dependen de que los jugadores los consigan. El merchandising no pasa del 2% de la facturación.

Ahí nace la inestabilidad del negocio futbolístico: casi la mitad de lo que genera no se puede prever. Pero también es esa la oportunidad de que se active un círculo virtuoso que hace lindo al deporte: cuando hay inversión inteligente, el equipo juega mejor, vende más entradas y consigue más premios. Entonces invierte más y da un salto hasta otro nivel de competencia. Mientras, empieza a pagar sus deudas. ¿Cómo lograrlo? Con eso termina este análisis.

El fútbol es una industria de grandes deudas. No hay que tenerles más miedo que a las administraciones dirigidas por personas sin criterio. Sobre todo –pero no exclusivamente– en América Latina, los equipos más importantes suelen tener acreencias elefantiásicas. El Flamengo de Brasil, por ejemplo, debía 750 millones de reales en el 2013. Al 2019, logró reducir la cifra a la mitad, apoyado en criterios básicos de gestión: un programa de incremento de socios y la venta de jugadores de su cantera. Ese año, campeonó la Libertadores. El 2020, sin embargo, su deuda ha vuelto a dispararse por el castigo del Covid-19: 703 millones de reales, según Globo Esporte.

Un cierre

Si el autor de esta nota se permite alegrarse por el descenso de Alianza es porque intuye que, más temprano que tarde, el compadre se ganará su regreso a primera en las canchas. Y entonces, este episodio quedará apenas como un estigma en la clásica rivalidad de las dos hinchadas. La lección de este desastre es, en realidad, administrativa: la gestión del club ha fracasado porque la han llevado personas ‘iluminadas’ solo por el tamaño de sus cuentas bancarias. Pero sin muchas luces arriba. A la hinchada le toca combatirlas y pelear por una gestión que pueda manejarse en base a evaluaciones sensatas y contrataciones inteligentes. Ya se probó que es posible.

Si Alianza logra convocar a 50.000 socios que paguen S/50 mensuales, podría eliminar su deuda concursal en dos años. Pero para eso se necesita gestión. Una mínimamente profesional. El 28 de noviembre, el día que se consumó la debacle aliancista, Renzo Ratto fue en su camioneta a dar vueltas por las afueras de Matute. Personal de portería del club acredita haberlo reconocido. No estuvo en la tribuna durante el partido. Vio descender al club del que asegura ser hincha en casa.

La memoria emocional de mucha gente, una forma particular de ver la vida, recuerdos compartidos de tribuna, oscureció aquél sábado. La casa de millones quedó en silencio. Para el próximo año, Bohórquez ya advirtió que habrá que ajustarse. Pero el círculo virtuoso de Alianza puede recomenzar por su hinchada, que es la que no ha perdido –ni perderá– la categoría. El primer paso es presionar para que se le pongan límites estrictos a la capacidad de decisión del Fondo Blanquiazul. El autor de esta nota espera el retorno del compadre porque, sin él, se le acaba una sana costumbre: ver a su equipo ganar en Matute.

Pero sobre todo, espera que acreedores incapaces para la gestión deportiva dejen de destruir la pasión de millones de personas. Tanto en la U como en Alianza. No hay más secreto que ese. ¿Tan difícil es administrar bien? ¿Tan difícil es mantener, al menos, a alguien que pueda hacerlo? No hay derecho a jugar con algo que, para muchos, es su única reminiscencia al concepto básico de ‘hogar’. Que condensa casi todas sus memorias felices. Que la historia los juzgue.

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Hace dos décadas, las frutas y hortalizas de la costa peruana no viajaban en enormes barcos a todo el mundo como lo hacen ahora. De hecho, en 1998 la oferta exportable del negocio tenía un valor ocho veces menor en comparación al 2014. En algunos productos, incluso, no existía. Ica, por ejemplo, hacía honor a su calidad de desierto. No era en absoluto la industria boyante en la que se terminaría convirtiendo.

Pero el desierto hizo boom. Un tipo de explosión ya conocido en la historia del Perú: el guano de las islas, el caucho de las selvas o, más recientemente, la minería de las sierras. Cada uno de esos despertares productivos, con sus características y fracasos, cargó con notorias desigualdades bajo la promesa de convertirse en una industria. Hoy, en cambio, la agroexportación del Perú -principalmente costeña- es una realidad de más de S/25 mil millones anuales.

En los primeros quince años del boom, el crecimiento promedio anual de la industria de productos no tradicionales -la base de la agroexportación- fue de 22.5%. Se diversifica del mango y la cebolla, abriendo camino a la uva, la páprika, la alcachofa, el arándano y la palta, entre otros. Las no tradicionales pasaron a representar el 48% al 83% del total de envíos agrícolas al mundo en ese periodo inicial.

Cinco factores explican ese llamado ‘boom agroexportador’ de las últimas dos décadas. Apenas uno de ellos ha sido cuestionado recientemente. ¿Cuál es la historia completa de la agroexportación en el país? En resumen, es así: las decisiones políticas crearon una coyuntura propicia para garantizar los envíos al exterior. ¿De qué? De lo producido por la tierra con agua, certificado de calidad, y menos impuestos. ¿A dónde? A mercados nuevos, abiertos por tratados comerciales, y -finalmente- en uso de la mano de obra local. ¿Una maravilla, no? Revisemos.

Uno: Más tierras aptas

La primera maravilla del boom es la tierra. En Perú hay 84 de las 104 zonas de vida que existen en el mundo y 28 de los 32 tipos de clima. Entre el 60 y 70% de la diversidad biológica del planeta habita el país. Sin embargo, la industria agroexportadora se ha concentrado en una sola franja de ese suelo megadiverso. Pese a que la costa tiene el 23% de las tierras agrícolas, aporta el 60% del PBI agropecuario. Las exportaciones del sector, por si no quedó claro, se sustentan principalmente en tierras costeñas.

El investigador del Grade Ricardo Fort dice que las empresas agroexportadoras se beneficiaron de diversas decisiones normativas del gobierno. Para explicarlo es necesario retroceder algunos años. Tras la Reforma Agraria, muchas tierras de la costa no eran rentables. “El reto planteado en el gobierno de Fujimori fue poner en producción las que estaban adjuntas a los valles, con ambiciosos proyectos de irrigación”, señala.

A esas tierras en desuso por falta de irrigación se les dice “eriazas”. Fueron incluidas en el mapa agrario recién desde los noventa. Más de 30 modificaciones legislativas en veinte años (1990-2010) hicieron posible que fueran subastadas, vendidas, concesionadas o hasta alquiladas a privados. Entre esa normativa están la Constitución de 1993 y la Ley de Tierras. Así lo recopila la investigadora Zulema Burneo para la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra.

Burneo sustenta un cambio trascendental para lograr el boom: el Estado dejó de ser el encargado de incrementar la cantidad de tierras para agricultura. En los noventa, en cambio, las obras de irrigación con las que se amplió la frontera agrícola se concibieron para la venta a grandes agentes privados que sí disponen de los recursos y el know-how de grandes volúmenes. La agroexportación, según la FAO, impulsó la ampliación de la superficie de producción agrícola de todo el país de 1,6 millones a 2,7 millones de hectáreas entre 1991 y 2002.

Un claro ejemplo de esta realidad es el proyecto de irrigación más grande de la costa norte: Chavimochic. De la venta de lotes agrícolas en la zona, entre 1994-2006 -después de las modificaciones legislativas que la fomentaban-, el 86% quedó en propiedad de once empresas agroindustriales. Solo Camposol adquirió en esos años más de 10 mil hectáreas (23%) del total de las tierras eriazas ganadas al desierto.

El cuarto y último Censo Nacional Agrario (Cenagro) ocurrió en el 2012. La realidad del sector era la siguiente: 80% de los productores agropecuarios poseían menos de 5 hectáreas y, entre todos, alcanzaban apenas el 6% de las tierras. Entre 1994 y el 2012, la cantidad de pequeños productores había crecido 45%, pero sólo incrementó en 9% su cantidad de suelo. ¿Qué significa? Un aumento en la concentración de suelo favorable a las grandes empresas exportadoras.

Desde el 2008, la adjudicación de tierras se da a través de subastas públicas. Ese año, los precios en la costa norte se elevaron -en promedio- 2,5 veces el precio base de la subasta.  En las pujas suelen ganar las grandes empresas con mayor poder adquisitivo. Resulta irónica -pero muy gráfica- una anécdota parlamentaria: el congresista aprista Walter Cenzano presentó un proyecto de ley en el 2010 que establecía un tope de 40,000 hectáreas máximas por cada comprador para “evitar la concentración”. Sin embargo, Burneo señala que la hacienda más grande de la costa en la época de la Reforma Agraria apenas alcanzaba las 30,000 hectáreas. Es más, el total de los lotes de Chavimochic subastados entre 1996 y el 2006 es, precisamente, 43,870 hectáreas.

La decisión consciente del Estado de promover el gran agro la describió Alan García en su texto “El síndrome del perro del hortelano”, publicado en El Comercio en octubre del 2007.“Hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir, entonces aparte de la tierra, deberán pedirle al Estado para fertilizantes, semillas, tecnología de riego y además precios protegidos”, aseguró. La administración de las tierras en su gobierno privilegió la distribución del terreno entre quienes puedan hacer mejor uso del mismo: las grandes agroexportadoras.

Dos: Agua garantizada

El acceso a la tierra no basta sin sistemas de irrigación. Más aún en la costa, donde la lluvia es escasa y los lotes de producción suelen estar lejos uno del otro. La mayor cantidad de proyectos privados asociados al riego se concibieron en la década de los noventa, detalla Ricardo Fort.

Según información del Minagri, hasta el 2000 el Estado había invertido US$3,400 millones en proyectos de riego. Hacia el 2012, doce años después, la inversión ejecutada se duplicó a US$6,716 millones. Los proyectos más importantes son Majes Siguas (Arequipa), Chavimochic (Trujillo), Chira-Piura, Olmos (Lambayeque) y Pasto Grande (Moquegua).

Entre el 2006 y 2010, durante el gobierno de García, se incrementó en 28% la asignación de recursos a proyectos de irrigación. Pero pese a la privatización, hasta el 2012 la mayor parte de los proyectos de riego fueron ‘subsidiados’ por el Estado. De la venta de nuevas tierras en subastas y servicios como agua y energía solo se pudo recaudar el 7% de la inversión ejecutada.

Además, Lorenzo Eguren publicó un estudio en el 2014 donde analiza el impacto de los subsidios del Estado en irrigación e impuestos. En el documento se compara el ingreso por impuestos agropecuarios con el gasto en obras de irrigación. Si se considera el periodo entre 1998 y el 2012, en quince años se habría recuperado solo la sexta parte del gasto invertido. Ojo: esta medición considera todo el sector agrario y no solo la gran agroexportación.

En el 2000 se promulgó la -hace poco derogada- Ley de Promoción Agraria. Entre otros beneficios, redujo el Impuesto a la Renta de las actividades de agroexportación a la mitad: 15% en lugar del 30% regular. Según el estudio de Eguren, si bien esta medida puede haber tenido un matiz de promoción a las inversiones privadas en el sector naciente, no hubiera tenido un impacto negativo en la actividad agrícola de haberse mantenido el impuesto regular.

Y vale la pena agregar un dato: según información tributaria recopilada por Luis Alberto Arias, exjefe de la Sunat, en el 2019, el monto del Impuesto a la Renta pagado por el sector agropecuario no ha crecido en una década. En el 2019, se pagaron US$111.4 millones, mientras que en el 2011 la cifra había sido ligeramente superior: US$116.4 millones.

Volviendo a la irrigación: buena parte de la actividad agrícola de Ica para exportación se sirve del agua subterránea. Esta es de gran calidad y permite el riego por goteo, una práctica sofisticada que incrementa el valor de productos como el espárrago y la uva. Es posible extraerla a partir de pozos debido a la capa acuífera extensa debajo de la región.

Lo preocupante del asunto es que el marco normativo de las propiedad de las tierras ha permitido a las empresas propietarias un rol de decisión sobre la cantidad de pozos a perforar y el volumen del agua a extraer, según los requerimientos técnicos de sus cultivos. Así lo concluye el economista de la PUCP Ismael Muñoz en una investigación sobre la extracción de agua en Ica publicada el 2016. Muñoz explica cómo el Estado no ejerce un rol fiscalizador en esta actividad. Al 2014, el 77% de pozos operativos en la región no contaban con licencia para operar. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) reporta cifras similares al 2018.

Por si fuera poco, la ANA definió en el 2016 que la cantidad de agua subterránea explotable del acuífero de Ica es de 252 millones de metros cúbicos para que se recargue de forma natural en un año. Se ha estimado que la extracción asciende a 563 millones al año, ¡más del doble y una tasa de sobreexplotación del 123%!

Tres: Mercados abiertos

Una vez solucionada la capacidad para producir, mediante el acceso a tierras y agua, se necesitan mercados de compradores. La exitosa estrategia del Estado para ello fue la negociación de tratados de libre comercio (TLC) con beneficios arancelarios para la exportación de productos. Según Ricardo Fort, el rol de los TLC es fundamental para explicar el boom agroexportador. Es el segundo factor más importante en la decisión del Estado de promover este tipo de industria, asegura, después del acceso a las tierras.

En términos concretos, entre el 2009 y 2014, tras la firma del TLC con Estados Unidos, los envíos del sector agropecuario a ese país se duplicaron. Hacia China, en un periodo inicial de cuatro años, crecieron de 25,6 millones de dólares a 82,7. A la fecha, en un proceso que empezó en los primeros años del siglo XXI, Perú ya tiene 21 acuerdos comerciales firmados y algunos otros en proceso.

Además de la firma de los acuerdos, el Estado fortaleció el rol de la agencia de promoción comercial hacia el exterior, PromPerú. Había sido creada en los noventa como una mesa de articulación entre sectores industriales en los primeros pasos de la exportación. A partir del 2002, se adscribe al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), creado ese año. Ambas instituciones se especializan -hasta hoy- en promover los acuerdos comerciales y activar canales de comunicación para la apertura y mantenimiento de mercado.

Algunos hitos del Mincetur suponen la creación de la Marca Perú en el 2010 y la posterior marca sectorial Superfoods, que promueve productos del agro no tradicional. Con estos esfuerzos de publicidad y promoción se dio participación y visibilidad a la industria emergente en eventos y rondas de negocios locales e internacionales. Adicionalmente, desde el sector Comercio Exterior se han instalado en los últimos diez años hasta treinta Oficinas Comerciales del Perú en países del exterior.

Al inicio del boom, en 1992, el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) había creado el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). Tanto como el Mincetur, Senasa fue clave para abrir los mercados. Los investigadores agrarios Héctor Paredes y Ricardo Fort mencionan que todavía es un actor vital para darle a las agroexportadoras certificaciones sanitarias y fitosanitarias, con estándares internacionales, sin las cuales sería imposible que logren colocar sus envíos en los mercados más exigentes (los que más pagan).

Una tesis elaborada por la economista Maryuri Reyes, en la Universidad Nacional de Trujillo, explica también el rol crucial de Senasa en reducir plagas y otros problemas sanitarios en los cultivos industriales. De hecho, se le adjudica al servicio de sanidad una participación trascendental en la erradicación de la mosca de la fruta, un enemigo mundial para los cultivos no tradicionales. Implementó un programa de producción de más de 400 millones de moscas estériles cada semana -en sus mejores años- para repartir al agro costeño y revertir las plagas.

Cuatro: La otra agricultura disminuida

La ‘cuarta pata’ del agro es, en realidad, un factor negativo: se ha privilegiado a la costa en desmedro del resto del país, coinciden los analistas consultados para esta nota. La región natural tiene el 53% de la población y aporta el 76% al PBI del país. ¿En qué deriva ello? En que la sierra y la selva no han recibido el mismo impulso. Para el investigador Eduardo Zegarra, la conectividad -carreteras- y las características del terreno de ambas regiones serían las principales razones.

Una explicación adicional la brinda la FAO. Desde 1992, con la desactivación del Banco Agrario, el crédito agrícola ha quedado principalmente a cargo de los bancos comerciales y cajas rurales. Ellos trabajan, en su mayoría, con medianos y grandes productores, y no cubren los requerimientos de todo el sector agrícola. En la sierra, la propiedad del agro suele estar fragmentada en pequeños terrenos que no logran tener acceso pleno a crédito barato.

El PNUD reconoce en un informe del 2009 a un Estado peruano inclinado a invertir en la costa bajo la idea de la modernización. “El tratamiento privilegiado se expresa en que allí se concentran dos tercios de la inversión en riego”, señalan. Así, el 70% de la superficie destinada a la agroexportación se localiza en cuatro departamentos de la costa: Ica, La Libertad, Piura y Lima, según el cuarto Cenagro. El 98% del área costeña tiene acceso a irrigación y, en contraste a las otras regiones, un mayor número de grandes empresas la operan.

El Banco Mundial, en un recuento del boom agroexportador publicado en el 2017, dice que, entre el 2007 y 2015, la productividad al agrupar todos los factores involucrados en el proceso agrícola peruano creció a una tasa promedio del 2.1%. De ello, sin embargo, el desagregado es lo más importante: un 7% para la costa, 0.2% para la selva y -0.2% en la sierra.

Cinco: La mano de obra

Con los cuatro factores ya descritos, al boom agroexportador le faltaba la mano de obra. En el 2000 se estableció la llamada Ley de Promoción Agraria, que creó un régimen laboral especial para los trabajadores de empresas dedicadas a la agricultura industrial. Entre otros, se redujo el pago de EsSalud y se incluyó en el salario jornal las gratificaciones, vacaciones y compensaciones por tiempo de servicios. “Como si todos esos beneficios no tuvieran una razón de ser en el bienestar del trabajador”, indica Eduardo Zegarra.

Como resultado, tras veinte años de ejecución de la ley, las grandes empresas agroexportadoras tienen la mayor cantidad de empleos formales del sector (ver gráfico), según datos recopilados por el economista Hugo Ñopo. Esto ocurre porque pagan mejor y ofrecen mejores condiciones laborales que el resto. Incluso, según datos del Ministerio de Trabajo al 2017, si se compara empresas de agricultura, comercio y construcción de más de 500 trabajadores, el agro tiene el doble de formalidad laboral.

La cuestión, sin embargo, no es esa. Uno de los problemas graves, como afirma el economista Carlos Ganoza, es que las mismas cifras arrojan que los trabajadores de las grandes empresas sólo representan el 10% de la mano de obra empleada en la agricultura. Coinciden Zegarra, Fort y Ganoza en que la forma de revertir esta situación es focalizar la inversión y los beneficios tributarios al fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas, para hacerlas más competitivas.

Lo otro es bastante más sencillo. En las últimas semanas ha habido una ‘polémica estadística’ entre cifras presentadas por Hugo Ñopo y por el SAE de Apoyo sobre si los índices de crecimiento de las exportaciones agrícolas y de la masa salarial del sector formal se han acompañado en el tiempo. El primero dice que no y el segundo, que sí. Pero, nuevamente, el tema es mucho más sencillo: el salario de un obrero agrícola (y no la masa salarial del sector) sigue estando pegado al sueldo mínimo. En una industria que hizo ‘boom’ durante dos décadas, es natural que con ese nivel de sueldos ahora el estallido sea social.

Eso, en medio de la disparidad en la gestión de intereses que existe entre las empresas y los trabajadores. La industria no solo cuenta con gremios por producto (como el de los cítricos) y siete gremios representativos por industria que agrupan más de 200 empresas cada uno; sino que existen tres estructuras de mayor amplitud como la Asociación de Exportadores (Adex), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Confiep. Los trabajadores no tienen sindicatos -debido a la temporalidad de las contrataciones- ni instituciones gremiales fuertes.

“Esto demuestra, además, una desconexión muy grande entre los propietarios de las empresas y los trabajadores del campo”, señala Fort. Y ese es el punto final de este análisis. La boyante agroindustria del país ha crecido sostenida en cuatro sólidas patas: la tierra, el agua, los mercados y el privilegio de estar en la costa. ¿Puede hoy prescindir de la quinta? El Estado y las grandes agroexportadoras detrás del boom tendrán que decidir si deben acercarse un poco más a las demandas de sus trabajadores y, tras haber generado dos décadas de beneficios a través de políticas públicas, apostar por pagos más altos y beneficios laborales excluidos del jornal. Como toda industria que crece en beneficio de la gente.

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El zumbido no cesa sobre la mesa. Es el sonido de la insistencia. Un nuevo intento por ‘colocarle’ otra tarjeta de crédito del BBVA. Agotada, Jennifer Romero (25 años) cede y contesta la llamada. Del otro lado, una voz le indica que tiene aprobada una línea de crédito mayor a la que ya tenía con el banco. Se trata de la tarjeta VISA Bfree que, además, en su caso, no requerirá el pago anual de membresía. La joven ingeniera acepta. Son los primeros días de agosto.

Los bancos suelen tercerizar el servicio de telemarketing: la tarea de ofrecer sus productos financieros vía llamada telefónica. De hecho, entre los ‘contact centers’ –como se conoce a las empresas de este rubro–, los bancos están entre los clientes más codiciados, por el volumen de sus cuentas. Quien acaba de convencer a Jennifer Romero debe pertenecer a alguno de los contact centers’ contratados por el BBVA Perú (el nuevo nombre del antiguo BBVA Banco Continental, cuya propiedad comparten la familia Brescia Cafferata y el grupo español Bilbao Vizcaya Argentaria).

Luego de aceptar la tarjeta, Jennifer pide recogerla en la oficina del BBVA en Plaza Lima Sur, que le queda cerca de casa. La mujer al otro lado de la línea, sin embargo, le plantea la opción del envío por courier e insiste en ella. Según detalló el BBVA a Sudaca, la entrega de tarjetas de crédito en las oficinas del banco es excepcional. Se da a pedido del cliente, por ejemplo.

El courier es otro de los varios servicios que terceriza un banco. Junto con el telemarketing, son puntos claves en el proceso de venta de una tarjeta de crédito. También son posibles puntos críticos en un esquema de estafa que viene esparciéndose como mancha de aceite. 

La tarjeta llegó a la casa de Jennifer el 8 de agosto por la tarde. El mensajero le entregó un sobre de plástico (tamaño similar al A4) con documentos, que el banco llama ‘bolsa de seguridad’. También otro sobre pequeño donde venía el plástico de la tarjeta. Le hizo firmar un cargo de recepción.

Horas después, una llamada le precisó que debía llamar a la central telefónica del banco para activar su nueva línea de crédito. ¿Era esa una llamada del banco? No hay certeza todavía. Pero sí la hay en el siguiente acto de la historia: los que van a ingresar a la escena son estafadores.

Devuelva la tarjeta

Jueves 13 de agosto. “Señorita, respecto de la tarjeta que le acaban de entregar, la Visa Bfree…”, recuerda haber escuchado Jennifer, luego de que la voz dijera que llamaba de parte del BBVA. Esa voz, esta vez masculina, le explicó que se había cometido un error al entregarle una tarjeta y que esta sí exigía el pago de una membresía (de S/180). Jennifer respondió que una de las razones por las que había aceptado el plástico era la ausencia de este cobro.

—En todo caso lo que puede hacer es devolverla a la oficina central. 

—¿Pero tengo que ir hasta la sede central en San Isidro? 

—Sí. O, en todo caso, mejor le enviamos un courier.

La ingeniera ambiental recrea el diálogo para Sudaca y agrega que, según le indicaron, después de entregar la tarjeta equivocada le llegaría la correcta.

Suena demasiado ingenuo que alguien acepte entregar su tarjeta a un tercero de esta manera. Sin embargo, algo hizo la diferencia en esta historia y en otras cinco, que este medio ha recopilado en detalle y que son casi un calco una de la otra: los datos que manejaba su interlocutor. Además del tipo de tarjeta entregada originalmente, conocía la fecha y la hora en que se la habían dado y, lo más importante, el monto de la línea de crédito. “‘Le ha llegado el sábado a tal hora’, me dijo. Sabía mi línea de crédito, sabía mi dirección, sabía mis datos, sabía que yo ya tenía otras cuentas con el mismo banco. Entonces, yo por eso confié”.

2 de diciembre de 2020. Platón organizado por usuarios del BBVA Perú afectados por estafas. Foto: Luisa García Tellez.

El BBVA es titular de más de 20 bases de datos, según el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, que depende del Ministerio de Justicia. Una se llama “Usuarios” y organiza, entre otros, los siguientes datos: los nombres y apellidos, el DNI, el RUC, el teléfono, el historial de créditos, las tarjetas de crédito, los bienes patrimoniales, las hipotecas, las deudas, los ingresos económicos y la huella digital de una persona. El banco comparte parte de estos datos con las empresas de telemarketing, y la normativa exige que lo haga previo conocimiento de sus clientes. Aunque Sudaca preguntó al BBVA concretamente qué datos, este no lo precisó.

El robo

Al día siguiente, el mismo interlocutor le avisó a Jennifer Romero que el courier estaba llegando y que debía entregar ambos sobres como los había recibido. Sostiene que no haber activado la tarjeta le daba también seguridad, por lo que efectuó la entrega.

Solo horas después, el BBVA le alertaría de que su cuenta estaba siendo vaciada. Aquí su recuento de ese momento:

Diez minutos antes de las 6 de la tarde, me llaman de nuevo, era un viernes. 

—Señorita, qué tal, ¿cómo va usando la tarjeta que le acabamos de entregar? 

—¿Es una broma? No entiendo.

Estaba sorprendida. No sabía quién me había estafado, si la señorita que me llamaba [ahora] o la persona que me había llamado antes. 

—No entiendo, ¿cómo que cómo la voy usando? 

—Sí, acá me figura que usted la está usando. 

—Pero si ustedes me han llamado ayer diciendo que la tarjeta que me han entregado está mal y ha venido un courier a recoger la tarjeta. Sabían todos mis datos y yo pensé que era la misma persona. 

—No, nosotros no hacemos eso, además acá me figura que usted está usando la tarjeta. Usted ha sido víctima de estafa, por favor llame y bloquee la tarjeta. 

Mientras hablaba con ella, ya eran las seis de la tarde y el banco no laboraba, ni el call center (sic).

Tres mil soles fueron sustraídos de la tarjeta que Jennifer creía inactiva, desde un cajero automático. Ese es el monto máximo que puede retirarse en un día por esa vía.

Del Facebook a las calles

Hans Cerrón, padre de tres niñas, y Jenny Surichaqui, comerciante de aluminio, sufrieron la misma modalidad de estafa. Ambos se sumaron al plantón que un grupo de clientes organizó, el pasado miércoles 2 de diciembre, en la sede central del BBVA Perú en San Isidro. El tipo de fraude parece haberse vuelto sistemático con clientes de ese banco. Allí también estaba Mary Pareja, con una pancarta que decía: “El BBVA no cumple con la Ley 29733 de protección de datos personales”. Ella fue a protestar por la estafa que sufrió su madre, de 60 años.

Mary Pareja afuera de las oficinas del BBVA Perú. Foto: Luisa García Tellez

El plantón fue organizado desde las redes sociales. El epicentro: un grupo de Facebook llamado “Víctimas del BBVA”, creado el 20 de noviembre y que rápidamente ha llegado a los 464 miembros. El muro del grupo, originalmente público, fue sumando múltiples testimonios de ciudadanos que hacen hincapié en por qué creyeron que era, efectivamente, el banco el que les solicitaba devolver la tarjeta.

A Hans Cerrón le pidieron que retornara la suya a mediados de octubre. Fue luego de que le insistieran para que la activase. De su interlocutora recuerda haber escuchado su tipo de tarjeta, su línea de crédito y los beneficios de compras que tenía. Él se acercó a un cajero, cambió allí la clave provisional que había recibido y activó la tarjeta.

Hans recuerda que la misma voz que le insistió en la activación de la tarjeta le llamó al poco tiempo y le dijo que el cambio de la clave no había surtido efecto, porque habían detectado que su firma no coincidía con la del DNI. Él ya venía con la duda de no haber firmado exactamente igual que en su documento de identidad. Decidió entregarla. Le sustrajeron el mismo monto que a Jennifer Romero: tres mil soles vía cajero automático.

Hans Cerrón, estafado en octubre. Foto: Luisa García Tellez.

A la diseñadora gráfica Clara Pacheco, de 33 años, le robaron la misma suma, bajo la misma modalidad de estafa. A diferencia de Romero, ella no era clienta del banco hasta que aceptó la tarjeta VISA Bfree. Ahí empezó su desgracia. Quien la llamó le preguntó por qué no había activado la tarjeta todavía y le dijo, incluso, que si no lo hacía se iba a generar el cobro de la membresía.

“‘Pero si no está conforme, lo puede devolver o puede cambiarlo por la nueva, que está cobrando cero membresía’, me dijo. ‘Bueno, entonces en todo caso anúlelo’, le respondí”. Aceptó el recojo vía courier y entregó su dinero a los estafadores.

La vacíos del BBVA, que responde (pero no todo)

¿Cómo el nombre de la tarjeta contratada, la línea de crédito, y la fecha y hora de entrega del plástico llegan a las manos de los estafadores? ¿No se trata, acaso, de datos que solo pueden conocer, a parte del cliente, el banco y las terceras empresas contratadas para los servicios de telemarketing y courierSudaca solicitó una entrevista al BBVA para hablar de esta modalidad de estafa, cuya propagación ha adquirido mucha mayor visibilidad durante la pandemia. Sin embargo, el banco solo aceptó responder preguntas vía un cuestionario escrito.

“Debido a la situación de pandemia, los ejecutivos [de telemarketing] que trabajan desde su domicilio utilizan equipos protegidos por un software que impide la descarga de la información, así como el uso de redes, correos personales, entre otros”, aseguraron en una de sus respuestas.

Quizás el lector también se pregunte lo mismo que este medio: ¿cómo estar seguros de que en efecto utilizan el equipo con ese software? ¿Cuál es el nivel de seguridad de un equipo que puede ser manipulado por fuera (al que se le pueden tomar fotos, por ejemplo) sin que nadie se dé cuenta? O, acaso, al lector le aparezca esta misma duda: ¿se ha privilegiado el interés por vender tarjetas de crédito a costa de la seguridad de los clientes?

“Los bancos tienen la obligación de tutelar que las bases de datos de sus clientes, que son bases que tienen datos sensibles, cumplan estándares de seguridad nivel crítico. Tiene que ser muy estricto”, explicó a Sudaca Dilmar Villena, abogado especialista en protección de datos personales y coordinador legal de Hiperderecho.

Según la Directiva de Seguridad emitida por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (APDP), este nivel implica, por ejemplo, que los usuarios que acceden a las bases de datos tengan un “identificador único de acceso”, que utilicen contraseñas o autenticación vía token, y un registro de ingreso que guarde, entre otros, la fecha y hora de ingreso y el motivo de acceso.

El banco, sin embargo, no quiso explicar las medidas de seguridad que toma para los datos de sus clientes. Se limitó a decir que los contratos que suscribe con sus proveedores tienen cláusulas especiales “que establecen las obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes”. Y que en casos de mucha sensibilidad de la información, se toman “medidas de seguridad específicas”. No dio mayores detalles sobre cuáles.

“La central del courier cuenta con la información de contacto del cliente; mientras que el motorizado solo cuenta con el nombre y dirección”, dijo el BBVA sobre los datos de los clientes que comparten con las empresas de mensajería. Negó que en los documentos trasladados hasta los clientes figuren el nombre del tipo de tarjeta de crédito que está por entregarse y/o la línea de crédito otorgada.

Sin embargo, uno de los componentes del contrato que debe contener el sobre tipo A4 que los courier entregan a los clientes es la Hoja Resumen Informativa (HRI)Ella contiene las condiciones particulares de la tarjeta contratada: el nombre del tipo de la tarjeta, la línea de crédito, el costo de la membresía, entre otros datos. La HRI es una fuente de información importante, que coincide con la que los estafadores mencionan a los clientes del BBVA cuando buscan que ‘devuelvan’ su tarjeta de crédito.

La insistencia de los estafadores en que todo el contenido del sobre de plástico o bolsa de seguridad debe ser devuelto para anular la tarjeta y poder enviar otra aparece consistentemente en los testimonios recogidos.

Ni Jennifer Romero ni Clara Pacheco habían activado sus tarjetas y aun así sufrieron robos. ¿Cómo lograron activar las tarjetas los estafadores? Una de las formas de activación es “por vía telefónica, previa verificación de la identidad del cliente a través de una serie de preguntas”, señaló el banco. No resulta difícil pensar que con el sobre en mano y los datos desde antes conocidos, tuvieron la información para lograrlo. 

Sudaca preguntó concretamente por el protocolo de interacción entre el courier y el cliente; sin embargo, el BBVA obvió responder esa pregunta. Sí enfatizó los contratos que firman con sus proveedoras tiene cláusulas que les exigen “el cumplimiento del Código de Conducta del Grupo BBVA” a los proveedores” y “el respeto a la normativa legal”. También dijo que hay penalidades en caso el proveedor incumpla algún acuerdo.

Curiosamente, en otra de sus respuestas el banco subrayó que “este tipo de estafa no es nueva y la policía tiene conocimiento de este tipo de modalidad”. Si la modalidad es antigua, ¿por qué no ha hecho públicos los resultados de las investigaciones al respecto, sobre todo ahora que la cuarentena ha agudizado la aparición de casos? 

Hace un par días el testimonio de Elissa de Amat se hizo viral en Instagram y dio una evidencia más de lo sistemático de este tipo de estafa. Era sobre su experiencia en 2019 como clienta del BBVA, y víctima del mismo fraude.

“En tanto las denuncias lleguen a la autoridad de datos personales, la empresa podría decir ‘yo, como entidad financiera, diligentemente he tomado las medidas para ver qué es lo que está pasando’. Si es que se están filtrando [los datos de sus clientes] o no. No existe una obligación legal de investigar, pero deberían hacerlo”, dice el especialista Dilmar Villena de Hiperderecho.

Consultado explícitamente sobre investigaciones al respecto, cuya publicación ayudaría a calmar algunas aguas, el BBVA se limitó a responder: “Todos los casos son revisados siempre de forma integral”. Luego recalcó que advierte a sus clientes que el banco no ofrece el servicio de devolución de tarjetas vía courier.

La estafa subsiste en el silencio

Desde la Dirección de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia señalaron a Sudaca que no declararían sobre el caso BBVA por ahora porque podría tomarse como un adelanto de opinión. La Asociación de bancos del Perú (Asbanc), así como la Asociación Peruana de Experiencia al cliente, que agrupa a los contact center que operan en el país, también declinaron de responder preguntas.

La división de estafas de la Policía Nacional tampoco respondió cuántas denuncias por este tipo de estafas a clientes del BBVA tenía en sus registros. En agosto último, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) realizó la prepublicación del Reglamento para la gestión de la seguridad de la información y la ciberseguridad. El primero de este tipo en el país que exigiría incluir los riesgos asociados a la entrega de bien o servicio provisto por terceros dentro de la gestión integral de riesgos de la empresa. Ojalá su implementación aporte a evitar posibles casos de filtración de datos personales y estafas a usuarios de servicios financieros en el país.

El 1 de diciembre, Jennifer Romero recibió once correos del banco solicitándole que cancele su deuda de S/3.000, más los intereses que crecen rápidamente. Hoy continúa recibiéndolos. Clara Pacheco, después de cuatro meses, solo ha vuelto a recibir una comunicación del BBVA en el que le indican que siguen evaluando su caso. Tras hacer pública su protesta en el plantón, Hans Cerrón y Jenny Surichaqui han firmado con el banco un acuerdo extrajudicial de términos confidenciales, por el cual sus deudas han sido anuladas. Eso sí, nada compensará el daño psicológico ni la preocupación causados por las llamadas continuas de cobranza que recibían o el peligro de ingresar a Infocorp. Hay múltiples afectados que todavía las reciben.

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¿Quién va a ser el próximo presidente del Perú? Todo peruano sabe que dar una respuesta certera a esa pregunta es complicado. La mayoría de analistas suele advertir algo irrefutable: en este país puede pasar cualquier cosa. Y esa afirmación es cierta, sobre todo, en una elección tan volátil como la actual, donde ninguna candidatura termina de cuajar y varios posibles ganadores coquetean con el margen de error. Sin embargo, sí se pueden hacer proyecciones informadas. Es muy probable, por ejemplo, que el ganador de las próximas elecciones ya esté entre los cinco primeros puestos de las encuestas. Ha sido así en todas las campañas presidenciales de este milenio, contando cinco meses antes de la primera vuelta.

Lo mismo ocurre con la intención de voto: desde 1995, el presidente electo siempre ha tenido más de 4% en noviembre del año pre-electoral, midiendo el consenso de las encuestadoras. En 1990 ocurrió algo rarísimo: Alberto Fujimori le ganó la carrera a Vargas Llosa empujando desde atrás. Pero se trató de una excepción. Y el refrán popular dice que las excepciones son las que confirman las reglas.

¿Qué candidatos están en ese afortunado ‘pelotón de los cinco a cinco meses’? George Forsyth (16%), Julio Guzmán (7%), Daniel Urresti (6%), Verónika Mendoza (6%) y Keiko Fujimori (5%), según el sondeo de Ipsos de noviembre, realizado de forma presencial justo después de las protestas de ese mes. Luego, hay un candidato que podría empujar por los palos: Hernando de Soto, que apareció sexto en dicho sondeo, con 4%, y hoy está segundo en la medición de Datum de diciembre, con 5%. Su ascenso podría estar influenciado, en parte, por la indecisión: 58% de los electores aún no tiene preferencia definida, dice Datum. De entre esos cuatro hombres y dos mujeres saldría –si la tendencia de más de dos décadas se mantiene– el presidente del Bicentenario. Yonhy Lescano (3%) y César Acuña (3%), según Ipsos, quedan marginados por la estadística.

Información de Ipsos a noviembre, elaboración de Alexandra Ames (el campo de los dos primeros meses es solo urbano; el de los siguientes, urbano-rural).

Se puede cernir aún más ese ‘menjunje’ electoral. Forsyth lidera la intención de voto desde abril, pero difícilmente pueda ganar. El consenso de tres analistas consultados por Sudaca es que seguirá desinflándose. Keiko Fujimori, por su parte, tendrá que remontar un antivoto gigantesco, mayor incluso al de su última derrota. El techo de De Soto, que estaría robándole puntos a la candidata naranja, es bajo. El horizonte parece brillar, entonces, solo para tres candidatos. 

Hacer ‘futurología’ política en el Perú es un ejercicio aventurado, y este medio está dispuesto a someter sus afirmaciones al filtro de la realidad cuando haya calentado la campaña. Hasta entonces, este análisis pretende resumir –en corto y sencillo– qué fuerzas definirán la carrera presidencial del 2021. En días de alta incertidumbre, es oportuno ir aclarando un poco el panorama.

Forsyth y el maldito primer lugar 

Una tendencia (otra) que se ha mantenido, sólida, desde el 2006 es que quienes ocupan el primer lugar a seis meses de las elecciones nunca ganan. Le pasó a Lourdes Flores en la contienda de ese año y a Luis Castañeda en la siguiente. Ninguno pasó, siquiera, a la segunda vuelta. En noviembre del 2015, las encuestas le daban el primer lugar a Keiko Fujimori. Ella ocupó ese puesto en la votación de abril del año siguiente, pero perdió en el ballotage.

Según Ipsos, Forsyth ha caído de 23% a 16% entre setiembre y noviembre. Según Datum, de 20% a 10% entre octubre y diciembre. Su inclinación hacia abajo es clara y no se debe solo a la ‘maldición’ de aparecer primero en los sondeos. Es, más bien, la consecuencia natural de ser un candidato sin mucho que mostrar. “Es un envase vacío”, dice el politólogo José Alejandro Godoy. Y asegura que hay un consenso entre sus colegas: será muy difícil que se mantenga arriba hasta el 11 de abril.

Para Mauricio Saravia, gerente de la consultora InTarget, con más de 15 años interpretando estudios de opinión, la tibieza de Forsyth para definirse políticamente lo convierte en una incógnita sin muchas posibilidades. “No es ni siquiera un candidato viable”, coincide el politólogo Mauricio Zavaleta.

Al frente de la Municipalidad de La Victoria, el exarquero de Alianza Lima ha construido su endeble imagen política sobre el mediático  (y supuesto) ordenamiento de Gamarra. Pero importantes empresarios del emporio, que conversaron con Sudaca indignados por su primer lugar en las encuestas, cuestionaron que su gestión haya logrado avances concretos y aseguraron que no lo apoyan. Zavaleta completa la idea: la debilidad del candidato hace imposible que imponga un discurso de ley y orden.

Si todo eso no fuera suficiente, hay otras dos cosas que nunca ocurren. La primera es que los exalcaldes no llegan al Palacio de Gobierno. Bedoya, Barrantes, Belmont, Andrade y Castañeda: todos gobernaron Lima y luego perdieron la presidencial. Y el capital electoral de Forsyth es más pequeño: un distrito, donde obtuvo apenas 40.654 votos. Lo otro es que, desde 1995, los ganadores han tenido experiencia previa en elecciones presidenciales. Él es debutante.

La ya improbable revancha de Keiko

En el caso de Fujimori, la historia reciente debió haberle jugado a favor. Por casi quince años, el nuevo presidente había perdido la segunda vuelta de la elección anterior. Le pasó a Alejandro Toledo en el 2001, a Alan García en el 2006 y a Ollanta Humala en el 2011. Pero Keiko rompió esa racha en el 2016. Hace cinco años se convirtió en la primera y única candidata del siglo en perder la segunda vuelta dos veces consecutivas.

Foto: Andina

¿Podrá desquitarse ahora? El pronóstico de Sudaca que su mejor oportunidad ya pasó. ¿Por qué? La respuesta está en el antivoto. En los más de tres años que dominó el Congreso, el fujimorismo consolidó a su principal enemigo: el grupo de peruanos que aseguran que no le votarían jamás. Ello, en lugar de afirmarse como opción electoral viable.

Para Saravia, aunque no está escrito en piedra, el antivoto es poderoso y puede marcar un punto de no retorno. El porcentaje de electores que dice de ninguna manera votaría por Fujimori es de 63%, según Datum en diciembre. Esta es una cifra mayor que la de la última elección, en la que fue derrotada precisamente por el antifujimorismo. En enero del 2016, el antivoto de Fujimori era de 39%, según GfK.

El único registro reciente de un candidato sobreponiéndose a una mochila de esa magnitud es Alan García en el 2006, cuando empezó la elección con 62% de rechazo. Sin embargo, en el caso de Fujimori la cifra también marca una diferencia larga respecto a sus competidores. Keiko es la candidata con más antivoto por lejos. Los que la siguen, Ollanta Humala y César Acuña, tienen 48% y 47%, respectivamente.

La otra cara del antivoto es el voto duro, un concepto que se ha convertido en una suerte de leit motiv cuando se analiza electoralmente al fujimorismo. Godoy, sin embargo, asegura que la lealtad fujimorista ronda el porcentaje que obtuvo Martha Chávez en el 2006: 7%. Fue la única vez que se presentaron sin un candidato de apellido Fujimori. En un escenario disperso como el actual, una base de entre cinco y siete puntos sería un gran comienzo para cualquiera. Pero no basta si debes remontar un antivoto de casi la mitad del país.

Según Ipsos, el respaldo de Fujimori está concentrado entre los mayores de 43 años. Sudaca ha podido constatar en sus incursiones a la Escuela Naranja la añoranza con la que algunos peruanos recuerdan el gobierno de Alberto Fujimori. El voto duro sí existe. Sin embargo, Zavaleta también calcula que el fujimorismo puede crecer sólo hasta alrededor de 12% debido a sus errores estratégicos de los últimos años. “La actuación política de Keiko ella la ha dilapidado”, cierra Godoy.

Fuerza Popular (FP) pinta, entonces, más como un partido de nicho. Podría aspirar a tener representación parlamentaria antes que pasar a la segunda vuelta. Todo esto depende de que se desestime la solicitud del fiscal Domingo Pérez para suspenderla. Si el pedido es aceptado por el Poder Judicial, los naranjas no podrán participar en la contienda

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El problema de ya ‘ser gobierno’

Han pasado más de cuatro años desde que Julio Guzmán postuló con Todos Por el Perú y fue retirado por problemas con su inscripción. Se dedicó, entonces, a formar el Partido Morado. Para Godoy, haber ganado ampliamente las internas legitima su liderazgo. De 3% en julio a 7% en octubre, además, Guzmán viene subiendo. De acuerdo a Ipsos, su intención de voto en el NSE A llega a 11%, una cifra bastante más alta que la que tiene en otros segmentos. También es más respaldado entre los jóvenes hasta 25 años. Tras consolidarse en ambos grupos, tendrá que buscar crecer en los demás.

Foto: Andina

La ruta es parecida a la que tomó Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en las últimas elecciones. No es coincidencia que en estos años el Partido Morado haya involucrado a políticos que antes apoyaron al expresidente, como Gino Costa y Alberto De Belaúnde. Con figuras como esas, además, la candidatura morada puede posicionarse entre los votantes liberales. Aparece hoy como la alternativa más viable para congregar las simpatías del ala más sensata de ese sector.

Zavaleta cree que Guzmán tiene grandes posibilidades de llegar a la segunda vuelta. Las protestas de noviembre –dice– consolidarán el respaldo que ya tenía. “Guzmán ha salido ganando en este contexto, básicamente por tomar una posición adecuada: oponerse a la vacancia”, comenta. Los accidentes de su vida privada, sin embargo, han afectado su credibilidad y su confianza. “Guzmán estaba más entero en las elecciones pasadas”, sostiene Saravia.

Pero el mayor riesgo político de Guzmán –aunque sea paradójico– está en Palacio de Gobierno, a donde su partido llegó antes que él. Para Godoy, sus oponentes van a hacerlo cargar, sí o sí, con el pasivo del gobierno de Francisco Sagasti. Saravia coincide: el Partido Morado puede perjudicarse mucho si da la sensación de ser ineficiente en el poder.

Sagasti puede terminar siendo un búmeran y, aparentemente, los morados lo saben. Esa sería una de las razones por las cuales insisten tanto en la independencia partidaria de Sagasti al mando del Ejecutivo. La distancia que puedan marcar va a ser fundamental para definir el destino de Guzmán en las urnas.

La mejor oportunidad de Mendoza

Las movilizaciones ciudadanas de noviembre no tuvieron liderazgos políticos claros, pero eso no impidió que Humala, Guzmán y Mendoza se sumen al espíritu de la calle. Para Saravia, son los dos últimos los que se han beneficiado. Las encuestas respaldan la hipótesis. Inmediatamente después de las movilizaciones, Guzmán subió al segundo lugar, con 7%, y Mendoza al tercero, con 6%, para Ipsos

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Pero la candidata de Juntos por el Perú tiene un ingrediente particular. En el libro ‘El mal menor’, Carlos Meléndez sostiene que la política peruana está marcada por una dicotomía pro y anti establishmentHoy, la mayoría de candidatos con alguna posibilidad tienen una clara membresía en el primero de esos grupos. Fujimori y De Soto son evidentes ejemplos. El Partido Morado también, sobre todo ahora que está en el gobierno. El caso de Urresti es más cuestionable: para Zavaleta, Podemos Perú tiene propuestas redistributivas, aunque no sean de izquierda.

En ese espectro, una sola candidata evidencia una definitiva posición anti establishment: Verónika Mendoza. En el texto ‘¿Por qué no se construyen partidos en el Perú?’, Zavaleta y Steven Levitsky indican que hay un alineamiento neoliberal en la oferta política peruana, lo que impide la diferenciación. Y aquí Mendoza es quien se distingue del resto con mayor claridad. 

Zavaleta sostiene que la candidata de izquierda podría sacar ventaja al diferenciarse de un conjunto de partidos de derecha. Y agrega que utilizar una agenda más radical le permitiría fortalecer su base. La derecha, sea conservadora, liberal o popular, sigue teniendo muchos puntos en común. Hay, sin embargo, una salvedad: candidatos como Humala o Lescano podrían restarle votos si se ubican en posiciones de centro izquierda. Ese fraccionamiento es el que definirá si Mendoza supera el 18.7% que, en el 2016, no le alcanzó para llegar a la segunda vuelta.

La imagen autoritaria de Urresti

“Un amplio sector del electorado, especialmente de los estratos populares, quisiera votar por un candidato que fuera autoritario y democrático a la vez”, indica el perfil del candidato ideal definido por Alfredo Torres en el libro ‘Opinión pública 1921-2021’. Los postulantes que compiten en contiendas democráticas pero han construido un perfil de mano dura tienen ventaja. 

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Zavaleta explica que la creciente delincuencia genera una demanda clara por un discurso enfocado en la seguridad ciudadana. Urresti tiene pasado militar, ha sido ministro del Interior y gerente de seguridad ciudadana de Los Olivos. Ya ha explotado el discurso ‘ley y orden’ en la campaña municipal del 2018, en la que obtuvo más de un millón de votos, y en las elecciones congresales de este año, en las que fue el candidato más votado. Ambas campañas fueron en Lima Metropolitana, donde la victimización (el porcentaje de personas que ha padecido algún delito) subió más de 7 puntos entre el 2018 y el 2020. Los delitos con arma de fuego (los más violentos) aumentaron más de 4 puntos en el mismo periodo, según el INEI.

Pero la popularidad en Lima y Callao no basta para llegar a la segunda vuelta. Por eso, Urresti tiene otro terreno fértil para posicionarse: el sólido norte. Según Ipsos a noviembre, esa es la región en la que tiene más intención de voto fuera de la capital, con 7%. No es casualidad que, en el boletín de seguridad ciudadana del INEI a agosto, el departamento con mayor incremento de víctimas de la delincuencia en el último año sea Lambayeque.

Para seguir creciendo en base al mismo discurso, Urresti también podría concentrarse en la sierra centro-sur. Según los datos del INEI, Puno, Junín y Cusco son los departamentos con mayor índice de victimización en el último año, mientras que Arequipa registró la más alta percepción de inseguridad después del Callao. En Ica, la respuesta de algunos sectores a la protesta de trabajadores agroindustriales también podría ser el discurso autoritario.

La diferencia entre victimización y percepción de inseguridad es altamente favorable para el candidato de la familia Luna. El promedio nacional de percepción de inseguridad es de 81%, cuando la victimización llega solo a 23%. Un país con miedo tiende a buscar liderazgos como el suyo.

Esta, sin embargo, no es una receta infalible. Varias cosas podrían debilitar el discurso de la mano dura: los excesos policiales de las últimas semanas y el juicio –aunque sea por autoría mediata– del Caso Bustíos. Para Godoy, las muertes de Inti y Bryan han marcado un punto de inflexión en la teoría del discurso autoritario. Los próximos meses revelarán cuánto, pero ya podríamos estar viendo una foto preliminar: en Datum de diciembre, Urresti aparece séptimo con apenas 3%. Aunque como el margen de error es 2,8%, todavía entra cómodamente en el pelotón de los cinco.

El concolón con techo

El candidato que empuja por los palos es Hernando De Soto. Con el acorralamiento político de las fuerzas conservadoras, tras su participación en bloque en el breve gobierno de Manuel Merino, él estaría beneficiándose de tomar el liderazgo de ese sector. ¿Por qué? Porque Fujimori carga una mochila muy pesada y la candidatura (casi cívico-religiosa) de Rafael López Aliaga no terminar de pegar. De Soto ha crecido, por ejemplo, tras retar a Mendoza a un debate sobre la nueva Constitución.

“Dentro de las candidaturas conservadoras es la que tiene cierta consistencia”, apunta Godoy. Aunque ese bolsón electoral podría seguir siendo explotado, lo conmina a un techo bajo. De Soto es un representante del liberalismo económico, pero no logra identificarse con posturas sociales de ese tipo. Eso implica un perfil ya conocido: un hombre blanco querido entre los votantes mayores y adinerados, pero que tiene declaraciones desatinadas y es fácilmente caricaturizable por los jóvenes. 

Difícilmente su candidatura pegará entre el imprescindible electorado juvenil. Según Ipsos, al 2019, el 40% de la población peruana ya sería millennial o centennial. “De Soto puede convocar al fujimorismo y al ‘lopezaliaguismo’ pero no al moradismo”, resume Saravia. Entre las opciones de derecha más liberales –asegura– Guzmán y Forsyth “lo harán puré”.

Luego, también tiene el techo de la clase acomodada: su respaldo, según Datum, va de 11% en el NSE A/B a apenas 1% en el mucho más masivo D/E. “De Soto es un candidato para San Isidro y Miraflores que se ve amenazado por una nueva Constitución”, sentencia Godoy. Su mérito estará en seguir acumulando votos de sectores debilitados, como el que le votaba al PPC: limeños, mayores y con dinero. El pronóstico de Sudaca es que no le alcanzará.

Hay otros tres candidatos que podrían colarse en este pelotón de arriba. No dejaría de ser una sorpresa, pero vale la pena nombrarlos: César Acuña, cuya ventaja es que tiene los recursos de su conglomerado educativo-empresarial; Yonhy Lescano, que ha subido a 4%, según Datum, al representar en soledad a Acción Popular; y Ollanta Humala, que podría aprovechar su experiencia para armar un discurso de estabilidad y redistribución. Es probable que, aunque no lleguen a la presidencia, sus partidos sí logren pasar la valla electoral. Lo mismo Somos Perú, arrastrado por Martín Vizcarra. Para el resto, buena suerte.

Es, ciertamente, muy complicado hacer un pronóstico electoral certero cuando ni el verano ni la campaña han calentado todavía. La política peruana ha demostrado que, a veces, solo resiste los análisis ex post. Pero esta es una de las elecciones más importantes de nuestra historia y merece analizarse así: en detalle y desde ahora.

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Elecciones 2021, Keiko Fujimori

Una cosa es la declaración de un colaborador eficaz y, otra, la documentación que acredita todos los detalles que se ocultan detrás. Hace más de dos años, el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, dijo que su empresa había aportado dinero de procedencia ilícita a Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular. Fue un día clave para el proceso, pero no era –en absoluto– suficiente. Desde entonces, el equipo especial ha logrado encontrar el camino que el dinero habría seguido de la contabilidad paralela de Odebrecht al partido político que todavía busca llegar al poder. Con ello, el círculo se sigue cerrando.

“Odebrecht participó de la campaña de la señora Keiko Fujimori haciendo un aporte [el primero, de US$500 mil] en la campaña del 2011 […] Después, justamente por haber apoyado al candidato Ollanta Humala, me sentí en la obligación de aumentar. Incluso por una sugerencia de Marcelo, quien me dijo que, si estaba sintiéndome mal por haber apoyado a Ollanta, “aumente la participación” de la contribución a Keiko Fujimori. Y aumentamos US$500 mil más a Keiko Fujimori”, dijo Barata ante el fiscal José Domingo Pérez en marzo del 2018.

La delación permitió a la fiscalía, cuyas investigaciones estaban aún en etapa preliminar, avanzar con mucha mayor velocidad. A partir de ese testimonio se pudo continuar con diligencias que permitieron identificar el papel de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya como receptores de US$1 millón, y llegar luego a los aportantes fantasma que habría usado el fujimorismo para esconder el dinero de la constructora brasileña.

Ya era conocido, entonces, el camino que empleó el partido para ocultar los aportes. Según la tesis fiscal, una vez recibido el dinero, Jaime Yoshiyama Tanaka, entonces secretario general, contactó a su sobrino Jorge (quien acaba de oficializar un acuerdo de colaboración eficaz con la fiscalía) para que reclute falsos aportantes y que estos ingresen el dinero a las cuentas del partido en Scotiabank.

Lo que no se conocía, sin embargo, era la ruta exacta que habría seguido el dinero desde que salió de Odebrecht hasta que llegó a Fuerza 2011. ¿Cómo pasó del Departamento de Operaciones Estructuradas, llamado ‘Caja 2’, a las manos de Yoshiyama y Bedoya? Solo con esa información se puede acreditar la procedencia ilícita de los fondos.

A poco de finalizar la investigación, el equipo especial ha logrado reconstruir el esquema que habría usado la constructora para financiar la candidatura de Keiko Fujimori. Esto, mientras sobre su partido, hoy, está pendiente un pedido fiscal de suspensión por dos años y medio. Si el juez Víctor Zúñiga le da la razón a la fiscalía, Fuerza Popular no podrá participar de las elecciones del 2021.

La ruta

Sudaca ha podido acceder a documentación bancaria que registra el ingreso de dinero desde Panamá al Perú: reportes de transferencias, retiros en efectivo y emisión de cheques. El exprocurador Antonio Maldonado consideró que todo ello permitiría corroborar “los supuestos que están tipificados sobre criminalización de lavado de activos, actos de conversión y transferencia”.

La información tiene como personaje principal al empresario Gonzalo Monteverde Busalleu, identificado por la fiscalía como el ‘doleiro’ peruano de la constructora. Es decir, quien escondía y entregaba el dinero en efectivo. Su empresa, Construmaq SAC, fue utilizada por Odebrecht para ingresar dinero al país. Monteverde se encuentra hoy prófugo de la justicia.

Para entender el camino que recorrió la plata es necesario volver a recordar el testimonio de Jorge Barata ante el equipo especial. “El dinero venía de alguna forma, a través de nuestro Departamento de Operaciones Estructuradas”, declaró. La Caja 2 fue creada por Odebrecht para el pago de sobornos y de aportes a partidos políticosDichos fondos provenían de actos ilícitos cometidos por la empresa, como los sobrecostos de los proyectos que tenía a su cargo. Barata continuó: “Exactamente de dónde, cuál de las empresas, no tendría como informar. Imagino que eran empresas offshore”.

La Constructora Internacional del Sur S.A fue creada el 11 de octubre de 2006 en Panamá, con un capital social de US$10 mil, según los documentos a los que accedió Sudaca, y fue una de las offshore utilizada para el pago de coimas. Según la tesis fiscal, también sirvió para la entrega de aportes de campaña al fujimorismo. A través de un acta de reunión extraordinaria de junta de accionistas realizada el 3 de diciembre de 2006, se acordó autorizar a Olivio Rodrigues Junior, exoperador principal de la Caja 2, a firmar documentos de apertura de cuentas, otorgar, firmar y entregar cheques, giros, pagarés, entre otros, a nombre de Constructora Internacional.

En su declaración de febrero pasado ante fiscales peruanos, Luiz Da Rocha Soares, extesorero de la Caja 2, ya había explicado verbalmente cómo llegó el dinero de Odebrecht al Perú. Su testimonio resulta clave: dijo que fue Gonzalo Monteverde, mediante su empresa, quien se encargó de esconder los pagos. Da Rocha Soares confirmó que transfirió dinero a las cuentas de las empresas de Monteverde mediante Olivio Rodrigues Junior, el mismo a quien se le dio poder en Constructora Internacional, la offshore de Odebrecht.

En diciembre de 2009, Gonzalo Monteverde abrió una cuenta para su empresa Construmaq SAC en el Credicorp Bank de Panamá, muestran los documentos revisados por este medio. Él y María Isabel Carmona figuraron como los apoderados. En la declaración de apertura de cuentas de depósito de Construmaq aparece como principal cliente depositante la Constructora Internacional del Sur y se precisa que la procedencia de los fondos para abrir la cuenta son transferencias internas de la offshore de  Odebrecht.

Seis meses después, en junio de 2010, la cuenta de Construmaq SAC en el Scotiabank (Perú) comenzó a recibir transferencias de dinero de la cuenta que Monteverde abrió para la misma empresa en el Credicorp Bank de Panamá. De acuerdo a un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) peruana, la cuenta de Construmaq en Perú recibió un total de US$5,828,216.

Pero como reveló Barata, Odebrecht destinó US$1 millón para Fuerza 2011, en dos armadas de US$500.000. De todas las transferencias, ¿cuáles concuerdan con el testimonio de Barata sobre los aportes realizados al fujimorismo? Los reportes de transferencias desde el exterior, emitidos por Scotiabank y también revisados por Sudaca, revelan que el 30 de junio del 2010 la cuenta de Construmaq en Perú recibió US$549,950. Además, al año siguiente, el 6 de mayo del 2011, se le entregó US$349,925. Ambos montos suman US$900.000.

Las dos fechas coinciden con lo mencionado por Barata, quien recordó ante la fiscalía los meses en los que pidió y entregó el dinero en efectivo para el partido de Keiko Fujimori. “Fueron 500 mil a mediados de 2010, cuando comienza la campaña política. Después […] acordamos entregar 500 mil más, para la segunda vuelta. Ese segundo aporte de 500 fue entregado una parte en nuestra oficina al señor Bedoya”, sostuvo.

De todo el dinero que llegó las cuentas de Construmaq en el país, Monteverde retiró US$1,197,227 en efectivo y la UIF reportó, además, la emisión de cheques por más de US$6 millones para el empresario. De la plata retirada en efectivo y en cheques habría salido todo el millón finalmente entregado al fujimorismo, según ha podido determinar la fiscalía. 

La fiscalía sostiene que Monteverde fue el encargado de llevar el dinero para Fuerza Popular en maletas a Jorge Barata.Luego de recibir el dinero, el exejecutivo declaró haberse reunido con Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, quienes han sido sindicados como los receptores de los aportes ilícitos y parte de la presunta red criminal que se habría formado en Fuerza 2011 para darles apariencia de legalidad. Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Yoshiyama Tanaka, ya se ha encargado de contar cómo se ‘pitufeó’ ese dinero a través de empresarios como Gianrcarlo Bertini o Erick Matto Monge.

A Gonzalo Monteverde, aparte, la fiscalía le imputa el delito de lavado de activos por recibir el dinero ilícito de Odebrecht en las cuentas de sus empresas. No solo habría recibido aportes para campañas políticas, sino también sobornos para funcionarios públicos. Construmaq recibía montos diversos de Odebrecht desde su constitución.

Información que completa la tesis fiscal

En su momento, Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, la ha defendido señalando que falsos aportantes “indicarían tan solo una acción de simulación”, pero no de lavado de activos. “Las declaraciones de supuestos aportantes y de Jorge Yoshiyama no corroboran el conocimiento de la señora Fujimori, elemento central para la configuración del tipo penal de lavado de activos. No se aportan mayores indicios de la participación directa de la señora Fujimori”, dijo durante las audiencias donde se evaluó el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori.

En conversación con Sudaca, sin embargo, el abogado penalista Rafael Chanjan explicó que detectar la ruta del dinero que aportó Odebrecht al fujimorismo “robustece y afianza la hipótesis de lavado de activos” que tiene el equipo especial. “Sirve para que la fiscalía pueda reafirmar que Odebrecht no quería que este dinero fuera contabilizado. Era un dinero que tenía origen espurio y para que no sea detectado se sigue esta ruta offshore, son prácticas recurrentes para lavar dinero. Sirve para reafirmar que querían darle apariencia de legalidad. Sí es posible hablar de un origen ilícito y de que las personas que recibieron hayan podido presumirlo”.

Chanjan sostuvo que existen indicios, a partir de estos documentos, que pueden indicar que se pudo conocer el origen ilícito del dinero. “Por ejemplo, cómo te lo entregan, no bancarizado, luego lo pitufeas y lo diluyes en cócteles, son indicios que pueden llegar a indicar que podrías haber presumido el origen ilícito”, señaló.

En tanto, el exprocurador Antonio Maldonado consideró que la información revisada por Sudaca permite corroboraciones cruciales para la hipotesis de los fiscales. “Odebrecht convierte, transfiere el dinero de otra persona, la persona asume que el dinero iba para ella, y luego ese dinero es transferido al entorno cercano de Keiko Fujimori, con lo que se configuran los actos de ocultamiento y tenencia”.

El letrado explicó que los delitos de lavado de activos son siempre dolosos; es decir, aquellos actos que son cometidos a sabiendas de que van en contra de la ley. Dijo que Keiko Fujimori, por su nivel de formación, debía por lo menos presumir el origen del dinero.

“En base a esta información habría suficientes elementos de convicción, indicios que deberían ser constituidos como medios de prueba, y que deben ser sometidos a juicio. Son comportamientos que demuestran infiltración del dinero proveniente de actividades criminales, la entrega y el acto de recibir. Por lo menos el corazón del lavado de activos estaría ahí para ser desarrollado con los otros elementos que se tienen”, indicó. En el caso de Keiko Fujimori y su entorno, el equipo especial se acerca cada vez más a los momentos decisivos del proceso.

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