Aumentar el número de fiscalías especializadas en derechos humanos para que tengan presencia en todo el país”.
Lo más importante de los informes que se han presentado no es tanto la denuncia de lo sucedido, más o menos reconocido por todos, sino la indolente reacción del gobierno, con afán de minimizar lo ocurrido y, por ende, sin ánimo alguno de realizar acciones de reparación y enmienda de los excesos cometidos. Se espera que esta vez no ocurra lo propio. La CIDH no es “una ONG”, como se refirió despectivamente la presidenta al informe de HRW.
Gran parte de la desaprobación ciudadana al gobierno de Dina Boluarte se debe a este hecho. Mientras ella no entienda que no puede pasar por agua tibia los informes dados a conocer y no actúe en consecuencia, los 56 muertos por obra de la represión abusiva, serán parte de una mochila de pasivos de la que el gobierno no podrá librarse con reacciones de soslayo pueril que no se veían desde los tiempos de Belaunde, quien arrojaba los informes de Amnistía Internacional al tacho de basura.
