Sorprende que la juventud o los colectivos organizados no se expresen activamente en las calles, en protesta por los estropicios que se vienen perpetrando tanto en el Ejecutivo como en el Congreso de la República.
Somos, en general, un país poco dado a las grandes movilizaciones, como suelen suceder con frecuencia, por ejemplo, en Argentina o España, y más recientemente en Chile o Colombia (dos naciones que tampoco tenían esa tradición). Explicaciones puede haber varias, siendo la más manida la que le atribuye a la informalidad un poder desactivador significativo. El informal es un derechista pasivo, inactivo: su trabajo o su empresa informal vive el día a día sin posibilidad de suspender labores para protestar o expresar cívicamente su disconformidad.
Y ese es un problema serio de nuestra democracia. Como bien señala el filósofo Gonzalo Gamio en la Introducción de su más reciente libro (La construcción de la ciudadanía. Ensayos de filosofía política), “en sentido estricto, no existe democracia sin ciudadanos. El grado de libertad que requiere una democracia genuina procede en cierta medida de la disposición de los agentes a involucrarse de buena gana en procesos de deliberación, movilización y vigilancia del poder. El ejercicio de la ciudadanía puede otorgarle dirección y profundidad a la vida de las personas, si estas consideran la acción política como una potencial opción de sentido”.
Llama la atención que el Perú esté desmovilizado cuando, a priori, se suponía que detrás del voto a los dos contendores de la segunda vuelta (Pedro Castillo y Keiko Fujimori) existía una actitud recelosa anunciada como voto vigilante, debido a las sospechas de que ambos contenían elementos potencialmente perniciosos para las libertades políticas y económicas.
Razones hay de sobra para que la ciudadanía se indigne con lo que está haciendo el gobierno. La barbarie que se ha impuesto en sectores claves del aparato estatal (empezando por lo que se está haciendo en el sector Salud, de tan álgida relevancia en estos tiempos de pandemia) amenaza con producir el colapso de la gestión pública. También abundan los argumentos para sublevarse por la actitud reaccionaria del Legislativo, empeñado en tumbarse las reformas educativa y del transporte y ahora tratando de dinamitar la lucha anticorrupción.
Ojalá este marasmo vigente sea superado pronto y empecemos a ver actos de movilización ciudadana, protesta callejera y alzamiento de la voz popular. El país y la democracia lo necesitan. Los poderes mediocres y corruptos que se imponen, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, no se la pueden llevar tan fácil, como si nada grave estuviera ocurriendo. En las calles debe desplegarse el germen de la renovación.
