Bruno Pacheco no tenía límites. Cuando era secretario general de Palacio, la ex mano derecha del presidente Castillo intercedió por una empresa que, para importar cantidades descomunales de mercurio, presentó información falsa a la Sunat. Se trata de la comercializadora de minerales y metales MQVC Corporation, que el año pasado pidió ampliar de forma considerable -de 20 a 500 toneladas anuales- el permiso que le habían dado para ingresar dicho químico al país.
MQVC Corporation, fundada por José Hanco Lupinta, informó a la Sunat que tenía un acuerdo para comprarle el mercurio a Didi Chemical, una supuesta empresa estadounidense de la que no hay rastro en ninguna base de datos. Además, comunicó que tenía como “potenciales clientes” a cuatro grandes mineras: Buenaventura, Antapaccay, Marsa y Cuatro de Enero. Pero estas firmas negaron haber negociado con MQVC Corporation, según documentos internos que Sudaca pudo revisar.
José Hanco Lupinta, dueño de empresa MQVC Corporation. Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio, presionó al jefe de la Sunat por esta compañía. Fuente: Facebook de José Hanco.
DESMENTIDOS
La historia empieza en junio del 2020, cuando José Hanco Lupinta, un empresario dedicado a la extracción de oro en el Cusco, funda MQVC Corporation. Once meses después, en mayo del 2021, la compañía le solicitó a la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados de la Sunat un permiso anual para importar 20 toneladas de mercurio, dando información muy general que este medio pudo revisar. La solicitud fue aceptada.
El problema es que, ya con Pedro Castillo en el poder, Hanco Lupinta fue por más. Mucho más. El 13 de setiembre del 2021 le pidió a la Sunat ampliar la autorización de importación a 500 toneladas de mercurio, de acuerdo a los documentos internos de la superintendencia. Y luego echó mano de sus influencias: el 29 de de ese mes, vía Telegram, Bruno Pacheco envió el pantallazo de esa solicitud al jefe de la entidad tributaria, Luis Enrique Vera Castillo. “Corrobora eso, hermano, y trata de ayudar en algo”, le escribió.
El 6 de octubre del año pasado, de nuevo por Telegram, Pacheco insistió. “Si no sale los 500, aunque sea los 300”, le escribió a Vera. Y al día siguiente, el 7 de octubre, le envió el teléfono de Hanco al jefe de la Sunat. “Este es el número”, le dijo.
Por la noche, Hanco realizó un nuevo pedido –escueto y a través de la mesa de partes virtual– para que le aumenten la cantidad de mercurio. “Espero ser atendido cuanto antes posible, brindándome la aprobación de lo solicitado en el presente escrito”, escribió, sin dar detalles de la operación comercial.
Informe de la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados de la Sunat que niega el pedido de MQVC Corporation para aumentar la cantidad para importar mercurio. La solicitud fue desestimada por presentar falsamente como “potenciales clientes” a grandes mineras, como Buenaventura, Antapaccay y Marsa.
Una semana después, el 14 de octubre, Patricia Salazar, funcionaria de la Sunat, le contestó a Hanco. Le dijo que la información que había enviado era insuficiente y que necesitaba más datos, como las empresas a las que les vendería el mercurio, las medidas de seguridad y la capacidad de almacenamiento. En suma, una información detallada del negocio, por tratarse de un químico que puede ser usado para actividades ilegales.
El empresario contestó al día siguiente con otra carta. Dijo que MQVC Corporation, que tiene un local en San Juan de Lurigancho, cuenta con una capacidad de almacenamiento de 1.000 toneladas y que el mercurio que pretendían traer era fabricado por la supuesta compañía Didi Chemical, de Nueva York. “La empresa industrial Didi Chemical, ubicada en los Estados Unidos, nos exige como requisito para celebrar contrato de comercialización la existencia de la autorización de su institución”, escribió el hombre por el que abogaba Bruno Pacheco.
El detalle es que no hay rastro de Didi Chemical en ninguna base de datos, confirmaron fuentes que conocen la investigación sobre este tema del fiscal anticorrupción Marco Huamán. Al ser consultado por Sudaca sobre la veracidad de un acuerdo con esta supuesta compañía, Hanco respondió: “¿Cuál es el interés de usted? ¿Usted es abogado? ¿Usted es de la Fiscalía? Hable con mi abogado cualquier cosa”.
El empresario también indicó a la Sunat que, para el negocio del mercurio, tenía como “potenciales clientes” a las mineras Buenaventura, Antapaccay, Marsa y Cuatro de Enero. Una mentira que cayó rápidamente.
El ente tributario envió cartas a estas empresas consultándoles si tenían un convenio comercial o habían mantenido negociaciones con MQVC Corporation. El 26 de octubre las mineras respondieron que no la conocían ni en pelea de perros. Ahí fue cuando se descubrió la telaraña de falsedades.
“[…] remitimos nuestra respuesta indicando que no tenemos ninguna referencia del mencionado proveedor [MQVC Corporation] y por el momento no tenemos proyecciones de compra de mercurio”, respondió Fernando Ortiz de Zevallos, representante legal de Buenaventura.
“Al respecto cumplimos con informar a su despacho que Compañía Minera Antapaccay no tiene proyectado adquirir el bien fiscalizado mercurio. Tampoco ha recibido comunicación de la empresa MQVC Corporation”, contestó Antapaccay a la Sunat.
“Informamos que no utilizamos mercurio en ningún proceso de nuestra operación minera. Por ello, no proyectamos adquirir el bien fiscalizado “mercurio” a la empresa MQVC Corporation. Asimismo, no hemos recibido comunicación alguna de MQVC Corporation a efectos de proyectar la potencial o eventual compra de dicho bien fiscalizado”, dijo Marsa.
“Nuestra empresa minera aurífera Cuatro de Enero no proyecta adquirir el bien fiscalizado mercurio con la empresa MQVC Corporation. Dicha empresa tampoco se ha comunicado con nosotros para proyectar realizar operaciones de compra con este bien fiscalizado”, respondió Cuatro de Enero.
“Yo nunca he dicho que tenga un convenio con esas empresas”, se limita a decir José Hanco para este informe. Lo que sí dijo -y fue desmentido- es que eran los potenciales clientes del mercurio que iba a traer.
LA PISTA DE HANCO
El 15 de noviembre del año pasado, casi un mes después de que la Sunat advirtiera las mentiras, el portal “Limagris” publicó los mensajes de Pacheco presionando al jefe de la Sunat para beneficiar a distintos empresarios, entre ellos estaba José Hanco. El 23 de noviembre, el ente tributario decidió finalmente desestimar el pedido para importar más mercurio.
La Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados de la Sunat justificó el rechazo con los desmentidos de las mineras. “Luego de verificar que lo consignado por el usuario en el Informe Técnico no tenía el fundamento correspondiente, en atención a la respuesta negativa de los potenciales clientes, se determinó que el usuario MQVC Corporation no sustentó el incremento de mercurio solicitado”, dijo esa dependencia. El informe añade que no se dieron detalles sobre el almacenamiento del producto.
“Hay cosas que no tienen lógica. En este tipo de acuerdos se tiene que hablar de clientes, no de potenciales clientes. Tengo que tener seguro a quién se lo voy a distribuir. Además, el mercurio se utiliza en la pequeña minería, no en la gran minería. Las grandes mineras, como Buenaventura, no usan mercurio porque lo ven como un elemento residual”, dice a Sudaca José Farfán Estrada, especialista en pequeña minería. Es presidente del Instituto de Promoción y Formalización de la Minería a Pequeña Escala.
En Perú, enormes cantidades de mercurio son usadas por los mineros ilegales para extraer oro, sobre todo en la selva. El químico se adhiere al metal precioso y lo separa de otros elementos. Por eso, su importación está regulada. Sin embargo, siempre encuentra la forma de llegar. “Buena parte del consumo de mercurio es de contrabando”, asegura Farfán Estrada. Otras veces, entra a través de empresas importadoras ‘legales’ que lo revenden a la actividad ilícita.
Sobre el pedido para aumentar la cantidad de mercurio importado, el especialista señala: “El pedido de ampliación es muy fuerte también. Pasar de vender 20 toneladas, que es el consumo de una empresa, a 500, que es el consumo para diez, quince o veinte empresas, es considerable”.
El fiscal anticorrupción Marco Huamán Muñoz, que investiga las presiones de Pacheco al jefe de la Sunat, hoy trata de atar los cabos sueltos en la historia. Por ejemplo, cuál es el vínculo de Pacheco con José Hanco y qué ganaba el primero ayudándolo. Una de las hipótesis de Huamán es que Pacheco no actuaba por cuenta propia. El fiscal apunta a desentrañar la madeja de la red palaciega en las próximas semanas.
19 de noviembre. Informe de seguimiento de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior a José Hanco Lupinta, empresario por el que abogó Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio.
El empresario José Hanco fue objeto de vigilancia por parte de agentes de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, de acuerdo a un reporte obtenido por Sudaca, el pasado 19 de noviembre. Lo siguieron a su casa en San Juan de Lurigancho. Este caso promete más sorpresas.
En una tarde de primavera de 1998, un grupo de amigos universitarios paseaba por la Plaza Francia, en el Centro de Lima, cuando un joven voluntario de salud se les acercó de pronto y se ofreció a hacerles pruebas gratuitas de VIH. Curiosos, extendieron el brazo para el pinchazo respectivo. Todos recibieron el descarte menos Julio Rondinel (53), entonces recientemente egresado de psicología de la Universidad San Marcos. Tenía 30 años.
En aquella época, recuerda Rondinel, el miedo al virus era muy fuerte y se consideraba una muerte casi segura, incluyendo sus consecuencias degenerativas. Existía, además, un nivel muy alto de discriminación y desconocimiento.
Ante la noticia, empezó a buscar información y contactos en ONG especializadas. Llegado el momento, Rondinel accedió a un fondo de su universidad destinado a cubrir los gastos del tratamiento con antirretrovirales. Luego consiguió un trabajo que le permitió tener la cobertura de EsSalud. “Ahí pude acceder a un estudio del laboratorio Bristol para la entonces medicina experimental Reyataz [un antirretroviral]. Desde 2001 tomo estos medicamentos, recuperé mi vida y seguí desafiando a la muerte día a día”, cuenta.
El VIH no es a lo único que tiene que enfrentarse. El hombre dice que el 2013 le diagnosticaron diabetes mellitus, una consecuencia de la ingesta prolongada de antirretrovirales. Y a eso se suma el desabastecimiento de medicinas del que ha sido testigo los últimos años.
Rondinel, quien también es director ejecutivo de la Asociación «Construyendo Caminos de Esperanza Frente a la Injusticia, el Rechazo y el Olvido», dice que el Ministerio de Salud (Minsa) debería entregar medicamentos por tres meses para evitar salir de casa tan seguido y así no tener que exponerse al Covid-19. Pero apenas se los dan por una semana o por un mes.
“Siempre enfrentamos el desabastecimiento de medicinas, por lo que muchas veces nos cambian estas sin respetar nuestro recetario. Esto nos expone a mutaciones más fuertes del virus”, cuenta.
“Trato de no angustiarme, pero cada vez que voy al hospital San José del Callao, donde me atiendo, y no hay medicinas, me altera mucho. Creo que un día moriré en el hospital gritando de impotencia”, agrega.
RECORTE
En el Perú hay alrededor de 91.000 portadores de VIH, de acuerdo a cifras del Minsa. El 70% recibe tratamiento. Los últimos años, sin embargo, el presupuesto del programa ministerial destinado a luchar contra este virus ha variado significativamente.
El presupuesto inicial del 2020 era de S/124 millones solo para la dirección de VIH. El año pasado el monto aumentó a S/164 millones. Pero para el 2022, serán apenas S/75,8 millones. En la misma partida está incluido el tratamiento para pacientes con tuberculosis.
Sudaca se comunicó con el MEF para que pueda explicar las razones detrás del recorte presupuestal. Desde la entidad aseguraron que la nueva distribución para el 2022 responde a “criterios de programación del sector Salud».
Además, apuntan que los recursos para el tratamiento de TBC y VIH del 2022 «se encuentran programados en otras categorías de gasto, por lo que la disminución corresponde a un reordenamiento y no al desfinanciamiento de dicha finalidad”.
Desde el Minsa, sin embargo, dicen que parte de los recursos para la adquisición de suministros médicos de todo el sector podrían financiar lo que haga falta del programa de VIH. Lo cierto es que la noticia ha causado alarma en los portadores del virus.
Gichín Gamarra (41), diagnosticado con VIH en 2007, teme que el recorte signifique menos doctores, enfermeros y psicólogos que asisten a los pacientes. “Creo que el Minsa ha querido reducir costos y gastos, pero acá estamos hablamos de vidas”, dice preocupado.
Gamarra demoró ocho años en empezar a tomar medicamentos. En esas épocas, dice, someterse al tratamiento requería de ciertas condiciones, como tener niveles bajos de defensas de glóbulos blancos.
En los últimos seis años, se ha desempeñado como “instructor” de personas que padecen la misma enfermedad. Les brinda información, evalúa la necesidad o no de hacer públicos sus diagnósticos, da consejos sobre las relaciones que tienen con otras personas, etc. También es dramaturgo y ya ha montado algunas obras de teatro.
Gamarra reconoce que el sistema de salud provee tratamiento gratuito para el VIH, pero se lamenta por la falta de atención. Un problema son los lapsos de las evaluaciones clínicas a las que debe someterse. De acuerdo a Gamarra, antes una prueba para determinar la carga viral o la presencia de glóbulos blancos era cada mes o tres meses. Ahora se hacen anualmente. “Desde hace tres meses me vienen pateando”, se queja.
LOS INMIGRANTES
La demanda por medicamentos no es exclusiva de los peruanos. En el país hay cerca de 3.500 venezolanos con VIH, según la información del Minsa.
“En Venezuela no se consigue tratamiento. Si te daban medicinas, estaban vencidas. Yo tenía que viajar desde San Fernando de Apure a Maracay, unas 12 horas entre ida y vuelta, solo para tener medicamentos gratis. De Venezuela me traje medicina, pero me duró solo unos cinco meses y estuve más de medio año sin tratamiento”, cuenta María Ruiz (30), quien llegó al Perú hace tres años con su familia. Fue en el 2016 que se enteró que tenía VIH.
En aquel entonces, tuvo que hacer malabares debido a la crisis de su país. Lo mismo le sucedió a Arnaldo Araque (28), un migrante que llegó hace cuatro años y que tiene el virus desde hace ocho.
Araque se enteró de que era portador cuando enfermó de una apendicitis. Entre las varias pruebas a las que se sometió, uno de los médicos que visitó le dijo que tenía el virus de Papiloma Humano y el VIH.
El fantasma del prejuicio lo acechó en Caracas, donde vivía solo. No buscó mayor ayuda en su país natal. Al dar el salto a Perú, además, le detectaron una neoplasia que se extiende y amenaza con convertirse en un cáncer.
Acá empezó a consumir los antirretrovirales. La pandemia, como es de esperar, no le ayudó y actualmente le cuesta mucho más conseguir citas médicas.
“El motivo por el que todavía vivo acá es porque en Venezuela no tuve tratamiento. Aquí me dijeron que me darían un tratamiento más barato que en Venezuela, aunque en las últimas semanas me han cambiado el esquema de medicinas”, reconoce ante la realidad de lo que podría ser su 2022.
El cambio de medicinas puede llevar a un tratamiento ineficaz, asegura. Y suele ser consecuencia de la escasez. Con menos presupuesto público, el fantasma del desabastecimiento de antirretrovirales acecha. Los pacientes con VIH que dependen de la salud pública no comienzan el 2022 con tranquilidad.
Con bombos y platillos, el presidente Pedro Castillo encabezó la ceremonia de creación de la Escuela Nacional de Estudios Sindicales el pasado 20 de diciembre. La institución, que pretende capacitar a los trabajadores en temas relacionados a derechos laborales, es un calco de la experiencia boliviana bajo los gobiernos del MAS, el partido de Evo Morales. A la cita asistieron la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, y congresistas de izquierda como Isabel Cortez y Guillermo Bermejo. El problema es que las ausencias fueron más relevantes.
Los secretarios generales de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) y la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), que representan ante el Ejecutivo a los principales sindicatos del país, también habían sido invitados. Pero decidieron no asistir.
Las cuatro centrales consideran que la medida es una intromisión del gobierno a la autonomía sindical. El mismo día de la ceremonia, publicaron un comunicado conjunto dirigido a la ministra Chávez donde manifestaban su disconformidad. “Consideramos que no corresponde al gobierno unilateralmente realizar este tipo de iniciativas, ya que la formación sindical corresponde exclusivamente a la autonomía de las organizaciones sindicales”, dice el documento.
Para las centrales, a través de esta escuela se abre la posibilidad de que el gobierno se entrometa en su organización interna y oriente la lucha sindical a intereses políticos particulares. Todo bajo la excusa de la formación en derechos laborales. “Puede servir para someter a los movimientos sindicales a los caprichos del gobierno de turno”, considera Rolando Torres, secretario general de la CATP.
“Pareciera que para la ministra no hay formación de dirigentes a través de las mismas organizaciones sindicales […] ¿O prefieren llamar a los empresarios para que den charlas de cómo hacer sindicalismo?”, pregunta con ironía Gerónimo López, secretario general de la CGTP.
La relación de las centrales con Betssy Chávez se ha resquebrajado en el último mes. La titular de Trabajo dio positivo a Covid-19 el 9 de diciembre y se reincorporó a sus funciones presencialmente pocos días antes del lanzamiento de la escuela sindical. Su retorno y la fecha de la ceremonia hacen dudar a los dirigentes sobre si la decisión ya estaba tomada antes de que enfermara, sin que ellos tuvieran idea.
“Perdimos contacto con ella durante 15 días. Cuando se reincorpora, sale la escuela sindical. A todos nos sorprendió [el lanzamiento]. Veíamos que era una mujer muy proactiva, tuvimos una reunión cordial antes. Hasta ahí estábamos bien, pero su enfermedad, más las fiestas, causaron un vacío”, reconoce Rolando Torres, de la CATP.
La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, durante la ceremonia de lanzamiento de la Escuela Nacional de Estudios Sindicales. Foto: Ministerio de Trabajo.
Chávez ya no es vista con buenos ojos por los dirigentes de las centrales. Sus invitaciones a eventos son consideradas tribunas para mejorar su imagen. “A nosotros como CUT no nos parece cómo se han venido haciendo las cosas. Estamos siendo convocados a actividades que sirven para la publicidad, pero sin un verdadero compromiso al respeto de la libertad sindical. Son meros actos de manipulación y demagogia”, denuncia Julio César Bazán, secretario general de la CUT.
Cansados de la ministra, las cuatro centrales enviaron una carta al presidente Pedro Castillo solicitando una reunión urgente el pasado miércoles 22. Buscan pedirle que posponga el inicio de las clases en la escuela de formación sindical hasta tener claridad de su implementación. A la fecha, siguen sin una respuesta.
SIN PREVIO AVISO
Pero el problema no solo es que la escuela sindical es de total desagrado de las centrales. De acuerdo a los dirigentes de dichos gremios consultados por Sudaca, ellos no tenían la más remota idea de que la iniciativa estaba en los planes del gobierno.
El llamado del Ministerio de Trabajo (MTPE) los tomó por sorpresa. El aviso no fue para pedirles su opinión, sino para informarles que la decisión ya estaba tomada. Uno por uno empezaron a ser convocados el fin de semana previo a la ceremonia por funcionarios de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo. Cuando pidieron mayores detalles sobre la escuela sindical, los emisarios no supieron qué responderles, señalan.
“La señora [Betssy Chávez] unilateralmente, de la noche a la mañana, convoca a los sindicatos sin escuchar nuestra opinión. Si hubiese sido así, le hubiésemos manifestado nuestro punto de vista en desacuerdo, pero no fue el caso”, explica Gerónimo López, de la CGTP.
La poca claridad respecto a la escuela sindical hace creer a las centrales que la ministra no conoce realmente su sector. De acuerdo a Russell Gonzales, secretario general de juventudes de la CTP, la formación “jurídico laboral” que brindará la casa de estudios ya existe dentro de los gremios. “No se ve bien que el gobierno insinúe [que va a] dictar los temas de formación de los cuadros sindicales. La formación ya la hacemos nosotros. Ahí hay una intromisión. Lo rechazamos rotundamente”, condena.
También consideran que existen necesidades más urgentes que una casa de estudios sindicales actualmente. “Contratos desnaturalizados, ceses colectivos fraudulentos, tercerizaciones que atentan contra el derecho al trabajo, desconocimiento de convenios colectivos, hostilizaciones permanentes. Hay necesidad de resolver muchos problemas que están encauzados en la autoridad de trabajo”, asegura Julio César Bazán, de la CUT.
Además, poco ha dicho públicamente el MTPE respecto a cómo se dictarán las clases en la escuela sindicalista. Solo adelantaron, en una nota de prensa publicada el mismo día de la ceremonia, que las lecciones serán virtuales, comenzarán en enero y los profesores serán profesionales de las “áreas especializadas” del ministerio, así como de otras “entidades públicas y privadas”. Detalles insuficientes que no calman a las centrales.
En respuesta a Sudaca, el ministerio aseguró que las clases comenzarán el 18 de enero del 2022 y que se dictarán dos cursos en el año. El primero, especializado en legislación laboral, será piloto, tendrá 32 horas lectivas y podrían participar cerca de 150 dirigentes. También manifestaron que recién “a partir del segundo curso se tiene previsto recoger las sugerencias de las organizaciones sindicales” para mejorar la metodología.
AL ESTILO BOLIVIANO
Las centrales sindicales también quieren reunirse con Castillo porque ven posible que la escuela que acaba de lanzar el MTPE sea una réplica del modelo boliviano. Y señalan que eso sería un error porque la situación de ambos países es distinta.
De hecho, el propio ministerio dice a Sudaca, a través de su área de prensa, que “se ha revisado la experiencia boliviana”. Y reconocen que no pueden hacer un calco, pues allá tienen “una sola central sindical y con bases sólidas».
Se refieren a la Central Obrera Boliviana (COB), la institución dominante entre los sindicatos del país vecino. Esta ha sido aliada de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, ambos del Movimiento al Socialismo (MAS). Incluso Morales llegó a encabezar marchas del movimiento en el 2019, poco antes de dejar el poder.
Bajo la gestión de Morales también se creó la Escuela de Formación Política Sindical, en el 2015, de la que el MTPE se ha inspirado.
Y si la similitud no es ya suficientemente clara en los objetivos y en nombre, vale revisar la nómina de invitados de lujo en la ceremonia del 20 de diciembre en Palacio de Gobierno. A la cita asistió, vía Zoom, Verónica Navia, la ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Bolivia. También estuvieron algunos ex dirigentes de las centrales y actuales dirigentes de pequeños sindicatos, pero a título personal.
#Bolivia I La Escuela de Formación Sindical del Ministerio de Trabajo trascendió fronteras. El presidente de Perú, @PedroCastilloTe lanzó la Escuela Nacional de Estudios Sindicales para trabajadores de base y dirigentes accedan a herramientas sobre derechos laborales. pic.twitter.com/mWGIYLzrow
— Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (@MinTrabajoBol) December 21, 2021
El mismo día, la cuenta oficial de este ministerio boliviano compartió un tuit felicitando a su homóloga peruana. “La Escuela de Formación Sindical del Ministerio de Trabajo trascendió fronteras”, agrega el mensaje, que va acompañado de una foto de la ministra Navia escuchando la ceremonia.
La sensación de orgullo fue replicada por la ministra boliviana en la reunión. “Acompañamos y aplaudimos la decisión de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, y el presidente Pedro Castillo por brindar este espacio de reflexión colectiva a los trabajadores, más aún en la etapa histórica que está viviendo el Perú”, afirmó la ministra de Bolivia, de acuerdo al medio boliviano ‘Ahora El Pueblo’.
Gerónimo López, dirigente de la CGTP, dice que, a pesar de las diferencias, la fundación del colegio boliviano sí fue acordada con la COB. “Ellos han consensuado. Tienen un convenio para instalar la escuela sindical. No están al margen como acá, donde el Estado aparece como empleador, juez y parte para proteger sus intereses”, compara el dirigente.
Lo que dice López ocurre desde la reapertura de la escuela sindical por la ministra Navia. Esta estuvo cerrada por decisión de la presidenta Jeanine Áñez, en el régimen anterior al de Luis Arce. Pero solo a comienzos de este mes, la ministra boliviana anunció que 800 trabajadores terminaron su capacitación.
Más allá de los cursos, sin embargo, el gran miedo de las centrales sindicales peruanas es que el gobierno del lápiz esté buscando tener una COB peruana a sus pies. “Es algo peligroso. Pedro Castillo está buscando una división. Han creado organizaciones cascarón que les rinden pleitesía para dividir el movimiento sindical, como ocurre con el Sutep y el Fenate. Intentar tener una central única como allá [Bolivia] es lapidar la libertad sindical”, concluye Russell Gonzales, de la CTP.
Backus, hoy propiedad de la transnacional belga AB InBev, se acaba de ahorrar S/340.372,74 por el agua subterránea que usó en junio del 2012. El mes pasado, con los votos de Augusto Ferrero, Manuel Miranda y Ernesto Blume, el Tribunal Constitucional le dio la razón a la cervecera más grande del país en un largo proceso contra Sedapal. Dicho fallo, sin embargo, no quedará acotado solo a un mes. La compañía empleó el mismo criterio legal para cuestionar los pagos durante un periodo mucho más largo: del 2010 al 2015.
Según Sedapal, la controversia se saldó recién en agosto del 2015, cuando entró en vigencia un decreto legislativo que zanjaba años de discusiones sobre el tema. En total, entonces, ¿cuánto le ganaría la cervecera a las arcas públicas desde el 2010 hasta la aparición de aquella norma?
Sedapal no respondió esta pregunta. Pero un cálculo rápido nos ayuda a ponerlo en perspectiva: si ampliamos la cifra perdonada de junio del 2012, Backus se ahorraría aproximadamente S/20 millones por agua subterránea en esos años. De hecho, desde Sedapal señalan que, del 2015 en adelante, la cervecera desembolsa S/6 millones anuales por dicho recurso.
¿Los cinco años anteriores? El agua usada por Backus podría ser gratuita gracias al TC. En un país como el Perú, donde hay más de 7 millones de ciudadanos sin agua potable, según cifras del INEI, eso no es poca cosa.
“Se acumula el agua en tan pocas manos, que tenemos que despojar a una población de este recurso. Se prioriza dar agua para fines comerciales cuando hay otras comunidades más pequeñas que necesitan abastecerse de agua”, critica el ingeniero Juan Víctor Béjar Saya, especialista en temas hídricos e investigador en gestión social del agua. A continuación, la historia.
De izquierda a derecha: Ernesto Blume, Manuel Miranda y Augusto Ferrero. Los tres magistrados votaron a favor de Backus en la controversia sobre la tarifa por el agua subterránea.
DIFERENCIAS
En la asociación de vivienda La Nueva Rinconada, en San Juan de Miraflores, los vecinos no tienen agua potable. Para que el comedor popular de la zona pueda abastecerse del líquido y ayudar a las 45 familias que la conforman, deben comprar el agua a los ‘aguateros’.
Antes de la pandemia, cada tanque de 1.100 litros les costaba S/25. Duraba tres días. Ahora les están dando el agua gratis, pero solo hasta que termine diciembre. Ya les han avisado que a partir del próximo año volverán a pagar por un recurso que, muchas veces, no es apto para el consumo. «El agua no viene tan limpia, a veces encontramos pajitas o restos de pintura seca”, se queja una de las vecinas.
En el extremo opuesto de la capital, las 40 familias que viven en el centro poblado “Shalom Maná”, a la espalda del penal Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, son otro ejemplo de precariedad. Todos los jueves, se turnan desde la madrugada para recolectar el agua de un caño público que está instalado en una comunidad vecina. Cada familia paga S/25 mensuales, pero a veces no logran abastecerse lo suficiente.
“En total somos ocho comunidades que no tenemos agua y a veces con lo que recolectamos en nuestra agrupación no nos damos abasto para la semana”, cuenta Ninan Gamonal, presidenta de la olla común de Shalom Maná.
Sudaca hizo un cálculo teniendo en cuenta la capacidad de los tanques y las semanas de consumo. El resultado es que cada familia (de dos miembros a más) tiene que conformarse con 8,8 m³ de agua al mes, en el mejor de los casos. En el peor, solo pueden recolectar la mitad de esa cifra. Según el INEI, en Lima el promedio de consumo para una sola persona es de 7,5 m³ mensuales.
Nada de esto se compara con los más de 263.000 m³ del subsuelo peruano que Backus usó solo en junio del 2012 para elaborar gaseosas, cervezas y aguas embotelladas. Sedapal emitió seis resoluciones para que la empresa pague por haber usado aquel recurso, pero la hoy subsidiaria de AB InBev llevó el caso ante el Tribunal Fiscal (un organismo del Ministerio de Economía que es la última instancia administrativa para decidir la validez de cobros tributarios y multas).
El argumento de Backus fue que había precedentes de que esos cobros eran inconstitucionales. La compañía reconoce a Sudaca que, así como la de junio del 2012, impugnó las resoluciones de Sedapal entre el 2010 y el 2015.
INTERPRETACIONES
¿Por qué Backus argumentó la inconstitucionalidad de aquel cobro? En sencillo: la controversia gira en torno a si el agua subterránea se debe pagar como un tributo o como una retribución económica por el uso del recurso natural. La cervecera se ha beneficiado de la inconstitucionalidad de la primera interpretación.
Para calcular la tarifa por el agua subterránea, Sedapal se basó en un decreto supremo -el cual regula a un decreto legislativo- que dio pie a interpretar que el dichoso cobro era un tributo. Y según anteriores sentencias del Tribunal Constitucional (a favor de Gloria, el Jockey Club y la Compañía Inmobiliaria los Constructores), cobrar por el uso del agua en calidad de tributo era inconstitucional porque ello debía estar explícito en el decreto legislativo y no regulado solo en un decreto supremo.
Tomando en cuenta los fallos previos del TC, en diciembre de 2012 el Tribunal Fiscal le dio la razón a la cervecera. ¿Qué implicancias tuvo esto? Que se deje sin efecto la cobranza de los más de S/340.000 que Sedapal le requirió para junio de ese año.
Desde entonces, Backus y Sedapal se enfrascaron en una batalla judicial que ha durado casi 10 años. La cervecera, de hecho, perdió en la vía judicial. El 2017, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema emitió una sentencia en la que señaló que, más allá de la discusión de si el pago por el uso del agua subterránea es o no un tributo, “Sedapal está autorizado por la ley para realizar el cobro correspondiente, por ser un recurso natural”.
Luego de que el Poder Judicial le diera la razón a Sedapal, la cervecera no se quedó de brazos cruzados. Tras las apelaciones de rigor, en septiembre de este año llevó el caso hasta el TC.
En noviembre de este año, con los votos de Ferrero, Miranda y Blume, el TC resolvió anular la sentencia del Poder Judicial. Marianella Ledesma y Eloy Espinoza-Saldaña, por su parte, votaron para que la demanda interpuesta por Backus sea declarada improcedente.
El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda interpuesta por Backus, perdonándole así una deuda de S/340.000.
El principal argumento de Ledesma fue que los jueces que vieron el caso sí revisaron lo establecido anteriormente por el TC y que, al mismo tiempo, explicaron adecuadamente sus razones para que Backus asuma “el costo del aprovechamiento del recurso natural”.
Espinosa-Saldaña sostuvo, a su vez, que el Poder Judicial era competente para resolver estos temas y que en el caso de Backus no correspondía aplicar el mismo criterio que las anteriores sentencias. Además, advirtió que el voto mayoritario de los otros tribunos traería repercusiones con casos similares que tuviesen que ver con el pago de la tarifa del agua subterránea. En otras palabras, marcaría un mal precedente. En el caso de Backus, favorecería al resto de sus impugnaciones del periodo 2010-2015.
“Ha habido todo un debate sobre este tema. Muchas empresas han llevado a juicio a Sedapal para no pagar, porque ha habido vacíos legales que se los permitieron. Normalmente sí se debe pagar por esto”, dice Aldo Cárdenas Panduro, especialista en recursos hídricos y exconsultor de la Autoridad Nacional del Agua.
De hecho, aunque el problema de la constitucionalidad del cobro se zanjó en el 2015 gracias al nuevo decreto legislativo que regula el uso del recurso subterráneo, varios casos anteriores a este año siguen en disputa, según dijo a Sudaca Francisco Dumler Cuya, presidente del directorio de Sedapal.
Consultada por Sudaca, Backus respondió que no es correcto hablar de montos impagos porque en el 2009 «el Tribunal Constitucional determinó que los cobros eran ilegítimos e inconstitucionales”. Además, recalcó que lo que hizo ahora el TC fue reafirmar su posición de que “Sedapal no puede cobrar tarifas como tributo por uso de agua subterránea, puesto que el Decreto Legislativo 148 y su Reglamento [el Decreto Supremo No. 008-82-VI] en el que se basaba es inconstitucional”.
Agregaron que, a la fecha, seguirán realizando “los pagos que por derecho de uso de aguas subterráneas le corresponde”.
SOSTENIBILIDAD
“Normalmente no se prioriza el agua para uso poblacional. Eso se puede ver en la construcción de las ciudades, zonas donde no llega el agua potable y son alimentadas por cisternas o tienen que abastecerse ellos mismos. Hay una problemática en el acceso equitativo al agua”, dice el ingeniero Béjar Saya, experto en la gestión social del agua.
Cárdenas Panduro, exconsultor de la ANA, explica que aproximadamente el 20% del total del agua poblacional de Lima viene del subsuelo. Y si es que hubiese escasez de agua superficial –aquellas que se encuentra en ríos, lagos, estanques–, el porcentaje de agua subterránea para uso poblacional aumentaría hasta un 60%.
“Por eso es importante cuidarla y regular su uso, porque el agua subterránea es la próxima fuente de reserva de agua natural si es que se acaba el agua superficial”, sostiene Cárdenas.
Pero la explotación de este recurso natural no solo tiene implicancias en el acceso desigual del agua, sino que la sostenibilidad de los ecosistemas también está en riesgo. “Si yo extraigo el agua de un lado, estoy quitando agua a otro lugar”, explica Béjar. Y en esa lucha por el agua, hay claros vencedores y vencidos.
El gobierno baraja como opción a un primer ministro de perfil derechista. El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez Flores, ha sido contactado cuatro veces por emisarios del Ejecutivo para ser el próximo presidente del Consejo de Ministros y él se ha negado, según pudo confirmar Sudaca. El sondeo a Márquez se ha dado por teléfono y coincide con el anuncio del presidente Pedro Castillo de realizar cambios en el Gabinete.
Esto último lo adelantó en la reunión que tuvo con cinco periodistas en Palacio la semana pasada. Una de las asistentes a ese encuentro fue Mávila Huertas, quien conduce un programa de entrevistas en este medio.
Márquez, actualmente de vacaciones en Alemania, declaró hoy en RPP que “nunca me ha llamado o me ha dicho nada el presidente de la República sobre entrar al Gabinete”. El empresario comentó que le informó al directorio del SNI que “no iba a participar” en el gobierno y que cumplirá su mandato como cabeza del gremio empresarial, que vence el próximo año.
No obstante, Sudaca conoció que el empresario textil sí comunicó a los directivos de la SNI que ha sido tanteado por un emisario del Ejecutivo -no por el presidente- al que no identificó. “El 30 de noviembre pasado, en una reunión de directorio, Márquez contó que fue sondeado por alguien del gobierno pero no se mostró interesado. Después no ha dicho nada más”, declaró a Sudaca una fuente del gremio empresarial. Sudaca pudo confirmar a través de fuentes con conocimiento directo del tema que Márquez ha sido contactado cuatro veces por emisarios del Ejecutivo.
El presidente Pedro Castillo se dirige, megáfono en mano, a un grupo de pobladores en Talara, el 27 de diciembre pasado. En estas horas evalúa cambios en el Gabinete. Foto: Presidencia.
El ingeniero industrial tiene previsto volver de Alemania en la primera semana de enero. Su nombre está en medio de una danza de opciones para liderar un eventual recambio en el Consejo de Ministros y su ascenso al premierato supondría un cambio de timón en un gobierno que presume ser de izquierda. Tendría como objetivo tranquilizar a los mercados y bajar el ruido político.
Los anuncios de cambios se dan en medio de la pérdida de popularidad del presidente y las investigaciones fiscales que lo salpican. Por lo pronto, tiene que nombrar un nuevo ministro de Educación, y la primera ministra Mirtha Vásquez ya acusa el desgaste del gobierno. Fuentes cercanas a Vásquez aseguran, sin embargo, que la premier sigue inamovible al cierre de esta edición.
Ricardo Márquez integró, en septiembre, la comitiva empresarial que acompañó al presidente Castillo en un viaje a Estados Unidos. Además, lo ha visitado en dos oportunidades a Palacio (el último encuentro fue el 15 de noviembre), de acuerdo al registro de visitas.
Márquez fue primer vicepresidente en el gobierno de Alberto Fujimori que empezó en 1995 y llegó a ser segundo vicepresidente de la plancha liderada por Fujimori en la elección fraudulenta del 2000. Cuando Fujimori renunció vía fax, tras el destape de los “vladivideos”, Márquez se mostró dispuesto a sucederlo en un país sumergido en el caos institucional. El empresario se resistía a dar un paso al costado argumentando que “la renuncia sería admitir que todos los funcionarios del Estado han estado involucrados en actos de corrupción”. La presión internacional, con Estados Unidos a la cabeza, lo obligó a dimitir, según reseña un despacho del diario “El País” de España.
Ricardo Márquez Flores ( a la izquierda) celebra con Alberto Fujimori y César Paredes Canto el triunfo de la elección presidencial de 1995. Márquez postuló como primer vicepresidente en ese año. En el 2000 también integró la plancha fujimorista. Foto: Asociated Press.
En el sector privado, Márquez es un reconocido empresario textil, fundador de la marca Kansas Jeans.
La posible llegada de un primer ministro de perfil derechista colisionaría con los aliados de izquierda del presidente Castillo. Pero el mandatario contempla esta posibilidad como un instinto de supervivencia.
PRESIONES
En las negociaciones, sin embargo, Castillo no olvida a Perú Libre. El líder de ese partido Vladimir Cerrón escribió que el presidente debe respaldarse en su agrupación porque “esta es la fórmula que lo salvará de los intentos de una futura vacancia”.
Cerrón, en un artículo escrito en el portal oficial de Perú Libre, dijo que a su partido le corresponde la mayor tajada del reparto de la torta del poder. “El presidente debe estar pensando cómo organiza su nuevo y tercer Gabinete que no debiera tener la nefasta composición caviar, ni la proporción ilógica para garantizar su defensa en el Parlamento, pero sobre todo optando por un equipo que le permita retomar el programa primigenio con el que despertó a los pueblos, permitiéndole a la vez reencontrarse con ellos”, dijo.
“Lograr que el presidente se reencuentre con su pueblo pasa por un necesario sinceramiento con el Partido, invirtiéndose el orden en los círculos de confianza, donde en primera línea esté Perú Libre, seguido por los caviares y los partidos de derecha que brinden apoyo coyuntural. Apartando a los familiares, al sindicato y a los chotanos”, añadió.
Cerrón ha tendido un ramo de olivo a Castillo en las últimas semanas para volver a tener protagonismo en el gobierno y restarle poder a Verónika Mendoza y Mirtha Vásquez, a quienes identifica como “caviares”. Hay una suerte de pacto de no agresión que quedó en evidencia cuando respondió a una declaración del periodista de RPP, Fernando Carvallo, quien dijo que el jefe de Estado no suscribe el ideario de Perú Libre. “El tiempo de Perú Libre aún no ha llegado, el pueblo está preparando el alma para ese momento”, respondió Cerrón en su cuenta de Twitter. En otras circunstancias le hubiese saltado al cuello al presidente.
Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, en una foto de archivo con Verónika Mendoza, lideresa de Nuevo Perú. Foto: Perú Libre.
Sudaca pudo conocer que Castillo llamó a Cerrón antes de Navidad. Lo hizo para reunirse con él en una fecha por determinar, en esta presunta apuesta por la reconciliación. En este marco, Roger Nájar, integrante del buró político de Perú Libre, funge de emisario entre ambos. Él es otro de los voceados para asumir el premierato.
La danza de nombres está a la orden del día. El tic- tac del reloj suena cada vez más fuerte y no es por la llegada del nuevo año.
Hace seis años Patricia Chirinos Venegas, fallida promotora de la vacancia presidencial y entusiasta de los hornos para incinerar corruptos, fue señalada de tener estrechos lazos con el hampa. El 11 de setiembre del 2015, un testigo protegido de la Fiscalía contó que, durante su gestión como alcaldesa de La Perla, la actual tercera vicepresidenta del Congreso le pagaba cupos a la organización criminal “Barrio King”, liderada por el peligroso Gerson Gálvez Calle, alias “Caracol”. Lo habría hecho, según el delator, a través de una empresa municipal de limpieza pública: ESLIMP Callao.
¿El pago a los criminales significaba que las autoridades eran víctimas de extorsión o más bien -a la luz de las políticas de Chim Pum Callao- se había montado una red clientelar para favorecer y favorecerse de los delincuentes? El fiscal a cargo del caso nunca lo averiguó. Tres meses después de brindar su manifestación, el 2 de diciembre, el testigo fue acribillado de 25 balazos por dos sicarios al servicio de “Caracol”.
De acuerdo a la página 234 de la sentencia judicial del caso “Barrio King” -del 25 de febrero del 2019-, el hombre que cantó los detalles de esta trama criminal era el exconvicto Wilbur Castillo Sánchez. Le habían asignado el código S/N-2-2015
Sus deudos acusaron directamente a Chirinos, la ‘Woman’ del Callao, de ser una de los autores intelectuales del crimen que aún sigue sin resolver. Pero ese homicidio no es el único escándalo del caso. El fiscal que pudo haber desentrañado los vínculos entre Barrio King y las autoridades chalacas demoró tres años en archivar todo lo concerniente a los cupos en la empresa de limpieza pública.
Con tanto tiempo perdido, ciertos políticos, hoy vigentes -así como jueces y fiscales-, podrían haberse salvado bajo un manto de impunidad. Esta es la historia.
LOS PAGOS A ‘BARRIO KING’
Wilbur Castillo Sánchez era el testigo estrella del fiscal supraprovincial de crimen organizado Víctor Raúl Luna Castillo. Luna estaba a cargo de investigar a los 34 miembros de “Barrio King” acusados de asesinato, hurto agravado, asociación ilícita y extorsión de varias empresas, entre ellas la Empresa Municipal de Servicio de Limpieza Pública (ESLIMP) del Callao.
En noviembre del 2015, el fiscal ya reconocía (en su formalización y continuación de investigación preparatoria) que existían «elementos que direccionan la influencia de la organización criminal ‘Barrio King’ en cargos públicos o personas en la esfera política, funcionarios de la administración pública”. Luna hablaba expresamente de funcionarios penitenciarios y de la municipalidad de La Perla, ESLIMP, regidores, jueces y efectivos de la PNP.
El escrito agregaba: “Si bien es cierto su finalidad primordial [la de ‘Barrio King’] es la obtención de beneficios económicos a través de la extorsión -cobro de cupos- o cualquiera de las diversas formas de influencia política, social o económica, esta también se ve condicionada a futuros favores como paralizaciones, apoyo en campañas y otras”. Es decir, el fiscal sabía que más allá de la extorsión, el pago a los criminales significaba un intercambio de favores para las autoridades.
Fue Wilbur Castillo quien reveló al fiscal Luna los estrechos vínculos de “Caracol” con autoridades locales del Callao, entre ellas ‘Patty’ Chirinos. Dijo también que los pagos a los delincuentes se hacían a través de la empresa de limpieza de la municipalidad provincial del Callao -la mencionada ESLIMP-, donde un regidor oficialista de la gestión de Chirinos era el gerente.
“La señora Patricia Chirinos Venegas, ahora alcaldesa de La Perla, paga cupos a los integrantes de ‘Caracol’ como si estos fuesen trabajadores. [Lo hace] a través del señor Cochella, quien es su regidor y a la vez gerente general de la ESLIMP Callao”, contó.
Declaración de Wilbur Castillo: «La señora Patricia Chirinos Venegas, ahora alcaldesa de La Perla, paga cupos a los integrantes de ‘Caracol’ como si estos fuesen trabajadores».
El testigo se refería a Joaquín Cochella Maldonado, gerente general de ESLIMP entre el 2011 y el 2019, y regidor del municipio de La Perla en la gestión de Chirinos entre el 2015 y el 2018. Ambos llegaron a sus cargos públicos cobijados por Chim Pum Callao. Ella era militante chimpunera y él fue invitado. “El señor Cochella entregaba 100 sobres de S/1.500 al ‘Cholo Papo’ para que este entregara a los sicarios de ‘Caracol’. Últimamente, este ya no entregó […] Ese es el motivo de la muerte de este sujeto”, le dijo Castillo al fiscal Luna. El ‘Cholo Papo’, Jorge Luis Vargas Villa, figuraba como “locador de servicios” de la empresa de limpieza. Fue asesinado el 1 de julio del 2015.
El testigo protegido explicó que la red criminal de ‘Caracol’ estaba “incrustada” desde la municipalidad de La Perla hasta el mismo Gobierno Regional del Callao. “La gran ambición de ‘Caracol’ es tener el control de todo el Callao, el cobro de cupos, sacar el dinero de las municipalidades y Gobierno Regional”, dijo. Y contó que las autoridades del gobierno regional “forman supuestos programas de ayuda social para los barrios del Callao para sacar el dinero” de sus arcas.
¿A qué se refería con eso último? Para ese momento, dirigentes sociales del Callao, extrabajadores de ESLIMP y exfuncionarios de la región ya habían denunciado que sus autoridades pagaban cupos en planillas fantasmas a criminales a cambio de protección, apoyo en sus campañas y amenazas a sus opositores.
En una fotografía que aún sobrevive en redes sociales, el mismo Wilbur Castillo aparece sosteniendo una radio de comunicación a distancia junto a la actual congresista Patricia Chirinos y otros personajes ataviados con camisas azules. Alberto Paz de la Vega, dirigente de la Coordinadora Recuperando al Callao, indica para este informe que el 2012 Chirinos presentó al grupo «Los azules de La Perla», liderados por Castillo, como los que se encargarían de brindar seguridad a dicho distrito. Ella era en ese entonces consejera regional del Callao.
La relación entre Wilbur Castillo y Patricia Chirinos, sin embargo, luego estuvo marcada por denuncias de ida y vuelta. Castillo fue detenido en enero del 2013, luego de que la actual parlamentaria lo denunciara por extorsión. Castillo denunció entonces que en su detención, los policías, entre ellos Francisco Samamé, le sembraron un arma. Samamé también fue investigado en el caso ‘Barrio King’.
Castillo salió libre en enero del 2014, con Chirinos aún como consejera del Gobierno Regional del Callao que encabezaba Félix Moreno. Ese mismo año, denunció que la entonces militante de Chim Pum Callao y candidata a la alcaldía de La Perla amenazó de muerte a su madre.
El 2015, Wilbur Castillo decidió colaborar en la investigación que Víctor Luna Castillo seguía contra ‘Barrio King’. El día de su asesinato, en diciembre del 2015, su hermano Robert dijo en Canal N: “Acá hay una mafia que la manejan la presidencia de la región, la comisaría, un general. ‘Caracol’ trabaja con Samamé [el suboficial Francisco Samamé Vidal], que es policía, con Patty Chirinos y Félix Moreno”.
El hombre denunció a Moreno, Chirinos y a Rogelio Canches (entonces congresista) de ser los autores intelectuales del crimen y “haber contratado a sicarios y mafias del Callao y crear un narcodistrito”. Robert Castillo fue asesinado de diez balazos en el 2020.
Wilbur Castillo junto a Patricia Chirinos. Un dirigente de la Coordinadora Recuperando al Callao indica para este informe que, el 2012, Chirinos presentó al grupo «Los azules de La Perla», liderados por Castillo, como los que se encargarían de brindar seguridad a dicho distrito.
VERGONZOSO ARCHIVAMIENTO
Luna tenía, además del testimonio de Wilbur Castillo, escuchas telefónicas registradas entre mayo y setiembre del 2015 que revelaban la trama de corrupción en ESLIMP. En una de ellas, los miembros de “Barrio King” mostraban su preocupación porque “Renzito” (Renso Brisolesi Espinoza, líder de una organización rival) “había chapado ESLIMP con Cochella”.
En otro audio, “Colorao” (Juan Romero Echevarría), a cargo del cobro de cupos, le indicó a Alexander Joel Muñoz Vásquez, lugarteniente de “Barrio King: “Necesito el libro para hacer los documentos y dejárselo a Cochella. Los camiones de ESLIMP están trabajando en la Municipalidad de La Perla”.
El 16 de octubre del 2018, tres años después, el fiscal Luna presentó su acusación penal ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Denunció a “Caracol” y a los demás miembros de su organización de varios delitos por los que hoy purgan prisión, pero increíblemente pidió sobreseer la investigación contra “Caracol” por la presunta extorsión a la empresa de limpieza pública. ¿Qué había pasado?
Luna no buscó desentrañar la intromisión de “Caracol” en los municipios chalacos, ni en el Gobierno Regional, ni buscó saber qué autoridades y políticos estaban influenciados por “Barrio King”. Tampoco escarbó en los apoyos que recibieron los políticos del puerto en sus campañas. Para Luna, “la manifestación del testigo con clave de identidad S/N-2-2015 no ha sido corroborada con otros datos objetivos”.
Para ese 2018, Luna había reducido el caso a una simple extorsión. Y para el fiscal, las víctimas de aquella extorsión eran los que supuestamente pagaban los cupos de trabajadores fantasmas: el gerente general de ESLIMP o la propia Chirinos. No se percató, o no quiso hacerlo, de que los cupos también podrían significar una alianza entre autoridades y delincuentes, como él mismo lo sugería en su formalización de investigación preparatoria del 2015, mencionada líneas arriba.
Por supuesto, los involucrados negaron todo. Joaquín Cochella dijo a la Fiscalía que la alcaldesa de La Perla no le dio dinero para pagar cupos de trabajo y negó haberse reunido con “Colorao”. ¿“Renzito»? Pues dijo no conocerlos. Chirinos declaró recién el 26 de abril del 2017, a año y medio de abierta la investigación. Dijo no haber sido víctima de coacción o extorsión por “Caracol” o algún miembro de “Barrio King” para el pago de cupos.
El fiscal Luna archivó todo lo concerniente al caso ESLIMP en 2018.
En junio del 2018, cuando ella había dejado el cargo para postular a la gobernación regional, hubo un robo de documentos de la oficina de la alcaldía, de recursos humanos y otras áreas. Noticias sobre pérdidas de documentos también han ocurrido en el municipio de Bellavista y en el Gobierno Regional chalaco.
GROSEROS YERROS DEL FISCAL
La muerte de Wilbur Castillo fue clave para enterrar esta investigación, pero no fue lo único. Increíblemente, Víctor Luna esperó tres años para poner en conocimiento a la fiscalía anticorrupción de sus hallazgos en el caso de ESLIMP. Recién el 2018 informó sobre los pagos indebidos de esta empresa a dos integrantes de “Barrio King” que cobraban sus sueldos mientras estaban presos: Wilmer Farfán Ruiz y Juan José Romero Echevarría, alias “Colorao”.
También dio a conocer las escuchas telefónicas atribuidas a dos trabajadoras del Gobierno Regional que hablaban sobre el manejo de cupos de trabajo y entregas de dinero a “Barrio King”, y dio información sobre el sembrado de pruebas falsas por policías del Departamento de Investigación Criminal de Bellavista a los rivales de “Barrio King”.
Luna prefirió mirar a otro lado a pesar de que otras fiscalías ya habían puesto el ojo en ESLIMP y en funcionarios como Joaquín Cochella. En octubre del 2016, por ejemplo, la prensa había revelado contrataciones de miembros de “Barrio King”, por lo que la fiscalía anticorrupción abrió una investigación de oficio.
Fiscal de Crimen Organizado, Víctor Luna. Pudo hacer mucho más.
Ese mismo año, la Fiscalía de Lavado de Activos del Callao también inició investigación contra Cochella, el exalcalde provincial Juan Sotomayor y exfuncionarios de ESLIMP y del municipio provincial que captaban recursos de la empresa de limpieza a través del pago de planillas y servicios fantasmas. Pedimos información al coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello, sobre el estado de todas las investigaciones contra Cochella, pero no obtuvimos respuesta.
“En el caso ‘Barrio King’, el fiscal [Luna] debió derivar su investigación a la fiscalía anticorrupción en la etapa inicial. Hacerlo en la etapa de acusación, en el 2018, fue muy tarde y, estando muerto el testigo, no podía investigar”, dice un fiscal consultado especializado en este tipo de casos.
La misma fuente señala que Luna debió desacumular la declaración de Wilbur Castillo desde un principio, recabar más elementos para poder derivarla a sus colegas especializados en delitos de corrupción de funcionarios y que estos pudieran entrevistar al testigo. Otro camino era pedir al Fiscal de la Nación que ampliara sus competencias e indagar él mismo la trama de corrupción chalaca. “Luna no hizo nada de esto, no puede decir que no había elementos de convicción pues no los buscó”, señala el fiscal.
Otro despacho fiscal hizo lo que no hizo Luna. En enero del 2020, fueron detenidos preliminarmente los principales miembros de la organización criminal “Rich Port II”, liderada por Juan Sotomayor (alcalde provincial del Callao entre el 2010 y 2018) e integrada también por el excongresista Víctor Albrecht. Cochella tuvo suerte: la fiscalía pidió para él comparecencia restringida.
Esta investigación, sin embargo, analizó solo hechos ocurridos desde abril del 2019. Desde esa fecha, cuando Joaquín Cochella dejó la gerencia general de ESLIMP, la organización criminal “Rich Port II” extorsionó a la nueva gestión para que siga pagando planillas fantasmas. Según las pesquisas, sin embargo, Cochella habría seguido ligado desde afuera al manejo de la empresa de limpieza y habría tramitado dichas planillas. La red habría ganado más de S/6 millones hasta que cayeron.
El cobro de planillas fantasmas era un hecho de larga data. Algo que no quiso ver Luna Castillo.
NO VIO A LOS “CUELLOS BLANCOS”
Fuentes fiscales con conocimiento del caso indican que Luna tenía interceptaciones telefónicas que revelaban cómo los miembros de “Barrio King” eran favorecidos por jueces y fiscales, y pudo haber identificado a la red judicial al servicio de “Caracol”. Dicha red fue descubierta el 2017 y -con el tiempo y el acceso a más escuchas- llegaba hasta “Los cuellos blancos del puerto”.
Desde el 17 de setiembre pasado, la autora de este informe pidió, reiteradamente, a través del área de prensa del Ministerio Público, entrevistas con los fiscales Luna Castillo, Jorge Chávez Cotrina (coordinador de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada) y Octaviano Omar Tello Rosales (coordinador de las fiscalías de corrupción de funcionarios), pero no respondieron.
Patricia Chirinos también optó por no participar de este reportaje. “No hay nada que decir, solamente que no conozco a esa gente. Gracias», escribió.
Moisés Vega de la Cruz, procurador especializado en delitos de orden público, señala que se debe analizar con qué argumentos se pidió el sobreseimiento sobre el caso de ESLIMP dado a conocer por Wilbur Castillo. Afirma que “habría que ver el caso ‘Rich Port II’ y pedir que se investiguen a los funcionarios públicos que se mencionaron en el caso ‘Barrio King’.
Vega se comprometió a realizar acciones. “Vamos a revisar este caso. Voy a conversar con el fiscal y, si nos da mayor información sobre los cuadernos de colaboración eficaz, veremos qué acciones podríamos hacer como Procuraduría. Cabe la posibilidad que el Ministerio Público amplíe denuncias en el caso ‘Rich Port II’ por hechos vistos en ‘Barrio King’ o ampliar otros hechos contra más personas […] Si aparecieran testigos que involucren a Chirinos, se puede investigar”, apunta.
La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, también conoce de las sindicaciones contra Chirinos en el caso “Barrio King”. El 9 de agosto pasado, la Coordinadora Recuperando al Callao y la Mesa de Lucha contra la Corrupción de esa región le pidieron que le solicite a Chirinos un informe sobre su situación en este caso y que pida al fiscal Luna detalle de sus hallazgos. También fueron notificadas las bancadas de Perú Libre, Juntos por el Perú, Acción Popular y el Partido Morado.
Los fantasmas del pasado, en forma de testigos con clave, pueden volver para atormentar a la exchimpunera.
El jefe de la Sunat vivió bajo asedio durante dieciséis días. Este medio ha podido revisar el testimonio completo que Luis Enrique Vera Castillo le dio a la Fiscalía y que relata, de principio a fin, la historia de las presiones que recibió desde Palacio. Entre otras cosas, el funcionario cuenta cómo fue contactado 17 veces, entre mensajes y llamadas, por Bruno Pacheco, el ex hombre de confianza del presidente Pedro Castillo.
El bombardeo se dio entre el 22 de septiembre y el 7 de octubre. Así se desprende de la declaración que dio la cabeza de la máxima autoridad tributaria, el 26 de noviembre pasado, al fiscal anticorrupción Marco Huamán Muñoz. “Sus pedidos resultaban inaceptables”, declaró Vera sobre Pacheco.
Antes del acoso de Pacheco, Vera tuvo un primer acercamiento con Palacio el 12 de agosto. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en ese entonces con Guido Bellido a la cabeza, le pidió la lista de los “cien contribuyentes con mayores deudas”, de acuerdo a la transcripción de su declaración ante el fiscal Huamán.
Transcripción no oficial de la declaración de Luis Enrique Vera Castillo, jefe de la SUNAT, al fiscal anticorrupción Marco Huamán Muñoz el 26 de noviembre pasado.
“Recordemos que esos días se habían dado dos pagos importantes de dos empresas mineras por más de 3 de mil millones de soles”, dijo Vera. Se refiere a las compañías Buenaventura y Cerro Verde, que coincidentemente pagaron sendas deudas tributarias al inicio del gobierno del lápiz, tras haberlas disputado -y perdido- en diversas instancias tiempo antes. Lo hicieron, sin embargo, advirtiendo que seguirían litigando para obtener la devolución del dinero.
Once días después, el 23 de agosto, Vera fue convocado a Palacio. Los anfitriones fueron los entonces asesores palaciegos Auner Vásquez y Óscar Cabrera, quienes lo llamaron para “conversar sobre las deudas tributarias, pues querían conocer de qué se trataban”, de acuerdo al testimonio de Vera en Fiscalía.
El 9 de septiembre, Vera fue convocado nuevamente a Palacio. Esta vez para hablar con el presidente Castillo. Fue en ese momento que entró en escena Bruno Pacheco. “Me indica [Bruno Pacheco] que la reunión con el presidente sería al mediodía. Es así que asistí y tuve una reunión a solas con el presidente por espacio de cincuenta minutos”, dijo Vera.
El presidente Pedro Castillo dijo tener la “capacidad moral para separar las cosas”, pero Bruno Pacheco declaró que nadie le pidió la renuncia. Foto: Andina.
“Antes de entrar a la reunión con el presidente, en la sala contigua a su despacho, encontré a Auner Vásquez y Bruno Pacheco, que se presentó conmigo. De ahí entre los tres conversamos unos 10 minutos haciendo tiempo hasta que el presidente lo atendiera. Ahí el señor Pacheco me señala que lo vuelva a contactar en una semana para ver si se necesita alguna información complementaria”, añadió el jefe de la Sunat.
Según el registro de visitas de Palacio, la reunión de aquel día con el mandatario empezó a las 11:55 de la mañana y terminó a las 12:40. Pedro Castillo se mostró interesado en seguir aprovechando políticamente el pago de impuestos, pero le explicaron que la mayoría de deudas tributarias sigue en disputa. “El contexto de esta reunión con el presidente fue que quería saber qué empresas más estaban por cobrar [pagar], ya que había dos mineras que habían pagado y quería saber quiénes más podían pagar. Es así que en dicha reunión le expliqué al presidente que la mayoría de las deudas tributarias está en litigio. Asimismo, hablamos de las deudas tributarias y gestión de la SUNAT, quedando satisfecho”, declaró Vera.
ACOSADO
Hasta ahí todo transcurría con normalidad para el jefe de la Sunat. Pero días después, a las siete y media de la noche del 22 de septiembre, Pacheco empezó con la presión. “ […] recibí una llamada del señor Bruno Pacheco señalando que me iba a pasar un caso de un contribuyente que había sido mal atendido; no recuerdo con qué aplicación me llamó, pero no fue por llamada normal”, dijo Vera.
A las 7:40 de la noche de aquel día, Pacheco develó el nombre del “contribuyente” en un mensaje por la aplicación Telegram dirigido a Luis Enrique Vera. Se trataba del grupo informático Deltron, cuyo dueño es Néstor Quispez Asín Serna.
“Enrique, este es el servicio del amigo que te pedí. Es respecto de la resolución del 2015 de mi amigo del Grupo Deltron, RUC 20213331377, apóyalo por favor, y me comunicas la solución. Confírmame la recepción. Gracias. Yo veo lo otro. NTP [No te preocupes]”, le escribió Pacheco al jefe de la Sunat, como ya ha sido revelado por otros medios.
Al ser consultado en el interrogatorio por el fiscal Huamán sobre la frase “yo veo lo otro”, Vera respondió que “es algo que Pacheco debe explicar. Yo no le veo explicación”. Fuentes del Ministerio Público dicen a Sudaca que Pacheco se refería al nombramiento definitivo de Vera como jefe de la Sunat, dado que en ese momento estaba como interino. La hipótesis fiscal es que Pacheco quería sacar ventaja de la expectativa de Vera por ser nombrado, definitivamente, en el puesto.
El 26 de septiembre Pacheco volvió a la carga con dos llamadas que Vera no respondió. Ese mismo día, vía Telegram, envió un mensaje pidiendo que favorezca en un concurso al martillero Marco Urbina Chumpitassi, dedicado a las subastas públicas. Luego mandó otro mensaje para recordarle del favor al grupo Deltron.
Vera declaró que días después, el 29 de septiembre a las 5:20 de la tarde, Pacheco le envió por WhatsApp “una foto de una parte de la agenda con los temas a tratar en la reunión del gabinete, entre ellos la designación del superintendente de Sunat propuesto por el MEF”. “Luego escribe: ‘ya lo programé. Estamos en gabinete’”, contó el superintendente.
La cabeza de la Sunat, sin embargo, ya sabía que Pacheco no tenía cómo influir en su nombramiento. “No obstante, antes de sus comunicaciones, yo ya había recibido la llamada del ministro del MEF [Pedro Francke] comunicándome que mi designación para un nuevo periodo había sido aprobada por el Consejo de Ministros. Como puede apreciarse de la secuencia de las horas, el señor Pacheco me estaba trasladando información inexacta”, dijo Vera.
Pacheco siguió con las presiones en el Telegram ese 29 de septiembre. Aquel día, a las 9:36 de la noche, continuó con los mensajes acosadores. Y añadió a una nueva empresa en su lista: MQVC Corporation, cuyo gerente es José Hanco Lupinta. Quería ampliar la importación de mercurio de esta firma. Después insistió con favorecer a Deltron porque “no queremos que quiebre”. Con el martillero Marco Urbina tiró la toalla ante el silencio de su interlocutor. “Y del martillero si no se puede, simplemente no se puede”, escribió el exsecretario general en el Telegram, según relató el jefe de la Sunat.
Vera fue finalmente nombrado el 3 de octubre como el mandamás de la Sunat. Esto no fue óbice para que el profesor de secundaria de Química y Biología siguiese pidiendo favores. El 6 de octubre, entre las 8:39 y 8:41 de la mañana, Pacheco envió al WhatsApp de Luis Enrique Vera tres mensajes que luego eliminó. Tres minutos después, a las 8:44 de aquel día, escribió: “Buenos días, Kike, necesito conversar contigo unos temas como el que te estoy enviando. Dime a qué hora podría conversar contigo o necesitas que te visite. Hay que ser recíprocos en la atención”, escribió Pacheco, mostrando desesperación al ser ignorado.
“Esta insistencia evidencia que todas sus solicitudes eran ignoradas por mi persona. Luego, con fecha 7 de octubre a las 14:10 pm, vía WhatsApp, el señor Pacheco me llama dos veces optando por no contestarlas ni devolverle sus llamadas”, dijo Vera. A las 14:36 de aquel día el exsecretario general escribió en el WhatsApp para dejar el teléfono del directivo de la empresa importadora de mercurio. Esa fue la última comunicación con el exsecretario general de Palacio, según relató el jefe de la Sunat. Diecisiete presiones en dieciséis días.
Vera entregó copias de los mensajes de Telegram y WhatsApp al Ministerio Público, mientras que Pacheco dijo que se le había “extraviado” el celular, de acuerdo a la resolución judicial del 7 de diciembre pasado que le ordena impedimento de salida del país .
“Veo que es un tema mediático, toda vez que no hay una persona que me haya denunciado. Todo es en base a notas periodísticas. Y acá hay que ver el tema principal: la vacancia del presidente”, dijo Pacheco en una entrevista al medio “PerúDigital”, en la que habló postrado en una cama y con una mascarilla. Pacheco contó que se había enfermado de Covid-19.
Exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco Castillo, brindó una entrevista, postrado en una cama, al medio “Perú Digital” el pasado miércoles 22 de diciembre.
El cuestionado exasesor dejó mal parado al presidente Castillo al decir que el gobernante nunca le pidió la renuncia. “A mí el presidente no me ha dicho que me retire. Yo he sido que he dado un paso al costado por la gobernabilidad”, dijo en la entrevista. Y es que Castillo declaró, tras la renuncia de Pacheco, que tiene la “capacidad moral para separar las cosas inmediatamente”
Según fuentes cercanas al despacho de la fiscal Norah Córdova, que investiga la trama petrolera del biodiesel, Pacheco ha sido visto en la sede de Petroperú con la lobista Karelim López. “Con la señora Karelim López es una relación de conocidos. Nada más”, señaló Pacheco a “PerúDigital”.
Captura de pantalla de la cámara 3 de Palacio, en la que se ve a Karelim López Arredondo en la puerta de ingreso a las 9 y 21 de la mañana, del 18 de octubre. Fue a entrevistarse con el presidente Pedro Castillo. A esa hora también llegaron el empresario Samir Abudayeh y el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo.
El exbrazo derecho del jefe de Estado se juega el pellejo en estos días. Es una pieza clave en la trama de presunta corrupción que hace temblar los cimientos de Palacio.
Gabriela Salvador Cárdenas (36), excandidata al Congreso por el Partido Morado, es la flamante coordinadora parlamentaria del Poder Judicial desde noviembre pasado.Su designación no sería discutible si no fuera por un pasado reciente lleno de acusaciones de estafa y manipulación de parte de amigos y exparejas. A las fundadas denuncias, además, se suma que Salvador no tiene su colegiatura de abogada activa, uno de los requisitos estipulados en el proceso de contratación.
A mediados de octubre, la Corte Suprema abrió la convocatoria de selección por un sueldo de S/12.500. El trabajo supone coordinar con el Congreso, participar en las comisiones parlamentarias e impulsar las iniciativas planteadas por el Poder Judicial, entre otros. El cargo depende directamente del Gabinete de Asesores del PJ.
El proceso de contratación CAS 390-2021 tuvo dos fases: una entrevista oral y una evaluación de curriculum. En la primera, Salvador sacó 50 puntos de 50, mientras que sus otros dos competidores apenas lograron 28 y 22. Esto pese a que en la evaluación de su hoja profesional fue la de menor puntaje, de acuerdo al cuadro de notas al que este medio accedió.
Resultado final del proceso CAS.
Una de las personas que entrevistó a Salvador fue la jefa del Gabinete de Asesores del PJ, Silvia Loli, exministra de la Mujer del gobierno que lideró Francisco Sagasti. Gabriela Salvador asegura que no conocía a Loli -quien ahora es su jefa- de su paso por el Partido Morado y que no sabía que iba a estar dentro del proceso.
Salvador, también exmilitante del Frente Amplio, dice que su alta calificación en la entrevista responde a sus conocimientos sobre temas parlamentarios y asegura que sus competidores no estaban preparados. Pero eso no es lo único que llama la atención.
Entre los requisitos para el puesto, el PJ solicitaba tener el título de la carrera de Derecho “con colegiatura y habilitación vigentes”. Sin embargo, en la base de datos del Colegio de Abogados de Lima (CAL) la colegiatura de Salvador figura como “inactiva”. Esto significa que no está habilitada para ejercer formalmente su profesión, ni tampoco cumple los requisitos para el cargo que hoy ocupa.
Salvador responde que “muchos están bajo esa modalidad [inactiva] porque es por pago y, en pandemia, no funcionó el CAL”. Cuatro abogados consultados por Sudaca dicen, sin embargo, que no han tenido problemas para pagar en este periodo. El área de prensa de la CAL también respondió que no hay ningún problema con los pagos e, incluso, que pronto se habilitaría un descuento para el pago anual.
El PJ asegura, en comunicación enviada a Sudaca, que Salvador fue contratada “en consideración a su experiencia en el campo correspondiente”, que “demostró mayor competencia a diferencia de sus competidores que carecían de expertiz” y que no existió “impedimento legal” para su designación.
Es preciso, ahora, revisar otros episodios de la vida de esta nueva funcionaria pública.
MENTIRAS Y ACUSACIONES
Hace poco Gabriela Salvador fue tendencia en redes sociales luego de que el semanario “Hildebrandt en sus Trece” revelara una denuncia en su contra realizada por su expareja, Keila Chevarría. En agosto de este año, Chevarría contó que fue estafada y extorsionada emocionalmente por la flamante coordinadora parlamentaria del PJ luego de haberle depositado más de S/89.000 para tratar una supuesta leucemia que Salvador le dijo padecer.
DENUNCIA PÚBLICA CONTRA GABRIELA SALVADOR CÁRDENAS
Mi nombre es Keila Chevarria Arriaga y DENUNCIO PÚBLICAMENTE a la señora Gabriela Salvador Cárdenas, mi ex pareja, por ESTAFA y EXTORSIÓN EMOCIONAL, por los hechos que paso a relatar. (1/1
Pero todo fue una farsa, según Chevarría, quien la acusó de haberse quedado con la plata. Incluso llevó el caso hasta el Ministerio Público. En su momento, Salvador dijo que los chats donde le manifiesta que tiene la enfermedad fueron editados. Consultada al respecto, la actual funcionaria del Poder Judicial se limita a decir que es un tema que están viendo sus abogados y evita responder si le devolvió el dinero a su expareja.
Pero Sudaca pudo conocer otros episodios similares que versan sobre engaños y manipulación. Algunos pasajes revelan asuntos personales que este medio solo reproduce porque hablan sobre el comportamiento sistemático de una funcionaria pública que parece tener problemas para decir la verdad.
Luego de las últimas elecciones, como invitada del Partido Morado al Congreso, Gabriela Salvador contactó a Juan Luis del Carpio, un excompañero de la maestría a quien, de un momento a otro, le fue con el cuento de una supuesta enfermedad. En los pantallazos que Del Carpio nos muestra, del pasado 17 de abril, Salvador le pide dinero para costear el tratamiento.
«Perdona que te escriba para esto, sabes que no me gusta pedir ayuda. Soy muy orgullosa. Pero tengo un problema de salud. Tengo Covid desde el 9 de abril. Ahora estoy con oxígeno y concentrador. No tengo apoyo de mi familia, vivo sola hace mucho. Ya pagué S/5.500, aún me faltan S/13.500 por el oxígeno y el concentrador. No soy de pedir y me da vergüenza. Saturo 88, pero por la leucemia no pueden aún hospitalizarme por riesgo a una bacteria hospitalaria. ¿Crees que puedas prestarme algo, lo que puedas, y yo saliendo de esto, te pago? ¿Puedo darte mi número de cuenta? Debo pagar al proveedor de a pocos», dice el pedido. Del Carpio no accedió a su petición.
La actual funcionaria del Poder Judicial, pese a las evidencias, niega la solicitud de dinero. Señala que hay una incongruencia en los mensajes ya que “si hubiese tenido Covid, lo habría dicho” y que no hubiera hecho campaña en campo.
Pero los testimonios abundan. Carolina Soto Sayán, exmilitante del Frente Amplio, asegura que mantuvo una relación con Salvador entre finales de 2019 y febrero de 2020. Si bien no le solicitó dinero, sí le aseguró que su salud estaba en un estado deplorable. Era una forma de manipularla.
“Cuando decidí que no saldríamos más por la personalidad que tiene, fue que se inventó que se estaba muriendo y las amenazas de que se haría algo. No puedo catalogar si tiene o no alguna condición», cuenta a Sudaca Soto Sayán.
Como parte de la manipulación que habría ejercido sobre su expareja, Salvador le envió por correo electrónico un documento del Instituto Nacional del Cáncer de Uruguay donde se dice que tiene leucemia. El archivo es similar al que le envió a su también expareja Keila Chavarría. Sobre este, en agosto pasado, el centro de salud le dijo a “Hildebrandt en sus Trece” que era fraguado.
Salvador intenta defenderse señalando que aquel email no lo envió ella, que alguien se metió a sus cuentas. “Yo no envío esos correos y siempre se lo dije a Carolina. Le pedí que me enviara estos, pero nunca lo hizo. Ella tenía las contraseñas de mis redes y mi correo. Lo tenía también Erick Palus [su community manager]”, dice Salvador. Tanto Soto como Palus niegan haber tenido acceso a su correo personal.
Soto enseña también pantallazos de una delirante conversación del 5 de febrero de 2020. En estos, Salvador le cuenta que le urge llamarle, ya que cuenta con expedientes confidenciales que “involucran a Mujica en crímenes [no sabemos a quién se refiere]», que habían intentado abrir la puerta de su casa, que “mancharon la puerta de sangre” y que había “un seguridad de embajada que me sigue en camioneta”.
Un caso similar habría ocurrido cuando estaba postulando al Congreso por el Frente Amplio. En aquel entonces, en febrero del 2020, Salvador denunció en la comisaría de Magdalena que le habían dejado un arreglo floral en la puerta de su edificio con un mensaje que decía: “Descansa en paz, Gabrielita”. El conserje del edificio corroboró el hecho. Pero lo que cuentan dos fuentes que trabajaban en ese momento en el despacho de Marco Arana, junto a Salvador, es que ella utilizó el hecho para sus manipulaciones.
“Ella dijo: ‘yo creo que es Yanacocha porque he hecho un informe en OEFA’”, recuerda una de las personas consultadas, que pide mantener su identidad en reserva. “Todo había sido simulado. Al final usaba ese tipo de argumentos para hacer que su expareja volviera con ella. Para eso estaba dispuesta a inventar cualquier cosa”, cuenta la otra fuente.
Salvador niega los hechos, aunque reconoce el episodio de la corona de flores. “Nunca mencioné a Yanacocha en campaña. La corona lo interpreté como alguien que quería molestar. Nunca dije que había sido enviada por alguien en específico, ni tuve sospechas”, dice a Sudaca.
Así las cosas, Gabriela Salvador pareciera ser, pues, más que una persona que engaña y manipula, una heroína en tiempos modernos.
Los documentos que Sudaca presenta a continuación -suscritos por la fiscal Norah Córdova, de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa especializada en Delitos de Corrupción, y su equipo- detallan los indicios que la llevaron a iniciar las diligencias e incluyen el ya conocido episodio donde el presidente se habría negado a dejar ingresar a los fiscales al despacho del secretario general. Palacio ha emitido un comunicado en el que rechaza esto último.
La Fiscalía tiene en la mira por este caso a Hugo Ángel Chávez Arévalo, gerente general de Petroperú; Gunther Documet Celis, gerente de distribución de Petroperú; Muslaim Jorge Abusada Sumar, gerente de cadena de suministro; y Roger Daniel Liy Lion, gerente del Departamento de Compras de Hidrocarburos. Los señala como presuntos autores del delito contra la Administración Pública en las modalidades de Colusión Simple y Negociación Incompatible en agravio del Estado.
El caso, revelado por Panorama el último domingo, alcanzaría al presidente de la República, quien participó de una reunión con el proveedor en octubre pasado. Castillo solo puede ser investigado por la Fiscal de la Nación.
