El gobierno baraja como opción a un primer ministro de perfil derechista. El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez Flores, ha sido contactado cuatro veces por emisarios del Ejecutivo para ser el próximo presidente del Consejo de Ministros y él se ha negado, según pudo confirmar Sudaca. El sondeo a Márquez se ha dado por teléfono y coincide con el anuncio del presidente Pedro Castillo de realizar cambios en el Gabinete.
Esto último lo adelantó en la reunión que tuvo con cinco periodistas en Palacio la semana pasada. Una de las asistentes a ese encuentro fue Mávila Huertas, quien conduce un programa de entrevistas en este medio.
Márquez, actualmente de vacaciones en Alemania, declaró hoy en RPP que “nunca me ha llamado o me ha dicho nada el presidente de la República sobre entrar al Gabinete”. El empresario comentó que le informó al directorio del SNI que “no iba a participar” en el gobierno y que cumplirá su mandato como cabeza del gremio empresarial, que vence el próximo año.
No obstante, Sudaca conoció que el empresario textil sí comunicó a los directivos de la SNI que ha sido tanteado por un emisario del Ejecutivo -no por el presidente- al que no identificó. “El 30 de noviembre pasado, en una reunión de directorio, Márquez contó que fue sondeado por alguien del gobierno pero no se mostró interesado. Después no ha dicho nada más”, declaró a Sudaca una fuente del gremio empresarial. Sudaca pudo confirmar a través de fuentes con conocimiento directo del tema que Márquez ha sido contactado cuatro veces por emisarios del Ejecutivo.
El presidente Pedro Castillo se dirige, megáfono en mano, a un grupo de pobladores en Talara, el 27 de diciembre pasado. En estas horas evalúa cambios en el Gabinete. Foto: Presidencia.
El ingeniero industrial tiene previsto volver de Alemania en la primera semana de enero. Su nombre está en medio de una danza de opciones para liderar un eventual recambio en el Consejo de Ministros y su ascenso al premierato supondría un cambio de timón en un gobierno que presume ser de izquierda. Tendría como objetivo tranquilizar a los mercados y bajar el ruido político.
Los anuncios de cambios se dan en medio de la pérdida de popularidad del presidente y las investigaciones fiscales que lo salpican. Por lo pronto, tiene que nombrar un nuevo ministro de Educación, y la primera ministra Mirtha Vásquez ya acusa el desgaste del gobierno. Fuentes cercanas a Vásquez aseguran, sin embargo, que la premier sigue inamovible al cierre de esta edición.
Ricardo Márquez integró, en septiembre, la comitiva empresarial que acompañó al presidente Castillo en un viaje a Estados Unidos. Además, lo ha visitado en dos oportunidades a Palacio (el último encuentro fue el 15 de noviembre), de acuerdo al registro de visitas.
Márquez fue primer vicepresidente en el gobierno de Alberto Fujimori que empezó en 1995 y llegó a ser segundo vicepresidente de la plancha liderada por Fujimori en la elección fraudulenta del 2000. Cuando Fujimori renunció vía fax, tras el destape de los “vladivideos”, Márquez se mostró dispuesto a sucederlo en un país sumergido en el caos institucional. El empresario se resistía a dar un paso al costado argumentando que “la renuncia sería admitir que todos los funcionarios del Estado han estado involucrados en actos de corrupción”. La presión internacional, con Estados Unidos a la cabeza, lo obligó a dimitir, según reseña un despacho del diario “El País” de España.
Ricardo Márquez Flores ( a la izquierda) celebra con Alberto Fujimori y César Paredes Canto el triunfo de la elección presidencial de 1995. Márquez postuló como primer vicepresidente en ese año. En el 2000 también integró la plancha fujimorista. Foto: Asociated Press.
En el sector privado, Márquez es un reconocido empresario textil, fundador de la marca Kansas Jeans.
La posible llegada de un primer ministro de perfil derechista colisionaría con los aliados de izquierda del presidente Castillo. Pero el mandatario contempla esta posibilidad como un instinto de supervivencia.
PRESIONES
En las negociaciones, sin embargo, Castillo no olvida a Perú Libre. El líder de ese partido Vladimir Cerrón escribió que el presidente debe respaldarse en su agrupación porque “esta es la fórmula que lo salvará de los intentos de una futura vacancia”.
Cerrón, en un artículo escrito en el portal oficial de Perú Libre, dijo que a su partido le corresponde la mayor tajada del reparto de la torta del poder. “El presidente debe estar pensando cómo organiza su nuevo y tercer Gabinete que no debiera tener la nefasta composición caviar, ni la proporción ilógica para garantizar su defensa en el Parlamento, pero sobre todo optando por un equipo que le permita retomar el programa primigenio con el que despertó a los pueblos, permitiéndole a la vez reencontrarse con ellos”, dijo.
“Lograr que el presidente se reencuentre con su pueblo pasa por un necesario sinceramiento con el Partido, invirtiéndose el orden en los círculos de confianza, donde en primera línea esté Perú Libre, seguido por los caviares y los partidos de derecha que brinden apoyo coyuntural. Apartando a los familiares, al sindicato y a los chotanos”, añadió.
Cerrón ha tendido un ramo de olivo a Castillo en las últimas semanas para volver a tener protagonismo en el gobierno y restarle poder a Verónika Mendoza y Mirtha Vásquez, a quienes identifica como “caviares”. Hay una suerte de pacto de no agresión que quedó en evidencia cuando respondió a una declaración del periodista de RPP, Fernando Carvallo, quien dijo que el jefe de Estado no suscribe el ideario de Perú Libre. “El tiempo de Perú Libre aún no ha llegado, el pueblo está preparando el alma para ese momento”, respondió Cerrón en su cuenta de Twitter. En otras circunstancias le hubiese saltado al cuello al presidente.
Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, en una foto de archivo con Verónika Mendoza, lideresa de Nuevo Perú. Foto: Perú Libre.
Sudaca pudo conocer que Castillo llamó a Cerrón antes de Navidad. Lo hizo para reunirse con él en una fecha por determinar, en esta presunta apuesta por la reconciliación. En este marco, Roger Nájar, integrante del buró político de Perú Libre, funge de emisario entre ambos. Él es otro de los voceados para asumir el premierato.
La danza de nombres está a la orden del día. El tic- tac del reloj suena cada vez más fuerte y no es por la llegada del nuevo año.
Hace seis años Patricia Chirinos Venegas, fallida promotora de la vacancia presidencial y entusiasta de los hornos para incinerar corruptos, fue señalada de tener estrechos lazos con el hampa. El 11 de setiembre del 2015, un testigo protegido de la Fiscalía contó que, durante su gestión como alcaldesa de La Perla, la actual tercera vicepresidenta del Congreso le pagaba cupos a la organización criminal “Barrio King”, liderada por el peligroso Gerson Gálvez Calle, alias “Caracol”. Lo habría hecho, según el delator, a través de una empresa municipal de limpieza pública: ESLIMP Callao.
¿El pago a los criminales significaba que las autoridades eran víctimas de extorsión o más bien -a la luz de las políticas de Chim Pum Callao- se había montado una red clientelar para favorecer y favorecerse de los delincuentes? El fiscal a cargo del caso nunca lo averiguó. Tres meses después de brindar su manifestación, el 2 de diciembre, el testigo fue acribillado de 25 balazos por dos sicarios al servicio de “Caracol”.
De acuerdo a la página 234 de la sentencia judicial del caso “Barrio King” -del 25 de febrero del 2019-, el hombre que cantó los detalles de esta trama criminal era el exconvicto Wilbur Castillo Sánchez. Le habían asignado el código S/N-2-2015
Sus deudos acusaron directamente a Chirinos, la ‘Woman’ del Callao, de ser una de los autores intelectuales del crimen que aún sigue sin resolver. Pero ese homicidio no es el único escándalo del caso. El fiscal que pudo haber desentrañado los vínculos entre Barrio King y las autoridades chalacas demoró tres años en archivar todo lo concerniente a los cupos en la empresa de limpieza pública.
Con tanto tiempo perdido, ciertos políticos, hoy vigentes -así como jueces y fiscales-, podrían haberse salvado bajo un manto de impunidad. Esta es la historia.
LOS PAGOS A ‘BARRIO KING’
Wilbur Castillo Sánchez era el testigo estrella del fiscal supraprovincial de crimen organizado Víctor Raúl Luna Castillo. Luna estaba a cargo de investigar a los 34 miembros de “Barrio King” acusados de asesinato, hurto agravado, asociación ilícita y extorsión de varias empresas, entre ellas la Empresa Municipal de Servicio de Limpieza Pública (ESLIMP) del Callao.
En noviembre del 2015, el fiscal ya reconocía (en su formalización y continuación de investigación preparatoria) que existían «elementos que direccionan la influencia de la organización criminal ‘Barrio King’ en cargos públicos o personas en la esfera política, funcionarios de la administración pública”. Luna hablaba expresamente de funcionarios penitenciarios y de la municipalidad de La Perla, ESLIMP, regidores, jueces y efectivos de la PNP.
El escrito agregaba: “Si bien es cierto su finalidad primordial [la de ‘Barrio King’] es la obtención de beneficios económicos a través de la extorsión -cobro de cupos- o cualquiera de las diversas formas de influencia política, social o económica, esta también se ve condicionada a futuros favores como paralizaciones, apoyo en campañas y otras”. Es decir, el fiscal sabía que más allá de la extorsión, el pago a los criminales significaba un intercambio de favores para las autoridades.
Fue Wilbur Castillo quien reveló al fiscal Luna los estrechos vínculos de “Caracol” con autoridades locales del Callao, entre ellas ‘Patty’ Chirinos. Dijo también que los pagos a los delincuentes se hacían a través de la empresa de limpieza de la municipalidad provincial del Callao -la mencionada ESLIMP-, donde un regidor oficialista de la gestión de Chirinos era el gerente.
“La señora Patricia Chirinos Venegas, ahora alcaldesa de La Perla, paga cupos a los integrantes de ‘Caracol’ como si estos fuesen trabajadores. [Lo hace] a través del señor Cochella, quien es su regidor y a la vez gerente general de la ESLIMP Callao”, contó.
Declaración de Wilbur Castillo: «La señora Patricia Chirinos Venegas, ahora alcaldesa de La Perla, paga cupos a los integrantes de ‘Caracol’ como si estos fuesen trabajadores».
El testigo se refería a Joaquín Cochella Maldonado, gerente general de ESLIMP entre el 2011 y el 2019, y regidor del municipio de La Perla en la gestión de Chirinos entre el 2015 y el 2018. Ambos llegaron a sus cargos públicos cobijados por Chim Pum Callao. Ella era militante chimpunera y él fue invitado. “El señor Cochella entregaba 100 sobres de S/1.500 al ‘Cholo Papo’ para que este entregara a los sicarios de ‘Caracol’. Últimamente, este ya no entregó […] Ese es el motivo de la muerte de este sujeto”, le dijo Castillo al fiscal Luna. El ‘Cholo Papo’, Jorge Luis Vargas Villa, figuraba como “locador de servicios” de la empresa de limpieza. Fue asesinado el 1 de julio del 2015.
El testigo protegido explicó que la red criminal de ‘Caracol’ estaba “incrustada” desde la municipalidad de La Perla hasta el mismo Gobierno Regional del Callao. “La gran ambición de ‘Caracol’ es tener el control de todo el Callao, el cobro de cupos, sacar el dinero de las municipalidades y Gobierno Regional”, dijo. Y contó que las autoridades del gobierno regional “forman supuestos programas de ayuda social para los barrios del Callao para sacar el dinero” de sus arcas.
¿A qué se refería con eso último? Para ese momento, dirigentes sociales del Callao, extrabajadores de ESLIMP y exfuncionarios de la región ya habían denunciado que sus autoridades pagaban cupos en planillas fantasmas a criminales a cambio de protección, apoyo en sus campañas y amenazas a sus opositores.
En una fotografía que aún sobrevive en redes sociales, el mismo Wilbur Castillo aparece sosteniendo una radio de comunicación a distancia junto a la actual congresista Patricia Chirinos y otros personajes ataviados con camisas azules. Alberto Paz de la Vega, dirigente de la Coordinadora Recuperando al Callao, indica para este informe que el 2012 Chirinos presentó al grupo «Los azules de La Perla», liderados por Castillo, como los que se encargarían de brindar seguridad a dicho distrito. Ella era en ese entonces consejera regional del Callao.
La relación entre Wilbur Castillo y Patricia Chirinos, sin embargo, luego estuvo marcada por denuncias de ida y vuelta. Castillo fue detenido en enero del 2013, luego de que la actual parlamentaria lo denunciara por extorsión. Castillo denunció entonces que en su detención, los policías, entre ellos Francisco Samamé, le sembraron un arma. Samamé también fue investigado en el caso ‘Barrio King’.
Castillo salió libre en enero del 2014, con Chirinos aún como consejera del Gobierno Regional del Callao que encabezaba Félix Moreno. Ese mismo año, denunció que la entonces militante de Chim Pum Callao y candidata a la alcaldía de La Perla amenazó de muerte a su madre.
El 2015, Wilbur Castillo decidió colaborar en la investigación que Víctor Luna Castillo seguía contra ‘Barrio King’. El día de su asesinato, en diciembre del 2015, su hermano Robert dijo en Canal N: “Acá hay una mafia que la manejan la presidencia de la región, la comisaría, un general. ‘Caracol’ trabaja con Samamé [el suboficial Francisco Samamé Vidal], que es policía, con Patty Chirinos y Félix Moreno”.
El hombre denunció a Moreno, Chirinos y a Rogelio Canches (entonces congresista) de ser los autores intelectuales del crimen y “haber contratado a sicarios y mafias del Callao y crear un narcodistrito”. Robert Castillo fue asesinado de diez balazos en el 2020.
Wilbur Castillo junto a Patricia Chirinos. Un dirigente de la Coordinadora Recuperando al Callao indica para este informe que, el 2012, Chirinos presentó al grupo «Los azules de La Perla», liderados por Castillo, como los que se encargarían de brindar seguridad a dicho distrito.
VERGONZOSO ARCHIVAMIENTO
Luna tenía, además del testimonio de Wilbur Castillo, escuchas telefónicas registradas entre mayo y setiembre del 2015 que revelaban la trama de corrupción en ESLIMP. En una de ellas, los miembros de “Barrio King” mostraban su preocupación porque “Renzito” (Renso Brisolesi Espinoza, líder de una organización rival) “había chapado ESLIMP con Cochella”.
En otro audio, “Colorao” (Juan Romero Echevarría), a cargo del cobro de cupos, le indicó a Alexander Joel Muñoz Vásquez, lugarteniente de “Barrio King: “Necesito el libro para hacer los documentos y dejárselo a Cochella. Los camiones de ESLIMP están trabajando en la Municipalidad de La Perla”.
El 16 de octubre del 2018, tres años después, el fiscal Luna presentó su acusación penal ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Denunció a “Caracol” y a los demás miembros de su organización de varios delitos por los que hoy purgan prisión, pero increíblemente pidió sobreseer la investigación contra “Caracol” por la presunta extorsión a la empresa de limpieza pública. ¿Qué había pasado?
Luna no buscó desentrañar la intromisión de “Caracol” en los municipios chalacos, ni en el Gobierno Regional, ni buscó saber qué autoridades y políticos estaban influenciados por “Barrio King”. Tampoco escarbó en los apoyos que recibieron los políticos del puerto en sus campañas. Para Luna, “la manifestación del testigo con clave de identidad S/N-2-2015 no ha sido corroborada con otros datos objetivos”.
Para ese 2018, Luna había reducido el caso a una simple extorsión. Y para el fiscal, las víctimas de aquella extorsión eran los que supuestamente pagaban los cupos de trabajadores fantasmas: el gerente general de ESLIMP o la propia Chirinos. No se percató, o no quiso hacerlo, de que los cupos también podrían significar una alianza entre autoridades y delincuentes, como él mismo lo sugería en su formalización de investigación preparatoria del 2015, mencionada líneas arriba.
Por supuesto, los involucrados negaron todo. Joaquín Cochella dijo a la Fiscalía que la alcaldesa de La Perla no le dio dinero para pagar cupos de trabajo y negó haberse reunido con “Colorao”. ¿“Renzito»? Pues dijo no conocerlos. Chirinos declaró recién el 26 de abril del 2017, a año y medio de abierta la investigación. Dijo no haber sido víctima de coacción o extorsión por “Caracol” o algún miembro de “Barrio King” para el pago de cupos.
El fiscal Luna archivó todo lo concerniente al caso ESLIMP en 2018.
En junio del 2018, cuando ella había dejado el cargo para postular a la gobernación regional, hubo un robo de documentos de la oficina de la alcaldía, de recursos humanos y otras áreas. Noticias sobre pérdidas de documentos también han ocurrido en el municipio de Bellavista y en el Gobierno Regional chalaco.
GROSEROS YERROS DEL FISCAL
La muerte de Wilbur Castillo fue clave para enterrar esta investigación, pero no fue lo único. Increíblemente, Víctor Luna esperó tres años para poner en conocimiento a la fiscalía anticorrupción de sus hallazgos en el caso de ESLIMP. Recién el 2018 informó sobre los pagos indebidos de esta empresa a dos integrantes de “Barrio King” que cobraban sus sueldos mientras estaban presos: Wilmer Farfán Ruiz y Juan José Romero Echevarría, alias “Colorao”.
También dio a conocer las escuchas telefónicas atribuidas a dos trabajadoras del Gobierno Regional que hablaban sobre el manejo de cupos de trabajo y entregas de dinero a “Barrio King”, y dio información sobre el sembrado de pruebas falsas por policías del Departamento de Investigación Criminal de Bellavista a los rivales de “Barrio King”.
Luna prefirió mirar a otro lado a pesar de que otras fiscalías ya habían puesto el ojo en ESLIMP y en funcionarios como Joaquín Cochella. En octubre del 2016, por ejemplo, la prensa había revelado contrataciones de miembros de “Barrio King”, por lo que la fiscalía anticorrupción abrió una investigación de oficio.
Fiscal de Crimen Organizado, Víctor Luna. Pudo hacer mucho más.
Ese mismo año, la Fiscalía de Lavado de Activos del Callao también inició investigación contra Cochella, el exalcalde provincial Juan Sotomayor y exfuncionarios de ESLIMP y del municipio provincial que captaban recursos de la empresa de limpieza a través del pago de planillas y servicios fantasmas. Pedimos información al coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello, sobre el estado de todas las investigaciones contra Cochella, pero no obtuvimos respuesta.
“En el caso ‘Barrio King’, el fiscal [Luna] debió derivar su investigación a la fiscalía anticorrupción en la etapa inicial. Hacerlo en la etapa de acusación, en el 2018, fue muy tarde y, estando muerto el testigo, no podía investigar”, dice un fiscal consultado especializado en este tipo de casos.
La misma fuente señala que Luna debió desacumular la declaración de Wilbur Castillo desde un principio, recabar más elementos para poder derivarla a sus colegas especializados en delitos de corrupción de funcionarios y que estos pudieran entrevistar al testigo. Otro camino era pedir al Fiscal de la Nación que ampliara sus competencias e indagar él mismo la trama de corrupción chalaca. “Luna no hizo nada de esto, no puede decir que no había elementos de convicción pues no los buscó”, señala el fiscal.
Otro despacho fiscal hizo lo que no hizo Luna. En enero del 2020, fueron detenidos preliminarmente los principales miembros de la organización criminal “Rich Port II”, liderada por Juan Sotomayor (alcalde provincial del Callao entre el 2010 y 2018) e integrada también por el excongresista Víctor Albrecht. Cochella tuvo suerte: la fiscalía pidió para él comparecencia restringida.
Esta investigación, sin embargo, analizó solo hechos ocurridos desde abril del 2019. Desde esa fecha, cuando Joaquín Cochella dejó la gerencia general de ESLIMP, la organización criminal “Rich Port II” extorsionó a la nueva gestión para que siga pagando planillas fantasmas. Según las pesquisas, sin embargo, Cochella habría seguido ligado desde afuera al manejo de la empresa de limpieza y habría tramitado dichas planillas. La red habría ganado más de S/6 millones hasta que cayeron.
El cobro de planillas fantasmas era un hecho de larga data. Algo que no quiso ver Luna Castillo.
NO VIO A LOS “CUELLOS BLANCOS”
Fuentes fiscales con conocimiento del caso indican que Luna tenía interceptaciones telefónicas que revelaban cómo los miembros de “Barrio King” eran favorecidos por jueces y fiscales, y pudo haber identificado a la red judicial al servicio de “Caracol”. Dicha red fue descubierta el 2017 y -con el tiempo y el acceso a más escuchas- llegaba hasta “Los cuellos blancos del puerto”.
Desde el 17 de setiembre pasado, la autora de este informe pidió, reiteradamente, a través del área de prensa del Ministerio Público, entrevistas con los fiscales Luna Castillo, Jorge Chávez Cotrina (coordinador de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada) y Octaviano Omar Tello Rosales (coordinador de las fiscalías de corrupción de funcionarios), pero no respondieron.
Patricia Chirinos también optó por no participar de este reportaje. “No hay nada que decir, solamente que no conozco a esa gente. Gracias», escribió.
Moisés Vega de la Cruz, procurador especializado en delitos de orden público, señala que se debe analizar con qué argumentos se pidió el sobreseimiento sobre el caso de ESLIMP dado a conocer por Wilbur Castillo. Afirma que “habría que ver el caso ‘Rich Port II’ y pedir que se investiguen a los funcionarios públicos que se mencionaron en el caso ‘Barrio King’.
Vega se comprometió a realizar acciones. “Vamos a revisar este caso. Voy a conversar con el fiscal y, si nos da mayor información sobre los cuadernos de colaboración eficaz, veremos qué acciones podríamos hacer como Procuraduría. Cabe la posibilidad que el Ministerio Público amplíe denuncias en el caso ‘Rich Port II’ por hechos vistos en ‘Barrio King’ o ampliar otros hechos contra más personas […] Si aparecieran testigos que involucren a Chirinos, se puede investigar”, apunta.
La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, también conoce de las sindicaciones contra Chirinos en el caso “Barrio King”. El 9 de agosto pasado, la Coordinadora Recuperando al Callao y la Mesa de Lucha contra la Corrupción de esa región le pidieron que le solicite a Chirinos un informe sobre su situación en este caso y que pida al fiscal Luna detalle de sus hallazgos. También fueron notificadas las bancadas de Perú Libre, Juntos por el Perú, Acción Popular y el Partido Morado.
Los fantasmas del pasado, en forma de testigos con clave, pueden volver para atormentar a la exchimpunera.
El jefe de la Sunat vivió bajo asedio durante dieciséis días. Este medio ha podido revisar el testimonio completo que Luis Enrique Vera Castillo le dio a la Fiscalía y que relata, de principio a fin, la historia de las presiones que recibió desde Palacio. Entre otras cosas, el funcionario cuenta cómo fue contactado 17 veces, entre mensajes y llamadas, por Bruno Pacheco, el ex hombre de confianza del presidente Pedro Castillo.
El bombardeo se dio entre el 22 de septiembre y el 7 de octubre. Así se desprende de la declaración que dio la cabeza de la máxima autoridad tributaria, el 26 de noviembre pasado, al fiscal anticorrupción Marco Huamán Muñoz. “Sus pedidos resultaban inaceptables”, declaró Vera sobre Pacheco.
Antes del acoso de Pacheco, Vera tuvo un primer acercamiento con Palacio el 12 de agosto. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en ese entonces con Guido Bellido a la cabeza, le pidió la lista de los “cien contribuyentes con mayores deudas”, de acuerdo a la transcripción de su declaración ante el fiscal Huamán.
Transcripción no oficial de la declaración de Luis Enrique Vera Castillo, jefe de la SUNAT, al fiscal anticorrupción Marco Huamán Muñoz el 26 de noviembre pasado.
“Recordemos que esos días se habían dado dos pagos importantes de dos empresas mineras por más de 3 de mil millones de soles”, dijo Vera. Se refiere a las compañías Buenaventura y Cerro Verde, que coincidentemente pagaron sendas deudas tributarias al inicio del gobierno del lápiz, tras haberlas disputado -y perdido- en diversas instancias tiempo antes. Lo hicieron, sin embargo, advirtiendo que seguirían litigando para obtener la devolución del dinero.
Once días después, el 23 de agosto, Vera fue convocado a Palacio. Los anfitriones fueron los entonces asesores palaciegos Auner Vásquez y Óscar Cabrera, quienes lo llamaron para “conversar sobre las deudas tributarias, pues querían conocer de qué se trataban”, de acuerdo al testimonio de Vera en Fiscalía.
El 9 de septiembre, Vera fue convocado nuevamente a Palacio. Esta vez para hablar con el presidente Castillo. Fue en ese momento que entró en escena Bruno Pacheco. “Me indica [Bruno Pacheco] que la reunión con el presidente sería al mediodía. Es así que asistí y tuve una reunión a solas con el presidente por espacio de cincuenta minutos”, dijo Vera.
El presidente Pedro Castillo dijo tener la “capacidad moral para separar las cosas”, pero Bruno Pacheco declaró que nadie le pidió la renuncia. Foto: Andina.
“Antes de entrar a la reunión con el presidente, en la sala contigua a su despacho, encontré a Auner Vásquez y Bruno Pacheco, que se presentó conmigo. De ahí entre los tres conversamos unos 10 minutos haciendo tiempo hasta que el presidente lo atendiera. Ahí el señor Pacheco me señala que lo vuelva a contactar en una semana para ver si se necesita alguna información complementaria”, añadió el jefe de la Sunat.
Según el registro de visitas de Palacio, la reunión de aquel día con el mandatario empezó a las 11:55 de la mañana y terminó a las 12:40. Pedro Castillo se mostró interesado en seguir aprovechando políticamente el pago de impuestos, pero le explicaron que la mayoría de deudas tributarias sigue en disputa. “El contexto de esta reunión con el presidente fue que quería saber qué empresas más estaban por cobrar [pagar], ya que había dos mineras que habían pagado y quería saber quiénes más podían pagar. Es así que en dicha reunión le expliqué al presidente que la mayoría de las deudas tributarias está en litigio. Asimismo, hablamos de las deudas tributarias y gestión de la SUNAT, quedando satisfecho”, declaró Vera.
ACOSADO
Hasta ahí todo transcurría con normalidad para el jefe de la Sunat. Pero días después, a las siete y media de la noche del 22 de septiembre, Pacheco empezó con la presión. “ […] recibí una llamada del señor Bruno Pacheco señalando que me iba a pasar un caso de un contribuyente que había sido mal atendido; no recuerdo con qué aplicación me llamó, pero no fue por llamada normal”, dijo Vera.
A las 7:40 de la noche de aquel día, Pacheco develó el nombre del “contribuyente” en un mensaje por la aplicación Telegram dirigido a Luis Enrique Vera. Se trataba del grupo informático Deltron, cuyo dueño es Néstor Quispez Asín Serna.
“Enrique, este es el servicio del amigo que te pedí. Es respecto de la resolución del 2015 de mi amigo del Grupo Deltron, RUC 20213331377, apóyalo por favor, y me comunicas la solución. Confírmame la recepción. Gracias. Yo veo lo otro. NTP [No te preocupes]”, le escribió Pacheco al jefe de la Sunat, como ya ha sido revelado por otros medios.
Al ser consultado en el interrogatorio por el fiscal Huamán sobre la frase “yo veo lo otro”, Vera respondió que “es algo que Pacheco debe explicar. Yo no le veo explicación”. Fuentes del Ministerio Público dicen a Sudaca que Pacheco se refería al nombramiento definitivo de Vera como jefe de la Sunat, dado que en ese momento estaba como interino. La hipótesis fiscal es que Pacheco quería sacar ventaja de la expectativa de Vera por ser nombrado, definitivamente, en el puesto.
El 26 de septiembre Pacheco volvió a la carga con dos llamadas que Vera no respondió. Ese mismo día, vía Telegram, envió un mensaje pidiendo que favorezca en un concurso al martillero Marco Urbina Chumpitassi, dedicado a las subastas públicas. Luego mandó otro mensaje para recordarle del favor al grupo Deltron.
Vera declaró que días después, el 29 de septiembre a las 5:20 de la tarde, Pacheco le envió por WhatsApp “una foto de una parte de la agenda con los temas a tratar en la reunión del gabinete, entre ellos la designación del superintendente de Sunat propuesto por el MEF”. “Luego escribe: ‘ya lo programé. Estamos en gabinete’”, contó el superintendente.
La cabeza de la Sunat, sin embargo, ya sabía que Pacheco no tenía cómo influir en su nombramiento. “No obstante, antes de sus comunicaciones, yo ya había recibido la llamada del ministro del MEF [Pedro Francke] comunicándome que mi designación para un nuevo periodo había sido aprobada por el Consejo de Ministros. Como puede apreciarse de la secuencia de las horas, el señor Pacheco me estaba trasladando información inexacta”, dijo Vera.
Pacheco siguió con las presiones en el Telegram ese 29 de septiembre. Aquel día, a las 9:36 de la noche, continuó con los mensajes acosadores. Y añadió a una nueva empresa en su lista: MQVC Corporation, cuyo gerente es José Hanco Lupinta. Quería ampliar la importación de mercurio de esta firma. Después insistió con favorecer a Deltron porque “no queremos que quiebre”. Con el martillero Marco Urbina tiró la toalla ante el silencio de su interlocutor. “Y del martillero si no se puede, simplemente no se puede”, escribió el exsecretario general en el Telegram, según relató el jefe de la Sunat.
Vera fue finalmente nombrado el 3 de octubre como el mandamás de la Sunat. Esto no fue óbice para que el profesor de secundaria de Química y Biología siguiese pidiendo favores. El 6 de octubre, entre las 8:39 y 8:41 de la mañana, Pacheco envió al WhatsApp de Luis Enrique Vera tres mensajes que luego eliminó. Tres minutos después, a las 8:44 de aquel día, escribió: “Buenos días, Kike, necesito conversar contigo unos temas como el que te estoy enviando. Dime a qué hora podría conversar contigo o necesitas que te visite. Hay que ser recíprocos en la atención”, escribió Pacheco, mostrando desesperación al ser ignorado.
“Esta insistencia evidencia que todas sus solicitudes eran ignoradas por mi persona. Luego, con fecha 7 de octubre a las 14:10 pm, vía WhatsApp, el señor Pacheco me llama dos veces optando por no contestarlas ni devolverle sus llamadas”, dijo Vera. A las 14:36 de aquel día el exsecretario general escribió en el WhatsApp para dejar el teléfono del directivo de la empresa importadora de mercurio. Esa fue la última comunicación con el exsecretario general de Palacio, según relató el jefe de la Sunat. Diecisiete presiones en dieciséis días.
Vera entregó copias de los mensajes de Telegram y WhatsApp al Ministerio Público, mientras que Pacheco dijo que se le había “extraviado” el celular, de acuerdo a la resolución judicial del 7 de diciembre pasado que le ordena impedimento de salida del país .
“Veo que es un tema mediático, toda vez que no hay una persona que me haya denunciado. Todo es en base a notas periodísticas. Y acá hay que ver el tema principal: la vacancia del presidente”, dijo Pacheco en una entrevista al medio “PerúDigital”, en la que habló postrado en una cama y con una mascarilla. Pacheco contó que se había enfermado de Covid-19.
Exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco Castillo, brindó una entrevista, postrado en una cama, al medio “Perú Digital” el pasado miércoles 22 de diciembre.
El cuestionado exasesor dejó mal parado al presidente Castillo al decir que el gobernante nunca le pidió la renuncia. “A mí el presidente no me ha dicho que me retire. Yo he sido que he dado un paso al costado por la gobernabilidad”, dijo en la entrevista. Y es que Castillo declaró, tras la renuncia de Pacheco, que tiene la “capacidad moral para separar las cosas inmediatamente”
Según fuentes cercanas al despacho de la fiscal Norah Córdova, que investiga la trama petrolera del biodiesel, Pacheco ha sido visto en la sede de Petroperú con la lobista Karelim López. “Con la señora Karelim López es una relación de conocidos. Nada más”, señaló Pacheco a “PerúDigital”.
Captura de pantalla de la cámara 3 de Palacio, en la que se ve a Karelim López Arredondo en la puerta de ingreso a las 9 y 21 de la mañana, del 18 de octubre. Fue a entrevistarse con el presidente Pedro Castillo. A esa hora también llegaron el empresario Samir Abudayeh y el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo.
El exbrazo derecho del jefe de Estado se juega el pellejo en estos días. Es una pieza clave en la trama de presunta corrupción que hace temblar los cimientos de Palacio.
Gabriela Salvador Cárdenas (36), excandidata al Congreso por el Partido Morado, es la flamante coordinadora parlamentaria del Poder Judicial desde noviembre pasado.Su designación no sería discutible si no fuera por un pasado reciente lleno de acusaciones de estafa y manipulación de parte de amigos y exparejas. A las fundadas denuncias, además, se suma que Salvador no tiene su colegiatura de abogada activa, uno de los requisitos estipulados en el proceso de contratación.
A mediados de octubre, la Corte Suprema abrió la convocatoria de selección por un sueldo de S/12.500. El trabajo supone coordinar con el Congreso, participar en las comisiones parlamentarias e impulsar las iniciativas planteadas por el Poder Judicial, entre otros. El cargo depende directamente del Gabinete de Asesores del PJ.
El proceso de contratación CAS 390-2021 tuvo dos fases: una entrevista oral y una evaluación de curriculum. En la primera, Salvador sacó 50 puntos de 50, mientras que sus otros dos competidores apenas lograron 28 y 22. Esto pese a que en la evaluación de su hoja profesional fue la de menor puntaje, de acuerdo al cuadro de notas al que este medio accedió.
Resultado final del proceso CAS.
Una de las personas que entrevistó a Salvador fue la jefa del Gabinete de Asesores del PJ, Silvia Loli, exministra de la Mujer del gobierno que lideró Francisco Sagasti. Gabriela Salvador asegura que no conocía a Loli -quien ahora es su jefa- de su paso por el Partido Morado y que no sabía que iba a estar dentro del proceso.
Salvador, también exmilitante del Frente Amplio, dice que su alta calificación en la entrevista responde a sus conocimientos sobre temas parlamentarios y asegura que sus competidores no estaban preparados. Pero eso no es lo único que llama la atención.
Entre los requisitos para el puesto, el PJ solicitaba tener el título de la carrera de Derecho “con colegiatura y habilitación vigentes”. Sin embargo, en la base de datos del Colegio de Abogados de Lima (CAL) la colegiatura de Salvador figura como “inactiva”. Esto significa que no está habilitada para ejercer formalmente su profesión, ni tampoco cumple los requisitos para el cargo que hoy ocupa.
Salvador responde que “muchos están bajo esa modalidad [inactiva] porque es por pago y, en pandemia, no funcionó el CAL”. Cuatro abogados consultados por Sudaca dicen, sin embargo, que no han tenido problemas para pagar en este periodo. El área de prensa de la CAL también respondió que no hay ningún problema con los pagos e, incluso, que pronto se habilitaría un descuento para el pago anual.
El PJ asegura, en comunicación enviada a Sudaca, que Salvador fue contratada “en consideración a su experiencia en el campo correspondiente”, que “demostró mayor competencia a diferencia de sus competidores que carecían de expertiz” y que no existió “impedimento legal” para su designación.
Es preciso, ahora, revisar otros episodios de la vida de esta nueva funcionaria pública.
MENTIRAS Y ACUSACIONES
Hace poco Gabriela Salvador fue tendencia en redes sociales luego de que el semanario “Hildebrandt en sus Trece” revelara una denuncia en su contra realizada por su expareja, Keila Chevarría. En agosto de este año, Chevarría contó que fue estafada y extorsionada emocionalmente por la flamante coordinadora parlamentaria del PJ luego de haberle depositado más de S/89.000 para tratar una supuesta leucemia que Salvador le dijo padecer.
DENUNCIA PÚBLICA CONTRA GABRIELA SALVADOR CÁRDENAS
Mi nombre es Keila Chevarria Arriaga y DENUNCIO PÚBLICAMENTE a la señora Gabriela Salvador Cárdenas, mi ex pareja, por ESTAFA y EXTORSIÓN EMOCIONAL, por los hechos que paso a relatar. (1/1
Pero todo fue una farsa, según Chevarría, quien la acusó de haberse quedado con la plata. Incluso llevó el caso hasta el Ministerio Público. En su momento, Salvador dijo que los chats donde le manifiesta que tiene la enfermedad fueron editados. Consultada al respecto, la actual funcionaria del Poder Judicial se limita a decir que es un tema que están viendo sus abogados y evita responder si le devolvió el dinero a su expareja.
Pero Sudaca pudo conocer otros episodios similares que versan sobre engaños y manipulación. Algunos pasajes revelan asuntos personales que este medio solo reproduce porque hablan sobre el comportamiento sistemático de una funcionaria pública que parece tener problemas para decir la verdad.
Luego de las últimas elecciones, como invitada del Partido Morado al Congreso, Gabriela Salvador contactó a Juan Luis del Carpio, un excompañero de la maestría a quien, de un momento a otro, le fue con el cuento de una supuesta enfermedad. En los pantallazos que Del Carpio nos muestra, del pasado 17 de abril, Salvador le pide dinero para costear el tratamiento.
«Perdona que te escriba para esto, sabes que no me gusta pedir ayuda. Soy muy orgullosa. Pero tengo un problema de salud. Tengo Covid desde el 9 de abril. Ahora estoy con oxígeno y concentrador. No tengo apoyo de mi familia, vivo sola hace mucho. Ya pagué S/5.500, aún me faltan S/13.500 por el oxígeno y el concentrador. No soy de pedir y me da vergüenza. Saturo 88, pero por la leucemia no pueden aún hospitalizarme por riesgo a una bacteria hospitalaria. ¿Crees que puedas prestarme algo, lo que puedas, y yo saliendo de esto, te pago? ¿Puedo darte mi número de cuenta? Debo pagar al proveedor de a pocos», dice el pedido. Del Carpio no accedió a su petición.
La actual funcionaria del Poder Judicial, pese a las evidencias, niega la solicitud de dinero. Señala que hay una incongruencia en los mensajes ya que “si hubiese tenido Covid, lo habría dicho” y que no hubiera hecho campaña en campo.
Pero los testimonios abundan. Carolina Soto Sayán, exmilitante del Frente Amplio, asegura que mantuvo una relación con Salvador entre finales de 2019 y febrero de 2020. Si bien no le solicitó dinero, sí le aseguró que su salud estaba en un estado deplorable. Era una forma de manipularla.
“Cuando decidí que no saldríamos más por la personalidad que tiene, fue que se inventó que se estaba muriendo y las amenazas de que se haría algo. No puedo catalogar si tiene o no alguna condición», cuenta a Sudaca Soto Sayán.
Como parte de la manipulación que habría ejercido sobre su expareja, Salvador le envió por correo electrónico un documento del Instituto Nacional del Cáncer de Uruguay donde se dice que tiene leucemia. El archivo es similar al que le envió a su también expareja Keila Chavarría. Sobre este, en agosto pasado, el centro de salud le dijo a “Hildebrandt en sus Trece” que era fraguado.
Salvador intenta defenderse señalando que aquel email no lo envió ella, que alguien se metió a sus cuentas. “Yo no envío esos correos y siempre se lo dije a Carolina. Le pedí que me enviara estos, pero nunca lo hizo. Ella tenía las contraseñas de mis redes y mi correo. Lo tenía también Erick Palus [su community manager]”, dice Salvador. Tanto Soto como Palus niegan haber tenido acceso a su correo personal.
Soto enseña también pantallazos de una delirante conversación del 5 de febrero de 2020. En estos, Salvador le cuenta que le urge llamarle, ya que cuenta con expedientes confidenciales que “involucran a Mujica en crímenes [no sabemos a quién se refiere]», que habían intentado abrir la puerta de su casa, que “mancharon la puerta de sangre” y que había “un seguridad de embajada que me sigue en camioneta”.
Un caso similar habría ocurrido cuando estaba postulando al Congreso por el Frente Amplio. En aquel entonces, en febrero del 2020, Salvador denunció en la comisaría de Magdalena que le habían dejado un arreglo floral en la puerta de su edificio con un mensaje que decía: “Descansa en paz, Gabrielita”. El conserje del edificio corroboró el hecho. Pero lo que cuentan dos fuentes que trabajaban en ese momento en el despacho de Marco Arana, junto a Salvador, es que ella utilizó el hecho para sus manipulaciones.
“Ella dijo: ‘yo creo que es Yanacocha porque he hecho un informe en OEFA’”, recuerda una de las personas consultadas, que pide mantener su identidad en reserva. “Todo había sido simulado. Al final usaba ese tipo de argumentos para hacer que su expareja volviera con ella. Para eso estaba dispuesta a inventar cualquier cosa”, cuenta la otra fuente.
Salvador niega los hechos, aunque reconoce el episodio de la corona de flores. “Nunca mencioné a Yanacocha en campaña. La corona lo interpreté como alguien que quería molestar. Nunca dije que había sido enviada por alguien en específico, ni tuve sospechas”, dice a Sudaca.
Así las cosas, Gabriela Salvador pareciera ser, pues, más que una persona que engaña y manipula, una heroína en tiempos modernos.
Los documentos que Sudaca presenta a continuación -suscritos por la fiscal Norah Córdova, de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa especializada en Delitos de Corrupción, y su equipo- detallan los indicios que la llevaron a iniciar las diligencias e incluyen el ya conocido episodio donde el presidente se habría negado a dejar ingresar a los fiscales al despacho del secretario general. Palacio ha emitido un comunicado en el que rechaza esto último.
La Fiscalía tiene en la mira por este caso a Hugo Ángel Chávez Arévalo, gerente general de Petroperú; Gunther Documet Celis, gerente de distribución de Petroperú; Muslaim Jorge Abusada Sumar, gerente de cadena de suministro; y Roger Daniel Liy Lion, gerente del Departamento de Compras de Hidrocarburos. Los señala como presuntos autores del delito contra la Administración Pública en las modalidades de Colusión Simple y Negociación Incompatible en agravio del Estado.
El caso, revelado por Panorama el último domingo, alcanzaría al presidente de la República, quien participó de una reunión con el proveedor en octubre pasado. Castillo solo puede ser investigado por la Fiscal de la Nación.
Los casos de Covid-19 están volviendo a aumentar con la llegada de Omicron al país, pero eso no le importa a los enemigos de la ciencia. Movimientos antivacunas como la Organización Médica Peruana de Investigación (Ompei) y Médicos por la Verdad en Perú están planeando nuevas estrategias para boicotear el proceso de inmunización.
Médicos por la Verdad, movimiento de origen español que tiene presencia en toda América Latina, incluyendo –lamentablemente– al Perú, ha convocado para hoy a las 3 de la tarde una marcha que saldrá desde la Plaza San Martín. Y si bien la ruta oficial acaba en el Parque Kennedy, los manifestantes amenazan con atacar la casa del ministro de Salud, Hernando Cevallos, para “que sienta la presión”.
En el chat de Telegram de la agrupación, al que Sudaca se infiltró, se dejan insultos de todo calibre para el ministro. “El HDP de Hernando Cevallos ya anuncia nuevas restricciones. La marcha tiene que ir a su domicilio y hay que fomentar por todos los medios disponibles la desobediencia civil”, dice el usuario ‘Xavier Hc’. Otro miembro, llamado ‘Eddy R.A’ , responde: “vamos a la casa de ese genocida”. Algunos, como ‘Channel’, van más lejos: “Ojalá quemaran la casa de Cevallos en Lima”.
Algunos de los mensajes vertidos en el grupo de Telegram de Médicos por la Verdad sobre el Ministro de Salud.
Consultada por Sudaca, Vanny Herrera, vocera del grupo, asegura que la movilización de hoy será “una marcha pacífica” y descarta que vayan a visitar al ministro. Dice, eso sí, que el aumento de casos de la variante Omicron en el país –anunciado por Cevallos el lunes– “altera más” a sus seguidores.
Además de las movilizaciones, Médicos por la Verdad ya empezó a tejer sus vínculos políticos en el Congreso. El último lunes por la mañana tuvieron una reunión virtual en la Comisión de Salud y Población, la cual habían estado promocionando todo el fin de semana. En la sesión, anunciaron, se iban a presentar “informes médicos” sobre la pandemia.
Para conseguir esta cita, la agrupación envió varios petitorios al Congreso desde fines de noviembre. Incluso habían sido citados para el miércoles de la semana pasada, pero no los dejaron ingresar porque no presentaron el carnet de vacunación. Así lo comentaron en su chat de Telegram.
De acuerdo a Kelly Portalatino, congresista de Perú Libre y secretaria del grupo de trabajo, los antivacunas sesionaron con los asesores de la comisión. “Los congresistas de la comisión no hemos aprobado dicha reunión, me parece que los asesores han tenido una reunión a su requerimiento, más mi persona no comparte sus pensamientos antivacunas”, asegura a Sudaca la parlamentaria.
¿Qué dudosa información llevó Médicos por la Verdad a los asesores del Congreso? El mismo lunes, horas después de la reunión, Vanny Herrera compartió extractos de la sesión desde su Facebook. Lo más relevante es la presentación en Power Point de una supuesta “doctora” a quien no se identifica. El archivo se titula “Riesgo/beneficio que llevan a portar un carnet de vacunación” [sic] y expone la serie de efectos adversos que supuestamente tuvo la autora luego de recibir la primera dosis de la vacuna.
Los extractos de la reunión en el Congreso compartidos por Vanny Herrera en su Facebook.
“A los 10 minutos, en el observatorio, yo presenté una reacción de taquicardia, tuve picazón en el paladar y la garganta. Empecé a tener todos los síntomas cuando tengo una picadura de abeja”, se le escucha decir. Además, asegura que tuvo moretones luego de inmunizarse. La “doctora”, por supuesto, no presentó ninguna prueba.
«Hay que responderles con violencia»
En la Ompei apuestan por otras estrategias para boicotear la vacunación. La asociación peruana antivacuna, que fue fundada en agosto del año pasado, apunta a que el retorno a clases presenciales incluya niños no vacunados. Desde el domingo vienen difundiendo un planillón de firmas en Facebook y Telegram para que el Ministerio de Educación (Minedu) autorice la apertura de escuelas para los menores no inoculados el próximo año. La organización juntará las rúbricas hasta el 10 de febrero, anuncian en sus redes.
En el planillón, titulado “Memorial de apoyo a la Ompei”, se lee textualmente: “Rechazamos la vacunación forzada especialmente en nuestros niños y adolescentes. Como padres de familia, conjuntamente con Ompei, peticionamos que el Ministerio de Educación autorice Centros Educativos para NO inoculados en razón que desestimamos matricular el 2022 a nuestros menores hijos en colegios para vacunados o en aquellos que se exija absurdamente el carnet de vacunación o incite a la violencia moral, psicológica, agresión a integridad física y a la discriminación”.
Rosa María Apaza, la abogada y presidenta de la Ompei, hizo una transmisión de Facebook en vivo el último lunes para dar más luces sobre esta iniciativa. “Ojalá contesten esos comunistas, pero no hay peor gestión que aquella que no se realiza”, manifestó.
Apaza no perdió la oportunidad de aconsejar a sus seguidores responder violentamente si alguien les recomienda vacunarse. “Anda envenena a tus hijos, métete la vacuna por el trasero. A ver, atrévete a venir… Se lo dicen con cuchillo en mano”, amenazó Apaza en su ‘Live’. Y luego agregó: “Deberíamos tomar las calles, las pistas, porque así como ellos están ejerciendo violencia, también hay que responderles con violencia. Habría que ser cojudos”.
Además, dijo a los padres de familia que “está demostrado que esto [la vacunación] es un experimento mundial y, si usted quiere entregar a sus niños como ratón de laboratorio, es exclusivamente su responsabilidad”. Todo ello, por supuesto, es falso.
El grupo de Telegram de la Ompei también se ha convertido en una plataforma para que Rosa María Apaza, autoproclamada “abogada de la libertad”, difunda sus servicios de asesoría legal, con el supuesto objetivo de “que se cumplan los derechos de los que no se quieren vacunar”. Para acceder a esta asesoría, uno tiene que hacer una “donación” de mínimo S/30 a las cuentas de la organización.
La promoción de las citas legales de Apaza es constante en el chat de Telegram que tiene la Ompei.
Apaza, que según el registro del Colegio de Abogados de Lima tiene su colegiatura inactiva, también difunde conversatorios con otras personalidades antivacunas de la región. En sus transmisiones suele mencionar que detesta recibir mensajes que no sean para citas legales y considera a los provacunas unos “malditos psicópatas, pobres diablos y soretes”.
Telegram también fue la plataforma que usó la presidenta de la Ompei para su campaña al Congreso en las últimas elecciones. Apaza postuló con el partido Democracia Directa, que quedó último en los comicios, con propuestas como la “ley de moratoria del 5G” y la “ley que autoriza el uso del CDS”.
Uno de las fotografías de campaña que Apaza compartió con sus seguidores en Telegram.
Intentamos comunicarnos con la abogada mediante sus dos números de teléfono, pero al cierre de edición nos dejó en visto.
Ambos movimientos antivacunas han encontrado en Facebook y Telegram –sobre todo este último– espacios seguros para difundir sus dardos contra la vacunación en el Perú. En esta última red social, Médicos por la Verdad en el Perú tiene más de 17.500 suscriptores y la Ompei alcanza casi los 3.000. En Facebook, Vanny Herrera, vocera principal del primer grupo, tiene más de 5.000 amigos. Por su lado, la Ompei tiene casi 19.500 seguidores.
Estos canales se han convertido en los espacios donde se planean y difunden los próximos planes antivacunas. Con el 75% de la población objetivo inmunizada y más de 202.000 personas muertas en esta batalla, según cifras del Ministerio de Salud, toca pensar cómo erradicar estas variantes de la desinformación.
Es considerado uno de los cerebros de la operación para reprimir las protestas de noviembre del 2020 y ahora se encarga de la seguridad del Congreso. Se trata del coronel Percy Tenorio Gamonal, investigado por el asesinato de Bryan Pintado e Inti Sotelo durante aquellos sangrientos días de noviembre. Aquella jornada dejó, además, 102 heridos. Tenorio era jefe de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, dependencia que fue estratégica durante la revuelta que provocó la caída de Manuel Merino.
Percy Tenorio Gamonal ahora es el jefe de la División de Seguridad del Congreso. Su función es planificar, dirigir y coordinar la seguridad de los 130 congresistas y los cinco parlamentarios andinos. Tenorio fue nombrado en el cargo por el alto mando policial el 1 de septiembre (con María del Carmen Alva, de Acción Popular, en la presidencia del Parlamento desde fines de julio), señala a Sudaca el área de prensa de la PNP. En ese momento ya estaba siendo investigado por la brutal respuesta a las marchas del 2020.
Oficio enviado por el coronel de la Policía, Percy Tenorio Gamonal, el 2 de octubre pasado, como jefe de la División de Seguridad del Congreso.
“Los cambios son por disposiciones del comando. ¿De dónde saca usted que la Mesa Directiva me solicita? Lo que usted me está preguntando no está en lo correcto”, dice Tenorio al ser consultado sobre su designación. No dio más detalles.
Para llegar a ser el hombre fuerte de la seguridad en el Parlamento, sin embargo, Tenorio ha tenido que contar con el visto bueno de la presidenta de ese poder del Estado, María del Carmen Alva. Así lo especifica a Sudaca el acciopopulista Luis Roel, segundo vicepresidente del anterior Congreso.
“Si bien designa el comando de la Policía [al encargado de seguridad del Congreso], la presidencia de la Mesa Directiva puede decir que no está a gusto y se hace el cambio. El encargado de la seguridad del Congreso queda a disposición de si acepta o no la presidencia del Congreso. Depende de la presidencia”, dice Roel.
La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva Prieto, tiene como encargado de la seguridad en el Parlamento a un coronel de la Policía investigado por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado. Foto: Andina.
Tenorio reemplazó al coronel Miguel Talla Quispe, quien -de acuerdo a Roel- había desempeñado la función con la venia de la expresidenta del Parlamento Mirtha Vásquez. Sudaca le hizo la consulta a Alva –a ella y a un vocero de su equipo de prensa–, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.
¿Cuál fue el papel de Tenorio en los sangrientos sucesos del 14 de noviembre? La fiscal provincial Jhousy Aburto Garavito lo investiga por “asesinato con alevosía” en agravio de Bryan Pintado e Inti Sotelo. Tras diez meses de pesquisas, la representante del Ministerio Público formalizó la denuncia y declaró compleja la investigación contra él (y otros oficiales) el 30 de septiembre pasado, casi un mes después de ser designado como el hombre orquesta de la seguridad del Parlamento.
De acuerdo a la indagación de la fiscal Aburto, el coronel Tenorio dirigió un contingente de 140 policías en el llamado sector “A”, que comprendía la avenida Nicolás de Piérola y sus intersecciones. “Era el responsable del aspecto táctico y operativo de la operación policial, ordenando a sus subordinados agentes policiales hacer uso de la fuerza de manera desproporcional, indiscriminada e ilegal, empleando armas potencialmente letales (perdigones de goma, bombas lacrimógenas y otros) y municiones prohibidas (perdigones de plomo), disparando directamente el cuerpo de los manifestantes, causando el asesinato de Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez, y lesionando a varios manifestantes”, dice, en su denuncia, la fiscal sobre Tenorio.
30 de septiembre. Parte del documento de la fiscal provincial, Jhousy Aburto Garavito, que grafica la participación del coronel Percy Tenorio en la violenta represión de noviembre del 2020.
La presencia en las protestas del coronel Tenorio quedó registrada cuando golpeó, delante de una cámara de televisión, al suboficial Hoober Talledo Alemán por lanzar una bomba lacrimógena sin autorización. “¡Oe, ven acá! ¡Quién te ha dicho! ¡Quién chucha te ha dicho!”, le recriminó Tenorio a Talledo aquel 14 de noviembre. El suboficial se quejó ante sus superiores después, al considerar que fue maltratado y humillado.
Según las pesquisas, ese sábado el entonces subcomandante general de la Policía, Jorge Lam Almonte, ordenó a los altos mandos, entre ellos Tenorio, “neutralizar cualquier acto de protesta”. En esa línea, Tenorio ordenó al capitán Mario García Chávez “acelerar el paso” en la avenida Nicolás de Piérola.
A raíz de ello, “[el capitán García] habría dispuesto que comenzaran a disparar con las armas potencialmente letales (escopeta lanza gas calibre 37/38 y escopeta de caza calibre 12, granadas lacrimógenas de mano y cartuchos de perdigones de goma calibre 12, cartuchos de propulsión de bombas lacrimógenas), así como los perdigones de plomo hacia los manifestantes”, dice la denuncia del Ministerio Público.
Entre las 8 y 8 y 10 de la noche, en el cruce de las avenidas Piérola con Abancay, Bryan Pintado falleció al recibir una ráfaga de perdigones de plomo: cuatro le impactaron en la cabeza, dos en el cuello, dos en el tórax y dos en el brazo derecho. Y a las 9 y 47, en el cruce de Piérola con el jirón Lampa, Inti Sotelo Camargo recibió “el impacto de un perdigón de plomo a la altura del tórax”, lo que ocasionó su muerte.
En su declaración ante la Fiscalía, el 5 de agosto, Tenorio se defendió: “yo no soy el responsable del uso de las armas”. Y luego arremetió contra los manifestantes: “Debemos diferenciar entre manifestantes y delincuentes. Los primeros son con quienes coordiné cuando empezó la marcha. Los últimos, que ahora refieren haber sido agredidos por la PNP con canicas de vidrio y perdigones, son delincuentes”.
Un oficial de la Policía apunta a un joven manifestante en la protesta de noviembre del 2020. Foto: Max Nina/ Hildebrandt en sus Trece.
El coronel declaró que, cuando tomó conocimiento de las muertes, él se encontraba en el cruce de los jirones Ocoña y Camaná. Es decir, a pocas cuadras de la escena del crimen de Inti Sotelo y de Bryan Pintado.
“Primero sólo sabía del primer fallecido [Bryan Pintado] a través de las redes, como a las ocho de la noche aproximadamente. Luego, aproximadamente a las diez, también por las redes, comienzan a comunicar que hay otro muerto [Inti Sotelo]. Esa situación es lo que genera que en el lugar donde estaba comience la gente a querer agredirnos”, dijo.
Tenorio terminó su declaración afirmando que la Policía actuó dentro del marco de la ley y que “los cargos por los que se me acusa no se ajustan a la realidad de los hechos”. En su testimonio apeló al espíritu de cuerpo en detrimento de la verdad. Él es un personaje clave para esclarecer los crímenes.
Para hacer frente a la denuncia en su contra, el coronel Percy Tenorio solicitó a la Policía que le proporcione defensa legal. El 25 de octubre de este año, el Ministerio del Interior comunicó, a través de una resolución, que aceptó el pedido del oficial.
Como si todo lo anterior fuera poco, Tenorio además ha sido señalado como parte de una presunta red de corrupción policial, según el programa “Punto Final”. En la trama, Tenorio se habría beneficiado con una licitación de la Policía de S/13,1 millones para comprar mascarillas, alcohol, guantes y otros artículos para combatir al coronavirus. De acuerdo a la investigación del fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, el oficial estaría detrás de las tres compañías que ganaron esa licitación y se habría valido de testaferros.
A pesar de todos estos antecedentes, Tenorio es ahora el hombre fuerte de la seguridad de los legisladores. Con Acción Popular nuevamente al frente de la Mesa Directiva, el sangriento rastro de Merino sigue acechando al Congreso.
Las negociaciones entre la minera china MMG -que opera Las Bambas- y el Frente de Defensa de Chumbivilcas (Fudich) han llegado a un punto muerto. Hace dos días, en una misiva enviada a la premier Mirtha Vásquez, el gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo de Negocios de la minera, Carlos Castro, le indicó que se retiraban de todo diálogo.
“Las Bambas, apelando al principio de reciprocidad y consecuente con la difícil decisión adoptada, se ve imposibilitada de seguir participando en los citados espacios y grupos de trabajo, creados o por crearse, hasta que se puedan concretar acuerdos que sean viables y verificable”, se lee en el escrito. Anoche, en conferencia de prensa junto a otros empresarios mineros, el gerente general de Las Bambas se reafirmó.
Los días previos a aquella decisión estuvieron marcados por inesperadas contramarchas en las mesas de diálogo que impulsan el ministerio de Energía y Minas (Minem) y la PCM. El 6 de diciembre, un día antes de que se votara la moción de vacancia contra Pedro Castillo, cuatro funcionarios de la minera se reunieron con el titular del Minem, Eduardo González.
Una fuente del Ejecutivo dice a Sudaca que en ese encuentro se acordó que las comunidades provean el servicio de 14 vehículos para el transporte de minerales, el alquiler de 14 camionetas para otras tareas y que se encargarían del mantenimiento vial en sus tres fases: el regado de vías, el mantenimiento de carreteras y el de micropavimento. Cualquier pacto de este tipo supone la creación de una empresa comunal que brinde todos esos servicios a la minera.
El preacuerdo fue comunicado por la noche a Víctor Villa Zambrano, asesor legal del Fudich. Villa dice para este informe que conversó con un funcionario del Ejecutivo y con Marcos Santos, de Las Bambas, y que se comprometió a llevar la propuesta a las comunidades. Señala, además, que los comuneros la aceptaron a regañadientes. Sudaca intentó recoger la versión de la minera, pero al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta de parte de su agencia de comunicaciones.
Sin embargo, al día siguiente, la historia cambió repentinamente. En una asamblea en Cruzpampa, en la que participaron funcionarios del Minem, el Fudich y la minera, hubo un giro en la propuesta, asegura Villa. “Estaban los comuneros, el Minem y Marcos Santos [gerente de Asuntos Corporativos Regionales de Las Bambas]. Cuando llegó el representante de las Bambas, dijeron que serían 12 tracto camiones [para trasladar los minerales], el alquiler de 12 camionetas y solo el mantenimiento del micropavimento”, cuenta. Es decir, dos menos de lo convenido antes. «No sabía qué estaba pasando», agrega el abogado. Una fuente del Ejecutivo, que prefiere mantenerse en reserva, corrobora esta versión.
Había otro punto en debate: el monto que, por ley, iba a pagar Las Bambas para mitigar los daños ambientales. Las comunidades pedían S/1,2 millones, pero la empresa terminó por ofrecerles apenas S/100.000.
El 10 de diciembre, la compañía envió un documento a la PCM con su última oferta. La mina volvió a proponer que el servicio de transporte de concentrado mineral de parte de las comunidades sea con hasta 14 camiones. Pero, tal como habían retrocedido en la asamblea de Cruzpampa, sólo estaban dispuestos a alquilar 12 camionetas y que se hagan cargo del mantenimiento únicamente del micropavimento. Finalmente, se comprometía a entregar S/100.000 anuales en proyectos de inversión social para cada comunidad.
La empresa dio a conocer esta propuesta el 11 de diciembre, en una reunión en la localidad de Cruzpampa (Chumbivilcas, Cusco) convocada por la PCM. Pero, nuevamente, las negociaciones no llegaron a buen puerto.
Según Villa Zambrano, en dicha reunión los funcionarios de la PCM señalaron que iban a impulsar las actividades empresariales de la comunidad alrededor de las actividades mineras. Hablaron incluso de que la creación de la mentada empresa comunal para proveer de servicios a la mina era una buena idea. Pero insistieron en que se liberara la vía antes de cualquier acción.
Villa Zambrano cuenta que todo quedó en intenciones. Señala que, de regreso de Cruzpampa a la ciudad de Cusco, compartió vehículo con el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Pablo Sánchez. Según el asesor legal de las comunidades, allí Sánchez se mostró en desacuerdo con la idea de la empresa comunal.
“Me dijo que no entremos en inversiones de alto riesgo y que era mejor que se compren los terrenos [se refiere a que el Estado compre los terrenos de las comunidades], que eso era más seguro. Ahí se cayó la PCM, ya que no estaban en la línea que teníamos”, cuenta Villa. Sudaca buscó comunicarse con Sánchez, pero se excusó diciendo que no tenía buena señal.
Las comunidades no supieron más de la PCM, de acuerdo al asesor del Fudich. “En las últimas semanas, nadie ha dicho nada. El ministro González sí llamó para solidarizarse. Teníamos esperanza con Mirtha Vásquez, pero esa fue la única vez que se comunicaron. A ella nunca la vimos”, señala.
Así, el 12 de diciembre, el frente arremetió con un pedido que sobrepasaba por mucho los acuerdos previos. Solicitó ser proveedora con 25 camiones encapsulados, alquilarle a la empresa 25 camionetas y hacerse cargo de los servicios de mantenimiento vial en conjunto. Además, pedía de nuevo S/1,2 millones anuales por la mitigación de impactos ambientales en cada comunidad. Esta fue la última solicitud por parte de las comunidades.
Toda iniciativa, sin embargo, hoy ha quedado desechada. Villa Zambrano dice que ahora apostarán por la vía constitucional para que la carretera por la que pasan los camiones de Las Bambas deje de ser considerada como nacional y vuelva a ser de las comunidades. El punto muerto en las negociaciones para el desbloqueo de la vía lleva ya varios días. Y MMG ha informado de la paralización total de sus operaciones. ¿Llegará una tregua antes de Navidad?
Actualización: Tras la publicación de esta nota, Las Bambas -cuya versión solicitamos previamente- nos envió el siguiente comunicado, que reproducimos en su totalidad:
*Las Bambas indica que en la reunión del 6 de diciembre en el MINEM se presentó y sustentó la propuesta de la minera para las comunidades de Chumbivilcas y que esta, en todo momento, fue por 12 camiones, 12 camionetas y servicios en la vía. Las Bambas señala que tal postura fue reiterada por ejecutivos de la empresa, entre ellos Marcos Santos, a funcionarios del MINEM y la asesoría legal de las comunidades de Chumbivilcas antes de la asamblea de Cruzpampa. Respecto a su participación en el diálogo, la empresa reitera su vocación por un diálogo constructivo en un marco de respeto a la ley y la libertad e integridad de personas y bienes.
En las internas para elegir la nueva dirigencia del Partido Morado (PM) -que resurge de las cenizas después de salvar su inscripción- se vive un clima de guerra. La mediación de un expresidente no ha bastado para alinear los intereses de las dos facciones que se pelean el control de la agrupación tras el fracaso electoral de abril.
En medio de unas elecciones convocadas sobre la hora, Francisco Sagasti tomó la iniciativa de reunirse con líderes morados e intentó convencerlos de que lo mejor era presentar una lista única y de consenso. Su objetivo era dar un mensaje de unidad a la opinión pública, pero la propuesta no tuvo eco.
Lejos de conciliar, hoy las acusaciones están a la orden del día. Tanto por los anticuerpos de los candidatos como por las reglas de juego con las que se van a llevar a cabo los comicios. Un sector del partido, incluso, pide que estos se anulen por la supuesta falta de imparcialidad del personero legal del partido, al que vinculan con uno de los candidatos. Sin embargo, un comunicado firmado por personeros regionales ha descartado que esto sea así. Y las puyas siguen.
SAGASTI, EL CONCILIADOR
A inicios de diciembre, Sagasti se comunicó con Luis Durán Rojo, abogado tributarista y cabeza de una de las listas que aspira a la presidencia del partido. Le pidió que convenciera a Narescka Culqui, excandidata al Congreso y su ahora rival, de formar una sola lista. Durán le delegó la tarea a Vlado Castañeda, encargado de armar su lista, y este llamó a Culqui el 3 de este mes. Así lo cuenta a Sudaca el mismo Castañeda.
“Nosotros estábamos dispuestos a tratar de que se configure una sola lista, pero no se pudo. Sé que Sagasti conversó con Luis y producto de eso es que yo llamé a Narescka. Me encargaron a mí porque conozco a ambos. La llamé para ver si había la posibilidad de armar una lista, pero me dijo que ya tenía sus compromisos. Le deseé lo mejor y le sigo deseando lo mejor públicamente”, cuenta Castañeda.
Culqui confirma la llamada, pero tiene otra interpretación. “El ‘profe’ Vlado me hizo una llamada. Me convocó a su lista por encargo de Luis Durán, según lo que él me mencionó. Pero me llamó el mismo día en que iban a hacer el lanzamiento de su lista, faltando unas horas para el evento. No vi una invitación seria”, dice Culqui, que oficializó su candidatura al día siguiente.
Luego añade: “Estaba en mi derecho de aceptar o no. Y además, me parecía enriquecedor que hubiera más de una lista. Le comenté que yo ya estaba impulsando una lista con Flor [Pablo], entonces ya no podía formar parte de otra lista”.
Con mucho entusiasmo anuncio mi candidatura a la Presidencia del @partidomorado. Es momento de dar paso a la renovación y a los nuevos liderazgos. Estoy comprometida con la construcción de una verdadera institución democrática.
Esta fue la última vez que el expresidente Sagasti intentó que hubiera una lista única. Ya lo había hecho en octubre, según tres fuentes confiables consultadas por Sudaca. En ese momento, Culqui no estaba en el mapa. La que tenía intenciones de liderar la segunda lista era la actual congresista Flor Pablo.
En una reunión con unos pocos militantes, Sagasti planteó que Luis Durán, miembro fundador del PM, sea el que encabece la lista que se presentaría en las internas. La idea del expresidente era que Flor Pablo sea Secretaria de Talento, un órgano que se encarga de la formación política y dispone del presupuesto público para usarlo en planes de capacitación. Anteriormente, este puesto lo ocupó Maria Teresa Guzmán, hermana de Julio Guzmán.
Una fuente enterada de estas conversaciones asegura que antes Pablo ya había aceptado integrar una única lista sin encabezarla. Pero en la reunión de octubre la exministra de Educación, de pronto, rechazó la oferta. En cambio, propuso que debía ser ella quien se postulara para ser la presidenta del Partido Morado. Flor Pablo no quiso responder las consultas de Sudaca.
La congresista, dicen varios militantes a Sudaca, quería tomar ella misma las riendas del partido que la llevó a ocupar una curul. De hecho, su compañera de bancada Susel Paredes declaró públicamente que esperaba que eso sea así. Por eso, Pablo no estaba satisfecha con la propuesta de Sagasti.
Pero la decisión de formar su propia lista no fue bien tomada por un sector del PM, donde la exministra tiene varios anticuerpos. Y es que, cuando el fantasma de la pérdida de inscripción asomó, a Pablo no se le vio en la lucha. De hecho, agrupaciones políticas vinculadas a ella y a Susel Paredes establecieron alianzas con otra naciente organización de centro. Así lo reportó Sudaca en setiembre pasado.
Por ello, hubo militantes que vieron en la decisión de Pablo un claro caso de conveniencia política: mientras el partido estaba en el limbo, no lo apoyó; ahora que estaban de nuevo en la cancha, trataba de adueñarse de la organización tentando su presidencia. Esa es, al menos, la lectura que hacen cuatro morados consultados para este informe.
“¿Cómo se va a hacer unidad con quienes ya estaban en conversaciones con otro partido? En todo caso, no deberíamos dejarlos fuera, pero no puede ser posible que quieran encabezar la lista”, cuestiona uno de ellos, que, además, tuvo conocimiento de las convocatorias de Sagasti.
Luis Durán también tiene sus detractores. Lo señalan, por ejemplo, de ser un desconocido para la opinión pública y de representar el “continuismo” de Julio Guzmán, por haber sido parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) desde que nació el partido. Además, le han recordado su defensa del excandidato presidencial en los momentos de crisis. Consultamos con Durán, pero prefirió no dar declaraciones al respecto.
“Pretenden decir que Luis es la continuación de Guzmán porque era cercano a él, pero en realidad no es así. Lo que Luis hacía, y yo también, era defender al líder del partido porque eso es institucional”, lo defiende Lisseth Meléndez, actual miembro del CEN.
RETROCESO
Flor Pablo finalmente decidió no encabezar la lista y cedió el protagonismo a Narescka Culqui, quien terminó oficializando su postulación a la presidencia el 4 de este mes, en una reunión de militantes por Zoom.
¿Qué había detenido a Pablo en sus ambiciones iniciales? Según la lectura de algunos partidarios, la congresista se dio cuenta de que no tenía fuerza suficiente en las regiones para ganar. Algunos apuntan que su real intención es ser presidenta de la República, por lo que un golpe en las internas hubiese dañado su imagen. “Si Flor quiere ser presidenta del Perú, sería un golpe duro que no pueda ganar la presidencia en su propio partido”, comenta un militante a Sudaca.
Las fuentes consultadas por este medio reconocen que Culqui es una candidata joven y “una figura que quiere hacer bien las cosas”. Su aspiración para las próximas elecciones municipales es ser alcaldesa de Magdalena y postular a la presidencia del PM la hará más conocida, apuntan. Su juventud, sin embargo, es vista como un punto débil, además de no ser representativa en el partido.
Culqui, aludida en estas líneas, responde. “He sido pieza clave para la elaboración del plan de gobierno que presentamos en las últimas elecciones. También fui miembro de la Secretaría Nacional de Doctrina […] Además que tengo la experiencia de haber pasado en unas elecciones como candidata al Congreso. Soy de esos morados que se han sacrificado por la organización. Entonces, experiencia creería que no me falta”, dice a Sudaca.
Culqui y Pablo tienen el respaldo del excongresista Daniel Olivares. Algunos militantes esperaban que este integre la lista y sea la ficha para la alcaldía de Lima. Olivares se excusó señalando que iba a asumir el liderazgo de una organización civil y que este era incompatible con la política electoral, de acuerdo a una carta enviada a la militancia que Sudaca revisó.
“Daniel hace unas semanas comentó que por cuestiones profesionales no iba a lanzarse para la alcaldía de Lima y que no iba a estar activo en el partido, básicamente por temas de desarrollo profesional. Pero nos ha manifestado a Flor y a mí su apoyo. Nos ha acompañado en el lanzamiento inclusive”, comenta Culqui.
FUEGO CRUZADO
Así terminaron los intentos de Sagasti por unir a los morados. Y él ya había adelantado que, de fallar en el intento, se mantendría al margen de las elecciones. Los líos internos, sin embargo, no acabaron ahí.
La convocatoria a elecciones fue lanzada recién el 30 de noviembre por Julio Guzmán, a pesar de que la noticia de que el partido no perdería su inscripción le llegó mucho antes, el 2 de octubre. Los militantes, por lo tanto, tienen apenas un mes para ajustar las listas y presentar las propuestas.
No es lo único que ha causado molestias. El 1 de diciembre, el secretario general del partido, Rodolfo Pérez emitió un comunicado en donde culpa a “dirigentes del partido” de bloquear la iniciativa de implementar un nuevo mecanismo de votación al estilo de la clientelista Acción Popular: “un militante, un voto”.
Asegura que estos dirigentes malinformaron a la militancia y dilataron el proceso “con el único propósito de favorecerse”. Pérez prefirió no hablar con Sudaca al respecto. Según las fuentes consultadas, se habría referido en su carta a Jarek Tello, el personero legal del partido, a quien se le vincula con el candidato Luis Durán.
Tello fue quien defendió con éxito la inscripción del PM cuando medio partido ya había perdido las esperanzas. En la batalla lo acompañó, precisamente, Durán. Por eso, en la lista de este veían a Tello con buenos ojos para que postule a algún cargo. “En lo personal, veía a Jarek con buen perfil. Pero como es el personero legal, y a la luz de que se han servido sobre esa base ciertos cuestionamientos negativos de gente que apoya a la otra lista, creo que él inteligentemente ha decidido no postular”, comenta Vlado Castañeda.
Jean Pierre Lozano, secretario de juventudes de Lima Metropolitana, explica que el motivo por el que no se pudo implementar “un militante, un voto” tiene que ver con el ajustado tiempo que tienen para llevar a cabo los comicios. Además, una de las fuentes consultadas por este medio comenta que, a la fecha en la que se convocaron elecciones, el padrón electoral todavía no estaba actualizado.
Con las actuales reglas de juego, en estas elecciones solo votarán 48 dirigentes acreditados, entre congresistas, miembros del CEN y miembros del órgano electoral del partido. La novedad en este proceso es que los personeros legales de las regiones también emitirán su voto. Esta fue una propuesta, precisamente, de Jarek Tello. Este dice que, como los secretarios nacionales, regionales y distritales no fueron acreditados a tiempo para votar, él acreditó a los personeros regionales.
“El partido iba a entrar en un problema de legitimidad porque las únicas personas que iban a votar eran menos de 20. Es ahí donde hago la coordinación con ellos, y les digo que, aunque su voto es libre e independiente, sería mejor, como gesto político, que asuman un compromiso político con las regiones, interactúen con ellos y lleven sus votos”, comenta.
Esto molesta a una parte de la militancia por la influencia que Tello -a quien vinculan con Durán- podría tener sobre los regionales y han pedido que este “se aparte” de ellos mientras dure el periodo electoral. Una resolución del Órgano Electoral Nacional de ayer (16 de diciembre) recomendó que sea así. Los personeros de regiones, sin embargo, publicaron un comunicado esta mañana rechazando “la insinuación vertida por el Órgano Electoral Nacional” sobre una posible influencia de Tello.
Los personeros regionales publicaron un comunicado rechazando la resolución del Órgano Electoral del partido, que recomendaba que el personero nacional, Jarek Tello, se apartara de ellos.
Clúber Jesús Aramburú, personero regional de Áncash, comenta que “no tiene sentido apartar a alguien que tiene que orientarnos y capacitarnos, no solo respecto al tema electoral de las elecciones internas, sino por temas puntuales a las elecciones regionales y municipales venideras”. Agrega, además, que la resolución del Órgano Electoral “ha causado malestar y extrañeza en todas las bases”.
Algunos son más drásticos y piden que todas las elecciones se anulen debido a la cercanía entre Durán y Tello. Tello adelanta que, como el encargado de la parte legal del partido, pedirá que la ONPE intervenga para garantizar elecciones transparentes y que no haya cuestionamientos. De no realizar las elecciones antes de fin de año, las autoridades actuales -cuyos mandatos ya vencieron, incluido el de Julio Guzmán- se quedarían en el cargo por un año más.
Las acusaciones se encuentran en su punto más álgido, a la espera del 30 de diciembre, el día escogido para saber quién será el elegido por la militancia morada para presidir su golpeado partido.
