La controversia se intensificó cuando el Ejecutivo peruano oficializó la creación del distrito de Isla Santa Rosa, en Loreto. Desde Bogotá, el presidente Gustavo Petro afirmó que esta decisión viola el tratado de límites de 1934 y acusó a Perú de apropiarse de tierras generadas por el curso cambiante del río. La declaración fue respaldada por sectores políticos colombianos que demandan la apertura de un proceso de revisión territorial.
La respuesta peruana no se hizo esperar. La Cancillería reiteró que no existe disputa alguna sobre la isla y que la soberanía nacional sobre ese territorio es incuestionable. El Congreso aprobó una moción multipartidaria en respaldo a la posición del Ejecutivo, mientras se reforzó la presencia militar y policial en la zona.
Paralelamente, una serie de incidentes aumentó la tensión. Un avión militar colombiano sobrevoló Santa Rosa sin autorización, lo que motivó una queja formal del gobierno peruano. Semanas después, un contingente policial colombiano intentó ingresar al territorio y fue impedido por las fuerzas del orden. En otro episodio, dos topógrafos colombianos que realizaban mediciones fueron retenidos y puestos a disposición de las autoridades. El propio Petro calificó estos actos como un “secuestro”, intensificando el cruce de acusaciones.
Incluso el conflicto ha tenido gestos simbólicos con alto contenido político. Un dirigente colombiano izó la bandera nacional en la isla, acción que fue interpretada como una provocación y que tuvo amplia difusión mediática. El hecho se produjo en pleno contexto de campañas electorales en Colombia, lo que ha llevado a analistas a considerar que el diferendo territorial también está siendo usado como herramienta de presión interna.
Más allá del choque diplomático, existe un problema de fondo que amenaza a la región: el avance de la sedimentación en el río Amazonas. Estudios científicos indican que, en las últimas tres décadas, el cauce que conecta a la ciudad colombiana de Leticia con el río principal se ha reducido de forma alarmante. De continuar esta tendencia, el puerto podría quedar prácticamente desconectado hacia 2030, con graves consecuencias económicas. Este escenario plantea un reto ambiental que exigiría cooperación entre ambos países, aunque las actuales tensiones políticas parecen postergar cualquier diálogo técnico.
El conflicto por Santa Rosa revive recuerdos del enfrentamiento armado de 1932 y de las negociaciones que llevaron a los tratados de límites. Pero también expone problemas contemporáneos: fronteras naturales en constante transformación, intereses políticos que se imponen sobre el diálogo y la ausencia de mecanismos eficaces para resolver disputas antes de que escalen. Lo que está en juego no es únicamente un pedazo de tierra, sino la capacidad de dos países vecinos para gestionar de forma conjunta un territorio vital para su gente y para el equilibrio ambiental de toda la región amazónica.
La disputa por la isla Santa Rosa no solo revela las fisuras diplomáticas entre Perú y Colombia, sino que también refleja la fragilidad de los acuerdos internacionales frente a los cambios geográficos y las presiones políticas internas. Mientras ambas naciones se aferran a sus argumentos históricos y jurídicos, la región amazónica —compartida y vulnerable— queda expuesta a la falta de cooperación. Resolver este diferendo requerirá más que gestos militares o declaraciones altisonantes: demandará voluntad política real para priorizar el bienestar de las comunidades fronterizas y la protección de un ecosistema que trasciende cualquier límite trazado en un mapa.
