[INFORME] Pese a contar con una millonaria inversión de más de veinte millones de soles para mejorar la comunicación con la comisarías, una de las entidades adscritas al Ministerio del Interior cometió errores insólitos que ponen en riesgo el proyecto.
La sensación de inseguridad en el Perú parece estar en su momento más crítico y a diario se ven situaciones que respaldan este sentir de la mayoría de peruanos. Desde agrupaciones musicales populares hasta pequeños negocios de barrio han terminado expuestos a las bandas criminales y sus sanguinarias tácticas de venganza contra quienes no se someten a su poder.
En respuesta, algunos sectores de la política han respondido con estrategias como la pena de muerte y la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios. Sin embargo, pareciera no existir ninguna estrategia enfocada en prevenir y brindar una respuesta inmediata a esta problemática que se extiende por todo el territorio nacional.
Sudaca ha podido acceder a un revelador documento en el cual queda expuesta la improvisación con la que están manejando las autoridades responsables de contener esta crisis pese a contar con proyectos y recursos que podrían ser una herramienta esencial en este lamentable presente.
HAY RECURSOS
Aunque las noticias sobre la escalada violenta de los grupos criminales siguen siendo aterradoras, se podría decir que mucho más aterrador es el descuido y ausencia de estrategias por parte del sector responsable de la seguridad de los peruanos. En los últimos meses se han dado a conocer noticias, como la inexplicable demora en la adquisición de chalecos antibalas o el derrumbe del techo de una comisaría en Surquillo, que dejan al descubierto que los encargados de proteger a los peruanos atraviesan una situación de precariedad.
Es en este contexto que Sudaca ha podido acceder a documentos sobre un ambicioso proyecto de inversión que evidencia, una vez más, los malos manejos por parte de las autoridades encargadas. Para ello es preciso remontarse al año 2017 cuando se declaró viable un proyecto de inversión que tenía como objetivo el “mejoramiento de los servicios de prevención del delito en la población más vulnerable al crimen” y para el cual se destinaron cerca de doscientos millones de soles que salieron de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Como parte de este proyecto de inversión se había previsto la instalación de antenas repetidoras que respondían al objetivo denominado “Implementación de los Sistemas de Comunicación entre las Juntas Vecinales y la Comisaría”. Con este objetivo, en mayo del 2022 se le solicitó a la Policía Nacional del Perú que indique dónde sería pertinente que se instalen estas antenas.
El siguiente capítulo de este proyecto tuvo lugar en noviembre del año pasado cuando se le solicitó al especialista del Banco Interamericano de Desarrollo que otorgue la no objeción a los documentos correspondientes al proceso de licitación. La Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú justificó este pedido alegando que habían mantenido las especificaciones técnicas anteriormente aprobada por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Días después, la licitación pública fue convocada y se obtuvo un proveedor que recibiría más de veinte millones de soles por la adquisición de estos aparatos tecnológicos que facilitarían la comunicación entre las juntas vecinales y las cuarenta comisarías que se verían beneficiadas con este proyecto.
IMPROVISACIÓN Y DESINTERÉS
Sin embargo, el pasado mes de septiembre, la Contraloría detectó una serie de alarmantes problemas que perjudican la finalidad de este proyecto. Acorde al documento revisado por Sudaca, en el plan de trabajo para la instalación de estas antenas repetidoras no se encontraron estudios del terreno donde se iban a instalar ni la información pertinente para la estructura de la torre. Como se observa en la siguiente imagen, la ausencia de esta información era “insuficiente para ejecutar la infraestructura”.
El estudio de mecánica de suelos que no fue incluido no sólo representaba una infracción al Reglamento Nacional de Edificaciones sino que impedía que las antenas que se iban a instalar estén preparadas para afrontar un sismo.
Entre los puntos que señala la Contraloría el más alarmante es el que se puede apreciar en la siguiente imagen. Esta inversión de varios millones de soles podría convertirse fácilmente en un desperdicio de recursos debido a que la ausencia de los estudios necesarios “no permitían garantizar la permanencia y estabilidad de la infraestructura”.
No obstante, este no ha sido el único problema que se detectó. En el documento que revisó este medio también se hace mención a un grave descuido al momento de elegir las ubicaciones en las que se colocarían estas torres de comunicaciones que están representando una inversión muy costosa.
Pese a que este proyecto ha involucrado un millonario préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y sólo cuarenta comisarías se podrían ver beneficiadas, en la lista que se entregó se incluyeron once de estos establecimientos policiales en los cuales era innecesario que se instalen estas antenas repetidoras debido a que ya contaban con las facilidades necesarias para este tipo de comunicación.
Además se identificaron otros casos con los cuales se acumula un total de veintitrés ubicaciones de las antenas repetidoras que presentaban problemas. En otras palabras, más de la mitad de las antenas que se iban a instalar podían terminar siendo una inversión mal utilizada.
Mientras la situación del país continúa en un estado crítico, los funcionarios a cargo de optimizar los recursos para brindarle seguridad a los peruanos parecen determinados a desperdiciar las oportunidades para revertir esta situación. Paradójicamente, al mismo tiempo se dan a conocer casos escandalosos sobre el máximo aprovechamiento de recursos para adquirir lujosas camionetas para los altos mandos de la Policía Nacional del Perú.
