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Freddy Mamani Laura tiene 46 años y ha sido el máximo dirigente de los maestros rurales de Bolivia hasta el 2019, año en el que postuló al Congreso y fue elegido diputado por el partido oficialista de izquierda Movimiento Al Socialismo (MAS), que preside Evo Morales. En diálogo telefónico con Sudaca, cuenta que conoce al profesor Pedro Castillo Terrones desde el año 2015. En el 2018 también participó junto al hoy puntero en las encuestas en un evento organizado en La Paz por el representante del Movadef en ese país, el peruano Álex Chamán.

 

Cuando era maestro rural y enseñaba en los colegios del altiplano de La Paz, visitó nuestro país en seis ocasiones. En Puno y en Lima, ha participado en protestas y conversatorios con los maestros peruanos explicando el “proceso revolucionario” que se ha vivido en su país desde la llegada al poder de Evo Morales (2006-2019) y cuya línea continúa hoy con el presidente masista Luis Arce. La Asamblea Constituyente para la Nueva Constitución del 2006, la nueva Ley de Educación, la nacionalización de los hidrocarburos, la “recuperación” de las empresas estratégicas son algunas de las políticas que resalta. Mamani señala que estos son temas en los que Morales puede “aconsejar” a Castillo en esta segunda vuelta electoral.

 

En una reciente entrevista, difundida en la radio Kawsachun Coca de Bolivia, el expresidente Evo Morales señaló que una semana antes de las elecciones tuvo una comunicación telefónica con el profesor Pedro Castillo. El exmandatario señala que ese contacto telefónico se produjo a través suyo. ¿Usted viene a ser, en la actualidad, una especie de enlace en las comunicaciones entre Castillo y Evo?

Bueno, nosotros estamos en permanente comunicación entre nuestro hermano líder Evo Morales y se puede comprender en ese sentido. Nosotros no solo tenemos contacto con el hermano Pedro Castillo, sino con varios dirigentes de Latinoamérica, de todos los maestros. Todos coincidimos en que somos de izquierda y revolucionarios. Por eso tuve que comentarle a nuestro hermano líder Evo Morales que en Perú se había gestado la participación [en las elecciones presidenciales] de un maestro y que, realmente, es un fenómeno en su país. Conociendo toda su historia, nuestro hermano Evo Morales, inmediatamente, tuvo que lanzar [su saludo en redes sociales] y tomar contacto para poder felicitarlo.

Permítame insistir entonces: ¿usted viene a ser como un enlace, en la actualidad, entre el profesor Pedro Castillo y el expresidente Evo Morales?

Por supuesto que sí, por supuesto, ¿no?, porque los maestros tenemos un contacto a nivel de Latinoamérica, inclusive a nivel mundial con los maestros de otros continentes. Estamos en contacto permanente.

¿Estas comunicaciones empezaron después del ‘I Encuentro de Maestros Latinoamericanos de La Paz’ realizado en mayo de 2018 [este evento fue inaugurado por el expresidente Evo Morales]?

Sí, en La Paz, ha sido el primer encuentro que tienen. Por eso hay una imagen en la que está el hermano Evo Morales y el hermano Pedro Castillo. Ahora, el hermano Evo Morales no tenía conocimiento de que se iba a lanzar [Pedro Castillo] como presidente. Pero, cuando le indiqué lo que estaba pasando, a partir de eso, tomó mucho interés y se tomó contacto. 



El pasado domingo 18, el expresidente boliviano en su programa «Evo es pueblo, líder de los humildes», en la radio Kausachum Coca, aseguró que el profesor Freddy Mamani es el «enlace» con el profesor Pedro Castillo. En entrevista con Sudaca, el actual Presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia también lo confirmó (ver minuto 14).

 

¿Usted tiene comunicación fluida con el profesor Castillo?

Nosotros tenemos una comunicación permanente, cuando podemos. Por Whatsapp es el único medio por el que podemos comunicarnos. Bueno, y no solamente con Pedro Castillo, sino con varios líderes del equipo que tiene él, con varios dirigentes. Somos un gran equipo de maestros que se ha armado.

Hay un grupo de WhatsApp entonces.

Sí, tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos un grupo de maestros intercontinentales. Pero, con el hermano Pedro Castillo, por el momento, está muy difícil comunicarnos porque tenemos conocimiento que se está movilizado por todo su territorio y sabemos que no hay una buena señal [de internet y telefonía] en algunos lugares; pero sí [hay comunicación] mediante otros líderes que tenemos en el magisterio [de Perú]. 

En esa misma entrevista en Kawsachun Coca, el expresidente Evo Morales se dirige a Pedro Castillo y le pregunta: “¿en qué le podemos apoyar?”. ¿Cuál sería la ayuda o el apoyo que le podría dar el MAS al profesor Castillo en esta segunda vuelta y si ya se está dando?

Básicamente, nuestro apoyo y el apoyo de nuestro hermano Evo Morales va a ser en temas más programáticos. Eso es lo que sí va a tener y va a hacer nuestro hermano Evo desde la experiencia que tuvo como Presidente del Estado (2006-2019).  

¿Se podría decir que el apoyo va a ser a través de una asesoría?

No como asesor, sino como alguien que pueda transmitir experiencia. Todos los expresidentes siempre pasan a ese espacio de ser los que transmiten la experiencia, los que aconsejen; no los que asesoran.

¿A través suyo, usted sería el enlace?

Sí, por supuesto que sí. Nosotros estamos en permanente contacto [con el profesor Castillo] a través de varios dirigentes de Bolivia. No solamente yo. 

 

¿Cuáles serían esos consejos de Evo Morales al profesor Castillo?, ¿podría ser sobre la ley de educación de Bolivia, la realización de la Asamblea Constituyente, la nacionalización de los hidrocarburos [son las principales reformas que ha realizado el exmandatario boliviano desde que ha sido Jefe de Estado]?

Bueno, nosotros hemos implementado varias políticas, no solamente sociales sino económicas. Y hemos visto que se generó como una necesidad en Perú. Son algunas propuestas que hemos estado escuchando [de Castillo] que han coincidido bastante con nosotros. Seguramente, habrá algunos otros consejos que deban tener cuidado con algunas determinaciones que puedan pasar; es decir, algunas propuestas no van a poder ser posibles y no se tienen que lanzar. Nosotros nos caracterizamos por ser muy serios: si algunas propuestas no van a poder ser cumplidas, es mejor no hacerlo. Entonces, eso básicamente va a ir trabajando nuestro hermano Evo. 

¿También le aconsejará sobre su experiencia de ganar una elección?

Por supuesto que sí: cómo organizarse con los movimientos sociales, cómo trabajar toda esa experiencia siempre es importante y nuestro hermano Evo ha estado coadyuvando permanentemente [a Luis Arce cuando fue candidato presidencial por el MAS, en el 2019] desde Argentina, cuando estuvo exiliado. Desde allá, siempre hacíamos los contactos para que pueda rápidamente organizarnos.

¿Para usted, estos consejos no deberían tomarse como una intromisión en Perú?

Absolutamente. Nosotros no actuamos como el “imperio” [se refiere a Estados Unidos]. El “imperio”, más bien, impone políticas totalmente determinadas en un modelo de gobierno del capitalismo y en su base fundamental de la privatización de todas las empresas, de todos los recursos naturales. Nosotros no nos entrometemos como los organismos internacionales, como la OEA que ha sido parte intelectual y material del golpe de Estado en Bolivia [en el 2019, cuando Evo Morales tuvo que renunciar a la Presidencia]. Nosotros no hacemos eso. Lo que hacemos, más bien, es mandar consejos, propuestas que puedan servir a los países vecinos de toda Latinoamérica para consolidar sus grandes transformaciones.

Descarta, entonces, que podría haber un apoyo económico a Castillo.

Absolutamente. Cuánto nos gustaría de verdad, ¿no? Inclusive, como maestros de la clase social, del proletariado que somos, nos gustaría apoyar económicamente. Sabemos cuánto se gasta en una campaña política, pero no lo podemos hacer porque estamos impedidos. En Bolivia estamos levantándonos del desastre económico que nos ha dejado el gobierno golpista [de Jeanine Añez]. 

Paralelamente a ese encuentro de mayo del 2018 al que hacíamos referencia al inicio, que fue organizado por el Ministerio de Educación de Bolivia, hubo otro evento: un foro organizado por el profesor Álex Chamán, representante del Movadef en Bolivia y exconvicto acusado de pertenecer a Sendero Luminoso. ¿Qué nos puede decir al respecto?

[El profesor Álex Chamán] es un líder desde espacios más académicos. Tiene mucha relación con las dos universidades más grandes de Bolivia. Estamos hablando de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Universidad Pública de El Alto (UPEA) [Chamán es profesor en esos dos centros universitarios].  Tengo conocimiento que también tiene mucho contacto con algunas instituciones del exterior. Ha sido parte también de esos encuentros que se han ido generando para poder reflexionar con gente joven de las universidades.

¿Cuál es su opinión de que el profesor Chamán sea representante del Movadef en Bolivia, una organización que reivindica a Abimael Guzmán y a Sendero Luminoso?

No conozco muy bien. No conozco mucho el accionar mismo del profesor Chamán. He estado trabajando más en la formación de líderes que en la formación académica… No tengo ningún conocimiento sobre el caso.

 



En mayo del año pasado, el profesor y presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Freddy Mamani, tuvo un encuentro virtual -a través de Zoom- con el representante del Movadef en el vecino país, el profesor peruano Álex Chamán. Se trató de un conversatorio sobre educación y política.

 

¿Respeta la posición política del profesor Álex Chamán?

Por supuesto que sí. Seguramente la debe tener, como la tienen todos, como usted mismo la tiene. Entonces, respetamos. Nosotros, vivimos en un país democrático. Alguna vez, hemos coincidido en algunas actividades, pero después no hemos tenido un contacto muy seguido con él.

 

(*) Fotocomposición: Leyla López

Imágenes: Andina, difusión y EFE

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Evo Morales, Pedro Castillo, Perú Libre

A diferencia del 2016, uno de los hitos de Keiko Fujimori para esta nueva campaña electoral ha sido la reconciliación con su padre, el exdictador Alberto Fujimori. De hecho, hace una semana la candidata reconoció que recibe consejos de este y, a inicios de abril, señaló que lo iba a indultar “si es que se me da la confianza” 

Sin embargo, el expresidente aún tiene millonarias deudas con el país. De acuerdo a información oficial de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción que obtuvo Sudaca, Alberto Fujimori no ha pagado las reparaciones civiles por tres procesos penales en los que fue condenado.

 

Casos

El primer caso corresponde a un proceso por peculado doloso y falsedad genérica en los que quedó demostrado que Fujimori se apropió ilegalmente de S/52,5 millones junto a su exasesor Vladimiro Montesinos y los exministros Carlos Boloña Behr, Carlos Bergamino Cruz y Guillermo Salas Guevara Schultz.

Por estos hechos, Fujimori fue condenado en julio de 2009 a 7 años y 6 meses de pena privativa de la libertad y la inhabilitación por 2 años y 10 meses para ejercer cualquier cargo público. En aquella oportunidad se le fijó una reparación civil de S/3 millones que debían pagar entre todos sus cómplices. A la fecha, sólo se han saldado S/876.618.

Teniendo en cuenta los intereses generados desde la condena, la Procuraduría le atribuye a Fujimori una deuda de S/5.142.824,98.

El segundo caso corresponde a un proceso de peculado doloso, cohecho activo e interferencia o escucha telefónica. La condena está relacionada con el control de medios de comunicación, como fue la adquisición de canal 10 y la compra de la línea editorial del diario Expreso, con el objetivo de alcanzar la fraudulenta reelección del 2000.

Asimismo, junto con Montesinos, los ministros de Defensa, del Interior y el jefe del SIN, ejecutaron el ‘Plan Emilio’, que consistía en interceptar las comunicaciones de periodistas, políticos y demás personajes incómodos al régimen.

En setiembre de 2009, Fujimori fue condenado por este caso a 6 años de pena privativa de la libertad efectiva y se le fijó una reparación civil de S/.24.060.216. Hasta el 2017, por el incumplimiento en el pago, la deuda creció a S/45.859.447,47.

Además, se resolvió que Fujimori pague S/107.000 a cada uno de los 28 agraviados (unos S/3 millones en total), entre los cuales figuran César Hildebrandt, Cecilia Valenzuela, Alberto Borea, Javier Pérez de Cuéllar y Javier Diez Canseco. En la documentación enviada por la Procuraduría no se precisa si se ha realizado el pago a estos personajes.

La tercera arruga que tiene Alberto Fujimori con el Estado tiene que ver con una condena por usurpación de funciones, por la cual se le impuso una reparación civil de S/400.000 y dos años de inhabilitación en cualquier cargo público. El caso está relacionado al teatro que armó el expresidente para, supuestamente, capturar a su asesor Vladimiro Montesinos. Para el “operativo” se llegó a suplantar al representante del Ministerio Público y se allanó la casa del “doc” sin orden judicial. Los intereses han hecho que la deuda se incremente a S/687.010,39.

En total, según el informe de la Procuraduría Anticorrupción, Fujimori tiene una deuda de S/51.689.282,84, incluyendo los intereses solicitados que representan casi la mitad (S/24.229.066,84) y que están pendientes de una pericia en la Vocalía Suprema de Instrucción del Poder Judicial desde el 2017.

Sin embargo, el exmandatario “no ha abonado ningún monto por concepto de reparación civil”, apunta el documento. La Procuraduría precisa que Fujimori no cuenta con ningún bien que amerite interponer alguna medida cautelar, aunque se ha enviado un oficio a la Universidad Agraria La Molina (UNALM), para embargar su pensión de excatedrático; y al Congreso, para verificar si es que cobra su pensión como expresidente.

La UNALM informó que, a partir de julio de 2017, se reactivó la pensión de cesantía a favor de Fujimori por S/1.589, pero de acuerdo al Código Procesal Civil dicho ingreso no se puede embargar. Por el lado del Congreso, la respuesta fue que “no existe disposición de reconocimiento de pensión a favor del señor Alberto Fujimori Fujimori, ni ha recibido solicitud al respecto”.

El autor de este artículo se contactó con el abogado del expresidente, César Nakazaki. Este señaló que, al sólo tener ingresos por pensión o regalías que puedan generar sus cuadros o algún libro, “las reparaciones civiles millonarias no se establecieron para ser pagadas, sino con el único propósito de alargar la carcelería». Evitó referirse así a los intereses generados durante estos años y si su patrocinado ha decidido pagar o no su deuda con el país.

Otros deudores

Por otro lado, del elenco corrupto que protagonizó el régimen de Fujimori, quien lidera el ranking de deudores es justamente su exasesor Vladimiro Montesinos con S/548,1 millones de los cuales sólo ha pagado S/10,7 millones.

Le sigue César Victorio Olivares, quien fue gerente general de la Caja de Pensiones Militar Policial, con una deuda de S/340,6 millones, de los cuales apenas ha pagado S/10.000. A continuación, están José Francisco Crousillat Carreño y José Enrique Crousillat, quienes deben aún S/79,5 y S/77,1 millones respectivamente.

La lista la integran también los tristemente célebres hermanos Winter con un saldo por S/12,4 millones de soles; Víctor Joy Way, con S/9 millones; y el publicista Carlos Raffo, con S/2,3 millones de soles de saldo pendiente. Raffo ha sido relacionado por varios medios de comunicación como consejero de Keiko Fujimori en temas publicitarios para esta campaña.

La candidata Keiko Fujimori ha manifestado que su padre no será funcionario, pero que sí es motivo de orgullo contar con sus consejos. Quizá tendría más orgullo si es que el exmandatario decidiera cumplir con sus deudas.

Lista de deudores a marzo de 2021.
Lista de deudores a marzo de 2021.

 

Deuda de Alberto Fujimori con el Estado a 2021.

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Alberto Fujimori, Fuerza Popular, Keiko Fujimori, Vladimiro Montesinos

Alejandro Aguinaga Recuenco, médico de cabecera de Alberto Fujimori, exministro de Salud del expresidente y excongresista entre el 2006 y el 2016, ha sido elegido nuevamente parlamentario por la bancada de Fuerza Popular, el partido que quiere llevar al poder a Keiko Fujimori.

Aguinaga fue el más votado del fujimorismo en Lambayeque y el quinto en toda la región con 9,541 votos. Esto pese a que tiene abierto una investigación fiscal de la cual es notorio protagonista: las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el segundo mandato del condenado Alberto.

Por estos días el fiscal Pablo Espinoza viene sustentando su acusación contra Aguinaga, Alberto Fujimori y otros funcionarios como autores mediatos del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud por la muerte de cinco mujeres y por haber lesionado a más de 1.300 “en un contexto de grave violación de derechos humanos”, de acuerdo a la acusación que Sudaca pudo revisar.

Pese a que el caso tiene más de 20 años, recién hace poco se iniciaron las audiencias con el objetivo de que pase a una investigación judicial. Para Milton Campos, abogado de Demus que patrocina a algunas de las víctimas, la demora se debió a «una deficiente conducción y tratamiento por un sector de la fiscalía que irregularmente decidió archivar el caso en tres oportunidades”. Además, considera, esta pesquisa “tiene un elemento político indesligable».

La historia de las esterilizaciones empezó hacia el inicio del gobierno de Fujimori, cuando este anunció que 1991 sería “el año de la austeridad y la planificación familiar”. Al año siguiente, el gobierno decidió que el título se amplíe a toda la década.

A inicios de 1996, el entonces ministro de Salud Eduardo Yong aprobó, mediante una resolución ministerial, el ‘Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000’ donde se incluyó la gratuidad de métodos anticonceptivos e intervenciones quirúrgicas de esterilización. Aguinaga era entonces viceministro de esa cartera y hacia 1999, en lo peor del régimen, fue nombrado ministro.

Según la Defensoría del Pueblo, el método de la intervención quirúrgica (llamada Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria -AQV) fue priorizado por encima de los otros. Las cirugías debían ser voluntarias y solo necesitaban del consentimiento escrito de la usuaria.

Pero la acusación explica que el consentimiento, en realidad, se convirtió en imposición o chantaje en las zonas más pobres del país. Según recoge la fiscalía, a Lucinda Primo Matto, una de las víctimas, “en diversas oportunidades, el personal de salud le dijo que se ligue las trompas, a lo que ella se negaba, por lo que la amenazaron diciéndole que si no accedía al procedimiento la iban a multar”.

En el caso de Felipa Cusi Condor, personal de salud llegó a su casa en 1997 para decirle que debía someterse a la ligadura de trompas y, tras negarse, le indicaron que sus hijos no iban a poder estudiar.

De acuerdo a la misma documentación, a Vicentina Usca Ccopa, que acababa de dar a luz a su último hijo, se le dijo que debía ligarse las trompas y que, si no lo hacía, no le iban a dar los documentos de su recién nacido.

Otro caso que se reseña es el de Ernestina Canlla Cárdenas, que había dado a luz a sus anteriores hijos en casa. Canlla recibió la visita del personal de salud de la posta de su localidad. Como se había negado a pasar por el proceso en el establecimiento de salud, dicho personal le gritó y le dijo que debía ligarse las trompas “porque estaba pariendo como animal” y no tenía dinero para solventar a su familia. Además, se le amenazó diciéndole que, si no lo hacía, vendrían con la policía y no le reconocerían a sus hijos.

A 273.684 mujeres se les realizó esterilizaciones a través de cirugías entre los años 1996 y 2000, siendo 1997 el año con mayor incidencia, con 120.056 casos. A partir de 1998, las intervenciones fueron cada vez menores por investigaciones y denuncias por violación de los derechos humanos.

 

¿Cuál fue la justificación?

El gobierno de Fujimori, según recoge la acusación del fiscal Pablo Espinoza, identificó una relación negativa entre el crecimiento poblacional y el económico en 1991. Con esa base se elaboró el plan de 1996, principalmente en zonas rurales de la selva y sierra, donde las mujeres mantenían patrones reproductivos de hasta más del doble respecto a las zonas urbanas, de acuerdo al gobierno de turno.

Con ello, se buscó reducir el ritmo de crecimiento de la población a no más del 2% anual y se estableció que la tasa de fecundidad de mujeres en áreas de mayor pobreza no debía superar el nivel de tres hijos cada una.

Bajo ese marco, se empezaron a desarrollar campañas con el Minsa y el Instituto Peruano de Seguridad Social asistidas por USAID (la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional que luego se retiró tras alertar ilegalidades), el Fondo de Población de Naciones Unidas y otras ONG.

En el papel, el gobierno tenía como meta practicar el método quirúrgico a las parejas que tuvieran más de cuatro hijos. Pero en la práctica, se terminó por esterilizar a mujeres que, incluso, no tenían descendencia.

La Defensoría del Pueblo ha señalado que se esterilizaron a mujeres que eran analfabetas, que no se mostraron otras opciones anticonceptivas en muchos casos, que no se hallaron las autorizaciones y que se usaron escasamente los formularios de consentimiento.

Para cumplir con el objetivo en un corto plazo, se empezó a exigir cuotas a cambio de diversos incentivos a los establecimientos de salud, a la población y al personal médico.

Asimismo, surgieron denuncias de ofrecimientos de alimentos y ejecución de ligaduras a través de engaños, las cuales fueron reveladas por algunos médicos de aquel entonces. Esto se hacía, en gran parte, a través de festivales de salud en los cuales se daban incentivos a los líderes locales de los programas mediante alimentos y hasta viajes a un lugar del país, según la fiscalía.

Hacia el 2001, de acuerdo a información de 34 Direcciones de Salud de los diversos departamentos, se registraron 1.599 complicaciones por las intervenciones quirúrgicas. Esto debido a la mala calidad en la atención y a las mentadas (y nefastas) cuotas basadas en desempeño, según informó la misma USAID.

De hecho, se registraron cinco muertes, además de 1.316 personas con lesiones graves, según un informe del Minsa del 2003.

Alejandro Aguinaga, flamante parlamentario, es acusado por su participación como ministro de Salud entre abril de 1999 y noviembre del 2000. Además, al haber sido viceministro de Salud entre 1994 y 1999, ejecutó la política del sector y habría visitado centros de salud a nivel nacional para aplicar el “método de planificación permanente”.

Asimismo, como ministro, dio cuenta mensualmente al expresidente Fujimori sobre el avance de las metas a nivel nacional, así como los problemas en su desarrollo. Aguinaga, de acuerdo a la fiscalía, se reunía con los directores regionales de salud para dar énfasis a las anticoncepciones quirúrgicas y promover los festivales de la salud, “impartiendo directivas y órdenes” para “alcanzar el fin político de mayor crecimiento económico a través de la disminución de la pobreza mediante la reducción de la tasa de natalidad”.

Keiko Fujimori no se ha pronunciado por este caso relacionado a uno de sus congresistas y a su propio padre. Por el contrario, ha anunciado que de ser presidenta indultará a Alberto Fujimori.

Sí se pronunció respecto al caso VacunaGate, que también involucra a Aguinaga, pero justificando que lo hizo por ser ‘consultor’ en el ensayo clínico. «En lo personal, considero que haber solicitado la vacuna para su esposa me parece una gran falta de empatía y solidaridad con la población», matizó a mediados de marzo. Pero no hubo mayores consecuencias dentro de la tienda naranja.

Según la fiscalía, más de mil mujeres fueron despojadas de su elección de procrear, en la búsqueda de mejorar la economía del país, de manera forzosa y violando sus derechos humanos. Pasará algún tiempo más, sin embargo, para saber la fecha en que el juzgado de crimen organizado se manifieste a favor o en contra de que el caso pase de la fiscalía a la etapa de investigación judicial. Si fuese así, el plazo de esas pesquisas debe ser de ocho meses, con una posible ampliación de cuatro más. «Si mantenemos el ritmo de audiencias establecido inicialmente por el juez, en no menos de un mes se estaría decidiendo», dice el abogado Milton Campos.

 

Sudaca buscó al doctor Aguinaga, pero se limitó a dejar en visto los mensajes que solicitaban su versión.

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Elecciones 2021, Fuerza Popular, Keiko Fujimori

Las arremetidas de Rafael López Aliaga en Twitter, las rutinas diarias de Keiko Fujimori en videos de TikTok, los invasivos spots en YouTube de César Acuña, los espontáneos -o quizá no tanto- verolovers, y lo que las élites no vieron: la comunidad de grupos de apoyo a Pedro Castillo en Facebook. Las redes sociales se convirtieron en un puente para acercarse a la población en medio de la pandemia. Algunos partidos, como el Morado, llegaron a reclutar a uno que otro influencer para sus listas congresales, pero se convirtieron en clamorosos fracasos.

La conectividad en el Perú crece, pero sigue siendo realmente céntrica. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 66.6% de los hogares en Lima Metropolitana tiene acceso a internet. La otra cara de la moneda dice que, hasta finales del 2020, sólo el 9.9% en zonas rurales dispone de este servicio. Esto reduce claramente la posibilidad de que exista un Perú digital.

El reporte del año pasado publicado por “Perspectivas del Escenario Digital Latinoamericano” de Comscore, empresa de análisis de mercado, nos sitúa, sin embargo, en el mapa de las redes sociales más utilizadas en el país. YouTube y Facebook lideran la lista con 7.7 millones y 6.5 millones de usuarios, respectivamente. Twitter ocupa un magro quinto lugar con 2 millones.

Aun así, partidos políticos como Avanza País, Juntos Por el Perú y el Partido Morado incluyeron en su convocatoria a ciertos personajes con una presencia considerable en la red del pajarito azul.

Patricia Gamarra y Ursula Moscoso, por ejemplo, no lograron ingresar al Congreso. Ambas quedaron muy lejos de Susel Paredes, la más respaldada de los morados con casi 60.000 votos. Gamarra, psicóloga social e hija del ex congresista Ernesto Gamarra, es conocida en Twitter por sus críticas a la clase política. Con 137.900 seguidores, la psicóloga obtuvo apenas 7.030 votos, según los resultados de la ONPE al 99.9%. La fama virtual llamó la atención del Partido Morado, que la jaló a sus filas de cara a las elecciones parlamentarias. Pero no pudo trasladar todos sus retweets y likes a las urnas.

En el caso de Ursula Moscoso las cifras son más parejas. La administradora y militante del Partido Morado de 28 años obtuvo 17.976 votos cuando en Twitter tiene 27.400 seguidores. Mejor suerte corrió Sigrid Bazán, de Juntos por el Perú. La politóloga y exconductora de televisión fue la más votada de su partido con 34.673 votos. En Twitter tiene nada más y nada menos que 313.300 followers.

Otro caso de fracaso es el del economista Eugenio D’ Medina, quien se autodefine como un “liberal clásico” en su Twitter. Él postuló con el número 16 por el partido Avanza País, liderado por Hernando De Soto. Su constancia en esta red social le ha permitido tener más de 40.800 seguidores. Sin embargo, el economista obtuvo unos misérrimos 1.902 votos.

En contraste, Adriana Tudela y Alejandro Cavero, de la misma agrupación, sí lograron curules. De hecho, Tudela, que iba con el número 5, fue la más votada de Avanza País, con 35.962 votos, mucho más que sus seguidores en Twitter (21.500). El caso de Cavero es similar: 23.122 votos con sólo 13.000 seguidores en esta red social.

La situaciones dispares de todos estos candidatos sólo demuestran que no basta con la cantidad de seguidores en redes sociales, algo que quizá no advirtieron algunos partidos al invitar a ciertos personajes virtualmente populares. “Es un pésimo indicador [la cantidad de seguidores]. Tú tienes que usar un software especial para calcular cuántos seguidores están activos en la página. Esa es la verdadera cantidad. Dentro de la cantidad de seguidores, puede haber cuentas de empresas de las amigas, gente que sigue por seguir. Hay varias razones para ello”, afirma Alejandro Furman, gerente de Desarrollo de Negocios de Noticias Perú, empresa que se dedica al monitoreo periodístico.

Influencers
Los candidatos mencionados por Sudaca en este informe, sus seguidores y sus votos

 

¿Por qué algunos sí lo lograron y otros no? Mauricio Saravia, psicólogo social y gerente general de InTarget, cree que el Partido Morado no aprovechó bien a sus influencers. “Tuvieron un perfil muy bajo en los últimos meses. En la cuenta de Patricia Gamarra no hubo una explosión de mensajes. Si estás en las últimas semanas, tendrías que lanzar siete tweets al día, por lo menos. Fue una campaña de baja intensidad”, apunta. Y luego añade un breve análisis sobre este tipo de “jales”: “Incluyen influencers en temas políticos que nunca han hecho vocería de alguna organización. Una cosa no se traslada a la otra. Por eso lo importante no es ver quiénes tienen muchos seguidores, sino qué vas a transmitir en redes sociales”.

Para Saravia, Eugenio D’ Medina merece una salvedad. “Él tiene tal nivel de irracionalidad en sus comentarios de Twitter que nadie lo toma en serio. Es hasta divertido tenerlo ahí. Esa es mi sensación, que son estilos diferentes. Ser influencer en una red social como Twitter no te asegura nada y creo que tiene que ver con la naturaleza de esta red”, comenta. Saravia se refiere a la dinámica de funcionamiento de Twitter, una red social donde el debate a partir de mensajes cortos es fundamental.

La politóloga Dennise Rodríguez cree, por su parte, que el pasado televisivo de Bazán le sirvió de colchón y a Tudela la favoreció ser apadrinada por una figura masculina en política. “Es común que figuras femeninas comiencen con el camino allanado por la popularidad de una figura masculina. No hay que ir muy lejos, están Keiko Fujimori y Luciana León. En el caso de Adriana Tudela, es su padre (Francisco Tudela)”, explica.

¿Qué hace creer a algunos que las elecciones se juegan en redes sociales como Twitter? Furman encuentra una razón en su efecto atrapante. “Tienen el efecto de la burbuja de filtros. Están hechas para presentarte la información que te mantenga más tiempo enganchado. Te muestran lo que te interesa y lo filtran en función de tus seguidores e interacciones como comentar y dar ‘me gusta’. Entonces, tienes una tendencia intrínseca a interactuar con publicaciones con las que estás de acuerdo, por lo tanto, te vas creando una burbuja de conocimiento”, explica.

Así se entiende, por ejemplo, por qué muchas personas quedaron impactadas por el pase a segunda vuelta de Pedro Castillo. En Twitter su ascenso era invisible.

El principal respaldo del candidato de Perú Libre está en Facebook, la red social más usada en el país. Grupos como “Pedro Castillo Presidente de los pobres», “Todos con Pedro Castillo Presidente No más pobres en un país rico” y “Pedro Castillo en Segunda Vuelta Presidente” tienen más de 40.000 miembros activos que publican constantemente para brindar su apoyo al profesor cajamarquino.

Furman insiste en que cada red social es un ambiente diferente que los políticos aprovechan a medias. “Cada una es un río, pero dentro de ellas hay varias corrientes de agua, de opiniones. Tú tienes que trabajar tu estrategia de tal manera que tu mensaje llegue no solo a tu corriente de agua, donde tu mensaje va a calar más, si no también a las otras corrientes, porque sino únicamente estás predicando entre conversos y su efecto es marginal”, comenta.

Mauricio Saravia apunta que son los tres candidatos más votados quienes comprendieron mejor el potencial de estas herramientas. Keiko Fujimori con sus Tik Toks y mensajes calculados en cada red, López Aliaga con su campaña agresiva en estas plataformas y Pedro Castillo “a través de esa red de primer piso, de contacto y mensajería directa que imita más el contacto natural y social” vía grupos en Facebook y en WhatsApp.

¿Pronto veremos estrategias peruanas digitales exitosas que impacten en la opinión pública, como la de Donald Trump en Estados Unidos para el 2016 y durante su gobierno? Los tres especialistas consultados por Sudaca creen que sí, pero como recuerda la politóloga Dennise Rodríguez, los políticos no pueden olvidar que “el Perú no es Lima y tampoco Twitter”.

 

**La ilustración y fotoportada son de Leyla López. Créditos: Andina y Voto Informado.

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Juntos por el Perú, Partido morado, Redes sociales

Antes de ser gobernador regional, Vladimir Cerrón era conocido como “el médico del pueblo”. Estudió medicina en Cuba gracias a una beca y cuando regresó a su ciudad natal, a los 30 años, era considerado un prodigio de la neurocirugía. Incluso, algunas veces operó gratis a niños y jóvenes. “Conozco el caso de una señora que tenía un hijo que se había caído del segundo piso, se fracturó el cráneo y no podía moverse. [Cerrón lo operó] y ahora está muy bien. Él ingresa a su primer gobierno por eso, por lo humano y profesional que era”, cuenta David Eslado Vargas, actual consejero de la provincia de Jauja.

 

Cerrón era visto como un hombre humilde que ayudaba a los demás hasta que asumió por primera vez el cargo de máxima autoridad regional de Junín. En el período 2011-2014, la imagen del médico bueno y altruista que había construído se desmoronó rápidamente, debido a los cuestionamientos y a las irregularidades atribuidas a su gestión. “Yo creo que el lado humano ha sido un engaño, solo lo usó para llamar la atención”, dice el consejero regional de la provincia de Junín, José Miguel Álvarez.

Los críticos regionales de Cerrón aseguran que tiene un anhelo vehemente por ser presidente del Perú. Y probablemente hubiera postulado en estas elecciones si no fuera por una condena por corrupción en su contra del 2019, recientemente confirmada. Se inscribió, en cambio, como candidato a la vicepresidencia, pero como era previsible fue tachado también de esa posición por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, Perú Libre eligió al profesor Castillo como su delfín. Cerrón, no obstante, ya sabe lo que es usar una banda presidencial.

Cuando fue gobernador, en varios eventos públicos usaba una banda de color rojo y blanco, muy parecida a la de los presidentes de la República. Por protocolo, le correspondía ponerse una granate. Cuando fue increpado por la edición local del diario Correo, en el 2013, contestó: «Esta es una banda que usó Manuel Duarte, Vladimiro Huaroc, y yo la usaré hasta el último día de mi mandato. Simplemente cumplo con la tradición de los demás presidentes regionales».

El médico había llegado al poder con el Movimiento Político Regional Perú Libre, la agrupación que él mismo fundó el 2007 y que luego pasó a llamarse simplemente Perú Libre, ahora de alcance nacional. Las críticas y los choques con la prensa llegaron casi inmediatamente tras su toma de mando. Y las respuestas del gobernador y sus seguidores también.

Su relación con el periodismo llegó a tal punto que, según el exconsejero de Junín, Ginés Barrios, Cerrón rompía ejemplares de Correo, su más fiero opositor, durante las sesiones del consejo regional  “El señor sufre de un delirio de grandeza y le gusta el culto a la personalidad, […] lo que menos le gusta es que lo controlen”, cuenta, tras asegurar haber sido testigo presencial de aquellos arrebatos.

No ha quedado registro del exgobernador rompiendo papeles con noticias sobre él, pero sí de sus partidarios quemando los periódicos y luego haciendo una protesta frente a la sede de Correo. Pamela Yupanqui Cóndor, entonces decana del Colegio de Periodistas de Junín, recuerda que la arremetida empezó cuando el medio tildó de senderista al padre del gobernador, basado en un informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. No fueron suficientes las cartas notariales y la querella que entabló el entonces gobernador. “A raíz de eso, sus partidarios hicieron movilizaciones, quisieron tomar el diario”, cuenta Yupanqui.

Al asunto, sin embargo, no habría estado ajeno Vladimir. “Él mismo tenía como estrategia utilizar medios de comunicación que manejaba para azuzar a la población y decir que el periódico [Correo] era un panfleto”, apunta la periodista.

La rencilla entre Cerrón y Correo llegó a un punto crítico cuando el Consejo Regional de Junín, conformado en su mayoría por miembros de Perú Libre, aprobó “un pedido de censura” contra los medios de comunicación como respuesta a los cuestionamientos, específicamente los de ese diario. La moción fue presentada por el consejero Yauli Saúl Arcos Galván, quien increpó las informaciones que se habían publicado y a las que tachaba como “una gravísima falta de respeto”. Sudaca intentó comunicarse con el consejero Arcos, pero no obtuvimos respuesta.

Desde el Colegio de Periodistas de la región, sin embargo, rechazaron dicho accionar y le pidieron a Cerrón demostrar una actitud tolerante hacia la prensa. Años después, en el “ideario” de Perú Libre -donde Cerrón aparece hasta en la carátula- el exgobernador plasmaría algunas propuestas para regular y evaluar los contenidos de la prensa antes de que se transmita por radio y televisión. Para ello -dice- “apremia una ley de medios y no confundir libertad de prensa con impunidad”.

Pero durante su primera gestión no solo los periodistas estuvieron en la mira. También consejeros regionales sufrieron consecuencias por sus opiniones. Cuando Víctor Torres Montalvo, entonces consejero de Jauja y parte del partido del lápiz, discrepó con la postura de Cerrón sobre construir un aeropuerto internacional en Orcotuna (Huancayo), empezó a recibir amenazas a través de llamadas anónimas. Así lo denunció ante la prensa local el año 2011. La intolerancia llegó a su punto más alto cuando un grupo de militantes de Perú Libre con vínculo laboral al gobierno regional -según reseña el diario Correo del 2 de marzo de 2012- quemó un muñeco con el rostro y nombre de Torres.

“Cuando algo no conviene a sus intereses, atacan. Por ejemplo, lo sucedido con el consejero ya fallecido Victor Torres […] quemaron un muñeco con su cara: eran los propios trabajadores de confianza de Cerrón que abandonaron sus puestos para hacer ese acto intimidatorio”, cuenta Ginés Barrios.

El asunto del aeropuerto marcó la gestión de Vladimir. En agosto de 2012, la población jaujina salió a protestar contra el gobernador, porque en vez de respetar un decreto supremo que priorizaba la ampliación e internacionalización del aeropuerto Francisco Carlé, este insistía en construir otro a solo 30 kilómetros del ya existente. El lugar: Orcotuna, Huancayo. La represión policial fue tal que uno de los manifestantes murió y varios quedaron heridos.

Al final, según el excongresista Jesús Hurtado (Fuerza 2011), que investigó este caso en el Parlamento, Cerrón no pudo concretar su propuesta porque escapaba de sus competencias como gobernador. “Cuando pidió un informe al MTC, le dijeron que no era viable porque refaccionar el aeropuerto de Jauja costaría [aproximadamente] S/200 millones; mientras que construir uno nuevo en Orcotuna, S/480 millones”, apunta.

Aunque ya pasaron casi nueve años, Jauja parece no olvidar. “En la provincia hay bastante resistencia al partido político [Perú Libre] por el enfrentamiento que hubo”, explica el consejero David Eslado. Prueba de ello es que, en esta provincia, el pasado 11 de abril solo 5.536 personas (un 13%) votaron por el partido del lápiz. En todo Junín, Perú Libre sacó apenas el 22% de los votos.

Aeropuerto Orcotuna
Militantes de Perú Libre con vínculo laboral al gobierno regional quemaron un muñeco con la cara del consejero Víctor Torres por oponerse al proyecto del aeropuerto en Orcotuna según Correo. Foto: Correo

¿Perpetuarse en el poder?

Cerrón ya había sentido el rechazo del electorado cuando terminó su primera gestión en Junín, el 2014, y quiso ser reelecto. Perdió en segunda vuelta. En la memoria de los electores aún resonaban los escándalos de corrupción de su gobierno. Uno de ellos es el favorecimiento al Consorcio Altiplano con el pago de S/850,000 por el mejoramiento del sistema de agua potable de La Oroya. En 2019, Cerrón fue sentenciado por ese caso a cuatro años de prisión suspendida e inhabilitado de ejercer cargos públicos durante un año. Hace una semana la decisión fue confirmada judicialmente.

El exgobernador regional también es parte de la investigación que se le sigue a Martín Belaunde Lossio, acusado de liderar una organización criminal involucrada en el direccionamiento de obras en varias regiones del país. Según la tesis de la fiscalía, Cerrón habría favorecido a la empresa Sima Perú por la construcción del puente “Comuneros”, en Huancayo.

De acuerdo al diario Correo de abril del 2015, “la presidenta de la comisión parlamentaria que investigó el caso Belaunde Lossio, Marisol Pérez Tello, se refirió a la obra del puente Comuneros de Huancayo como una ‘vergüenza nacional y un monumento a la corrupción’. “El puente lo construyó y lo dejó en medio del río y el proyecto no había contemplado ni entrada ni salida, lo dejó en el aire. Ya está terminado, pero con muchas falencias. Se inunda en lluvias y no tiene accesos. Sus accesos son de tierra, no de asfalto.”, dice José Miguel Álvarez, quien además de consejero regional de Junín es ingeniero.

Fuentes del despacho del fiscal Orlando Lara Vásquez, a cargo de investigar esta obra, señalan que los funcionarios de la compañía también forman parte de la pesquisa y que el Ministerio Público tiene plazo hasta enero del 2022 para terminar todas sus diligencias. Cerrón ha negado cualquier irregularidad, pero no ha ocultado su preferencia por Sima Perú incluso después de que le abrieran el proceso penal. Es más, desde el gobierno regional se firmó un nuevo convenio con la empresa en el año 2019, gracias a la venia de la mayoría de los consejeros regionales que pertenecen a Perú Libre.

“Cerrón pierde la reelección por los hechos de corrupción del Puente Comuneros, su obra emblemática, problemas con las autoridades y otras denuncias”, sostiene el periodista Percy Salomé. El ideólogo de Perú Libre perdió aquel 2014 frente a Ángel Unchupaico Canchumani, su rival histórico. En las elecciones para el 2019-2022, tanto Unchupaico como Cerrón se volvieron a enfrentar y, esta vez, sorprendiendo a muchos, Perú Libre ganó su segundo periodo.

El actual regidor Ginés Barrios lo explica así: “En Junín hay dos familias que se han hecho del poder político uno tras otro y la justificación que tiene el elector es que, después de uno, le da el poder al otro por despecho al anterior. Al finalizar la gestión de Unchupaico, Perú Libre se presentó liderado por Vladimir Cerrón. Muchas personas sentían que Unchupaico los había defraudado y una forma de escarmentarlo era votar por Cerrón”.

Vladimir Cerrón
En más de una oportunidad, e incumpliendo los protocolos, Cerrón ha usado una banda roja y blanca similar a la que usa el presidente de la República. Foto: Correo.

Por la sentencia del caso La Oroya, sin embargo, Cerrón solo pudo continuar como gobernador hasta agosto de 2019, siendo reemplazado por el vicegobernador regional, y a la vez su primo, Fernando Orihuela. Pero en los pocos meses que permaneció en el cargo, aprovechó en hacer visitas a destinos que hoy casi no sorprenden.

Ni bien inició su segunda gestión, por ejemplo, en mayo de 2019, se trasladó hasta China para participar en la “Cuarta Exposición de la Ruta de la Seda” y al foro de “Inversión y Comercio para la Cooperación entre el Este y el Oeste de China”. La justificación que le dio al Consejo Regional era que viajaría a China para aprender de un país desarrollado. No hubo mayores objeciones.

En cambio, el que no fue aprobado fue su viaje a Venezuela para participar del «Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales y Democracia Participativa», organizado y pagado por Maduro, según declaraciones del mismo Cerrón. “De China se puede aprender, ¿pero qué se puede aprender de Venezuela?”, pensaba el regidor David Eslado. Por su parte, el consejero Álvarez declaró para RPP que “viajar a Venezuela es un respaldo político al régimen dictatorial de Nicolás Maduro”.

A su regreso, Cerrón aseguraría que en el país venezolano existen procesos electorales democráticos. “Lo que yo he ido [visto] no es la Venezuela que se cuenta aquí. He visto los mercados llenos, las tiendas llenas, el 70% en Caracas es chavista abiertamente. Para eso sirve salir, para tener un mejor contacto con la realidad”, dijo a RPP.

Cerrón parece tener una distorsionada interpretación de la democracia. En un reciente video que circula en redes sociales, el líder de Perú Libre lanza sin rubor la idea de que la izquierda debe perpetuarse en el poder. “¿Cuál es el mensaje […]? Que la derecha va a quedarse en el poder. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tiene que aprender la izquierda? Que la izquierda en el poder también tiene que ir a quedarse […] Y eso es lo que ha hecho Venezuela”, se le escucha decir.

Hubo más cuestionamientos serios a su segunda gestión. Ángel Unchupaico, su predecesor y rival, había dejado todo listo para la construcción del hospital “Manuel Higa Arakaki” en Satipo que tenía la categoría de II-1 (es decir, atención general), explica Carlos Llancari, presidente de la Federación Médica de Junín. Ya se habían hecho los estudios correspondientes, y se tenía el presupuesto y hasta el terreno para ejecutar el proyecto.

Sin embargo, Cerrón decidió que el hospital de Satipo debía ser de categoría II-2, que corresponde a hospitales con mayor especialización. Esto significaba, según Llancari, empezar todo desde cero, porque un hospital de mayor complejidad necesitaba otras condiciones de infraestructura y una nueva ubicación que reúna los requisitos necesarios. “Esto ha originado un conflicto entre el alcalde de Satipo y el gobierno regional”, cuenta el presidente del gremio médico.

“Cerrón fue con sus ingenieros y dijo ‘esto no puede ser, tenemos que construirlo en otro lugar’. Pero eso es una locura porque se tiene que hacer nuevamente estudios de suelos, de impacto ambiental”, explica el consejero David Eslado. Consultado por este caso, en su momento, Cerrón argumentó que Satipo requería que el Hospital Manuel Higa Arakaki cuente con más especialidades y un mejor servicio, para lo cual era necesario elevar su categoría. Pero hasta el día de hoy, el hospital sigue sin construirse. “En plena pandemia, Satipo no tiene un hospital adecuado”, se queja el consejero Eslado.

Las gestiones de Vladimir Cerrón también se pueden contar desde los pasillos del Ministerio Público. El exgobernador afronta 14 investigaciones por delitos de corrupción de funcionarios, colusión, negociación incompatible, malversación de fondos, peculado, falsificación de documentos y defraudación patrimonial, según una investigación del portal El Foco.

Y los problemas judiciales también han alcanzado a la familia del exgobernador, actualmente suspendido de sus funciones. Según información del diario La República, Vladimir Cerrón tiene a la fecha una investigación fiscal por el presunto lavado de US$15 millones cuando estaba al frente del Gobierno Regional de Junín, junto a sus hermanos Waldemar y Fritz Elías Cerrón Rojas. La hipótesis fiscal es que el dinero negro provendría del presunto negociado con el proyecto minero Toromocho (Chinalco), ubicado en la provincia de la Oroya.

Sudaca intentó comunicarse con Vladimir Cerrón para esta nota, pero no obtuvimos respuesta al cierre de edición. También llamamos a militantes y consejeros de su partido en Junín, pero ninguno quiso ser entrevistado. En Perú Libre parecen confirmar que todavía no son muy amigos de la prensa.

 

*Con la colaboración de Julio Rospigliosi

**Fotomontaje por Leyla López

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Ninguno de ellos volverá a ser el mismo luego de las marchas de noviembre pasado que tumbaron el breve régimen de Manuel Marino. Pacha Sotelo perdió a su hermano Inti; Percy Pérez se prepara para una cuarta operación luego de que una canica perforara su intestino y pierna derecha; y Carlos Ezeta tiene que lidiar con las consecuencias penales de haber agredido a un congresista. Ahora deben decidir si darle su confianza a la misma clase política que los obligó a tomar las calles en plena pandemia.

Para ellos, la crisis política de fines del año pasado continúa. Nada cambió realmente después de la renuncia de Merino. Sudaca conversó con los tres jóvenes, protagonistas de la llamada Generación Bicentenario, para comprender su frustración y las opciones que barajan de cara a la votación de hoy.

 

Pacha Sotelo: “La muerte de mi hermano nos salvó de un personaje ignorante”

 

Inti Sotelo Camargo (24) fue una de las víctimas mortales en la marcha contra el breve gobierno de Manuel Merino el pasado 14 de noviembre. Pacha, su hermano mayor de 26 años, cuenta que la vacancia fue apenas la gota que derramó el vaso. “Se les había elegido para algo, pero ellos blindaban personajes y obstruían investigaciones. Era una guerra que no tenía fin. Luego, el nuevo Congreso promueve la vacancia en un contexto que no correspondía. A pesar de la pandemia, ese hartazgo generalizado te obliga a salir”, explica Pacha, que también asistió a la movilización, aunque con otro grupo de manifestantes.

Esa noche, su hermano murió de cuatro perdigazos en el pecho. Pacha Sotelo está seguro de que las muertes de su hermano y Bryan Pintado -además de los heridos- no fueron en vano. “Nos salvaron de un personaje ignorante que no sé qué hubiese hecho en el poder”, comenta.

Esa idea es para él y su familia un cobijo. Pero una cosa no le deja de doler: sentir que el objetivo no se cumplió más allá de la caída de Merino. “El mensaje principal de las marchas ha quedado a medias. Se trataba de tener empatía, ayudarse. Unión sin ideologías. Es algo que, lamentablemente, la política se ha encargado de romper”, reconoce Pacha.

 

Pacha Sotelo
Pacha Sotelo, el hermano de Inti. Fuente: César Campos.

 

Con decepción, cuenta que en diciembre se enteró de que Somos Perú había reclutado a un grupo de jóvenes que asistieron a las marchas. Luego, vio lo mismo con Avanza País y Podemos Perú. Era el efecto de las elecciones. “Son los [partidos] golpistas, no tiene sentido, me decía. Luego, viendo sus perfiles, descubro que tienen amigos o conocidos que postulan al Congreso por un partido que estuvo en contra de las marchas”, comenta.

Pacha ya tiene casi definido por quién votar este 11 de abril. Para el Congreso, por el Partido Morado; y para la presidencia, por algún partido de izquierda. Aunque aún no sabe cuál. El ‘terruqueo’ del que ha sido víctima estos meses lo ha llevado a identificarse con ese espectro político. “La misma gente que me ha jodido a mí lo hace con los movimientos de izquierda. Yo veo lo que dice la gente de ultraderecha y me siento identificado con los insultos [que ellos lanzan], porque me lo han dicho, sin serlo”, dice fastidiado.

La familia Sotelo Camargo, sin embargo, tiene otra prioridad. La investigación que inició la Fiscalía por la muerte de Inti y Bryan está estancada, porque la burocracia no perdona. El fiscal Yoni Soto Jiménez, de la Tercera Fiscalía Supraprovincial de Lima, asumió el caso en noviembre y dilató el proceso. “Yo a él le presenté 3 testigos claves en diciembre, estamos abril y hasta la fecha no los citan a declarar. Se dedicó a interrogar policías, a conocer su versión. No hubo equilibrio ahí”, denuncia Pacha.

En enero, el caso pasó al despacho de Jhousy Aburto Garavito, flamante fiscal de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima para que se dedique exclusivamente a este proceso. Sin embargo, según Pacha, se demoró un mes y medio en revisar los 28 folios del expediente. “Es urgente que se agilice la investigación. Estamos en peligro de que esto quede para un siguiente gobierno”, reclama Pacha. Hasta entonces, Inti no descansará en paz y él tampoco. Sin importar quién ocupe Palacio de Gobierno.

 

Percy Pérez: “Van a entrar las mismas personas que nos roban (…) Ninguno merece mi voto”

 

Percy Pérez fue uno de los primeros heridos que dejó la represión policial en noviembre pasado. Sin piedad, uno de los agentes le disparó una, dos, tres veces hasta que lo tumbó. Una canica perforó sus intestinos y la vena ilíaca de su pierna derecha. Desde aquel fatídico jueves 12 de noviembre, Percy ha pasado por tres operaciones de riesgo, pero todavía no puede caminar sin que se le hinche la pierna como una pelota. “Fue mi primera marcha. Ni siquiera fue mucho tiempo porque llegué y a los 15 minutos salí herido de ahí”, cuenta, mientras lanza una risa sarcástica.

Percy decidió marchar porque estaba harto de la injusticia y el robo de los políticos. Pero en realidad perdió su fe en la clase política peruana mucho antes de ser víctima de la represión. “Yo no voto desde los 18 años. Mi padrino, que en paz descanse, me crió enseñándome política. Ninguno merece mi voto porque no me representan”, asegura. Su drama personal le dio todavía más razones para quedarse en casa este 11 de abril.

Como Pacha Sotelo, siente que las marchas no lograron su objetivo y la opinión pública se olvidó de lo que pasó en noviembre, él incluido. “Ahora van a entrar las mismas personas que nos roban. Se han hecho de la vista gorda con todo lo que pasó”, reclama el joven bartender.

 

Percy Pérez
Percy Pérez sigue luchando para recuperar la normalidad en su vida. Fuente: Omar Lucas.

Percy actualmente se prepara para su cuarta y última operación. De los seis metros de intestino delgado, solo le queda uno y medio. “Tengo una ileostomía, o sea, un pedazo de mi intestino sale por el lado izquierdo de mi abdomen. La última operación es para reincorporar eso”, explica. Luego tendrá que hacer rehabilitación durante un año y medio más. Pero la tortura no termina ahí. Cuando sea mayor, será operado nuevamente para revisar el estado de su intestino.

A su padecimiento se suma la decepción, porque las promesas del gobierno de Sagasti quedaron en el aire. “Económicamente no me han dado nada. Solo me dijeron que habría un reembolso con las boletas”, cuenta decepcionado. Su madre se ha comunicado con el Ministerio del Interior para pedir una beca de estudios y trabajo hasta que pueda recuperar su vida normal.

 

Carlos Ezeta: “Lo de noviembre puede volver a pasar. No mucho ha cambiado realmente”

 

A su bandeja de entrada llegan consultas como esta: “¿Carlos, ahora por quién votamos?”. Desde el pasado 9 de noviembre, su cuenta de Instagram empezó a ganar miles de seguidores. Ese día Carlos Ezeta, de 24 años, estampó un puñetazo en el rostro al congresista de Acción Popular Ricardo Burga, cuando este declaraba a los medios luego de que el Congreso vacara al entonces presidente Martín Vizcarra. El episodio alimentaría las marchas de los días posteriores.

Ezeta supo enseguida que lo que hizo estuvo mal. Pasó dos noches en el calabozo y luego se disculpó públicamente con Burga. No pudo estar presente en las jornadas donde fallecieron Inti Sotelo y Bryan Pintado, pero sí asistió al velorio de este último. “Lo que hice tomó notoriedad. Tenía que salir adelante para ser esa voz que muchos jóvenes me pedían que sea para ellos”, dice.

El congresista Burga no inició un proceso en su contra. La Fiscalía, sin embargo, le abrió de oficio uno por lesiones graves. Por ese delito Ezeta podría pasar entre 6 a 12 años en la cárcel. El joven, productor publicitario, cree que la severidad del Ministerio Público es desproporcionada. “El perito que presentó la Fiscalía dice que fueron lesiones graves, con huesos rotos en la nariz, pero no tiene sentido. El golpe fue en el pómulo. También dicen que fueron 25 días de descanso médico. ¿Cómo explicas eso? Si al día siguiente Burga estaba de lo más normal aplaudiendo a Merino en su juramentación”, reclama.

 

Carlos Ezeta
Carlos Ezeta disculpándose con el congresista Ricardo Burga luego del incidente del 9 de noviembre. Fuente: Johann Klug.

 

Mientras enfrenta un proceso que podría acabar con los mejores años de su vida, Ezeta tiene otra misión: incentivar el voto informado de la generación con la que salió a marchar. “Trato de decirles que luchamos y ganamos, que sacamos a Merino y les dimos una lección. Ahora lo que podemos hacer es tener un voto consciente. No pido más que eso: voten por quien quieran, pero de manera informada, sabiendo el historial de esos partidos”, ruega Carlos.

Él mismo admite que aún no tiene candidato presidencial. Tampoco lo revelaría para no influenciar a nadie. Escoger, para él, es una apuesta por quién te decepcionará menos. “Hay 18 candidatos y ninguno realmente representa a todos los jóvenes que salieron hartos a marchar en noviembre. Toca votar por el menos malo, como siempre”, comenta.

Visto el elenco de candidatos, Ezeta advierte que su generación podría tomar las calles una vez más. “Lo que pasó en noviembre puede volver a ocurrir en cualquier momento. No mucho ha cambiado realmente”, termina. ¿El Perú es un hervidero luchas inconclusas? La frustración de tres jóvenes parece responder a esa pregunta.

 

**Fotomontaje por Leyla López

Fecha de publicación: 11/04/2021

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“Sí, era frustrante y preocupante”, confiesa Luis Altamirano (26) desde Santiago de Surco, en Lima. A su abuela, María del Consuelo Calderón, de 91 años, no pudieron decirle con anticipación que la iban a llevar a vacunarse. Solo lo hicieron una vez que estaban fuera de la casa, antes de emprender camino al Polideportivo de San Borja. Era el jueves 25 de marzo. Sabían que al enterarse lo primero que preguntaría sería si su esposo, tres años mayor que ella, también recibiría la vacuna. Pero él aún no contaba con fecha para su primera dosis. Entonces a María del Consuelo no le dijeron nada antes de salir de la casa “para que el abuelo no se haga la expectativa y para que la abuela no se cuestione ni le entre la culpa”, explica Altamirano.

 

Los esposos son afiliados a EsSalud y sus familiares habían actualizado sus datos en la plataforma ‘EsSalud Te Cuida’ días antes, pero la buena noticia no llegó por igual. “Mi abuelo, epidemiológicamente, por la edad (94 años), es la prioridad. (…) Yo creo que ha sido un error en el criterio de uso de bases de datos”, dice Luis.

A diciembre pasado, sumaban 172.066 los afiliados a EsSalud mayores de 85 años a nivel nacional, según data estadística publicada en su sitio web. El 59% (100.387) se encuentra en Lima y Callao. A este grupo etario estuvo dirigido el primer llamado vacunatorio del seguro.

Si bien el primer criterio de selección fue la edad, uno complementario fue el último dígito del DNI. Con ambos hubo fallas reportadas por distintos ciudadanos en redes sociales. En el caso de Luis Altamirano, el DNI de su abuelo (94 años) terminaba en 3, y el de su abuela (91 años) en 9. Es decir, tanto por el criterio de la edad como por el del último dígito del DNI, él debió vacunarse antes, o ser incluido a la par por lo menos.

¿Por qué hubo esta clase de inconsistencias?

Desde el área de prensa de Essalud responden a Sudaca que efectivamente se hicieron padrones según el último dígito del DNI y reconocen que sí hubo adultos mayores que se quedaron fuera. Buscaron subsanar los padrones y no emitieron una comunicación oficial al respecto por considerarlos hechos aislados. Intentaron solucionar los casos conforme tenían noticias de ellos, explican.

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Originalmente, EsSalud planeaba inmunizar a todos sus asegurados conforme le fuesen entregando las vacunas, así lo confirmó su presidenta ejecutiva Fiorella Molinellien una actividad pública del 25 de marzo. De hecho, a inicios de ese mes, en su plataforma ‘EsSalud Te Cuida’ habían solicitado la actualización de datos de aquellos asegurados de 60 años a más, de acuerdo a un cronograma que luego tuvo que arrojarse a la basura ante la implementación del nuevo plan.

A lo largo de marzo, llegaron al Perú 367.380 dosis de la compañía Pfizer, de acuerdo a datos del Minsa. Solo fueron entregadas dosis para 50.310 asegurados de EsSalud. Sin embargo, la limitada disponibilidad de vacunas no explica los errores en el orden de la administración de las dosis.

“Si yo no tengo un buen padrón, donde estén todas las personas que merecen ser vacunadas [y] si en base a ese padrón, no calculo bien las vacunas, van a haber fallas”, sostiene Alberto Huerta, jefe de la oficina de Lima de la Defensoría del Pueblo.

Entre fines de marzo e inicios de abril, los 50.310 asegurados que habían recibido su primera dosis, fueron programados para la segunda. Un nuevo listado fue publicado, uno que varios de los erróneamente excluidos miraron con esperanzas. Luis Altamirano lo revisó de inicio a fin varias veces en busca del nombre de su abuelo sin encontrarlo por ningún lado. La espera seguía para su familia.

Otras 800.280 dosis de Pfizer están ingresando progresivamente al país este mes. Con la seguridad de una fluida llegada de vacunas, un anuncio esperanzador surgió el martes 6 de abril: un nuevo plan de vacunación sería puesto en marcha bajo la batuta única del Ministerio de Salud. Este incluiría a los adultos mayores de 85 años faltantes, así como en general a los mayores de 80. Se trata del Plan Nacional Actualizado de Vacunación contra la Covid-19, que tendría un criterio geográfico o de “territorialidad” como eje.

A diferencia del anterior plan que solo había aplicado este criterio en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, distritos limeños gravemente afectados por la pandemia, y que daba la impresión de tener a los afiliados a EsSalud como prioridad; esta nueva estrategia busca llegar con el mismo criterio de universalidad a todo el país.

“El Ministerio de Salud debería tener un buen padrón y suficiente cantidad de vacunas para este. Si no, cualquier estrategia, sea la de EsSalud por criterio de condición de la persona (si es asegurado o no y la edad), o sea la de territorialidad como es ahora, va a fallar”, subraya Huerta. “Ese padrón tiene que no ser cerrado, sino abierto a las evaluaciones u observaciones que se le puede hacer”, agrega.

“Queremos corregir todas las dificultades y debilidades que hemos tenido en esta primera experiencia y es nuestra meta llegar de una manera más eficiente a la población peruana”, dijo Gabriela Jiménez, directora de Inmunizaciones del Minsa, al cierre de una entrevista con RPP, a propósito del anuncio.

Una semana después se hizo pública la nueva programación de vacunación para adultos mayores, que tiene como base el nuevo Padrón Nacional de Vacunación Universal contra la COVID-19. “Recién hoy (martes 13 de abril) hemos visto que [mi abuelo] aparece en el nuevo padrón”, cuenta Luis Altamirano. Su primera dosis está programada para el 23 de abril.

El sábado último fue el segundo día de vacunación en Lima bajo el nuevo plan del Ministerio de Salud. Parecía que la esperanza iba ganando terreno en la capital. “Todo está en orden. Yo decía: ahora va a ser una cola interminable, (…) pero ha sido lo más rápido posible, sin aglomeraciones”, cuenta Teofila De la Cruz (83 años), asegurada de EsSalud, a la salida de la Villa Deportiva Nacional (Videna). La acompañaba su hijo, quien verificó la programación de su vacuna en la plataforma Pongo el hombro.

Teófila De la Cruz
El alivio de tener a salvo a tus seres más queridos. Es la sensación del hijo de Teófila De la Cruz (83 años) a la salida del vacunatorio en la Videna. Foto: Luisa García.

Pero también se encontraron críticas. “Mi mamá tiene 83 años y está inscrita en Padomi (el programa de atención domiciliaria de EsSalud). Ella sufre de Alzheimer, está postrada, no camina, no habla, está perdida en su mundo (…). Ha salido en el padrón de acá y he venido a hacer cola para que no se exponga porque es una persona demasiado vulnerable. Veo que no hay cola, (…) y mi hijo es quien la va a traer ahora porque él es quien la carga”, cuenta Martina Santiago.

Desde EsSalud señalan que sí se avanzó con la vacunación de los inscritos en el Padomi en sus respectivos domicilios, pero que no pudieron llegar a todos por falta de dosis. “Yo creo que deben tener criterio para hacer las cosas, no a lo loco, no es así”, añade Santiago en referencia a que hubiera preferido que su madre, María Gutiérrez, fuese inoculada en su casa y no tener que sacarla de allí.

Otras observaciones fueron hechas por la Defensoría del Pueblo en estos tres primeros días de vacunación en Lima. Primero, la falta de información detallada y clara para el adulto mayor (sin depender del acceso a internet), por ejemplo, sobre las puertas de ingreso a los centros vacunatorios. A esto se suma una escasa capacidad de la central de información del Minsa, la línea 113.

Por otro lado, la Defensoría critica un insuficiente número de sillas de ruedas, en tanto varios de los adultos mayores podrían tener algún tipo de discapacidad para desplazarse. Esto se evidenció sobre todo en el Campo de Marte. «Con las sillas estáticas nosotros observábamos que se paraban y se sentaban [repetitivamente], entonces mejor contar con una gran capacidad de sillas de ruedas”, apunta Alberto Huerta.

Deficiencias como la falta de rampas en el caso de El Real Felipe fueron subsanadas, así como la implementación de toldos para procurar mayores zonas de sombra en distintos centros vacunatorios.

Sin embargo, el alivio de la vacuna aún no llega al interior del país. En Lima provincias, por ejemplo, aún los adultos mayores siguen esperando por una fecha. “Mi abuelita (90) y mi tío (92) que viven en Huaral aún no se vacunan y así como ellos ninguno de los adultos mayores de la provincia. ¿Cuándo los empezarán a programar?”, tuiteó la periodista Alejandra Garboza el pasado jueves.

“Acá en Ica aún no ha empezado. Ni tenemos conocimiento de cuándo empezaría. (…) Obviamente se está organizando los puntos de vacunación y en ello estamos coordinando con la Dirección Regional de Salud para apoyar”, dice a Sudaca Julio Torres, decano del Colegio Médico de Ica.

Su homóloga en Huánuco, Darly Del Carpio, confirmó la misma situación en el que fuera el epicentro de la segunda ola del Covid-19 entre diciembre y febrero. “Nosotros hemos pedido que se acelere”, dijo y contó que no han dejado de tener ocupadas todas las camas UCI. “En marzo bajó un poco y se podía liberar alguna cama UCI, pero era ocupada a las pocas horas”. En su región, además, el Instituto Nacional de Salud confirmó la presencia de la variante brasileña en febrero.

Hasta el momento, son solo seis las regiones priorizadas para la vacunación de los adultos mayores: Loreto, La Libertad, Cajamarca, San Martín, Cusco y Arequipa. La fecha exacta en que se comenzaría a vacunar en las otras regiones se empezaría a definir hoy lunes en una reunión programada entre funcionarios del Minsa y de las direcciones regionales de salud. El punto crítico sería asegurar la logística para la adecuada conservación de las vacunas hasta su aplicación. Esa es una carrera contra el tiempo.

“Mi abuela falleció ayer. Las vacunas que llegaban a Lambayeque a inicios de abril, siguen sin aparecer”, reportó ayer en Twitter el periodista Marco Zanelli. Y es que esa es la preocupación: que en la espera de un día más pueda producirse el contagio.

 

Fotocomposición de portada por Leyla López. Imágenes: Pixabay.

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Covid-19, ESSALUD, Ministerio de Salud, Vacunación

Entre el 10 y 13 de mayo del 2018, el profesor Pedro Castillo Terrones, entonces presidente del Comité Nacional de Lucha de las Bases Regionales, elegido por las bases del Conare-Sute, estuvo en la ciudad de La Paz, Bolivia, participando del I Encuentro Internacional de Maestros de Latinoamérica. Fue un evento organizado por el Ministerio de Educación de ese país e inaugurado por el entonces presidente Evo Morales. Sin embargo, en aquella ocasión, el candidato presidencial tenía una agenda de actividades más recargada.

Después de asistir al encuentro de maestros, Castillo participó en un segundo evento que se realizó en el auditorio de la Universidad Nacional Mayor de San Andrés (UMSA). Se trató del “foro debate” internacional denominado “Crisis de la educación pública latinoamericana en el marco del capitalismo neoliberal”.  El organizador de dicho evento fue el peruano Alex Chamán Portugal, docente de dicha casa universitaria y quien, desde el 2012, según su propio testimonio, ha sido representante en ese país del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef). Desde el 2009, esta agrupación ha tenido como consigna la libertad del terrorista Abimael Guzmán, a quien tratan de “preso político”, y pretende incursionar en la vida política del país. Según la Policía, el Movadef es creación del propio Guzmán.

Castillo fue expositor en los dos días que duró el evento organizado por el profesor Chamán. El primer día estuvo acompañado en la mesa por el secretario general del Sute–Lima, Edgar Tello (actual congresista electo por Perú Libre), y el dirigente del Sute–Puno, César Tito Rojas. Ambos dirigentes son mencionados en un informe que elaboró el exministro del Interior, Carlos Basombrío, basado en documentación de la Dircote, y que fue presentado en agosto de 2017 al Congreso. Allí se establecen sus presuntos vínculos con el Movadef.

 

La participación de Castillo, Tello y Tito en el foro organizado por Álex Chamán ha sido registrada en videos y fotografías que han sido difundidas en la página web del Sute–Lima.

Pedro Castillo
En el auditorio de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, en mayo de 2018, se realizó el foro debate. La imagen de la portada del Diario 16, del 5 de noviembre de 2012, presenta una entrevista con los líderes del Movadef-Bolivia. Arriba a la derecha y en círculo, aparece el profesor Pedro Castillo junto al activista del Movadef-Bolivia, Joffre Rumi Benancio. En la foto de abajo, el candidato presidencial está junto al representante del Movadef-Bolivia, Álex Chamán.

 

La información que no aparece en la web es que el profesor Álex Chamán es miembro de la filial de Movadef en Bolivia. En una entrevista brindada a ‘diario 16’, en La Paz, en noviembre de 2012, Chamán le dijo al autor de este informe que dicha sede del movimiento se había creado el 8 de mayo de ese año.  En esa fecha, según su testimonio, tenía 24 activistas políticos reclutados en su organización (diez jóvenes universitarios bolivianos y 14 refugiados políticos peruanos). “El Movadef-Bolivia es una tribuna para realizar propaganda de las actividades que realiza el Movadef-Perú así como reclamar contra los abusos de los derechos de los presos políticos y de la persecución de los exreos políticos”, señaló aquella vez.

 

Este es el video del primer día del foro debate internacional denominado “Crisis de la Educación Pública Latinoamericana en el marco del capitalismo neoliberal”. La intervención del profesor Castillo comienza en el minuto 12. En el segundo día del evento, en el video de abajo, la ponencia del candidato de Perú Libre arranca a las 2 horas con 3 minutos. Saque usted sus propias conclusiones.

 

 

Consultado hace unos días sobre si continúa ocupando el cargo de representante, evitó responder debido “a la coyuntura electoral”.  No obstante, sus recientes vínculos con Alfredo Crespo (abogado de Abimael Guzmán) lo mantendrían ligado al movimiento, como confirma un reciente evento al que haremos mención líneas más adelante.

 

Chamán estuvo detenido en Lima, en el penal Miguel Castro Castro, entre los años 1992 y 1995, acusado de pertenecer a Sendero Luminoso.  En abril de 1995 obtuvo su  libertad y viajó a Bolivia. En el 2002, se graduó como sociólogo en la UMSA y actualmente tiene 15 años como docente en esa casa de estudios.

 

El moderador del encuentro organizado por Chamán fue el ciudadano peruano y exmiembro de la Guardia Civil, Joffre Rumi Benancio. Chamán y Rumi se conocieron en 1993, en el penal Castro Castro, cuando ambos estaban recluidos.  Rumi, en una entrevista concedida el 2012 a ‘diario 16’, aseguró que era activista político del Movadef-Bolivia. El expolicía estuvo preso en Castro Castro entre 1993 y 2005 por el delito de terrorismo. Ese 2005 salió en libertad e inmediatamente huyó a Bolivia. Allí obtuvo su refugio político. En febrero de 2009 fue detenido por ser sospechoso de robar $500.000 de un banco de El Alto, ciudad vecina de La Paz, pero fue liberado por falta de pruebas. Tras estudiar Psicología en la UMSA, se convirtió en docente de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

 

En comunicación telefónica con Sudaca, el profesor Chamán dio detalles del evento en el que participó Pedro Castillo y cuatro dirigentes del Conare-Sute: “En el evento que yo organicé en la UMSA, aproveché y me ‘robé’ a los expositores [que habían sido invitados al encuentro internacional organizado por el Ministerio de Educación de Bolivia] para que vengan a hablar de la situación educativa a nivel internacional. Robado es un decir. En el marco de la democracia universitaria, se organizó un evento y se invitó a mexicanos, costarricenses, argentinos, chilenos, bolivianos y, entre ellos, lógicamente, estuvieron los dirigentes de Perú”, explicó.

 

El primer día del evento, Chamán presentó al profesor Castillo con estas pomposas palabras: “Quiero agradecer enormemente la presencia de compañeros, maestros latinoamericanos. Y, por ahora, fíjense, tenemos al compañero Pedro Castillo Terrones, el máximo dirigente de las bases regionales del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana (Sutep), que el año pasado [se refiere al año 2017] desenvolvió en una vigorosa y exitosa lucha contra los gobiernos mafiosos y neoliberales del Perú, en defensa de la educación fiscal, pública, gratuita, democrática y científica”.

 

Luego, el profesor Pedro Castillo -que iba vestido con una casaca de cuero negra y una camisa blanca- agradeció a los organizadores y dio unas breves palabras a los cerca de cien alumnos universitarios presentes en el auditorio. Adelantó que al día siguiente iba a profundizar un poco más su exposición. “Jóvenes, mañana vamos a tener este espacio, vamos a hacer nuestra participación y agradecerle a los organizadores de este evento y a ustedes por este espacio, con la finalidad de que tenemos que estructurar estos lazos de unidad. No solo de unidad en la mesa, sino también unidad en la calle, en la lucha, en la contienda y en la patria por la defensa de la escuela y los derechos del pueblo”.

 

Segundo encuentro

Los dirigentes del Sute-Tacna, Mery Coila, y del Conare-Sute, Efraín Ramos, participaron junto al profesor Castillo en el segundo día del foro-debate organizado por el profesor Álex Chamán.

Al inicio de su discurso, Pedro Castillo aprovechó que en el auditorio se encontraban profesores de Chile, Argentina, Bolivia, Costa Rica y México e hizo un llamado para que los estudiantes y los maestros puedan realizar “acciones conjuntas”. “Compañeros estudiantes y compañeros maestros, compañeros de la mesa, compañeros organizadores, saludar clasísticamente [sic] en nombre del país de Perú. Muchas gracias por este espacio. Nosotros, como maestros, también sentimos en carne propia esta gran necesidad de la unidad no solamente en materia educativa, sino en materia de América Latina, porque para la educación en desarrollo, a los derechos del pueblo, no existen fronteras sino tenemos que emprender acciones conjuntas, acciones de lucha, porque esto es lo que venimos haciendo justamente en el Perú [en referencia a las acciones de protesta que el Conare-Sute había llevado adelante en el 2017]”.

Al terminar las exposiciones, se dio inicio a la entrega de certificados a los participantes. En conversación con Sudaca, Chamán evitó contestar si los dirigentes del Sute firmaron algún acta de compromiso o una agenda de trabajo con los participantes del evento. Lo que sí hubo fue bastante confraternidad entre los dirigentes del Sutep con Chamán y Rumi. Hasta se tomaron fotos abrazados con el profesor Castillo.

Chamán dice que en la segunda vuelta del próximo 6 de junio votaría en blanco y que hace varios años que no participa de las elecciones. Lo cierto es que sí mantiene comunicación con algunos dirigentes de Perú Libre. Por ejemplo, el pasado sábado 17 de abril, organizó un conversatorio sobre la coyuntura electoral en el que participó el dirigente regional de Perú Libre, Jorge Spelucín. Un día antes de las elecciones, el sábado 10 de abril, también realizó otro conversatorio en el que Spelucín estuvo presente.

 

 

 

Reunión Pedro Castillo
Un poco más de información de las imágenes publicadas al inicio. El activista del Movadef-Bolivia, Joffre Rumi, el profesor Pedro Castillo y el secretario del Sute-Lima, Edgar Tello (actual congresista electo por Perú Libre), aparecen junto a otros expositores (Foto: Sute-Lima). El candidato presidencial luce sonriente, en la imagen de abajo, acompañado del representante del Movadef-Bolivia y de los dirigentes del Sute, Edgar Tello y César Tito (Foto: Sute-Lima).

 

 

¿Sigue defendiendo el Pensamiento Gonzalo?, ¿sigue pensando que Abimael Guzmán es un luchador social?, le preguntamos al profesor Chamán, pero responde con evasivas: “No hay necesidad que te responda aquello porque te estoy señalando que asumo posturas democráticas, progresistas y me afilio a todo lo que significa progreso histórico. Todos aquellos que luchan por una sociedad más justa, más digna y más humana, merecen ser respaldados; y si hay luchadores sociales en Argentina, Perú, Chile y Colombia que defienden el medio ambiente, que dicen ‘no a la explotación’, ‘no a la contaminación´, también soy partidario’”.

Desde el inicio de la pandemia, Chamán es un constante activista en redes sociales y realiza semanalmente conversatorios, vía Facebook Live, sobre temas de coyuntura de Perú y Latinoamérica. En octubre del año pasado, organizó uno con el secretario general del Movadef, Alfredo Crespo, quien se encuentra investigado en el marco de la operación ‘Olimpo’.

Sudaca envió un cuestionario al profesor Pedro Castillo sobre su participación en este evento, pero hasta el cierre de esta edición no nos respondió.

 

(*) Fotocomposición: Leyla López

Imágenes: Andina y Fotoportada de Diario 16 de noviembre de 2012.

Fecha de publicación del informe: 18-04-2021

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Conare, Movadef, Pedro Castillo, Sutep

La noche previa a las elecciones, el Perú registró 384 personas muertas por Covid-19, un nuevo récord desde que el virus llegó al país. En la recta final de la campaña, sin embargo, las propuestas para atacar la crisis sanitaria no fueron protagónicas. Hospitales saturados, ausencia de vacunas y falta de oxígeno son algunas de las horribles postales de un país que todavía se asfixia. Al Perú le urge que su siguiente gobernante sepa cómo solucionarlas. O, al menos, que tenga algunas ideas. De cara a la segunda vuelta, sin embargo, no parece haber mucha esperanza. Sudaca revisó los planes de gobierno de Pedro Castillo y Keiko Fujimori para descubrir qué proponen para mitigar las consecuencias de la pandemia y conversó con especialistas para descubrir si son medidas realistas.

Sra. K al rescate

El plan de gobierno de Fuerza Popular lleva por título “Rescate 2021: Plan de Rescate y Reconstrucción Nacional”. El documento tiene 90 páginas, nueve de las cuales están dedicadas exclusivamente a la crisis sanitaria.

El objetivo general para controlar la pandemia -apunta- “es reducir el número de casos nuevos a 100 por semana”. La tarea es titánica. Solo ayer el Ministerio de Salud (Minsa) reportó 4704 casos confirmados de Covid-19 en las últimas 24 horas en todo el país. El mismo documento parece dar un paso atrás cuando dice: “En el caso del rastreo de contactos de los infectados detectados no vamos a poder disminuir el umbral que tenemos; de acuerdo con cifras oficiales, tenemos 3,000 detectados nuevos por día”.

Twitter
Ministerio de Salud

 

Para lograr sus objetivos, Fuerza Popular propone implementar el uso masivo de pruebas moleculares, unas 80 mil realizadas diariamente. Para el infectólogo Carlos Medina la propuesta demuestra que no conocen realmente los procesos. “Incrementar la cantidad de pruebas moleculares es la promesa de todos los Estados, pero no es como comprar cinco pares de zapatos. Se requiere gente capacitada y laboratorios equipados. No tenemos esa capacidad logística. El 60% de las pruebas se procesan en el Instituto Nacional de Salud (INS) en Chorrillos”, afirma.

Luego de la detección de infectados y su posterior aislamiento, el partido naranja asegura que haría un seguimiento a los contagiados usando call centers y aplicativos celulares que, vía Bluetooth, sirvan para ubicar al entorno de estos. También promete dar ayuda alimentaria y medicamentos para que los pacientes aislados no tengan que salir de sus hogares.

El epidemiólogo César Ugarte-Gil sostiene que la propuesta está incompleta. Para él, falta un plan de acción cuando los casos ya están detectados. “Tomar ese tipo de decisiones sin ver que vas a dejar a un montón de gente sin trabajo de nada sirve. No todo es dar bolsas de comida. ¿Y el alquiler? ¿Y el teléfono para llamar al 113? No es tan sencillo”, explica.

El plan de gobierno naranja asegura que es necesario “contar con una administración adecuada y paulatina de vacunas cuya eficacia sea como mínimo el 70%”, lo que incluiría a Sinopharm, aunque más adelante se sugiere que las vacunas que el Perú necesita son las de Moderna y Pfizer (90%). En el mismo párrafo se asegura, sin embargo, que “implementar la logística de ese tipo de vacunación será muy difícil en el Perú” y que “los países desarrollados son los que más aprovecharán esas vacunas”. La pregunta que no se resuelve es cómo se logrará la llegada de estos productos.

Como fuese, Percy Mayta-Tristán, médico especialista en salud pública e investigador, considera que más allá de las preferencias por una vacuna u otra, el gobierno siguiente no debería centrarse en negociar. “Ojalá que el gobierno actual termine de cerrar todos los contratos. El gobierno siguiente debería concentrarse en recibir vacunas y distribuirlas”, apunta.

Sobre la distribución de vacunas, en tanto, hay un párrafo poco claro. Fuerza Popular plantea “tener un plan de vacunación en base al uso de brigadas comandadas por los gobiernos locales bajo la rectoría del Ministerio de Salud” involucrando a las Fuerzas Armadas, los gobiernos regionales, pero también al sector privado y las iglesias. Además, agregan que este plan se estructurará “de acuerdo con las características de almacenamiento y puesta de las vacunas” que el Perú tenga en ese momento.

Otra medida complementaria que Keiko Fujimori impulsará de llegar al poder sería implementar una red interconectada de centros de atención primaria para reducir la carga en hospitales como el Rebagliati, Loayza o Sabogal. El objetivo es reducir las atenciones de baja complejidad –como fracturas y mareos– en un 10% en este tipo de establecimientos. Además, construirían 80 centros de salud bien equipados y mejorarían la capacidad de respuesta de los ya existentes con la telemedicina.

Finalmente, de acuerdo al plan, el sector salud dispondría de más dinero para solventar sus necesidades. Uno de sus objetivos principales es aumentar el presupuesto del sector salud al 7% del PBI para el 2026. “Necesitamos contar con un gasto mayor, pero dicho gasto debe ir de la mano con una mayor eficiencia en la ejecución presupuestal y administrativa. Acompañándolo con la necesidad de tener una mejor gestión, quizá no necesitemos llegar al 10% del PBI tan rápido, pero podemos aumentar un punto del PBI por año”, explica el documento.

Uno de los encargados del capítulo dedicado a políticas de salud de este plan fue Ernesto Bustamante, biólogo molecular y exjefe del INS, que encendió las alarmas entre la comunidad científica a inicios de marzo cuando interpretó en Willax TV unos estudios preliminares de la Universidad Cayetano Heredia que supuestamente demostraban la ineficacia de la vacuna de Sinopharm.

Mayta-Tristán asegura que es necesario que los partidos presenten a su equipo técnico y actualicen sus planes. “El plan de gobierno de Fuerza Popular es lo que hemos escuchado de Bustamante y fue diseñado en diciembre cuando todavía no arrancaba la segunda ola. Él sabe algunas cosas, es biólogo molecular, pero no es salubrista. No digo que el plan tenga que ser hecho por médicos, sino por gente que sepa de salud pública. Tenemos que conocer a los equipos de salud porque ellos son quienes van a manejar la pandemia”, afirma.

 

La receta del doctor Cerrón

En la carátula del plan de gobierno de Perú Libre, la imagen de un victorioso Vladimir Cerrón se muestra a toda plana. Cerrón es el autor del documento de 77 páginas que, en realidad, es un ideario y programa del partido. Es en su capítulo cinco donde se abordan las mejoras para el sector salud que Perú Libre planea ejecutar en un eventual gobierno. Y, a pesar de que Cerrón es médico cirujano, lo alarmante es que, más allá de una referencia general sobre “pandemias”, no hay rastro alguno de una medida destinada a frenar al coronavirus.

La breve mención está dentro de una propuesta llamada “Brigada Médica Internacionalista”. Ahí el partido del lápiz explica que el Perú debe tener brigadas médicas de al menos 100 profesionales de la salud listos “para la colaboración internacional en casos de desastres, guerras, pandemias, etc.”. Y añaden: “que nuestra patria haga sentir su contribución a la humanidad, presencia y fortalecimiento de la amistad con los pueblos del mundo”. De modo que esta referencia ni siquiera se centra en las necesidades del Perú.

Lo que sí dice el plan de gobierno de Perú Libre es que, en un eventual gobierno, reforzarán la calidad de la atención en los centros primarios. Para lograrlo, aplicarán el programa “Médico de la Familia”. Con esta medida construirían consultorios en cada barrio del país. Una tarea titánica con el objetivo de tener un doctor por cada 2,500 habitantes.

Vladimir Cerrón
Vladimir Cerrón en la portada del documento presentado como plan de gobierno por Perú Libre.

“Médico de la Familia” es, además, una propuesta sobre la que Cerrón ya ha escrito antes. En una colaboración suya para la Revista Ideele explicó que esta idea surge en Inglaterra y reseña cómo “la República Socialista de Cuba” fue la primera en aplicarla en Latinoamérica.

La implementación de este programa, señala el documento, haría factible otra propuesta del partido de Cerrón: un sistema de salud único para todos los peruanos, donde se concentren los servicios de Essalud, Minsa y Sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Para el doctor Mayta-Tristán, si bien esta propuesta es útil para fortalecer el sistema sanitario, no serviría de nada si los doctores son enviados sin equipamiento. “No tenemos establecimientos de salud que tengan un nivel adecuado de resolución. Ocurre en Lima y peor en el interior del país. Eso no se soluciona con un consultorio si no con mayor capacidad de herramientas en el primer nivel de atención”, considera.

El epidemiólogo Ugarte-Gil advierte que el programa “Médico de la Familia” implica traer médicos extranjeros y que no es atractivo para el personal sanitario. “Esa es otra cuestión. Varios de los médicos que están en estos programas en Cuba o Venezuela no cumplen los criterios de medicina que tenemos acá o en otros países”, afirma.

Para encontrar propuestas directas contra el Covid-19 tenemos que volver a la participación de Pedro Castillo en el debate organizado por el JNE. En su intervención, el candidato –que tuvo la enfermedad en enero pasado– dio pistas de lo que un gobierno de Perú Libre haría para combatir la pandemia. Aunque nada más se trate de eso: de pistas.

 

 

El candidato más votado en primera vuelta dijo en esa oportunidad que en su gobierno priorizará “la vacuna universal, masiva y popular gratuita”. También destacó a la vacuna rusa Sputnik V como un producto “de calidad” que permitirá “empezar con el resto de actividades” de prevención. No se refirió a ninguna otra vacuna disponible en el mercado.

Para el infectólogo Carlos Medina concentrarse en un solo tipo de vacuna sería un gravísimo error. “Eso está ligado a su ideología de izquierda y es lamentable. Apostar por una sola vacuna es lo peor que se puede hacer porque no tienen un solo comprador. No van a producir solo para ti, existe un gran mercado. Esa es la carrera: inmunizar a la mayor cantidad de población en el menor tiempo posible”, asegura.

En ese debate, Castillo afirmó que no buscarían aumentar el número de camas UCI y que, más bien, agotarían sus esfuerzos para evitar “que el poblador llegue” a necesitar una. No explicó cómo podría garantizarlo. Lo que sí lanzó fue una resonante arenga: “con la salud no se discrimina, no se lucra y no se privilegia”.

El resto de propuestas para el sector salud incluye el aumento del presupuesto del 5.4% al 10% del PBI. A diferencia de Fuerza Popular, Perú Libre sí ve posible llegar a esa cantidad. El partido del lápiz explica en su plan de gobierno que obtendrán recursos “del nuevo reparto de las utilidades entre las transnacionales y el Estado peruano”. Luego de revisar todas las concesiones existentes en el país, por supuesto. El plan también apunta a establecer un tarifario único para las clínicas privadas y la despenalización del aborto como método para controlar la natalidad.

Durante su cierre de campaña en Lima, Pedro Castillo también aseguró que las cuarentenas debían terminar. “Es una zozobra para la población y el Estado debe proveer las vacunas para que podamos salir adelante”, comentó el sindicalista nacido en Cajamarca. Este es un punto común entre los discursos de Castillo y Fujimori, y los especialistas consultados por Sudaca coinciden en que esto sería un tremendo error.

Percy Mayta-Tristán señala que “si no nos fue peor en la primera ola fue porque tuvimos una cuarentena”. “No hay ninguna evidencia de que estas no sirvan para reducir el contacto entre personas”, comenta.

El epidemiólogo César Ugarte-Gil recuerda el caso de Suecia. Un país que prescindió de las cuarentenas por “creer falsamente en la inmunidad de rebaño” y terminó siendo uno de los países con mayor impacto dentro de Europa.

Por su parte, el infectólogo Carlos Medina resalta que la cuarentena es un medio, no un fin. “La idea no es solo liberar las medidas de restricción, si no que voy a hacer cuando los casos se empiecen a incrementar. ¿Cuál será la estrategia para controlar esa situación?”, pregunta.

Los tres doctores también coinciden en mostrar su decepción porque la clase política fue olvidándose de a pocos de la pandemia conforme se acercaban las elecciones. Ugarte-Gil cree que “ya hemos normalizado las muertes, a pesar que cada vez nos tocan más cerca de casa”. Mayta-Tristán asegura que tenían temor de que se pospusieran los comicios y por eso guardaron silencio. Medina es más contundente: lo hicieron porque ninguno tenía ideas adecuadas para nuestra realidad. Ojalá el próximo gobernante recuerde que la pandemia será su primera tarea a resolver.

 

**Fotomontaje por Leyla López

Fecha de publicación: 16/04/21

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Coronavirus, Fuerza Popular, Pandemia, Perú Libre, Planes de Gobierno
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