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Los detalles de las presuntas coimas en el caso Prestaperú

Por: admin.noticias 10.12.2021

Hace tres días, la Fiscalía contra el Crimen Organizado detuvo a 12 de los 14 integrantes de una mafia a la que ha bautizado como “Los embaucadores del sur”. Sudaca revisó -en exclusiva- el requerimiento de detención preliminar presentado por el Ministerio Público, que contiene la declaración detallada de dos aspirantes a colaboradores eficaces. Sus testimonios son reveladores.

Ambos coinciden en que el excandidato al Congreso por Fuerza Popular René Manrique Cusirramos habría pagado coimas a los excongresistas Juan Carlos Eguren (PPC) y Gustavo Rondón (Solidaridad Nacional) a cambio de que se opongan a un proyecto de ley para que la SBS pueda supervisar a las cooperativas de ahorro y crédito. El el fiscal Arturo Mosqueira, a cargo del caso, sindica a Manrique como líder de una organización criminal que dejó a cientos de usuarios de la cooperativa Prestaperú sin sus ahorros, luego de que fuera cerrada por insolvencia en 2019 debido a turbios manejos financieros.

El perjuicio económico a los ahorristas ha sido calculado en S/180 millones. Además, el caso investiga préstamos irregulares a varias empresas controladas por Manrique y la apropiación ilegal de S/450.000 para pagar su campaña con el fujimorismo al Parlamento en el 2016.

Según los testimonios, las presuntas coimas a Eguren y Rondón se habrían pagado a través de familiares de ambos. Pero no son los únicos mencionados en la documentación fiscal. Un colaborador y un correo también dan cuenta de pagos a favor de Miguel Vásquez Cárdenas mientras era asesor de comisiones parlamentarias que presidieron los congresistas fujimoristas Miguel Castro Grandez y Úrsula Letona.

Vásquez, especialista en cooperativismo, era un opositor de la ley para supervisar a estas entidades financieras solidarias, que finalmente se aprobó al cierre del 2018. Letona, por su parte, cuestionó la iniciativa cuando fue parlamentaria. Ella, en cambio, presentó un proyecto que proponía la creación de una superintendencia distinta a la SBS para fiscalizar a las cooperativas.

Sobre Vásquez, Castro y Letona, sin embargo, no hay investigación. Más allá del conflicto de interés -como veremos más adelante-, el documento fiscal no menciona que los aspirantes a colaboradores tengan conocimiento de sobornos en sus casos.

colaborador sobre eguren y rondón — Uno de los aspirantes a colaborador eficaz da detalles de una reunión entre Eguren y emisarios del mandamás de Prestaperú en 2011. Ese año, dice el testimonio, se acordó una mensualidad para el entonces pepecista.

LOS TESTIMONIOS

“El proyecto quedó totalmente estancado, nunca llegó al Pleno hasta el siguiente período legislativo”, recuerda el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde. Se refiere al proyecto de ley que permitía a la SBS supervisar las cooperativas y que en el período 2011-2016 quedó engavetado por la oposición de distintas fuerzas políticas. Recién fue aprobado en el siguiente Congreso.

Sobre la postura de Juan Carlos Eguren y Gustavo Rondón, García Belaúnde apuntó: “Ambos se opusieron. Y mucha gente más. Yo tenía la sospecha de Eguren”.

En los últimos dos años, la Fiscalía ha recabado detalles sobre los presuntos sobornos pagados a ambos exparlamentarios. Los testimonios más contundentes son los que aluden a Eguren, exmilitante del PPC, quien no quiso participar de este reportaje.

“Debo señalar que el señor René Manrique pagaba por unos supuestos servicios inmobiliarios al señor Juan Carlos Eguren, quien era congresista de la República. Así constaba en los recibos por honorarios que eran girados a nombre del entorno familiar del congresista. Estamos hablando del año 2015, 2016, cuando se discutía el proyecto de ley que disponía la supervisión de la cooperativa por parte de la SBS”, dijo el colaborador de código 1909-2019 al fiscal especializado en crimen organizado Arturo Mosqueira.

También contó que quien giraba los recibos por honorarios por «asesoramiento inmobiliario» a la cooperativa era la esposa de Eguren, Narda Mendoza Olivera. Lo hizo -dice el testigo- de manera mensual entre los años 2011 y 2016, y por más de S/340.000.

El testimonio señala, sin embargo, que los supuestos trabajos realizados por Mendoza eran ficticios. “La cooperativa nunca recibió ningún servicio inmobiliario de la esposa del congresista, quien es la que giraba los recibos […] la señora Narda no acudía a la cooperativa a prestar asesoría, ni presentaba informes, ni trabajos. Las únicas veces que iba a la cooperativa era para cobrar”, apuntó.

Con este testimonio, la fiscalía accedió al sistema informático de Prestaperú y encontró los pagos girados a Mendoza. Los desembolsos eran mensuales y fluctuaban entre S/5.555 y S/7.700. La esposa de Eguren cobró, según el Ministerio Público, entre el 15 de setiembre del 2011 y el 15 de setiembre del 2016. Las fechas coinciden con el paso de Eguren por el Congreso.

El mismo colaborador también habla de pagos directos al excongresista por S/17.000 el 5 de setiembre de 2012 y de tres pagos por más de US$4.000 “que se contabilizaron como gastos de la cooperativa en junio de 2012”. Los pagos directos a Eguren por parte de la cooperativa ya habían sido revelados por Panorama en el 2016.

Otro testimonio da luces de cómo empezó la relación de Eguren con Prestaperú. El aspirante a colaborador con clave 2808-2020 dio detalles sobre una reunión entre mensajeros del gerente de la cooperativa y el entonces congresista. El encuentro se habría dado el 2011 en Arequipa, antes de que se presentara el proyecto de ley.

“Samuel Polanco y César Ortiz [los mensajeros] acuden a la oficina del congresista en la ciudad de Arequipa, ubicada en un segundo piso en la Avenida Independencia. En esa ocasión se concertó una cita entre el congresista y el gerente general de Prestaperú [René Manrique]. Tengo conocimiento que en dicha visita a la oficina del congresista, se quiebra la silla de este y, enterado de lo sucedido por sus funcionarios, René Manrique dispone que se le entregue una silla ejecutiva del almacén de Prestaperú, lo que sucede el mismo día”, contó.

Luego, se lee en su declaración, ocurrió una reunión entre Eguren y Manrique. “En los siguientes días se reúnen Manrique Cusirramos y el congresista Eguren en las oficinas de Prestaperú, y acuerdan un apoyo mensual de S/5.000. Según Manrique Cusirramos, [esto fue] con el propósito de que el congresista asista a los eventos que realizaba Prestaperú, como cursos e inauguraciones, pero posteriormente con el fin de que el congresista se oponga a los proyectos de reforma de la Ley General de Cooperativas”, dijo el aspirante a colaborador. La Fiscalía sospecha que esos fueron los pagos que se concretaron a través de la esposa del exparlamentario.

La presencia de Eguren en eventos de la cooperativa se evidenció en agosto del 2014. En una publicación de la revista especializada Mundocoop, se le ve participando de la inauguración de la sede de Magdalena del Mar de Prestaperú. Incluso tomó la palabra. “Les debo presagiar, mi querido René, que si en estos 10 años se saltó tanto y se creció de esta manera, entonces Prestaperú no va a durar mucho porque dentro de unos años va a ser Prestamérica”, dijo Eguren, según la transcripción de la revista.

2014 mundocoop — Edición de la revista Mundocoop de agosto del 2014 que da cuenta de la ceremonia de inauguración de la sede de Prestaperú en Magdalena del Mar. Eguren tuvo emotivas palabras.

En el mismo evento estuvo Gustavo Rondón, entonces congresista de Solidaridad Nacional. El médico también tomó la palabra y lanzó una arenga a favor de la cooperativa: “Viva Prestaperú”. Consultado por Sudaca, el excongresista señaló que “ese entusiasmo se explica porque era una empresa de Arequipa que se estaba presentando a nivel nacional”. “No responde a otra situación”, juró.

Pero el colaborador 1909-2019 también lo puso en el radar de la fiscalía. “Presta Perú le pagaba sin justificación alguna, consignando recibos a terceros por servicios inmobiliarios, lo cual no era cierto”, señaló en referencia a Rondón.

El intermediario de los pagos, de acuerdo al colaborador de clave 2808-2020, habría sido su hermano Leopoldo. “Tengo conocimiento de que también se hicieron pagos al congresista Gustavo Rondón Fudinaga utilizando una modalidad parecida. Es decir, primero se reúne el señor Guillermo Manrique con el congresista Rondón en el local de Prestaperú y, posteriormente, Manrique comunica el acuerdo de abonar a la cuenta de su hermano Leopoldo. No recuerdo el monto exacto de lo que cobraba”, señala este testimonio.

La Fiscalía accedió al registro de compras” de la cooperativa y corroboró la entrega de dinero a favor del “proveedor” Leopoldo Rondón “por cantidades que fluctúan entre los S/1.000 y S/2.000 mensuales, durante el periodo del 17 de diciembre del 2011 al 29 de febrero del 2016, y que suman S/104.000”. El período de los pagos también coincide con el tiempo en que Rondón fue congresista.

“Lo que él [su hermano] tiene es la factura, los pagos. Me dice que no tiene problema, porque él acredita todo con su contrato por publicidad”, responde Rondón a Sudaca. El aspirante a colaborador, sin embargo, señala que los servicios eran sobre temas inmobiliarios y no publicitarios.

El exparlamentario rechaza cualquier vínculo turbio con Prestaperú y señala que no participó en la elaboración de proyectos sobre cooperativas. “No recuerdo haber participado en la comisión de Economía, no es mi especialidad”, dice.

EL ASESOR

El aspirante a colaborador 1909-2019 también contó que se le pagaba a un asesor de comisiones presididas por fujimoristas que ocuparon curules en el período 2016-2020. Se trata de Miguel Vásquez Cárdenas, un extrabajador de Prestaperú y opositor en aquel entonces a la ley que permitía a la SBS supervisar las cooperativas. Aunque no hay investigación por sobornos, como con Eguren o Rondón, sí hay detalles que llaman la atención.

El testimonio dice, por ejemplo, que se usó fondos que debían ser destinados a otros asuntos para hacer los pagos. “Se utiliza esta cuenta de ‘Descuento Tardanzas’ para pagar dos vales con la glosa ‘VAL MV’ el 5 de junio y 31 de julio de 2018 por un monto de S/12.625 soles al señor Miguel Vásquez Cárdenas, quien era asesor del Congreso de la señora Úrsula Letona y que había trabajado antes en Prestaperú”, se lee.

Consultada por Sudaca, Úrsula Letona dice recordar a Vásquez como uno de los asesores de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la Organización y Desarrollo Económico (OCDE) que ella dirigía el 2017. El 2018, Vásquez fue asesor de la comisión de Defensa del Consumidor, que presidía Miguel Castro Grandez.

mayo 2017 letona y vasquez más texto — Mayo del 2017. Miguel Vásquez Cárdenas, experto en cooperativismo, trabajaba para la comisión de la OCDE que presidía Letona. A la derecha, parte de su ponencia contra el proyecto de ley impulsado por la SBS: «Este es un documento de mi autoría, pero por encargo de la congresista Letona», dijo. Luego se desdijo.

La fiscalía accedió a un correo electrónico enviado a la entonces gerenta de operaciones de Prestaperú que detalla los pagos a Vásquez Cárdenas entre el 2016 y el 2018 por un total de S/15.890. Los pagos coinciden con el tiempo en que Vásquez trabajó para los fujimoristas.

Vásquez Cárdenas dice que trabajó en Prestaperú entre el 2015 y el 2016. Y señala que los montos del 2017 y 2018 debieron ser por consultorías externas. “El trabajo que desempeñé con los congresistas que usted alude no tenía nada que ver con la temática cooperativa”, responde el licenciado en cooperativismo.

Pero Vásquez se enfrenta a sus propias declaraciones. Y es que a la par que Prestaperú le giraba los montos ya mencionados, en octubre del 2017 participó de un evento organizado por la Conferencia Nacional de Cooperativas del Perú. De acuerdo al portal Ojo Público, el asesor expuso un análisis sobre los “efectos negativos” del dictamen que proponía la supervisión de las cooperativas.

«Es un documento de mi autoría, pero por encargo de la congresista Letona, quien me ha pedido que redacte un documento que va a ir a la comisión de Producción como un aporte de su despacho al proyecto de ley», dijo Vásquez, como quedó registrado en una edición de la Revista de las Cooperativas.

Miguel Vásquez prefirió no responder cuando le mencionamos esa cita. Úrsula Letona, por su lado, señala que ella nunca le pidió documento alguno sobre el tema de cooperativas.

correo electronico asesor letona — Los pagos consignados a Miguel Vásquez entre el 2016 y 2018 de parte de Prestaperú. Coinciden con su período como asesor de dos comisiones presididas por los fujimoristas Letona y Castro, en un momento de debate sobre la ley de supervisión a las cooperativas.

Aquel 2018 fue un año álgido para el debate de la ley de supervisión de las cooperativas. Y el fujimorismo se oponía ferozmente, recuerda García Belaúnde. “Fuerza Popular no lo quiere aprobar [el proyecto de la SBS y García Belaúnde], sino que quiere impulsar el proyecto de Úrsula Letona, pese a que la SBS es la que fiscaliza a todas las entidades financieras. Quieren distraer y dar una excusa para ganar tiempo”, declaró ese año Gino Costa.

La excongresista naranja, sin embargo, niega que ella haya sido una opositora del proyecto, pero dice que “consideraba que era necesario hacer modificaciones al dictamen”. “Lo que hice fue hacer cuatro observaciones al dictamen de la ley. Todas fueron incorporadas”, asegura.

APORTES NARANJAS

Los vínculos entre las cooperativas y el fujimorismo, sin embargo, no terminan allí. René Manrique Cusirramos, el gerente de Prestaperú, postuló al Congreso por el fujimorismo hace cinco años. Fue invitado, según él mismo declaró, por el polémico Joaquín Ramírez.

Manrique tenía el número 2 en la lista de candidatos naranjas por Arequipa. Fracasó en el intento, pero no parece haber perdido plata. Según la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Manrique se apropió de S/450.911 de Prestaperú para financiar su campaña.

“La forma en que Manrique Cusirramos se apropió de diferentes sumas de dinero de la cooperativa para su campaña electoral consistió en retiros directos de la caja, justificando los egresos con la suscripción de “vales” con cargo a devolver. Los retiros fueron realizados en diferentes agencias de la cooperativa”, se lee en el requerimiento de detención preliminar.

Para ese momento, Manrique había creado otra cooperativa a la que bautizó como La Nueva, que recibía a la vez préstamos de Prestaperú. Fue a través de esta nueva firma que pagó la deuda que generó su campaña. Además, recurrió a cuentas de Prestaperú que estaban destinadas a otros asuntos. Así lo contó el aspirante a colaborador eficaz de código 1909-2019.

René Manrique también aportó S/112.323 a la campaña presidencial de Keiko Fujimori aquel 2016, según el reporte de la ONPE. Hoy está detenido junto a exsocios y familiares que, según la Fiscalía, lo ayudaron en sus fechorías. Lo que sigue es la prisión preventiva.

manrique y keiko — René Manrique junto a la lideresa del partido por el que postuló el 2016. Aportó a la campaña de Fujimori S/120.000. Y según la Fiscalía, se apropió de S/450.000 de Prestaperú para su propia campaña al Parlamento.

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Karelim López, la reina de Breña

Por: Alonso Ramos 8.12.2021

Karelim López es la reina de la selva en Breña. Y cree en los emprendimientos familiares. La polémica empresaria y su familia construyen un edificio de seis pisos en ese distrito en la cuadra cuatro del jirón Lastenia Larriva. Sin embargo, este no tiene permiso de construcción, según un documento municipal al que accedió Sudaca.

La obra está a medio construir y sobresale del resto de viviendas de la zona -frente al parque Pedro D’Onofrio- por ser la propiedad de mayor tamaño. “Las obras empezaron desde mayo y han causado daños en mi casa, que es colindante. No hay ningún letrero que indique que la obra sea legal”, dice Gloria Becerra, una vecina del lugar. En efecto, Sudaca comprobó que en la obra no hay rastro de que alguna inmobiliaria esté detrás o algún cartel que le dé visos de legalidad al proyecto.

Edificio de Karelim Lopez Arredondo — Fachada de la construcción del edificio en la cuadra 4 del jirón Lastenia Larriva de Llona, que pertenece a Karelim López Arredondo y familia. Foto: Alonso Ramos.

El apetito inmobiliario de Karelim López, hoy en el ojo de la tormenta por sus vínculos con Pedro Castillo y gobiernos pasados, empezó en el 2014. En marzo de aquel año compró una propiedad de 173 metros cuadrados en la calle Mama Ocllo, en Pueblo Libre, donde actualmente vive. Adquirió el inmueble, junto a su pareja Jonny Milla Cornejo, pagando US$170.000 al contado, de acuerdo a los papeles de Registros Públicos.

Luego, la controvertida asesora empresarial extendió su radio de acción a Breña. En noviembre del 2014, Karelim López y su pareja compraron una casa de 160 metros cuadrados -una planta- en el jirón Lastenia Larriva 428–430. El costo: US$120.000 pagados al instante. Tampoco hubo crédito hipotecario para adquirir esa vivienda, conforme a los documentos registrales. Casualidades de la vida: el inmueble queda en la urbanización Proveedores Unidos.

Compre de Edificio de Breña — Documento de Registros Públicos que consigna la compra de Karelim López y Jonny Milla de un inmueble en la cuadra cuatro del jirón Lastenia Larriva, en Breña, en el 2014, por 120 mil dólares. En esa propiedad hoy se construye un edificio sin licencia de edificación.

López, además, ha demostrado ser muy apegada a la familia. Aquel inmueble queda al costado de un chalet de dos plantas adquirido en el 2009 por sus abuelos, Victorio Arredondo Caycho y Alicia Vásquez Chirinos.

De ahí en adelante, Karelim López siguió apostando por Breña. En el 2017 compró ella sola otra propiedad de 160 metros cuadrados en la manzana N, lote 9, en la misma urbanización: Proveedores Unidos. Pagó la suma de S/331.000 en dinero contante y sonante. El inmueble queda cerca de la otra propiedad que tiene en el distrito, según dijeron vecinos del lugar a Sudaca. Y en el barrio la recuerdan por su afición a las juergas.

“Ella cerraba toda la cuadra cuando hacía fiestas a todo dar hace dos años. Venían personajes de la farándula, como Chibolín”, dice Gloria Becerra, vecina de las propiedades de Karelim López.

En mayo de este año, con Pedro Castillo en la segunda vuelta, Karelim López se hizo del dominio total del primer predio que adquirió junto a su pareja en el jirón Lastenia Larriva. Ello “en mérito a la donación del 50% de las acciones y derechos” otorgada por él (Jonny Milla), según los papeles registrales.

Y por esas mismas fechas, la lobista decidió apostar por aventuras inmobiliarias aún más complejas. Las propiedades de Karelim y la de sus abuelos, en la cuadra cuatro del jirón Lastenia Larriva, fueron derrumbadas para dar paso a una imponente construcción: un edificio de seis pisos. El problema es que la obra se ha estado construyendo sin permiso.

Un reporte de Fernando Valverde O’hara, subgerente de obras privadas y a la vez gerente de desarrollo urbano de la Municipalidad de Breña, da cuenta de que la obra no tenía licencia. «Se procedió con la búsqueda en nuestra base de datos físico, como digital, donde no se ubicó ninguna licencia de edificación a favor del predio, ubicado en jirón Lastenia Larriva de Llona 426–430 del distrito de Breña [en Registros Públicos figura que Karelim López es propietaria del inmueble 428- 430 y que sus abuelos Alicia Vásquez Chirinos y Victorio Arredondo Caycho, propietarios del 426]”, consignó el funcionario en un informe del 11 de noviembre pasado. En el documento Valverde dice que su función es «el otorgamiento de licencias de edificación”.

Informe de edificio de Breña — Informe del gerente de desarrollo urbano de la Municipalidad de Breña, Fernando Valverde O’Hara, que consigna que la construcción en el jirón Lastenia Larriva 426 – 430, que pertenece a Karelim López y familia, no tiene licencia. El documento es del 12 de noviembre pasado.

En la base de datos de ese distrito figuran como contribuyentes de esas casas Jonny Milla, pareja de Karelim López, Vania Buzzio Oliva, quien vendió la casa del 426 a los abuelos de la lobista, y Alicia Vásquez Chirinos, la abuela. Una fuente de la comuna dice que se trata de un registro no actualizado.

El documento del funcionario Fernando Valverde O’hara fue elevado al gerente municipal, Adolfo Granados Novoa, pero la gestión del alcalde acciopopulista José Li Bravo no ha movido un dedo para paralizar la construcción pese a la falta de licencia. Los obreros seguían con los trabajos la semana pasada, según pudo comprobar Sudaca. Voceros del municipio señalaron que no darían declaraciones sobre el tema.

Entre Karelim López y la gestión del alcalde Li hay algunas proximidades. Cynthia López, hermana de la lobista, fue contratada como “coordinadora general” de la comuna en marzo de este año, por S/5.000, de acuerdo al portal de proveedores del Estado. El trabajo fue sólo por un mes.

Cinthya López — Arriba: Documento de la Municipalidad de Breña que da cuenta el servicio de Cynthia López Arredondo, hermana de Karelim, como “coordinadora general” en marzo del 2021. Abajo: foto de Cynthia López.

Un reporte de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) del 2019, da cuenta de que la construcción de una vivienda multifamiliar de seis pisos, como la que levanta Karelim López, tiene que contar con la aprobación previa de una comisión técnica o de revisores urbanos para arrancar. “Para obtener la licencia de edificación, el predio debe contar con el correspondiente proyecto de habilitación urbana aprobado”, añade la PCM. Nada de esto está en los archivos del municipio de Breña.

“Tenemos una persona que empieza a comprar toda una cuadra y tirarse abajo sus propiedades para levantar un edificio nuevo. Ni bien Castillo estuvo en segunda vuelta, empezaron a construir”, dice un vecino de la urbanización que pidió guardar el anonimato.

Los vecinos no ven a Karelim López desde que estalló el escándalo por su presunta asesoría al consorcio Puente Tarata III, que ganó una licitación de S/232′587.014 para construir un puente vehicular en la región San Martín. La buena fortuna, aparentemente, sonrió a la lobista. Y es que el consorcio al que asesoraba obtuvo la buena pro después de que ella se reuniese tres veces con el jefe de Estado, y otras tres con el exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco, actualmente caído en desgracia.

Karelim López fue vista también, el pasado 19 de noviembre, en el lugar más famoso de Breña: el pasaje Sarratea. Fue a buscar al presidente Pedro Castillo. Seis días después, el 25 de noviembre, se suscribió el contrato de S/.232′587.014.00. Sudaca pidió la versión de la empresaria sobre sus irregulares desarrollos inmobiliarios, pero ella optó por guardar silencio.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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Breña, Karelim López, Pedro Castillo

El reparto de la torta: ¿una guardia mediática para el presidente?

Por: Alonso Ramos 3.12.2021

El presidente de la República está armando una estrategia para repartir la torta de la publicidad estatal a los medios de provincia, en un sistema que favorece a la prensa amiga del gobierno. Son poco menos de S/1.700 millones de soles en juego; el presupuesto del Ejecutivo por concepto de publicidad, según el portal de Transparencia Económica.

El 24 de noviembre, Pedro Castillo se reunió en Palacio con una delegación de periodistas de Huánuco afines a su gobierno para ver la forma de distribuir el dinero. Los hombres de prensa de esa región han creado una agencia de publicidad para canalizar la plata directamente hacia ellos y esperan que periodistas de otras regiones lo hagan.

24 de noviembre. El presidente Pedro Castillo posa con una delegación de periodistas de Huánuco tras reunión en Palacio para coordinar entrega de publicidad estatal. Foto: Al Día.“El presidente nos ratificó que la publicidad se va a descentralizar, no a los medios de comunicación, sino directamente a los periodistas”, dice a Sudaca César Mori Jiménez, gerente de la recién creada Agencia de Publicidad de Huánuco. Y es que en las regiones, el avisaje de la prensa local no funciona como en Lima. Es usual, por ejemplo, que algunos comunicadores editen sus propios diarios pequeños o que alquilen espacios en señales de radio y canales televisión, y que cobren directamente a los anunciantes privados sin la intermediación de un gran empresario. Ahora planean hacerlo con el Estado.

Mori, por ejemplo, también es director del diario “Al Día”, un medio pequeño que aborda principalmente noticias locales y policiales, y que apoyó a Pedro Castillo en la última campaña electoral. En el 2011, Mori postuló sin éxito por el fujimorismo en el distrito huanuqueño de Amarilis. “Nosotros estamos como periodistas para empujar el carro. Nosotros estamos en la posición de enderezar el barco si se está yendo a la deriva. No vamos a tergiversar las cosas, como los medios de la capital”, dice.

El encuentro entre Castillo y los periodistas de Huánuco tuvo una connotación política. La reunión se dio un día después de que el presidente condenase a “algunos medios de comunicación” de Lima por informar que fue abucheado por un grupo de personas en Arequipa que pedía su vacancia. El jefe de Estado aprovechó la ocasión para demonizar a los medios capitalinos y santificar a los de provincias.

“Encima, estos medios de comunicación piden que, en vez de darle agua a los pueblos, les demos presupuesto para que hablen bien del gobierno. Y aquí mi reconocimiento y gratitud a los medios de comunicación local y regional. Ellos conocen la realidad y ellos saben dónde están los grandes problemas del país”, dijo en un mitin en Huancavelica, el 23 de noviembre. Y añadió: “No me voy a permitir darle un centavo a aquellos que tergiversan la realidad, aquellos que no quieren ver al pueblo”.

El cuestionamiento del presidente se da en medio de una pugna feroz con la oposición en el Congreso, una moción de vacancia y una caída de su popularidad de 35% a 25%. “Piden una vacancia a una persona que ha sido elegida por el pueblo, cuando estamos fajándonos para darle gas a todos los peruanos”, dijo Castillo en Huancavelica.

ASESORÍA LEGAL

La reunión del 24 de noviembre fue en la noche. Estuvieron en Palacio unos 30 periodistas de Huánuco. En sintonía con el jefe de Estado, el diario Al Día emitió un comunicado sobre la cita. “Luego que el Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, anunciara públicamente que ‘no soltará ni un centavo’ a los medios de comunicación de Lima por la insania de desinformar y condicionar la información de las actividades presidenciales, y hacer un llamado a los periodistas de provincias para que colaboren con la transparencia de la información, un promedio de 30 hombres de prensa de la región Huánuco llegaron a Palacio de Gobierno para entrevistarse con el mandatario nacional y brindarle soporte a la democracia”, dice la nota de prensa.

Día al día-comunicado — Comunicado de los periodistas de Huánuco, publicado en «Al Día», sobre la reunión con el presidente Castillo. Dicen que van a “brindarle soporte a la democracia”.

Incluso, de acuerdo a un periodista huanuqueño, el presidente ofreció darles una asesoría legal para recibir la publicidad estatal. “El presidente de la República ha sido enfático al decirnos: ‘Sí, le vamos a dar la publicidad. Organícense, muchachos, a nivel nacional’ […]. Quedamos con el presidente de la República que nos iba a poner dos asesores para mejorar el tema legal”, dijo, en conferencia de prensa, Eustaquio Robles, integrante de la llamada Agencia de Publicidad de Huánuco.

Robles, que trabaja en el canal RTV, es un defensor de Castillo en redes sociales. “Pensé que Castillo tenía libertad de tránsito para salir de Palacio y hacer su vida”, escribió el 29 de noviembre sobre las visitas que recibió el presidente en el pasaje Sarratea, en Breña. Él es comunicador en sus ratos libres. Trabaja, principalmente, como funcionario del área de conflictos sociales en el gobierno regional de Huánuco, a cargo del acciopopulista Juan Alvarado.

Los dos periodistas de Huánuco consultados por Sudaca, Mori y Robles, aplauden que el presupuesto les llegue directamente a ellos y no únicamente a los dueños de los medios de comunicación de provincias. Esto por lo ya explicado: aducen que los hombres de prensa alquilan los espacios y no reciben sueldo de las empresas periodísticas. Anuncian que colegas de otras regiones, como Puno, Arequipa, Tacna, Moquegua, Ayacucho, Huancavelica, ya organizan sus propias agencias para morder una tajada de la torta publicitaria. Aseguran que hay discriminación respecto a las empresas capitalinas.

“El cuestionamiento principal es que para dar publicidad estatal se trabaja actualmente con un criterio de rating y, básicamente, los estudios de audiencia recaen en los medios de Lima. Y hay medios regionales que tienen mucho impacto en las regiones, pero no están en los estudios”, explica a Sudaca Marisol Castañeda, presidenta de la asociación de comunicadores Calandria.

La controversia por la publicidad estatal data del 2018, debido a su manejo con fines políticos. Ese año, el entonces congresista aprista Mauricio Mulder promovió una ley que prohibía a las entidades públicas contratar publicidad en medios privados. La propuesta fue apoyada por el fujimorismo, dominante en ese Parlamento, como una forma de castigar a la prensa que ventilaba las cuitas de Fuerza Popular.

Excongresista aprista Mauricio Mulder Bedoya, promotor de la llamada “Ley Mordaza”, en el 2018, que prohibía a las entidades públicas contratar publicidad con los medios privados. Foto: Andina.

En los primeros días de julio de este año, el Congreso pasado modificó la ley de publicidad estatal, la 28874. Ahí se obliga a invertir el 50% en medios de provincias. Castillo fue más allá. En el mensaje a la Nación del 28 de julio anunció que la publicidad estatal estará orientada “a los medios de provincias y redes virtuales”.

De esta manera, el presidente recrudece el enfrentamiento con la mayoría de medios nacionales que lo atacaron a mansalva en la última campaña. Un informe de la Unión Europea subrayó que “la cobertura de la mayoría de los medios privados fue claramente sesgada a favor de Fujimori y en detrimento Castillo, a menudo sin separar información de opinión, lo que socavó el derecho a recibir información veraz”.

Gloria Montenegro, excongresista de Alianza Para el Progreso y que presentó proyectos de ley para regular la publicidad estatal, dice que el mandatario hace bien en descentralizar los recursos, pero cuestiona que politice el tema. “El presidente está muy mal asesorado. Yo no respeto a los medios de comunicación en función de cómo me tratan. Yo respeto a los medios de comunicación en función a la llegada que tienen, a los segmentos a donde deben llegar. Va a tener que asesorarse mejor y utilizar a los medios de comunicación para que sirva no a sus objetivos políticos, sino a los temas que tienen que ver con la lucha contra la pobreza”, dice Montenegro.

En 2021, el presupuesto para publicidad estatal del gobierno nacional es de S/ 1.670’927,530, según el portal de Transparencia. De ese monto, a la gestión de Castillo le quedó una tajada de S/.440’347,818.00 para el periodo de agosto a diciembre de este año. Hasta ahora, ha invertido el dinero en algunos medios nacionales. Por ejemplo, en Latina (S/.2’633.917), RPP (S/.1’447.282), Exitosa (S/.520.740), diario El Comercio (S/.203.196) y La República (S/.145.866). No se registra inversión en Willax.

Cuadro del portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas. En él se aprecia que el gobierno nacional tiene un presupuesto de mil 670 millones de soles para gastar en publicidad este año.

Pero ahora la estrategia está dando el anunciado giro. Castillo estaría preparando una alianza con periodistas de las regiones para defender la imagen de su gobierno, justo cuando la oposición quiere su cabeza en una guillotina. “Recibir la publicidad del Estado no significa que vamos a vender nuestra línea editorial”, replica a Sudaca el periodista huanuqueño César Mori Jiménez. Y luego aprovecha la oportunidad para hacer un pedido: un bono de Navidad para los hombres de prensa de su región.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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Agencia Huánuco, Pedro Castillo, Publicidad Estatal

Perú Libre y los expedientes en Pangoa

Por: Alba Ñaupas 2.12.2021

El Gobierno Regional de Junín es una caja de pandora. Según un reciente informe de Contraloría al que Sudaca tuvo acceso, las últimas dos gestiones ocasionaron un perjuicio económico de S/920.664 en una obra de salud.

En este festival de presuntas irregularidades están involucrados siete funcionarios de confianza del fundador de Perú Libre, cuando todavía ocupaba el cargo de gobernador en el 2019. También se responsabiliza a una firma de arquitectos que ha sido sancionada tres veces y que actualmente se encuentra impedida de contratar con el Estado.

Las irregularidades fueron detectadas por la Gerencia Regional de Control de Junín, un despacho descentralizado de Contraloría, y tienen que ver con el retraso en la construcción del nuevo Hospital de Pangoa, cuyos servicios beneficiarían a cerca de 500.000 personas.

EXPEDIENTE DE DUDAS

En marzo de 2019, cuando Vladimir Cerrón llevaba pocos meses como gobernador regional, el consorcio Pangoa II comunicó que no podía cumplir el cronograma de la construcción del nuevo Hospital de Pangoa. El consorcio, que había ganado la buena pro para a finales de 2018, se quejaba de que el terreno no cumplía con los requisitos necesarios, y que la manera en que estaba planteado el proyecto generaría un alto riesgo para los pacientes debido a la proximidad entre el consultorio de TBC y los ambientes de Microbiología y Lavandería.

¿Qué había ocurrido? Según la Contraloría, la responsable de hacer el expediente técnico -el documento que establece los criterios para la ejecución de la obra– lo había hecho mal. Se trata de la firma Dextre+Morimoto Arquitectos SAC, contratada el 2016 por la gestión que antecedió a Perú Libre.

En el expediente técnico presentado por esta empresa se consideró la ubicación del nuevo Hospital de Pangoa en un terreno que no era del todo plano y que se encontraba a 85 metros de la ribera del río Chavini. La Norma Técnica de Salud, sin embargo, establece que debe haber una distancia no menor de 300 metros del borde de ríos, lagos o lagunas, y que el terreno debe ser “predominantemente plano”.

La Contraloría identicó un perjuicio de casi S/1.000.000 en la elaboración del expediente técnico para la construcción del Hospital de Pangoa, en Junín

Eduardo Dextre Morimoto, arquitecto de la firma, le echa la culpa al Minsa. “En proyectos de inversión del Estado, el que hace el expediente técnico depende de un estudio previo llamado ‘preinversión’ hecho por el propio Ministerio de Salud”, dice. Según su versión, este estudio ya incluye información como la del terreno de la obra, que -asegura- no pueden cambiar.

Lo cierto es que, mediante un acta del 15 de marzo del 2019, funcionarios del Gobierno Regional y el consorcio acordaron suspender la obra hasta resolver las inconsistencias. Pero Dextre+Morimoto Arquitectos no se dio por aludida en ningún momento. En paralelo a la suspensión, ese 2019 envió una carta notarial al Gobierno Regional solicitando que se le cancele S/462.291,20 correspondientes a informes por los que no se les había pagado aún.

Aunque la gestión que precedió a Cerrón ya le había transferido una cantidad considerable por sus informes técnicos, todavía le faltaba cobrar por otros dos que fueron parte del expediente. De acuerdo a la Gerencia Regional de Control de Junín, dichos informes no contaban con la aprobación correspondiente del Ministerio de Salud ni mucho menos fueron útiles. Aún así, se les pagó.

La Contraloría ha puesto en la mira a los funcionarios de confianza de Cerrón por este desembolso.

CERRONISTAS EN LA COLADA

Varios funcionarios de la gestión Cerrón están involucrados. Mediante un memorando, Luis Alberto Salvatierra Rodriguez, director regional de Administración y Finanzas del gobierno regional, comunicó el procedimiento a seguir para reconocer la deuda.

Quien argumentó a favor de Dextre+Morimoto fue la arquitecta Liana Vilcapoma Chicmana, que envió un documento a Marcial Castro Cayllahua, subgerente de Estudios, en el que sustentó que se debía pagar por los informes porque “en su momento fueron aprobados”. La Contraloría señala que Vilcapoma hizo esto “pese a tener conocimiento de todas las incompatibilidades halladas en el expediente técnico” y que eran materia de queja del consorcio que construía el hospital.

Posteriormente, Castro Cayllahua solicitó “a quien corresponda” iniciar el trámite para pagar la deuda. Pero entre las condiciones de pago se señalaba que uno de los informes debía contar con la opinión técnica favorable del Ministerio de Salud. Según la Contraloría, este documento no existió.

Pese a ello, Castro Cayllahua remitió un oficio a su colega Jakelyn Flores Peña, gerente regional de Infraestructura, en donde le solicitaba ordenar el pago a favor de Dextre+Morimoto Arquitectos SAC. Tanto Castro como Flores son caseritos en los informes de la Contraloría. Como reportó Sudaca hace un mes, los dos fueron señalados como responsables del perjuicio económico de más de S/1.000.000 por trabajos que nunca se realizaron en una carretera de Junín.

La empresa Dextre+Morimoto Arquitectos SAC solicitó, mediante una carta notarial, que se le cancele S/462.291,20 por dos informes que fueron parte del expediente técnico. Según la Contraloría, dichos informes no cumplieron «ninguna finalidad pública». Aún así, los funcionarios cerronistas tramitaron el pago.

Finalmente, el director de Administración y Finanzas, el ya mencionado Salvatierra Rodríguez, aprobó pagar la deuda. Salvatierra sigue trabajando en el Gobierno Regional de Junín con el mismo cargo y es militante de Perú Libre desde septiembre del año pasado.

Su decisión fue avalada por otros dos militantes del lápiz. El pago contó con el visto bueno de Ofelia Ríos Pacheco, subdirectora de la Oficina de Administración Financiera. Ella fue nombrada tesorera titular de Perú Libre el 2019. Junto a Cerrón, recientemente fue acusada por presuntamente haber usado para otros fines S/2.880.088 del presupuesto destinado al proyecto de Reforestación de la Margen Derecha del Valle del Mantaro, en Junín. Esto habría ocurrido durante la primera gestión de Vladimir Cerrón, de acuerdo al diario La República.

Otro de los responsables, según la Contraloría, fue Daniel Huamán Huamán, coordinador de Tesorería, quien dio conformidad al pago. Desde septiembre del año pasado, Huamán es militante del partido que ganó la presidencia.

Con todos los funcionarios alineados, el pago de la deuda a Dextre+Morimoto Arquitectos SAC se realizó el 27 de junio de 2019, durante la gestión de Cerrón.

MAL INICIO

Lo cierto es que todo había empezado mal. La gestión que antecedió a Cerrón en Junín, liderada por Ángel Unchupaico (2015-2018), fue la que contrató a la mencionada firma de arquitectos en diciembre de 2016. Lo hizo para que elabore los expedientes de dos proyectos de infraestructura hospitalaria: el mencionado Hospital de Pangoa y el Hospital Manuel Higa Arakaki.

Lo curioso es que no solo los cronogramas de entrega de ambos proyectos eran iguales, sino que los dos tenían al mismo arquitecto: Eduardo Dextre Morimoto. Esto no debió darse, dice la Contraloría, porque “el personal clave propuesto debía ser de dedicación exclusiva” de cada obra. Así lo establecían las bases de selección. Según el informe de la Gerencia Regional de Control de Junín, esto “tuvo incidencia directa en la calidad de los estudios elaborados” en el caso del Hospital de Pangoa.

Dextre+Morimoto Arquitectos SAC ya ha sido cuestionada antes. En el 2015, tuvo que pagar una penalidad de S/10.014 al Ministerio de Economía y Finanzas por el “incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales”. Además, ha sido sancionada tres veces por el Tribunal de Contrataciones del Estado por presentar información inexacta y documentos falsos. Por este último motivo, desde el 2018 se encuentra impedida de contratar nuevamente con alguna entidad pública hasta junio del próximo año.

La Contraloría también cuestiona el trabajo del consorcio que evaluó los informes emitidos por Dextre+Morimoto Arquitectos SAC para los dos hospitales. Se trata del Consorcio San Martín de Pangoa. Nuevamente, esto no podía ocurrir porque los contratos de ambas obras requerían que los especialistas se dediquen exclusivamente a cada uno de los hospitales. Por el trabajo de evaluar el expediente, se le pagó S/60.000.

Sudaca se comunicó con el consorcio, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron.

La Contraloría también detectó que la gestión de Unchupaico no debió pagar S/322.172,8 a Dextre+Morimoto Arquitectos SAC por la elaboración de algunos informes. Luego vino la gestión de Cerrón y completó la cuenta con los S/462.291,2 ya mencionados, pese a las irregularidades señaladas en la primera parte de este informe. En total, solo este expediente causó un perjuicio económico de S/784.464. Pero los gastos pueden aumentar.

El arquitecto Eduardo Dextre dice que el Gobierno Regional de Junín todavía le debe cerca de S/120.000 de un fondo de garantía y que ya solicitó el pago mediante cartas notariales.

MÁS EXPEDIENTES CUESTIONADOS

Los mismos trabajadores de la gestión cerronista, además de Wider Herrera Lavado -gerente general regional hasta enero de 2020-, también autorizaron la elaboración de un segundo expediente técnico, que no solo contempló la reubicación del terreno, sino “la innecesaria modificación del programa Médico Funcional”, un documento que contiene toda la estructura administrativa y asistencial para el funcionamiento del centro de salud.

Esto le ocasionó al Gobierno Regional un perjuicio económico de S/76.200, según la Contraloría, monto que se pagó por la contratación de especialistas que evaluaron aquel expediente. Según el órgano de control, este “fue aprobado sin considerar las normativas aplicables […] y no resultó útil para la ejecución del proyecto”. El 24 de diciembre de 2019 se declaró la nulidad de este segundo expediente porque no contaba con sustento técnico.

De izquierda a derecha: Luis Alberto Salvatierra Rodriguez, Ofelia Ríos Pacheco y Wider Herrera Lavado.

Sudaca se puso en contacto con todos los aludidos. Consultada por su presunta responsabilidad por el perjuicio económico, Jakelyn Flores, exgerente regional de Infraestructura, respondió que no tiene conocimiento del tema. Por su parte, Wider Herrera, gerente general regional durante el 2019, afirmó que su “participación siempre estuvo acorde a las normas y conforme a mis funciones en su momento”.

Ofelia Ríos, actual subdirectora de administración financiera, se limitó a leer los mensajes. Quien sí contestó fue Marcial Castro, quien aseguró que “se hizo lo correcto, ahora la Contraloría se encargará de determinar responsabilidades”. Finalmente, el aún director regional de Administración y Finanzas, Luis Salvatierra dijo que “la Contraloría presume en ese informe” y que por eso no puede ser considerado responsable.

A pesar de ser enemigos acérrimos, las gestiones en el gobierno regional de Junín de Ángel Unchupaico (2015-2018) y Vladimir Cerrón (2019) parecen estar unidas por sus clamorosas irregularidades. Una de ellas es la historia del Hospital de Pangoa que aquí relatamos.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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Cerrón, contraloria, Junín, Perú Libre

Pasaje Sarratea: el visitador que no quería ser identificado

Por: Redacción 30.11.2021

Por Julio Rospigliosi y Alessandro Azurín

Cuando las cámaras de América TV se acercaron, se escondió detrás de las rejas de su domicilio y apenas atinó a decir: “Yo voy a visitar a mis amigos, nada más”. Minutos antes de aquella madrugada del 21 de octubre, este huidizo personaje había salido de la casa del jirón Sarratea, en Breña, que el presidente Pedro Castillo usa para sus irregulares reuniones nocturnas.

A insistencia del reportero, el misterioso sujeto se presentó como Carlos Ponce. Debe haber sido el primer nombre que se le ocurrió, porque en realidad se llama distinto: Elmer Marino García Gutiérrez. Es el flamante subgerente de distribución y almacenamiento en la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (Ceabe) de EsSalud, y también un personaje cercano al cuestionado mandamás del seguro social, Mario Carhuapoma.

¿Por qué no dijo la verdad? “Seguro por apuro lo dije, pero ya tienen mi nombre [real]”, es la inverosímil respuesta que da a Sudaca.

PROVEEDORES DEL ESTADO

Elmer García, como Carhuapoma, es químico farmacéutico. Dice que conoció a su actual jefe en la universidad. Pero lo más interesante es su experiencia laboral. El hombre que mintió sobre su identidad ha trabajado recientemente en empresas proveedoras del Estado. Una de ellas es Quimtia SA, donde estuvo en el área de “aseguramiento de calidad” desde el 2013 “hasta la actualidad”, según su LinkedIn. García asegura, sin embargo, que ya no labora en esa empresa.

Nota de edición: Luego de publicado este informe, Quimtia envió un comunicado señalando que el señor García Gutiérrez dejó de tener vínculo laboral con esta empresa en febrero del 2017. Cabe aclarar que el señor García se limitó a decir en la entrevista que ya no era trabajador de esta compañía sin precisar la fecha. A continuación reproducimos la carta de Quimtia.

Quimtia ha ganado 66 licitaciones públicas en los últimos cinco años, la mitad con EsSalud. Sólo en el período de Pedro Castillo, logró 12 contratos con el seguro social por un monto total de S/653.400, según el buscador del OSCE. Los últimos tres contratos se cerraron el 29 de octubre, una semana después de que García pasara por Breña, y son para la “adquisición de material de laboratorio” destinado a la red de salud de Piura.

No es la única compañía proveedora a la que estuvo ligado García. Según LinkedIn, fue gerente comercial de Cromilexming EIRL, que ha tenido contratos con EsSalud y el Instituto de Enfermedades Neoplásicas en el 2019, y en sus redes sociales promocionaba los trabajos de Erel Farmadroug SAC en diversos centros de salud del país hasta un mes antes de que asumiera este gobierno. El 2021, antes de la primera vuelta, mostró -vía Facebook- sus simpatías por Pedro Castillo.

elmer garcia quimtia — *Elmer García, posando con una casaca de la empresa Quimtia en una foto subida en noviembre del 2020.*

Ya con el profesor en el poder, pasó del sector privado a ser funcionario público. Desde agosto, su nombre figura en el portal de Transparencia como subgerente de la Ceabe, la central encargada de la “programación, contratación, almacenamiento, distribución y redistribución de bienes estratégicos, como productos farmacéuticos, dispositivos médicos, equipos médicos y ropa hospitalaria”, según el reglamento de organización y funciones de EsSalud publicado en mayo del 2021.

Consultado por su versión, García dice que no le compete la función de adquirir bienes. Asegura que la subgerencia de la Ceabe en la que está contratado, la de almacenamiento y distribución, se mantiene al margen de aquellos asuntos. Por estas tareas percibe un sueldo de S/10.816.

Pero el químico farmacéutico es un personaje con bastante llegada al Ejecutivo. García estuvo presente en la transferencia de la cartera de salud de este gobierno, como reveló él mismo en una fotografía que subió a su Facebook.

Ya en el cargo, visitó el jirón Sarratea, de Breña, la noche del pasado 21 de octubre, cuando fue captado por Cuarto Poder. El 26 de ese mes, también ingresó a la oficina del congresista Waldemar Cerrón, representante del ala más radical de Perú Libre. Un mes antes, lo había hecho en el despacho del oficialista Edgar Tello.

Le enviamos al personaje un pliego amplio de preguntas sobre estas visitas, pero prefirió no responder. “Podrían preguntar sobre lo bueno que hacemos en la entidad”, nos espetó. Él podría haber dado su nombre real a la prensa, pero eligió no hacerlo.

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ESSALUD, Pedro Castillo, Reuniones en Breña

Exmonjas de congregación fundada por Luis Fernando Figari denuncian abusos

Por: Redacción 30.11.2021

Artículo original publicado el 27 de noviembre de 2021 por Elise Ann Allen en Crux

https://cruxnow.com/church-in-the-americas/2021/11/peruvian-ex-nuns-report-abuses-of-power-conscience-inside-order

Traducción del inglés por Martin Scheuch.

“Una Sierva es recia. Quien obedece nunca se equivoca. La voz de tu superior es la voz de Dios. Cuestionar a tu superior es cuestionar a Dios. Nunca debes confiar en nadie fuera de la comunidad. Tu familia es una tentación del demonio”.

Estas son algunas de las frases inculcadas en las mentes de las jóvenes que forman parte de las Siervas del Plan de Dios (SPD), conocidas coloquialmente como las Siervas. Se trata de un grupo de mujeres consagradas fundado en el Perú en 1998 por el laico Luis Fernando Figari.

Figari es también el fundador de otras comunidades laicas: una de varones, el Sodalitium Christianae Vitae (SCV); y otra de mujeres, la Fraternidad Mariana de la Reconciliación (FMR).

Las tres son sociedades de vida apostólica de laicos consagrados. Sin embargo, a diferencia del SCV y de la FMR, las Siervas -conocidas en las medios sociales por sus videos interpretando música- visten el hábito tradicional y tienen un carisma particular de servir a los pobres y necesitados.

En el 2015, los periodistas peruanos Paola Ugaz y Pedro Salinas publicaron el best seller ‘Mitad monjes, mitad soldados’, que incluía los testimonios de numerosos exmiembros del SCV acusando a Figari de diversas formas de abuso físico, psicológico y sexual, incluso contra menores. Así como abusos de poder, de autoridad y de conciencia.

Los miembros denunciaban la cultura interna tóxica y militante en que la autoridad era incuestionable. Los miembros eran sometidos rutinariamente a crítica, humillados públicamente y empujados a sus límites físicos y mentales con el fin de ser “suficientemente recios” para asumir los retos de responder al llamado de Dios.

Figari fue sancionado por el Vaticano en el 2017 y tiene prohibido cualquier contacto con las comunidades que fundó. Mientras tanto, el SCV está pasando por un profundo proceso de reforma que incluye la revisión de sus constituciones bajo la guía de tres delegados nombrados por el Vaticano.

Las ramas femeninas del SCV han estado largo tiempo fuera de los reflectores no obstante las numerosas denuncias de abusos similares dentro de estas comunidades.

Entre 2016 y julio de este año, cerca de 30 exintegrantes de las Siervas, algunas de las cuales dejaron la comunidad en tiempos tan recientes como el 2020, han presentado denuncias ante las autoridades eclesiásticas en Perú, Chile y el Vaticano.

Crux ha podido acceder a varias de estas denuncias.

Entre aquellas que han denunciado están Ángela Cardona, que pasó 16 años dentro de la comunidad; Paola Mattos, que estuvo 17 años; Melanie Taylor, que estuvo 6; Verónica Avilés, que estuvo 7; y Delia Avilés, que estuvo 8 años.

UNA HISTORIA DE ABUSOS

Fundadas con el carisma de servir a los pobres y a los más necesitados, el mantra de las Siervas siempre ha sido: “Si estás cansada, no lo muestres. Muestra siempre una dulce y tierna sonrisa como Santa María”.

Pero según las exintegrantes, esta dulce sonrisa no siempre era sincera y, con frecuencia, fue usada como una máscara para ocultar las consecuencias físicas y emocionales de los abusos de poder y autoridad que fueron moneda corriente dentro de la comunidad.

Muchas de las exintegrantes que denunciaron abusos en las SPD se quejaron de los ejercicios excesivos que las empujaron más allá de sus límites físicos, que causaron en algunos casos lesiones permanentes, con un énfasis excesivo en dietas y en la apariencia física.

Según las exintegrantes, sólo las chicas más bonitas y las que pertenecían a las familias más adineradas le eran presentadas a Figari cuando visitaba sus comunidades y se pasaban semanas ensayando sus platos favoritos antes de que él viniera.

A las mujeres más rollizas les decían cosas como “a Dios no le gusta que seamos gordas” o “la que es gorda no es apostólica” y eran puestas a dietas estrictas sin consultar a un nutricionista. Algunas aseguran que fueron obligadas a hacer ejercicios adicionales o fueron testigos de que se les exigió eso a otras chicas, ocasionando en algunas una serie de problemas de salud, incluyendo anemia.

Una exintegrante que prefirió guardar anonimato por miedo a repercusiones dijo que a las integrantes de la comunidad en Chosica se les exigía anualmente trepar un cerro rocoso para que pudieran rezar en la cima.

No había ningún camino hacia la cima, de modo que a las hermanas se les obligaba a trepar por las rocas con simples zapatos formales de color negro, en lugar de calzado deportivo o botas de excursionismo, y sin ninguna otra forma de protección.

Una vez que alcanzaban la cima, tenían tiempo para la oración, la reflexión y la meditación.

En una ocasión, como cuenta una exintegrante, resbaló y se cayó encima de un cactus, pero aun así se le exigió finalizar la ascensión. Cuando regresaron a la casa de comunidad, su espalda estaba llagada y sangraba.

La hermana dijo que, en todos los años que vivió en la casa de comunidad en Chosica, ni una sola vez la superiora participó de la ascensión. En lugar de eso, con frecuencia, se quedaba en la cama en pijama hasta bien avanzada la mañana.

Las exintegrantes dijeron que fueron reprendidas o recibieron correcciones humillantes delante de toda la comunidad, con la superiora gritando o arrojando objetos. Muchas denunciaron haber sido objeto de abuso verbal, habiéndoseles dicho cosas como “usa la única neurona que tienes” cuando cometían un error.

Otras denunciaron, además, que hubo manipulación de sus procesos de discernimiento y que se les dijo que manifestar dudas sobre su vocación era equivalente a ceder a las tentaciones del demonio.

Ciertas integrantes también contaron de problemas que tuvieron durante sus años de formación, los cuales, en vez de enfocarse en el estudio y el discernimiento, transcurrieron para ellas como sirvientas personales de la superiora, haciendo de todo: desde limpiar habitaciones hasta planchar velos y lavar ropa interior.

Muchas exhermanas señalaron en sus denuncias el número significativo de integrantes de la congregación que recibían alguna forma de tratamiento psicológico, el cual se inició para la mayoría apenas ingresaron a la comunidad, incluyendo varias que fueron medicadas. Muchas dejaron la comunidad con desórdenes de ansiedad y algunas desarrollaron síndrome de estrés postraumático.

También denunciaron el presunto mal uso de recursos. Señalaron que el dinero destinado a sostener proyectos para los pobres fue, en cambio, invertido en la comunidad. Esto mientras que los hogares de ancianos pasaban meses sin reparaciones básicas y se les proveía solo con los materiales más elementales y baratos.

LEALTAD A FIGARI

No obstante los rumores públicos sobre las inconductas de Figari e incluso las sanciones que le impuso el Vaticano el 2017, las exintegrantes de las SPD señalaron que seguía siendo idolatrado por la comunidad.

Paola Mattos, quien denuncia haber sufrido diversos abusos psicológicos, abusos de autoridad y acciones en perjuicio de su salud física mientras vivía en la comunidad, relató que cuando se estaba preparando para una operación quirúrgica -la cual se efectuó aproximadamente al mismo tiempo en que estaban saliendo a la luz las acusaciones contra Figari- se le dijo que este estaba siendo “injustamente perseguido” y que debía ofrecer sus sufrimientos por él.

De manera similar, una vez que las acusaciones fueron públicas y quedó claro que el Vaticano probablemente tomaría acciones contra Figari, Delia Avilés les preguntó a sus superioras si debía deshacerse de la colección de libros de Figari que había en la casa de comunidad.

Como respuesta se le dijo: “Hay que guardarlos, quizás en este tiempo en Roma él se santifique y sea santo. Eso no lo sabemos nosotros”. El diálogo se dio cuando Figari había sido enviado a vivir en Roma en el momento en que los rumores sobre su conducta habían comenzado a circular en el Perú.

Otras exintegrantes denuncian haber oído a hermanas defendiendo a Figari y señalan que las superioras de las Siervas imitaban su estilo autoritario de liderazgo, incluso después de haber sido sancionado.

UNA VISITA APOSTÓLICA Y DENUNCIAS REALIZADAS

En el 2016, la primera denuncia contra las Siervas por diversos abusos ingresó en la Oficina Pastoral de Denuncias (OPADE) en Chile. Fue hecha por una excandidata a las SPD.

Un año más tarde apareció un informe en un periódico chileno, El Mostrador, escrito por una excandidata a las SPD, haciendo un recuento terrorífico de relatos de abusos dentro de la comunidad. Se daban a conocer así estas acusaciones a la opinión pública.

En mayo de 2018, cinco exintegrantes de las Siervas hicieron llegar sus denuncias a Monseñor José Rodríguez Carballo, Secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, haciendo un recuento de sus historias de abusos. Aún no han recibido una respuesta.

En ese momento estas cinco mujeres también informaron a las SPD que habían hecho la denuncia, pero no les revelaron su contenido. Sin embargo, trascurrido un año sin ninguna respuesta, les enviaron el informe completo el 2019. Las SPD respondieron, pero no hubo ningún cambio o investigación.

Varios meses después de la denuncia hecha por las cinco exintegrantes el 2018, varias mujeres pertenecientes a la comunidad en ese entonces -hoy ya no- le escribieron al arzobispo de Lima, el Cardenal Juan Luis Cipriani, sobre su creciente preocupación por las conductas dentro de las SPD.

En diciembre de 2018, Cipriani puso en marcha una visita canónica a las SPD, requiriéndoles no mantener ninguna comunicación externa mientras la visita tuviera lugar. A las integrantes se les dijo que, si hablaban de la visita con alguien fuera de la comunidad, incluyendo sus familias, era una violación de su promesa de obediencia.

Los primeros delegados que llevaron a cabo la visita fueron el sacerdote peruano Jose Taminez y la monja peruana María Elena Camones. Sin embargo, Cipriani dejó su cargo cuando la visita no había aún terminado y ahora el obispo auxiliar de Lima, Mons. José Salaverry, es el encargado de llevar adelante la visita junto con la Hna. Camones.

En ese entonces se le dijo a la comunidad que cada una de sus integrantes sería entrevistada como parte de la visita. Sin embargo, las exintegrantes denuncian que este no fue el caso y que a muchas de ellas se les impidió hablar con los delegados, incluyendo a varias que habían confiado los abusos a sus superioras.

La visita terminó abruptamente sin concluir su trabajo poco después de que el nuevo arzobispo de Lima, Mons. Carlos Castillo, asumiera su cargo en marzo de 2019 y a las hermanas se les dijo que la razón de esto estaba en el cambio de autoridad eclesiástica en Lima. Sin embargo, algunas exintegrantes dijeron que algunos funcionarios de la Iglesia en Lima les comunicaron que otro motivo fue la falta de transparencia de las integrantes y autoridades de las SPD durante las entrevistas.

Algunos meses después, en agosto de 2019, un grupo de 20 exintegrantes de las SPD enviaron un dosier a Mons. Castillo, reseñando testimonios y denuncias de varios abusos. Este dosier fue posteriormente presentado a Mons. Salaverry, que es ahora delegado del arzobispado de Lima para la vida consagrada.

Mons. Salaverry no ha respondido al pedido de comentarios por parte de Crux sobre los resultados de la visita y el estado actual de las SPD.

En junio de 2021, un grupo aparte de siete exintegrantes hizo llegar una denuncia formal a la Oficina Pastoral de Denuncias de Chile y en julio sus denuncias fueron enviadas al Vaticano, a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, a través del subsecretario del dicasterio, Pier Luigi Nava.

Muchas de las denuncias involucraban a Andrea García, quien ha dejado la comunidad, pero que estuvo a cargo de la formación de las SPD entre 1998 y 2017. Fue Superiora General de la comunidad de 1998 a 2005 y parte del Consejo Superior de 1998 a 2018.

Las ex integrantes también acusan a las Hnas. Carmen Cárdenas, Claudia Duque y Elizabeth Sánchez de diversos abusos dentro de la comunidad.

La misma Hna. Cárdenas fue Superiora General de las SPD desde 2005 hasta enero de 2020. Ambas, ella y la Hna. García, fueron designadas por Figari. La actual Superiora General de las SPD, Natalia Sánchez, fue la primera en ser elegida por las mismas integrantes de la comunidad en el año 2020.

En sus comentarios a Crux, la Hna. Natalia Sánchez, actual Superiora General de las SPD, dijo que desde hace algunos años la comunidad está pasando por “un proceso de reflexión y renovación”.

Parte de este proceso, según ella, fue la primera Asamblea General de las SPD, que tuvo lugar a fines del año 2019.

Durante la asamblea “hemos podido elegir a nuestras nuevas autoridades y replantear nuestro camino en comunidad al servicio de la Iglesia. Reconocemos que es un camino largo en el que aún hay más por profundizar y aprender”, dijo.

Sánchez dijo que la comunidad está promoviendo actualmente varias actividades orientadas a una reforma, incluyendo cursos de entrenamiento sobre varios temas; encuentros y conversaciones con especialistas; desarrollo de protocolos para la prevención e identificación de abusos, según las normas de la Iglesia; un plan revisado de formación, incluyendo la formación de aquellas que ejercen de superioras en las casas de comunidad y de las hermanos a su cargo.

Todos estos pasos, dijo Sánchez, “son necesarios para la práctica saludable del discernimiento comunitario que promueva la participación de las hermanas y la vida fraterna”.

Dio fe de la de la “total disposición” de las SPD para cooperar con las autoridades competentes, “para que se esclarezca cualquier hecho que sea materia de denuncia y se tomen las medidas pertinentes y así prime y se garantice la verdad y justicia que tanto necesitan las personas que hayan sido afectadas y nuestra Iglesia”.

Sánchez no reveló si se ha iniciado una investigación sobre las Hnas. Cárdenas, Duque y Sánchez.

A día de hoy, Delia es la única que ha oído algo del Vaticano después de enviar una denuncia personal al Cardenal Luis Ladaria, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, mediante un correo electrónico de diciembre de 2020.

Precisamente en este mes en curso, casi un año después de contactar a Mons. Ladaria, Delia recibió un correo de un funcionario de la así llamada Congregación para Religiosos solicitando una dirección a la cual poder enviar una carta formal del dicasterio.

En la carta, firmada por la Hna. Carmen Ros Nortes, subsecretaria de la Congregación para Religiosos, se le informa a Delia que su denuncia de diciembre de 2020 había sido recibida y que “ha sido objeto de un análisis detenido y llevado a la autoridad competente para solicitar una respuesta al respecto”.

“Por el bien de todos y de la Iglesia, se ha pedido a las mismas autoridades que actúen, superen y corrijan los aspectos impropios e incorrectos que se encontraron en el gobierno, en la formación y en la constatación de eventuales actos de abuso de poder, de violencia psicológica o de manipulación de la conciencia”, decía la Hna. Ros Nortes en la carta.

La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica rechazó un pedido de Crux solicitando comentarios sobre el estado de las SPD y si se ha abierto una investigación.

El 16 de noviembre, las SPD anunciaron en su página de Facebook que a inicios de este mes tuvieron un encuentro virtual con todas sus integrantes en el mundo para poner en marcha el protocolo de prevención de abuso, en el contexto del “tiempo institucional de revisión, reflexión y renovación”.

Pero para las ex integrantes, muchas de las cuales dejaron la comunidad en los últimos cinco años, gestos como estos son demasiado tardíos y existen dudas sobre si puede tener lugar una reforma significativa cuando el liderazgo de la comunidad aún está compuesto por integrantes de la “vieja guardia” formadas en tiempos de Figari.

Dado que muchas de las exintegrantes han dejado la comunidad en época muy reciente, esto significa que los abusos que experimentaron dentro de la comunidad seguían ocurriendo incluso después de que Benedicto XVI y el Papa Francisco intentaron reformar la vida consagrada, y después de que se hicieran públicos los escándalos que involucraban a Figari y a varios otros fundadores de movimientos eclesiales.

Actualmente hay una presión enorme dentro del Perú para disolver el SCV y toda la Familia Sodálite.

Aún ha de verse lo que sucederá con estas comunidades, pero una cosa es cierta: que independientemente de su destino, son un ejemplo notorio del trabajo que aún necesita hacerse en el arduo y progresivo esfuerzo de reformar la vida consagrada en la Iglesia católica.

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Una vida sobre ruedas

Por: Alonso Ramos 28.11.2021

El exsecretario general de la Presidencia pasó de hacer taxi en un Daewoo Tico, modelo 1994, a presumir de una camioneta Toyota Fortuner 2019, valorizada en US$41.490. Con este último vehículo el profesor de secundaria de los cursos de Química y Biología llegó el viernes pasado a Palacio de Gobierno, de acuerdo a las imágenes de varios canales de televisión. La camioneta pertenece a la compañía Servicios de Salud Guadalupe, la razón social de la clínica Guadalupe de Chorrillos, según Registros Públicos.

Pacheco visitó a Beder Camacho Gadea, nuevo subsecretario general de Presidencia y exfuncionario en el gobierno de Ollanta Humala. Lo hizo en medio de la polémica por el hallazgo de US$20.000 en el baño de su oficina en Palacio, durante una inspección del fiscal anticorrupción Marco Huamán que lo investiga por presionar al jefe de la SUNAT, Enrique Vera Castillo. Para la cita Pacheco llegó y salió a bordo de la camioneta de la clínica Guadalupe.

El centro de salud es dirigido por Elena Maco Flores, quien –en noviembre del 2020- fue detenida por presuntamente dirigir a personal médico que no reunía los requisitos para atender. El caso no llegó a mayores porque la clínica sigue funcionando, con Elena Maco al frente. La clínica Guadalupe ganó este año un contrato de S/11.031 en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de acuerdo a datos de la cartera de Economía y Finanzas. El portal no consigna qué mes. ¿Qué hacía Pacheco a bordo de un automóvil de un proveedor? Por ahora es un misterio. Sudaca se comunicó con él, pero al cierre de esta edición no respondió a nuestras llamadas. También llamamos a la casa de la directora de la clínica, pero dijeron que no se encontraba.

Leyenda-Toyota — Izquierda: Partida registral que consigna la compra de un Toyota Fortuner 2019 por parte de Servicios de Salud Guadalupe. El costo: US$41,490. Derecha: Esa camioneta fue usada por Bruno Pacheco para ir a Palacio el viernes 26 de noviembre.

La ostentación actual de Pacheco contrasta con su modo de vida de años atrás. En el 2004, por ejemplo, compró un Daewoo Tico a US$1.200, conforme a los documentos registrales. El pequeño auto se usaba para hacer taxi, según informes del Servicio de Administración Tributaria (SAT). El Tico hasta ahora está a su nombre.

Partida registral que consigna que, en el 2004, el exsecretario general de Presidencia Bruno Pacheco compró un Daewoo Tico a US$1,200.

El 2009, Pacheco fue multado por haber cometido una falta grave a bordo de este carro. El vehículo registra otras sanciones. En el 2012, le aplicaron papeletas por estacionarse en zonas indebidas en el Rímac e Independencia, por un monto total de S/704. Los informes colocan que Arnulfo Bruno Pacheco Castillo era el propietario del Tico amarillo y no dan cuenta que haya alquilado el carro o que el conductor fuese otro. Los inspectores le tomaron foto al auto de Pacheco. Tenía el letrero de “Taxi”.

Uno de los reportes del SAT da cuenta de otra infracción por “detener el vehículo sobre la línea demarcatoria de intersección, dentro de éstas o en el crucero peatonal (pase peatonal)”.

Tico-leyenda — Izquierda: Papeleta impuesta, en el 2012 a Bruno Pacheco Castillo, a bordo de un Daewoo Tico por invadir carril peatonal. Derecha: Foto del pequeño vehículo usado como taxi. Fuente: Servicio de Administración Tributaria.

Pacheco tuvo otros tres autos a lo largo de su vida, que ya no le pertenecen. Tuvo un Nissan de 1985, que también lo usó para hacer taxi, de acuerdo a información del SAT. Y dos autos Toyotas, de 1993 y 1995. Los carros terminaron en manos de sus hermanos Gloria y Misael. No tiene inmuebles a su nombre.

En la declaración jurada de intereses que presentó a la Contraloría, Pacheco consignó que ejerce de profesor en la Unidad de Gestión Educativa Local 07 desde 1998. En el 2014 comenzó a trabajar como jefe de selección y capacitación de personal en la compañía de seguridad Vigarza.

Pacheco llegó a la cumbre al ser designado este año secretario general de Palacio, ganando S/25.000 mensuales. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó recientemente S/80.000 en las cuentas del exasesor del presidente Pedro Castillo, informó “La República”. Los movimientos financieros de Pacheco son escudriñados con lupa por la Fiscalía.

Deltron por dentro

El fiscal anticorrupción Marco Huamán Muñoz ha puesto el punto de mira, principalmente, en la relación entre Pacheco y el grupo informático Deltron, creado en 1992. Deltron es un importante proveedor del Ministerio de Educación, el sector en que Pacheco se mueve como pez en el agua. Ha ganado contratos por S/478’704.000, entre 1999 y 2021, según el portal de Transparencia Económica del MEF. El año pasado la compañía obtuvo el acuerdo más ventajoso en su historial con el Estado: la cartera de Educación le adjudicó una licitación de S/123’309.703 como proveedor de las tabletas para los escolares.

El grupo Deltron fue fundado por Néstor Quispez Asín Serna, un empresario vinculado a Perú Posible, el partido al que perteneció Silvia Barrera, considerada el enlace entre la empresa y Bruno Pacheco.

Quispez Asín se dejó ver en eventos relacionados con los peruposibilistas. En el 2015 participó en la presentación del libro “La sociedad compartida”, de Toledo, actualmente prófugo. También asistió a eventos coordinados por Gustavo Pacheco, exescudero de Toledo y actual parlamentario andino por Renovación Popular, sobre gobernabilidad y negocios.

Quispez-Toledo — 2015. Néstor Quispez Asín Serna (con un teléfono en la mano), fundador del grupo Deltron, en la presentación del libro del expresidente y fundador de Perú Posible, Alejandro Toledo, “La sociedad compartida”.

No resulta extraño, por lo tanto, la conexión entre Quispez Asín y Silvia Barrera, exalcadesa de Villa María del Triunfo por Perú Posible e incondicional del expresidente Toledo.

Barrera fungió como intermediaria entre Pacheco y Deltron al enviarle al primero una resolución de la SUNAT, en el 2015, sobre la deuda tributaria de la compañía. El objetivo: que el exsecretario mueva sus influencias para dejar de cobrarle impuestos a la firma que vende productos informáticos. Pacheco aceptó el encargo y empezó a operar. Le envió un chat al jefe de la SUNAT para que perdone la deuda de sus amigos de Deltron porque “si no lo van a mandar a la bancarrota”,

De acuerdo a los estados financieros del 2018, Deltron arrastraba una deuda de S/2’067.000. El grupo empresarial, ante el escándalo suscitado por las presiones de Bruno Pacheco al jefe de la SUNAT, dijo no tener “deuda tributaria vencida” y agregó que “goza de una saludable posición económica y financiera”. Todo esto a través de un comunicado.

La trama también tiene ingredientes políticos. Silvia Barrera se afilió a Podemos Perú, el partido de José Luna, en septiembre último. Esta agrupación tiene una bancada próxima al oficialismo en el Congreso. Y, desde esa militancia, Barrera ha tenido acercamientos con el otrora hombre fuerte del gobierno, Bruno Pacheco. El exsecretario general de Palacio, incluso, participó en una actividad proselitista de Silvia Barrera, que aspira a volver al sillón municipal en Vila María del Triunfo. El hecho podría suponer un interés de Pacheco de que el gobierno tenga un pacto con el partido de Luna Gálvez, en medio de una feroz pugna con la oposición.

Barrera Luna Gálvez — Silvia Barrera Vásquez, con el líder y congresista de Podemos Perú, José Luna Gálvez, en un acto proselitista en octubre. Barrera se afilió a esa agrupación, aliada del gobierno, en septiembre último y llevó a una actividad, en Villa María del Triunfo, a Bruno Pacheco. Fuente: Facebook de Silvia Barrera.

En abril del 2021 Deltron, además, cambió a su directorio. Tomó las riendas de la empresa Alberto Oropeza Malpartida, exmilitante de Alianza Para el Progreso, de César Acuña, que le hace un guiño al Ejecutivo en estos días.

El hallazgo de los veinte mil dólares en el baño del exsecretario presidencial es sólo la punta del iceberg de la investigación contra Bruno Pacheco, el hombre que nueve años atrás manejaba un taxi Tico.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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Bonos irregulares y operaciones fantasmas en el Colegio Médico de Lima

Por: Alessandro Azurín 24.11.2021

El año pasado, durante los momentos más críticos de la pandemia, en el Colegio Médico de Lima Metropolitana se desató una serie de irregularidades financieras y administrativas. Así lo revela una auditoría de mediados de este año a la que Sudaca accedió y que pone en la picota al exdecano de esta sede, el epidemiólogo Juan Astuvilca Cupe, y a la tesorera Julisa Caballero Amado. Y es que no todos los esfuerzos del gremio se centraron, precisamente, en combatir al coronavirus.

El 15 de octubre del año pasado, el Colegio Médico del Perú (CMP) encargó a la empresa de auditores Jerí Ramón & Asociados una evaluación sobre el manejo administrativo del Consejo Regional III Lima, más conocido como el Colegio Médico de Lima Metropolitana. Los especialistas pusieron el foco entre enero y setiembre de aquel 2020, advertidos de presuntos malos manejos que apuntaban a la cabeza.

En noviembre de aquel año, Astuvilca y Caballero fueron separados de sus cargos hasta que concluyan las indagaciones. Luego de algunos meses de trabajo, los auditores señalaron que el decano Astuvilca y su tesorera Caballero habían autorizado bonos sin justificación e incluso se beneficiaron de préstamos sin autorización de la Junta Directiva, la máxima instancia que aprueba este tipo de desembolsos.

Uno de los hallazgos más importantes es que existieron operaciones financieras “fantasma”. En total fueron más de 125 transacciones sin respaldo documentario. “No fueron ubicados los documentos que respaldan operaciones hasta por S/315.668,58”, asegura el informe. La mayoría de estos desembolsos fueron pagos de AFP’s y servicios básicos, pero también pagos de dietas a directivos, como la propia Caballero.

A inicios de este año, además, las autoridades que reemplazaron a Astuvilca en el cargo le dijeron a los auditores que la tesorera no había entregado los documentos contables que sustentan los desembolsos. “Existe una variedad de documentos que faltan, porque lastimosamente la Dra. Julisa Caballero no ha realizado la entrega de cargo correspondiente sobre el acervo documentario administrativo y contable, a pesar de las cartas notariales que la Junta Directiva le solicitó, lo cual perjudica notablemente a la institución en su funcionamiento, incumpliendo totalmente las funciones a la que fue asignada como Tesorera”, contó en enero pasado Gerardo Campos Siccha, el tesorero que sucedió en el cargo a Caballero.

Los auditores dieron cuenta de que también faltaban 773 comprobantes de pago, entre notas de crédito, boletas de venta y facturas. Y encontraron que, entre febrero y mayo de ese año, se autorizaron préstamos a directivos por S/78.400 saltándose los procesos.

El 7 de febrero del 2020, por ejemplo, el entonces decano Astuvilca recibió S/54.000, mientras que la tesorera obtuvo S/9.400 en mayo por ese concepto, dice el informe. Estas transferencias no se dieron en «un proceso regular debido a que la Junta Directiva desconocía dicha solicitud”, dijo Campos Siccha.

Los préstamos que Astuvilca y Caballero autorizaron para ellos mismos, según el informe de auditoría.

Campos agregó que Astuvilca devolvió parte del dinero recién en junio de este año, es decir, cuando el proceso administrativo en su contra estaba en curso. También señaló que Caballero, como tesorera, aprobó su propio préstamo directamente a su cuenta bancaria “el cual no contaba con la documentación, aprobación y conocimiento de la Junta Directiva”.

Pero hay más. Tanto Astuvilca como Caballero habrían acordado realizar otros desembolsos durante el pico más alto de la pandemia. Por ejemplo, el decano recibió S/14.080 entre bonos de movilidad sin aparente justificación, según la auditoría.

Los pagos, que se dieron entre marzo y junio del 2020, se aprobaron “por un aparente acuerdo entre Caballero como jefa de tesorería y Astuvilca como decano” y sin haber hecho la solicitud correspondiente, de acuerdo a lo señalado en el informe por el ya mencionado Campos Siccha. Estos “bonos” no tendrían justificación porque “ya habían sido pagados en el mismo periodo”, se lee en el documento. Astuvilca, como con los préstamos anteriores, devolvió los importes más de 90 días después.

Otros desembolsos coordinados entre Astuvilca y Caballero fueron la entrega de “bonos extraordinarios” a ciertos trabajadores de la institución, en mayo del año pasado. La auditoría identificó que, sin ningún sustento, salieron S/31.300 de tres cuentas bancarias de la institución y fueron a parar a manos de algunos suertudos. “No se evidencia acuerdo del Consejo Regional III – Lima ni del Consejo Nacional que apruebe las Entregas a Rendir ni de Bono Extraordinario a favor de los mencionados trabajadores”, dice el informe.

Fue tal el desconcierto respecto a estos “bonos extraordinarios” que los trabajadores beneficiados devolvieron el dinero. Una de ellas, la contadora Rocío Villegas Huapaya, dirigió una carta al decano señalando que devolvía los S/2.000 que le depositaron porque “no se justifica que un grupo de trabajadores reciban un bono extraordinario y no la totalidad del personal”. Un gesto de honestidad en medio de este presunto faenón.

Un premio económico muy similar se dio bajo el concepto “pago de escolaridad”. En febrero del año pasado, solo un mes después de que la gestión Astuvilca tomara las riendas del colegiado de Lima, se repartieron S/16.138 entre 14 trabajadores por este concepto. Pero había un detalle: algunos no tenían hijos en edad escolar. “Se observó que de los trabajadores beneficiarios del pago de escolaridad están considerados algunos que no evidenciaron tener hijos en edad escolar”, dicen los auditores. Campos Siccha señaló que no tenía conocimiento de ningún acta de consejo donde se haya acordado este desembolso, señala el informe.

Debido a este festín de bonos y repartija de dinero, Astuvilca y Caballero se encuentran separados temporalmente de sus funciones desde noviembre del año pasado. Los auditores recomendaron al final de su trabajo que el decano nacional, Palacios Celi, elevara su informe al Comité Ejecutivo Nacional para determinar acciones y se establezcan sanciones en su contra.

El área de prensa del CMP le dijo a Sudaca que el proceso disciplinario es reservado y que “no pueden pronunciarse por ahora”, conforme a su reglamento interno. Todo queda en casa.

Astuvilca, con quien este medio intentó comunicarse en reiteradas oportunidades, se limitó a señalar en su Facebook que las acusaciones en su contra son “falsas especulaciones que atentan contra su reputación”. La publicación es del día en que anunciaron su separación y cuando no se conocían los detalles que consignamos en este informe. También buscamos la versión de Caballero, pero no tuvimos éxito.

Objetivo decanato

Tanto Astuvilca como Caballero llegaron a sus puestos para el periodo 2020-2022 gracias a la agrupación ‘Integridad Médica’. Este movimiento tiene como coordinadores nacionales a las actuales cabezas del gremio: Miguel Palacios Celi, decano nacional, y Ciro Maguiña Vargas, vicedecano. El primero de ellos es el llamado a elevar el informe de auditoría al Comité Ejecutivo Nacional, como ya hemos mencionado.

Maguiña, por su parte, es recordado por haber formado parte del escándalo del “Vacunagate”, en el que 487 personas se vacunaron de manera irregular contra la Covid-19.

El decano y el vicedecano son cercanos a Astuvilca y Caballero, como se puede ver en publicaciones y fotos en redes sociales.

Para el periodo 2022-2024, Integridad Médica intentará mantener el timón del Colegio Médico del Perú y de la sede de Lima. Como cabeza de lista, la agrupación propone al doctor Raúl Urquizo Aréstegui para el decanato nacional. Urquizo, actual director del Servicio Médico Familiar del colegio (SEMEFA), es un viejo conocido de Astuvilca y también es mencionado en el informe de auditoría.

El candidato de Integridad Médica fue decano de Lima entre los años 2018 y 2020. En ese mismo periodo Astuvilca fue su secretario general. Como parte de su informe de gestión, Urquizo señaló que “con mucho esfuerzo” lograron concluir una obra que estaba estancada desde el 2012. Se trataba de 18 bungalows para el Club Tumi I de Chaclacayo, un centro de recreación administrado por el Colegio Médico de Lima que ofrece sus servicios a los colegiados de todo el país.

Sin embargo, el informe de auditoría señala que actualmente solo un bungalow ha sido terminado y la construcción del resto se encuentra suspendida debido a clamorosas deficiencias técnicas. “La paralización se refiere a 17 bungalows que quedaron semiconstruidos en casco, habiéndose construido un bungalow en su totalidad y un primer nivel correspondiente al estacionamiento vehicular que ha sido totalmente rehabilitado y reforzado con columnas y vigas para soportar la estructura”, dice el documento.

Las fisuras (en blanco) que observaron los auditores en el estacionamiento del centro recreacional Tumi I.

Según verificó Jerí Ramón & Asociados al visitar el club, el estacionamiento –que soporta el peso de los 18 bungalows– tiene fisuras en su interior. La obra, que comenzó en el 2019 con Urquizo y debía concluir en la gestión de Astuvilca, ya le ha costado al Colegio Médico más de S/2 millones.

Consultado por Sudaca respecto a estos hechos, el doctor Urquizo descartó tener responsabilidad directa. “Se está utilizando ese elemento para atacar mi candidatura. Esa obra fue entregada en noviembre del 2019. Obviamente el mantenimiento es responsabilidad de la actual gestión [Astuvilca y sus sucesores luego de ser separado], pero nosotros dejamos operativo todo”, aseguró.

En las elecciones de este domingo 28 de noviembre, donde compiten con otras tres listas, Integridad Médica buscará extender su reinado en el colegio al menos por dos años más. Están advertidos.

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Golpe tras golpe

Por: Alonso Ramos 23.11.2021

“La vocación nace con uno. No se impone por la necesidad”, escribió en su perfil de LinkedIn Bruno Pacheco. El renunciante secretario general de la Presidencia está en el ojo de la tormenta por presionar al jefe de la SUNAT, Luis Vera Castillo, para beneficiar -entre otros- al grupo Deltron, una compañía de productos informáticos. El escándalo ya es usado como un arma para plantear la vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Es uno de los argumentos que plantea la moción redactada por la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, que busca destituir al mandatario, en un escenario de máxima tensión.

“Se ha hecho de público conocimiento otras denuncias por haber presionado al Jefe de la SUNAT para favorecer a empresas que tienen deudas con dicha entidad”, dice una parte de la moción de 13 páginas, redactada por Chirinos el 15 de noviembre. El documento aún no ha sido presentado formalmente al cierre de esta edición. Necesita 26 firmas como mínimo para presentarse, 52 para ser admitido a debate en el Pleno y 87 para concretar la caída de Castillo.

Moción página — Una parte de la moción redactada por Patricia Chirinos, el 15 de noviembre, que da cuenta del escándalo protagonizado por el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco.

En Palacio estiman que, en este momento, la oposición no tiene los votos para vacar al presidente. Pero aseguran que el escándalo desatado por Bruno Pacheco, quien aún no tiene reemplazo, les da una oportunidad para volver a la carga más adelante. “Si el presidente es salpicado de una u otra manera en la investigación fiscal a Pacheco, la oposición sacará las garras porque el tema de la vacancia ya flota en el ambiente. Los opositores ven más posibilidades en este caso que en los Dinámicos del Centro”, dice una fuente palaciega.

Los casos de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra vienen a la cabeza ante este despelote. Ambos, como ahora Castillo, se enfrentaron a una feroz oposición congresal. PPK afrontó un proceso de vacancia en diciembre del 2017 por haber ocultado pagos de la constructora brasileña Odebrecht. Kuczynski sorteó la destitución con lo justo tras recibir una ayuda inesperada de Kenji Fujimori. Con la sangre en el ojo, los fujimoristas volvieron a la carga, en marzo del 2018, cuando revelaron los “Mamaniaudios”, donde supuestamente se intentaba comprar votos para salvarle el pellejo al entonces presidente. PPK se vio forzado a renunciar ante su inminente destitución.

Vizcarra pasó por el mismo trance. En septiembre del 2020 esquivó un pedido de vacancia por la contratación del polémico cantante Richard Cisneros, mejor conocido de “Richard Swing”. El asunto fue visto como un globo de ensayo. El plato de fondo llegó dos meses después, en noviembre de aquel año. Vizcarra ya no pudo driblear la vacancia al ser acusado de recibir sobornos en su etapa como gobernador regional de Moquegua.

Castillo parece haber tomado nota del espinoso asunto. Y busca un acercamiento con el ala dura de la bancada de Perú Libre para tener 37 votos seguros. Una fuente del lápiz asegura que hoy estaba pactada una reunión entre Waldemar Cerrón, el vocero del grupo oficialista parlamentario, y el mandatario. Pero el diálogo no se se antojará sencillo. Si bien es cierto los cerronistas han anunciado que no votarán por la vacancia, no están dispuestos a respaldar al gobierno en todos los demás aspectos.

Fuentes de Perú Libre señalan que Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir, pediría la cabeza de Auner Vásquez, el poderoso asesor de Pedro Castillo. Y es que el ala cerronista lo responsabiliza también del caos que habita en Palacio. El pedido,sin embargo, no será una condición para que la bancada apoye al mandatario en el trance de la vacancia.

Waldemar Cerrón — Waldemar Cerrón Rojas, congresista de Perú Libre y hermano de Vladimir Cerrón, en una reunión con el presidente Pedro Castillo, según fuentes de Perú Libre. Foto: Congreso.

SONDEOS

Con este clima de división y acusaciones, el gobierno afrontaría un primer pedido de vacancia. Mientras tanto, los congresistas de oposición, con Patricia Chirinos a la cabeza, tratan de convencer a los legisladores para que –al menos 52 de ellos– admitan a debate la moción de vacancia y el presidente Castillo responda a los cuestionamientos ante el Pleno.

Chirinos sondeó a algunos parlamentarios de centro, como José Jerí (Somos Perú), para sumarse a su causa. No obtuvo éxito, de acuerdo a fuentes de Somos Perú. Hasta el momento, bancadas como Alianza Para el Progreso y Acción Popular, con 15 y 16 congresistas, respectivamente, rechazan la vacancia. Los dos grupos parlamentarios son claves, numéricamente hablando, en cualquier votación importante.

“Nosotros no vamos apoyar el pedido de vacancia. Siempre respetamos los votos que puedan tener nuestros invitados, a quienes tenemos una gran consideración, que son el general Chiabra y la doctora Echaíz. Pero, como partido, la bancada no va a respaldar en este momento ningún pedido de vacancia. El gobierno, pues, tiene que considerar todo lo que estamos haciendo para darle gobernabilidad”, dice Luis Ibérico, asesor principal de la bancada de Alianza Para el Progreso.

“Me preocupa la situación porque estamos actuando con una gran irresponsabilidad. Yo lamento que haya ciertos políticos que vean la vacancia como deporte nacional. Hay congresistas y políticos que están moviendo el avispero demasiado, que están moviendo el panal demasiado. Y cuando al panal mucho golpeas, salen las abejas. Y las abejas salen de manera furibunda, salen para golpear. Están golpeando demasiado el panal y podría haber una convulsión social sin precedentes en nuestro país”, dice, por su parte, Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca y dirigente de Acción Popular.

GABINETE EN LA MIRA

En paralelo, el exprimer ministro Guido Bellido apunta sus dardos hacia la vicepresidenta Dina Boluarte. “No podemos tener un acercamiento con una persona que habla mal de sus dirigentes y no reconoce a su propio partido. La vicepresidenta plantea conversar con el fujimorismo y no con Perú Libre. Nada bueno va a salir de una conversación con la bancada fujimorista”, dice Bellido a Sudaca. Esto a propósito de una declaración de Boluarte, en Arequipa, donde dijo que se reuniría con Fujimori “de ser necesario” para que la lideresa pueda hablar con la bancada de Fuerza Popular, que empuja la moción de vacancia.

El ala dura también cuestionan a la primera ministra Mirtha Vásquez y a Verónika Mendoza, aliada del profesor Castillo, por cómo está repartida la torta en el gabinete. “No hay proporción en la cuota de poder. Mendoza tiene, para mí, siete ministerios e incluyo al Midis y Trabajo [ambos dirigidos por las militantes perulibristas Dina Boluarte y Betssy Chávez]. Ella [se refiere a Chávez] ha tomado distancia del partido”, dice Bellido.

La batalla contra Vásquez sigue su curso. La parlamentaria cerronista Margot Palacios pidió –a través de una moción– que la premier dé explicaciones sobre su reunión con el líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña, en la casa de este último en La Molina. El encuentro tuvo lugar la noche del 8 de noviembre. “Ahora comprenderá el presidente Pedro Castillo por qué quisimos salvarlo del Gabinete caviar, porque son una plaga si le das chance”, tuiteó el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, el 13 de noviembre pasado, en referencia a la cumbre en la casa de Acuña.

Mitha Vasquez - Premier -PCM — *23 de noviembre. La primera ministra Mirtha Vásquez sustenta el presupuesto 2022 ante el Congreso, en medio del fuego graneado de la oposición y los empresarios. Foto: Andina.*

La figura de la primera ministra, adversaria de Perú Libre, ha quedado trastocada luego de anunciar el cierre de cuatro unidades mineras, en Ayacucho, desatando las protestas de las empresas afectadas, los gremios empresariales y la federación de trabajadores mineros. Vásquez tuvo que retroceder y ablandar su discurso ante los reclamos. El desaguisado trató de ser arreglado por el presidente en una actividad en Arequipa. “Para referirme a un tema que ha generado debate en los últimos días, desde aquí [Arequipa] vuelvo a ratificar ante el país nuestro compromiso de respetar y promover las inversiones privadas, entre ellas la minería”, dijo Castillo.

“Todos los ministros trabajan conjuntamente. Pero nada de eso cuenta, porque lo que se quiere es buscar una causal y pedir la declaración de la vacancia del presidente de la República. Y, con respecto a Perú Libre, es normal que haya posiciones diferentes, pero esperamos que no se produzcan divisiones porque perjudica a la democracia”, dice a Sudaca Aníbal Torres, el ministro de Justicia, intentado poner paños fríos.

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