La izquierda radical, activista de las protestas, pedía, entre varios puntos de un pliego maximalista, la renuncia de Dina Boluarte, antes de que se produjeran muertos producto de la represión policial. Es una estratagema política cínica vincular ese pedido a la ocurrencia fatal, cuando, en verdad, responde a un reclamo precedente, surgido de una agenda intransigente superlativa (que incluía la liberación de Castillo, el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente).
La presidenta Boluarte, el premier Alberto Otárola, los respectivos ministros del Interior y los directores de la policía, deberán y sabrán cómo responder a las denuncias penales que les lloverán sin duda (ya la Fiscalía ha activado investigaciones al respecto), pero lo que queda claro es que un correcto diagnóstico de la situación no puede sacar del contexto la violencia desatada por los vándalos radicales, a la que se han aupado los remanentes terroristas de Sendero Luminoso y el financiamiento de mafias ilegales.
Ello ocurrirá en su momento, pero hoy en día, dar por sentado que lo sucedido ya es razón suficiente para exigir la renuncia de Boluarte es sumarse ingenuamente a la agenda de los portavoces de la violencia social desatada por quienes quieren sembrar el caos para cosechar de él y generar un estado de zozobra tal en el país, que sobrevengan cambios (como el de la Asamblea Constituyente), que democráticamente no acaecerían jamás (la izquierda nunca va a tener 87 votos en el Congreso para lograr semejante propósito).
Por un sentido de responsabilidad política superior, más allá y por encima de sus sentires o pesares, Dina Boluarte, no puede ceder al chantaje violentista de unas minorías (jamás han sacado a las calles a cientos de miles de manifestantes) que lo que quieren es destruir la legítima sucesión constitucional puesta en marcha luego del execrable intento de golpe de Estado perpetrado por el políticamente inimputable, Pedro Castillo, quien hoy purga justa carcelería.
Una represión ajustada al Estado de Derecho, y una incansable voluntad de diálogo (que en algún momento deberá producirse), deben activarse a la par de la resistencia política a la presión violentista de grupos minoritarios que malcreen que a punta de bloqueos, incendios y agresiones a las fuerzas del orden, pueden imponerle al país un modelo político que las mayorías ni avalan ni avalarán.
