Informes

 

Desde hace doce años, Esteban Uceda Guerra-García no paga la pensión alimenticia de su hijo. Oficialmente adeuda S/48.500, según calculó un perito judicial solo hasta el 2019. “Él nunca se ha hecho cargo de su hijo. Ni siquiera le hizo una llamada telefónica”, se queja Diana Arias Stella Diez, que terminó demandando a Uceda. Hace 25 años que tuvo un hijo con este político. Durante gran parte de su vida, el joven no ha recibido el dinero que le corresponde de parte de su padre.

Las deudas de Uceda podrían crecer. En las últimas elecciones generales, tentó suerte al Congreso. Lo hizo de la mano de Hernando de Soto, en las filas de Avanza País. Y aunque afirma a Sudaca que es un “respetuoso de la ley”, no cumplió con presentar los informes de gastos e ingresos de su campaña. Por ello, la ONPE podría sancionarlo con hasta S/138.000.

Esta es la historia del precandidato a la alcaldía de La Molina por “el único partido en defensa de la vida y la familia”.

 

MAL PADRE

Antes de continuar, una precisión: Esteban Uceda no usa su nombre de pila. Prefiere hacerse llamar Diego y promocionarse como tal. “Todo el mundo me conoce como Diego porque en mi certificado de bautismo me pusieron Esteban Diego”, explica.

Desde que el hijo que tuvo con Diana Arias Stella nació, en 1997, “Diego” se desentendió. El político no había pagado ni un solo centavo entre mayo de ese año y abril de 2010, lapso en el que le tocaba abonar S/450 mensuales. Así lo señala una resolución judicial de setiembre de aquel 2010. En total, debía S/53.587 por los cerca de 13 años que no pagó.

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Resolución del juzgado de paz que en 2010 declara deudor alimentario moroso a Diego Uceda.

En ese momento, el juzgado de paz que lleva el proceso ordenó que Uceda sea declarado deudor alimentario moroso. El 2011 un medio publicó la historia de la deuda del entonces vocero de Solidaridad Nacional. “Él pagó en el 2011 y de ahí no volvió a pagar nunca más”, dice Arias Stella.

En efecto, desde mayo del 2010 hasta el mismo mes del 2019, el juzgado calculó que Uceda había dejado de pagar S/48.500. Esto a pesar de que sus ingresos de hace tres años fueron de S/186.000, según su hoja de vida. Incluso, ese mismo año, el 2019, hizo “un fiestón de rompe y raja” por su onomástico número 60, donde asistieron alrededor de 500 invitados, como el expremier Ántero Flores Aráoz, la excongresista Martha Chávez y hasta la conductora de televisión Magaly Medina. Prioridades, le dicen.

A inicios de diciembre del 2021, hace poco más de un mes, el mismo juzgado de paz ordenó que Uceda pague su deuda; de lo contrario, sería declarado deudor alimentario moroso. Lo curioso es que, hasta la fecha, el flamante precandidato a la alcaldía de La Molina no figura como tal en la web del Poder Judicial. “Yo volví a solicitar desde diciembre del año pasado que lo pongan en el registro de deudores alimentarios [porque no ha pagado], pero todavía no lo han puesto. Justo estoy reclamando porque se están demorando mucho”, dice Arias Stella.

Uceda no parece muy interesado en el asunto. En varias partes de la entrevista con Sudaca deja ver que no sabe cuál es la edad de su hijo. Y responde –al mismo estilo que López Aliaga cuando se le pregunta por sus deudas con la Sunat– que no pagó porque no fue “notificado en ningún momento”.

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A la izquierda, la resolución de diciembre de 2021 que ordena a Uceda pagar su deuda por alimentos. A la derecha, la solicitud de Arias Stella donde detalla el periodo y monto de la deuda.

Uceda también recalca que “desde hace 21 años tengo un hogar bien constituido con mis hijos universitarios, con los que tengo una buena relación”. Por supuesto, entre esos hijos no cuenta al que tuvo con Arias Stella. Asegura que, si tiene que pagar la deuda, lo hará porque “es un hombre de bien”.

Contradictoriamente, luego dice que apelará la resolución y hasta que se hará una prueba de paternidad. Pero durante todo el proceso judicial que le dio la razón a Arias eso nunca fue puesto en duda. “Una persona no necesita que un juez le diga que pague por su hijo. Congresistas o alcaldes así no necesitamos […] espero que pague o lo pongan de una vez en la lista de deudores”, dice Diana Arias Stella.

 

DESVENTURAS POLÍTICAS

Diego Uceda no solo ha dado qué hablar por su vida familiar, sino también por su perfil camaleónico en la política. Al mismo estilo de César Combina, el hombre de las mil camisetas, Uceda ha pasado de un bando a otro “de acuerdo a sus intereses personales”, como menciona una excongresista fujimorista que lo conoció.

Uceda inició su vida política en Acción Popular, donde permaneció 18 años. Sin embargo, en 1992 se fue del partido porque “pertenecía a una corriente que quería reconocer los logros del gobierno de Alberto Fujimori”, como él mismo contó hace años en una entrevista para La República. Incluso, apoyó el autogolpe de Fujimori. 

Su carrera política no terminó ahí. Como era de esperar, no tardó en unirse a las filas del fujimorismo. Fue uno de los fundadores del movimiento “Vamos Vecino”, posteriormente llamado “Sí Cumple”, donde fue vocero y subsecretario general. Este movimiento conformó la alianza que lanzó a Alberto Fujimori a la re-reelección. En el 2006, Uceda renunció, según él, “de manera voluntaria por discrepancias con dirigentes como Jaime Yoshiyama”. Sin embargo, en ese entonces Carlos Raffo declaró que Uceda había sido “expectorado del partido por dudoso proceder”.

Luego de salir del fujimorismo, se unió a Solidaridad Nacional. Esto a pesar de que el 2002 fue candidato para la alcaldía de Lima y le tocó competir contra Luis Castañeda Lossio.

Años después, en el 2015, Uceda renunció al partido. Su más reciente aventura política fue junto al economista Hernando de Soto. Mientras este aspiraba a ser el nuevo presidente del Perú, Uceda candidateó con el número 12 para ser congresista. No logró alcanzar un escaño, pero sí llamó la atención de la ONPE.

El 5 de enero de este año, el organismo electoral le abrió un proceso sancionador por no cumplir con presentar los informes de los gastos e ingresos de su campaña. Según la ley de financiamiento de partidos políticos, los candidatos deben entregar dos informes. El primero se presenta hasta 30 días antes de las elecciones; el segundo, hasta 15 días luego del proceso electoral. Uceda no presentó ninguno. 

Diego Uceda volvió a cambiar de camiseta política y ahora acompaña, paradójicamente, al partido profamilia de Rafael López Aliaga. La foto corresponde a una entrevista que brindó durante el lanzamiento de su candidatura con Renovación Nacional.

Según Heber Campos Bernal, abogado experto en derecho electoral, presentar estos informes es importante por “un tema de transparencia”. “Los candidatos deben tener la capacidad de decirle a sus electores y al país quiénes han sido sus aportantes […] La idea es que, a través de estas supervisiones, se garantice que los candidatos financien su campaña de forma leal, de acuerdo a lo que el marco jurídico establece”, explica.

Uceda dice que no presentó los informes porque no hizo campaña política. “Yo no hice campaña y me negué a ser congresista. A mí el señor Hernando de Soto me ofreció ser candidato al Parlamento Andino con el N° 1, pero luego los personajes nefastos, por los cuales Hernando se fue de Avanza País, no me inscribieron al partido y desconocieron que debía ser candidato al Parlamento Andino. Por eso yo dije que no iba a hacer campaña. Y no lo hice. Usted no va a ver ningún cartel mío”, sostiene Uceda, que finalmente fue colocado en la lista del partido al Congreso.

Sin embargo,  durante el periodo electoral, Diego Uceda asistió a varias entrevistas y debates donde exponía sus propuestas. Lucía el número 12 y el tren de Avanza País en el pecho. Por no presentar los informes, a Uceda le corresponde una multa que va entre los S/46.000 y S/138.000, según la ley de financiamiento.

“Parece poco creíble que no se haga campaña porque, cuando uno postula a un cargo, para ganar necesita difundir sus propuestas, necesita hacer campaña para convencer a sus posibles electores. Pero en el supuesto de que no se haya gastado nada, igual tiene que haber una declaración donde se señale eso”, dice Heber Campos.

A puertas de las elecciones municipales, Uceda ha regresado a Solidaridad Nacional, ahora convertido en Renovación Popular y dirigido por Rafael López Aliaga. ¿Qué dirá el excandidato presidencial que suele hablar de la importancia de la familia?

 

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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Por Julio Rospigliosi y Alessandro Azurín

La carrera política de César Combina ha estado marcada por un verbo: abandonar. Forzadamente, a veces, como cuando lo ‘desfederaron’ en la PUCP; o por voluntad propia, como la vez que dejó el proyecto de APP con el que se pensaba que llegaría a ser gobernador regional. “No hay un caso como el de César Combina, por el que se haga tanto trabajo para que después termine en otro lugar”, dice José Miguel Álvarez, quien fue parte de esa última aventura en Junín.

Su paso por la política se caracteriza por el cambio de camisetas a granel: primero fue el PPC, luego el fujimorismo y más tarde un movimiento regional que llevaba su apellido. El 2020 llegó al Parlamento con Alianza para el Progreso (APP) y ahora ha vuelto a recalar en tienda naranja. A todo eso habría que agregarle la fundación de un partido de derecha en su época estudiantil y, según documentos y testigos, su incursión en un movimiento universitario llamado Falange Reformista.

Para este perfil Sudaca entrevistó a excompañeros y rivales políticos de Combina, quienes en los últimos 19 años han sido testigos de ese sistemático tránsito entre agrupaciones, de las que casi siempre sale peleado. El hoy precandidato de Fuerza Popular para Lima Metropolitana también responde.

 

LA VERDAD DE LA RENUNCIA

Combina ha dicho recientemente que la primera vez que dejó el fujimorismo lo hizo por su rechazo a Joaquín Ramírez. “Yo fui uno de los más duros que se enfrentó a él [Ramírez] a la interna y, por lo tanto, tomé la decisión de no afiliarme a Fuerza Popular, pese a la invitación de esta agrupación”, declaró sobre su salida de Fuerza Popular de hace 7 años. Había llegado como invitado. En esa época, Ramírez, embarrado por investigaciones fiscales y periodísticas, era secretario general del partido.

Los archivos y los testimonios apuntan, sin embargo, en otra dirección: Combina era mal visto por varios dirigentes fujimoristas de Junín. “Lo conocían apenas en la selva de esa región, donde tiene una casa, pero no en la capital, Huancayo”, cuenta César Merea, exalcalde fujimorista de la provincia de Satipo. “Él no vivía en Junín, venía esporádicamente”, aclara José Miguel Álvarez, actual consejero regional. 

Cuando César Combina llegó allí, en el 2014, faltaba poco para las elecciones municipales. Él era la ficha para ganar el cargo de gobernador, pero quedó cuarto. “Nosotros teníamos un candidato regional y, de la noche a la mañana, el comité ejecutivo decidió que el señor Combina sea quien vaya a la gobernación. Hasta cierto punto lo veíamos con desconfianza y una actitud que yo no compartí”, dice Merea.

Luego de los comicios, quedó como coordinador regional del partido. Pero no pasó mucho tiempo para que su relación con los militantes se rompiera definitivamente. El 19 de junio del 2015, el diario ‘Primicia’ sacó una nota titulada “César Combina llamó ‘regordeta y retardada’ a Keiko Fujimori”. La nota decía: “Indignación se vive en un sector del fujimorismo en Junín tras conocerse que el excandidato a la presidencia regional calificó de regordeta y retardada a Keiko Fujimori, además de otros calificativos y cuestionamientos que aparecieron publicados en su blog de internet ‘La Combi de Combina’”.

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Nota del diario Primicia del 2015, que da cuenta de las acusaciones contra César Combina de parte de un sector del fujimorismo.

“Se puede leer por ejemplo: ‘¿por qué no a la regordeta? Pues porque no está preparada y la gente que la acompaña es de la peor calaña. Imaginen a una retardada de presidente, que lo único que sabe decir es besho abasho, con un séquito de chupasangres’”, reseña el informe periodístico.

La nota cita también a Augusto Lara Pérez, entonces secretario del comité provincial de FP en Huancayo, quien detalló que los calificativos fueron publicados seis años antes, en el 2009. Dijo que la verdadera intención de Combina era “infiltrarse en el fujimorismo para promover la división y el caos partidario”.

El blog había nacido en medio de una crispada situación al interior de la Universidad Católica (PUCP), donde César Combina hizo sus pininos políticos. Y un excompañero de aulas, cuya identidad mantendremos en reserva, comenta acerca del antifujimorismo de Combina como estudiante. “Cuando inició su carrera política, tenía una postura bastante crítica al fujimorismo, lo que era natural en la universidad. Además, en esa época militaba en el PPC, que por aquellos años confrontaba al fujimorismo”, cuenta.

César Combina niega haberse referido a su lideresa en esos términos y dice que nunca se identificó como “antifujimorista”. La nota periodística ocasionó, de todos modos, que los secretarios provinciales exijan la inmediata destitución de Combina como coordinador regional.

Esa semana de junio del 2015, Correo informó de una carta firmada por el secretario provincial de Chanchamayo, Marino Aroni Calderón. “Respaldan la solicitud 5.289 firmas recolectadas en Chanchamayo. Según el documento Combina viene ‘fomentando el divisionismo y la anarquía conformando coordinaciones provinciales y distritales paralelas a las ya existentes’”, se lee en la nota del diario.

César Combina dice que detrás de aquellos esfuerzos por castigarlo estaba Joaquín Ramírez. “Las pugnas empiezan con un sector de la región Junín vinculado a Joaquín Ramírez y Alas Peruanas, que funcionaba en Huancayo. Pensaban que yo iba a ser precandidato al Congreso. Pero yo había decidido no lanzarme para permitir que los dirigentes participen en ese proceso”, se defiende Combina.

“Aroni, que era gerente municipal de Chanchamayo, presentó firmas. Pero los firmantes no eran representantes de Fuerza Popular, era un padrón de beneficiarios de la municipalidad [donde Aroni trabajaba]”, añade.

En agosto, la cúpula fujimorista le bajó el dedo y lo removió de su cargo de coordinador. Sin protagonismo y enfrascado en peleas internas, un mes después Combina anunció que no seguiría el partido. Dijo que Joaquín Ramírez había “empoderado a personajes nefastos en cargos dirigenciales en Junín”.

-¿No sabía que ya, desde el 2014, la Procuraduría tenía en la mira a Joaquín Ramírez?- le preguntamos.

-Yo acepté [ser invitado a FP] porque en la provincia de Chanchamayo, mi provincia, tres alcaldes eran de Fuerza Popular. Fueron ellos los que me invitaron. Durante toda la campaña [del 2014 al gobierno regional] no tuve contacto con Joaquín Ramírez. Sí lo tuvo el candidato de Pasco, por ejemplo.

-Pero usted no necesitaba mayor contacto para saber que Joaquín Ramírez era de la cúpula de Fujimori.

-Sí, pero no tenía mayor información sobre él. Fue recién el 2015, cuando fui coordinador, que empecé a tener reuniones orgánicas y tuvimos roces con él sobre su visión.

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Combina le echa la culpa a Joaquín Ramírez de los pedidos para que lo destituyan. (Foto: Congreso de la República)

 

LA COMBI Y LA FALANGE

La carrera política de César Combina empezó el 2006 en la PUCP, cuando asumió la presidencia del Centro Federado de la Facultad de Letras. Iba a Antropología, estaba becado y era militante del Partido Popular Cristiano (PPC), que aquel año lanzaba como candidata presidencial a Lourdes Flores.

Quienes lo recuerdan, señalan que se ausentó de las labores del cargo por su compromiso con el partido. Entonces, fue removido por su propia mesa directiva.

En el 2007, fundó -junto a un grupo de amigos, algunos de las filas del PPC-, Unión Estudiantil (UNES), un movimiento de derecha que aún existe en la universidad. Aquel año llegó a ser Representante Estudiantil ante la Asamblea Universitaria (REA), cargo que le permite al alumnado tener voz en la máxima instancia de gobierno de la casa de estudios.

De la REA, sus opositores recuerdan a un Combina también ausente. “Ahí tu única obligación es ir a la asamblea. Yo me maté yendo un año ahí, pero él desapareció por completo. A mitad del mandato, se va de intercambio a otro país y entonces, es el segundo cargo sobre el que podría decirse que sale ‘vacado’. Primero ocurrió en Letras”, cuenta Ricardo Sifuentes, que también fue miembro de la REA. Los excompañeros de Combina en UNES, en cambio, dicen que la presión de otros grupos les impedía participar de las comisiones activamente.

De UNES, sin embargo, Combina también se alejó tras discrepancias internas. Cuando en 2009 quiso lanzarse a la presidencia de la Federación de Estudiantes (Fepuc), sus compañeros de partido se manifestaron en contra. “No era el momento y queríamos concentrarnos en otras cosas. Además, ya había diferencias sobre su forma de hacer campaña. Él tenía un estilo mucho más populista, que apelaba a la imagen de las personas más que a las protestas”, recuerda uno de ellos sobre su salida.

Combina se lanzó con una lista de “independientes”, pero perdió. Luego se dedicó a lanzar ácidas críticas a la gestión ganadora. En medio del boom de los blogs, el entonces militante del PPC tenía el que ya hemos mencionado: La Combi de Combina. “El sacó su blog y nos insultaba. Dos, tres veces a la semana. Inventaba mil situaciones estúpidas y así fue durante un año”, dice Sifuentes, quien le ganó las elecciones a la Fepuc.

Sus ataques llegaron demasiado lejos y eso le costó la expulsión del gremio estudiantil. Combina realizó falsas acusaciones sobre el proceso electoral que venía preparando la universidad a fines del 2009 y fue ‘desfederado’. “La Fepuc quiere más delegados allegados para copar la Asamblea y bloquear denuncias, acusaciones y censuras. Todo un verdadero mecanismo de defensa, al fiel estilo fujimontesinista”, escribió en su blog. Hoy no tiene problemas en posar junto a Keiko.

Combina nunca se retractó, como él mismo confirma a Sudaca. “Mi proceso de ‘desfederación’ [que le impidió asumir más cargos de gremio estudiantil] se da justamente por posiciones que tuve contra el copamiento que desarrolló el ala que luego se convirtió en Fuerza Social, de Susana Villarán”, asegura.

En medio del proceso disciplinario, su nombre apareció en una lista para la Fepuc llamada Falange Reformista Universitaria, un término que hace referencia al partido fascista español que mantuvo en el poder Francisco Franco (RAE dixit). De acuerdo al portal La Mula, en el Facebook de esta agrupación se incluían mensajes como “¡Brazo en Alto Falangistas! ¡Por una PUCP sin rojos!», «¡Camaradas, a quemar la San Marcos, el mejor comunista es el que está boca abajo!”, entre otras.

Combina niega su afiliación a Falange Reformista y dice que “fue una creación difamatoria”. “Prueba de ello es que no tenemos un certificado de inscripción. Esta es una situación que yo aguanté muchos años, una situación bastante cruel que revive cada vez que me lanzo [a algún cargo]”, agrega.

Pero Sudaca habló con dos miembros de aquella lista, quienes recuerdan el rótulo de Falange Reformista. De hecho, el arquitecto Andrés Rieckhof, amigo universitario de Combina, envió ese año una carta a la Fepuc indicando que lo habían colocado sin su autorización.

“En ese momento César era mi amigo. Era muy payasín, muy risueño, todo lo tomaba a broma, pero [la inclusión en Falange] no era así. Yo le dije que no pertenecería y que no podía estar en algo que probablemente podía explotar a la larga”, explica Rieckhof a Sudaca.

Otro examigo de Combina que integró la lista admite el nombre, pero lo matiza: “La postulación era un bluf, no era seria, nunca tuvo intención de postular realmente”. Falange Reformista no llegó a participar de los comicios. 

Entre dimes y diretes, Combina terminó la universidad en el 2010. Ese año, se postuló como regidor por Lima en la lista de Lourdes Flores. Compañeros de esa época dicen que el partido no le abrió más espacios de representación, por lo que empezó a saltar de bando en bando.

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Izquierda: En la lista de Falange Reformista Universitaria aparece el nombre de César Combina como «Presidente». Derecha: el pedido de uno de los integrantes de esa lista para que lo retiren de ahí, porque no dio su autorización. Esta persona corroboró la veracidad del documento.

 

DESLEALTADES EN JUNÍN

Luego de su paso por la universidad y de dejar su militancia en el PPC, César Combina se concentró en Junín, donde tiene familia. Encontró en el fujimorismo, al que había criticado en sus años universitarios, una vitrina importante. Y, como hemos visto, salió de ahí en medio de acusaciones de ida y vuelta el 2015. Dos años después, fundó un movimiento personalista. El nombre: ‘Combina Junín’.

Para las elecciones regionales del 2018, movimientos incipientes como el suyo debían buscar aliados. “Ese año se acerca el joven César Combina, cuyo movimiento estaba en proceso de formación. Como era joven, podía ser un buen político, una buena promesa. Así que él fue parte de Caminamos Juntos [el partido por el que postuló el 2018]”, cuenta Dimas Aliaga, quien ese año postuló a la provincia de Huancayo con el mismo partido.

Aliaga no tiene el mejor recuerdo de Combina, que encabezó la lista al gobierno regional. “Le diré que se portó extremadamente mal. Muy mal a pesar de que lo invitamos. Por ejemplo, él puso de candidatos a consejeros y al vicegobernador a su antojo, lo que no representaba el consenso del partido”, apunta.

Combina replica: “Deberían ser un poco más agradecidos con nuestro movimiento, que nos sumamos, que lo reflotamos. Yo pagué todos los gastos de ese reflote y me da pena recibir este tipo de maltratos a cambio”

Combina logró el segundo lugar, por debajo de Perú Libre. Consiguieron, además, meter a tres consejeros que siguen hasta hoy. Uno de ellos es José Miguel Álvarez, quien tampoco tiene un grato recuerdo del hoy nuevamente fujimorista.

José Miguel Álvarez (izquierda) y Dimas Aliaga. Ambos tienen pésimos recuerdos de Combina en las alianzas que hicieron con él.

“Había buenas referencias, todo indicaba que el próximo gobernador sería él”, cuenta Álvarez, que el año 2020 pasó a inscribirse en APP, ya con miras a las elecciones del 2022. Combina también se pasó al bando de los Acuña, como invitado. “El objetivo de la alianza con APP era tener la oportunidad de postular y no depender de movimientos regionales, porque siempre había problemas ahí. La intención era que Combina aguardase a postular a la región”, cuenta Álvarez.

Pero Combina se mandó por la libre. “Cuando salió [vacado] Vizcarra, le dijimos que no postulara, porque eso iba a ser un gran error e iba a poner en peligro su candidatura regional”, asegura Álvarez. Combina no escuchó. “Vimos que no tenía intención de retornar, que quería quedarse en Lima. Parece que Junín solo era una pantalla, un trampolín. La gente que lo acompañó siente que los ha utilizado como vitrina”, agrega Álvarez.

Combina niega que haya habido un acuerdo con ellos. “Si bien ellos pensaban que yo sería candidato una tercera vez, no era algo que yo había confirmado. Y él [Álvarez] tiene aspiración a gobernador regional. Así que acá no hay ninguna traición”, apunta.

-¿Cómo explica usted su salto de partido a partido, este cambio compulsivo de camisetas políticas? – le preguntamos.

-Se me puede acusar de tener cambios de camiseta, pero lo que existe es una misma línea. Yo nunca seré de izquierda. Me parece que el camino está en el centro y para mí hay puntos innegociables: si en el camino uno tiene que dejar una tienda política para mantener los principios mínimos de no ceder ante las mafias y de luchar contra la izquierda, ese ha tenido que ser mi devenir.

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La trama judicial que involucra a José Luna Gálvez tiene un nuevo capítulo. El fiscal contra el crimen organizado del Callao, Roger Saldaña, le sigue los pasos a la abogada Karin Díaz López, una mujer que en el 2017 trabajó en la ONPE. Aquel año, según la hipótesis fiscal, la red de Luna Gálvez desplegó toda su maquinaria al interior del organismo electoral para lograr la inscripción como partido de Podemos Perú. El Ministerio Público investiga al actual congresista por presuntamente haber corrompido funcionarios para lograrlo. 

Karin Díaz, de 35 años, fue asesora de Luna en el Parlamento entre febrero del 2015 y julio del 2016, años en los que el artífice de Telesup estaba en las filas de Solidaridad Nacional. Hoy, ya en los predios de Podemos Perú, los militantes la han bautizado como la “ahijada” del congresista. Esto porque Karin Díaz es hija de Kiraida López, actual dirigente del tribunal electoral del partido y muy cercana a Luna, como se puede apreciar en redes sociales. No tiene aún la condición de investigada, pero los esfuerzos de la Fiscalía apuntan a darle un papel protagónico en la trama.

Kiraida Luna Gálvez
Kiraida López Lavy, madre de Karin Díaz y dirigente de Podemos Perú, con José Luna Gálvez. Fuente: Facebook de Kiraida López.

Según el exjefe de la ONPE, Adolfo Castillo, el organismo electoral fue copado por gente afín a Luna en los años que se investigan. Junto a Karin Díaz, catorce funcionarios fueron colocados en puestos claves por recomendación de los operadores del congresista, dijo Castillo. 

Incluso fue contratado personal de Telesup, la universidad con licencia denegada del clan Luna. Dos profesores de esa empresa trabajaron simultáneamente en la ONPE en el 2017 y seis trabajadores de la casa de estudios fueron traspasados al ente electoral en aquella época, según la investigación fiscal. 

 

LOS REGISTROS

El rol clave de Karin Díaz se refleja en las 67 comunicaciones -entre llamadas y mensajes de texto- que mantuvo con José Cavassa. Este hombre es considerado por el Poder Judicial como el principal operador político de Luna Gálvez y es una pieza importante en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, por haber presuntamente influido en la elección de autoridades del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura. Los contactos entre Díaz y Cavassa se dieron del 2016 al 2018, de acuerdo a un reporte judicial al que Sudaca tuvo acceso. 

Cavassa llamadas
Reporte de las 67 comunicaciones entre José Cavassa Roncalla, operador político de Luna Gálvez, y Karin Díaz López, exasesora del líder de Podemos.

En ese mismo periodo de tiempo, Karin Díaz se comunicó 135 veces con Luna Gálvez, según otro documento judicial. Fuentes cercanas al fiscal dicen que Saldaña sospecha que Díaz fue intermediaria entre Cavassa y Luna. Aunque entre estos dos sí había comunicación, la hipótesis fiscal es que ella servía de enlace para algunas coordinaciones.

Por ejemplo, de acuerdo a los reportes de comunicaciones, fueron siete las veces que Karin Díaz se comunicó con Cavassa y el líder de Podemos Perú en un mismo día, solo en el segundo semestre del 2016. Luego de que Luna dejase el Parlamento, la ‘ahijada’ fue contratada en Telesup entre agosto del 2016 y febrero del 2017, como apoyo administrativo.

Ya en el verano del 2017, Luna Gálvez y Telesup apostaron todas sus fichas a que Adolfo Castillo Meza, un físico sin experiencia en temas electorales, ganase el concurso como jefe de la ONPE. El objetivo: inscribir a Podemos Perú como partido político. Así lo confesó el propio Castillo Meza a las autoridades. A finales del 2020, admitió que fue colocado en el cargo por la red de Luna en un concurso amañado, con la complicidad de algunos consejeros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura. “El más fuerte de los operadores políticos de Luna Gálvez es José Luis Cavassa Roncalla”, declaró a la Fiscalía. Cavassa actuó como un lobista en la sombra en el organismo electoral. 

En aquellos días frenéticos por el nombramiento de la cabeza de la ONPE, entre el 9 de enero y el 6 de abril del 2017, Cavassa y Karin Díaz se comunicaron 39 veces. Los detalles de las conversaciones se desconocen, pero todo apunta a las presuntas movidas para inscribir a toda costa a Podemos Perú. “No sé por qué me está llamando, señor. No sé de qué está hablando”, dice Díaz al ser consultada por Sudaca. Cavassa está con arresto domiciliario y, por lo tanto, tiene restricciones para dar declaraciones.

El 19 de abril del 2017 Karin Díaz fue contratada en la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, dos días después de la fundación de Podemos Perú, según la investigación fiscal. Ya eran tiempos de Castillo Meza. Fuentes del Ministerio Público dicen a Sudaca que Díaz llegó, principalmente, para monitorear el proceso de inscripción de ese partido. “La presencia de su exasesora congresal fue una exhibición de poderío de Luna Gálvez en la ONPE de Adolfo Castillo Meza. Ella llegó para apuntalar la inscripción”, dice a Sudaca una fuente cercana a la investigación.

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Documento judicial que da cuenta que Karin Díaz López trabajó en la ONPE y Telesup, la universidad de Luna Gálvez, casi al mismo tiempo.

Así, toda la ONPE fue copada por gente afín a Luna Gálvez, según declaró el propio Castillo Meza. En la oficina donde fue colocada Karin Díaz hubo más nombramientos. “A la persona de Ulbert Medina lo nombró en la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios a sugerencia de Fernando Obregón [a quien identificó como operador de Luna Gálvez] con la finalidad de supervisar el rendimiento de gastos de campaña, específicamente de Podemos Perú”, dijo Castillo. 

“A la persona de Ricardo Pajuelo se le designó como secretario general. Este puesto era muy importante por cuanto es el tercer nivel de filtro en la presentación de planillones de inscripción del partido Podemos Perú. Este personal se colocó en la ONPE para controlar los procesos electorales”, añadió Castillo. 

La investigación fiscal descubrió también que, en el 2017, dos funcionarios de la ONPE trabajaban al mismo tiempo en Telesup como profesores. Se trata de Edwin Benavente Orellana (gestor de proyectos en el organismo electoral) y Erick Calderón Zuñiga (asesoría jurídica). “No he tenido vínculos con el señor Luna. Yo llegué a Telesup por temas circunstanciales, como profesor externo”, dice Benavente. “El tema ya fue aclarado. Estoy prohibido de dar cualquier declaración”, dice, por su parte, Calderón. Ninguno de ellos ha tenido  comunicación con Cavassa. 

 

ÚLTIMAS LLAMADAS

Logrado el nombramiento de Castillo Meza en la ONPE, quedaba pendiente la parte más importante: terminar de inscribir al partido político. El 16 agosto del 2017, en pleno proceso de inscripción, Cavassa llamó a Karin Díaz, ya funcionaria de la ONPE.

En septiembre de aquel año, Podemos presentó un primer lote de firmas: 136.879 planillones repartidos en 28 cajas. Estos tenían datos incompletos y no fueron presentados con declaraciones juradas correctas, de acuerdo a una observación de la misma ONPE.

El 24 de noviembre, en pleno ajetreo para que Podemos tenga luz verde, Cavassa volvió a llamar a Karin Díaz. Hablaron un minuto. En diciembre, el partido que ha apadrinado a Daniel Urresti como candidato la alcaldía de Lima presentó un segundo lote de 13.846 planillones. Los dos lotes sumaban un millón de firmas. El organismo electoral validó 733,719 rúbricas.

Daniel Urresti
Daniel Urresti Elera, precandidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú. Fuente: Facebook de Daniel Urresti.

“La verdad no recuerdo ese nombre [Karin Díaz]. Lo que usted debe saber que el juez ha prohibido a mi patrocinado dar declaraciones”, dice a Sudaca Mateo Castañeda, abogado del legislador Luna Gálvez, actualmente con comparecencia restringida. 

Díaz culminó sus labores en la ONPE en diciembre del 2017. El 1 de enero del 2018, llamó a Cavassa, según el reporte de la Diviac, por seis minutos. Nueve días después, el 10 de enero, el último día de plazo para poder participar en los comicios, el partido de Luna logró su inscripción.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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“Es demasiado frustrante, es horrible que te pasen a una máquina para que te atienda, que te cuelguen. Fui hasta las oficinas de Latam de Surquillo y me dijeron que por ahí no era y que tenía que escribir por el libro de reclamaciones, que por ahí me iban a contestar y que, según ley, tenían 30 días para devolverme las millas o ver cómo solucionaba mi tema”, agrega.

casos-latam
Izquierda: las constantes llamadas de Andrea Vera solo para presentar su queja. Derecha: la absurda respuesta del robot de Latam: «no te entendí».

“Mucha gente termina tirando la toalla”, dice Jaime Delgado, experto en temas de defensa del consumidor. “El consumidor está en desventaja frente a la actuación de un reclamo. La empresa ya tiene el dinero, porque cobró por adelantado, pero no brindó el servicio. Entonces hace difícil la atención del reclamo. Y solo si algún consumidor es más acucioso, insistente, le gana. ¿Pero el resto qué? Estamos jugando un poco a ver ‘quién se atreve a demandarme’”, agrega.

Joel Rooz y Alessandra Bonet sí están dispuestos a acudir al Indecopi. Ambos planificaron su viaje desde agosto. Habían comprado, vía la agencia Costa Mar, un pasaje Lima-Piura-Lima aprovechando sus vacaciones de diciembre. Pasarían Navidad y Año Nuevo en Máncora intentando ponerle fin a un año de trabajo intenso. Joel trabaja en el sector retail y Alessandra como psicóloga en un colegio.

“Pensamos que estas vacaciones nos iban a ayudar bastante, pero terminaron siendo una basura total”, reconoce Joel. Y pasa a explicar: “El vuelo de regreso, que debió darse el lunes 3 de diciembre, fue cancelado el mismo día, 20 minutos antes del embarque. Nos comunicaron en el aeropuerto que había problemas y que lamentablemente debíamos dirigirnos todos al counter principal y pedir más información. Es allí en dónde nos comunican que el retraso sería de dos a tres días. No dieron más explicaciones”.

Joel cuenta que los clientes se acercaron al counter para reclamar por el retraso, pero un grupo de policías entró para dispersarlos. Su pareja, mientras tanto, puso una queja de manera virtual. Latam le respondió que no había manera de reembolsar los costos en los cuales tuvo que incurrir la pareja para alargar, obligados, su estancia en el norte por tres días. Fueron cerca de S/900 adicionales.

“Dos veces negaron pagar cualquier tipo de indemnización. Nos respondieron la solicitud alegando que no calificaba para una compensación económica. Solo nos queda el Indecopi”, cuenta Rooz.

Pero este también puede ser un largo y tortuoso camino. “No es fácil reclamar en Indecopi y la gente no se va a tomar su tiempo de preparar una denuncia, ir a las audiencias de conciliación, contestar los reclamos de la empresa, apelar a la segunda instancia. Un proceso que puede durar seis meses o un año”, explica Jaime Delgado.

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Latam. Puesto 5 de empresas más sancionadas por el Indecopi. No es para menos.

Latam Airlines figura en el puesto cinco de las empresas más sancionadas por el Indecopi. Entre el 2018 y el 2021, ha recibido 631 sanciones por falta de idoneidad en los servicios prestados, falta de atención a los reclamos, haber brindado mala información a los usuarios, incumplimiento de reembolsos, cláusulas abusivas y hasta el incumplimiento de medidas correctivas. Lo más probable es que esa cifra se eleve debido a las fiestas que arruinó este fin de año. Testimonios similares a los anteriores han aparecido en redes sociales entre mediados de diciembre e inicios de enero. El 23 de diciembre, por ejemplo, a vísperas de la Noche Buena, Alec Gramont compartió su caso en Facebook. 

“Este fue el caso para un vuelo que iba a tomar el 25 de diciembre de 2021 pero Latam cambió los horarios y ya no me servían. Había sacado el vuelo con las pocas millas que me quedaban, así que intenté efectuar la devolución online. Absolutamente imposible. No solo la navegación del sitio web es pésima, sino que los sistemas de Latam son tan incompetentes que no se puede obtener ni el código de reserva ni el número de ticket en ningún lado”, contó. Eran dos pasajes que canjeó con millas y dos que compró con su tarjeta de crédito.

El padecimiento continuó, pero esta vez vía telefónica. “Parece increíble pero hay que llamar a Latam para que te manden la información y, por supuesto, eso tomó tres llamadas y más de una hora de espera. Cuando finalmente me enviaron la información, seguí el proceso de devolución para que al final me contestara el sistema que no se podía gestionar la devolución online y que había que llamar al contact center”, denunció en la página de Facebook de Latam.

Como en los casos anteriores, la llamada se tornó desgastante. “Estoy en esa llamada ahora pasada la hora y dos minutos sin que me atiendan. Acabo de colgar ya harto de esperar”, agregó. Latam le pidió al cliente que les escriba por interno para atender sus reclamos.

La solución le llegó solo de manera parcial: le devolvieron las millas (luego del escándalo que armó en redes), pero no el dinero de los pasajes que compró con su tarjeta. Como compensación por estos, le dieron dos ‘travel voucher’, un sistema implementado por la aerolínea que se puede “canjear por servicios de Latam o por dinero”, según dice su sitio web. El procedimiento, sin embargo, promete ser engorroso.

La misma página advierte que, para esto, se debe acceder a una plataforma llamada Latam Wallet, a través de la cual puedes “recibir tus devoluciones de forma automática”, pero aclaran: “próximamente”. También señala que se puede “solicitar el dinero asociado a la devolución”, pero lo condicionan: “si aplican las condiciones y regulaciones”. “Esto lo hacen para no tener que devolver el importe al cliente”, dice Gramont, que nos envió un pantallazo de la respuesta de la aerolínea.

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La respuesta de Latam a Alec Gramont. Le dicen que le devolverán el dinero a través de un ‘travel vocuher’. Pero la opción del reembolso, según la web de Latam, aún no está vigente en el Perú.

Por algo similar pasó el exministro Pedro Cateriano, que había comprado un pasaje para participar de un evento en el extranjero. Este se canceló y tuvo que llamar en reiteradas ocasiones, durante dos días, a la aerolínea para no perder su dinero y buscar solución. Lo tuvieron más de una hora al teléfono. “El maltrato de Latam a sus clientes es algo inexplicable”, escribió el pasado 5 de enero en Twitter y adjuntó un pantallazo de la llamada. Al cierre de esta nota, no había encontrado una solución a pesar de que fue hasta una de las agencias.

Las pérdidas de equipaje también agriaron las vacaciones de los clientes de Latam. Así lo contó Antonio Lulli el 22 de diciembre en sus redes sociales: “Latam, han perdido mi equipaje, con toda mi ropa y además regalos navideños. Después de dos días de llamadas nadie me puede atender o explicar dónde está”. Lulli recuperó su equipaje tres días después, pero perdió dinero.

“Lo más frustrante es que nadie en Latam me podía decir dónde estaba. Obviamente tuve que comprar ropa y todo para los días que no tuve maleta”, cuenta Lulli. El cliente prefirió ahorrarse las molestias de pedir un reembolso. “Nunca hice la solicitud porque ni quiero imaginar el trámite que sería eso”, apunta. No le falta razón.

Sandra Castro-Matheu también escribió al Facebook de la aerolínea que la maleta de su mamá no aparecía durante tres días. Una usuaria llamada Ana Lybien comentó en la publicación que también estaba pasando por lo mismo. Y otro, Carlos Ávila, se quejó de que lo habían dejado en espera durante 20 minutos en una llamada que hizo a la aerolínea para tratar de resolver un problema. A los tres, Latam les escribió en Facebook que se comuniquen a sus canales internos. Ya sabemos a lo que serán sometidos.

Sudaca solicitó una entrevista con Latam, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. Han de seguir ocupados con las quejas de sus clientes. 

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5 de enero. Pedro Cateriano muestra el registro de una llamada a Latam. Lo tuvieron casi una hora y media al teléfono y no le solucionaron nada.

Luego de publicarse este informe, la agencia de relaciones públicas que trabaja para Latam envió un escueto comunicado donde dicen que, debido a la variante Omicron, han tenido que cancelar algunos vuelos. «Desafortunadamente, el alza en el número de contagios ha repercutido también en el personal del grupo LATAM, como ha ocurrido en otros sectores y actores de la industria aérea», apunta el escrito. Y añade: «La contingencia ha generado un número no habitual de llamados, por lo que recomendamos privilegiar la autoatención en nuestros canales digitales (web, whatsapp y redes sociales)».

Indecopi también envió información luego de esta publicación. Dicen, por ejemplo, que el 2021 el sector transporte aéreo registro un total de 8.670 reportes y consultas, según datos del Centro Especial de Monitoreo del Indecopi (CEMI). De estos, el 42% pertenecen al proveedor Latam Airlines Perú, que registró un total de 3.611, con un promedio mensual de 301. Octubre y noviembre fueron los meses en los que alcanzaron mayor cantidad con 415 y 418 reportes, respectivamente.

«Respecto de diciembre del 2021, se observa que Latam Airlines Perú registró un total de 410 reportes y consultas, siendo la falta de atención de reclamos o solicitudes la conducta más reportada con el 33,9% de los registros, seguido del no reembolso de dinero con 26,1% y problemas en sitio web con el 9,8%, particularmente cuando el consumidor o consumidora ha intentado realizar algún trámite previo al aborde del avión, lo cual termina impidiendo el mismo», apunta.

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De todas maneras es un atropello contra la libertad de expresión”. Así calificó el congresista de APP, Luis Picón Quedo, la decisión del juez Jesús Vega de condenar a dos años de prisión suspendida y una reparación de S/400.000 al periodista Christopher Acosta y a Jerónimo Pimentel, director de la editorial Penguim Random House. La sentencia es por la publicación del libro ‘Plata como cancha’.

Para el parlamentario, que respondió brevemente las consultas de Sudaca, que César Acuña haya pedido S/100 millones como compensación económica es “un amedrentamiento” contra el periodista por investigarlo.

Dentro de la bancada, Picón es -al parecer- una rara avis. Consultada por este medio, la también congresista Gladys Echaíz dijo que no se puede tomar como un amedrentamiento lo hecho por su jefe. “Se puede pedir el cielo si usted quiere, pero ya eso está en manos de los que administran la justicia. Eso no le puede amedrentar a nadie, es solo un pedido”, afirma. Los demás congresistas no atendieron nuestras llamadas.

Lo que sí hicieron fue emitir un escueto comunicado que bien podría haber sido elaborado por el área de relaciones públicas del Estudio Ghersi. Manifiestan, por ejemplo, su “respeto absoluto por la libertad de expresión y de prensa, pero también observancia plena a los derechos fundamentales de todas las personas”. Vacío y predecible. 

Quienes tampoco dudaron en brindarle su apoyo a César Acuña fueron sus hermanos. “Como se trata de mi hermano, por supuesto tengo que defender que el juez le haya dado la razón”, dice Virgilio Acuña. Y agrega: “Si en este momento tenemos un periodista con sentencias, es por una decisión que él ha tomado. Y para tomar una decisión uno tiene que estar bien enterado del tema”.

Virgilio Acuña, sin embargo, es citado en el libro con frases poco amigables hacia su hermano César. “Lo que César hizo en la familia fue instaurar la cultura del más vivo”, dijo, por ejemplo. Ahora intenta explicar a Sudaca que, cuando dijo esa frase, se refería a que el líder de Alianza para el Progreso “es el que más conoce de oportunidades y es el que más nos enseña a ser despiertos y vivos”. Sí, cómo no.

Su hermana, la congresista María Acuña, también sale en su defensa. “No creo que esa sentencia sea un atropello contra la libertad de expresión. Todos tenemos derecho a la libertad de expresión, pero hay que saberla expresar”, dice. Para ella, además, esto no va a perjudicar a Alianza para el Progreso en las próximas elecciones.

Quien no quiso atendernos fue Augusto Álvarez Rodrich, el flamante presidente del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS). Mientras en sus columnas calificaba como “acoso” y “un atropello brutal” el allanamiento a la casa del periodista Pedro Salinas, a la hora de escribir sobre su amigo César Acuña se le bajaron las revoluciones.

En su columna del 9 de enero, escribió que, aunque él participa “activamente en la defensa de la libertad de expresión desde hace una década”, la querella planteada por Acuña es solo “un error”. Álvarez Ródrich conoce al líder de Alianza para el Progreso desde 2008, cuando el mismo Acuña lo llamó para dictar clases en la Universidad César Vallejo. Desde el 2020 integra el directorio de esta universidad.

Conocida la sentencia calificó de “nefasto” el fallo judicial y en una entrevista de RPP señaló que espera que la situación se pueda revertir. ¿Pero sobre César Acuña? Parecía que, para Álvarez Rodrich, la demanda la había puesto un fantasma. Ni una palabra sobre él. En su programa de hoy en LR+, le dedicó menos de un minuto y medio al tema.

Otra persona que también evitó dar declaraciones a Sudaca es la expremier y defensora del pueblo Beatriz Merino. Ella, al igual que Álvarez Rodrich, ha tenido una relación cercana con el fundador de la Vallejo, pues es la presidenta ejecutiva de esta casa de estudios. Y aunque en el pasado condenó enérgicamente la llamada “Ley Mulder”, que prohibía la publicidad estatal en los medios, hoy permanece muda.

También enviamos mensajes a Álvaro Vargas Llosa, miembro de la Fundación Internacional para la Libertad, a la que también pertenece César Acuña; y a Luis Iberico, periodista que el año pasado acompañó al líder de APP en su plancha presidencial como segundo vicepresidente. Lo curioso es que el 2016, Iberico rechazó enérgicamente una condena por difamación contra el periodista Rafo León. ¿Y ahora?

Acosta y Pimentel ya informaron que apelarán la sentencia del juez Vega. Mientras tanto, Acuña sigue sin dar la cara al público a pesar de haber salido victorioso. Tampoco se ha reunido con sus congresistas. 

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A poco de que termine el 2021, a Yuliana Cruz, una madre que mantiene su hogar haciendo trabajos de limpieza, le comunicaron que en la farmacia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) se había agotado una medicina indispensable para la quimioterapia de su papá, un paciente con cáncer de próstata en cuarta etapa. Tras varios días de preguntar una y otra vez, tuvo que salir con la receta a buscar el Paclitaxel fuera de la dependencia estatal. Pero no fue sencillo: Yuliana recuerda que recorrió todas las farmacias que están afuera del Hospital Loayza.

“Un señor me dijo que sí la tenían, pero que la estaban vendiendo a S/490. Le dije que me la guardara, nos fuimos a retirar el dinero y regresamos a comprar. En ese trayecto, cuando volvimos, ya no había”, cuenta. Buscando entre calles y callejones por la misma zona, finalmente dieron con el medicamento desembolsando una cifra similar. Si lo hubiesen obtenido en el INEN, no habrían tenido que pagar nada, ya que lo cubre el Seguro Integral de Salud (SIS).

El Paclitaxel es un agente antitumoral muy usado para tratar distintos tipos de cáncer en las sesiones de quimioterapia. Este proceso consiste en administrar a un paciente varios fármacos según el tipo de cáncer, el estadio de la enfermedad y las condiciones del paciente. Luego de aproximadamente 20 días, se hace un control y se programa la siguiente jornada. Las dosis son diferentes para cada persona y, en este caso, el padre de Yuliana requería 300 mililitros solo para la siguiente sesión.

Esta semana el hombre pudo hacerse su cuarta quimioterapia, pero aún le quedan seis más. Y al desabastecimiento, como hemos visto, se suman los elevados precios. Como la familia no tiene muchos recursos, una de las personas para las que trabaja Yuliana organizó una colecta en redes sociales y el dinero lo recibió a través de Yape.

“Como salgo a trabajar haciendo limpieza, no he podido agradecerles a todas las personas que me depositaron», dice. 

Por las mismas fechas, una joven -a quien llamaremos Diana- también estuvo preguntando una y otra vez al teléfono de la farmacia del INEN si ya había llegado el Paclitaxel que requiere para la sexta de las ocho quimioterapias que necesita. Ella pasa por un tratamiento de cáncer de mama de grado tres que le detectaron en julio pasado. “Si espero mucho tiempo, incluso la última quimio que me hice podría ser inútil”, comenta.

Ante el temor de que la enfermedad recrudezca, buscó la medicina en farmacias y clínicas. La consiguió y logró que le hagan la quimio. Recuerda que gastó alrededor de S/400. Ahora solo le preocupa que en su siguiente consulta le digan que el esfuerzo valió la pena.

La demora en conseguir estos medicamentos puede tener consecuencias fatales. “La leucemia y los linfomas son neoplasias que de un día para otro pueden duplicar el tamaño tumoral. Entonces, si el tratamiento no se da de manera oportuna, esto puede significar que un paciente fallezca”, explica el oncólogo Diego Venegas, exviceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud.

El doctor Víctor Palacios, jefe de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Minsa, reconoce que hay un desabastecimiento de medicamentos para el tratamiento de cáncer. Explica que esto se debe a que los proveedores que debían entregar estos productos rescindieron sus contratos [el año pasado], alegando problemas logísticos, mayores costos de importación por la pandemia y dificultades en las plantas matrices.

“Nos hemos reunido ya con el INEN y el 14 de enero tenemos otra reunión para ver el abastecimiento continuo de los pacientes de los servicios oncológicos del Minsa. Estamos viendo proveedores internacionales que nos puedan abastecer. Vamos a lucharla semana por semana. El INEN no es el único al que tienen que ir los medicamentos oncológicos, también tenemos los hospitales en regiones. Es un tema de proveedores que nos han puesto en una situación bien delicada”, apunta.

Palacios agrega que hay contratos en marcha, pero que el espacio entre el ingreso de los productos farmacéuticos solicitados -desde que se compran hasta que llegan- lo van a seguir cubriendo con adquisiciones más pequeñas.

Mientras tanto, los pacientes tendrán que resistir. Algo similar ocurre en el seguro social. “En el Hospital Rebagliatti indican que hace dos meses están desabastecidos y están en proceso de solicitud de cotizaciones recién a proveedores. No me dan una fecha de solución de este problema, mientras mi madre que tiene un cáncer al seno debe suspender su tratamiento”, cuenta María Gabriela Navarro, que lleva días preguntando por Docetaxel, otro fármaco muy común para las quimioterapias, a través de todos los canales de atención de EsSalud.

Y luego añade indignada: “Es el colmo que ante un caso de este tipo sea el paciente quien deba estar detrás de conocer si hay o no un medicamento. Gracias a Dios mi madre nos tiene a nosotros, pero imagínese a aquellos pacientes que están solos o no cuentan con los medios o conocimientos para hacer tal labor”.

En los últimos días de diciembre, los pacientes empezaron a difundir los casos a través de redes sociales

BUROCRACIA MÉDICA

En comunicación con Sudaca, el INEN señala que la adquisición de medicamentos es financiada, en parte, con recursos que transfiere el Seguro Integral de Salud (SIS) y que otros son abastecidos directamente por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares). 

El doctor Venegas precisa que, en el Perú, el principal mecanismo de adquisición de medicamentos en el Minsa es la ‘compra nacional’, el cual no incluye el abastecimiento a hospitales de EsSalud y de las Fuerzas Armadas. Esto se hace a través de un petitorio y listas complementarias de medicamentos oncológicos. Y se tramita a través de Cenares. Todo este proceso está dentro del programa nacional de control y prevención del cáncer.

En caso de que alguien quiera reemplazar los medicamentos del petitorio o de la lista, el proceso se vuelve más tedioso. “Los medicamentos que no están en el petitorio o en el listado tienen que pasar por un proceso de evaluación. Para eso, existía un reglamento que establecía comités fármaco-terapéuticos en cada uno de los establecimientos, los cuales evaluaban los pedidos de los médicos para aprobar un medicamento. Una vez que este comité daba su veredicto, se pasaba al SIS para dar el financiamiento y gestionar la adquisición”, explica Venegas.

Como en los próximos días debería aprobarse el reglamento de la Ley N°31336 (la Ley Nacional del Cáncer, promulgada el año pasado), Venegas considera oportuno que se revisen todos los procedimientos y que se apunte a simplificar la adquisición de medicamentos y a descentralizar la atención oncológica.

La nueva ley faculta al Minsa a usar mecanismos diferenciados de compra para las enfermedades oncológicas. También se ha declarado de interés nacional la compra centralizada a través de Cenares, esta vez sí incluyendo a EsSalud y las FFAA.

Además de cubrir de forma gratuita todos los tipos de cáncer -y no solo los siete que vienen siendo cubiertos por el SIS-, la nueva ley también exigirá que se atienda a todo paciente oncológico sin seguro, que se realice una renovación tecnológica del equipamiento biomédico, que se mejore la infraestructura hospitalaria y que se tenga personal médico especializado en todas las regiones del país. Actualmente, fuera de Lima, la atención está centralizada en tres Institutos Regionales de Enfermedades Neoplásicas (IREN): La Libertad, Arequipa y Junín.

Pero el tema del presupuesto es algo que les preocupa a los pacientes. Karla Ruiz de Castilla, directora de la asociación de pacientes ‘Esperantra’, comenta que la nueva ley en sí es muy buena y ha recogido varias experiencias de distintos países, pero necesita que se le acompañe con un presupuesto multianual o algún otro mecanismo de financiamiento que garantice su implementación.

“Creo que es una magnífica ley, tiene oportunidades de mejora por supuesto. Pero sin dinero, sin presupuesto, estamos en nada. Será letra muerta como pasó con las enfermedades raras, cuyo reglamento se publicó hace dos años y los pacientes aún no se pueden atender porque no se ha definido el umbral de alto costo”, anota Ruiz de Castilla. Se refiere al tope del presupuesto para la adquisición de medicinas, que en el caso de cáncer y las enfermedades raras debería ser mayor debido al elevado costo de los fármacos.

Y ahí el problema. Al menos para este año, en el que se supone empezará a funcionar la nueva ley, los recursos del programa de Prevención y Control de Cáncer se redujeron en 12,4%, pasando de casi S/526 millones a poco más de S/461 millones. Esto incluye las partidas del gobierno nacional, y las de los gobiernos regionales y locales. Un sinsentido: se busca ampliar la cobertura pero se reduce el dinero. 

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) argumentan que parte de los recursos están programados en otra categoría de gasto, por lo que “la disminución corresponde a un ordenamiento del gasto, más no al desfinanciamiento de dicha finalidad”. Lo mismo adujeron sobre el recorte presupuestal de los programas para el VIH para una reciente nota de Sudaca. Sin embargo, también indican que durante el año, a través del SIS, tendrán que transferir recursos adicionales a las unidades ejecutoras para acciones de prevención y control de cáncer.

Víctor Palacios, director ejecutivo de Prevención y Control de Cáncer de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, tiene otra explicación. Dice que la reducción de estos recursos se debe a varios factores, pero el principal está relacionado a la adquisición de productos farmacéuticos.

“Inicialmente, se hizo una estimación en el año 2021 incorporando 13 productos farmacéuticos. Eran cerca de S/30 millones, lo que se estimaba que nos costarían estos 13 productos, muchos de ellos de alto costo. Sin embargo, para 2022, varios de estos no se consideraron, dado que de los 13 solamente tres tienen una autorización de uso por parte de Digemid. Por eso cae el presupuesto”, señala.

Agrega que algunos establecimientos de salud no habían programado tantos tamizajes (método de detección del cáncer) este año porque estaban a la espera de la evolución de la pandemia para planificar esas atenciones. A esto se suma que la partida del INEN también de redujo.

Dado que este año entrará en vigor la mencionada nueva Ley Nacional de Cáncer, y que el reglamento ya está completo y en proceso de aprobación, el doctor Palacios asegura que desde el Minsa tendrán que apuntar a que el presupuesto se amplíe considerablemente, a S/1.500 millones. Un reto, dada la reducción planteada para este año. La pelota estará, nuevamente, en la cancha del MEF.

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A pocos días de Navidad, el pasado 22 de diciembre, el Ministerio de Economía (MEF) adelantó su regalo a los empresarios acuícolas y forestales para que empiecen contentos el 2022. Como parte de las facultades legislativas otorgadas al gobierno, el Ejecutivo aprobó restituir una serie de beneficios tributarios para esos sectores. Los cambios permitirán que las empresas tengan, sobre todo, tasas reducidas del Impuesto a la Renta (IR) durante una década, tal y como ocurre ya en el régimen agrario.

Los decretos legislativos que otorgan estas facilidades llegan luego de que Pedro Castillo se reuniera varias veces con empresarios que, justamente, invierten en esos sectores. El 20 de setiembre, en Washington, por ejemplo, el presidente asistió a una serie de reuniones con empresarios nacionales y extranjeros acompañado de -entre otros- David Epstein, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), y Samuel Dyer, director del Grupo Dyer Coriat (D&C), una firma con fuertes inversiones en los sectores acuícola y maderero. 

Samuel Dyer, además, se reunió cinco veces con Castillo en su despacho (el de Palacio, no el de Breña), entre agosto y noviembre del año pasado, de acuerdo a información de Transparencia. Y una vez con el ministro de Agricultura. Así, mientras el gobierno planeaba elevar los impuestos a las empresas mineras, para los hombres de negocio “amigos” cocinaban otros planes.

Sudaca también consultó a especialistas en materia tributaria, quienes coinciden: dichas medidas por sí solas no tienen mucho sentido, pues no generarían el efecto positivo que pretende el Ejecutivo, ni han sido sustentadas como se debe.

 

Sin debate

El último 17 de diciembre, el Congreso delegó facultades legislativas al Ejecutivo para promulgar leyes en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica. Con esa luz verde, el MEF decidió darle beneficios tributarios a los sectores acuícola y forestal. En ambos casos -dicen los decretos legislativos- se replican los incentivos aplicados a los sectores agrario y riego, agroexportador y agroindustrial.

“Lo más importante [de la medida] es la tasa especial del Impuesto a la Renta y la depreciación acelerada. Todo eso tenía el régimen agrario. Lo sustancioso es copy paste”, asegura Fernando Loayza, profesor de derecho tributario en la PUCP.

Por ejemplo, para las mypes del sector acuícola con ingresos menores a 1.700 UIT (un poco más de S/7,8 millones) se aplicará una reducción del IR del 29,5% –su valor general– al 15%. Para las empresas grandes, se aplicará el mismo porcentaje, aunque este irá subiendo en los próximos años hasta alcanzar su valor regular el 2028. 

Para el sector forestal, la rebaja del IR será hasta el 2030 e igualmente las empresas con ingresos menores a 1.700 UIT tendrán una tasa del 15%. En el caso de las grandes, la reducción comenzará también en ese valor este 2022, pero subirá hasta alcanzar el régimen general en el 2028. Ambos también accederán a una tasa de depreciación acelerada del 20%. Un beneficio que les permite deducir el costo de sus activos –por ejemplo, inmuebles o maquinaria– más rápido, para tener menos utilidad contable y pagar menos impuestos.

Klever Espinoza, abogado tributarista, señala que no existe una justificación clara de por qué se aplican estos incentivos a dichos sectores y no a otros, ya que el MEF no ha publicado la exposición de sus motivos.

Para Espinoza, esa ausencia genera suspicacias. “Es una medida excepcional que debe tener mejores razones que otro tipo de medidas, porque finalmente hace que un determinado grupo de empresas pague menos impuestos. Eso es cuestionable, por ello debe estar bien justificado”, explica.

Sin exposición de motivos plasmada en los decretos, hay que remitirse a la presentación del pedido de facultades legislativas del ministro Pedro Francke ante el Congreso. En ella solamente se señala que, luego de que se derogaron las leyes que favorecían al sector agrario en diciembre del 2020 (por las protestas), también se derogaron las mismas para el acuícola y forestal. Y no se restituyeron con las nuevas normas.

Parte de la presentación del ministro Francke para sustentar los cambios tributarios en los sectores acuícola y forestal.

“Cuando se emitió la citada Ley [la del nuevo régimen agrario] no se consideró la dación de dichos beneficios para los sectores acuícola, forestal y de fauna silvestre. Por ello, resultaba necesaria la dación de tales beneficios para los indicados sectores, a efectos que sirvan como mecanismos complementarios para la promoción y desarrollo de la oferta de productos acuícolas y forestales del país”, confirma el MEF en comunicación enviada a este medio. 

Agregan que el Perú tiene un alto potencial acuícola por ser el principal productor de harina y aceite de pescado, productos que sirven de alimento para la acuicultura (el cultivo de peces). Sobre el sector forestal, destacan que Perú cuenta con más de 68.577.351 hectáreas de bosques, cuya superficie forestal representa más de la mitad del territorio nacional. Aunque no precisan si toda esa extensión sería explotable. 

Las cifras no han acompañado a ambos sectores en el último año. Hasta el tercer trimestre del 2021, el sector forestal representaba el 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI), de acuerdo al MEF. En el primer trimestre de aquel año, según el INEI, representaba el 1,04% del PBI. Por otro lado, la pesca y acuicultura –se miden juntos– tuvieron una caída de 37,9% respecto al 2020, por la pandemia, según cifras del INEI. El objetivo, remarca el MEF a Sudaca, es aumentar estos niveles de participación.

Sin embargo, los especialistas identifican varios problemas. “Tenemos la mala costumbre en el Perú de creer que reducir tributos es la única forma de mejorar la calidad de la inversión privada. Eso no es cierto en muchos casos. Muchos inversionistas están más preocupados de venir a un país con un Poder Judicial corrupto, con agentes reguladores que no funcionan bien o no tener la mano de obra necesaria. Eso, muchísimas veces, es un freno más relevante», asegura el tributarista Fernando Loayza.

Otro inconveniente es que no se han determinado limitantes para acceder al incentivo. “Esa es más o menos la crítica que se hacía al régimen agroexportador. Les das plata, pero no hay un pacto con el sector: te doy el beneficio tributario, pero quiero que hagas inversión sostenible, por ejemplo. Ese análisis costo-beneficio, que debería involucrar aspectos económicos, sociales y ambientales, no se ha hecho público. No está en el decreto legislativo, que es de media página”, añade Loayza. 

El tributarista resalta también la inconsistencia de los gremios empresariales. “Ahorita tú no ves a la Confiep o a la SNI reclamando porque se hace mediante decreto legislativo, como reclamaban cuando se proponía una reforma al régimen minero. Esa inconsistencia me parece importante resaltarla”, remarca, recordando que el Ejecutivo pretendía realizar cambios tributarios en minería bajo el mismo mecanismo, pero esa intención fue frenada por el Congreso en el pedido de facultades.

Las dudas podrían haberse absuelto si estos decretos hubiesen sido aprobados luego de un debate en el Legislativo, como cualquier otra ley. “Es una preocupación la forma acelerada [en la que se ha hecho]. La tributación es un fenómeno que afecta la propiedad de todos. Como tal, debe estar justificada ¿Dónde? En los debates, en la exposición de motivos que debe ser rica. No tener eso nos da una mala señal”, condena Klever Espinoza. 

Para Espinoza, el otro riesgo es que, como ya ha ocurrido antes, los empresarios se malacostumbren a invertir con los beneficios como condicionantes. “Realizan sus esquemas de negocio en función a los incentivos. Luego ocurre que vencido el tiempo ellos regresan y hacen los lobbys para que sigan extendiendo los beneficios tributarios. Entonces, una medida que por su propia naturaleza debió ser temporal, se vuelve permanente”, explica.

 

Empresarios en Palacio

Más allá de las formas, los decretos ya están vigentes. Y los empresarios acuícolas y forestales tienen motivos para sonreír. Se trata, según dijo el MEF a Sudaca, de 1.300 contribuyentes en el sector forestal que podrían acogerse a estos beneficios tributarios. El colchón en acuicultura es mucho menor: 91 contribuyentes hasta el 2019.

Este ‘logro’ para ambos sectores llega después de que el año pasado Castillo se acercara a empresarios vinculados a la SNI durante su viaje por México y Estados Unidos, entre el 17 y 22 de septiembre del año pasado. 

El 20 de septiembre, en Washington, el presidente asistió a una cumbre acompañado de representantes de este gremio. Castillo estuvo junto a su entonces brazo derecho, Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio;  Pedro Francke, ministro de Economía; Óscar Maúrtua, de Relaciones Exteriores; y Roberto Sánchez, titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

A la cita asistieron Ricardo Márquez, presidente de la SNI y opositor de la vacancia presidencial, y Carlos Durand, cabeza de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras). También estuvieron presentes Felipe James, titular del Comité Textil y Confecciones de la SNI; y los ya mencionados David Epstein, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI, y Samuel Dyer Ampudia, quien no representa a dicho gremio pero es asiduo visitante de Palacio de Gobierno.

La foto de la reunión con empresarios nacionales en Washington. En rojo: Pedro Castillo y Samuel Dyer. Foto: SNI.

Para septiembre, este último ya se había reunido con el presidente en tres oportunidades. Las últimas dos fueron en un mismo día: el 27 de noviembre, después de la gira presidencial por Norteamérica.

Dyer Ampudia, quien el último 5 de octubre también visitó al ministro de Agricultura, Víctor Maita, es ampliamente conocido por sus diversos negocios en los sectores acuícola y forestal. 

Como director del Grupo Dyer Coriat (D&C) ha realizado diversas inversiones desde los noventa en estas áreas. De hecho, se considera cabeza de “uno de los grupos familiares más exitosos y emergentes del Perú, que ha diversificado inversiones en agroindustria, acuicultura, reforestación en la selva amazónica, bienes raíces”. Así lo dice su biografía en el sitio web de Camposol, una de sus compañías que pertenece a este pulpo empresarial. Camposol, dicho sea de paso, tiene como filial a Marinazul, una de las principales productoras de langostinos en el Perú. 

Antes fue fundador de la Corporación Pesquera Inca (Copeinca), una de las empresas líderes en producción de harina y aceite de pescado en el país. La familia Dyer vendió esta compañía a la empresa China Fishery Group en la Bolsa de Oslo por US$223,2 millones en el 2013. 

El Grupo D&C también tiene como uno de sus brazos a la Reforestadora Inca (Refinca), dedicada al negocio forestal: producción y procesamiento de madera en la Amazonía peruana. Samuel Dyer es, también, líder del Grupo Pro Amazonía, asociación empresarial que persigue un objetivo similar al de Refinca. 

Sudaca se contactó con el exitoso empresario, pero no quiso dar declaraciones para este informe respecto a sus reuniones con el presidente. En todo caso, estamos seguros de que fueron provechosas.

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Economía, MEF, Pedro Castillo, tributos

Bruno Pacheco no tenía límites. Cuando era secretario general de Palacio, la ex mano derecha del presidente Castillo intercedió por una empresa que, para importar cantidades descomunales de mercurio, presentó información falsa a la Sunat. Se trata de la comercializadora de minerales y metales MQVC Corporation, que el año pasado pidió ampliar de forma considerable -de 20 a 500 toneladas anuales- el permiso que le habían dado para ingresar dicho químico al país.

MQVC Corporation, fundada por José Hanco Lupinta, informó a la Sunat que tenía un acuerdo para comprarle el mercurio a Didi Chemical, una supuesta empresa estadounidense de la que no hay rastro en ninguna base de datos. Además, comunicó que tenía como “potenciales clientes” a cuatro grandes mineras: Buenaventura, Antapaccay, Marsa y Cuatro de Enero. Pero estas firmas negaron haber negociado con MQVC Corporation, según documentos internos que Sudaca pudo revisar.

José Hanco Lupinta, dueño de empresa MQVC Corporation. Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio, presionó al jefe de la Sunat por esta compañía. Fuente: Facebook de José Hanco.

DESMENTIDOS

La historia empieza en junio del 2020, cuando José Hanco Lupinta, un empresario dedicado a la extracción de oro en el Cusco, funda MQVC Corporation. Once meses después, en mayo del 2021, la compañía le solicitó a la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados de la Sunat un permiso anual para importar 20 toneladas de mercurio, dando información muy general que este medio pudo revisar. La solicitud fue aceptada. 

El problema es que, ya con Pedro Castillo en el poder, Hanco Lupinta fue por más. Mucho más. El 13 de setiembre del 2021 le pidió a la Sunat ampliar la autorización de importación a 500 toneladas de mercurio, de acuerdo a los documentos internos de la superintendencia. Y luego echó mano de sus influencias: el 29 de de ese mes, vía Telegram, Bruno Pacheco envió el pantallazo de esa solicitud al jefe de la entidad tributaria, Luis Enrique Vera Castillo. “Corrobora eso, hermano, y trata de ayudar en algo”, le escribió. 

El 6 de octubre del año pasado, de nuevo por Telegram, Pacheco insistió. “Si no sale los 500, aunque sea los 300”, le escribió a Vera. Y al día siguiente, el 7 de octubre, le envió el teléfono de Hanco al jefe de la Sunat. “Este es el número”, le dijo.

Por la noche, Hanco realizó un nuevo pedido –escueto y a través de la mesa de partes virtual– para que le aumenten la cantidad de mercurio. “Espero ser atendido cuanto antes posible, brindándome la aprobación de lo solicitado en el presente escrito”, escribió, sin dar detalles de la operación comercial. 

Respuesta
Informe de la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados de la Sunat que niega el pedido de MQVC Corporation para aumentar la cantidad para importar mercurio. La solicitud fue desestimada por presentar falsamente como “potenciales clientes” a grandes mineras, como Buenaventura, Antapaccay y Marsa.

Una semana después, el 14 de octubre, Patricia Salazar, funcionaria de la Sunat, le contestó a Hanco. Le dijo que la información que había enviado era insuficiente y que necesitaba más datos, como las empresas a las que les vendería el mercurio, las medidas de seguridad y la capacidad de almacenamiento. En suma, una información detallada del negocio, por tratarse de un químico que puede ser usado para actividades ilegales.

El empresario contestó al día siguiente con otra carta. Dijo que MQVC Corporation, que tiene un local en San Juan de Lurigancho, cuenta con una capacidad de almacenamiento de 1.000 toneladas y que el mercurio que pretendían traer era fabricado por la supuesta compañía Didi Chemical, de Nueva York. “La empresa industrial Didi Chemical, ubicada en los Estados Unidos, nos exige como requisito para celebrar contrato de comercialización la existencia de la autorización de su institución”, escribió el hombre por el que abogaba Bruno Pacheco.

El detalle es que no hay rastro de Didi Chemical en ninguna base de datos, confirmaron fuentes que conocen la investigación sobre este tema del fiscal anticorrupción Marco Huamán. Al ser consultado por Sudaca sobre la veracidad de un acuerdo con esta supuesta compañía, Hanco respondió: “¿Cuál es el interés de usted? ¿Usted es abogado? ¿Usted es de la Fiscalía? Hable con mi abogado cualquier cosa”. 

El empresario también indicó a la Sunat que, para el negocio del mercurio, tenía como “potenciales clientes” a las mineras Buenaventura, Antapaccay, Marsa y Cuatro de Enero. Una mentira que cayó rápidamente.

El ente tributario envió cartas a estas empresas consultándoles si tenían un convenio comercial o habían mantenido negociaciones con MQVC Corporation. El 26 de octubre las mineras respondieron que no la conocían ni en pelea de perros. Ahí fue cuando se descubrió la telaraña de falsedades. 

“[…] remitimos nuestra respuesta indicando que no tenemos ninguna referencia del mencionado proveedor [MQVC Corporation] y por el momento no tenemos proyecciones de compra de mercurio”, respondió Fernando Ortiz de Zevallos, representante legal de Buenaventura. 

“Al respecto cumplimos con informar a su despacho que Compañía Minera Antapaccay no tiene proyectado adquirir el bien fiscalizado mercurio. Tampoco ha recibido comunicación de la empresa MQVC Corporation”, contestó Antapaccay a la Sunat. 

“Informamos que no utilizamos mercurio en ningún proceso de nuestra operación minera. Por ello, no proyectamos adquirir el bien fiscalizado “mercurio” a la empresa MQVC Corporation. Asimismo, no hemos recibido comunicación alguna de MQVC Corporation a efectos de proyectar la potencial o eventual compra de dicho bien fiscalizado”, dijo Marsa.

“Nuestra empresa minera aurífera Cuatro de Enero no proyecta adquirir el bien fiscalizado mercurio con la empresa MQVC Corporation. Dicha empresa tampoco se ha comunicado con nosotros para proyectar realizar operaciones de compra con este bien fiscalizado”, respondió Cuatro de Enero. 

“Yo nunca he dicho que tenga un convenio con esas empresas”, se limita a decir José Hanco para este informe. Lo que sí dijo -y fue desmentido- es que eran los potenciales clientes del mercurio que iba a traer.

LA PISTA DE HANCO

El 15 de noviembre del año pasado, casi un mes después de que la Sunat advirtiera las mentiras, el portal “Limagris” publicó los mensajes de Pacheco presionando al jefe de la Sunat para beneficiar a distintos empresarios, entre ellos estaba José Hanco. El 23 de noviembre, el ente tributario decidió finalmente desestimar el pedido para importar más mercurio. 

La Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados de la Sunat justificó el rechazo con los desmentidos de las mineras. “Luego de verificar que lo consignado por el usuario en el Informe Técnico no tenía el fundamento correspondiente, en atención a la respuesta negativa de los potenciales clientes, se determinó que el usuario MQVC Corporation no sustentó el incremento de mercurio solicitado”, dijo esa dependencia. El informe añade que no se dieron detalles sobre el almacenamiento del producto.

“Hay cosas que no tienen lógica. En este tipo de acuerdos se tiene que hablar de clientes, no de potenciales clientes. Tengo que tener seguro a quién se lo voy a distribuir. Además, el mercurio se utiliza en la pequeña minería, no en la gran minería. Las grandes mineras, como Buenaventura, no usan mercurio porque lo ven como un elemento residual”, dice a Sudaca José Farfán Estrada, especialista en pequeña minería. Es presidente del Instituto de Promoción y Formalización de la Minería a Pequeña Escala. 

En Perú, enormes cantidades de mercurio son usadas por los mineros ilegales para extraer oro, sobre todo en la selva. El químico se adhiere al metal precioso y lo separa de otros elementos.  Por eso, su importación está regulada. Sin embargo, siempre encuentra la forma de llegar. “Buena parte del consumo de mercurio es de contrabando”, asegura Farfán Estrada. Otras veces, entra a través de empresas importadoras ‘legales’ que lo revenden a la actividad ilícita.

Sobre el pedido para aumentar la cantidad de mercurio importado, el especialista señala: “El pedido de ampliación es muy fuerte también. Pasar de vender 20 toneladas, que es el consumo de una empresa, a 500, que es el consumo para diez, quince o veinte empresas, es considerable”. 

El fiscal anticorrupción Marco Huamán Muñoz, que investiga las presiones de Pacheco al jefe de la Sunat, hoy trata de atar los cabos sueltos en la historia. Por ejemplo, cuál es el vínculo de Pacheco con José Hanco y qué ganaba el primero ayudándolo. Una de las hipótesis de Huamán es que Pacheco no actuaba por cuenta propia. El fiscal apunta a desentrañar la madeja de la red palaciega en las próximas semanas. 

19 de noviembre. Informe de seguimiento de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior a José Hanco Lupinta, empresario por el que abogó Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio.

El empresario José Hanco fue objeto de vigilancia por parte de agentes de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, de acuerdo a un reporte obtenido por Sudaca, el pasado 19 de noviembre. Lo siguieron a su casa en San Juan de Lurigancho. Este caso promete más sorpresas.

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Bruno Pacheco, José Hanco, Mercurio

En una tarde de primavera de 1998, un grupo de amigos universitarios paseaba por la Plaza Francia, en el Centro de Lima, cuando un joven voluntario de salud se les acercó de pronto y se ofreció a hacerles pruebas gratuitas de VIH. Curiosos, extendieron el brazo para el pinchazo respectivo. Todos recibieron el descarte menos Julio Rondinel (53), entonces recientemente egresado de psicología de la Universidad San Marcos. Tenía 30 años.

En aquella época, recuerda Rondinel, el miedo al virus era muy fuerte y se consideraba una muerte casi segura, incluyendo sus consecuencias degenerativas. Existía, además, un nivel muy alto de discriminación y desconocimiento.

Ante la noticia, empezó a buscar información y contactos en ONG especializadas. Llegado el momento, Rondinel accedió a un fondo de su universidad destinado a cubrir los gastos del tratamiento con antirretrovirales. Luego consiguió un trabajo que le permitió tener la cobertura de EsSalud. “Ahí pude acceder a un estudio del laboratorio Bristol para la entonces medicina experimental Reyataz [un antirretroviral]. Desde 2001 tomo estos medicamentos, recuperé mi vida y seguí desafiando a la muerte día a día”, cuenta.

El VIH no es a lo único que tiene que enfrentarse. El hombre dice que el 2013 le diagnosticaron diabetes mellitus, una consecuencia de la ingesta prolongada de antirretrovirales. Y a eso se suma el desabastecimiento de medicinas del que ha sido testigo los últimos años.

Rondinel, quien también es director ejecutivo de la Asociación «Construyendo Caminos de Esperanza Frente a la Injusticia, el Rechazo y el Olvido», dice que el Ministerio de Salud (Minsa) debería entregar medicamentos por tres meses para evitar salir de casa tan seguido y así no tener que exponerse al Covid-19. Pero apenas se los dan por una semana o por un mes.

“Siempre enfrentamos el desabastecimiento de medicinas, por lo que muchas veces nos cambian estas sin respetar nuestro recetario. Esto nos expone a mutaciones más fuertes del virus”, cuenta. 

Trato de no angustiarme, pero cada vez que voy al hospital San José del Callao, donde me atiendo, y no hay medicinas, me altera mucho. Creo que un día moriré en el hospital gritando de impotencia”, agrega.

RECORTE

En el Perú hay alrededor de 91.000 portadores de VIH, de acuerdo a cifras del Minsa. El 70% recibe tratamiento. Los últimos años, sin embargo, el presupuesto del programa ministerial destinado a luchar contra este virus ha variado significativamente.

El presupuesto inicial del 2020 era de S/124 millones solo para la dirección de VIH. El año pasado el monto aumentó a S/164 millones. Pero para el 2022, serán apenas S/75,8 millones. En la misma partida está incluido el tratamiento para pacientes con tuberculosis.

Sudaca se comunicó con el MEF para que pueda explicar las razones detrás del recorte presupuestal. Desde la entidad aseguraron que la nueva distribución para el 2022 responde a “criterios de programación del sector Salud».

Además, apuntan que los recursos para el tratamiento de TBC y VIH del 2022 «se encuentran programados en otras categorías de gasto, por lo que la disminución corresponde a un reordenamiento y no al desfinanciamiento de dicha finalidad”.

Desde el Minsa, sin embargo, dicen que parte de los recursos para la adquisición de suministros médicos de todo el sector podrían financiar lo que haga falta del programa de VIH. Lo cierto es que la noticia ha causado alarma en los portadores del virus.

Gichín Gamarra (41), diagnosticado con VIH en 2007, teme que el recorte signifique menos doctores, enfermeros y psicólogos que asisten a los pacientes. “Creo que el Minsa ha querido reducir costos y gastos, pero acá estamos hablamos de vidas”, dice preocupado.

Gamarra demoró ocho años en empezar a tomar medicamentos. En esas épocas, dice, someterse al tratamiento requería de ciertas condiciones, como tener niveles bajos de defensas de glóbulos blancos.

En los últimos seis años, se ha desempeñado como “instructor” de personas que padecen la misma enfermedad. Les brinda información, evalúa la necesidad o no de hacer públicos sus diagnósticos, da consejos sobre las relaciones que tienen con otras personas, etc. También es dramaturgo y ya ha montado algunas obras de teatro.

Gamarra reconoce que el sistema de salud provee tratamiento gratuito para el VIH, pero se lamenta por la falta de atención. Un problema son los lapsos de las evaluaciones clínicas a las que debe someterse. De acuerdo a Gamarra, antes una prueba para determinar la carga viral o la presencia de glóbulos blancos era cada mes o tres meses. Ahora se hacen anualmente. “Desde hace tres meses me vienen pateando”, se queja.

LOS INMIGRANTES 

La demanda por medicamentos no es exclusiva de los peruanos. En el país hay cerca de 3.500 venezolanos con VIH, según la información del Minsa.

“En Venezuela no se consigue tratamiento. Si te daban medicinas, estaban vencidas. Yo tenía que viajar desde San Fernando de Apure a Maracay, unas 12 horas entre ida y vuelta, solo para tener medicamentos gratis. De Venezuela me traje medicina, pero me duró solo unos cinco meses y estuve más de medio año sin tratamiento”, cuenta María Ruiz (30), quien llegó al Perú hace tres años con su familia. Fue en el 2016 que se enteró que tenía VIH.

En aquel entonces, tuvo que hacer malabares debido a la crisis de su país. Lo mismo le sucedió a Arnaldo Araque (28), un migrante que llegó hace cuatro años y que tiene el virus desde hace ocho.

Araque se enteró de que era portador cuando enfermó de una apendicitis. Entre las varias pruebas a las que se sometió, uno de los médicos que visitó le dijo que tenía el virus de Papiloma Humano y el VIH.

El fantasma del prejuicio lo acechó en Caracas, donde vivía solo. No buscó mayor ayuda en su país natal. Al dar el salto a Perú, además, le detectaron una neoplasia que se extiende y amenaza con convertirse en un cáncer.

Acá empezó a consumir los antirretrovirales. La pandemia, como es de esperar, no le ayudó y actualmente le cuesta mucho más conseguir citas médicas. 

“El motivo por el que todavía vivo acá es porque en Venezuela no tuve tratamiento. Aquí me dijeron que me darían un tratamiento más barato que en Venezuela, aunque en las últimas semanas me han cambiado el esquema de medicinas”, reconoce ante la realidad de lo que podría ser su 2022. 

El cambio de medicinas puede llevar a un tratamiento ineficaz, asegura. Y suele ser consecuencia de la escasez. Con menos presupuesto público, el fantasma del desabastecimiento de antirretrovirales acecha. Los pacientes con VIH que dependen de la salud pública no comienzan el 2022 con tranquilidad. 

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