[INFORME] Luego de recibir más de treinta mil soles mediante el financiamiento público a los partidos políticos, el abogado de Vladimir Cerrón ha vuelto a acceder al dinero de los peruanos. En esta oportunidad, es el Congreso quien aprobó un pago por casi quince mil soles el pasado mes de agosto.
“Nunca digas de esta agua no beberé”, fueron las palabras con las que Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, le recriminó por estos días a la expremier Betssy Chávez por haber votado en contra de la renovación del Tribunal Constitucional que esta semana fue el encargado de devolverle su libertad.
Tiempo atrás, este tipo de posturas por parte del fundador del partido del lápiz podrían haber resultado difíciles de imaginar por mostrar una inesperada coincidencia con aquellos sectores de la política peruana, y especialmente del Congreso, con los que parecía tener diferencias irreconciliables.
Pero el paso de los meses y años desde aquella elección presidencial del 2021 parece haber desaparecido aquellas discrepancias y ha hermanado a quienes alguna vez supieron estar en polos opuestos. Sin embargo, el detrás de escena de esta unión no sería la búsqueda del entendimiento por el bien del país sino el aprovechamiento de los recursos disponibles.
EL ABOGADO FAVORITO DEL LÁPIZ
Hasta antes del año 2021, el nombre de José Enrique Llumpo Agapito estaba lejos del foco de la atención de la coyuntura política del Perú. Sin embargo, el destino de este abogado cambiaría radicalmente cuando se acercó a Vladimir Cerrón Rojas y la agrupación política Perú Libre.
Para el 2023, el abogado José Llumpo se convirtió en noticia en octubre de dicho año por su llamativa estrategia de interponer dos demandas de habeas corpus, en Lima y Huancayo, con el propósito de anular la sentencia de más de tres años de prisión que el prófugo líder del partido de lápiz se negaba a cumplir. Llumpo Agapito sostenía que había ocurrido una “vulneración de los derechos al debido proceso, de defensa y a la motivación de las resoluciones judiciales”.
Aunque este intento no dio resultado, esta no sería la última vez que el nombre de este abogado tendría notoriedad en los medios. Durante el año pasado, un informe periodístico del portal Epicentro alertó que en la rendición de cuentas de Perú Libre a la ONPE por el uso del financiamiento público a los partidos políticos se encontraron graves irregularidades que constituirían el mal uso de este dinero.
Entre la información que brindaba la propia ONPE sobre el detalle del uso del dinero público figuraba José Enrique Llumpo Agapito. Casulamente, el mismo que presentó el habeas corpus en favor del líder de este partido recibió diversos pagos que acumularon un total de treinta y tres mil soles por lo que fue explicado como un “servicio de asesoría legal”.
Tras el rebote mediático que tuvo esta información, el abogado de Vladimir Cerrón despareció de la escena pública. Pero esto cambiaría durante el pasado mes de agosto cuando Sudaca pudo encontrar que el nombre del letrado volvió a aparecer en una lista de órdenes de servicio que se paga con fondos del erario público.
En esta oportunidad fue el Congreso quien aprobó un importante pago a nombre de José Enrique Llumpo Agapito por lo que fue descrito como una asesoría y/o defensa legal. En esta oportunidad, el monto que recibió este abogado cercano a Perú Libre fue de casi quince mil soles.
Cabe señalar que este tipo de servicios, aunque son propuestos por el servidor público que solicita la asesoría o defensa legal, tiene que contar con la aprobación de la Mesa Directiva del Congreso, la cual está integrada por segundo periodo consecutivo por alguien que no sólo es un miembro de Perú Libre sino que es el propio hermano de Vladimir Cerrón.
ES UNA COSTUMBRE
Lo que ha ocurrido con este abogado cercano a Perú Libre no es una situación sin precedentes en el actual periodo parlamentario. En lo que parece ser una costumbre entre los actuales padres de la patria, otra agrupación política ha aprovechado la oportunidad para usar el dinero de los peruanos para contratar un servicio legal brindado por una persona a fin a su partido.
En abril del año pasado, el medio Infobae expuso que el congresista César Revilla Villanueva pidió que el Legislativo le otorgue más de cuarenta mil soles que terminarían siendo pagados al estudio Loza Avalos Abogados, el cual tiene a Giulliana Loza, la abogada de Keiko Fujimori, como socia y gerente general.
Aunque en el Congreso coexisten agrupaciones políticas que dicen defender ideales políticos radicalmente opuestos, casos como el del abogado de Vladimir Cerrón exponen que en el Legislativo no existen diferencias cuando se trata de dar la aprobación para que se utilice dinero del sector público.
