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[INFORMES] “Para un 29 de junio del 2017 pedí una compensación o que se me permitiera faltar, ya que era un feriado. Obviamente me dijeron que no. Aun avisando que me lo iba a tomar porque me correspondía, me llevé la sorpresa más ingrata de mi vida. Fui a trabajar el día lunes, después del feriado, y me dijeron que no podía entrar al canal”, confesó María mientras recuerda la travesía judicial en defensa de sus derechos laborales.

María de Jesús Gonzales es una profesional del periodismo que se ha desempeñado 22 años en TV Perú y cuya trayectoria es reconocida por haber pasado por todos los horarios, como reportera y presentadora. “En 22 años nunca he recibido una gratificación. Nunca he pasado por servicios no personales, luego CAS y ahora emito recibo por honorarios sin ningún beneficio. Hace cinco o seis años decidí hacer una acción legal contra el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), que en realidad es contra el Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Por la falta de derechos laborales”, sentenció María de Jesús mientras hace referencia que todo esto ocurrió durante la gestión de Hugo Coya como presidente del directorio.

“Llegué a la puerta del canal, iba a ingresar, como cualquier día, y me dicen: No María de Jesús, no puedes ingresar, hay una orden que ya no ingresas, ya no estás en el canal”, reveló la periodista quien regresaba al canal después de este feriado que le corresponde por derecho y pensaba que se trataba de una confusión, ya que el agente de seguridad era nuevo.

“Me fui a la puerta principal. Ahí fue peor, me bloquearon igual. No, no, María de Jesús, no lo hagas más difícil, por favor, no podemos permitirle el ingreso. Recuerdo a una señora en recepción que le dije, ¿qué está pasando? Me dijo que le habían indicado que ya no podía ingresar al canal”, recuerda la periodista mientras añade que pudo entrar al baño, ya que se encontraba muy afectada por el trato que había recibido.

Esta fue la oportunidad para la periodista y habló con el entonces gerente de prensa, José Vargas, quien le indicó que ya se había tomado una decisión. Ante la falta de respuestas, María de Jesús fue a increpar por los abusos recibidos al presidente del directorio del IRTP, Hugo Coya, quien se encontraba con visitantes en su oficina. “¿Por qué me haces esto? ¿Así tratas a los periodistas?”, fueron las palabras de María de Jesús hacia el alto directivo de la entidad. Este solo mostró su indiferencia pidiendo que la retiraran de su oficina.

Recuerda que varios periodistas la llamaron para mostrarle su apoyo, ya que este vergonzoso incidente ocurrió en los dos accesos que tiene el IRTP. A pesar de ello, pudo hablar con el gerente de prensa y después de quince días pudo regresar al canal. Obviamente estos quince días no se le reconoció en su pago y fue interpretado como una sanción, según ellos por haber faltado el 29 de junio. María de Jesús Gonzales decide empezar una acción legal. “Necesitaba protegerme”, añade.

Solamente me había tomado un feriado calendario, y había vuelto a trabajar el lunes, y me dijeron que no. Es ahí cuando tomó la decisión de interponer una acción legal contra el Ministerio de Cultura. Han pasado cinco años de audiencias, apelaciones, la casación y entre otros procesos para que, finalmente, el juez del decimoquinto juzgado diera mi resolución favorable, lo cual constituye una sentencia de COSA JUZGADA”, indicó.

En la resolución se le ordena al IRTP que me coloque bajo el régimen laboral 728 y por supuesto se me paguen todos esos años de mis derechos laborales, además de mi CTS y otros. Fue emitida el 8 de noviembre de 2022 y lamentablemente el canal no ha cumplido hasta ahora con parte de la indicación judicial (hace referencia que solo la han puesto en el régimen 728)”, menciona María de Jesús mientras recuerda que cuando ingresó Ninoska Chandia, como presidenta del IRTP, le hizo hincapié sobre la resolución y que se pueda cumplir lo que decía la Sala.

Mira, mejor vete a tu casa, ya no te hacemos órdenes de servicio, y lo que vamos a hacer es esperar que se dé todo adecuadamente para que ya ingrese como estable”, fue la respuesta que le dio Ninoska Chandia con respecto a su pedido. “Mi abogada me dijo que no era posible, tú no puedes estar ni un solo día desligada de tu trabajo porque tú ya eres estable a través de una resolución de cosa juzgada de noviembre 2022”, manifestó la periodista indicando que era inadmisible que una ejecutiva aluda ese tipo de soluciones.

Transcurría el tiempo y en finales del mes de agosto, el gerente de prensa, Roberto Wong, le indicó a la periodista que la gerencia general, la alta dirección, la presidenta del canal y los gerentes ya no le harían orden de servicio y que estaba fuera, que ya no vaya el 1 de septiembre a laborar. María de Jesús recuerda una confesión atroz del gerente. “La verdad, María de Jesús, necesito tu sueldo, necesito tu sueldo para poder pagar a las nuevas personas que tenemos que contratar”, manifestó.

Te estás prestando a una indicación que recibes y no nos defiendes. A tus colegas, a los periodistas que trabajamos día a día como tú, sólo por un puesto de gerente”, recordó la periodista sobre lo que increpó al gerente de prensa quién reiteradas veces le seguía diciendo que ya no fuera a laborar ese día. Aun así, María de Jesús se presentó el 01 de septiembre.

La procesión va por dentro”. Esta es una de las frases que rescatamos de nuestra conversación con María de Jesús Gonzales, ya que hace referencia a que no quería escándalos y que siempre ha sido respetuosa con su trabajo y con quienes ha laborado a pesar del hostigamiento, maltrato y grave violación a sus derechos laborales. Sin embargo, lo ocurrido ese 01 de septiembre ha marcado profundamente la vida y trayectoria de la periodista.

El atropello del IRTP contra María de Jesús

El 01 de septiembre del 2023 a las 08:30 am, María de Jesús Gonzales se presentó en la puerta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. “Me esperó la seguridad en la puerta, con otra seguridad más en la otra puerta que da acceso al pasillo del canal. Intenté entrar, pero me indicaron que la secretaria de presidencia ha llamado y ha dicho que ya usted no tiene ningún vínculo con la empresa y por lo tanto no puede entrar. Entonces yo reconozco que me afectó un poquito y dije: esto no se queda así”, confesó.

La periodista anticipándose, a partir de lo dicho por Roberto Wong días atrás y para evitar otro escándalo como lo ocurrido en el 2017, decide apersonarse con agentes policiales. No obstante, decidió acercarse sola al acceso del canal, y es que pensaba que no sería necesario la actuación de las fuerzas del orden; sin embargo, al ver todo este suceso del impedimento de ingreso de la periodista, la policía decide intervenir. “Se pusieron a hacer mil llamadas (personal del canal) y se dieron cuenta que era un error. Luego vino el gerente de prensa a intentar revertir la situación. Le dije, no, definitivamente”, sentenció.

Roberto Wong, gerente de prensa, intenta que la periodista ingrese a las instalaciones, y es que ya se había advertido a la presidencia ejecutiva y gerencia que la periodista se había acercado al IRTP con agentes policiales. “Yo ya no ingresé. Por más que él quiso que yo ingrese, el daño ya estaba hecho, ya se había perpetrado el abuso de autoridad”, mencionó.

“Voy a la comisaría y puse la denuncia”, mencionó la periodista. Por su parte, desde el canal se intentó decir que la responsabilidad era de la Jefa de Administración, Sonia Alegría, porque supuestamente es la jefa del Área de Seguridad. “Hablé mil veces con ella y me juró en mil idiomas, y creo que lo hizo en un descargo por escrito, que no había sido ella quien dio la orden”, añadió.

MARIA DE JESUS PONIENDO LA DENUNCIA DESPUÉS DE SU IMPEDIMENTO DE INGRESO AL CANAL

“Me acompañó a la oficina central del canal para hablar con el gerente general, Francisco Vivanco, y nos hicimos una especie de careo. Nos sentamos el gerente general, el gerente de prensa, la jefa de administración y esta humilde periodista. Le dije por qué han dado una orden. Me dijeron, aquí nadie ha dado ninguna orden, es mentira. Mi pregunta lógica es, si quien ha llamado es la secretaria de la presidencia ejecutiva, la señora Blanca, y ha ordenado a la seguridad que me impidan el ingreso, entonces, ¿quién dio la orden?”, fue la gran interrogante que se hizo la periodista para Sudaca.

“Solicite la versión de la telefonista que estaba en recepción, donde la señora Sendi, que es quien estaba en recepción en ese momento, me entrega un documento por WhatsApp y me señala la correlación de hecho. Efectivamente, una llamada de la presidencia ejecutiva que recibió el señor Ciro Tineo, que era en ese momento el de seguridad, le dicen que cuando yo regrese, ya no tenía vínculo, y por lo tanto no entraba. Esa versión fue corroborada verbalmente entre este señor de seguridad y yo, porque se lo pregunté, ya que no quiero cometer ninguna injusticia. ¿Quién te dio la orden? Y él, por supuesto, reafirmó lo dicho”.

DENUNCIA INTERPUESTA POR MARIA DE JESUS POR LO OCURRIDO EL 01 DE SETIEMBRE

María de Jesús nos comenta lo desgarrador que fue todo eso. Además, hace referencia que “el canal de todos los peruanos” tiene problemas más allá de lo administrativo. “A los temporales, el mes de octubre les han pagado en la quincena de noviembre. Hemos tenido problemas hasta de apagón de los monitores de prensa por muchos días, todos están, ya parece, obsoletos, y seguramente es interesante querer diversificar la oferta televisiva, pero no puedes colocar tanta gente, tantos espacios en la parrilla cuando no le pagas a tu gente, ni siquiera de manera puntual”, menciona la periodista.

Sudaca accedió a conversar con Joseph Dager

Conversamos con el expresidente del IRTP, Joseph Dager, para analizar lo sucedido con el caso de María de Jesús Gonzales, y es que el expresidente tomó conocimiento de lo sucedido a la periodista cuando asumió su cargo. “Le ofrecieron dejar la planilla para pasarla a una condición de tercera con la historia de que ganaría un poco más y, efectivamente, pasó a ser tercera y pasado un tiempo se vence su contrato y deciden no renovarle. Eso ella lo interpretó como una trampa que en su momento le hicieron”, comentó Dager quien recuerda que la periodista se hizo asesorar por abogados y encontraron que hubo una irregularidad en todo este problema.

“Cuando tú estás en planilla, la empresa o el Estado, quien fuera, no te puede contratar inmediatamente por tercero, tiene que pasar un año para que te contraten así. Eso que le hicieron a ella no está permitido legalmente. Ella puso una demanda y en medio de ello hubo cambió del directorio del IRTP y, es el nuevo presidente quien la contrata de nuevo, la coloca en su cargo que tenía como planilla, pero en calidad de tercero, ya que para que salga una cuestión por planilla es imposible en el Estado”, mencionó el expresidente del IRTP.

Durante la presidencia de Joseph Dager. “Cuando asumo la presidencia del IRTP, la encuentro a ella como presentadora y me enseñó justamente dicha resolución. Yo me reuní con ella y con la gerente general de ese entonces y le dije que no importaba si yo estoy de acuerdo o no, lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir con este mandato judicial, ya que era la última instancia”, manifestó. “Sin embargo, para hacer cumplir esto, es decir, para yo pedirle al MEF; primero me tiene que notificar a mí, el juez. No basta con que te notifiquen a ti (por la periodista). Una vez que me llegue esa notificación, lo primero que voy a hacer es abrir un CAS y le pido al MEF lo que está obligado a darme, un 728, una planilla estable. Pero bueno, en eso vino mi cambio”, indicó.

Le consultamos al expresidente del IRTP porque personal de tercera no recibe beneficios (véase gratificaciones, aguinaldos, entre otros). “Los puestos de 728 de CAS son muy pequeños en el Estado. Es este mismo quien termina completando los puestos que necesita a través de lo que se llaman terceros o servicios no personales. Eso pasa en el IRTP, pero pasa también en los servicios no personales. Pasa en todo el Estado y, lamentablemente, son trabajadores, pero sin derechos”, mencionó Dager lamentando la situación de María de Jesús y recordando la gran profesional que ha sido a lo largo de estos años en TV Perú.

Cuando conversamos con la periodista hizo mención que se sentía desplazada y excluida de los eventos del canal. Y es que este miércoles TV Perú ha realizado su Preventa 2024, la cual no ha contado con la presencia de la periodista, quien confesó que no se le hizo extensiva ninguna información o invitación del evento; además, no se le está teniendo en cuenta para las actividades del canal. Le consultamos sobre su permanencia en el canal y el claro mensaje que le están dando los directivos al excluirla de las actividades oficiales del medio de comunicación, como una preventa:

“Es una posición dura y difícil para ellos, dado que ahora yo ya tengo la estabilidad laboral. Al tenerla ganada por el juicio de cinco años, ellos no podrían tocarme. Lo que yo quiero es hacer mi trabajo, lo que amo, lo que sé hacer, lo que he logrado estos años. Ser periodista, conductora, presentadora, estoy preparada para muchos retos, como lo fue cuando tuve que tomar esa decisión. No fue fácil porque me advirtieron muchas personas lo que venía”

María de Jesús Gonzales para Sudaca

La falta de puntualidad en los pagos

“Cuando entra la gestión de Pedro Castillo, la cosa se puso peor a nivel de puntualidad de pagos. En un mes, por ejemplo, te podían pagar el 31 con suerte; en el siguiente mes, el 2, 3 o 4”, menciona la periodista quien recuerda que los trabajadores del canal se desmotivan y no entendían a qué se debía, si a la falta de dinero o por la falta de abasto con tanto personal.

Es curioso que estos problemas sacudan al principal medio de comunicación del país; sin embargo, es más penoso que dentro de ella lo manejen y administren personas que no son capaces de dirigir una gran responsabilidad, como lo es el IRTP. Y es que llama la atención uno de los comentarios realizados por la presidenta del IRTP, Ninoska Chandia, cuando María de Jesús le tocó el tema del escandaloso impedimento de ingreso en su contra al canal. “¿y no te has puesto a pensar que de repente fue alguien a quien le puedes caer un poco mal o que te puede querer hacer una broma de mal gusto?”, recuerda la periodista mientras asegura que solo atino a dejar de lado ese comentario que le parecía desatinado y muy poco profesional; sobre todo, viniendo de la más alta autoridad ejecutiva del IRTP.

Además, la periodista hace mención sobre la actitud de la abogada del canal quien en reiteradas ocasiones intentó ridiculizar y quitarle el derecho de increpar y exigir respuestas claras. “La abogada quiso jugar su papel como defensora de la presidenta, o de querer ridiculizarme. Porque le dijo, usted, presidenta, no está obligada a responder nada de lo que la conductora le pregunta”, menciona la periodista quien asegura que la abogada se volvió la defensora de la presidenta y no de los trabajadores.

Compartimos con ella una de las tantas reflexiones que sentencia este actuar y que sirve como un llamado a la acción para otros colegas. “En esas dos ocasiones me botaron como un perro, porque me dijeron, tú vas a trabajar, y después me dicen, no, ya no perteneces acá. Eso es algo que suele pasar en el Estado, me parece. Yo lamento, verdaderamente, pero invito a mis colegas y a mis amigos periodistas a que aprendan a luchar. A mí me costó mucho tomar la decisión, como me ha costado mucho también decidir hablar con Sudaca y contarles todo, porque realmente tenemos que, no sólo defendernos, es un tema de respeto a mí misma, no permitirme dar mi versión y no permitir más atropellos”, menciona.

Al cierre de este informe, el futuro laboral de María de Jesús se vuelve incierto en el “canal de todos los peruanos”. A pesar de ello, nuestra colega asegura que seguirá en pie de lucha contra viento y marea para que se respete lo dictado por el juzgado. No solamente por ella, sino también, por su familia y por aquellos que reconocen la calidad de profesional que ha demostrado ser durante estos 22 años en TV Perú.

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[INFORMES] El humo de las bombas lacrimógenas cubre los exteriores del edificio ubicado en el 801 de la Avenida Salaverry mientras las fuerzas de orden no escatiman gritos y empujones para ahuyentar a quienes se encontraban en la calle. El edificio es la sede del Ministerio de Salud y las personas contra las que se usaron las bombas lacrimógenas no son grupos extremistas que buscan generar disturbios ni integrantes de la barra brava de algún de equipo de fútbol en pleno enfrentamiento con sus rivales sino las enfermas que meses atrás eran las heroínas de una pandemia que había devastado al Perú.

En medio de este caos, Sudaca pudo conocer la historia detrás de este inesperado enfrentamiento que ha llevado a que las enfermeras peruanas vean al ministerio de su sector como un actor indiferente a sus necesidades y hasta dispuesto a exponerlas a la violencia de otros grupos.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

Seis años atrás, cuando el Ministerio de Salud se encontraba bajo la conducción de Patricia García, se firmó un acta sobre la escala remunerativa de los profesionales de la salud. En este documento, este ministerio de comprometía a reducir las brechas salariales entre los profesionales de la salud.

Este proceso comprendería varios tramos y tenía como objetivo llegar al 2021 con el objetivo cumplido. Sin embargo, la pandemia del Covid-19 cambió el panorama en 2020 debido a la emergencia sanitaria que concentró todo el esfuerzo del sector salud. Para 2022, las conversaciones para que se retome lo pactado en 2017 fueron retomadas, aunque con un desenlace inesperado.

Según relató a Sudaca, Judith Cabellos, presidenta de la Federación de Enfermeras del Ministerio de Salud del Perú (FEDEMINSAP), el Ministerio de Salud cometió un error con el presupuesto y optó por utilizar el dinero que estaba destinado para cumplir con la escala remunerativa pactada para repartirlo con otros trabajadores del sector salud.

“Como es político y quiere bañarse en popularidad con ese sector de los técnicos anuncia como iba a ser la distribución de dinero y nosotros íbamos a ser los afectados”, señala Cabello y agrega que el ministro César Vásquez Sánchez ha logrado que ella, como representante de las enfermeras, sea víctima de violencia verbal y física así como de acusaciones falsas.


“Nosotros no nos oponemos que les aumenten, pero no pueden coger un presupuesto que está destinado a un sector y dárselo a otros”, aclara Judith Cabellos y explica que, desde el Ministerio de Salud, se intentó generar un conflicto entre las enfermeras y otros trabajadores del sector al tratar de instalar una versión según la cual la Federación de Enfermeras del Minsa estaban en contra de aumentos para otros trabajadores.

EL ERROR DEL MINISTRO

“El ministro acepta que ha ocurrido una equivocación”, relata Cabellos sobre la reunión que pudieron sostener con el titular del Minsa semanas atrás. En este encuentro, que recién pudieron gestionar mediante la intervención de algunos congresistas, César Vásquez habría reconocido que el reclamo que hacían las enfermeras era justo.

Sin embargo, pese a reconocer que estaban exigiendo lo que les correspondía, el ministro Vásquez alegaba que no contaba con el presupuesto para cumplir con el tramo pendiente de la escala remunerativa en cuestión y no sabía cómo solucionarlo. “Él manifestaba que a una enfermera se la había aumentado un 176% y eso es falso”, cuestiona Judith Cabellos. La representante de las enfermeras comenta que, si fuese cierto lo dicho por el ministro, las enfermeras ganarían aproximadamente cinco mil soles cuando recién en 2013 lograron un aumento para ganar S/. 2239.

La cifra de enfermeras afectadas por este error del Ministerio de Salud es de cincuenta y siete mil y, a pocos días de someterse a aprobación el presupuesto para el sector salud, este grupo teme que el objetivo de la escala remunerativa pactada años atrás cumpla otro año sin cumplirse.

“Nosotros no vamos a descuidar a nuestros pacientes. No lo hemos hecho durante una pandemia y menos lo haremos en estos momentos. Nos debemos a nuestros pacientes”, agrega Judith Cabellos antes de terminar la entrevista y manifiesta su preocupación debido a  que, durante las jornadas de protesta pacífica en los exteriores del Ministerio de Salud, ha observado la presencia de obreros de construcción civil lo que las lleva a temer ante nuevos episodios de violencia.

 

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[INFORMES] Hace aproximadamente unos 40,000 años, los neardentales que habitaban el actual territorio francés decidieron un buen día enterrar a sus muertos, creando una práctica que unos 25,000 años después se convertiría en el ritual sagrado de despedir y de enterrar a los fallecidos en terrenos destinados exclusivamente para ese fin.

Como quiera que desde ese lejano día, en que los miembros de esa comunidad humana ahora desaparecida decidieron guardar bajo tierra los restos de sus parientes fallecidos, hasta hoy han muerto unos 100 mil millones de seres humanos, según el Population Reference Bureau de Washington, el área ocupada por los muertos es inmensa, sobre todo en el vasto territorio euroasiático.

Si descontamos los cientos de miles de hombres, de mujeres y de niños enterrados en tumbas individuales o familiares en todos los continentes habitados por los cazadores y por los recolectores antes de la transformación de estos en seres sedentarios que aprendieron a domesticar a los animales y a cultivar estacionalmente los frutos y las verduras que antes recogían en su actividad nómada, nos quedan aún miles de millones de humanos enterrados en los cementerios que los humanos sedentarios crearon en los alrededores de las aldeas creadas hace más o menos 12,000 años.

Y este es el punto fundamental de la discusión abierta por los defensores de la intangibilidad de los terrenos situados cerca de los cientos de huacas existentes sólo en la ciudad de Lima. Pero antes de darle la palabra al arqueólogo Luis Jaime Castillo, ex ministro de Cultura, tenemos que describir rápidamente la epopeya de los primeros habitantes de América, quienes en un periodo no menor de 15,000 años y no mayor de 20,000 años poblaron el continente entero, y, para mayor gloria de sus descendientes en estas tierras, crearon Caral, las culturas Moche y Chimú en el norte y la Nasca en el sur.

Es en la parte peruana de esta epopeya sudamericana que sus primeros ocupantes crearon el mayor territorio arqueológico del planeta Tierra, y lo hicieron sin descubrir el uso de la rueda ni la escritura, que a otros hombres de esa misma época pero en otras latitudes les sirvió para recorrer mayores espacios en menos tiempo y trasmitir experiencias a sus descendientes.

Pero, mejor, leamos que nos dice nuestro entrevistado.

El ex ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, responde a los que defienden una deficitaria Ley de Cultura

¿Por qué nuestro país, que posee el patrimonio arqueológico más importante de América y cuya área es la más grande del planeta, no tiene las leyes que lo protejan y no colisionen con el imparable desarrollo inmobiliario del país?

El Perú es un país riquísimo en patrimonio cultural. En nuestro continente, solamente México tiene un patrimonio cultural comparable al peruano. El patrimonio peruano, en material mueble e inmueble no solamente es excepcional, sino que es numerosísimo y está en todas partes: las evidencias arqueológicas pre incas, incas, virreinales y republicanas están por todas partes, eso es algo que caracteriza la identidad nacional. Las evidencias las tenemos tan cerca que los peruanos no nos damos cuenta, pero si tú viajas a la Argentina encuentras que el edificio más antiguo es de 1890, vas a Chile y pasa lo mismo. En nuestro país, solo Lima tiene más de 350 huacas.

Las culturas del Perú antiguo se desarrollaron aisladas del resto del mundo, no recibieron influencia alguna ni de México ni de China ni de Europa ni de ninguna otra parte: todo lo que se conoce aquí en la parte arqueológica es creación independiente, aquí se inventó la cerámica; la metalurgia y la textilería existieron también en otros lugares, pero aquí se inventaron paralelamente sin influencia externa. Lo que hay en el Perú es sólo comparable con lo que hay en la China, con lo que hay en la India y lo que hay en Irak; con lo que hay en Grecia, en Roma y en México.

Es más, las expresiones físicas del patrimonio cultural son decrecientes, porque a diferencia del patrimonio natural una vez que se destruyen no vuelven. Y, además, nosotros hemos heredado ese patrimonio cultural, nosotros no hemos hecho nada para merecernos Machu Picchu, Chan Chan, Chavín de Huántar, por lo tanto tenemos la responsabilidad de legar esas maravillas a las siguientes generaciones, y tal como las recibimos.

Las invasiones en la zona Intangible de Chan Chan y otras zonas arqueológicas del Perú es una amenaza constante ante la inacción de las autoridades.

Aquí hablamos de patrimonio cultural, pero en realidad la palabra es herencia cultural, porque ese patrimonio nos lo va a reclamar la siguiente generación. Y en este momento tenemos que hablar de armonización, porque evidentemente en un país con tanto patrimonio usted tiene que balancear lo que ha heredado y lo que necesita para el futuro, o sea, hay que armonizar la protección con la necesidad del desarrollo. Y en base de ese principio durante años se ha generado una política de protección, de salvaguardia del patrimonio cultural. Esa política, a su vez, tiene una normativa, unos procedimientos, que permiten que se proteja el patrimonio y, también, que se desarrolle la sociedad como debe desarrollarse, que usted pueda hacer carreteras, que usted pueda hacer aeropuertos y pueda hacer una serie de cosas sin afectar la herencia cultural. Esas acciones desarrollistas a veces entran en conflicto, por ejemplo, con la construcción del aeropuerto de Chincheros, que un primer momento se quiso hacer a la mala: lo haga y no me importa lo que se destruye. Y el Ministerio de Cultura dijo “nosotros no vamos a autorizar la construcción del aeropuerto hasta asegurarnos que no se destruya nada”. Claro, hay gente que tiene opiniones divergentes, que dicen que ahí no debe haber un aeropuerto, pero hay que transar entre las dos opiniones contrarias. Ese es mi concepto de armonizar el pasado con el futuro. De cara a esa solución, a lo largo del tiempo se han ido gestando una serie de leyes y de reglamentos que regulan lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer; en base a todo eso se creó la Ley General de Patrimonio Cultural, que es una de las grandes leyes que existen en el país. Que a su vez esa ley tiene reglamentos, y, además, en torno al tema existen otras leyes y otros decretos firmados por presidentes y ministros, que no sólo regulan el tema arqueológico, sino también lo histórico, completan lo que no está en la ley original, convirtiendo la ley en una ley súper completa. Entonces, en junio de este año, entre gallos y medianoche, nuestro “ilustre” Congreso hizo una reforma a la ley, modificando la ley en una serie de capítulos. Si nos atenemos a las leyes, cuando el Congreso tiene una propuesta para modificar una ley, se la tiene que pasar al sector presuntamente afectado, y este sector puede y debe comunicarle las objeciones y decir “no va”. Por lo tanto la modificación es inconstitucional. Lo raro del caso es que la ley no fue observada por el sector Cultura, simplemente dejó pasar las modificaciones. Y aquí voy al tema: la ley modificada contiene una serie de barbaridades, es una Ley Frankenstein hecha con piezas de diferentes cuerpos. Es una ley estalinista que prohíbe los museos privados, pone a todos los museos bajo el brazo de hierro del Ministerio de Cultura, el cual decide cuáles museos pueden funcionar y cuáles no. Y es estalinista, además, porque el Director de Museos del Ministerio de Cultura es un comunista llamado Carlos del Águila, quien, felizmente, ya salió del ministerio. Pero la ley es, además, bárbara, porque permite que las casonas, los campos como el que ocupa el Morro Solar y los sitios arqueológicos puedan ser afectados en su integridad sin levantarles su condición patrimonial. Es una ley para lotizar los sitios arqueológicos y las casonas republicanas; parece ser una ley redactada por la sociedad nacional de traficantes de terrenos. La ley fue publicada en junio y antes de cumplir seis meses fue publicado el reglamento. La ley y reglamento permiten que cualquier empleadito de Defensa Civil pueda declarar inhabitable una casona y ordenar su demolición. Cuando se conoció la magnitud del despropósito, los arqueólogos comenzaron a moverse, los arquitectos colegiados también, intentando parar en seco la ley estalinista. Es en ese contexto que la mayoría de ex ministros de Cultura de diferentes tendencias políticas y sellos ideológicos firmamos un comunicado en defensa cerrada del patrimonio cultural del país, que, nuevamente, repito no es nuestro, porque tenemos que entregárselo íntegro a las nuevas generaciones, ya que es parte de nuestra identidad nacional. Como el Perú es un país establecido en una gigantesca área arqueológica, para muchos una de las más extensas del mundo. Hay miles de razones para defender ese patrimonio cultural, sin cortar las posibilidades de desarrollo de los linderos de los sitios arqueológicos. Para eso existe un sistema de protección, entonces, para socavar el sistema de protección existente en el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie (Cira), pareciera que la ministra Leslie Urteaga están buscando la forma de perforar las leyes que protegen nuestro patrimonio, y, de esa forma, dejar en manos de los traficantes de tierras el futuro de Chan Chan, de Caral, de Chavin de Huántar y, probablemente, Machu Picchu.

Para entender quiénes fueron los congresistas que se pusieron de acuerdo para perforar la ley que protege los activos arqueológicos del Estado, y cómo encontraron el apoyo de la actual ministra de Cultura, Leslie Urteaga, para intentar empoderar a los traficantes de tierras, le preguntamos al congresista Héctor Acuña, presidente de la Comisión de Cultura del Congreso:

¿Cómo se gestó el texto de la ley depredadora de los activos arqueológicos del Perú?

En 2022, cuando el congresista Alex Randu Flores presidía la Comisión de Cultura, un grupo de parlamentarios liderado por él produjo un dictamen aprobando ese acumulado de proyectos de ley que luego se transformaría en el texto depredador de los bienes nacionales. Cuando en agosto de ese año asumí la presidencia de esa comisión, los congresistas integrantes de esta dijeron que el dictamen aprobado no reunía los requisitos legales, y solicitamos al pleno que lo devuelva a la Comisión. Y dos o tres meses después, el dictamen regresa a la Comisión, aprobándose por mayoría y publicándose en junio de 2023. Se dijo, entonces, que esa ley protegería, mejorarla y utilizarla las nuevas herramientas contractuales y de gestión de proyectos para la sostenibilidad de los sitios arqueológicos. Es decir, que las huacas y monumentos sean súper protegidos y no amenazados como las ciudadelas de Caral y de Chan Chan, donde se han construido edificios de cuatro pisos ante la indiferencia del alcalde y la aquiescencia del ministerio, cuyas autoridades dicen que esos edificios tienen más de trece años de construcción.

Los invasores construyeron viviendas rústicas y realizaron surcos para colocar árboles de plátano y de tuna, dando inicio a un supuesto proyecto agrícola para apropiarse de más de una hectárea del sitio arqueológico de la Civilización Caral.

A propósito de eso, mi equipo de asesores ha revisado ese despropósito y ha concluido que en la ley que creó el Ministerio de Cultura existe la novena disposición que obligaba a ese portafolio a transferir en un plazo máximo de 120 días las unidades departamentales del extinto Instituto Nacional de Cultura (INC) a los gobiernos regionales. ¿Qué ha hecho el Ministerio con esa orden ejecutiva? Nada, nada de nada,

El año pasado les dije a mis colegas congresistas que no podemos seguir tolerando que todos los años el sector Cultura siga evitando la transferencia a los gobiernos regionales. Les dije: ¿entonces de qué descentralización estamos hablando?

Cuando en julio el Ministerio de Cultura publica un proyecto de reglamento que elimina el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (Cira), los arqueólogos saltan hasta el techo y publican el comunicado contra el sector Cultura. Entonces, a pedido de varios congresistas se crearon unas mesas de trabajo que han concluido que se debe derogar la Ley 31770. Ese solo acto no arreglaría todo el problema, porque si no se aplica la novena disposición nunca habrá dinero para enfrentar todos los problemas.

En la primera reunión de trabajo también estuvo presente la viceministra de Cultura Haydeé Victoria Rosas Chávez.

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[INFORMES] En junio de este año, los vecinos de la Asociación de Moradores de la Santísima Cruz se encontraron con un panorama inesperado al ver que los negocios, ubicados en el cruce de las avenidas La Molina con Ricardo Elías Aparicio, no podrían seguir funcionando por orden de la Municipalidad de La Molina. Restaurantes, una ferretería, un minimarket y otros negocios vieron que la estabilidad económica de sus propietarios y los aproximadamente seis trabajadores que dependían de cada negocio se encontraba en peligro.

Si bien la Municipalidad de La Molina alega que no se cumplen con los requisitos para que estos establecimientos comerciales puedan funcionar, las razones detrás de este conflicto parecen ser mucho más complejas. Sudaca pudo conversar con el representante de la Asociación de Moradores de la Santísima Cruz y pudo conocer la historia detrás de una clausura que ha dejado en completa incertidumbre a los dueños del terreno y trabajadores.

LA HISTORIA DE LA LICENCIA

Aunque el alcalde Diego Uceda se ha expresado en redes sociales para justificar el cierre de estos negocios alegando que estos nunca tuvieron licencia, los documentos de los dueños de los negocios demuestran que desde el año 2011 contaban con a licencia para funcionar en estos establecimientos.

Además, en la época de pandemia, la gestión que se encontraba a cargo de la Municipalidad de La Molina les otorgó la posibilidad de seguir funcionando sin mayor inconveniente. Sin embargo, con la llegada del nuevo alcalde comenzaron los problemas. “Cuando cambió la gestión quisimos conversar con los nuevos funcionarios para renovar el permiso o sacar la licencia”, cuenta a Sudaca Luis Bonilla, quien representa a la Asociación de Moradores de la Santísima Cruz.

Según explica Bonilla, días antes de la clausura de los comercios, pudieron sostener una reunión con el alcalde Uceda en la que no les manifestó que sus negocios estaban en riesgo sino que, por el contrario, podrían seguir trabajando. “Él nos manifestó que sí nos iba a permitir trabajar mientras se haga mejoras en la zona, pero al día siguiente nos cerraron”, relata Luis.

Aunque esto podría parecer una decisión razonable ante la falta de licencia de funcionamiento, la versión de los propietarios de los negocios es que en más de una oportunidad intentaron obtenerla, pero la municipalidad se las negó con excusas que escapan de lo que se indica en las normas. “La excusa es la falta de habilitación urbana. Pero, investigando con abogados, descubrimos que no era un requisito para la licencia”, señala Bonilla.

Como se puede observar en el sustento que se dio para declarar improcedente la solicitud de licencia de funcionamiento, la Municipalidad de La Molina hace mención a la habilitación urbana como un requisito indispensable para que puedan continuar con los trámites que les darían la licencia de funcionamiento.

Acorde a información oficial, la habilitación urbana busca que se ejecuten obras de accesibilidad y que el terreno en cuestión cuente con agua, luz y desagüe. No obstante, la zona en que se ubican estos comercios es urbana desde hace varios años y cuentan con estas exigencias. “El único requisito es que cumpla con la zonificación y se cumple porque es una zona comercial. También se cumplen con los requisitos de seguridad”, comenta al respecto Luis Bonilla.

Según lo expuesto por los vecinos de La Molina, durante los últimos meses continuaron con sus intentos por obtener la licencia de funcionamiento. Sin embargo, cuentan que la municipalidad del distrito les ponía trabas hasta para ingresar los documentos. “Hemos intentado solicitar la licencia nuevamente, pero no la querían recibir”, explica el representante de la asociación.

Con asesoría legal, finalmente lograron ingresar las solicitudes para obtener la licencia de funcionamiento. No obstante, el resultado final no fue el esperado. “Hubo una inspección de seguridad con algunas observaciones. Esas observaciones eran subsanables. Tenían que ver con señalización, por ejemplo. Subsanamos todas esas observaciones y ese mismo día teníamos una reunión con el alcalde, pero no asistió”, cuenta Luis Bonilla.

Amparados en argumentos legales, los propietarios han explicado las razones por las que consideraban que la apelación a la negativa por parte de la Municipalidad de La Molina para otorgarles la licencia debía ser admitida. Sin embargo, pese al sustento legal que se puede observar en los siguientes documentos, la respuesta no cambió.

Además, los propietarios señalan que han intentado reunirse en más de una oportunidad con el alcalde, pero el burgomaestre de La Molina no ha mostrado interés en escuchar su problema. No obstante, en la Asociación de Moradores de la Santísima Cruz sienten que sus negocios están siendo condicionados a una construcción que la Municipalidad de La Molina pretende realizar.

Acorde a la versión que explica Bonilla, existe un interés de construir una vereda en la misma avenida para el Newton College que se ubica cerca a los comercios en cuestión. “Nos dijo que quería hacer una vereda en esa zona para el colegio y el mensaje fue ‘como necesito la vereda no te hago el negocio’. Es un tipo de extorsión”, relata el representante de los propietarios con respecto al mensaje que recibieron del alcalde Uceda.

“Los propietarios están dispuestos a ceder”, explica Bonilla con respecto a la posibilidad de coordinar con la Municipalidad de La Molina para la construcción de la vereda propuesta por el alcalde. Sin embargo, esta alternativa se ha visto truncada ante el nulo interés de las autoridades por reunirse con ellos.

“Él no quiere al pequeño empresario en su distrito”, comenta Luis y agrega que incluso, en la oportunidad que dialogaron con el alcalde, este les sugirió que mejor vendan el terreno para que se convierta en un parque o un centro comercial. Hasta la fecha, estos comercios llevan cinco meses sin abrir sus puertas y no parece existir una salida en el corto plazo.

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[INFORMES] Desde nuestra última notificación al alcalde de Lima, Rafael López-Aliaga, sobre su responsabilidad con los extrabajadores, lamentablemente hasta ahora, no se ha hecho cargo de los pagos pendientes.  El ambiente que intenta transmitir el actual burgomaestre es de incertidumbre y de promesas que se justifican en ataques contra supuestos que no existen.

Según algunas declaraciones que recibimos, los ex servidores públicos intentaron buscar respuestas, pero la respuesta de las autoridades los dejaron atónitos. “La MML viene utilizando  como excusa para no pagar los beneficios laborales el argumento de que los extrabajadores  eran fantasmas, amigotes o corruptos”, manifestaron.

Durante este lapso los extrabajadaores se intentaron comunicar mediante cartas con algunos representantes (presidentes del Organismo Público Descentralizado “OPDs”, secretarios generales, gerentes) pero  no han tenido respuesta a ninguna de ellas. “Tu pides hablar con el secretario general y no te dan cita; con el presidente del SERPAR (Luis Molina), menos”, recalcan ex trabajadores de esa OPD ; lamentando la odisea que tienen que vivir para buscar alguna solución con respecto a la deuda que tienen con ellos.

“Se excusan en que no tienen plata”. Pudimos reflexionar sobre las carencias que vive actualmente el SERPAR LIMA y es que, lamentablemente, la institución necesita del aporte de la MML para poder cubrir su presupuesto anual de casi 100 millones de soles ; aporte que al parecer, a la fecha, no llega.

UNA DE LAS CARTAS REMITIDAS AL SECRETARIO GENERAL

Ahora bien, la ley establece que los beneficios laborales deben pagarse dentro de las 48 horas posteriores al cese, pero han pasado más de 10 meses  sin que se realice el pago.

En conversacion con SUDACA, extrabajadores manifiestaron que a  la MML no le importa cumplir con la ley y han despedido a todos los trabajadores CAS de la Procuraduría, a pesar de que uno de ellos tiene una orden judicial de reposición.  El colmo de los colmos, también mencionan que en Recursos Humanos les han dicho abiertamente que no acatan las resoluciones del Poder Judicial.

Analizando este panorama, hemos visto las críticas del Dr. Domingo García Belaunde hacia la gestión de la MML, calificando al alcalde como «errático» y señalando que el manejo de los peajes es un desastre. Además, menciona  DGB , la MML no ha realizado los pagos adeudados a extrabajadores .Los envían a la vía judicial para dilatar el proceso y no respetar los fallos. Pareciera que el burgomaestre lo único que quiere es “pasear” a los extrabajadores mientras su gestión sigue en marcha.

A lo anteriormente expuesto se le suma otro gran problema : La situación en el Albergue María Aráoz, ubicado en el distrito de  Villa María del Triunfo, es caótica.  Se han despedido a personal de enfermería y técnicos que tenían años trabajando como CAS. Además, se ha denunciado la falta de suministros de aseo, medicamentos y atención adecuada a los adultos mayores. También se ha cuestionado el destino de las donaciones y apoyos que llegan al albergue.

Esto es solo una parte del problema que está perjudicando a los adultos mayores de la comuna limeña. Sin embargo, este problema lo veremos con mas detenimiento en un proximo informe de Sudaca.

En resumen; siguen los maltratos hacia personas  por parte del gobierno municipal del alcalde de Renovación Popular López-Aliaga, mientras se enorgullece por su nuevo Parque de las Leyendas 2 (Huachipa).  Pareciera que la dilatación, silencio y actos judiciales resume las preguntas que nos hacemos.

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Según investigaciones históricas, desde la época de la llegada de los españoles en el primer tercio del siglo XVI hasta hoy ha habido alrededor de 120 episodios del fenómeno recurrente llamado El Niño. Pero como en nuestras tierras los instrumentos para la medición del clima recién se utilizaron en la segunda década del siglo pasado -y solamente en algunas regiones del país-, es a partir de 1965 que se instalan las primeras estaciones meteorológicas e hidrológicas para medir las lluvias, las mareas y sus caprichosas fluctuaciones. Por esa razón, en el lugar del mundo que ha sufrido la furia de la mayoría de los Niños antiguos no hay registros precisos de sus apariciones anteriores.

Sin embargo, como vivimos en un país carente de escritura anterior a la llegada de los europeos, pero tenemos una viejísima tradición de transmisión oral de los recuerdos, el sabio italiano Antonio Raimondi recopiló en unos escritos que la Sociedad Geográfica de Lima publicó en 1897 la ocurrencia de eventos extremos asociados al calentamiento marino-costero en el norte del país. Dice Raimondi: “El Niño, como tal, es conocido desde las civilizaciones pre incas que se asentaron en las costas del Perú antiguo, como son los Moche, los Lima y los Nasca. La geomorfología, los estudios de sedimentos y la paleontología señalan que el Fenómeno El Niño ocurre por lo menos hace 40,000 años. Además, estas investigaciones arqueológicas demuestran que los cambios drásticos del clima afectaron la costa central del Perú (Cultura Lima, aproximadamente 400 años después de Cristo). La situación resultó ser especialmente dramática para la nación Moche (200 a 700 años después de Cristo) en la costa norte, pues todo indica que durante las primeras décadas del siglo VII de nuestra era, esta próspera civilización sufrió los estragos de una prolongada, implacable y devastadora serie de episodios El Niño”.

Niño costero Sudaca

Los gobiernos regionales de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash solo han empleado el 30,2% de manera conjunta de un total de S/260’498.125. 

Como todavía no hay forma de saber científicamente si un Niño Global obligó a Noé a fabricar un gigantesco barco para subir a una pareja de cada uno de los animales que andaban, volaban o navegaban nuestro planeta para salvarlos del Diluvio Universal, tenemos que apoyarnos en las leyendas sumerias, budistas e indias para informarnos que una serie de inundaciones catastróficas está en la génesis de la vida del hombre en el planeta Tierra.

Como el fenómeno El Niño es un evento recurrente que se produce por el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico en su extremo oriental sub ecuatorial, y según los cálculos de los paleontólogos viene ocurriendo desde por lo menos hace 40, 000 años, más o menos 25,000 o 30,000 años antes de la llegada de la migración del hombre al continente americano, los hombres de estas tierras sabían de su recurrencia, de los efectos de los diluvios y de las sequías sobre sus cultivos y sus criaderos de animales y, sobre todo, cuánto había que hacer cuando el evento terminaba. Es decir, los sabios de las culturas Moche, Lima y Nasca tenían previstas las acciones para mitigar los efectos del fenómeno y a qué atenerse cuando este terminaba su ciclo destructivo.  

Para saber qué va a suceder con nuestra economía -hoy en recesión- y con la agricultura, sus actividades conexas y las demás ramas productivas que nos aportan las divisas que tanto necesitamos, como son la gran minería, la agricultura especializada en la exportación de frutas y verduras requeridas por los mercados norteamericanos y asiáticos y la pesquería dedicada a la fabricación de harina y aceite de pescado, le preguntamos al doctor Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía, ¿qué semejanzas o qué diferencias -más allá del evidente crecimiento de nuestro PBI- tiene el Perú de hoy y el de los años de los tres últimos Niños más destructivos?

El ex ministro Castilla responde: “Son escenarios distintos, porque en 1983 nuestro país no solamente sufrió el ataque frontal de un fenómeno El Niño Global, sino que también sufría de la crisis financiera internacional, la llamada crisis de la deuda, que tenía al mundo en recesión, la cual exacerbó la caída de la producción que fue tremenda. El siguiente Niño de ingrata recordación fue el que se inició a fines de 1997 y duró gran parte del verano de 1998. Ese Niño coincidió también con una crisis financiera internacional, la conocida históricamente como crisis rusa, que provocó una fuerte devaluación, la quiebra de bancos y de empresas y una recesión grande. Esos son los Niño contemporáneos más fuertes que hemos enfrentado. Y el último de la lista es El Niño Costero de 2017, que no se inscribió en una crisis económica y no coincidió con una recesión, aunque nos llevó a tener algunos meses en rojo en las cuentas nacionales. Al hacer las sumas y las restas del periodo, sabemos que dejamos de crecer 1.5 puntos porcentuales entre 2016 y 2017 -porque eso siempre se distribuye entre la segunda mitad del año en el que El Niño se origina y la primera mitad del año cuando el fenómeno termina-, entonces, fue un menor crecimiento difuminado en dos años. Por eso la economía no entró en recesión. Comparado con los tres escenarios que me ha comentado, El Niño actual que lo hemos venido viendo a lo largo del año, desde que se inició con el ciclón Yaku y que ha tenido características de Niño Costero casi todo el año, unido a otros factores ajenos al fenómeno recurrente, nos hizo pensar que terminaríamos 2023 creciendo a 2.5 por ciento, pero terminaremos con crecimiento nulo. Vale decir que entre 1.2 y 1.5 puntos porcentuales de menor crecimiento se pueden atribuir al impacto de los fenómenos climatológicos en los sectores pesquero, agrario, de la construcción y la manufactura primaria y la otra mitad a la convulsión social de comienzos del año que provocó la paralización de parte de la minería, el frenazo de la recuperación del turismo, pero sobre todo la caída de la inversión privada por toda la desconfianza institucional.

¿No se ha hecho nada para prevenir los desastres de El Niño?

“Es lamentable, porque si uno se fija en la actividad de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios o el programa presupuestal que maneja el MEF, uno ve que en el primer caso se gastaron los recursos más en reconstrucción que en prevención, y, por otro lado, de un programa presupuestal de más o menos dos mil millones de soles, grosso modo, 500 millones se dejaron de ejecutar especialmente en las regiones más vulnerables, como en Piura, en Lambayeque y en Tumbes. Entonces la cultura de la prevención no ha funcionado en el país y quizá es porque construir una escuela o una posta médica da más réditos políticos que simplemente descolmatar y reforzar los cauces de los ríos. Ahora este año ha sido particularmente complicado porque se suman los recursos adicionales que el gobierno ha dispuesto para esas actividades de prevención, y acá yo puedo identificar no solamente el dinero del presupuesto 068 que se ha venido gastando un 25 a 30 por ciento en los diez meses anteriores, lo cual es muy bajo.

Niño costero SudacaEl Estado peruano sólo ha gastado el 5,7% de lo presupuestado este año para enfrentar al fenómeno El Niño.

(Como de la inversión privada depende en gran parte el crecimiento del PBI), cuando este PBI no crece, el índice de pobreza se incrementa inexorablemente. La pobreza de este año se publicará, probablemente, para mayo de 2024, y con toda seguridad con crecimiento nulo vamos a tener un incremento de pobreza similar al que tuvimos durante la pandemia. Entonces en mi institución (Videnza) prevemos que la pobreza va a crecer en un millón de personas, producto de la falta de crecimiento y de un costo de vida que todavía permanece muy alto”.

Preguntas sobre El Niño que solo contestará la ciencia del futuro 

Según Josef H. Reichholf, en su libro “La aparición del hombre”, hace más o menos dos millones de años, entre lo que hoy es México -en ese entonces el extremo sur del continente norteamericano- y la actual frontera colombo- venezolana, la zona más septentrional de la Sudamérica del pasado, se formaron una serie de volcanes que unieron ambos continentes y crearon la configuración actual del hemisferio. Ese cambio originó la separación de los mares, produciéndose un Océano Pacífico frío y un Mar Caribe muy caliente y sometido a tormentas tropicales constantes. Entonces, ¿qué designio divino hizo que en ese Pacífico frío y repleto de una abundante fauna marina en su extremo oriental sub tropical se iniciara cada cuatro o cinco años un Fenómeno El Niño?

¿Por qué los científicos de la fauna y flora del pasado sostienen que El Niño solo existe desde hace 40,000 años y no desde la separación de los mares como consecuencia de la “soldadura” de las América del Norte y del Sur?

En el medio de esas y otras elucubraciones habría que aplaudir -hasta que se nos enrojezcan las manos- a los hombres sabios que ordenaron la edificación de Caral en una latitud y a una altitud que la mantuvieron protegida a lo largo de los siglos de por lo menos 1,200 fenómenos de El Niño, según el mismo cálculo que usó Antonio Raimondi en el siglo XIX.

Tiempo al tiempo.

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[INFORMES] Innova Ambiental presentó un recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 00469-2023-MINAM/VMGA/DGGRS del 5 de mayo de 2023, que desaprobó el Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) relacionado con la «Infraestructura para Disposición Final de Residuos Peligrosos de Centros de Atención de Salud: Relleno Sanitario El Zapallal – Celdas de Seguridad». El Tribunal de Solución de Controversias Ambientales lo ha declarado INFUNDADO.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL

Este proceso iniciado por la cuestionada concesionaria se originó en octubre de 2021 cuando Innova presentó una solicitud de evaluación del PAMA. La DGGRS, el 16 de diciembre del 2021 declaró INADMISIBLE la solicitud. No obstante, la concesionaria presentó un recurso de reconsideración, ampliando su alcance en febrero de 2022.

Hay que tener en cuenta que en medio del proceso y, según el documento que Sudaca pudo tener acceso, se llevaron a cabo diferentes eventos y comunicaciones relacionadas al caso, incluyendo lo que pudimos publicar en nuestras ultimas notas sobre la revocación de la autorización del funcionamiento del relleno sanitario «El Zapallal» por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

En el caso de Innova Ambiental que tantos cuestionamientos ha tenido, se destaca la insistencia de la concesionaria por retroceder los procesos que ha venido llevando para evitar las investigaciones y decisiones que golpean fuertemente los cimientos irregulares por los cuales fue creciendo esta concesionaria. Una de ellas es la evaluación del PAMA presentado por Innova a partir del cuestionamiento que se hicieron si el procedimiento cumple con el requisito del Artículo 20 del Decreto Supremo N° 010-2020-MINAM.

El MINAM lo rechazó. En el análisis del documento se sabe que el Ministerio de Ambiente declaró inadmisible su solicitud por un incumplimiento. Innova presentó una reconsideración y proporcionó documentos adicionales. Posteriormente, la DGGRS del MINAM aprobó el PAMA, pero la Resolución Ministerial no fue firmada y quedó en propuesta.

Después de lo acontecido, se designó a una nueva Directora General de Gestión de Residuos Sólidos del MINAM. La DGGRS solicitó una opinión actualizada debido a nuevos actos administrativos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que dispusieron el cierre temporal del relleno sanitario.

PARTE DEL DOCUMENTO EMITIDO POR EL TRIBUNAL

Es aquí donde la Municipalidad de Lima toma relevancia en el caso por el cambio de zonificación del área del relleno sanitario en su normativa; antes de esto, la misma municipalidad clausuró temporalmente el lugar y colocaría muretes en el acceso a las instalaciones de “El Zapallal”. Esto último no agradaría a los representantes de Innova Ambiental, ya que seguidamente -a partir del cambio de zonificación- se revocó la autorización de funcionamiento de Innova Ambiental por parte de la Municipalidad de Lima.

Días grises para Innova

En respuesta a la decisión tomada por la Municipalidad de Lima con el cambio de zonificación, la DGGRS del MINAM desaprobó el PAMA de INNOVA AMBIENTAL. La empresa apeló esta decisión.

Ahora bien, respecto a lo que se mencionaba sobre la vulneración de la colaboración entre entidades, Innova alegó que no se les había notificado sobre ciertos documentos enviados por la Municipalidad de Lima, lo que “supuestamente” habría afectado su derecho a emitir alegatos. Sin embargo, en el documento que emite el Tribunal de Solución de Controversias Ambiental considera que no hubo una violación de la colaboración entre entidades.

Por otro lado, Parlamento 10 habría solicitado ser incorporados como tercero administrador interesado, pero el tribunal desestimó este pedido alegando que no han demostrado un interés legítimo en el caso y, por lo tanto, no se les incorporará como terceros administrados.

Algo que ha llamado la atención es la vigencia de la autorización de funcionamiento de INNOVA AMBIENTAL emitida por la Municipalidad de Lima. La Resolución de Alcaldía N° 284-2023-MML revocó la autorización, pero se descubrió que también se dejó sin efecto una resolución anterior que otorgaba la autorización. Esto significa que la autorización ya no está vigente.

El Tribunal ya dispuso

La resolución del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales confirma la decisión de la DGGRS del MINAM de RECHAZAR el PAMA debido a la revocación de la Autorización de Funcionamiento de la infraestructura por parte de la MML. Además, se declara que no es necesario incorporar al Comité de Gestión «Parlamento 10» como tercero interesado en el procedimiento.

La resolución también ordena remitir los documentos a la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos para su consideración. Además, se ha exhortado que esta dirección resuelva los procedimientos administrativos de evaluación de residuos sólidos dentro de los plazos establecidos en el TUPA del MINAM para evitar demoras.

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[INFORMES]  En los cien siglos que nos separan de los inicios de la agricultura, de la ganadería y del sedentarismo hasta hoy en día, muchas civilizaciones han sucumbido al paso del tiempo, pasando de ser vigorosos imperios y reinos a ciudadelas enterradas, monumentos colosales y objetos prehistóricos que llaman la atención de los humanos contemporáneos.

Como los problemas de inseguridad han aumentado de manera explosiva en todo el mundo, casi ningún país ha podido distraer recursos para resguardar restos valiosísimos en los lugares donde antes se levantaron las grandes civilizaciones de la antigüedad.

Es más, debido a las supuestas órdenes emanadas de su libro sagrado las hordas fundamentalistas musulmanas se dedicaron en las décadas pasadas a dinamitar estatuas de Buda en Afganistán, e invaluables esculturas de miles de años de antigüedad en Irak.

Y así como los militantes del llamado Estado Islámico (ISIS) se dedicaron a destruir el pasado pre islámico en nombre de Alá, hace unas semanas unos trabajadores de la construcción abrieron un agujero en la milenaria Gran Muralla China para que pudieran pasar unos tractores y “tomar un atajo”.

En nuestro país, donde siempre los infractores y los delincuentes usan todos los vacíos existentes en los códigos para transformar la ilegalidad en una mal llamada informalidad, del saqueo centenario de las huacas y de las ciudadelas preincaicas se ha pasado a la invasión, a la lotización y a la venta de terrenos cercanos o dentro de las zonas arqueológicas intangibles en la costa norte y en la costa sur.

Sabemos que muchas veces el celo burocrático de los funcionarios del Ministerio de Cultura entorpecieron  y demoraron por meses y años la ampliación del primer terminal aéreo del país y la excavación del subsuelo limeño donde deberán estar los túneles del subterráneo de Lima y Callao y las conexiones de la red de transporte del gas de uso doméstico e industrial en la periferia de Lima, pero conocemos, también, que su desidia ha hecho que Caral, la ciudad más antigua del continente americano, esté bajo las amenazas de los traficantes de tierras, quienes, probablemente, no podrían diferenciar un huaco de una pelota de rugby.

Al cancelarse el Caral Raymi se han visto afectados los hospedajes y restaurantes que ya tenían reservas.
Al cancelarse el Caral Raymi se han visto afectados los hospedajes y restaurantes que ya tenían reservas.

Y no es que exijamos que Caral sea vallada y custodiada por la infantería de Marina, sobre todo en la zona que limita con Végueta y Supe. No, lo único que se pide es que exista un puesto policial que garantice la intangibilidad de la llamada Zona Arqueológica Caral (ZAC).

Hace unos días, la doctora Ruth Shady, directora de la ZAC, comunicó a la opinión pública que había tenido que suspender el Encuentro Arqueológico Anual Caral Raymi, previsto para realizarse los días 27 y 28 de octubre, que tenía como marco la celebración del vigésimo noveno aniversario del descubrimiento de la ciudadela donde se desarrolló la civilización más antigua del continente americano, debido a que las autoridades del Ministerio del Interior habían ordenado el retiro de los policías que resguardaban el monumento más añejo del hemisferio.

Como nos informó el portavoz de la ZAC, la presencia policial hasta la pandemia del coronavirus era permanente; sin embargo, después de esta, la ausencia del resguardo policial en la Ciudad Sagrada de Caral y en los sitios arqueológicos de Áspero y de Vichama dejaban en peligro constante al personal de campo y a los visitantes que llegan diariamente a conocer los destinos turísticos de la denominada Ruta Caral.

“La suspensión del evento busca garantizar la seguridad de los cientos de visitantes que normalmente suelen congregarse en el valle de Supe, provincia de Barranca, para participar de esta festividad tradicional andina”, dijo el portavoz de la Zona Arqueológica de Caral.

Frente a esta situación, la ZAC ha enviado varios oficios al Ministerio del Interior, reiterándole el pedido de que se restablezca el resguardo policial permanente en esos lugares, ubicados en los valles de Supe y de Huaura. Cabe agregar que hace varios años se construyó en la Ciudad Sagrada una “casa del policía” para facilitar el trabajo administrativo y el descanso de los custodios, pero, como se desprende del pedido de las autoridades de la ZAC, hoy se encuentra sin uso.

Documento enviado por la ZAC al ministro del Interior, Vicente Romero reiterándole el pedido de que se restablezca el resguardo policial permanente.
Documento enviado por la ZAC al ministro del Interior, Vicente Romero reiterándole el pedido de que se restablezca el resguardo policial permanente.

Y, en vista de que en la zona de amortiguamiento hay varios traficantes a la espera del menor descuido para invadir las tierras de la ZAC y véndeselas a los falsos urbanizadores, la doctora Shady reitera su pedido a las autoridades del Ministerio del Interior para que impidan la invasión.

Sudaca se comunicó con el Ministerio del Interior para escuchar su respuesta sobre el pedido de la ZAC, y solo atinaron a decir “estamos esperando la respuesta de la PNP”.

Extraoficialmente, un funcionario de la ZAC nos dijo que si hace 50 siglos los primeros pobladores de esa zona la escogieron para edificar el complejo urbanístico más importante del hemisferio, es lógico que los usurpadores sepan que esas tierras son buenas para edificar viviendas, zonas de esparcimiento, escuelas y centros hospitalarios. “Ellos no saben qué importancia para la historia y para la cultura tiene Caral. Ellos solo quieren beneficiarse con la complicidad de unos burócratas absolutamente ignorantes de la importancia de Caral”.

El fuego afectó a la parte denominada “cerco vivo de Caral”
El fuego afectó a la parte denominada “cerco vivo de Caral”

Incendio provocado

La Zona Arqueológica Caral también ha informado que el pasado 1 de octubre de 2023, se registró un incendio provocado cerca al taller de conservación de la Ciudad Sagrada de Caral. Este hecho delictivo tuvo que ser mitigado por el mismo personal de campo de la ZAC, para evitar la expansión del fuego y la afectación del material institucional que se guarda en ese ambiente: palos de eucalipto, cañas de bambú, esteras y carrizos, entre otros.

Sin embargo, el fuego afectó a los arbustos, parte del denominado “cerco vivo de Caral”, a las rejas de bambú del sitio, al servicio higiénico del taller de conservación y otros espacios. El hecho fue denunciado en la Comisaría del distrito de Supe.

Este lamentable suceso se suma a los anteriores intentos de invasión de los sitios arqueológicos, de amenazas de muerte y de daño físico contra el personal de la ZAC, los que han sido denunciados en su momento ante las autoridades y medios de comunicación. La inseguridad ciudadana podría extenderse a los visitantes y turistas extranjeros que acuden al lugar.

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[INFORMES] La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), según Innova, tomó una decisión arbitraria y sin competencia al instalar obstáculos que impedían su libre tránsito y la de sus trabajadores en el relleno; además, aseguraban que tenían autorización y licencia en virtud de un contrato de concesión (la tan cuestionada adenda de 120 días que permite su supervivencia).

INNOVA interpuso una demanda de hábeas corpus para proteger su derecho a la libertad de tránsito. La sentencia de primera instancia encontró fundada en parte la demanda. Sin embargo, el 18 de agosto de 2023, la Sala emitió la Resolución N° 07, revocando la Resolución N° 08 del 9 de junio de 2023 y declarando improcedente la demanda de hábeas corpus.

La concesionaria no está satisfecha con esta decisión y, en virtud de la Constitución y el Nuevo Código Procesal Constitucional, ha presentado un Recurso de Agravio Constitucional contra la Resolución Impugnada, con el objetivo de que el Tribunal Constitucional revoque la decisión de la Sala y declare fundada su demanda de hábeas corpus en todos sus extremos.

A pesar que esta pelea sea un resumen de un juego de: “quien se tira la pelota”. Hay que tener en cuenta que la MML ha intentado comunicarse con la concesionaria. Sin embargo, ni su representante legal ni en ningún extremo de las instalaciones de la concesionaria se escucha algún tipo de voluntad para un diálogo entre las dos partes sobre el plan de cierre.

Resumen del recurso de agravio constitucional presentado por INNOVA
Resumen del recurso de agravio constitucional presentado por INNOVA

En el texto que accedió Sudaca se argumenta por parte de la concesionaria que la Resolución Impugnada presenta una motivación insuficiente. La Sala que tomó la decisión de rechazar la demanda de hábeas corpus no proporciona razones adecuadas para respaldar su elección. En particular, se discute la falta de claridad en la legitimidad de INNOVA, una persona jurídica, para presentar una demanda de hábeas corpus por la violación del derecho a la libertad de tránsito.

Innova critica la falta de motivación adecuada en la decisión de la Sala y se destaca la capacidad de las personas jurídicas para presentar demandas de hábeas corpus en casos relacionados con la libertad de tránsito y derechos conexos.

Los otros cuestionamientos de Innova

La Resolución Directoral N° 00469-2023-MINAM/VMGA/DGGRS del Ministerio del Ambiente (MINAM) desaprobó el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo presentado por la empresa Innova Ambiental S.A. en relación con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de la «Infraestructura para Disposición Final de Residuos Peligrosos de Centros de Atención de Salud: Relleno Sanitario El Zapallal – Celdas de Seguridad».

Dicha decisión se basa en el informe N° 00833-2023-MINAM/VMGA/DGGRS/DEAA, que concluye que el programa presentado por Innova Ambiental S.A. no cumple con el requisito establecido en el Decreto Supremo N° 010-2020-MINAM, específicamente el punto c) del artículo 20, que exige la presentación de un certificado de compatibilidad de uso del terreno otorgado por la municipalidad provincial correspondiente o un documento que certifique que la actividad económica es compatible con la zonificación asignada.

La resolución también informa a Innova Ambiental S.A. que tenía la posibilidad de interponer un recurso de reconsideración o apelación contra la decisión dentro de un plazo de quince (15) días hábiles a partir de la notificación de la resolución.

Esta resolución y el informe se remitió correspondiente a organismos como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y la Municipalidad Metropolitana de Lima para los fines pertinentes. La Resolución está firmada digitalmente por Patricia Mónica Talavera Chaparro, Directora de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del MINAM.

Indudablemente, la mera existencia de Innova Ambiental en el contexto de la gestión municipal de Lima plantea interrogantes debido a la calidad del trabajo que debe ser ejecutado para el beneficio de la comunidad. Esto no solo se evidencia a través de resoluciones como la reciente. Un caso relevante se presenta el 4 de agosto, cuando la Dirección de Salud (DIRIS) Lima Norte emite su Informe Nº 225-2023-DIRIS-LN/DESAIA/OVS/4.3, abordando la cuestión del «Riesgo Sanitario por emisiones de gases procedentes del Relleno Sanitario El Zapallal».

Este informe contó con la participación de los ingenieros Vargas Ramírez y Delgado Medina, quienes estuvieron acompañados por el inspector de Protección del Trabajo, Tratamiento de Residuos Sólidos y Seguridad (PPTT y RRSS) del Relleno Sanitario, Emil Bustos. Estos nombres se mencionan para verificar la labor llevada a cabo dentro de las instalaciones del relleno sanitario y confirmar las conclusiones del informe.En cuanto a la opinión técnica, en un informe previamente publicado por Sudaca, se trató específicamente el tema de las chimeneas presentes en el relleno. El Informe Nº 6201-2016/DSA/DIGESA, que evaluó la actualización y mejora del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental del Relleno Sanitario El Zapallal, hizo hincapié en las medidas de mitigación para preservar la calidad del aire. Entre estas medidas, se destacó la «quema del gas metano en la salida de los sistemas de drenaje de gases, con el propósito de convertir el gas metano y otros gases combustibles en CO2. Es crucial asegurar que los quemadores permanezcan encendidos de manera constante, ya que las condiciones ventosas de la zona podrían apagar la llama», según lo detalla el informe.

Sin embargo, una inspección realizada por el OEFA reveló que había cinco chimeneas que no eran visibles y, en realidad, no estaban funcionando. Esta situación plantea la pregunta de por qué se proporcionó información contradictoria a la ciudadanía y a los residentes de Lomas de Carabayllo en relación a este tema.

Al cierre del informe se esperan nuevas respuestas y soluciones sobre este proceso. “Aún seguimos a la espera del resultado de la decisión del tribunal de soluciones y controversias ambientales”, comentaron los representantes de Parlamento 10 – Lomas de Carabayllo sobre el proceso entre Innova y el relleno. Este parece un problema que no tiene señales de acabar pronto.

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