Bajo la suposición de que el gobierne enmiende radicalmente la política represiva desplegada en los primeros días de la protesta, intensifique la búsqueda de diálogos con cuanto interlocutor surja, y haga pública una disculpa empática y sentida de la tragedia que se ha vivido, se va a necesitar un gesto político adicional.
No puede ser la liberación de Castillo (no corresponde ello al gobierno, además), no puede ser la Constituyente (despropósito mayúsculo que no tiene viabilidad constitucional), no puede ser el cierre del Congreso (¿se pide un nuevo golpe?), no debe ser la renuncia de Dina Boluarte (el escenario que se abriría si ello ocurriese sería aún peor), pero sí puede ser un mayor adelanto de las elecciones generales.
Especialistas señalan que sí es perfectamente posible hacerlas en diciembre de este año o, inclusive, en setiembre. Si se eliminan las primarias y se ajustan algunos otros plazos, es viable, y es razonable pensar que ello podría ser una carta de negociación con los indignados ciudadanos del país que protestan legítimamente (los azuzadores no van a entender razones y nada les será suficiente) y, además, serviría de potente desfogue de tensiones políticas.
El gobierno tendría que coordinar estrechamente con el Congreso y reconsiderar la votación que las aprobaba para abril del 2024, aprovechar esta legislatura y aprobar un plazo más corto que luego sea refrendado en la legislatura siguiente, la misma que, por cierto, debería adelantarse a febrero y no a marzo.
Si no se procede con inteligencia y voluntad de diálogo, el conflicto va a seguir escalando, se va a salir de control, se va a extender a otras regiones –hoy pacíficas- y vamos a ingresar a la espiral del caos que los grupos radicales violentistas justamente anhelan (castillistas, perulibristas, Fenate-Movadef, narcotraficantes, mineros ilegales, infiltrados bolivianos, etc.) y que generaría un vacío de poder de tal envergadura que un pedido marginal, como es hoy la Asamblea Constituyente, de repente termina siendo central en el escenario político. Hay que evitar, a toda costa, llegar a ese escenario antidemocrático.
Se espera, por supuesto, que el Congreso entienda la urgencia de los tiempos. El país se está incendiando y no puede operar dentro de una burbuja, pensando solo en su mayor permanencia en el cargo. La crisis debe ser resuelta y eso va a suponer desprendimiento de muchas partes, entre ellas del Legislativo.
