“Planeamos revisar las rutas de vuelo”, señala Mario Pinto, como uno de los objetivos del comité técnico que ha conformado LAP y que está funcionando desde principios del 2019. No tiene, sin embargo, una fecha estimada para los cambios. El representante de LAP también comentó que vienen desarrollando programas de salud en las áreas de influencia directa, pero dentro de las especialidades no está incluido el tema la audición.
Los vecinos no solo están preocupados por los ruidos de los aviones de hoy. También por la ampliación del aeropuerto, con la cual se espera recibir hasta 60 millones de pasajeros hasta el 2035. La obra representaría una solución para los viajeros que actualmente encuentran un aeropuerto desbordado, pero genera temor en los vecinos afectados por el sonido de los aviones. Los cerca de 240 vuelos por día -entre salidas y llegadas- que se registraron hasta fines del año pasado han impactado negativamente en su calidad de vida.
Sin supervisión gubernamental de ningún tipo, BioAmbientalistas ha continuado sus peludas actividades hasta hace unos días. Así lo dejan ver en su cuenta de Facebook. Y van a seguir haciéndolo, al menos por las próximas semanas. “Nosotros vamos a continuar hasta que lo que recolectamos se termine. Ya nos queda poco, luego veremos otro tipo de estudios. El mar también se contamina con otras cosas como basura”, dice Tania Saboya, vocera del colectivo.
A mitad de febrero, BioAmbientalistas difundió en sus redes sociales los resultados de un estudio propio donde señalaban que uno de sus cordones de cabello retenía 426,8 gramos de hidrocarburos en una hora. El “test”, sin embargo, fue hecho en baldes llenos de agua contaminada y no en el mismo mar afectado.
«BioAmbientalistas ha seguido trabajando en estos últimos meses. Su última intervención, según sus redes sociales, fue hace un par de semanas».
“Debe existir un sinceramiento de esas cifras. Se entiende el compromiso, pero las soluciones deben ser a gran escala.Esa es una de las lecciones del derrame. El uso de skimmers [aparatos para recoger hidrocarburos en agua] y barreras deben ser aplicados por Repsol, no la ciudadanía. El cabello sigue siendo una herramienta poco efectiva”, explica Gardenia Jiménez, decana del Colegio de Biólogos del Perú.
Insistir a estas alturas con utilizar cabello para mitigar los daños del ecocidio de Repsol es un absurdo, de acuerdo a biólogos consultados por Sudaca. El pelo sí puede “absorber” hidrocarburos, pero su eficacia se reduce rápidamente. “Matter of Trust [precursora en este método] explicó que en un máximo de 72 horas [después del derrame] el sistema funciona, después de eso ya es difícil porque no hay evidencia de que la película tornasolada de petróleo se adhiera al cabello. Lo que hemos visto es que la primera intervención recién fue después de dos semanas”, dice el biólogo Diego Padilla. La asociación también señaló que nunca se ha utilizado cabello a escalas como la del ecocidio de Repsol, añade.
Gardenia Jiménez, la decana del Colegio de Biólogos también explica que este método podría expandir el daño ambiental ocasionado en el mar. “El problema con el cabello como cualquier absorbente orgánico es que va absorber petróleo y el agua. Pero, cuando lo hace, el peso de las denominadas ‘salchichas con cabello’ se incrementa y se va hundir contaminando con petróleo en otro nivel hasta el fondo del mar”, apunta.
Y también podría afectar a la fauna marina si es que las “salchichas” están mal armadas y los cabellos se dispersan en el mar. “A eso se refiere [el Minam y el Oefa] con que las actividades no pueden hacerse de manera independiente y sin asistencia técnica o equipamiento”, sentencia Jiménez.
Diego Padilla, junto a otros biólogos preocupados, hicieron llegar las advertencias a la comuna metropolitana en un documento que sintetizaba la bibliografía al respecto. Trabajo que les tomó dos días, pero que para la MML fue imposible de hacer. “Si vas a priorizar tu estrategia de comunicación política para una actividad que no conoces, no tienes protocolos y donde la bibliografía dice que no se sabe si funciona de la mejor forma, y además estamos a destiempo, en mi opinión no tienes idea de qué hacer con el problema”, dice el biólogo sobre el accionar de la comuna.
No hay mayor claridad sobre la potencial contaminación extra que un mal uso del cabello en el mar podría ocasionar, pero el riesgo es grande. “Es importante que la población se involucre, pero debe contar con asesoramiento estatal precisamente para no caer en irregularidades. Si esto genera residuos peligrosos, ¿dónde se disponen?, ¿quién va a encargarse de ello? Debe existir una trazabilidad en el recojo de residuos”, señala la decana Jiménez.
“Fue una medida mediática y desesperada que se tuvo con la ciudadanía participante. Hay que acercarse al colectivo y explicarles técnicamente que esto ya no corresponde. Se les agradece la voluntad, pero en este momento podrían ocasionar más problemas sin contar con el respaldo de las autoridades”, sentencia la decana Jiménez. La municipalidad de Lima quiso tomarnos el pelo.
La libertad del exdictador también ha generado reacciones entre sus más íntimos partidarios y abre un debate sobre el dominio absoluto de Keiko Fujimori en Fuerza Popular. “La imagen del presidente Fujimori es algo que orienta al partido y al fujimorismo. Su libertad es una especie de fuerza nueva que pueda nutrir al fujimorismo”, dice a Sudaca Ricardo Rivera Romero, uno de los hombres de mayor confianza del exdictador y excandidato al Congreso por Fuerza Popular. Rivera colaboró con el libro de memorias de Fujimori “La palabra del Chino. El Intruso”.
Una fuente cercana al exmandatario, de los llamados “albertistas”, dice que la libertad de Fujimori debe suponer un debate sobre si es conveniente o no que siga Keiko Fujimori como lideresa de Fuerza Popular ante sus fracasos electorales. “Alberto Fujimori no se va a enfrentar a su hija y va a estar enfocado en cuidar su salud. Pero los seguidores del expresidente deben aprovechar la ocasión para exigir cambios, porque el fujimorismo muere con Alberto Fujimori”, dice la fuente.
Keiko Fujimori rompió políticamente con su padre en las elecciones del 2016 y no quiso reivindicarlo, borrando del partido a figuras identificadas con el patriarca. La apuesta no le resultó, pues perdió en segunda vuelta con Pedro Pablo Kuczynski. En los comicios del 2021, la lideresa de Fuerza Popular cambió de estrategia y se reconcilió con la vieja guardia fujimorista por mediación del expresidente, según pudo conocer Sudaca. La elección resultó otro fracaso.
Tras perder en el balotaje, el fujimorismo se rehusó a hacer una autocrítica sobre su desempeño electoral y encubrió el fracaso con falsas denuncias de fraude. “Keiko maneja a una cúpula cerrada. Ella no va a querer ceder espacios. Pero es hora de ver otras alternativas”, dice una fuente cercana al exgobernante, cuya liberación traerá cola, sin dudas.
Alejandro Cavero es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero nunca ejerció su carrera. Su curriculum se resume a tareas vinculadas a la comunicación social, un trabajo de asesoría a la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK) entre 2018 y 2019 y una consultoría en “asuntos públicos” para una empresa privada, de acuerdo a su hoja de vida. “Yo tengo asesores abogados y con experiencia en el Congreso”, apunta, ofuscado, cuando le hacemos notar los detalles de su CV.
Si bien la decisión del congresista de no admitir pruebas no es vinculante con las decisiones del Poder Judicial, sí inclina la balanza al momento de persuadir a sus colegas para admitir la denuncia. Y aunque el informe presentado por Cavero está amparado en el reglamento del Congreso, los especialistas opinan que este atribuye funciones que los parlamentarios no deberían tener. “La chamba de ellos es si los persuade o no [la denuncia fiscal], no son jueces. Ellos solo deben verificar si existen elementos que les permitan autorizar un proceso”, dice Luciano López.
“Se reconoce que el procedimiento del Congreso es un procedimiento político, pero eso no puede estar exento de un control constitucional. Y ahí sí resulta absolutamente arbitrario lo que está haciendo Cavero. Él no es juez ni fiscal, pero está tomando groseramente una actitud en favor de un investigado”, opina Carlos Rivera.
Ramiro González Rodríguez, jefe del área del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación. Está a cargo de la denuncia contra Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez (Foto: Ministerio Público de Argentina).
La denuncia constitucional fue presentada por el Ministerio Público en octubre pasado. El 8 de marzo, Ramiro González Rodríguez, jefe del área del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, sustentó la acusación en el Congreso. Alejandro Cavero calcula, sin embargo, que habrá tres sesiones más en la subcomisión para entrevistar testigos. Este grupo de trabajo deberá emitir un informe final en los próximos meses.
En el Ministerio Público, sin embargo, algo les huele mal. “Están preparando el camino para archivar, porque van a llamar a más de testigos. Ellos van a hacer un juicio ahí, cuando no es su competencia”, dice a Sudaca una fuente fiscal con conocimiento del caso.
Cavero ya ha mostrado su complacencia con el régimen de Merino cuando, en campaña electoral, le preguntaron si el gobierno del accionpopulista fue uno autoritario. “Mira, el gobierno de Manuel Merino fue nombrado por sucesión constitucional como lo fue el gobierno de Sagasti y como lo fue también el gobierno de Vizcarra. [Si fue autoritario o no], eso es algo que juzgará la historia. Yo creo que el gobierno de Merino fue constitucional”, respondió a El Comercio el entonces candidato congresal.
Por otro lado, Fortunato Ccama −supuesto autor de una de las dos denuncias idénticas− es un señor de 64 años que no consigna firma en el documento, a pesar de que su nombre figura como el que lo ingresó por Mesa de Partes Virtual el 22 de octubre. Sudacallamó al número de celular que el denunciante incluyó en el formulario, pero contestó una señora que asegura no conocerlo.
Desde el correo electrónico que consignó en mesa de partes tampoco respondieron nuestras comunicaciones. Esta dirección de Gmail (smendozaj10@gmail.com), además, incluye iniciales y un apellido que no coinciden con el nombre de Ccama. Intentamos buscar al sexagenario en su dirección legal, pero no lo encontramos. Sus vecinos aseguran que no reside ahí y que solo va de vez en cuando.
La segunda denuncia fue ingresada por la empresa Pacific Security International SAC tres días después, el 25 de octubre. Una de las pocas diferencias con el primer documento es que sí se incluyó una firma al final: la del supuesto gerente general de la firma, Fredy Vargas.
Sin embargo, el Comité de Selección realizó un contraste de esta rúbrica con la que figura en el Reniec y encontró considerables diferencias. Otra irregularidad es que la gerenta general de la empresa desde el 2020 es Carolina Vargas Enriquez, según la Sunat, no su hermano Fredy.
Nota de edición: Después de publicado este reportaje, Fredy Vargas, de Pacific Security, se comunicó con nosotros. Nos confirmó que su firma fue falsificada, pues ni él ni su hermana la estamparon en la denuncia, y que no fue su empresa la que presentó el documento.
Y aquí lo peor: al día siguiente de que la empresa ingresó su denuncia, la Unidad de Abastecimiento le respondió que ese recurso de apelación no era válido, porque la empresa pertenece al postor ganador. Y es que Pacific Security International fue una de las cinco empresas de SWAT Security que participaron en el concurso público. De ser veraz su autoría de la denuncia, estaría cuestionando su propia propuesta de obligaciones y la buena pro del consorcio al que pertenece. Insólito.
SWAT Security registra dos contratos más con entidades públicas, de acuerdo al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Ambos fueron firmados con Cofopri y se dieron en los años 2020 y 2022.
Intentamos comunicarnos con la empresa Pacific Security International por distintas vías, pero no respondieron. Por su lado, Indecopi dio una respuesta negativa a nuestro pedido de descargos, asegurando que la única vía posible para comunicarse era el portal de acceso a la información. La gestión Palacín no parece muy interesada en que este caso se ventile.
De aprobarse esta decisión, el documento pasaría al pleno del TC para el debate final y definitivo. “Calculamos que la vista de causa para ver el asunto de fondo [en el pleno del tribunal] se debe dar en un mes”, dice Marco Palomino Valencia, procurador del Poder Judicial, una de las partes en el proceso en el TC.
Actualmente, el tribunal tiene seis miembros, luego de la repentina muerte del magistrado Carlos Ramos. “Sardón, Ferrero y Ernesto Blume se pueden poner de acuerdo en darle libertad a Fujimori. Ellos forman un bloque sólido y, en caso de empate, dirime el voto del presidente Augusto Ferrero. La celeridad o no del tema depende del doctor Ferrero”, dice la fuente del TC.
El premier Aníbal Torres ha dicho que el gobierno evaluará el traslado de Fujimori a un penal común apenas se recupere. Ante ello, el reo aguarda con expectativa el desenlace en el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, permanece en una habitación del cuarto piso de la clínica Centenario, al cuidado de María Cordero y esperando que se dilucide la incertidumbre sobre su futuro.
Ante esta denuncia, Enel respondió a Sudaca que «cuenta con procedimientos rigurosos para el contrato y control de proveedores». «El sistema de scoring financiero, Sentinel, calificaba a Electrowerke como un proveedor de “riesgo mínimo” a la fecha de celebración del referido contrato», dijeron.
Enel sostiene que, si bien el contrato firmado con Electrowerke permitía subcontratar a terceros que apoyen la ejecución de la obra, «no establecía ninguna obligación por parte de Enel frente a estos u otros proveedores subcontratados». «Tal como se explicó, debemos aclarar que Enel no puede responsabilizarse de las deudas que mantiene Electrowerke con sus subcontratistas», precisan.
Carhuapoma, sin embargo, tampoco está libre de líos que lo pueden dejar en el banquillo de los acusados. Desde finales de octubre del año pasado, es investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de negociación incompatible. Se le acusa de haber realizado contrataciones irregulares en EsSalud junto a su asesor José Romero Oscco, luego de la difusión de un reportaje de Panorama. En este caso, la fiscalía consideró la carta de renuncia de Carolina Linares, exgerenta general de la entidad, que señaló presiones de Carhuapoma para hacer ascensos ilegales en el seguro social.
Carhuapoma es cuestionado por otros miembros del Consejo Directivo porque fue elegido vicepresidente en una reunión donde solo estuvieron Gino Dávila, presidente ejecutivo; Augusto Tarazona, el otro representante del Estado ante dicha instancia; y el mismo Carhuapoma. Esto, aunque es legal, ha generado molestias entre los consejeros que no respaldan su designación.
“Esto no es algo nuevo. El Ejecutivo designa al presidente y al vicepresidente de esta institución. Nosotros, como representantes de los aportantes y trabajadores, siempre hemos planteado que esta modalidad debe cambiarse. EsSalud no se debe dirigir con influencias políticas. El presidente y vicepresidente deberían ser elegidos por el Consejo Directivo en pleno”, asegura Luis Villanueva Carbajal, representante ante el Consejo de los asegurados que trabajan en el sector público.
“Persona cuestionada, investigada y con quejas de parte de los trabajadores no puede tener respaldo de los consejeros. Hay muchas observaciones [en contra de Carhuapoma]”, apunta Vicente Castro Yacila, representante de los trabajadores del sector privado.
Desde su nuevo cargo, además, Carhuapoma ha hecho visitas ‘institucionales’ al flamante mandamás del IPD, Julio ‘Coyote’ Rivera, a cuya institución se están moviendo funcionarios que trabajaron con él en su breve presidencia ejecutiva en EsSalud. Tampoco ha perdido el tiempo en hacer alarde de sus magros ‘logros’ en el seguro social: visitas a hospitales junto a Pedro Castillo o el balance de sus 100 días como presidente ejecutivo. Por supuesto, sus redes sociales no han mostrado un ápice de autocrítica.
Otros tres congresistas vinculados a ‘Los Niños’ −según el portal Epicentro− son Raúl Doroteo, Jorge Luis Flores Ancachi y Juan Carlos Mori Celis. El primero, al igual que Ilich López, es cercano a Julio Chávez Chiong. Por otro lado, Flores Ancachi y Mori Celis lo son a Yonhy Lescano, según las fuentes consultadas por este medio.
Darwin Espinoza, por último, también sería parte de la guardería. Según las fuentes, este personaje es cercano a Edmundo Del Águila Morote, autoproclamado secretario nacional de AP en las accidentadas internas de setiembre, y a su hijo, Edmundo Del Águila Herrera. Ambos lideran una de las facciones más poderosas dentro de la lampa. El congresista contrató a la hermana de este, Karim Del Águila Herrera, como técnica en su despacho congresal, con un sueldo de S/6.000 mensuales.
En el partido su presunta vinculación a ‘Los Niños’ revivió viejas rencillas y denuncias. “Dentro y fuera del partido, por donde camina, hace daño. Donde camina y toca, pudre a las personas y los sitios”, dice Yuliana Silva Roncal, exdelegada electoral de la provincia de Santa, Áncash, sobre el congresista.
Varios aseguran que Espinoza siempre ha tenido problemas dentro de Acción Popular. Según testimonios de militantes de Áncash, Espinoza y su hermano se habrían adueñado del local partidario en Chimbote desde el 2014 y lo habrían alquilado a terceros sin rendir cuentas. “El local ubicado frente a la Plaza de Armas de Chimbote se encuentra en posesión de él y su hermano. Ellos usufructúan el local y no permiten que nadie del partido tenga acceso”, asegura una militante de la lampa en Áncash.
“Espinoza no es una persona de fiar, él y su hermano han hecho plata gracias al local que tienen capturado en Chimbote”, agrega Milagros Rojas, secretaria nacional de disciplina.
Darwin Espinoza niega las acusaciones. “No soy ningún administrador ni tesorero”, afirma. Sin embargo, un acta policial de octubre de 2018 lo desmiente. Según el documento, uno de los comerciantes que arrendaba un espacio del local partidario denunció al ahora congresista por destrozar su negocio. La agresión comenzó porque Espinoza exigía que se le pague “el arriendo a su persona” o, de lo contrario, comenzaría a “destrozar su local y empezarlo a hostigar, diciéndole que iba a sacar sus cosas a la calle”.
Acta policial que narra las amenazas y violencia cometida por el ahora congresista Darwin Espinoza contra uno de los comerciantes que alquilaba el local partidario de Acción Popular en Áncash.
Como el comerciante se negó −pues él había firmado el contrato con el hermano del congresista−, Darwin Espinoza “se acercó a la puerta […] y sin mediar motivo alguno tiró una patada a la altura de la cerradura, así como una rajadura en la puerta de madera”, se lee en el documento de la PNP.
No es lo único que ha quedado en los registros policiales. En junio de 2019, Espinoza fue intervenido por agredir a otro correligionario dentro del local. “A consecuencia de la agresión, ambos presentan lesiones”, se puede leer en el parte.
Tras el último voto de confianza, los accionpopulistas ahora creen que hay más de cinco ‘Niños’ que obedecen las órdenes del presidente Pedro Castillo. “Por supuesto que es una traición si se comprueba que ellos realmente están involucrados. Esos 5 congresistas no nos representan […] A los congresistas les faltan pelotas. Hay demasiada corrupción”, dice Milagros Rojas.
El terremoto ha removido tanto, que algunos de los principales rostros de la lampa incluso plantean que AP no participe de las próximas elecciones. “Así como están las cosas, si le dijeran a la gente por qué partido votarían, no pensarían en AP”, sostiene el parlamentario José Arriola.
El 8 de marzo, el partido comunicó que citaría a los cinco congresistas señalados como parte de “Los Niños”. Hasta el momento, según informó El Comercio, dos de los citados son Mori y Doroteo, quienes fueron señalados directamente por Karelim López. Los otros tres, mencionados por la prensa, también darán sus descargos y luego se les abrirá una investigación.
