Ha hecho muy bien por ello, el Legislativo, en desinflar, rápidamente, el brulote, sin entrar a una vorágine innecesaria de declaraciones beligerantes, que era lo que el gobierno, afiebrado y aterrorizado por su propia incompetencia, buscaba.

La conclusión política más evidente es que el régimen está desesperado, que no sabe qué hacer para salir del atolladero en el que se encuentra por sus propios méritos, y que recurre al populismo más rupestre para disimular la crisis, cuyo mal paso por el poder ha ocasionado.


Castillo, de la mano de su inefable Premier, juegan a sobrevivir como sea, se devanan los sesos exclusivamente por esa razón y motivo, los consume el temor de salir expectorados del poder en cualquier momento e ir pasar el resto de sus días en la cárcel, donde seguramente irán a parar una vez que acabe esta pesadilla gubernativa.

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Castillo, Gobierno, Premier

TAFUR

Es muy probable que el abogado Pedro Grández, defensor oficial de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, así como no explicita el conflicto de intereses al criticar la decisión de la Fiscal de la Nación de remover a su esposa, la fiscal Fanny Quispe Farfán del Equipo del caso “Cuellos Blancos” y de tildar a unos periodistas como rentados que celebran el logro de su campaña previa y anota que ya pueden cobrar el presunto honorario de éxito, busque influenciar en la Junta Nacional de Justicia, donde trabaja temporalmente, para que ratifique como Fiscal Suprema a su defendida y a la vez la JNJ abra proceso disciplinario a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que se atrevió a remover de su posición de poder a su esposa que había logrado en la gestión de Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación.

Audios reveladores que exponen la estrecha relación del operador Jose Luis Cavassa y el control que ejercía en el defenestrado CNM.

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Fiscalía, Fiscalía de la Nación, Ministerio público, Zoraida Ávalos

En el Congreso se discute si se permite el retiro total de los fondos de las AFP. Es razonable, pero es incompleto. Lo que debe de aprobarse es la libertad de aportar y permitir que las familias de los sectores de medianos ingresos (los que están en planilla) decidan si invierten en educación (infinitamente más rentable como fuente de ingresos futuros), en cobertura de salud (igualmente más rentable: una enfermedad se puede llevar de encuentro todos los ahorros familiares), en compras inmobiliarias, en fin, en lo que le venga en gana al ciudadano y no a cuatro “genios” financieros que toman decisiones por uno.

Si el Parlamento quiere legislar a favor de los sectores laborales medios, haría bien –ya que, al parecer, existe consenso, de que el statu quo no aguanta más- en optar por una solución radical y definitiva a un sistema que nunca debió funcionar en el país y al que cada vez mayor cantidad de expertos financieros, considera un sistema fallido, viciado de origen, dirigido a crear fondos de capitales y no a asegurar buenas pensiones a los afiliados.

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Si el exgobernador de Junín fuera más estratégico ya hace rato se habría dado cuenta que lo que a él y a su partido le convienen es tomar distancia de Castillo y llevar esa lejanía a sumarse a las filas vacadoras o propulsoras de un adelanto de elecciones generales. De lo contrario, si el 2022 lo ha dejado en la lona por sus resultados electorales, en las siguientes elecciones presidenciales, probablemente pierda hasta la inscripción.

Y, por cierto, haría bien la mayoría opositora en acercarse y sentarse a conversar con el líder de Perú Libre y coordinar acciones a las que se puedan sumar los votos del partido que llevó a Castillo al poder y que luego éste ha traicionado con olímpico desprecio (sin esos votos, por ejemplo, no hay vacancia posible).

En vista del objetivo de resolver la crisis que transitamos, que a todos hace daño (al país, a la economía, a la clase política), no debería haber problema alguno en que la oposición derechista converse con su opuesto ideológico, pero con el que bien podrían convenir acciones comunes para no seguir en esta vorágine de deterioro generalizado al que Castillo conduce el país, con las consecuencias terribles que ello va generar en el futuro inmediato.

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Segundo, más limpio aún, el camino de la reforma constitucional con 66 votos y referéndum posterior, que permita el recorte del mandato presidencial y congresal y el consecuente adelanto de elecciones. Pero muchos en la oposición simple y llanamente no quieren irse, arrellanados en su curul y sus privilegios, prefieren que el país siga siendo destruido por Castillo, antes que tomar una decisión sacrificada, pero imperativa, moral y políticamente hablando.

Tercero, si los alcances del artículo 117 generan controversia constitucional, pues que se siga el camino de su reforma, y se agregue, entre las causales de acusación al presidente, poder hacerlo no solo “por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”, sino también por corrupción. Y, aunque no se podrá aplicar de forma retroactiva, no queda duda alguna de que el primer mandatario y su entorno no cesarán en el despliegue impune de la organización criminal que han instalado en Palacio.

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DBA, la derecha, la oposición

Cuando todo ello sea comprobado por la Misión de la OEA, deberá concluir que ha sido burdamente engañada por un presidente mendaz y taimado, que recurre a la victimización interna para subir puntos en las encuestas, pero que se ha excedido largamente, de modo temerario, comprometiendo al principal organismo continental en su propio edificio de mentiras.

Como ya ha anticipado el portavoz del Departamento de Estado de Washington, Ned Price: «Estamos dando seguimiento muy de cerca a la situación política de Perú y creemos que la rendición de cuentas es vital para un sistema político democrático«. Probablemente por allí vaya el tenor final del pronunciamiento de la OEA sobre el Perú y el gobierno habrá sumado un papelón internacional a sus dislates domésticos.

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Castillo, OEA, Pedro Castillo, Presidente del Perú

Los Fiscales: intento de decapitar a un magistrado supremo 

Por cierto, es inusual que la Fiscalía Superior presente una denuncia disciplinaria contra un juez de mayor jerarquía cuando este procedimiento normalmente queda en manos de los Fiscales Supremos, que poseen un rango similar al de los jueces supremos, y que es llamativo que la denuncia se presente cuando el recurso presentado solo se admitió a trámite y se califica positivamente la decisión de una Sala Superior que dio por concedido el recurso de casación y, lo que es más grave, se denuncia cuando no existe algún pronunciamiento sobre el fondo del caso que puede salir favorable o desfavorable.    

¿Por qué la Fiscalía Superior, y no la Fiscalía Suprema, se adelanta a un resultado judicial que le puede ser favorable si litiga sin presión mediática y a punta de denuncias? ¿Por qué se presenta una denuncia contra un magistrado que todos vinculan al caviarismo más recalcitrante –al que muchos fiscales pertenecen y lo reconocen con orgullo– y que es autor principal de la condena de Alberto Fujimori? ¿Acaso, es posible ensayar una respuesta razonable?

Analizados fríamente los hechos y los actos precedentes del Equipo Especial del caso “Lava Jato” la denuncia contra San Martín no es una queja aislada ni un actuar en solitario, lo que se busca, en realidad, es lograr que la Junta Nacional de Justicia no ratifique en el cargo de Juez de la Corte Suprema a un magistrado que está inmerso en el proceso de ratificación que ha sido convocado y que tiene su etapa crucial en la primera semana de noviembre. Para ello la denuncia ha sido presentada estratégicamente un mes antes de que pase la entrevista del proceso de ratificación. 

La idea que se maneja dentro del Equipo Especial del caso “Lava Jato” es que si se logra la no ratificación y expulsión de San Martín de la Corte Suprema y del Poder Judicial, ningún juez del Perú se atreverá a dictar fallos adversos y en contra de los intereses de los fiscales. 

La finalidad prioritaria de sancionar y expulsar a San Martín de la Corte Suprema de Justicia no es reciente y novedoso en los integrantes del Equipo “Lava Jato”. Ya en marzo del 2020 Rafael Vela presentó una denuncia a la Junta Nacional de Justicia pidiendo que se investigue a San Martín debido a que los requerimientos fiscales de uno de los casos que lleva el Equipo especial habían sido revocados en la Corte Suprema por acciones presuntamente sistemáticas de los abogados y “con decisiones de los jueces supremos que causan sospecha”, tal como lo informa el diario Gestión en su edición del 3 de marzo del 2020.

El poder de los fiscales  

La denuncia a la JNJ con fines de expulsión de la Corte Suprema de Justicia contra el magistrado San Martín no es un acto aislado de un sector del Ministerio Público.

Se debe recordar que el Fiscal Supremo Jesús Fernández Alarcón y la Fiscal Suprema Fanny Quispe enfilaron sus baterías, mientras estuvieron dirigiendo el caso “Cuellos Blancos”, contra cuatro jueces supremos titulares: José Luis Lecaros Cornejo, Elvia Barrios Alvarado, Carlos Arias Lazarte y Héctor Lama More. A José Luis Lecaros lo acusaron de haber negociado su nombramiento frustrado como representante de la Corte Suprema de Justicia en el Jurado Nacional de Elecciones en una cena en el restaurant el Polo Marino, de propiedad del empresario Salvador Ricci, con el prófugo César Hinostroza. A Elvia Barrios, la sindicaron de haber llamado al ex Presidente de la Corte del Callao Walter Ríos Montalvo para interceder supuestamente en un caso que tenía a su hermano como una de las partes interesadas. A Carlos Arias Lazarte lo acusaron de haber recibido ayuda para lograr el cargo de juez de la Corte Suprema en el concurso a jueces Supremos de la República del año 2017. A Héctor Lama lo acusaron de haber sido el candidato en reserva favorecido por el ex juez César Hinostroza Pariachi en el concurso de jueces supremos del año 2015.   

La paja en el ojo ajeno 

La Fiscalía Suprema ha vuelto a presentar el 20 de octubre del 2022 un segundo pedido de inhibición del magistrado San Martín. Se basa en que dicho juez tiene lazos de amistad con el abogado Dino Carlos Caro Coria y dicho abogado es su abogado en los procesos instaurados ante la Junta Nacional de Justicia y destaca que Caro Coria a su vez también es defensa técnica de los investigados, representantes de la empresa Enagas Internacional. Dicho pedido sería improcedente ya que se ha presentado casi un año después de que el caso llegara a la Corte Suprema de Justicia y porque Caro Coria no defiende a las personas y a las partes que han interpuesto el recurso de Casación.

Algunos abogados consultados para esta nota destacan que pocas veces se ve el empecinamiento del Ministerio Público para excluir a un magistrado de la Corte Suprema de un proceso penal, sobre todo, proveniente de un Fiscal Supremo como el fiscal Pablo Sánchez Velarde que conoce y sabe que un pedido de esta clase es a todas luces improcedente, sobre todo porque el abogado aludido no tiene ninguna relación con alguna de las partes que recurre y ha presentado la Casación a la Corte Suprema de Justicia. El actuar del Fiscal Pablo Sánchez es, además, contradictorio.

Se resalta que, por ejemplo, nunca el Fiscal Pablo Sánchez ha pedido el apartamiento de San Martín del conocimiento de algún caso en el que el abogado Miguel Pérez Arroyo ha defendido casos de narcotráfico en alguna Sala Penal de la Corte Suprema, pese a conocer que Pérez Arroyo fue secretario de confianza de San Martín Castro por muchos años. Este trato desigual y discriminatorio en el caso de la Casación N° 1095-2021 y los casos de narcotráfico que lleva el abogado Miguel Pérez Arroyo tal vez se debe a que Pérez Arroyo fue nombrado el año 2015 por Pablo Sánchez, cuando era Fiscal de la Nación, como Gerente Central de la Escuela del Ministerio Público.

Sin embargo, una de las principales razones por las que Pablo Sánchez Velarde se habría comprado el pleito personal de los integrantes del Equipo Especial del caso “Lava Jato” en la exclusión del juez San Martín reside en el ofrecimiento de ayuda que necesita de manera urgente para pasar el proceso de ratificación sumamente complicado que le toca afrontar durante la primera semana de noviembre.

Uno de los temas más delicados y controvertidos que descalifica y pone en entredicho la denuncia que presenta los fiscales Equipo Especial del caso “LAVA JATO” en contra del juez supremo San Martín Castro es que no tienen el mismo comportamiento con fiscales que le son afines y allegados suyos. Por ejemplo, el equipo especial no ha presentado alguna denuncia, queja y no han realizado siquiera algún pronunciamiento público acerca de los graves hechos, que revisten carácter delictivo, que comprometen a la ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera alrededor de su irregular nombramiento como Fiscal Suprema y en el que utilizó cinco certificados falsos sobre temas de derecho realizados en el Instituto LIBREJUR y que le permitió pasar raspando los 66 puntos que se necesitaba para aprobar la etapa curricular en el concurso de Fiscales Supremos del año 2013 en el que fue apoyada por el operador fujimontesinista -y quien logró en tiempo reciente la inscripción ilegal del partido PODEMOS-, José Luis Cavassa Roncalla

Incluso, algunos Fiscales y conocedores del sistema de justicia sostienen que la denuncia presentada contra el juez San Martín Castro es la mejor cortina de humo y el distractor más eficaz para lograr que los reflectores y los cuestionamientos en la ratificación de jueces y fiscales supremos se concentren en un juez de la Corte Suprema; y de esta manera los fiscales Pablo Sánchez Velarde y Zoraida Ávalos Rivera logren pasar el proceso de ratificación por agua caliente y sin ningún contratiempo. Total, en la guerra, siempre se sacrifica al enemigo.

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César Hinostroza, Fiscal, Fiscalía, Ministerio público

La del estribo: a visitar el Museo de Arte Contemporáneo, MAC, en Barranco, y apreciar la exposición Los ríos pueden existir sin aguas, pero no sin orillas, que va desde el pasado 20 de octubre hasta el 30 de abril del 2023, y que reúne los trabajos de más de 60 artistas nacionales y extranjeros vinculados a la Amazonía. Curada por Giuliana Vidarte y Christian Bendayán.

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Andinos, reforma agraria, republica chola

Es una pésima noticia para el país esta rebaja de calificación. Nos hará daño y probablemente sea el inicio de un proceso de deterioro calificador de muchas otras agencias, generando consecuencias financieras perniciosas para el país.

Ratifica que la inestabilidad política es un problema, sin duda, pero no solo no es la única causa, sino que tampoco se le puede atribuir la mayor responsabilidad en ese sentido a la oposición. Es el propio régimen el que genera la crisis. Nadie ha obligado al presidente a cambiar tantos ministros y funcionarios, nadie lo ha hecho fracasar en una simple compra de fertilizantes, nadie se ha rodeado de corruptos y provocado ser denunciado por la Fiscalía de la Nación. La oposición, más bien, ha pecado de obsecuente, antes que de recia. Más allá de los encendidos discursos beligerantes de algunos voceros de la mayoría opositora, en la práctica le hacen el juego al gobierno.

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