Ha causado un terremoto el conocimiento de parte del testimonio de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, hoy aspirante a colaborador eficaz.

Lo dicho por Villanueva obliga a abrir varias líneas de investigación, algunas de las cuales ya tomó entre manos la Junta Nacional de Justicia, pero a la vez torna imperativo tomar con pinzas lo dicho por alguien que claramente habla en busca de librarse de una pena efectiva de prisión (sin que sorprenda, porque ya ha pasado antes, que actúe inducido por fiscales sin probidad). Todo lo que un aspirante a colaborador eficaz diga, para que adquiera valor penal, debe ser plenamente corroborado o al menos existir indicios razonables de veracidad.

La sociedad democrática debe reaccionar frente a los excesos fiscales, cometidos con fruición, dadas sus sobredimensionadas atribuciones. Allanamientos, prisiones preventivas y demás medidas, sin que haya una condena final o acreditación suficiente de pruebas (solo en base a dichos de aspirantes a colaboradores eficaces), no pueden ser tolerados en un sistema de justicia probo y, valga la redundancia, justo.

Quien escribe ha sido víctima de un claro abuso fiscal. Luego de una denuncia periodística cabalmente sustentada, se ordenó mi seguimiento y videovigilancia, con la complacencia de varios fiscales, y aún hoy está en proceso de apelación con la clara intención de perpetuar el despropósito. Y, claro está, ni los órganos de control internos ni la JNJ se han pronunciado al respecto.

Más allá de hechos puntuales como los relatados, resulta concluyente que se requiere una refundación del Ministerio Público que pase por un acotamiento de sus atribuciones. El esquema vigente ha fracasado, conduce a investigaciones interminables, decisiones abusivas, sentimientos de soberbia impunidad por parte de los fiscales, acusaciones fallidas, casos con tipos penales inventados y, lo que es más grave, politización de sus acciones. Y todo ello, en medio de una guerra civil infraterna, de dos bandos que se disputan el control de la institución. El Ministerio Público está profundamente deteriorado y su vigencia institucional no da para más.

-La del estribo: dos buenos libros sobre la mesa. Páginas del fin del mundo, del escritor limeño Johann Page, una sorpresa propicia, y La crisis del capitalismo democrático, de Martín Wolf, jefe de Economía del Financial Times, libro de tremenda vigencia global y local.

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Jaime Villanueva, Ministerio público

No es posible que estemos ad portas de ver en funciones el mejor aeropuerto de la región y que su puesta en marcha vaya mal acompañada de una empresa calamitosa como es Córpac.

No tiene siquiera capacidad de controlar un mafioso sindicato de controladores aéreos, que ya ocasionó una tragedia mortal y que, aprovechándose de su capacidad monopólica de presión (lo que no sucedería si la empresa fuera privatizada), se permite la osadía de retrasar centenares de vuelos a su antojo y capricho, porque exigía las gollerías de las horas extras que se les había retirado justamente por ser antitécnicas y propicias para la ocurrencia de desastres como el último, ocurrido el 18 de noviembre del 2022.

El gobierno debe entender que las concesiones privadas, cuando son bien reguladas y supervisadas, han probado inmensa mayor eficacia que los monopolios u oligopolios estatales. El Perú tiene sobrada experiencia en ello. Las empresas públicas siempre funcionan mal y cuando, eventualmente, aparentan arrojar utilidades, no lo hacen en la medida que podría hacerlo una empresa privada en cuanto a buena provisión de servicios de calidad.

A través del Centro de Instrucción de Aviación Civil, que administra Córpac, se restringe, con malabares y trucos sindicales, el ingreso de más controladores, y con ello se aseguran poner de rodillas a las autoridades en sus reclamos.

Corremos el riesgo de ser degradados a nivel internacional como país de destino y de partida de vuelos hacia los Estados Unidos, con lo cual de poco o nada habrá servido construir tremendo aeropuerto.

Hoy por hoy, la Dirección General de Aeronaútica Civil no controla nada. Córpac y el sindicato de controladores aéreos hacen lo que les viene en gana. Y todo ello, en abierto perjuicio de los usuarios de la aviación comercial en el país.

Es imperativo que se culmine con la privatización de empresas públicas como Petroperú, Sedapal, Córpac y algunas otras que constituyen lastres en sus respectivos mercados. Ninguna de esas empresas cumple siquiera con el criterio de ser “estratégicas”. Lo estratégico es que funcionen bien y eso pasa porque dejen de ser empresas públicas, onerosas, ineficientes y teñidas de corrupción.

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Corpac, Privatización

Ha hecho bien el gobierno en designar a Alfredo Ferrero como embajador en Washington. Es un profesional altamente preparado, que conoce los entresijos norteamericanos a cabalidad y que ha sido, además, agente operativo de la concreción de los tratados de libre comercio firmados con los Estados Unidos durante el gobierno de Toledo.

Su nombramiento es clave, además, en momentos en que los países de la región se hallan en medio de una guerra comercial entre los Estados Unidos y China, y al Perú le conviene mantener incólumes las buenas relaciones con la potencia norteamericana, que ya ha expresado su preocupación por la creciente presencia oriental en nuestro país.

Ni bien se hizo público su nombramiento saltó, para variar, la aplanadora de medios izquierdistas queriendo desmerecer su designación haciendo eco de una injusta investigación que sobrelleva por el caso Lava Jato, y que, analizada objetivamente, es un disparate mayúsculo.

A Ferrero se le investiga por haber sido parte del directorio de Proinversión, en su calidad de ministro de Industria y Comercio Exterior, cuando se produjo la concesión de la Interoceánica Norte, cuando el proceso administrativo es responsabilidad del comité de infraestructura, el mismo que, además, estuvo conformado por profesionales probos, como Alberto Pasco Font, también investigado.

El Consejo Directivo, como es usual en la administración pública, actúa bajo las consideraciones del principio de confianza, y en este caso, en particular, la corrupción ocurrida fue en la firma de las adendas, ya cuando Ferrero no era ni siquiera ministro.

Se ha destacado, con horror mediático, que el susodicho tiene propiedades embargadas por 27 millones de soles, cifra que, claro, llama la atención y genera inmediatas sospechas respecto de probable patrimonio mal habido. Es un horror contable el que le permite a la Fiscalía inflar hasta por ocho veces los montos de valores inmobiliarios de modo de “asegurar” el eventual monto de reparación que se le impondría de hallarlo culpable.

La realidad es que hablamos de 21 propiedades, pero de las cuales 10 son estacionamientos y depósitos, seis son terrenos y uno es un palco en el estadio Monumental. Pero eso no se tiene en cuenta, la prensa suelta, con escándalo, la cantidad de propiedades y alienta el ensuciamiento de la imagen pública del afectado.

Nos detenemos en el caso de Alfredo Ferrero, porque es de actualidad y ejemplifica el manejo torpe y abusivo con el que la Fiscalía maneja la mayoría de investigaciones del caso Lava Jato, disponiendo procesos de larguísima duración, ni siquiera en fase acusatoria, tiempo en el cual la honra y buena imagen de los imputados es afectada y que nadie les va a devolver una vez que salgan inocentes, como, estamos seguros, va a ocurrir en la mayoría de casos.

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alfredo ferrero, Lavajato

El régimen de Dina Boluarte, incapaz de resolver los dos más graves problemas que afrontamos: inseguridad ciudadana y crisis económica, va a dejar como herencia un estado de ánimo ciudadano proclive a fórmulas que prometan patear el tablero.

La mayor pobreza que dejará el paupérrimocrecimiento que se estima para este año -y queseguramente será igual en los próximos- más la sensación de desesperación que produce la inseguridad y la consecuente búsqueda de caudillos autoritarios -a lo Bukele, harán que el peruano de a pie se acerque a las urnas el 2026 con el mismo ánimo disidente que lo condujo a votar por Castillo el 2021, producto de la terrible pandemia que nos asoló, en gran medida, por culpa del taimado Vizcarra.

Ya hay un espíritu antiestablishment presente en el ánimo popular. Lo revelan, a su manera, diversas encuestas. A la rabia producto de la pobreza imprevista o la victimización cotidiana, se le suman factores sociopolíticos como la ruptura irreductible del sur andino o el desprestigio profundo de la clase política identificada con el statu quo, básicamente asentada en el Congreso de la República. Tendría que ocurrir algo extraordinario para que el 2026 se produzca un voto normal, centrado.

Las encuestas de Ipsos y el IEP, que son las únicas que miden la identificación ideológica de la población, ratifican que, en ese sentido, la mayoría se sigue identificando con el centro, en segundo término, con la derecha y, rezagadamente, con la izquierda. Pero esa frágil identidad ideológica (no está arraigada en la ciudadanía y ello ya se vio el 2021 cuando un grueso número de votantes de López Aliaga en la primera vuelta lo hizo, en la segunda, por Castillo) será desbordada por el referido torrente antisistema que ya se detecta en los ánimos populares.

Si a ello le sumamos la infranqueable frivolidad política de la derecha y del centro, que van a presentar una veintena de candidatos, tugurizando el espectro y favoreciendo que con porcentajes bajos pasen a la segunda, eventualmente ya no solo uno sino dos candidatos disruptivos radicales, podríamos casi afirmar que la mesa se le está sirviendo en bandeja a los antisistema. Ojalá ocurra algo extraordinario de acá al 2026 para evitar que nos hundamos en un hoyo más profundo que el que cavó el inefable y corrupto régimen de Pedro Castillo.

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Bukele, Dina Boluarte, Pedro Castillo

Traumado, al parecer, por la desmedida reacción represiva de diciembre del 2022 y enero del 2023, que sigue sin convocar actos de justicia y reparación, el gobierno ha decidido ahora convertirse en un organismo sin esqueleto, un amasijo blandengue, flexible hasta la sumisión frente a cualquier acto que implique tomar decisiones fuertes.

En la interna, le queda claro al MEF que lo de Petroperú no tiene arreglo, pero el titular de Energía y Minas presiona, y como parece tener un poder prestado que ejerce dominio sobre la presidenta y el Premier, los lleva a contemporizar y decidir salvar a la empresa a como dé lugar, sin importar que ello le va a costar a todos los peruanos una fortuna. Y, por supuesto, el ministro Álex Contreras la deja pasar como si con él no fuera. Su amor por el fajín puede más que la dignidad de una renuncia.

Las mafias que medran del turismo a Machu Picchu organizaron una turbamulta oponiéndose a un sistema digital de venta de las entradas al santuario, lo que claramente suponía una mejor experiencia para el turista, pero le arruinaba el negocio ilícito a un grupete de delincuentes. De la mano con la izquierda trasnochada que tenemos en el país, que acusaba, idiotamente, la “privatización” de las centenarias ruinas (a ver si la prensa deja de lado la muletilla infundada de llamarlas “milenarias”, que tienen apenas cinco siglos y pico), el gobierno terminó por ceder, anulando el contrato firmado, aplicando un sistema estatal de ventas y dejándoles una cuota o, mejor dicho, un cupo de mil entradas a los mafiosos.

Como está impedida de hacer huelga, la mafia de los controladores aéreos, un sindicato de 16 personas, decidió sabotear los vuelos de todo el país durante un par de días reclamando que les vuelvan a conceder las horas extras que les permitían sueldos exorbitantes y que les fueran cortadas luego de que Sudaca revelara que se dedicaban a dormir en plena torre de control. Lejos de romper la mafia, contratando más controladores y abriendo la competencia laboral, qué hizo el gobierno. Pues cedió, vuelven las horas extras y problema aparentemente resuelto hasta que vuelva a haber otro accidente fatal, fruto de un statu quo perverso y antitécnico.

En resumen, ya no tenemos gobierno. A su parálisis reformista y su asombrosa incapacidad para atender los problemas de la crisis económica y la inseguridad ciudadana, ahora se suma la abdicación de las funciones mínimas de gobernar, como es sentar el principio de autoridad. No se entiende cómo, aparte de los congresistas que necesitan la permanencia de Boluarte para asegurar la suya propia, haya aún destacados miembros de la élite política y empresarial que crean que es mejor que el régimen dure hasta el 2026, sin exigencia alguna de por medio, en aras de una precaria estabilidad.

La del estribo: dos recomendaciones al desgaire. El libro De noche, bajo el puente de piedra, de Leo Perutz, una joya ambientada en la Praga del siglo XVI. Historia y literatura de la mano. Y la película Incendios, dirigida por Denis Villenueve, nominada al Oscar a mejor película extranjera el2010. La encuentran en Mubi y también, como La mujer que cantaba, en Amazon Prime. Si no tienen alguna de las plataformas mencionadas, pues a su proveedor favorito. Un drama terrible y sobrecogedor.

El 2015, El Salvador se convirtió en el país con la mayor tasa de homicidios del mundo (106.3 homicidios por cada cien mil habitantes por año) y esa tasa se redujo hasta 7.8 el 2022. Pero la misma comienza a descender el 2016, ya el 2018 se había reducido a 53.1 y la tendencia declinante continuó hasta mediados del 2019. Bukele recién llega al poder en junio de ese año.

En cuanto a la tasa de homicidios, el 2022 hubo cuando menos cuatro países con mejores resultados: Surinam, Paraguay, Nicaragua y Chile, y probablemente Argentina, pero no fue medida. En cuanto a la victimización, El Salvador no tiene la tasa más baja, es más, ha subido durante el gobierno de Bukele, de 8.9% a 11.3% el 2022.

Los cultores de la pena de muerte la ensalzan como la panacea de la lucha contra la delincuencia, en la lógica de aplicar castigos más severos. No es verdad que funcione. En Canadá, el 2023, 27 años después de haberse abolido, la tasa de homicidios se había reducido en 44%. El 2004, en los Estados Unidos, la tasa de homicidios en los estados con pena de muerte era de 5.71 por cada cien mil habitantes, mientras que en los estados que no la tenían o la habían abolido, era de 4.02. El Salvador, por cierto, no la aplica. En 1945 solo ocho países habían abolido la pena de muerte. En el 2014 eran 140. Durante ese periodo, la tasa global de homicidios se redujo.

En El Salvador se aplicó una política de mano dura entre el 2003 y el 2004, a cargo del presidente Elías Antonio Saca. Como no fue suficiente, entre el 2004 y el 2009 aplicó una política de “super mano dura”. Se aplicaron sanciones más severas y se sacó a las fuerzas armadas a las calles. El 2015, El Salvador terminó con la mayor tasa de homicidios del mundo.

México también vio reducir su tasa de homicidios desde 1940, pero volvió a crecer cuando decidió emplear a las fuerzas armadas. El 2006, el presidente Felipe Calderón decidió emplearlas contra el narcotráfico. Entre el 2007 y el 2018 los homicidios crecieron de 8 a 30 por cada cien mil habitantes.

Lo mismo ocurrió en Ecuador. Guillermo Lasso declaró 17 estados de excepción que permiten el empleo de las FFAA. La tasa de homicidios creció de 7.7 el 2020 (el año previo a la llegada de Lasso al poder) a 14.02 el 2021, a 25.9 el 2022 y llegaría a 40 a fines del 2023.

Estas cifras y textos son todos tomados del reciente libro Contra la amenaza fantasma, de Farid Kahhat. Sería bueno que los candidatos de la “mano dura”, quienes proliferarán en la campaña venidera, lo lean con detenimiento.

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mano dura, pie derecho, tafur

La Policía Nacional del Perú la quiere emprender contra el caricaturista “Carlín”, Carlos Tovar Samanez, por publicar una viñeta en la que dejaba manifiesta la corrupción de la institución.

¿Cuál es el motivo de escándalo, si efectivamente la Policía Nacional es, desde hace tiempo, una de las entidades más corruptas del organigrama estatal? Casi a diario vemos noticias donde policías son detenidos o descubiertos cobrando coimas, participando en delitos varios o prestándose al accionar de mafias delictivas.

El tejido institucional que favorece el crecimiento de las organizaciones criminales incluye al INPE (las cárceles son oficinas del delito), el Ministerio Público y el Poder Judicial (donde los mafiosos son librados por fallos absolutorios o “errores procesales” que luego favorecen su impunidad), pero es la policía el principal eslabón de la cadena corrupta que propicia la ola delictiva que el país está sufriendo.

Hace muchos años, un exministro del Interior me contó cómo, el primer día que asumió el cargo, se le acercó el alto mando policial y le hizo entrega de un maletín con una enorme suma de dinero y le indicaron que era el monto correspondiente que le tocaba por su cargo (claramente era el precio de no tocar el statu quo). Mi informante rechazó la coima y desde allí solo sufrió boicots y trampas que pronto le costaron el puesto.

¿Quién de los que me lee y conduce un vehículo no ha recibido jamás una solicitud de dinero por parte de la policía de tránsito a cambio de no imponer una multa? Y ese es el delito al menudeo. Los delitos de corrupción mayores son los vinculados a las operaciones de las diversas mafias delictivas (narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, tráfico de terrenos, contrabando, extorsión, etc.), que sobreviven gracias a la colaboración policial.

Quien quiera combatir el delito creciente en el Perú tiene que empezar por una purga de la costra corrupta de la policía. Hay buenos elementos y buenos mandos, que han sabido mantener la decencia en medio del pantano. En base a ellos, que se les conoce, se debe edificar la nueva policía. Sin ese paso, será imposible derrotar a la delincuencia y llama poderosamente la atención,por ello, que muchos de los impulsores de la mano dura, eviten hablar de ella cuando se trata de imponerla a una institución donde la corrupción ha hecho metástasis.

Se necesita una policía decente e ilustrada, que sea una institución democrática y moderna, que sepa aquilatar, por lo pronto, la Constitución y respetar, como derecho básico, la libertad de prensa.

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corrupción, policias, policias corruptos

Hemos señalado recientemente que una señal clara del gobierno en favor de la inversión privada sería que saque adelante los proyectos mineros de Conga y Tía María y que ello podría despertar de su letargo la confianza empresarial y la consecuente inversión.

No será necesario ir a mayores -como implicaría destrabar dos proyectos con enorme carga de conflictividad social-; bastaría con que el Ejecutivo coordine con el Congreso y logre la privatización de ese monstruo burocrático, que se roba los dineros de todos los peruanos, que es Petroperú.

Fitch le acaba de rebajar la calificación crediticia en consonancia con su quiebra fáctica. Apoyo Consultoría ha emitido un informe en el que sugiere cinco medidas concretas: 1.- Regresar temporalmente la empresa al Fonafe para designar al nuevo directorio, eliminar la interferencia política y mejorar el gobierno corporativo. 2.- Condicionar nuevas facilidades financieras, tanto garantías como reprogramación de deudas; 3.- Transparentar el Plan de Restructuración realizado por la consultora Arthur D. Little; 4.- No otorgar la operación de nuevos lotes petroleros a Petroperú, en particular el lote X; y 5.- Acelerar la incorporación de capital privado a Petroperú y evaluar su transferencia completa al sector privado.

A contramarcha de ello, el presidente del directorio de Petroperú dice que la empresa no tiene que divulgar su plan estratégico (plan de reestructuración), cuando es una obligación de cualquier gobierno corporativo de una empresa que cotiza en bolsa. Petrobrás y Ecopetrol lo tienen a libre disponibilidad en su página web, no hay ni que pedir el favor que lo compartan. ¿Qué se esconde?

Peor: Petroperú promete bajar el precio del combustible si el Estado se allana a sus irracionales pedidos de salvataje. Es pura demagogia. ¿Cómo lo va a hacer, si solo tiene ventas mayoristas -un 30% del mercado- y no maneja sus grifos, quienes solo alquilan el logo?

Es una desgracia que Fujimori, embelesado con su intento de re-reelección, haya abandonado el proceso de privatización de las empresas públicas que empezó la primera mitad de los 90 y que luego detuvo para evitar asperezas y lograr su cometido político. Por culpa de ello, tenemos que soportar la carga infame de Petroperú, Sedapal y Córpac, entre otras. Se anotaría un golazo el gobierno de Dina Boluarte si zanjara esa deuda histórica.

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Conga, Petroperú, Privatización, privatizar, sedapal

“El delincuente tiene que ser declarado como objetivo militar. Además, declarar la tenencia ilegal de armas como terrorismo delictivo. Tercero, los delitos como sicariato, secuestro, extorsión, declararlos como traición a la patria”.

“Leyes más duras, más drásticas (…) Yo sí estoy de acuerdo en que se aplique la pena capital aquí en el país, y si tenemos que salirnos del Pacto de San José, nos salimos pues”.

“La delincuencia criminal ha convertido en un baño de sangre el Perú y esta situación necesita medidas duras, mano dura. Por lo tanto, creo que tenemos que eliminar a aquellos sujetos, lacras que asesinan a peruanos inocentes (…) Que se aplique la pena capital a todos aquellos delincuentes en flagrancia”.

Son algunas de las frases lanzadas en la entrevista que le efectuara este fin de semana Perú21 a Carlos Álvarez, el potencial outsider de la derecha para los comicios del 2026 (de antemano, ya hemos señalado que tiene un potencial electoral muy superior al de sus competidores del mismo espectro ideológico).

Por ello mismo preocupa que Álvarez haga suyo el populismo punitivo, que a nada bueno conduce y no es el mecanismo adecuado para luchar contra el grave problema de inseguridad que el país vive.

Lo que se requiere, y es la llave mágica que muchos países han hallado para disminuir la tasa delincuencial (no es El Salvador, en ese sentido, el mejor ejemplo), es asegurar que el delito sea sancionado efectivamente. Ya existen penas duras en el Perú, pero los delincuentes saben que ni siquiera van a ser capturados o que, si lo son, lo más probable es que sean liberados o sancionados levemente.

Lo que se requiere es una profunda reorganización de la Policía Nacional, del Ministerio Público y del Poder Judicial, preñados de corrupción o intimidados por los criminales, y que, al disminuir la tasa de efectividad en la real sanción de los delincuentes, alientan su proliferación (hemos descendido 20 lugares en el ranking global de la corrupción que realiza Transparencia Internacional).

No hace falta ser autoritario para combatir a las mafias. Se necesita firmeza, eso sí, para combatir a aquellas que se han infiltrado en nuestras instituciones llamadas a combatir el delito. Y para ello no hace falta romper los cánones democráticos, ni construir un Estado policíaco, ni vulnerar el respeto estricto a los derechos humanos.

Siendo, como es, un líder popular, inteligente y bien articulado, Carlos Álvarez está a tiempo de estudiar mejor el tema y proponer soluciones que no constituyan un peligro democrático. Tenemos experiencia como país de que cuanto más indiscriminada fue la lucha antiterrorista, Sendero Luminoso creció y prosperó. Cuando se aplicó la inteligencia y la civilización, fue derrotado. Lo mismo debiera aplicarse a la lucha contra la lacra delincuencial que nos está sometiendo. No necesitamos un Bukele. La DBA no debe tener vela en el entierro de las bandas criminales que asolan el país.

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