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Luego dice que a sus hijos no los han incluido e inclusive hace una referencia desafortunada contra el señor Succar, diciendo que ellos son “harina de otro costal”, o sea minimizando el hecho, cuando está claro que en documento enviado por el Country Club de Villa a Alexander Succar dice: “y esta sanción alcanza a su cónyuge y a sus hijos”. Así está escrito, en negro sobre blanco. Yo pregunto por qué un dicho de una médica que no tiene cómo acreditarse puede tener más valor que lo dicho por Succar, quien, dicho sea de paso fue quien se quejó, y Passalacqua lo admite en la carta notarial que le envía a mi cliente.

Ahora qué cosa es rescatable de la carta notarial que le envía Price Passlacqua a Alexander Succar, que existen los videos y los testigos. Puntualmente eso que el señor Succar solicitó desde el primer momento que le iniciaron un proceso disciplinario, además, el señor Succar solicitó una cita presencial, que no se la dieron ni le contestaron. Si tenían todas estas pruebas por qué no se las alcanzaron al señor Succar, ni siquiera respondieron, o sea el Comité continuó con el proceso.

En la carta a título personal que le envía el señor Passalacqua, tampoco adjunta imágenes que efectivamente corroboren lo dicho. Pero acá el hecho fundamental es que al señor Succar se le han conculcado sus derechos constitucionales a un debido proceso, porque han violentado el proceso disciplinario, Price le da 10 días a Succar para presentar sus pruebas y sus alegatos, pero resuelven antes que culmine el plazo, a pesar que se les había solicitado los audios y los videos para poder contestar de forma debida, y eso va en contra de dos derechos constitucionales fundamentales que es al debido proceso administrativo que en este caso ha sido violado y a la efectiva defensa. Cómo alguien se puede defender si no tiene toda la documentación para poder rebatir esas acusaciones, eso es elemental en cualquier proceso administrativo, civil o penal. Eso, además de estar protegido en la Constitución, está normado en el Código Procesal Civil y en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Por tal razón, es evidente que Succar tiene temor de entrar al club porque él no se va a prestar para que le abran un tercer proceso disciplinario que significaría que lo separen definitivamente del club.

Doctora Olazábal, usted es la persona que mejor conoce el drama vivido por señor Alexander Succar en Club de Villa, entonces díganos ¿por qué el señor no obtiene justicia?

Las demandas hechas en el juzgado de Chorrillos han sido rechazadas, ni siquiera se ha podido empezar el juicio, el de la denuncia penal por difamación y calumnia, de plano se declaró improcedente; sin embargo, cuando alguien declara improcedente una denuncia penal como esa, lo que está haciendo es no poder entrar al fondo del asunto porque si la declara improcedente es porque él considera que no reúne los requisitos y que es una presentación cuyo rechazo tiene que ser flagrantemente realizado, entonces no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto porque no ha habido juicio o sea no ha habido pruebas que se han actuado ni nada.

¿Por qué se rechazan las demandas?

Para mí o es una ignorancia de los jueces tanto de primera instancia como la de segunda instancia o tendría yo que ponerme a pensar sobre alguna mano negra que está habiendo por ahí y que no se puede demostrar. Porque los jueces tienen autonomía, lo que ellos dicen es ley en su terreno y por eso uno tiene que recurrir al superior, pero en este caso como lo han declarado ya en el superior han confirmado la de primera instancia ya no podemos ir a la vía casatoria, porque han modificado la casación y entonces ahora para que los jueces supremos trabajen cada vez menos ya no suben a la Corte Suprema muchos procesos y se quedan ahí.

Hace un montón de años, por lo menos dos generaciones atrás, el cantante Roberto Carlos sorprendió a sus seguidores con la canción ‘Cóncavo y convexo’, una suerte de simplificación del concepto asiático del Ying y el Yang, los opuestos eternos: la feminidad versus la masculinidad, la pasividad contra la actividad, la tierra, la oscuridad y la absorción frente al cielo, la luz y la penetración. Y en el fondo, la lucha permanente de la bondad contra la maldad. Por eso, tal como reseñáramos hace una semana la lucha solitaria de Alexander Succar contra los socios más caracterizados del Country Club de Villa, sus comités de vigilancia y de castigo y los jueces que nunca le dieron la oportunidad de conocer los expedientes de su caso, nosotros acudimos a escucharlos a él y a su abogada y a la parte contraria. Como el abuso se robustece cuando no hay árbitros disponibles, los “dueños del club” llegaron al colmo de sostener que habíamos apelado a la barra brava del club de fútbol más importante del país para lanzarla contra ellos. Por tales consideraciones, le pedimos a usted, apreciado lector, que sopese todas las versiones, para que usted y solo usted llegue a las mejores conclusiones.

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Alexander Succar, Chorrillos, Country Club de Villa

Desde las representaciones de los asentamientos humanos y del mismo comité de Lomas de Carabayllo unieron esfuerzos para ser escuchados. El último 14 de marzo, el Ministerio del Ambiente accedió para dialogar sobre la problemática del PAMA de Innova Ambiental. Los dirigentes mostraron su preocupación, ya que el 12 de enero del 2022 se presentó un recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral N° 01096-2021-MINAM. Dicho documento rechazaba el PAMA que Innova Ambiental inicialmente había presentado a mesa de partes del ministerio. La respuesta del MINAM a la reconsideración fue declarar FUNDADO el recurso de reconsideración y ADMITIR la solicitud de evaluación del PAMA. Esta decisión sólo alargaría las funciones de Innova dentro del relleno sanitario.

Resolución que aprueba el recurso de reconsideración del PAMA de Innova Ambiental.

Lo más importante de este proceso, era que si el MINAM rechazaba el PAMA de Innova Ambiental; entonces, debían de cerrar definitivamente, sin necesidad de una resolución municipal. Finalmente, la Municipalidad de Lima se anticipó y puso fin a la problemática del Relleno Sanitario “El Zapallal” con el cambio de zonificación. Justamente por la mañana, después de la publicación de la resolución por el diario oficial “El Peruano”, las diferentes representaciones han mostrado su algarabía y sentido triunfalista por este tema.

Ahora, los vecinos de Lomas de Carabayllo esperan un pronunciamiento por parte del MINAM rechazando el PAMA que, en definitiva, deberían declarar nulas por el proceso que ha iniciado la MUNILIMA.

Hoy por hoy, los vecinos de Lomas de Carabayllo pueden sentirse más tranquilos por el apoyo que han tenido con esta resolución municipal. Los dirigentes han saludado que se haya podido hacer públicas sus demandas por las irregularidades de Innova Ambiental

Desde que Sudaca tomo atención del presente caso, se ha dado un estricto seguimiento al accionar de las autoridades con respecto al actuar de Innova Ambiental. No solamente por este redactor, sino también, por nuestros compañeros Jaime Riofrío con “Las autoridades juegan al pimpón: inoperancia ante Innova Ambiental y Nicolás Cisneros con Muñoz prolongó la concesión con Innova Ambiental”. Sus colaboraciones en las presentes investigaciones presentadas en este portal han servido para alzar la voz de los vecinos de Lomas de Carabayllo que hoy por hoy pueden ver una luz de esperanza.

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Innova ambiental, Lomas de Carabayllo, Municipalidad de Lima, PAMA

“Ese tipo de acciones e intervenciones son inservibles porque la prostitución no es un delito en Perú. De nada sirve que las detengan, solo sirve para las cámaras que un alcalde exponga a menores de edad y las redes sociales del Municipio, pero no para resolver el problema de fondo”, aclaró Gianna Camacho.

Azucena Rodríguez envió un documento al alcalde para que se disculpara por los actos cometidos a sus compañeras, pero la respuesta no fue la esperada. “Nos dijo que no le importaban las trabajadoras sexuales, lo único que quería era que no estén en las calles donde hicieron su operativo porque hay mucho comercio y eso molesta a los vecinos”, detalló la representante.

Ante estos hechos, Walter Ávila, jefe del Programa de Personas Privadas de Libertad, la Seguridad Ciudadana y la Seguridad de la Defensoría del Pueblo declaró a este portal que la situación del trabajo sexual debe verse en la agenda de las políticas públicas del Estado con un enfoque multisectorial. “No solo se trata de un problema de inseguridad, hay un trasfondo que debe ser atendido por el Estado”, acotó el funcionario.

Asimismo, informó que se hicieron requerimientos formales a la Policía para investigar los recientes asesinatos a trabajadores sexuales y las denuncias de las intervenciones policiales sin motivo justificado. “Estamos a la espera de la respuesta de las Comisarías acusadas”, apuntó Ávila.

Azucena Rodríguez afirma que los abusos de los que son víctimas sus compañeras se deben a que no hay una ley que las respalde. “El trabajo sexual no es ilegal en Perú, sabemos que no podemos irnos presas y no hay penas por ejercer el meretricio. Pero como no hay ley todavía hay abuso de autoridad y de los mismos vecinos”, señaló la líder sindical.

El último esfuerzo por una ley en favor de las trabajadoras sexuales sucedió en 2019, Indira Huilca y Marisa Glava presentaron el proyecto de ley luego del consenso con diversas representantes de las meretrices, pero el expresidente Martín Vizcarra cerró el Congreso y todo el esfuerzo volvió a foja cero.

“No hemos podido volver a presentarlo porque los ministros son cambiados constantemente y el contexto político es inestable. El Estado nos ha dado la espalda, cuando estábamos en cuarentena no nos ayudaron nunca. Tuvimos que trabajar por nuestra cuenta”, concluyó Rodríguez del Corzo.

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Perú, Trabajadoras sexuales

¿Por qué renunció?

La presión política y unos partes de OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado), porque he sido director del área de gestión social en una ONG pero estos tres años en los que trabajé fue ad honorem y las labores tenían que ser en instituciones que sean remuneradas. Además, empezó a estallar la violencia y se hizo inviable.

¿Recibió presiones internas en Sedacusco para presentar su renuncia?

De todo tipo. También externa. Lo que era algo simple pasó a ser un sitio mirado. Lo mediático manda. Si sale un especial en un programa dominical como Panorama tiene un efecto mediático.

Cuando se refiere a presiones externas, ¿también incluye amenazas?

Mi familia y yo hemos sido amenazados. Son las consecuencias.

¿Esta presión está afectando su vida laboral?

Hay una persecución. Entonces aparece que me han creado un puesto. Si trabajo en un municipio, van a decir que el alcalde ha acordado con alguien del gobierno y por eso me han dado ese trabajo. Ningún alcalde quiere verse atacado mediáticamente.

¿Le han manifestado que es por esa razón que no lo contratan?

He conversado con alcaldes sobre la posibilidad de trabajar con ellos y me han manifestado que es por cuestiones mediáticas.

Algunos familiares de Dina Boluarte han pensado solicitarle a los medios que se rectifiquen por señalarlos como personas beneficiadas, ¿usted planea hacer lo mismo?

Iba a mandar una carta notarial. Pero la gente en el Cusco sabe quién soy y que me debo a mi profesión y mis esfuerzos. Han armado un escándalo como si me hubieran dado un viceministerio o una jefatura nacional. Es un sueldo normal de un trabajador en el Cusco. Es el sueldo normal en cualquier institución. ¿Dónde me he salido de la regla?

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Cusco, Dina Boluarte, sedacusco

FALTA DE DIÁLOGO

Otro de los trabajadores del Ministerio de Educación que ha resultado cuestionado por sus antecedentes es Luis Alfonso Tafur Gonzáles, quien actualmente se viene desempeñando en la Oficina de Diálogo. Sin embargo, no sólo ha recibido duros cuestionamientos en el pasado sino que ha tenido reacciones que distan mucho de una actitud dialogante.

En enero del 2019, Tafur Gonzáles se encontraba designado como administrador de la Universidad Nacional de Jaén. Sin embargo, este puesto le llevó a recibir críticas debido a que, como señalan medios de la zona, la comisión que lo había puesto en este lugar despertaba desconfianza y Edwin Guido Boza Condorena, titular de dicha comisión, era acusado de realizar designaciones con el objetivo de aferrarse al cargo además de ser amigo personal de Luis Tafur.

Ante este panorama, los medios locales fueron al encuentro de Tafur Gonzáles, quien no dudó en mostrar una actitud agresiva contra el periodista que había acudido a las instalaciones de dicha casa de estudios para obtener sus descargos e incluso llegó a acusarlo de ser un sicario político.

Aunque en las últimas semanas se ha visto al ministro Óscar Becerra realizar duras críticas al uso que se le ha dado al presupuesto del Ministerio de Educación en los años recientes, les designaciones que lo vinculan nuevamente con la cuestionada gestión aprista y los perfiles agresivos de algunos trabajadores dejan serios cuestionamientos al cambio que pretende liderar Becerra Tresierra. Sudaca intentó comunicarse con el Minedu, pero hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta.

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Ayala Melgarejo debía realizar un informe técnico para conocer a cuántas familias les correspondía la canasta básica. También tenía que proponer qué iba a contener cada canasta y el costo de estas. De acuerdo al informe de la Contraloría, la funcionaria no contaba con la cantidad de personas que debían acceder a este producto e improvisó un número de beneficiarios con estudios del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y de la aplicación InfoMIDIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

La actual gerente de Desarrollo Social de Lima concluyó que el número de beneficiarios serían 9739 familias, a pesar de que el cálculo improvisado que realizó carecía de criterio técnico y objetivo, pues estos datos no revelaban realmente la cantidad de familias que debían recibir la canasta básica. En consecuencia, la Municipalidad de Independencia gastó  S/ 275.711 de sus propios recursos, además de los S/ 500.000 que el gobierno entregó específicamente para la compra de canastas. Curiosamente, de los 9739 supuestos beneficiarios, la gerencia a cargo de Isabel Ayala solo empadronó a 3127.

 

Según detalla el informe de la Contraloría, las actas donde debían registrarse los datos de los 3127 beneficiarios evidencian que el proceso se habría hecho de forma irregular: en 156 actas, el ente rector encontró firmas que no provienen del puño del titular y huellas dactilares que no corresponden a los ciudadanos que recibieron las canastas. Otras actas cuentan con DNI de personas fallecidas, ciudadanos que residen fuera del Perú o en una jurisdicción distinta a la de Independencia, que ya habían recibido canastas de parte de otros municipios. Asimismo, se detectó la  entrega de 19 canastas a funcionarios de distintas entidades públicas a los que no les correspondía porque percibían ingresos mayores a S/ 1408.

Sumado a esto, la investigación fiscal halló que las cuatro empresas que participaron en el concurso público para ofrecer las canastas básicas familiares tenían relación, pues sus representantes eran familiares. Además, el fiscal a cargo detalló en la investigación que el 30 de marzo de 2020, el padre del dueño de la empresa Corporación Peruana Arrocera Atencio S.A.C., que ganó la buena pro, depositó 11 mil soles en la cuenta bancaria de la entonces gerente de Desarrollo Humano y Social de Independencia.

Este portal pudo constatar que Isabel Ayala fue señalada como presunta responsable penal y administrativa en otros tres informes de la Contraloría. El primero, cuando fue regidora distrital del Rímac, entre 2018 y 2019, y entregó un terreno de 870 metros cuadrados de la comuna a favor de una empresa privada, a pesar de que no se especificó la finalidad social del contrato. El segundo, cuando ocupaba el cargo de gerente de Desarrollo Humano y Social y subgerente de Programas Alimentarios, y adjudicó la buena pro a una empresa pese a  que incumplieron los requisitos de las bases.

Isabel Ayala fue señalada como presunta responsable penal y administrativa en cuatro informes de la Contraloría. Fuente: Contraloría de la República

Sudaca intentó comunicarse con Isabel Ayala para recoger sus descargos sobre las investigaciones de la Contraloría y la Fiscalía, pero hasta el cierre de este informe no obtuvo respuesta alguna.

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Para contrastar los dichos del señor Succar y tener los testimonios de todas las partes, llamamos al Gerente General del Country Club de Villa. Luego de llamar infructuosamente durante toda la mañana de jueves la señora Breaga Gervacio Rojas, Asistente Ejecutiva de la Gerencia General del Country Club de Villa, me dijo:

“No sé qué caso es ese ni tengo la menor idea. Le pregunte si el señor Succar era socio del Club y me respondió: Sí, el señor Succar es socio, pero qué es lo qué ha pasado, no tenemos ninguna noticia formal acá en el Club”.

Como no podía conseguir formalmente la respuesta del club, decidí localizar al gerente general para que él me dijera cuál era la situación general del socio Alexander Succar Hampton, y este, Sandro Pezo Lanfranco me dijo vía telefónica:

“El club tiene un estatuto en primer lugar y luego tiene una serie de procedimientos para tratar este tipo de casos con sus asociados, ese un tema interno del Club y el tema se ha tratado siguiendo los procedimientos internos establecidos en el estatuto y en función a ello se han tomado las decisiones que se han tomado, y yo no estoy en capacidad de darle ninguna información porque es un tema interno.

No le podría decir en qué parte del estatuto está la prohibición, porque ese caso pasa por un comité de disciplina que es totalmente independiente y autónomo, dentro de la directiva del Club; entonces, los miembros de ese comité son los que hacen esa evaluación. Y como le digo es un tema interno del Club y nosotros no tenemos por qué dar información a terceros”.

El señor Alexander Succar luego de ser suspendido por 30 días, el 26 de marzo de 2022, recibe dos meses después un comunicado informándole que el club había iniciado otro proceso disciplinario contra él por dar un código falso. Y el 9 de junio le comunican la suspensión por 60 días.

Recién el 15 de julio Succar demanda al agente de seguridad, demanda que es resuelta como improcedente por el juzgado el 2 de setiembre.

Denuncia contra el agente de seguridad del Country Club de Villa.

El 7 de setiembre de 2022 se apela la sentencia en primera instancia del 2 de setiembre. El 21 de noviembre de 2022 se vuelve a declarar improcedente en segunda instancia la demanda del 7 de setiembre.

El 8 de noviembre Succar denuncia ante el juzgado de Chorrillos a todo el Comité Disciplinario del club. El 2 de febrero de 2023 el Juez declara improcedente la denuncia contra el Comité.

Finalmente, el 8 de febrero de 2023 se ingresa la apelación para la denuncia que se declaró improcedente el 2 de febrero de 2023 y siguen en espera.

En este caso de abuso evidentísimo, parece que Goliat se impondrá definitivamente a David.

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Alexander Succar, Chorrillos, Country Club de Villa

Otro de los protagonistas es Pedro Grández Castro el esposo de la Fiscal Fanny Quispe, abogado y dueño de Palestra Editores, quien no solo edita los libros de Víctor Cubas, quien fue la voz pública de la denuncia de las llamadas telefónicas de Patricia Benavides con Antonio Camayo, sino que se los remunera jugosamente, además, de tener una relación comercial y personal de más de 30 años. Pedro Grández el 26 de febrero del 2023 publica en sus redes sociales (facebook), Dos días antes de que la Junta Nacional de Justicia anunciara su decisión de investigar a la Fiscal de la Nación, un mensaje premonitorio de lo que le iba a ocurrir a Patricia Benavides trayendo a colación un artículo periodístico de más de 20 años atrás del diario la República en el que se afirmaba que se designa a Fiscal sin concurso, escribiendo en su post “hay quienes hacen toda una vida en los intersticios de la ley”. Aparentemente, no había una razón de peso para que se haga arqueología periodística y se consiguiera un artículo impreso que nadie recuerda. Grández desentierra de los archivos periodísticos un artículo que no tenía sentido actualizar. Era la camita de lo que sabía iba ocurrir con la decisión de la JNJ de abrir investigación a Patricia Benavides.

Para que se identifique y mida el peso de Pedro Grández en esta trama contra la Fiscal de la Nación debe tomarse en cuenta que trabaja en la Junta Nacional de Justicia. Así lo refirió SUDACA en el artículo “ZORAIDA ÁVALOS: EL EJEMPLO PERFECTO DE IMPUNIDAD” del 2 de noviembre del 2022 en el que se señalaba: “Uno de los hechos más extraños que ha ocurrido en la Junta Nacional de Justicia es que hace algunos meses contrató como uno de los encargados de evaluar el examen del caso en los concursos de nombramiento para jueces y fiscales del Perú al abogado Pedro Grández Castro, esposo de la fiscal Fanny Quispe Farfán. Pedro Grández es uno de los encargados de la evaluación de conocimientos que la Junta Nacional de Justicia realizó, por ejemplo, en la CONVOCATORIA 003-2021-SN/JNJ para el CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES/JUEZAS SUPREMOS(AS) – ACCESO ABIERTO”.

También se dijo “lo que resulta particularmente relevante y que denota un aparente conflicto de intereses que no ha sido declarado a la Junta Nacional de Justicia es que el abogado formal y debidamente apersonado de Zoraida Ávalos Rivera es el abogado Pedro Grández Castro quien defendió a la exfiscal de la Nación en un procedimiento que se llevó a cabo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en la décimo octava sesión extraordinaria del lunes 1 de agosto del 2022, por la denuncia que presentó en su contra el exfiscal supremo Luis Arce Córdova. Pedro Grández asistió a la audiencia y se identificó con su número de colegiatura del Colegio de Abogados de Lima número 29019. Incluso, personas cercanas al sistema de Justicia y al Ministerio Público han señalado a Sudaca que Pedro Grández viene asesorando a la exfiscal de la Nación en acciones legales que se están presentando en contra de la Junta Nacional de Justicia por el proceso de ratificación que ha sido convocada Zoraida Ávalos para el día 3 de noviembre del 2022”.

 

Todos juegan para Zoraida Ávalos

Los protagonistas de esta historia tienen un denominador común: han tenido o tienen una relación con la Fiscal Zoraida Ávalos, quien los designó en cargos de confianza (Cabrera Zegovia, Cubas Villanueva), les dotó de mayor poder (Quispe Farfán) o se desempeñan como su abogado defensor (Grández Castro).

Se recuerda que la JNJ actuó con guantes de senda contra la Fiscal Zoraida Ávalos a quien la ratificó en el cargo de Fiscal Suprema pasando por alto el hecho de que el 2013 accedió a ese cargo presentado cinco certificados falsos al Consejo Nacional de la Magistratura. En el artículo titulado “ZORAIDA ÁVALOS: EL EJEMPLO PERFECTO DE IMPUNIDAD” dijimos “los cinco certificados bamba (falsos) que había utilizado Zoraida Ávalos en el 2013 para pasar raspando la etapa de la evaluación curricular dispuesta por el Consejo Nacional de la Magistratura en el concurso de nombramiento para Fiscal Supremo. El puntaje obtenido por la postulante Ávalos Rivera en la fase curricular fue de 67.50 puntos sobre un mínimo de 66 como nota aprobatoria y la puntuación asignada a los 05 certificados falsos expedidos por el Instituto Librejur fue de 02 puntos; de tal forma que sin la calificación de los documentos bamba solo hubiera logrado una puntuación de 65.50 y le hubiera faltado 0.50 para alcanzar la nota mínima aprobatoria, es decir, sin la valoración positiva, milagrosa, providencial y matemáticamente exacta  de los cinco certificados falsos no hubiera logrado aprobar la etapa de la evaluación curricular del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura y hubiera dejado automáticamente el concurso para ser nombrada como fiscal suprema, ya que se trataba de fases eliminatorias si es que no se obtenía un puntaje mínimo”.

Es llamativo que la JNJ que califica y considera los criterios morales y éticos de los magistrados (Jueces y fiscales) de manera muy alta, tanto para designarlos, destituirlos o ratificarlos en el cargo haya pasado por alto hechos tan graves como los cometidos por la exfiscal de la Nación y en su entrevista de ratificación ni siquiera le haya formulado una sola pregunta al respecto, haciendo gala de una inexplicable impunidad y fijando un nefasto precedente del sistema de Justicia. El mensaje que se deja a los magistrados del Perú es siniestro: se puede acceder a lo más alto de la función pública y, concretamente, del Ministerio Público con la presentación de certificados falsos sin ninguna consecuencia y sin que la JNJ haga algo al respecto.

Si se quiere establecer el tamaño del escándalo, vean el video de su proceso de ratificación cuya votación fue ratificar a Ávalos Rivera por unanimidad como Fiscal Suprema.

https://www.youtube.com/watch?v=ApCeGuDV4BA

Sin embargo, la prueba de que la JNJ trata con un doble rasero a los fiscales supremos es que a la actual Fiscal de la Nación se le abre investigación por tener comunicaciones con Antonio Camayo, que el 2018 era considerado un empresario emergente; pero no hace lo mismo con Zoraida Ávalos pese a tener llamadas con César Hinostroza Pariachi.

Muchos medios de comunicación han señalado que existe el “registro de una llamada saliente realizada por el entonces juez supremo César Hinostroza Pariachi al teléfono institucional (asignado oficialmente por la Fiscalía) de Zoraida Avalos, el día 4 de febrero de 2016, a las 22:12 horas”.

 

Se ve la paja y las llamadas en el otro, pero no las llamadas telefónicas de un miembro de la JNJ

Uno de los temas más graves de la investigación que se le abrió a la Fiscal de la Nación por parte de la JNJ es que se olvida que uno de los miembros natos de dicha institución tiene no una, sino varias llamadas con varios de los presuntos miembros de la Organización Criminal de los Cuellos Blancos del Puerto, lo cual fue reflejado también en un Informe de la Diviac.

En efecto, en el Informe N° 02-2020-DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC de fecha 7 de enero del 2020, la Diviac le informa al fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón del registro de llamadas del celular de María Zavala Valladares N° 985570544 con las personas involucradas en la red de corrupción de los Cuellos Blancos y los resultados son sorprendentes.

María Zavala Valladares de su celular N° 985570544 registra siete llamadas con Cesar Hinostroza supuesto líder de dicha Organización Criminal, entre los años 2015 a 2018; también registra cuatro llamadas con Iván Noguera Ramos el año 2017, cuenta con tres llamadas telefónicas el año 2018 con Daniel Peyrano Sánchez y una llamada el año 2018 con Luis Arce Córdova.

Pese a la existencia del Informe N° 02-2020-DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC que aquí publicamos como primicia no hubo problema para que la Comisión especial encargada de nombrar a los miembros de la JNJ haya designado sin algún rubor a María Zavala Valladares como parte de los siete miembros del pleno de esta institución del Estado. Quizás la única explicación es que se haya considerado que los registros de las llamadas entre dos personas poseen un valor inocuo, irrelevante y neutral desde el punto de vista del derecho.

Pese a que el contenido del Informe N° 02-2020-DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC registra varias comunicaciones con más de una persona involucrada en el caso los Cuellos Blancos, en el caso del Informe N° 317-2020-DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC que comprende las supuestas llamadas de la Fiscal de la Nación solo hay comunicaciones con una persona en un periodo reducido de tiempo: dos meses.

¿Por qué la JNJ monta un escándalo de abrir investigación a la Fiscal de la Nación por tener llamadas telefónicas con terceros, sin que exista audios o conversaciones grabadas, y no investiga o manda investigar a quien forma parte del pleno? Se presentan los mismos hechos, o hechos más graves, pero se tiene un distinto rasero. Así es la justicia de nuestro querido Perú.

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