Informes

Conversamos con Jose Daniel Anglas, estudiante de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien participó de dicha movilización del 19 de enero en el distrito de Miraflores. “Nos dirigimos al Parque Kennedy, no pensamos que tendría tanta acogida, pero cuando llegamos al Ovalo de Miraflores había dos grupos marcados”, comentó.

“Se exigía en la protesta porque había muertes (al interior del país) y que Dina renuncie, pero por una cuestión moral. En un Estado de Derecho no pueden estar matando gente y haber represión”, reflexiono el estudiante sanmarquino. A las 8 de la noche, el grupo de protestantes en el distrito sureño tomaron dirección por la Av. Arequipa con rumbo al Centro de Lima de una manera tranquila y respetando los espacios públicos, sin buscar confrontaciones. 

“A la altura de Aramburu, había un cordón policial que intentó separarnos”, comentó el estudiante que al igual que los asistentes a la movilización no creyeron que siendo Miraflores un lugar altamente resguardado se iba a dar la situación de lanzar bombas lacrimógenas. “Había menores de edad y adultos mayores. Cuando empezamos a escuchar los disparos, la turba empezó a disolverse. Estábamos muy asustados”, sentenció.

“Los policías empezaron a empujarnos con sus escudos. Nos preocupó que no solamente estábamos los jóvenes; también había padres de familia, menores y adultos mayores que habían salido a protestar”, comentó José mientras recordaba que junto a su familia y varios asistentes intentaron resguardarse y salir de la zona de peligro.

Los comunicadores en acción: Una foto que dice más que mil palabras

Sudaca tuvo la oportunidad de conversar con Ingrid Armas Reyes, comunicadora audiovisual, quien capturo una imagen que ha tenido mucha acogida por parte de los usuarios de las diferentes redes sociales. Dos bomberos luchando arduamente por apagar el fuego, un día después de las manifestaciones, en la Casona Marcionelli. La comunicadora compartió con nosotros lo que se vivía en el lugar de los hechos.

“Mientras yo me acercaba al lugar, más era la tristeza. El ver como poco a poco inconsciente o conscientemente se provocan estos hechos desastrosos”, sentenció Ingrid. Había llegado al día siguiente, pero el calor era sofocante y el humo todavía salía de los escombros del perdido patrimonio cultural. “Los bomberos habían estado trabajando desde la madrugada, cuando tomé la foto eran dos bomberos (un hombre y una mujer)”, agregó.

No lo pensó ni una ni dos veces. “Cuando yo creí que ya estaba todo, no sé cómo doy media vuelta y me encuentro esta historia y la capture. Vi cuando ellos estaban cansados porque ya habían soltado la manguera y yo tenía dos opciones: tomarla con la cámara profesional o con la del celular. Atine en tomarla con mi celular en el momento preciso que yo quería transmitir: El cómo dos bomberos hacían todo lo posible para salvar y apagar el incendio de la casona”, reflexiono la comunicadora.

Sabía que si levantaba la cámara con ese súper lente iba a ser que ellos voltearan y se malogre la escena. Baje la cámara, agarre el celular y dispare. Logre la escena que a muchos les ha gustado”, agregó con entusiasmo.

Yo quería capturar la escena y colocarla en mis redes sociales”, confiesa Ingrid mientras se siente asombrada que 72.000 personas han visto su foto a partir de la página “Limatopías”. Aconseja a los futuros profesionales audiovisuales que no se limiten por no tener una cámara profesional y no poder tomar la “gran foto”. “Más importa la historia que quieres contar y lo que quieras capturar en ese momento. Capturen, capturen y ahí estará la historia”, finalizó Ingrid con una sonrisa.

Bomberos
20 de enero. Tres bomberos y un edificio calcinado. Foto: Ingrid Armas Reyes.

Natali Durand Guevara también es docente sanmarquina y acudió al campus en la mañana del sábado al ser alertada por sus alumnos que uno de sus compañeros estaba siendo detenido por policías que habían irrumpido en su centro de estudios. “Me comenzaron a escribir porque un alumno había sido detenido al igual que varios estudiantes universitarios en esta entrada de los policías. Cuando fui no dejaban entrar a nadie”, relató a Sudaca.

 

“Empujaban a cualquier persona que se quería acercar”, cuenta Durand sobre las acciones de las fuerzas del orden y explica que tampoco dejaban entrar personal de salud, abogados e incluso a congresistas como Isabel Cortez, Ruth Luque y Sigrid Bazán.  “Como docente debería poder ingresar a mi casa de estudios y no pude”, reclama.

“Estábamos preocupados porque veíamos salir a los buses y no sabíamos a dónde los llevaban”, cuenta Durand Guevara. “La policía no decía nada. No brindaba información”, cuestiona la docente universitaria, que recién pudo conocer el destino de los detenidos al seguir uno de los buses que salió de la universidad y llegó a la sede de la Dirincri.

DERECHOS NEGADOS

Pero la peor parte de la historia para manifestantes y estudiantes no terminaría con lo ocurrido dentro del campus y que denunciaron sus compañeros de estudio y docentes. Tras abandonar la sede universitaria, los detenidos fueron trasladados en buses a la Dirincri. Ahí se dirigió la abogada Renata Bregaglio Lazarte, junto a otros colegas que estaban dispuestos a brindar asistencia legal a los detenidos.

“En la Dirincri se han presentado situaciones complejas”, cuenta la abogada sobre lo que vio en el transcurso del sábado. “Había una señora mayor a quien le subió la presión y se sentía muy mal. Prácticamente no hablaba castellano y se le tuvo todo el día en una silla. La señora estaba descompuesta vomitando. Estuvo en una banca hasta las dos de la mañana”, expone Bregaglio.

“En el piso que yo estaba había una mujer embarazada de dos meses y la señora ha estado sentada todo el día en una silla de madera. Otra mujer estaba muy descompuesta, menstruando y en ningún momento se le ofreció la posibilidad de poder recostarse”, agrega.

Sin embargo, en la sede de Dirincri se vivirían episodios más cuestionables con el paso de las horas. “Las personas detenidas señalaban que la policía los presionó para firmar los documentos”, revela a Sudaca la abogada Bregaglio Lazarte y aclara que entre estos documentos se encontraban constancias de no haber sido maltratados por la policía durante el operativo para detenerlos.

Un episodio que tendría como agravante el hecho de no haber contado con traductores para un importante número de detenido que no hablaba español con fluidez. “Empezaría diciendo que la interpretación de lengua originaria en el marco del sistema de justicia es un derecho. La persona tiene derecho a elegir en qué idioma prefiere comunicarse”, señala Bregaglio.

La abogada también comenta que, cuando se exigía que asistan intérpretes, inicialmente las autoridades señalaban que esto “no era necesario”. “Cuando no había intérprete respondían con sí o no porque no podían formular ideas más complejas y se explayaban muchísimo cuando lo hacían con el intérprete”, cuenta Renata.

Durante la noche del sábado se conocieron documentos con los que se intentaba justificar el accionar de la policía y el trato a los detenidos. Sin embargo, los argumentos, como el hallazgo de pancartas y telas con frases como “no matarás ni con hambre ni con balas”, terminaron por resultar poco convincentes.

 

 

Ante los cuestionamientos de docentes y alumnos de la propia universidad, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos publicó un comunicado durante la tarde del domingo rechazando la intervención de la DIRCOTE, cuestionando el trato de la policía a quienes se encontraban en el campus y aclarando que la universidad únicamente había solicitado que se liberen las puertas.

 

Durante la noche del domingo se terminaron de liberar a los casi doscientos detenidos en el operativo del sábado. Sin embargo, este operativo que inicialmente fue celebrado por integrantes del gobierno, como el premier Alberto Otárola, ha tenido un desenlace que deja muy comprometido al Ejecutivo y Policía Nacional del Perú, y parece haber empezado a debilitar la imagen del gobierno en Lima, el que hasta ahora era uno de los puntos de respaldo que le quedaban.

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Dina Boluarte, Universidad San Marcos

¿Pensó usted que el proceso de regionalización y de descentralización mal enfocado y pésimamente reglamentado en los comienzos de este siglo, podría llevarnos a una mayor pobreza en las regiones cupríferas y a un gigantesco odio contra Lima en la sierra sur del país?

Más que una regionalización, lo que ha habido es un ordenamiento territorial dirigido desde Lima para disponer de terrenos para actividades extractivas en cantidades escandalosas, llegándose en el tema de Conga, Cajamarca, a otorgarse el 90 por ciento del territorio a concesiones mineras, generando en todo el territorio minero del país el rechazo de la gente. Aparte de eso, cuando han prosperado las actividades mineras con responsabilidad social, como es el caso emblemático de Las Bambas, inmediatamente han aparecido los extorsionadores que utilizando a los comuneros que viven en la vecindad de los asentamientos mineros, han exacerbado sus ánimos hasta encontrar una manera de conseguir una renta permanente obligando a la compañía minera a que les pague por los conceptos que se les ocurren a los abogados limeños que “asesoran” a los comuneros. Entonces no es culpa de la regionalización criticada desde Lima, sino de la inexistencia de programas reales y concretos para que los dineros de los canon (¿alguien dice cánones?) y de las regalías sea bien ejecutado, es decir en obras de salud, de educación y de vías provinciales y distritales. Yo creo que debería ser una obligación del Ministerio de Economía y Finanzas apoyar permanentemente a las regiones conjuntamente con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para elaborar las bases para las licitaciones y los concursos públicos. Por tales deficiencias no hay proyectos y los dineros de esas regalías permanecen congelados en los bancos, y esa incompetencia no solamente es de la autoridad regional, sino principalmente de la autoridad nacional que la abandona.

 

Si usted pudiera enderezar el rumbo torcido de la descentralización, ¿cuál sería el primer paso para sacarnos de la situación que hoy nos enluta a todos los habitantes del país?

El Estado debe estar más presente en las provincias y no solamente en obras públicas de obligación y de envergadura nacionales. En las provincias se habla de los altos índices de pobreza, de la falta de electricidad, de la de agua, de la de desagüe, de los déficits de salud y de educación, pero poco se dice de los temas de seguridad y del control exclusivo y excluyente del territorio nacional, de eso nada de nada. De ahí los contrabandos de oro, de papas, de combustibles y de personas de un lado al otro de la gigantesca y porosa frontera binacional. Eso se puede comparar con lo sucedido en Sinaloa, México, cuando la gente se pone contra el Estado y a favor de Ovidio Guzmán, el hijo del híper famoso narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, es decir, la gente apoya a los delincuentes que aportan trabajo ilícito, pero trabajo al fin, a las poblaciones empobrecidas secularmente. Es así que desde la caída de Castillo, esas poblaciones reaccionan contra la autoridad, que es lo que estamos viendo; más allá de las creencias políticas e ideológicas, que las hay, lo real es que esas personas sienten que van a perder y seguir perdiendo en el futuro próximo los ingresos provenientes de esas actividades ilícitas. He ahí un componente importante de las protestas.

 

Doctor Vargas, usted no solo es un experto en temas de seguridad pública, sino en una de las causas fundamentales de la violencia delictiva en el Perú contemporáneo: el narcotráfico, probablemente la única industria de integración vertical del país. Díganos: ¿cuánto creció el área cocalera en el Perú de Pedro Castillo, cómo se explica el maridaje del Sendero del Vraem con el castrismo de Perú Libre y, finalmente, cómo procesa la unión de las diferentes izquierdas peruanas para la toma del poder de 2021 en adelante?

El narcotráfico es una de las industrias que opera en un amplio universo de economías ilegales y también es una de las economías más antiguas del Perú, pues la historia negra del narcotráfico tiene ya más o menos 50 largos años. Pero en términos de economía, de dinero sucio, no es la más importante: la más importante es la minería ilegal del oro; y una característica que esta minería -y otras industrias ilegales, en las cuales destaca el mencionado tráfico de drogas-, está expresando cada vez con mayor claridad su poder fáctico, y ese poder se manifiesta en distintos aspectos de la democracia: está como un poder económico que reclama cada vez con más insistencia mayores cuotas de poder, como cotos de caza en la administración pública; es así que, la minería ilegal ocupa ahora espacios más grandes en el Ministerio de Energía y Minas, el tráfico de drogas ha penetrado sin dudas a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, al Ministerio Público y al Poder Judicial, y la minería ilegal ha infiltrado a la Sunat y corrompido a empresarios privados que comercializan el mineral sin importarles el origen ilegal de este. Entonces, repasemos las cifras y reconozcamos que entre la minería ilegal y tráfico ilícito de drogas se movilizan aproximadamente unos 3 500 millones de dólares anuales, y ese dinero no se lava construyendo hostales o centros comerciales, es una cantidad de dinero suficientemente grande que penetra el sistema formal bancario y financiero del Perú. Con esos datos, me pregunto: ¿acaso ese gigantesco volumen de dinero no puede ser rastreado por la Unidad de Inteligencia Financiera o por la Sunat? Sin duda que se podría porque es un elefante tan grande que es imposible no verlo, pero esa es la situación en la que nos estamos desenvolviendo y estamos viviendo: precisamente esa situación desvergonzada de las economías ilegales hace que ahora reclamen poder político, lugar destacado en la administración pública y foros donde exhibir su enorme poder económico. Siendo un poco más específico sobre el problema de las drogas conocidas, es indudable que durante el gobierno de Pedro Castillo se abandonó la lucha contra las drogas y, en sentido contrario, se incluyeron los intereses de las economías ilegales como parte del brazo político del régimen de Castillo. Vimos durante año y medio que Devida, que es la institución rectora de la lucha contra las drogas, fue manejada en los hechos por el congresista Guillermo Bermejo, por sus operadores y terminó subsumida en un enorme proceso de mediocridad y puesta al servicio de la economía ilegal de la hoja de coca. Se abandonó la lucha contra las drogas y se pretendió engañar al país diciendo que el Estado iba a comprar toda la producción de hoja de coca, incluso se hizo un consejo ministerial en el Vraem con esa promesa, sabiendo que el 95 por ciento de la hoja de coca del Vraem termina convertida en cocaína. Vale decir, lo que se planteó desde Palacio fue el Pacto Social Ciudadano, que, en los hechos, es una mala copia del control absoluto de la coca del gobierno boliviano. De ahí se entiende que lo que parecía absurdo para enfrentar una economía ilegal era muy funcional para los propósitos políticos de Pedro Castillo y sus socios en la conquista del Perú.

¿Y qué área de cultivo de coca tenemos actualmente? Según el monitoreo de Estados Unidos hay 100 mil hectáreas, según el de Naciones Unidas alrededor de 80 mil hectáreas; en cualquier caso, estamos en un escenario muy parecido al de la década del noventa frente al problema de las drogas convencionales. Hay una producción potencial de más de mil toneladas anuales de cocaína, de la cuales se incauta un promedio de 5 por ciento, el resto, es decir, el 95 por ciento termina en los grandes mercados internacionales. Por lo tanto, podemos colegir que hemos retrocedido de una manera notable en los dieciséis meses de desgobierno de Pedro Castillo. En lo que sí fue eficiente ese gobierno fue en destruir la poca institucionalidad para enfrentar los problemas de tráfico de drogas y de minería ilegal, incluso facilitó la actividad de esa minería delictiva, ampliando por enésima vez el plazo para obligarla a legalizarse, torciendo el idioma y las leyes, disfrazando esa minera ilegal bajo el manto de minería informal. Y se hizo eso con la aprobación de una ley en el Congreso que ampliaba el plazo hasta 2024. Un lobby gigante, sin duda alguna, que flexibilizó el marco legal del control de la minería ilegal, lo cual permitió destrozar las leyes y los reglamentos y tener concesiones mineras con facilidades absurdas.

“El gobierno de Pedro Castillo fue eficiente destruir la poca institucionalidad para enfrentar los problemas de tráfico de drogas y de minería ilegal”, manifestó el ex ministro del Interior, Rubén Vargas Céspedes.

Podríamos decir que durante el periodo del señor Castillo las economías ilegales han estado protegidas desde Palacio de Gobierno.

Como es fácil de entender, las economías ilegales tienen una enorme responsabilidad en las revueltas posteriores al auto golpe de Castillo, pero no las explican completamente; las economías ilegales no son las que están movilizando a los miles de peruanos, porque hay una crisis política al margen del crecimiento descomunal de la minería ilegal y del narcotráfico. Desconocer esa crisis política y no valorar adecuadamente su peso en la coyuntura actual no nos ayuda en nada en la búsqueda de una salida de la crisis.

 Si usted, doctor Vargas, pudiera enderezar el rumbo torcido de la descentralización, que muchos sindican como uno de los males de origen de los problemas del primer cuarto del siglo veintiuno peruano, ¿cuál sería el primer paso para sacarnos de la situación que hoy enluta a muchos hogares del país?

Sin duda que hay un serio problema en la gestión de los problemas regionales, reclaman ellos mayores recursos, mayor presupuesto, pero con lo que se les asigna tenemos serios problemas de corrupción o de mala gestión, de embalses y de proyectos que se abandonan, entonces ahí hay un serio problema, y los peruanos de las regiones empobrecidas con todo derecho le reclaman al Estado una mayor atención para que los servicios básicos puedan también estar a la altura de sus necesidades. Creo que hay un serio problema de gestión y que hay un enorme nivel de corrupción, por lo que es evidente que tiene que discutirse de una manera más técnica el tema de la descentralización, pero no con el ánimo de desaparecerla sino de fortalecerla, y, obviamente, de tener mayores mecanismos de control de los gobiernos subnacionales.

Después de escuchar al ingeniero César Gutiérrez y al doctor Rubén Vargas, expertos en recursos minerales y de combustibles fósiles y en seguridad y narcotráfico, respectivamente, creemos que en el Perú la corrupción y el deterioro de sus élites políticas conspiran para que los propietarios de los negocios de la extracción ilegal de oro y de la elaboración de enormes cantidades de cocaína, dicten diariamente la agenda del país con todos los problemas colaterales escritos y no escritos en ella. Por esas razones, los pronósticos sobre el futuro inmediato del Perú son de malos para pésimos, pudiendo agravarse de manera notable si los enemigos de la democracia sacan a Dina Boluarte de la Presidencia de la República.

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Marchas, Minería Ilegal

Innova Ambiental

Sudaca presento un informe que detallaba las irregularidades entre Innova Ambiental y la Municipalidad de Lima. Y es que se tenía que organizar un concurso público para encontrar una nueva concesionaria. Pero ese nuevo concurso nunca se llevó a término y el plazo de 120 ya se cumplió 20 veces.  

Castañeda intentó disolver este contrato. A finales del 2018, se presentó desde la gestión de Luis Castañeda un documento que culmina el Contrato de Concesión con Innova Ambiental. Sudaca pudo acceder a dicho documento que detalla entre otros puntos claves que la Municipalidad de Lima ya intentaba presentar la nulidad de este contrato, así como también, detalla la adenda que se tenía con Innova.

Según las últimas investigaciones que Sudaca ha dado seguimiento, en medio de la gestión de Castañeda se resolvió en diciembre del 2018 finalizar la concesión. Sin embargo, no se llegó a consolidar esta resolución, ya que era el último mes de Castañeda en el municipio. Durante este tiempo, la empresa ha recibido 481 millones de soles por parte de la comuna, de acuerdo con la información de la Oficina de Tesorería de la entidad.

Rafael López Aliaga ha prometido una “Lima, potencia mundial” como lema principal de su campaña. En una conversación con el periodista Nicolás Lucar mencionó su interés sobre este tema. “Yo no le debo a nadie. No tengo obligación con nadie”, fueron las palabras del actual burgomaestre sobre Innova Ambiental quien estaba siendo orientado por Lucar sobre la adenda y los plazos que han permitido que esta empresa siga operando en la ciudad.

Anomalías en sus primeros días

El alcalde de Lima ha sorprendido a la opinión pública con su cambio de posturas a varias propuestas que lo hicieron ganar la elección. Primero prometió anular los peajes. ¿Por qué cambió su discurso de anularlos a intentar renegociarlos? La Municipalidad de Lima ha perdido en diciembre un nuevo arbitraje y su pedido de nulidad, iniciado por Muñoz en 2019, que fue desestimado por un tribunal arbitral.

La nulidad ya no es una opción. El alcalde tendría que dialogar con las concesionarias viales y la renegociación de los contratos de concesión, esto no evitaría que la MML reduzca o evite la tarifa de una posible compensación al concesionario.

Pérdida innecesaria de dinero. La realidad en la iniciativa de Rafael López Aliaga ocasiona más allá de un beneficio a la comuna limeña un gasto innecesario por millones de dólares en arbitrajes que no son razonables por los laudos arbitrales internacionales muy recientes que ratifican la vigencia de los contratos de concesión. 

Ahora bien, si López Aliaga quiere anular los contratos unilateralmente, primero deberá pagar a los concesionarios alrededor de US$5,000 millones. Si no es pagada, entonces, seguirán cumpliendo sus obligaciones contractuales de operar y mantener las vías concesionadas. 

Hemos visto que la última gestión de Luis Castañeda estuvo obstruida por los escándalos de corrupción afianzada con Odebrecht. Entre algunas referencias está el favorecimiento a la constructora OAS entregando -mediante adenda- la obra Plaza Nueva y Paso Inferior 28 de Julio. 

Pareciera que López Aliaga quiere retornar a los años 2014 a 2018. Y es que la municipalidad está siendo gestionada por ex funcionarios de Solidaridad Nacional. Además, el empresario en repetidas ocasiones ha endiosado a Castañeda. Sin embargo, el exalcalde ha cumplido prisión preventiva por lavado de activos y otros delitos por presuntamente haber recibido dinero de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht, a cambio de favorecerle en licitaciones de obras públicas.

13 de enero. El nuevo alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, participo de la misa por el primer año del fallecimiento de Luis Castañeda Lossio: Foto: Municipalidad de Lima.

Se conoce que la fiscalía ha encontrado evidencia de que OAS había entregado US$480 mil para la campaña de Castañeda; mientras que Odebrecht dio montos de entre US$100 mil y US$120 mil. La fiscalía considera al exalcalde de Lima el cabecilla de una presunta red criminal destinada a cometer actos ilícitos para la campaña municipal 2014. 

Las investigaciones que afrontó Castañeda en su primera gestión, donde López Aliaga fue regidor, fueron en crecida. Se cuestiona su participación en una transacción financiera a una sospechosa empresa. Los investigados habían participado ilícitamente en el pago de una deuda entre la Municipalidad de Lima y la empresa Relima. La cuestión fue la forma y el monto (35.9 millones) que fue pagado a la empresa Comunicaciones Corporativas y Representaciones: Comunicore.

Pactado el acuerdo, apareció la empresa en cuestión comprando la deuda de Relima por 14.6 millones de soles. La gestión de Castañeda, en 2006, pago 35.9 millones de soles a Comunicore. Completado el pago, la empresa procedió a ser liquidada. Actualmente las investigaciones han condenado a 4 exfuncionarios de la gestión de Solidaridad Nacional. 

Después de toda esta problemática que ha perjudicado la imagen de Castañeda Lossio y cuestiona la posición del actual alcalde de Lima. Aterrizamos a la realidad, ¿qué nos espera en el caso Innova Ambiental? Los peajes tienen una nueva postura, mientras que el ideario del burgomaestre se posiciona a partir de un personaje que estuvo gravemente involucrado en un caso internacional de corrupción. ¿Seguirá perdiendo dinero la MML y perdiendo más arbitrajes? ¿Seguirán gastando millones de dólares para nada en lugar de proponer nuevas obras con sus aliados del sector privado? ¿Seguiremos viendo a Innova Ambiental operando en la capital?

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Innova ambiental, Luis Castañeda, Rafael Lopez Aliaga

El periodista invocó a Rafael López Aliaga a concluir con el contrato que tiene la Municipalidad de Lima con Innova Ambiental. Lúcar ha sido enérgico con este caso, y es que adjudica que mensualmente la ciudad paga 500 mil soles con la empresa.

Rafael López Aliaga

El líder de Renovación Popular se convirtió a inicios del presente año en el septuagésimo cuarto burgomaestre de Lima Metropolitana. Por Dios, por los que menos tienen en Lima y en el Perú, por Lucho Castañeda Lossio, sí, juro”, dijo López Aliaga en la ceremonia de transición en el Gran Teatro Municipal de Lima.

El legado de Castañeda parece que será el pilar más importante del nuevo alcalde. Sin embargo, cabe resaltar que fue en esta gestión donde no se pudo finalizar la concesión con Innova Ambiental. Entonces, ¿cuáles serán los cambios que promete López Aliaga que afectan el legado del exalcalde de Solidaridad Nacional?

Con respecto a Innova, el empresario ha propuesto un concurso público internacional que proponga el tratamiento de los residuos sólidos con nuevas tecnologías. El alcalde de Lima dialogó con el mismo Nicolás Lucar con respecto a este caso. “Yo no le debo a nadie. No tengo obligación con nadie”, afirmó raudamente sobre el futuro de Innova.

Al cierre de este informe, la Municipalidad de Lima se prepara para el primer Consejo Metropolitano que entre los temas que tiene pendientes el nuevo burgomaestre debe de priorizar el tema de los residuos sólidos y el polémico tema de “renegociación” de los peajes. Priorizar este tema, en lugar de obsesionarse con los peajes, ya objeto de revisión en diversos arbitrajes.

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Innova ambiental, Rafael Lopez Aliaga

Al igual que Josué Marocho, la titular de la Federación Universitaria de Cusco ve a Dina Boluarte como una persona que está realizando un cogobierno con el Legislativo. “El Congreso ha tomado por asalto el Ejecutivo. No son poderes separados”, explica. Por ello, pide que la nueva Mesa Directiva que asuma tras la renuncia de Boluarte, una de las exigencias que Labra respalda, tenga una actitud dialogante al considerar que “cada vez que el sur quiere hacer escuchar su voz no se le escucha”.

Kelyn Labra también descarta que estas movilizaciones tengan respaldo desde Bolivia o que las consignas sean impuestas por políticos de dicho país. “Evo Morales es un expresidente de un país hermano y un agente político importante, pero en esta medida de lucha descarto que haya tenido injerencia”, comenta al respecto. 

Por otro lado, Rómulo Ramos Miranda, secretario general de la Federación de Campesinos, sostiene que es importante hablar del referéndum para una nueva Constitución y responsabiliza a la actual de la situación que están viviendo en las regiones. “De qué democracia nos habla esta constitución si nos mandan a matar”, cuestiona Ramos.

“No hemos visto bolivianos acá. Son estrategias con las que quieren desprestigiar a las organizaciones”, comenta sobre las denuncias de algunos sectores y explica que durante las manifestaciones han observado personas infiltradas. “Hemos encontrado varios infiltrados y lo hemos hecho ver a la policía, pero no hacen nada”, cuenta a Sudaca y denuncia a los policías de tener “órdenes de matar a dirigentes y líderes de los gremios”.

Ramos Miranda dice no tener seguridad para dialogar con representantes del Estado y desconfía de las intenciones de Dina Boluarte. “Esa señora es capaz de mandar policías para que nos asesinen”, agrega. Además, anuncia que pronto estarán en Lima para realizar una nueva Marcha de los Cuatro suyos.

En las últimas horas, el Ejecutivo ha declarado Estado de Emergencia en numerosos departamentos entre los que se incluye a Cusco. Además, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) ha publicado una encuesta en la que Dina Boluarte cuenta con un 71% de desaprobación a nivel nacional y un 58% considera que se cometieron excesos por parte de las fuerzas del orden frente a las protestas. El gobierno de Boluarte ha logrado contar con el respaldo de quienes solían ser la oposición, pero el camino para recuperar el diálogo con las regiones parece ser cada vez más complicado.

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Cusco, Dina Boluarte, gabinete Otárola

EN MANOS DEL EJECUTIVO

José Saldaña Cuba, abogado y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, considera que esta propuesta debe ser revisada debido a que “la competencia de la administración del LUM recae en la participación de distintos órganos del Estado”. Resalta que” otros organismos, como los ministerios de Cultura, Defensa y Justicia, tienen competencia y participación” con respecto al Lugar de la Memoria, aunque es la Municipalidad de Lima la que otorga la autorización para el funcionamiento.

Para el abogado es claro que “la Municipalidad de Lima no puede decidir de manera unilateral y mucho menos sobre asuntos de tanta importancia como el contenido de la exposición”. Además, considera esta propuesta como una “imposición ideológica que tiene como principal problema el ocultamiento de la verdad y, por supuesto, de los crímenes perpetrados por las Fuerzas Armadas”.

Desde el punto de vista legal, Saldaña Cuba cuenta que existen opciones para evitar que el pedido de López Aliaga se convierta en una realidad. “Legalmente se pueden activar mecanismos judiciales como demandas de amparo que permitan que jueces ingresen a evaluar si estas medidas se ajustan a los derechos fundamentales como el derecho a la verdad. De esta manera se podría suspender los efectos de este tipo de decisiones administrativas”, expresó. 

Mientras tanto, la embajada de Alemania, país que contribuyó con más de cuatro millones de euros en la creación del LUM, emitió un pronunciamiento en el que la embajadora alemana, Sabine Bloch, invita al nuevo alcalde limeño a conocer el contenido que brinda el Lugar de la Memoria en sus exposiciones y le pone principal atención a una en la que se incluyen a los familiares de los miembros de la PNP y Fuerzas Armadas víctimas del periodo de violencia.

La propuesta de Rafael López Aliaga parece estar lejos de concretarse al depender más del Ejecutivo que de la Municipalidad de Lima. Sin embargo, por tratarse de uno de los líderes políticos con una considerable influencia en la capital, vuelve a poner en el centro de las discusiones políticas el tratamiento que se le da a un periodo de la historia peruana que todavía no ha sanado y sobre el que existe, en varias regiones del país, una percepción de impunidad en favor de las Fuerzas Armadas.

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fuerzas armadas, Lugar de la Memoria, Rafael Lopez Aliaga
El alcalde de Lima, Rafael Lopez Aliaga, ha mostrado interes en fomentar el uso de las nuevas tecnologías y en la convocatoria para el tratamiento de los residuos sólidos.

Al cierre de este informe, el alcalde de Lima se encuentra afrontando escándalos en sus primeras semanas de gestión. López Aliaga ha cambiado su postura a varias propuestas, como es el caso de los peajes. Antes mencionaba que era necesario desaparecerlos, sin embargo, ha mencionado que convocará una sesión del Consejo Metropolitano para recuperarlos. Entonces, con respecto al caso de las propuestas ambientales, ¿cambiará la postura de López Aliaga sobre la permanencia de Innova Ambiental? Se espera que honre sus compromisos.

 

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Innova ambiental, Medio ambiente, Nancy Vizurraga, Rafael Lopez Aliaga

Y ya que hablamos de la Constitución hablemos del llamado capítulo económico, y ya que hablamos del capítulo económico hablemos de los contratos que impiden los abusos del poder político. Hablemos, entonces, del artículo 62 en el capítulo económico, el de los contratos. En realidad es un capítulo que muy pocos países del mundo tienen, y por eso algunos dicen por qué lo tenemos, y yo digo más bien porque no lo tienen los otros países. Este capítulo nos dice que si soy propietario de un edificio lo alquilo, me pongo de acuerdo con mi inquilino por un monto, y ni el Congreso mediante una ley puede cambiar ese contrato. A un nivel mayor, una empresa hace una autopista y en su contrato se establece que el municipio le paga mediante peajes durante un número acordado de años, nadie puede alterar ese contrato. Esos artículos impulsaron el crecimiento del Perú. Los deberes y derechos de los funcionarios del Banco Central establecidos por la Constitución impiden que estos presten dinero al fisco bajo pena de cárcel, de ahí la estabilidad de nuestra moneda por tres décadas.

Finalmente, en relación al gabinete ministerial de la señora Dina Boluarte, el doctor Mendoza le dice a sus entrevistadores: “yo creo que hemos vuelto a la normalidad, tenemos ministros normales que saben expresarse, ministros con trayectoria. Hemos despertado de una pesadilla a la realidad”.

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