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El control de Registros Públicos

El poder de Sada Goray en el gobierno de Pedro Castillo era total y avasallador. No solo controlaba el Ministerio de Vivienda y había tendido sus tentáculos al Ministerio de la Producción, sino que además logró extender su influencia y mando hasta el Ministerio de Justicia al lograr que se designará como Superintendente de Registros Públicos a Luis Ernesto Longaray Chau.

Luis Ernesto Longaray Chau, es trujillano y un abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO). Igual que Pedro Castillo, que se rodeó de sus paisanos de Chota, Sara Goray tomó su ejemplo y logró que se designará a su paisano de Trujillo como mandamás de Registros Públicos.

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¿Cómo lo hizo? Salatiel Marrufo en su declaración como colaborador eficaz del 18 de noviembre del 2022 señala que Sara Goray le pidió dicho nombramiento en Registros Públicos debido a que la empresaria necesitaba ayuda en la inscripción de un terreno en Chilca que había vendido a Centenario y que le faltaba resolver por una superposición de partidas. Dicha designación fue posible gracias a la intermediación del exministro de Justicia, Félix Chero Medina, quien recibió a cambio de dicha designación, según Marrufo, la suma  de S/. 50,000 soles.

Previamente a la designación de Luis Ernesto Longaray Chau como Superintendente de Registros Públicos, Sara Goray le había entregado S/. 500,000 soles exigiéndole que acelerará su nombramiento. Los S/. 50,000 soles que pagó Salatiel Marrufo a Félix Chero no salieron de sus bolsillos, sino de la coima grande que había pagado días antes Sara Goray. 

El servicio delivery de designación de funcionarios públicos que hizo Sara Goray en el gobierno de Pedro Castillo por lo menos comprendió tres ministerios: Ministerio de Vivienda, Ministerio de la Producción y Ministerio de Justicia. Mucho poder para ser víctima de extorsión y chantaje.

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El control de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

En el Equipo 3 del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción, se está investigando a Sada Goray, Salatiel Marrufo y otras personas, por las coimas realizadas a funcionarios públicos. Por ejemplo, en un documento fiscal (la Disposición N° 5-2023 de fecha 25 de enero de 2023), se han precisado los siguientes beneficios a Sada Goray a cambio de las coimas dadas a Salatiel Marrufo para Pedro Castillo:

En julio de 2021, Sada Goray solicitó a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas de un predio estatal, por encontrarse superpuesto con su predio ubicado en Chilca, afirmando que su predio era el más antiguo y, por tanto, debía prevalecer.

Dicha solicitud, conforme al Equipo 3 del Equipo Especial de fiscales, fue declarada improcedente, Goray apela, y se declara infundada su apelación; ante ambos rechazos, a Goray no le quedó otra alternativa que interponer recurso de nulidad. El área que debía responder dicha nulidad era la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal que en ese entonces se encontraba a cargo de William de la Vega Villanes, quien habría sido coaccionado para emitir una resolución favorable a la nulidad planteada, pero al precisar la imposibilidad de que prospere porque no existía razón jurídica alguna, y señalar su negativa, la organización criminal optó por cambiar al Director para que pueda atender positivamente el pedido de Sara Goray. Tanto es así que la empresaria logra que cambien al Director y nombren a Marina Subiria Franco, y además Goray logra que contraten bajo la modalidad de terceros a su socia Flor Olivera Orellana.

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Tanto era el poder de Sara Goray en el Ministerio de Vivienda que hizo, además, que sea contratada su socia Flor Olivera Orellana quien como funcionario público emitió el Informe N° 104-2022/SBN-DGPE que sirvió para que se emita la resolución que declara la nulidad de la resolución N° 20-2022 SBN-DGPE y que logra sus intereses empresariales sean atendidos. Es decir, Sara Goray no solo alcanza un resultado exitoso, sino que, además, consigue que el propio Ministerio de Vivienda contrate a su amiga y socia, quien elabora el Informe decisivo y obtiene a cambio unos suculentos honorarios profesionales.

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El control del fondo Mi Vivienda

Sada Goray, el 3 de febrero de 2021, en su condición de gerente general de Marka Group, había solicitado al fondo Mi Vivienda la suscripción de un convenio institucional. Era necesaria la suscripción del convenio para que sus expedientes administrativos puedan tener un resultado favorable y se aprueben en el menor tiempo posible.

Luego de varias actuaciones administrativas, el Gerente General, José Forero Monroe, y el Gerente Comercial, Paulo Morán Villanueva, del fondo Mi Vivienda suscribieron el convenio con la Gerenta General de la empresa Marka Group de Sada Goray. Una de las razones claves por las que la empresaria invirtió en coimas más de S/. 4,000,000 es para que se apruebe y se suscriba dicho Convenio.

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Sada Goray, además, tenía pendientes trámites administrativos ante el Fondo Mi Vivienda, uno de ellos era, el contrato de fideicomiso para el desembolso del Bono Familiar Habitacional correspondiente al proyecto Pradera de Cacatachi.

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La solicitud para el Fideicomiso fue denegada con fecha 11 de setiembre de 2021:

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Al haber tenido un resultado negativo, Sada Goray, recurre como financista a Salatiel Marrufo para que las instancias del Fondo Mi Vivienda emitan pronunciamientos a su favor, a cambio de importantes sumas de dinero. Para que dichas decisiones administrativas se puedan materializar, tuvo que cambiarse al Presidente y a los miembros del directorio del Fondo Mi Vivienda, a pedido de Sada Goray, designando en dichos puestos a Pedro Gary Arroyo Maquina (Presidente); Roger Lizandro Gavidia Johanson (Director) y Gonzalo Renato Arrieta Jovic (Director). 

Pedro Arroyo ha sido mano derecha de Luis Mesones, exesposo de Sada Goray, quien fue exviceministro, se convirtió en su íntimo desde la década de los noventas, cuando estudiaban juntos en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo.

Salatiel Marrufo, respecto a las designaciones, ha señalado en la respuesta a la pregunta 2 de su continuación de declaración del 17 de noviembre de 2022, ante el Equipo 3 del Especial Especial de Fiscales contra la corrupción en el Poder, lo siguiente:

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Los miembros del Directorio propuestos por Sada Goray finalmente fueron los funcionarios públicos que aprobaron a favor de la empresa Marka Group, la participación del Fondo Mi Vivienda en los fideicomisos inmobiliarios: (i) “Condominio Residencial las Praderas de Catachi”; (ii) Chiclayo Bonito; (iii) “Lima Bonita”, ello mediante Sesión Extraordinaria N° 16-2021, del 18 de octubre de 2021.

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El dinero de Sada Goray sirvió para financiar la coima a los jueces que conocían el pedido de prisión preventiva de los sobrinos del presidente Pedro Castillo 

Una de las declaraciones más explosivas y escandalosas que ha brindado Salatiel Marrufo a la Fiscalía ha sido el hecho de que cuando se tramitaba el pedido de prisión preventiva a los sobrinos del expresidente Pedro Castillo, entregó a Geiner Alvarado (ministro de Vivienda) y este alcanzó a Pedro Castillo S/. 500,000 para que se coimeara al juez de primera instancia que veía el requerimiento de prisión solicitado por el Ministerio Público. Dicho dinero salió de las coimas entregadas a Marrufo por Sada Goray.

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De igual modo, Marrufo ha declarado que cuando se estaba por resolver el recurso de apelación de la prisión preventiva de los sobrinos del Ex Presidente de la República entregó S/. 1´500,000 a Cledin Vásquez Castillo a fin de que se pagara una coima a los jueces que conocían la apelación de la prisión preventiva de Fray Vásquez y Gianmarco Castillo. Dicha coima salió de los pagos que Sada Goray había hecho a Salatiel Marrufo.

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Gobierno peruano, Pedro Castillo, Sada Goray

RECIBO FANTASMA

Para José Vidaurre Arévalo, la historia con Movistar empezó a complicarse en el transcurso de año pasado cuando decidió mudarse al distrito de Surquillo. En su anterior domicilio, ubicado en San Borja, Vidaurre contaba con un dúo para internet y televisión y, cuando llegó la fecha de realizar la mudanza, optó por dar de baja a este servicio.

Los problemas comenzaron desde la primera llamada. Como hacen muchos usuarios de Movistar, José intentó realizar el trámite vía telefónica, pero no se lo permitían. «Para intentar cancelar la línea lo hice por teléfono, pero salía que no podían identificar mi DNI», explica. Ante este inconveniente debió pedir la baja de su dúo vía Whatsapp y un asesor le indicó que dicho procedimiento debía realizarlo en la aplicación de Movistar.

«Me apareció un pantallazo que había generado la orden con éxito y en veinticuatro horas se cancelaba», relata Vidaurre y agrega que no le aparecieron más indicaciones por lo que asumió que eso era suficiente para dar de baja el servicio.  «El mensaje lo ponen como que no hay nada más por hacer», cuenta.

 

José pagó el recibo correspondiente al mes de julio y para agosto ya se encontraba en su nuevo domicilio. Pero, cuando llegó el recibo correspondiente a dicho mes, Vidaurre Arévalo se llevaría una sorpresa al encontrar que también le estaban cobrando por el servicio que creía haber dado de baja en julio. «Al inicio pensé que estaban equivocados y no le hice caso. Pero vi en el aplicativo y figuraba como si tuviese dos líneas», relata a Sudaca.

La historia se repitió en septiembre y para José era claro que no se trataba de un error. «Vuelvo a solicitar la baja del servicio y sale exactamente lo mismo que en veinticuatro horas estaba de baja», explica.  Sin embargo, esta solicitud nunca existió según se lo hizo saber Movistar. «Me dicen que figura que nunca hice un trámite para dar de baja. Le muestro los pantallazos pero me responden que en el sistema no figura», cuenta Vidaurre.

 

Para el mes de noviembre, José seguía recibiendo recibos y, además, empezaba a recibir presiones para pagar la deuda acumulada. «Llega el recibo de noviembre y empiezan a llamarme algunas entidades de cobranza y estudios de abogados para que pague», cuenta el usuario y también revela que Movistar empezó a sugerirle que al menos pague el 20% del monto que debía para ese entonces.

Preocupado, José recurrió a las redes sociales para manifestar su molestia y fue gracias a esta publicación que pudo ponerse en contacto con Osiptel para recibir asesoramiento y encontrar una solución. No obstante, en sus diálogos con los representantes del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones se entera del extraño manejo que Movistar le había dado a su caso. «Me dijeron que cualquier cambio que haga con respecto al servicio la entidad envía ese reporte a Osiptel, pero ellos señalan que Movistar nunca les informó que había cancelado mi línea. Figura que nunca había hecho esa cancelación», manifiesta.

Con este apoyo, Vidaurre encontró una alternativa para afrontar el caso de los recibos fantasma que se seguían acumulando por un servicio que no consumía ni podía dar de baja. «Me dijeron que había una figura que me podía servir. Como presenté el reclamo y nunca recibí respuesta, podía aferrarme a la figura del silencio administrativo. Según esto, como ellos no dieron respuesta, yo tendría la razón», explica.

Finalmente, la figura del silencio administrativo sería la solución para el caso de José. Luego que Movistar se comunicara con él, las cuentas pendientes desaparecieron y dejaron de cobrarle por un servicio que había intentado de baja en innumerables oportunidades. «A los dos o tres días me comunica otra área de Movistar que recoge los módems viejos», cuenta.

 

Crisólogo Cáceres, especialista en derecho del consumidor y presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), señala que el cobro por estos servicios cuando hay un reclamo en curso queda suspendido. «En el caso de los recibos, si ellos están presentando un reclamo, esos recibos no los tienen que pagar hasta que se resuelva en primera instancia Movistar y en segunda Osiptel», señala.

Sobre casos como el de José Vidaurre, quien era presionado para pagar los recibos, el titular de ASPEC señala que «son métodos de cobranza coercitivos y eso está prohibido por el código del consumidor y está prohibido por la ley». Además, agrega que el uso de bots para atender a los clientes en lugar de permitir que puedan comunicarse con una persona es un hecho que «ha sido comunicado a Osiptel».

Movistar sigue gozando de una posición dominante en el mercado peruano con servicios como línea telefónica, internet y televisión por cable, pero casos como el de Patricia y José podrían seguir manteniendo a esta empresa en una posición destacada en los rankings de clientes insatisfechos y número de reclamos al año. Sudaca intentó comunicarse con Movistar para obtener sus descargos, pero hasta el final de este informe no obtuvimos respuesta.

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Movistar, Perú, telefonía

En 1973, cuando el país era gobernado por Jean Claude Duvalier, un presidente de poco más de veinte años de edad, nacieron en Cité Simone, un barrio de obreros y de estibadores cercano a Puerto Príncipe, bautizado así en honor a la madre del presidente, unos niños inscritos en los registros civiles como Paul Luisanne y Luma Ena. Eran pobres, pero lograron acceder a los primeros grados de la educación primaria, y como muchísimos de sus contemporáneos quedaron huérfanos a muy corta edad, debido a las mil y una formas de morir que aparecieron en Haití en los años siguientes, como consecuencia de la alianza del presidente Duvalier y seis familias que detentaban todo el poder político y militar, sobre todo por la brutal represión realizada por los tonton macoutes, los hombres del saco, la policía secreta más brutal de las Antillas. Frente a esa fuerza paramilitar, la esposa de Duvalier creó un grupo de policías corruptos denominado Los Leopardos. Debido a eso, a la lucha encarnizada de ambos grupos, a la corrupción generalizada de la otrora eficiente burocracia capitalina y a la desaparición del Ejército regular, proliferaron decenas de bandas armadas que convirtieron Puerto Príncipe y, sobre todo, a Cité Soleil, ex Cité Simone, en el “barrio más pobre de la capital más pobre del país más pobre de América”, tal como lo retrató Lioman Lima de BBC News en julio del año pasado.

Y si en Ciudad del Sol (Cité Soleil) se vive mal, imaginemos lo que es vivir en un anexo de ese barrio tugurizado, maloliente y sin agua llamado Cité Carton, sí, Ciudad Cartón porque la gente vive en covachas construidas con los cartones tirados a la basura en el muelle colindante a las viviendas y se alimenta con unas “hamburguesas” hechas con lodo, verduras descompuestas y pedazos de cartón: el infierno en la tierra.

Para huir de ese infierno, Paul Luisanne, Luma Ena y una decena más de habitantes de Ciudad Cartón vendieron todo lo que tenían, convirtieron todos sus gourdes en dólares (casi 150 por dólar), compraron pescado en lata, galletas y agua embotellada, y salieron de Ciudad Cartón rumbo a cualquier sueño que los alejara de la pesadilla en la que vivían de día y de noche.

Según una fuente consultada por esta redactora, y que no está dispuesta a revelar su identidad ni a ACNUR ni a la policía ni a nadie, como los haitianos más ricos están en Francia, en el Canadá franco parlante o en la vecina República Dominicana y los que tienen algo de preparación en el sur de la Florida o en Nueva York y Nueva Jersey, intentando reemplazar a los dominicanos que abandonan el oficio de taxistas desempeñando por años por sus compatriotas, los que no tienen nada, migran hacia el nordeste de Brasil para a través de la selva de ese país llegar al Beni boliviano y de ahí al altiplano para ingresar a Chile  por alguno de los pasos poco vigilados de la frontera común. Ese fue el camino escogido por Luisanne y Ena para ir hacia el extremo sur del continente, al país que, según la cueca más bella, “verás como quieren en Chile, al amigo cuando es forastero”. Pero, a diferencia de sus doscientos mil compatriotas que laboran como basureros, estibadores, jardineros y enterradores de mascotas, Luisanne y Ena llegaron a lo más alto de los Andes meridionales justo cuando sus habitantes estaban en el peor momento de las protestas de los puneños contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, aproximadamente un día o dos después del enfrentamiento que acabó con las vidas de casi una veintena de pobladores altiplánicos. Según nuestro informante, en esos días no había quién te cocinara un plato de sopa, te vendiera un poco de charqui, de cancha o de chalona, menos unos antibióticos, no había quién atendiera a un extranjero que no hablaba castellano. Así, los haitianos que habían contraído neumonía y que además no comieron nada durante días fueron muriendo uno por uno.

Lejos de Ciudad Cartón, lejos del lugar más maloliente del trópico y lejos del país emancipado del yugo francés pero a un precio impagable.

Y, además, enterrados en unas tumbas al lado de unos puneños que se consideran más aymaras que peruanos. 

Si no fuera una cruel, crudelísima, ironía, habría que escribir como Luis Alberto Sánchez, citando a Manuel González Prada: “Aquí yace Manongo, de pura raza latina, su padre vino de China y su madre del Congo”.

 

Tráfico de cocaína

Además, la paralización de la pequeña industria nacional en favor de las importaciones más rentables y menos riesgosas, destruyó miles de puestos de trabajo formales, empujando a los desempleados a participar en el tráfico de cocaína proveniente de América del Sur. Haití es un punto de tránsito de la cocaína de América del Sur y de la marihuana de Jamaica en ruta a los Estados Unidos, compitiendo con Tegucigalpa – Honduras y la red de aeropuertos desimanada por toda isla de Cuba.  

Datos:

Haití se convirtió en el primer país del mundo dirigido por ex esclavos tras declarar su independencia en 1804, pero se vio obligado a pagar una indemnización de 100 millones de francos (equivalente a 21.000 millones de dólares en marzo de 2022) a Francia durante más de un siglo y fue rechazado por otros países durante casi 40 años.

La esperanza de vida al nacer
población total: 65,95 años
hombre: 63,26 años
mujer: 68,67 años (2022 est.)
Panorama económico

Pequeña economía insular del Caribe y estado miembro de la OECO; pobreza extrema; enormes desigualdades de ingresos; desestabilización por el reciente asesinato presidencial; acceso preferencial al mercado estadounidense; deterioro del capital humano y las inversiones en infraestructura

PIB real (paridad del poder adquisitivo)
$32,856 mil millones (2021 est.)
$33,458 mil millones (2020 est.)
$34,615 mil millones (2019 est.)
Tasa de inflación (precios al consumidor)
16,84 % (2021 estimado)
22,8 % (2020 estimado)
18,7 % (2019 estimado)
Exportaciones
$1,241 mil millones (2021 est.) nota: los datos están en dólares del año en curso
$1,014 mil millones (2020 est.) nota: los datos están en dólares del año en curso
$1,733 mil millones (2019 est.)
Importaciones
$5,222 mil millones (2021 est.) nota: los datos están en dólares del año en curso
$4,206 mil millones (2020 est.) nota: los datos están en dólares del año en curso
$5,161 mil millones (2019 est.)

*Fotografía perteneciente a tercero

Consejo Nacional de Educación

Creado a comienzos de los años ochenta, el Consejo Nacional de Educación fue reincorporado como órgano especializado dentro del sector educativo en 2002. De acuerdo a su partida de nacimiento, el Consejo Nacional de Educación “promueve acuerdos y compromisos a favor del desarrollo educativo del país a través del ejercicio participativo del Estado y la sociedad civil, así como opina de oficio en asuntos concernientes al conjunto de la educación peruana”. Según las consideraciones de su creación, el Consejo se conforma por 25 consejeros nombrados por un periodo de 6 años.

Doctor Cuenca, ¿Cuál es su opinión sobre la disolución del Consejo Nacional de Educación?

Como lo he manifestado siempre, pese a que estoy en contra, creo que no es el tiempo ni la manera de acabar con una institución que ha estado durante veinte años teniendo autonomía para poder hacer su trabajo. Ha sido, como lo ha dicho el ministro, una decisión política la que ha conducido a su disolución. E, igualmente, la convocatoria a un grupo más pequeño de consejeros por un período más corto de designación desnaturaliza la idea original del Consejo Nacional de Educación.

Doctor Vexler, ¿qué opina sobre la disolución del Consejo Nacional de Educación?

Bueno, yo no quiero opinar sobre este tema porque he sido parte del Consejo desde el año 2000 hasta hace algunos días, solamente no he sido consejero cuando he ocupado la posición de viceministro o ministro. El Consejo, es líneas generales ha tenido un gran impacto, pero como todo órgano también tiene sus debilidades. Yo no quiero opinar sobre la decisión del gobierno actual de disolver el Consejo porque soy parte de él, pero sí me ha sorprendido. Quiero decirle que apenas salió el decreto supremo de disolución, yo presenté mi carta de renuncia al señor ministro y él me la aceptó.

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Colegios, Educación

 

¿Se han procesado a suficientes detenidos?

Según la información brindada a Sudaca, el accionar fiscal ha sido el siguiente: actualmente se han liberado a 337 personas. De esta cifra, 327 fueron liberados con citación, mientras que 10 han sido liberados con comparecencia. Por otro lado, se tiene conocimiento que 53 personas cumplen con detención preliminar, 3 personas se les ha dictado prisión preventiva y 2 se encuentran con requisitoriado.

La detención preliminar. Hablamos con Rafael Chanjan, abogado penalista. Destacó que se tiene que averiguar si es que se trata de un delito común, ya que si fuera así, entonces su detención sería de 7 días. Sin embargo, si se tratase de un caso complejo, esta detención podría ser de 10 días. “En la práctica judicial, el fiscal deberá solicitar prisión preventiva”, destacó. “Hay que verificar que exista riesgo procesal (fuga y/o entorpecimientos de la actividad probatoria). Tanto para la detención preliminar como para la prisión preventiva”, mencionó el abogado. 

La fiscalía corre contra el tiempo. “Sí hasta que vence el plazo (10 días) no hay un requerimiento de prisión preventiva, entonces las personas tienen que salir en libertad”, mencionó el abogado con respecto al accionar fiscal y la cifra que el Ministerio Público presentó. Cada caso tiene que reflejarse por el riesgo procesal de cada investigado para solicitar la prisión preventiva.

Como hemos visto en las cifras y según lo comentado por Chanjan, es que también vencido el plazo de 10 días que se puedan determinar de detención preliminar, el fiscal puede decidir darles comparecencia restringida o que puedan seguir con el proceso mediante una libertad que sea fijada a partir de reglas de conducta.

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Ministerio público

Para Arteaga, la salida al momento crítico que atraviesa el país requiere de una figura política que colabore con la reconciliación y signifique la posibilidad de «un gobierno que esté representado por un congresista que inspire diálogo, concertación y no incluya a  aquellos personajes que no sumarían a este proceso».

Ante la negativa del Congreso para aprobar el adelanto de elecciones, la posibilidad de una renuncia de Dina Boluarte vuelve a discutirse y, con ello, la posibilidad de una nueva Mesa Directiva. Sin embargo, pese a los cuestionamientos a las bancadas derechistas, la posibilidad de una nueva oportunidad para el partido de Vladimir Cerrón no parece ser una opción para los grupos que se manifiestan desde diciembre y no han olvidado las falencias de la gestión de Pedro Castillo.

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Perú Libre, Vladimir Cerrón

Cifras a tener en cuenta

Los mayores montos crediticios se registraron en los sectores más afectados por las medidas de confinamiento. Comercio percibió el 44.9%; transportes y comunicaciones, el 14.9%; e industria manufacturera, el 9.1%. Estos sectores coinciden con los que tuvieron una mayor expansión del crédito a nivel nacional. Según el BCRP, el sector comercio tuvo un crecimiento interanual de 38.8% en setiembre y hubiera caído en 12.4% sin el programa Reactiva. Asimismo, el sector manufactura creció en 14.6% y hubiese disminuido en 5.8% sin Reactiva.

 

 

 

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Reactiva Perú

¿Qué pasa con los saldos no ejecutados de las regalías y del canon?

El canon y las regalías se denominan recursos determinados, es la nomenclatura fiscal del gasto; lo que no se gasta de los dineros del canon y de las regalías no revierte al tesoro público, sino que se queda en las cuentas del titular, a diferencia de los recursos ordinarios, que básicamente son los impuestos que recauda la Sunat de manera general por IGV o por renta de los contribuyentes. Entonces vemos que las regiones ricas en dinero producto del canon que tienen una baja ejecución, a veces de manera contable, hacen malabares en sus balances para venir al Ministerio de Economía y decir “no tengo plata para tal obra porque tengo todo el presupuesto comprometido”. Por eso es que yo a veces pienso que el indicador de ejecución presupuestal no es muy fidedigno. Eso es lo que yo creo.

En medio de la ola de protestas desatada en gran parte del país por serias diferencias de enfoque político e ideológico entre ciudadanos de las regiones del sur andino y el gobierno de la presidenta Boluarte, buscamos al profesor Jorge Manco Zaconetti para que nos diga qué pasa con los ingresos provenientes de la gran minería en las regiones dueñas de esas riquezas, pero también con inmensas necesidades insatisfechas.

Doctor Manco, los periodistas no especializados en temas económicos muchas veces hemos recurrido a términos como presupuestos, canon o cánones, regalías y saldos no ejecutados, díganos, entonces, de manera didáctica, ¿cómo las regalías y los cánones ingresan a los presupuestos de las regiones donde se encuentran las explotaciones mineras?

JMZ: Es una pregunta nada ingenua y para responderla tengo que hacer referencia al año 2007, en el cual los precios de los minerales eran tan buenos como ahora, llegaban a alcanzar un altísimo porcentaje del PBI. Para darnos cuenta de la magnitud del aporte de los minerales a la economía hay que precisar que en 2007 se producía menos de un millón de toneladas de cobre, hoy se producen más de dos millones cuatrocientas mil toneladas; en 2007 no estaban Las Bambas, la ampliación de Cerro Verde, la de Toquepala, entonces mis cálculos me dicen que ahora el PBI minero es de 15 por ciento. En función a esa importancia de la minería, sobre todo del cobre, porque el cobre representa entre el 60 y el 70 por ciento de todo el valor minero, y así como han aumentado los precios y los volúmenes de 2007 para acá, también ha aumentado el impuesto a la renta que pagan las mineras: aumentan los ingresos aumentan las utilidades, aumentan las utilidades aumenta el impuesto a la renta, que es el 30 por ciento de la utilidad imponible, y al aumentar el impuesto a la renta aumenta automáticamente el canon minero, porque este, por ley, es el 50 por ciento del impuesto a la renta pagado por las empresas. El 50% por la ley del canon de 2001 se transforma en un canon minero que se transfiere a las regiones con una distribución determinada que no se mueve desde ese año. Creo que ahí hay un problema clave, ya que el año pasado el canon fue de casi 9 mil millones de soles y el 10% de ese monto de más o menos de alrededor de 900 millones de soles, que es lo que recibe Áncash, va al distrito donde está la mina, en este ejemplo San Marcos, en la provincia de Huari, donde está Antamina. Ahí hay un contrasentido, porque un distrito chiquitito de 25 mil habitantes recibe anualmente alrededor de 80 millones por año, llegando a percibir más de 800 millones de soles en la última década. Un distrito de poca gente y en el cual todos, léase bien, todos los alcaldes han estado comprometidos en denuncias de corrupción por los malos manejos de esa enorme cantidad de dinero recibido. Es conocido el caso de uno de esos alcaldes al que se le encontraron 2 millones de soles bajo el colchón. Como dicen los chicos: ¡literal! Así como San Marcos se hizo rico, Huari que recibe el 25% también y la región recibe otro 25%. Como queda todavía un 40% del ingreso anual, este dineral se reparte según normas y procedimientos al resto de provincias y distritos del departamento, hoy llamado región. Imagine usted, a partir de Antamina, lo sucedido en Espinar, Cusco, donde se encuentra Antapaccay, o con Cuajone o con Toquepala. Una enorme distorsión por el ingreso de cifras multimillonarias a regiones llenas de pillos y de burócratas que no saben cómo ni en qué gastar. ¿Cómo funciona el desaguisado? Pues de la siguiente manera: el canon minero se transfiere a las cuentas de cada gobierno regional, de cada municipio provincial y de cada municipio distrital; estos presentan unos perfiles de sus proyectos en unas cuatro hojas de papel Bond y sanseacabó. Cuando los proyectos son de más de 10 millones de soles tienen que realizar un trabajo un poco más elaborado, pero de exigente nada. Para coronar el pastel, un 30% de todo el canon se ejecuta en planeamiento estratégico, que es una verdadera Caja de Pandora. Por eso estamos como estamos.

Finalmente, queremos enfocar el tema que divide políticamente al país desde una perspectiva diferente: la de un hombre nacido en una de las regiones más pobres del Perú que en base a la educación ha llegado a convertirse en empresario, docente universitario y viceministro de Minas. Leamos, pues, al ingeniero puneño Rómulo Mucho:

Ingeniero, usted está vinculado a las actividades empresarial y educativa desde hace muchos años y a la política activa desde por lo menos unas tres o cuatro décadas, por eso me permito preguntarle: usted cree usted que el proceso de regionalización está en un rumbo correcto o hay cosas que corregir, porque las regiones que tienen gigantescos proyectos mineros en funcionamiento y reciben miles de millones de soles en canon y regalías, son las más convulsionadas en este momento tan difícil del país. Cuál es la explicación lógica a semejante contradicción.  

RM: Tengo varias lecturas, creo que el proceso de regionalización tuvo buenas intenciones desde que se les daba autonomía a las regiones para gestionar sus territorios de acuerdo a la geografía, pero a la vuelta de 20 años nos encontramos con un tremendo fracaso, pues no hubo ni los filtros ni la calidad ni los mecanismos de elección de qué era lo mejor para las regiones; me explico, con las mismas reglas se eligen a los gobernadores y se eligen a los alcaldes, por esas razones los elegidos no solo nunca tuvieron éxito, sino que nunca tuvieron siquiera buen desempeño, siendo contagiados apenas asumieron sus encargos por los males endémicos que tiene el país: la disfuncionalidad que es la incapacidad sumada a la corrupción, por lo tanto han pasado dos décadas de regionalización y todo ha empeorado realmente. Antes del nacimiento del proceso regionalizador existieron las corporaciones de desarrollo, primero, y los cetares (consejos transitorios de administración regional), después, los cuales recibían directamente los recursos del Estado según las necesidades establecidas entre las regiones y el gobierno central. Ahora, con las leyes de regionalización y de descentralización, el dinero va directamente a las regiones, antes llamados departamentos, ahora es como si te dijeran: “ahí está la plata, ahora es tu problema, haz lo que quieras con tu dinero”. Por consiguiente nunca hubo control ni guía para mejorar la calidad de vida de la gente. En Puno, para citar un lugar que conozco perfectamente, hubo un crecimiento espectacular en la primera década del siglo, que coincidentemente fue la primera década de la regionalización, pero eso se acabó cuando llegó Ollanta Humala, quien volvió ineficiente lo eficiente y solo se dedicó a hacer que el Estado crezca, aumentando el gasto corriente, hacer crecer la tributación. Por todo eso, la gente piensa que el Estado no le brinda los recursos que existen gracias a la minería ni tampoco obras de gran impacto. La gente se pregunta por qué no hay escuelas nuevas ni postas médicas bien implementadas ni buenos servicios, entonces se repregunta qué ha pasado. Esa ciudadanía también tiene responsabilidad por no haber exigido la concreción de las promesas electorales tantas veces repetidas. Nada de exigir cuentas ni de comparar los indicadores de pobreza, de enfermedades endémicas, de carencias en infraestructura antes y después de la regionalización. Nada de nada.

Es más, la pandemia del coronavirus desnudó las carencias porque descubrimos que el crecimiento no se había reflejado en nada tangible en educación y, sobre todo, en salud pública, por eso la peor epidemia de la historia impactó con mayor severidad en un país con carencias inocultables. Pasada esa tragedia nacional y cuando el país comenzaba a recuperar la vertical por la inercia productiva de la minería, de la agricultura de exportación, de la pesquería y del trabajo encomiable de la microempresa y la pequeña empresa, llegó Castillo a ahondar los problemas.

Problemas que, en el caso de Puno, por ejemplo, son terribles porque en los últimos veinte años no ha habido una sola autoridad decente: todos eran corruptos y, además, admiradores de Evo Morales, cuya fotografía demoraba y decora las oficinas de los gobernadores, de los alcaldes y de todos los admiradores incondicionales de su prédica racista y secesionista.

Para concluir, creo, como lo he hecho en los cincuenta años que me separan del día en que ingresé a la universidad, que el problema principal de mi país es la falta de educación. Educación desdeñada por las autoridades regionales que saben que un 5 por ciento del canon debe ser destinado a la educación universitaria. Muy por contrario, muchas regiones tienen hasta 200 millones de esa partida guardados en los bancos, una irresponsabilidad, sin duda. ¡Qué pena! La educación de calidad es la riqueza de las naciones.


*Fotografía perteneciente a un tercero

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Dina Boluarte

Al respecto, Ayala señala que «no hay que tenerle miedo al pueblo», que se le puede dar debate a los grupos conservadores y que el temor a una Constitución con estas características «parte de la lógica de que el pueblo no sabe elegir y son unos salvajes».  «Si partimos de la lógica que esto sí o sí será un producto retrógrado será un insulto al pueblo peruano», agrega Arturo.

Para el analista político Mauricio Saravia, estos resultados son producto de las constantes crisis políticas que ha atravesado el país durante los últimos años sin una respuesta de la clase política dominante y esto «ha ido exacerbando el sentimiento de un cambio profundo que se materializa vía Asamblea Constituyente». «Si ya estamos intentando todo, por qué no vamos un poco más allá», explica sobre la lógica detrás de esta tendencia que se muestra en aumento.

Además, Saravia considera que fue la oposición la encargada de poner a la Asamblea Constituyente en la agenda política del Perú. «No siento que desde el oficialismo, cuando Pedro Castillo era presidente, se haya tomado en serio el asunto y más bien la oposición lo puso en agenda», comenta el analista político.

Sobre las iniciativas con las que un sector se muestra a favor para la nueva Constitución, Saravia indica que «la gente lo que quiere es un Estado fuerte y autoritario» y agrega que esta preferencia siempre ha existido debido a que en Perú «tenemos una visión muy autoritaria de la relación del ciudadano y Estado».

«No creo que haya un proyecto serio de una Asamblea Constituyente», cuestiona Saravia y señala que incluso la izquierda progresista de Nuevo Perú no está «tomándose muy en serio el tema de la Constituyente» y se está abordando pensando más en el capital político que se quiere acumular al apoyar este tipo de propuestas.

¿DERECHOS EN PELIGRO?

Alonso Gurmendi, especialista en derecho internacional, señala que «el Pacto de San José establece que cuando un país elimina la pena de muerte ya no puede regresar» y advierte que, aunque se podría incluir, «terminaríamos con una constitución que viola estándares internacionales». 

Aunque salir del Pacto de San José es una posibilidad, que tanto sectores de la derecha como izquierda han planteado en diferentes momentos, Gurmendi considera que esto sería una decisión grave debido a que «genera una situación de desamparo de la población. No va a tener recursos en instancias internacionales para resolver cualquier injusticia o violación de derechos humanos» y agrega que «debe preocupar un Estado que no se sienta restringido por el trato que le da a sus ciudadanos».

«Hoy en día. el matrimonio igualitario no está prohibido a nivel constitucional en el Perú. Hay una restricción legal en el código civil, pero no en la Constitución. Tal como está la opinión pública es posible que una alianza de la izquierda y derecha conservadora establezcan una prohibición en la Constitución», señala el abogado sobre algunos de los posibles escenarios que afrontaría el país teniendo en cuenta algunas de las tendencias mostradas en las encuestas.

El aumento de peruanos a favor de una Asamblea Constituyente es innegable. Sin embargo, el aparente descuido de las agrupaciones políticas al señalar con claridad los puntos a cambiar parece haberle abierto la puerta a los sectores más radicales y conservadores del Perú para instalar sus ideales.

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