Informes

El 19 de julio de 1977, cuando la llamada segunda fase del gobierno militar había llegado a un punto en el cual ni los trabajadores ni los estudiantes ni los empresarios daban un centavo por su futuro, los gremios sindicales y las federaciones universitarias convocaron a un paro nacional que hasta hoy, cuarenta y seis años después, no ha sido igualado. Luego del exitosísimo paro, los asesores del régimen militar recomendaron a los miembros de la junta militar que gobernaría el país hasta el 28 de julio de 1980 que convocara a una asamblea para elaborar una nueva constitución y decretara una serie de leyes que sembraran ciertas esperanzas en la golpeada clase trabajadora. Así, el 30 de junio de 1979 -hace 44 largos años-, el Gobierno Revolucionario decreta que, con la finalidad de hacer realidad el sueño de la casa propia para los trabajadores, convoca a los empleadores, a los constructores, a los fabricantes de fierro y cemento y a los propios trabajadores a financiar esa “obra cumbre” del militarismo. Como los medios de comunicación estaban en manos de los propios militares, los aplausos resonaron por meses; y siguieron sonando hasta que otros regímenes y otras urgencias echaran manos (que se sobaban entre sí de tanto gusto) a los fondos del Fondo Nacional de Vivienda, dejándolo seco, como los desiertos costeños en plena sequía.

Preguntémosles, pues a los fonavistas de hoy qué fue de su dinero, por qué los gobiernos sucesivos no han querido devolverles sus aportes y, sobre todo, por qué el ministro Carlos Boloña y los demás creadores de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) no pudieron convertir los papeles del Fondo Nacional de Vivienda en un sistema como el de las AFP. Y, para coronar la expoliación, que alguien nos explique por qué el actual Tribunal Constitucional exoneró al Estado de reconocer el monto de sus aportes en la masa monetaria que la ley obliga a devolver. Además, por cierto, que algún tecnócrata iluminado nos explique por qué los aportes de los empleadores se evaporaron, se esfumó, desapareció.

El abogado Raúl Canelo, uno de los procesalistas más destacados del país fue durante mucho tiempo el asesor legal de los cientos de miles de trabajadores que fueron obligados por ley a depositar mes a mes durante 19 largos años un porcentaje de sus haberes para que, según la ley de creación del Fondo Nacional de Vivienda, el Estado los ayudara a construir sus casas. Cuando el periodo de vigencia de la ley concluyó, los sucesivos gobiernos del Estado peruano se ‘hicieron los locos’ con los miles de millones del Fondo. Cuando los fonavistas chocaron una y otra vez con la negativa del Estado, acudieron al estudio jurídico de Raúl Canelo, y él los ayudó a buscar un camino hacia la consecución de la ansiada devolución.

Aquí, narrada por el propio Raúl Canelo, la historia de la lucha de los fonavistas contra la burocracia dorada del Ministerio de Economía.

¿Por qué el Estado no cumple con el pago a los fonavistas?

No hay ni ha habido voluntad política verdadera de los diversos gobiernos por devolver un derecho de propiedad a quienes, por más de 19 años, aportaron a un fondo que les prometió una vivienda propia, y, tampoco, a los empleadores, quienes aportaron para sus empleados, porque esos aportes eran también parte del concepto remunerativo. Recapitulemos, el Tribunal Constitucional ha dicho ya en varias oportunidades que esos aportes constituyen un derecho de propiedad, que cada quien había colocado su dinero en una cuenta personal en estricto; y, por lo tanto, el Tribunal Constitucional decidió en su momento que esas aportaciones no eran tributos, en consecuencia el Estado administraba un recurso que no le pertenecía porque era propiedad de una persona, de un trabajador, y, por extensión, de millones de trabajadores que aportaban al Fonavi. Y, cuando se disuelve el Fondo, el remanente de ese Fondo   tenía que devolverse a las personas propietarias del Fondo. Ese es un razonamiento simple y elemental y que corresponde a un estado de derecho, donde, mínimamente, se respeta el derecho de propiedad. Eso se decidió, aproximadamente, en el año 2007; en el año 2010 se llevó a cabo un referéndum -pese a la oposición del señor Alan García- que fue aprobado mayoritariamente por los peruanos: el Estado debería devolver los dineros (retenidos) del Fondo. A partir de ahí, se ha vivido una época tormentosa, porque el Congreso promulga la Ley de Devolución y el Ministerio de Economía, a través de articulaciones maliciosas, que yo calificaría como delictivas, viene haciendo correr el tiempo y dilatando el momento de la devolución. Lo hace mediante distintas normas, diversos decretos y, sobre todo, utilizando a la comisión ad hoc creada por la Ley de Devolución, en la cual tiene la mayoría de los miembros, utilizándolos para impedir, para evitar, para imposibilitar la devolución. Para eso, el Ministerio de Economía ha organizado una burocracia con una llamada Secretaría Técnica dizque para la devolución, pero lo que todos los fonavistas sabemos es que lo único que han hecho es colocar a funcionarios con grandes sueldos pagados con nuestros recursos, que, además, están ahí desde 2010-2012 y no han devuelto lo que corresponde a cada uno de los aportantes. Están en unas planillas doradas ilegales y a lo único a lo que se dedican es a obstruir y a evitar la devolución.

Durante el gobierno de Ollanta Humala y ante la presión de los fonavistas, el Ministerio de Economía decidió hacer una devolución, pero no en función a lo que le correspondía a cada quien de acuerdo a sus aportes, sino que se inventaron una fórmula para devolver 1,200 soles por persona: una cantidad realmente absurda y abusiva. Ante esa situación, el Congreso promulgó en 2021 la Ley 31173, la cual hace algunas precisiones y dice que tiene que devolverse el monto actualizado, que tiene que devolverse el total de lo aportado: lo que el Estado les retuvo mes a mes durante 19 años a los trabajadores y a los empleadores de estos. Todo eso se dijo en la mencionada ley; y todo lo demás que dijo la ley debe ser cumplido, por lo que la comisión debería ser presidida por un miembro de la Federación de Fonavistas, que es la promotora de esta devolución. El Ministerio de Economía del breve encargo presidencial de Sagasti también incumplió esa ley. Es más, el ministro de ese entonces inició una acción de inconstitucionalidad contra la ley promulgada por el Congreso y, en el colmo de los colmos, le mintió al país y dejó en ridículo a los economistas peruanos, sosteniendo que el monto de la devolución del Fondo equivalía a diez veces el Producto Bruto Interno de la China. Un mentiroso, un economista de la Católica que miente, un profesor de la Pacífico que se burla de los fonavistas, de sus hijos, de sus nietos, y, sobre todo, de los deudos de los fonavistas muertos en la larga espera.

Hay que ser muy claros en decir que el actual Tribunal Constitucional ha cercenado el derecho de los trabajadores a su dinero, declarando la inconstitucionalidad de la Ley 31173, sosteniendo que el dinero aportado por el empleador para su empleado no existe. Entonces, yo me pregunto: ¿de quién es ese dinero aportado por los empleadores? Un comunicador, probablemente a órdenes del MEF, ha dicho que ese dinero fue usado para poner agua y luz en los pueblos jóvenes. Y qué, cuál fue el beneficio de esos pobladores si hasta hoy siguen pagando en sus recibos de luz el Fonavi. Todo es cuento, triquiñuelas del Ministerio de Economía, como cuando citan a sesión de la Comisión. Basta que no vaya un burócrata dorado para que automáticamente se vayan todos los demás, porque no pueden perder la mayoría. Triquiñuelas.

A todo esto, vale preguntar: ¿Señores, en el Perú se respeta el derecho de propiedad o este puede confiscarse sin pagar el justiprecio?

Dígame doctor Canelo, ¿por qué los ahorros pensionarios públicos pudieron transformarse, vía las AFP, en cuentas individuales y bonificadas y los ahorros para las viviendas, vía la Ley del Fondo Nacional de Vivienda de 1979, que tenía las mismas características no recibieron el visto bueno del Estado?

Fue una decisión política, cuyo único propósito era apropiarse de los recursos de la masa trabajadora. Pero como es una propiedad, tan igual a la que tienen las personas que son dueñas de los bancos, uno debe exigir el respeto inalienable a su derecho de propiedad: un trabajador que aportó a un fondo tiene su derecho de propiedad intacto, y el Estado no tiene pretexto alguno para no devolver ese aporte. No hay derecho que ampare al Estado contra el aportante, sobre todo si este es un jubilado. No existe ningún derecho que autorice al Estado a no devolver el aporte del trabajador, incluyendo, por cierto, el aporte íntegro del empleador.

Ahora volvamos al inicio de su pregunta. En los primeros años de los noventa, se creó el sistema de las administradoras de fondos de pensiones porque las entidades financieras necesitaban dinero fresco para iniciar sus actividades en el rubro pensionario, y, qué mejor opción que recibir el dinero de millones de trabajadores sin costo alguno, solo con la promesa de devolverles una cifra equis en el futuro. Además, por cierto, de recibir -antes de iniciar el proceso jubilatorio- un bono de reconocimiento de todo el dinero que el Estado nunca depositó en las cuentas individuales de los trabajadores inscritos en el sistema público de pensiones.

El gobierno de Alberto Fujimori, que fue el creador sistema pensionario privado, lo que hizo fue permitir que funcione el sistema con el dinero que el Estado había recibido de los trabajadores a lo largo del tiempo. Pero, como en el caso del Fonavi muchas empresas no habían abonado los montos que ellas debían aportar y sólo tenían disponibles las retenciones a los trabajadores, hubo y habrá muchísima resistencia a constituir un sistema de construcción de viviendas sociales o, en su defecto, devolver todos los montos contemplados en la ley creada por Francisco Morales Bermúdez en 1979.

Y si alguien quiere pasarse de listo y decir ‘no te devuelvo porque no hay plata’, le pregunto: ¿con qué dinero se hizo Mi Vivienda, con qué dinero se hizo Techo Propio? Escúchenme, en construcciones hechas por Sedapal hay 3 mil millones de soles de los fonavistas. Más aún, ¿con qué dinero se iba a beneficiar la desarrolladora inmobiliaria Sada Goray? Todos esos intereses están detrás del bloqueo a la devolución de los aportes a los fonavistas.

¿Cuántos miles de millones de soles calcula usted que el Estado ha expoliado a los fonavistas?

Hace una buena cantidad de años, cuando los fonavistas eran 5 millones, calculamos que esa cifra llegaba, aproximadamente, 40 mil millones de soles. Ahora, pese a que la ley de devolución dice que los montos aportados son heredables, parece que la maldad de los burócratas dorados apunta a que cada día mueran más y más fonavistas para hacerles la vida imposible a sus herederos cuando la justicia triunfe sobre la maldad.

 Información necesaria

Durante los días en los cuales estructúranos este informe, llamamos a la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc. Recién al cierre, la señorita Gisella Pacheco nos informó que el señor Mauricio Gonzáles Ángulo estaba impedido por la Ley a adelantar opiniones a la prensa.

Los últimos hechos en el drama de Fonavi

En abril de 2021, se aprobó la Ley 31173 que disponía la devolución inmediata de los aportes realizados por los fonavistas, quienes vieron la posibilidad de enfrentar con ese ingreso los problemas derivados de la pandemia. Sin embargo, poco después el Ejecutivo observó la ley y presentó una demanda contra ella en el Tribunal Constitucional.

En abril de 2022, el Congreso corrigió las observaciones y, posteriormente, aprobó la Ley 31454, garantizando así los pagos a los aportantes.

En marzo de este 2023, el Tribunal Constitucional en un fallo cuestionado por los fonavistas y por los mayores conocedores de la mayor mezquindad oficial contra quienes aportaron hasta por 228 meses un diez por ciento de sus haberes para obtener una casa propia, decidió que el Estado devuelva solamente los montos aportados por los empleados, más no así los aportados por los empleadores, reduciendo la deuda estatal de 42,000 millones de soles a 6,000 millones de soles. Además, el Ministerio de Economía para dilatar más la devolución, Indica que la ley aprobada sólo permite la emisión de certificados de reconocimiento por el monto total, y no por partes. Entonces, el Congreso corrige ese ‘detalle’ y el 21 de junio pasado aprueba la autógrafa del proyecto de ley 4702 que autoriza la devolución en pagos parciales, lo que no impide que luego se acrediten nuevos pagos hasta completar el íntegro de la deuda estatal reconocida.

Según datos de los miembros de la comisión ad hoc creada por el Estado, en el momento existen únicamente 2,000 millones de los 6,000 millones reconocidos después del fallo del Tribunal Constitucional. Es decir, sólo un tercio de la séptima parte del dinero recibido por el Estado entre 1979 y 1998.

Hay varias palabras en el idioma castellano para describir ese hecho, yo me quedo con una sola frase: es el robo más grande contra el trabajador peruano en la historia republicana.

A manera de epílogo.

Cuando Carlos Boloña fue ministro de Economía y Finanzas, entre 1991 y 1993, los técnicos del sector idearon dos sistemas -que los comentaristas de la época bautizaron como ‘los siameses’- para proteger las pensiones de los trabajadores, el primero, y para devolverles los aportes de esos mismos trabajadores a un fondo de vivienda creado en las postrimerías del gobierno militar por el general Morales Bermúdez. El primero de esos sistemas se creó y consolidó a “imagen y semejanza” de las asociaciones de fondos previsionales chilenas. El segundo, como ha explicado el abogado Raúl Canelo fue boicoteado por diferentes sectores y por diversas razones, siendo los montos aportados en uno y otro caso de la misma envergadura, toda vez que el porcentaje afectado en ambos fondos era casi el mismo. Tan enigmática como la verdad de la existencia de la famosa Página 11, que acabó con el primer belaundismo, la razón final de la destrucción de la posibilidad de darle casa a cada trabajador formal es un misterio sin resolver.

Salvo error u omisión.

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