Informes

Además de los ya conocidos, en el documento aparecen otros personajes públicos como la abogada Cecilia Blume y el rector de la UNMSM Orestes Cachay. Sudaca pudo revisar la lista completa y la presenta a continuación.

Ayer en la madrugada, Sudaca tuvo acceso a la lista completa de las 487 personas que recibieron una o más dosis de la candidata a vacuna de Sinopharm fuera del ensayo clínico. Esta fue enviada por el Ejecutivo a distintos organismos: el Congreso, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía.

En el documento de 11 páginas, que Sudaca pudo revisar en detalle, están la abogada Cecilia Blume, el médico fujimorista Alejandro Aguinaga, el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Orestes Cachay, la exministra de Salud Patricia García, y varios funcionarios de la burocracia pública, especialmente del Ministerio de Salud y la Cancillería.

Ello, además de los ya conocidos Martín Vizcarra, Pilar Mazzetti, exministra de Salud, y Luis Suárez Ognio, exviceministro de Salud Pública. También aparecen familiares del expresidente, como su esposa y su hermano. Además, también recibieron la candidata a vacuna de forma irregular familiares de los encargados de la investigación y empresarios de distintos rubros. En la lista de 487 nombres también hay personas que sí recibieron la dosis como parte del staff del ensayo clínico.

 

Sofía Salas Pumacayo, directora ejecutiva de la Dirección de Productos Farmacéuticos de la DIGEMID, recibió sus dos inyecciones entre setiembre y octubre del año pasado. Tres meses después, firmó documento clave para el ingreso de las vacunas.

La directora ejecutiva de Productos Farmacéuticos de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), Sofía Patricia Salas Pumacayo, ha incurrido en un serio conflicto. A finales del año pasado recibió dos dosis −lo que equivale a una dosis completa de inmunización− de la entonces candidata a vacuna de Sinopharm y apenas tres meses después firmó la Resolución Directorial que autorizó excepcionalmente la importación de dicho producto. La químico farmacéutica es parte de las 487 personas que recibieron la vacuna china por fuera de su ensayo clínico.

 

Según la lista elaborada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), que Sudaca ha podido revisar en detalle, Salas fue inyectada el 12 de setiembre y el 3 de octubre del año pasado. Para entonces ya estaba al frente de la Dirección de Productos Farmacéuticos de la DIGEMID. Apenas tres meses después, el 26 de enero, firmó como autoridad competente la Resolución Directorial N° 486-2021/DIGEMID/DPF/UFPB/MINSA, que autoriza de forma excepcional la importación de un millón de dosis de la vacuna que ella ya había recibido. 

Sudaca pudo revisar también la mencionada Resolución Directorial. La misma responde a una solicitud del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) para poder traer el producto con urgencia. Aún hoy, la vacuna de Sinopharm sigue siendo clave para la primera línea de lucha contra la pandemia. «Considerando la información de la morbi mortalidad del personal de salud, en el Plan Nacional de Vacunación contra la Covid-19 está considerado la protección de dicho personal», dice el documento, que aparenta haber sido redactado con premura por la emergencia.

 

Al final, el documento autoriza «excepcionalmente la importación y uso por situaciones de salud pública» del primer millón de «viales y/o jeringas» de la vacuna china. Esta autorización era necesaria porque el producto aún no había culminado todas las etapas para su registro regular, en una situación de no-pandemia.

 

La resolución que Salas firmó el 26 de enero abrió un candado clave para que las vacunas puedan aterrizar en suelo peruano. Hasta el día anterior, el 25, la información que reportaban diversos medios era que la DIGEMID aún no emitía el permiso necesario para que los inyectables aterricen en el país. Sin embargo, el 26 por la tarde el diario El Comercio publicó que finalmente la documentación necesaria para traer las primeras dosis estaba lista. «Ya tenemos el permiso y documentos preparados para la exportación», confirmó una fuente a dicho medio.

 

Salas es una de los cuatro funcionarios de DIGEMID que este medio ha podido identificar en la lista de vacunados irregularmente, en lo que la opinión pública ha empezado a llamar el #VacunaGate. El poder que le confería su cargo directivo hace especialmente relevante su vacunación. Sudaca confirmó con especialistas en ética médica que lo que Salas hizo configura, cuando menos, un grave conflicto de intereses.

 

Este medio buscó recabar la versión de Salas por distintas redes sociales, sin éxito. También se comunicó con la oficina de prensa de la DIGEMID, pero esta se excusó de responder alegando que hay una investigación en marcha para todo el #VacunaGate y que se deben esperar sus resultados.

Esta fase del caso tiene como acusados a dos personajes claves: un ex alto funcionario de ProInversión y la representante legal del consorcio que conformó Odebrecht. La exprimera dama Nadine Heredia cumple arresto domiciliario por la presuntamente irregular adjudicación de este proyecto.

Después de cuatro años de desatado el escándalo de corrupción de Odebrecht en Perú, el Poder Judicial (PJ) acaba de dar luz verde para el inicio del primer juicio por la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano, durante el gobierno de Ollanta Humala. Esta es la concesión más grande que la empresa brasileña obtuvo en territorio peruano, por US$7.328 millones.

La primera etapa de audiencias involucra a dos personajes considerados por la fiscalía como los puntos ejecutores de lo que habría sido toda una cadena de mando de presunta corrupción. Se trata, por un lado, del expresidente del  Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión, Edgar Ramírez Cadenillas, encargado de seleccionar a la empresa ganadora del gasoducto, y por el otro, de la representante legal del consorcio ganador −conformado por Odebrecht y la española Enagás−, Claudia Hokama.

A Ramírez y Hokama se les imputa presunta colusión agravada y, además, a Ramírez también presunta negociación incompatible. Las penas solicitadas son de 7 y 6 años de cárcel, respectivamente.

Primer gran paso

La acusación del fiscal Abia, presentada el 22 de agosto del 2017, señala que “Ramírez Cadenillas, en su condición de presidente del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión, habría concertado con Hokama Kuwae, agente autorizado del Consorcio Gasoducto Sur Peruano [Odebrecht y Enagas], a efectos de favorecer a su representada, y adjudicarle la buena pro del proyecto” en junio del 2014. Según Abia, como parte de ese direccionamiento, se “descalificó irregularmente al consorcio competidor”.

Tres años después, el 31 de diciembre pasado, el juez Manuel Chuyo emitió la Resolución N° 55 rechazando el pedido de los investigados Ramírez y Hokama por archivar el caso. Según se lee en su documento, que Sudaca ha podido revisar en exclusiva, Chuyo ordenó el inicio del juicio oral. Otro magistrado debe ahora fijar fecha y hora de la primera audiencia.

Texto, Carta Descripción generada automáticamente

Con la decisión del Juez Manuel Chuyo de ordenar el inicio del juicio por el caso Gasoducto, queda que otro magistrado disponga la hora y fecha de inicio de audiencias.

 

El fiscal Abia sigue esta investigación desde el 2014, apenas otorgado el contrato a Odebrecht y Enagás, cuando estaba en curso el gobierno de Ollanta Humala. En declaraciones a Sudaca, Abia sostuvo que, con su decisión, el Poder Judicial “nos está diciendo a todos: aquí hay caso, señores, presuntamente acá hubo corrupción de funcionarios”.

 

 

El fiscal explicó que “la mega obra, la más cara de toda la historia, sigue el mismo esquema de corrupción que se ve en otros casos. Hay un tema de verticalidad y un tema de horizontalidad porque hay vasos comunicantes. Ramirez y Hokama habrían sido parte de esos vasos comunicantes”.  Ramírez y Hokama, por tal motivo, no habrían actuado solos. Abia enfatizó que “Edgar [Ramírez] Cadenillas tenía a sus jefes en Proinversión llegando al alto nivel del Estado, que era la presidencia, y Hokama, por parte del consorcio, también llegaba hasta el primer nivel de la empresa”.

 

La punta del iceberg

No hay que perder de vista que el Caso Gasoducto está dividido en otros frentes fiscales, además del despacho del fiscal anticorrupción Abia. Dada su alta investidura como expresidente, el hoy candidato Ollanta Humala está siendo investigado por la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos por los presuntos delitos de “asociación ilícita para delinquir, al haber liderado conjuntamente con su cónyuge Nadine Heredia, la organización instalada en el Poder Ejecutivo” con la finalidad de favorecer a Odebrecht en esta concesión.

 

Por su lado, el equipo especial Lava Jato de la fiscalía y, en específico, la fiscal Geovana Mori tiene a su cargo a otros altos funcionarios, empresarios y civiles. Entre ellos está la propia Nadine Heredia, para quien en setiembre pasado logró que se dictara detención domiciliaria por 24 meses. Según el fallo de la Primera Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción, los indicios presentados por la fiscal Mori “corroboran la participación directa” de Heredia con los “graves hechos que se le atribuyen”. Los magistrados concluyeron, “a nivel de sospecha fuerte, la existencia de un pacto colusorio y progresivo entre la imputada Heredia Alarcón, Humala Tasso y los funcionarios de Odebrecht para defraudar al Estado, todo ello en el marco de una asociación ilícita” de alta jerarquía y con características de organización criminal.

 

Así, la decisión del juez Chullo para el inicio del juicio a Ramírez Cadenillas y Hokama “incide también en el desarrollo del caso en el fuero del Equipo Especial Lava Jato y sus investigados”, sostuvo el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia. Precisó que, con el inicio del juicio oral, “vamos a iniciar con el tema de fondo, con el núcleo del caso, con los actores que tomaron la decisión abajo para el otorgamiento de la buena pro. Esto es importante, trascendental y repercute en el gran trabajo que está haciendo el equipo especial”.

Los descargos 

El abogado de Edgard Ramírez, Jorge Paredes, consideró que la decisión del juez Chuyo tiene “dos puntos bárbaros”. Primero, se preguntó “cómo puede iniciarse un proceso por colusión agravada, que exige un daño al patrimonio Estado, cuando no hay perjuicio patrimonial al ser una obra 100% financiada por quien gana la concesión. En el contrato no hay un sol del Estado”.

Un segundo punto que considera relevante es que no pudo haber colusión con Claudia Hokama debido a que esta no tenía “capacidad de comprometerse por su nivel de poder. ¿Cómo se va a coludir [Ramírez] con alguien que no tiene capacidad de decisión en la empresa”. Para Paredes, “la mayoría de estos casos responden más a presión pública, pero por falta de pruebas se va a caer en el juicio oral”. Enfatizó, incluso, que en el proceso que involucra a Humala y Heredia tampoco ve “pruebas suficientemente claras”. “Peor aún, ahí no hay funcionario público que haya sido corrompido. Es el caso más incompleto”, afirmó.

Sudaca intentó contactarse con la defensa de Hokama, sin éxito.

 

El sonido de su voz ya casi no se siente cuando intenta hablar. La llamaremos Diana, tiene quince años. Llegó con su madre al Hospital María Auxiliadora (HMA) alrededor de la 1 de la tarde del último viernes 12. El portón negro que hace las veces de entrada de Emergencias se abrió ante la gravedad de su cuadro. Le midieron la saturación y, con un resultado de 84, le dijeron que no podían recibirla. Debía ir al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador (HEVES). Partió hacia allá hace poco tiempo. Su tía aún está a las afueras en el HMA. “Mi sobrina es diabética. Cada vez que respira [hondo], tiembla, parece que va a convulsionar”, cuenta con angustia.

 

Veinticinco minutos en auto separan al HMA del HEVES. Pero es difícil saber qué realidad es peor. En qué hospital hay más desesperación. Aquí sí reciben a los pacientes, pero la angustia por conseguir un balón de oxígeno es reiterativa. Los familiares de diez pacientes Covid-19 consultados por Sudaca a las afueras del HEVES coincidieron en que con el ingreso de sus parientes les habían sollicitado un balón de oxígeno. Todos lo habían conseguido con esfuerzo.

Los familiares no lo saben, pero esos mismos hospitales rechazaron entre noviembre y diciembre la donación de una planta de generación de oxígeno medicinal. Un recurso que habría sido clave para, cuando menos, manejar el déficit que hoy tienen. La cementera privada Unacem (Unión Andina de Cementos) intentó realizar la donación a la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Sur hace más de cinco meses.

La Diris Lima Sur, sin embargo, la rechazó a través de una carta firmada por Víctor Bacini, director general de la institución, y dirigida a Unacem el 4 de diciembre. Esta carta provocó que el 19 de diciembre la congresista Carmen Núñez del Frepap, solicitase con caracter de urgencia que Bacini fuera citado al Congreso, especìficamente a la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres – COVID-19.

Una vez allí el 26 de diciembre, Bacini precisó, entre otros puntos, que: 1) el ofrecimiento de Unacem de financiar la construcción de una planta de oxígeno, como una donación, llegó el 31 de agosto a la Diris Lima Sur; 2) el Área de Inversiones y Proyectos de la Diris, luego de revisar la normativa vigente, definió que las dos opciones para recibir la planta de oxígeno eran el HMA y el HEVES, por ser hospitales de nivel II; 3) ambos hospitales sustentaron su rechazo en informes técnicos desfavorables para la recepción de la planta; 4) el Ministerio de Salud (Minsa) estuvo informado de esto último, dado que eran dos hospitales de su jurisdicción.

Los fríos argumentos

¿Cuál fue la razón del Hospital María Auxiliadora para rechazar la planta? Su insuficiente suministro eléctrico. Así lo menciona la Diris Lima Sur en su contestación a Unacem y se confirma a través del informe técnico que la Dirección General del HMA proporcionó a Sudaca.

A la espera en la puerta de Emergencias del Hospital María Auxiliadora en San Juan de Miraflores. Foto: Luisa García.

12 de febrero. A la espera en la puerta de Emergencias del Hospital María Auxiliadora. Foto: Luisa García.El documento evalúa la posibilidad de recibir una planta de oxígeno capaz de producir 20 metros cúbicos por hora. Es decir, alrededor de 480 metros cúbicos de oxígeno a diario (48 preciados y hoy urgentes balones de oxígeno de 10 litros). Esto podría cubrir, por ejemplo, a 20 pacientes con necesidad de oxígeno a alto flujo, un tratamiento que usualmente es previo a la intubación, pero que busca evitarla. O también una combinación de 10 pacientes intubados (ventiladores mecánicos) y 7 con oxígeno a alto flujo, más algunos a bajo flujo (cuya demanda de oxígeno es muy variable), tal y como ha experimentado el Hospital de Tingo María con su planta de oxígeno de la misma capacidad, según compartió la coordinadora de su Comando Covid Michele Panduro.

Da escalofríos pensar en la cantidad de pacientes que hoy podrían recibir oxígeno en el María Auxiliadora si este hospital hubiera recibido la donación.

El HMA argumentó que operar una planta de esa capacidad le demandaría una potencia eléctrica total de 375 KVA. ¿Es eso correcto? “La [cantidad de] electricidad requerida [por el HMA] es por lo menos para tres plantas [de 20 metros cúbicos por hora], no para una”, argumenta el ingeniero mecánico Fernando Jiménez. Sabe lo que precisa, pues ha liderado la fabricación e instalación de más de 20 plantas de oxígeno en el 2020. Esto como parte de la iniciativa de la Pontificia Universidad Catòlica del Perú -donde es catedrático- y la empresa Seralt SAC para producir y comercializar plantas de oxígeno a bajo costo en medio de la pandemia.

Tres plantas es un cálculo moderado, dice Jimenez. Toma en cuenta la alta energía que se necesita para el arranque del funcionamiento de la planta, los primeros momentos en que la demanda regular se dispara por 2.5 veces aproximadamente. Luego se normaliza y baja, explica.

En su informe, el HMA también indica: “los tableros eléctricos se encuentran en condiciones de obsolescencia, toda vez que datan del año 1975 y nunca se les ha realizado ningún tipo de mantenimiento, por lo que se propone el cambio de estos antes de la instalación de cualquier futura carga”. Advierte que se “estaría poniendo en riesgo la vida de los pacientes que acuden al hospital Maria Auxiliadora”.

En opinión del profesor de la PUCP, cambiar los transformadores y tableros eléctricos habrían demandado una inversión de apenas entre US$40 mil y US$70 mil. Una ínfima fracción del presupuesto del hospital. En el 2020, el HMA accedió a un presupuesto institucional modificado (PIM) de S/220 millones, según información del Ministerio de Economía (MEF). Ejecutó el 93,7%. Le sobraron alrededor de S/14 millones.

“Es el momento de que las empresas generadoras de energía también se involucren. Luz del Sur, Enel. Si la instalación eléctrica es lo que falta, entonces ellas podrían colocarla. Tienen los transformadores, tienen los ingenieros. Es la forma en que los privados pueden apoyar”, agrega, como otra posibilidad, Jiménez.

La sombría realidad de VES

Las alrededor de 280 camas del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador (HEVES) ya no alcanzan para recibir a los pacientes Covid-19. En medio de la segunda ola, el personal de salud intenta atender entre 60 y 80 pacientes adicionales (números en constante subida), según el presidente del cuerpo médico Percy Huamaní. A diferencia de los otros 280, para ellos ya no hay camas con puntos de oxígeno (tuberías que llegan hasta la ubicación de cada paciente). Su única opción es usar balones de oxígeno. Muchos pacientes deben conseguirlos por su cuenta, casi siempre a precios especulativos.

El papá de Rosa (la llamamos con un seudónimo a su pedido) parece inconsciente. Su hija lo ve desde lejos, por entre las rejas del frontis de Emergencias. Tiene tan solo 68 de saturación y está sentado en una silla de ruedas. Son casi las cinco de la tarde del viernes 12 febrero. Rosa cuenta que pagó S/3.380 por el balón de oxígeno al que su padre está ahora conectado. En esos minutos, un familiar intenta juntar el dinero para comprar otro. El balón del que ahora depende su vida, sólo le durará tres horas más, aproximadamente.

Pacientes esperan por una cama, en los exteriores del HEVES. Foto: Luisa García.

“La provisión está casi al tope, a punto de haber escasez”, dijo Huamaní a Sudaca tres días antes del ingreso del padre de Rosa. Hoy la situación ya parece desbordada. El HEVES terceriza su suministro de oxígeno medicinal, porque no tiene una planta de oxígeno propia. Solo cuenta con un tanque que es recargado regularmente por un proveedor privado, en un mercado altamente concentrado (ver: «Oxígeno post mortem»). Tampoco el Hospital María Auxiliadora, en San Juan de Miraflores, tiene su propia planta.

¿Cuál fue el motivo del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador para rechazarla? Que su demanda de oxígeno era mayor a lo que la donación le ofrecía.

“En términos técnicos no podría explicar si eso es cierto, pero creo que tener una planta de oxígeno para que genere aunque sea diez balones [al día] es algo a [no tener] nada”, dijo Percy Huamaní, presidente del cuerpo médico del HEVES. Luego precisó: “el hospital, como gestión, nunca nos mencionó que habían tenido ese donativo”.

A Huamaní le preocupa que haya pacientes que ya no están recibiendo el nivel de oxígeno adecuado. Al incrementarse su número, tuvieron que abrir totalmente las válvulas para que llegase a todas las camas en uso. Sin embargo, el suministro no llega con efectividad a las más alejadas, explica. Probablemente, la planta de oxígeno ofrecida por Unacem habría ayudado a cubrir ese déficit.

“Yo creo que esa fue una actitud de la gestión por demás negligente. Sabiendo que ya se venía una segunda ola, no vio la posibilidad de adquirir su propia planta”, concluye el médico.

El ingeniero mecánico Fernando Jiménez, por su parte, apunta que hoy hospitales con elevado número de camas, como el HEVES, usan plantas generadoras de oxígeno como complemento de los tanques criogénicos, a los que también empiezan a abastecer. «Al sistema que tienen (tanques) le están poniendo al lado, generadores de oxígeno», señala.

Pero el que la demanda de oxígeno del HEVES superase la capacidad de la planta ofrecida por Unacem no fue el único argumento del hospital para rechazarla. También lo fue que el HEVES iba a recibir una planta de oxígeno del demorado convenio entre el Minsa y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

“Respecto a la DGOS-DIEM, se ha firmado el CONVENIO Nª5-2020/MINSA, convenio de Cooperaciòn Interinstitucional entre el MINSA y la Universidad Nacional de Ingenierìa – UNI para la instalaciòn de 47 plantas de oxígeno, que incluye al Hospital de Emergencias Villa El Salvador”, dice la carta con la que rechazaron el donativo.

Las aludidas “DGOS-DIEM” son oficinas pertenecientes al Minsa: la Dirección General de Operaciones de Salud (DGOS) y su subordinada, la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento (DIEM). En materia de adquisición de plantas de generación de oxígeno medicinal, la DIEM es el área clave del Minsa.

La mención al conocido Convenio Minsa-UNI, llamado ‘Oxigena 47’, parece buscar la tranquilidad de Unacem: el HEVES sí iba a tener una planta. Sin embargo, al día de hoy, más de dos meses después de rechazar la donación, el HEVES no la tiene instalada. Y algo aún más grave, tampoco figura en el cronograma de instalación que ha publicado la UNI en su página web para el mes de febrero.

Los dos principales hospitales públicos del extenso y populoso sur de Lima se ahogan. Sus pacientes se ahogan. La plata de oxígeno de Unacem todavía no está funcionando.

No hay respuestas

A través de su oficina de comunicaciones, Sudaca consultó al HEVES si conocía la fecha de entrega de la planta ofrecida por el convenio Minsa-UNI, pero no recibió respuesta. Este medio también solicitó varias veces el informe técnico emitido por este hospital (que el HMA sí proporcionó), pero no lo brindaron. Por supuesto, el pedido de entrevista corrió la misma suerte, con la sugerencia añadida de buscar a la Diris Lima Sur para ello. ¿El argumento? Que fue esta entidad la que recibió el ofrecimiento de Unacem, originalmente.

El área de prensa de la Diris Lima Sur, por su parte, le tiró la pelota al Minsa (exactamente, a la DIEM). Su razón fue que es esa dirección la que continúa coordinando con la empresa privada para ubicar la planta de oxígeno en un centro de salud del primer nivel de la jurisdicción de Lima Sur. Debido a un cambio normativo realizado en enero por el Minsa, los establecimientos de primer nivel ya tienen permitido albergar una planta de oxígeno bajo ciertos supuestos.

Sin embargo, al cierre de esta edición, el Ministerio de Salud no respondió ninguna de las dos simples preguntas dirigidas por Sudaca:

  1. ¿Por qué no alertaron en su momento al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador que la planta a instalar allí por el Convenio Minsa-UNI (Oxigena 47) no tenía una fecha pronta de instalación y que, por tanto, aceptar la planta donada por Unacem podía ser de ayuda importante ante la segunda ola de Covid-19?
  1. ¿Cuál es el estatus actual de las coordinaciones en que está involucrada la DIEM para instalar la planta donada por Unacem en un establecimiento de salud del primer nivel de la Diris Lima Sur? ¿A qué se debe la demora de la instalación? 

La que sí respondió fue Unacem. Dijo a Sudaca por escrito que la planta de oxígeno —que contaría incluso con una capacidad de producción mayor que la evaluada por el HMA— será instalada en abril en el Centro Materno Infantil de la zona de José Gálvez, en Villa María del Triunfo. En abril: ocho meses después de que fuera ofrecida y por lo menos tres desde el inicio de la segunda ola. “Actualmente, nos encontramos a la espera de la firma del convenio con el Minsa para ejecutar la instalación y funcionamiento de esta planta de oxígeno”, precisó la cementera.

Ese es el ritmo de la burocracia, al que le gana por goleada el de la mortalidad de la Covid-19. Los pacientes del HEVES y del HMA lo conocen bien. Quizá para entonces estemos más cerca de la tercera ola que de la segunda.

*Con la colaboración de Juan Carlos Chamorro.

Del 25 al 31 de enero el tráfico aéreo se disparó. La mayoría de vuelos salió de Lima, la región con más casos de Covid-19. Los principales destinos fueron regiones que empezaron febrero sin estar en el nivel de alerta extremo, pero cuyas provincias más importantes pasaron a esa categoría el miércoles.

Martes 26 de enero. El presidente Francisco Sagasti anuncia que diez regiones volverán al confinamiento. A diferencia de la cuarentena dictada por Martín Vizcarra, que se implementó de un día para otro, esta vez el Ejecutivo considera un margen de cinco días antes de empezar el encierro.

La tregua parece una ventaja para que la ciudadanía se organice y, entre otros, se traslade entre regiones para enfrentar la cuarentena. ¿Está bien que los peruanos puedan trasladarse a sus localidades ante una medida de este tipo? Sí. ¿Pero sin ningún tipo de control? No, ahí está el problema.

La disposición del gobierno generó un grave riesgo para la propagación del virus: el aumento de viajes sin que se exijan pruebas negativas de Covid-19 ni cuarentena para quienes se trasladaron. En enero los viajeros que se dirigían a destinos nacionales no requerían someterse a una prueba de descarte de Covid-19, como informó Sudaca en un reportaje anterior.

El gobierno entendió que eso era un peligro recién el 27 de enero, cuando firmó la Resolución Ministerial 043-2021, emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La norma dispuso que los pasajeros presenten una prueba molecular o antígena con resultado negativo realizada hasta 72 horas antes de moverse por el país.

La Resolución Ministerial N°043-2021-MTC dispone la exigencia de pruebas moleculares o antígenas con resultado negativo para abordar un vuelo nacional. La medida se implementó desde el 31 de enero.

Sin embargo, la implementación de la disposición no fue inmediata. ¿Desde cuándo se aplicó? Sudaca consultó al MTC. “A partir del 31 de enero del presente año”, indicó oficialmente el ministerio.

“Un desastre”, opina al respecto Antonio Quispe, médico epidemiólogo, investigador y docente de la Universidad de Ciencia y Tecnología (UTEC). Para él las medidas dictadas por el gobierno fueron acertadas, pero permitir que la gente salga de zonas de riesgo extremo fue un grave error. Demorar el requerimiento de una prueba negativa para viajar hizo que haya cinco días de vuelos abiertos a la enfermedad.

Para Quispe, si se consideraba difícil exigir pruebas, la alternativa hubiera sido planificar adecuadamente los traslados para que el virus no se disperse. Una medida para ello, por ejemplo, es exigir una cuarentena obligatoria para los viajeros. Sin embargo, ninguna de esas disposiciones fue dictada.

Todos a volar

¿Cuál era el problema de permitir una brecha entre el anuncio de la cuarentena, la publicación de las nuevas disposiciones y su entrada en vigencia? Que después del mensaje a la Nación de Sagasti el tráfico aéreo aumentó sustancialmente. Según datos del MTC, entre el 25 y el 31 de enero hubo 133 684 pasajeros que abordaron vuelos nacionales. En promedio, 13 669 al día.

Aun sin considerar a los viajeros del día 25, antes del anuncio de cuarentena, y del 31, cuando entró en vigencia la exigencia de pruebas, más de 100 mil personas viajaron a destinos nacionales después del anuncio y sin necesidad de presentar pruebas de descarte.

Hasta aquí, todo podría parecer una simple descripción de cifras. El detalle es que, según la información oficial, los días anteriores el tráfico aéreo fue considerablemente menor. Entre el 1 y el 25 de enero el promedio diario de pasajeros fue de 9 770. Es decir, después del anuncio de cuarentena el promedio diario aumentó en casi 4 mil pasajeros, lo que representa un incremento inmediato de 40% por día.

Como era esperable, el anuncio del presidente generó que los peruanos busquen viajar, incluso pese a que no se prohibieron los vuelos durante el confinamiento. Solo en la última semana de enero la cifra de viajeros a destinos nacionales fue más de la mitad que en los otros veinticinco días.

Las rutas del riesgo

El aumento del tráfico aéreo no es el único dato importante. ¿Cuáles fueron las rutas con más vuelos? Lima es la ciudad de la que partieron más aviones en enero. El área de prensa del MTC confirmó a Sudaca que actualmente no hay vuelos operativos entre regiones. Todos parten desde o hacia la capital.

¿Cuál es el problema con eso? Que Lima es una de las regiones que el gobierno ha clasificado como de ‘alerta extrema’. Todos los vuelos salen del lugar más infectado del país, que en lo que va de la pandemia supera el medio millón de casos oficialmente confirmados, según la Sala Situacional Covid-19 Perú.

“Lima es un peligro permanente para el resto del país”, advirtió hace dos semanas la médico epidemióloga Larissa Otero a Sudaca. Entre el 25 y el 31 de enero salieron de la capital 65 730 pasajeros, según datos del MTC. De todos ellos, solo quienes subieron al avión el último día del mes estuvieron obligados a presentar una prueba negativa.

¿A dónde se dirigieron? Los tres destinos con más tráfico aéreo en enero fueron Cusco, Arequipa e Iquitos. El panorama, al revisar la situación sanitaria de cada uno de estos destinos, es grave.

Cuando empezó la cuarentena, ninguno estaba clasificado en nivel de alerta extremo, a diferencia de Lima. Es decir, durante los cinco días de tregua los viajeros se trasladaron, sin haberse sometido a una prueba, de un lugar en alerta extrema a uno en donde el virus no estaba causando tanto daño como en la capital.

Cusco y Arequipa estaban comprendidos en el nivel anterior: alerta muy alta. Su situación era complicada, pero no tanto como la de Lima. En los días posteriores las cifras en esas regiones empeoraron. “Cuando conectas dos regiones estás homogeneizando el riesgo”, explica Quispe. Para él, el extremo riesgo epidemiológico de Lima fue trasladado a las regiones.

En Cusco el 27 de enero había 24 camas UCI instaladas para atender pacientes Covid-19, según el portal opencovid-peru.com. El 8 de febrero, esa cifra había aumentado a 43, pero según la Sala Situacional de Covid de Cusco, al 10 de febrero apenas una cama UCI estaba vacía y disponible en la región. El número promedio de positivos diarios por cada 100 mil habitantes pasó de 94, el 24 de enero, a 158, el 31 del mismo mes, según Open Covid.

El aeropuerto Alejandro Velasco Astete, en Cusco, fue el principal destino nacional de vuelos provenientes de Lima. Foto: Andina.

Arequipa, al 8 de febrero, es la segunda región con más casos de Covid-19 después de Lima, con más de 55 mil, según la Sala Situacional. Según Open Covid, la tasa de incidencia semanal aumentó en la región de 128 a 136 casos por cada 100 mil habitantes entre el 24 y el 31 de enero.

En Arequipa y Cusco, el aumento de contagios es evidente. El gobierno lo ha reconocido y en la conferencia de prensa del 10 de febrero anunció cambios en la clasificación del nivel de alerta en ambas regiones. En Arequipa las provincias de Arequipa, Camaná, Islay y Caylloma −las más importantes de la región− pasaron al nivel de alerta extremo. Lo mismo sucedió con las provincias cusqueñas de Canchis y La Convención.

Según la clasificación del gobierno, hoy la situación sanitaria en esas provincias ya es tan grave como la de Lima. Quispe indica que a partir de la manifestación del primer síntoma, el contagio se extiende hasta diez días después. De acuerdo con ello, el aumento de casos coincide con las fechas en las que los infectados que viajaron durante la tregua pudieron estar contagiando.

En Loreto, cuya capital es Iquitos, la reacción del Ejecutivo fue más rápida. Cuando se dictó el retorno a la cuarentena, la región estaba clasificada en riesgo alto. Sin embargo, el 6 de febrero, una semana después de que el coronavirus dejó de moverse por el país libremente, su clasificación pasó a un nivel de alerta muy alto.

Por coincidencia, cinco días es el tiempo promedio que demora un cuerpo infectado en manifestar síntomas, según Theresa Ochoa, médica infectóloga y profesora asociada de Epidemiología en la Universidad de Texas en Houston. El cambio de clasificación de nivel de alerta coincide en el tiempo con la manifestación de los síntomas de quienes se contagiaron cuando los vuelos no requerían la presentación de una prueba de descarte.

“Considerando el contexto actual, resulta necesario incorporar el departamento de Loreto al Nivel de Alerta Muy Alto”, señaló el Decreto Supremo 017-2021 de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La disposición entró en vigencia el 8 de febrero.

“Loreto es un desmadre”, comenta Quispe. El 25 de enero había 26 camas UCI ocupadas en la región, según Open Covid. El 10 de febrero la cifra subió a 36. Según la Sala Situacional, al 8 de febrero, Loreto es la región con mayor índice de positividad: 33.2%. Open Covid indica que la incidencia semanal en la región pasó de 39 a 61 casos positivos por cada 100 mil habitantes entre el 24 y el 31 de enero.

El antecedente de diciembre

En diciembre pasó algo similar a lo que ocurrió en enero. No se exigían pruebas para viajar a destinos nacionales y a fin de mes aumentaron los vuelos a consecuencia de las fiestas. Pocos días después se incrementaron los casos y sobrevino la segunda ola.

Según cifras del MTC, el tráfico aéreo aumentó en vísperas de Navidad. El promedio diario de pasajeros que abordaron rutas nacionales entre el 1 y 19 de diciembre fue de 19 mil. Entre el 20 y 24 aumentó a 22 mil.

Ese mes los principales destinos también fueron Cusco, Arequipa e Iquitos, en ese orden. Sudaca estuvo en Cusco y reportó el aumento de casos en esa región en los días posteriores. El promedio de muertes semanales por Covid-19 en Cusco creció de 19,4, el 1 de enero, a 23,4 el 14 del mismo mes, según Open Covid.

Para Quispe, la decisión del gobierno de establecer una tregua con posibilidad de viajar sin prueba negativa después de anunciar el reinicio de la cuarentena va a replicar lo que sucedió al final del año pasado. Sin embargo, el médico agrega otro problema: ahora se están propagando las nuevas variantes, lo cual lo hace más peligroso.

Los datos facilitados por el MTC corresponden solo a los viajes aéreos. Quispe resalta que lo que ocurrió con los aviones es solo la punta del iceberg. Los viajes terrestres son más riesgosos por las condiciones de los buses, explica el epidemiólogo, como tener aire acondicionado recirculando. “Los buses interprovinciales se convirtieron en cajas de muerte”, afirma. Además, la tregua para los viajes terrestres se extendió hasta el 2 de febrero. Con ello el gobierno pretendió bajar el tráfico, pero los terrapuertos estuvieron abarrotados.

Las medidas que buscaban contener el virus pueden terminar beneficiando su propagación. La modificación de los niveles de alerta dictados esta semana por el gobierno son un indicador claro. Quispe indica que la propagación del virus en esos cinco días se cuantifica en contagios dos semanas después −en la semana actual− y en fallecidos tres semanas después.

Entre los fallecidos a partir de este fin de semana se podrán contar a quienes se infectaron durante los cinco días de tregua.

 

ALERTA: El médico Antonio Quispe recomienda encarecidamente que los pasajeros que viajen en transporte público usen doble mascarilla (una quirúrgica y otra de tela), además del protector facial. Estos implementos no deben quitarse en ningún momento.

 

*Este informe ha sido elaborado con la colaboración de Luisa García Téllez.

 

Sudaca halló que el procurador Engie Herrera, hoy acusado de intentar boicotear el caso de las malas compras de mascarillas en la Aviación Policial, registra 22 llamadas con el investigado fiscal Sandro Paredes, además de una comunicación con el exjuez César Hinostroza. Herrera asegura no recordar ninguna conversación..

El procurador anticorrupción del Callao Engie Herrera Yactayo ha cambiado de frente de batalla. El Ministerio Público ha pedido su prisión preventiva al considerarlo presunto cómplice de los mandos policiales investigados por compras irregulares de mascarillas durante los primeros meses de la pandemia. Ello, desde la División de Aviación Policial (Diravpol). El expediente del caso ha sido denominado ‘Mascarillas-Diravpol’.

Sudaca, sin embargo, abre ahora lo que sería un nuevo frente para la investigación. Este medio ha hallado, en exclusiva, que Herrera Yactayo registra una comunicación con el exjuez César Hinostroza en el 2015 y veintidós con el suspendido fiscal adjunto supremo Sandro Paredes en el 2018. El procurador Herrera asegura que no recuerda por qué caso o por qué razón se contactaron.

Las 22 comprometedoras llamadas

En 2018 el aún coordinador de la Procuraduría Anticorrupción del Callao, Engie Herrera, registró 22 llamadas de ida y vuelta con el entonces fiscal en Lima Sandro Paredes Quiroz, quien se desempeñaba como adjunto del fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza. Este último está vinculado al caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Los diálogos entre Herrera y Paredes se dieron entre el 13 de febrero y 17 de abril del 2018 e iban desde las 9:23 am. hasta las 9:50 pm. Algunas comunicaciones duran apenas segundos, mientras que otras duran entre 4 y 6 minutos.

El exprocurador anticorrupción Amando Enco afirmó que, si bien son usuales las conversaciones con los fiscales, este caso le “llama mucho la atención”. Explicó que, al tratarse de “coordinación con fiscales supremos, tendría que haber sido reportado o comunicado al despacho del procurador en la sede central” y que en este caso a él no se le reportó. “Lo recordaría”, asegura. Agregó que “el señor Herrera tendría que explicar sobre qué caso conversó con el fiscal supremo [Sandro Paredes]”.

El procurador Engie Herrera, en respuesta a Sudaca, reiteró que no recuerda la razón de las 22 conexiones telefónicas: “hablo con muchos funcionarios y autoridades constantemente”. El registro del número de diálogos entre Herrera y el fiscal Paredes coinciden, sin embargo, con fechas claves de un caso de crimen y corrupción que hoy envuelve al segundo de ellos.

Según una investigación fiscal y policial, en los primeros meses del 2018 Sandro Paredes habría dado protección e, incluso, habría fingido ser inspector para favorecer a dos miembros de Los Malditos de Angamos, organización criminal enquistada en el distrito de Ventanilla que se dedicaba al cobro de cupos, sicariato e invasión de terrenos.

El fiscal Paredes, con quien el procurador Engie Herrera intercambió constantes llamadas, se habría involucrado con el grupo criminal del Callao a través de Dante ‘Kiko’ Mandriotti, dueño de la Academia Cantolao y actual gobernador regional del Callao. Existen interceptaciones en las que ‘Kiko’ se referiría a Paredes con frases como “el amigo fiscal”, “siempre me apoya a muerte” y “ya hemos hecho otros casos con él”.

Además, hay una visita que el procurador Herrera ha optado por no aclarar ante Sudaca. En la carpeta fiscal del caso Mascarillas-Diravpol existe un documento que revela que Mandriotti ingresó a la Procuraduría Anticorrupción del Callao el 23 de enero del 2018. En esa fecha, Mandriotti solo era conocido por ser fundador y dueño de la academia de fútbol. Ocho meses después sería elegido gobernador regional del Callao.

Registro de visitas indica que Dante Mandriotti, aún sin ser autoridad en Callao, ingresó a la procuraduría anticorrupción de Engie Herrera el 23 de enero del 2018.

Registro de visitas indica que Dante Mandriotti, aún sin ser autoridad en Callao, ingresó a la procuraduría anticorrupción de Engie Herrera el 23 de enero del 2018.

El expediente del fiscal que lleva el caso Mascarillas-Diravpol, Francisco Alarcón, solo cuenta con una hoja del registro de entrada de Mandriotti a la sede de Engie Herrera. Alarcón quiso incautar todos los cuadernos de visitas el pasado 12 de octubre del 2020, pero la asistente de la Procuraduría refirió que estas evidencias ya no estaban en el lugar. “Se preguntó por los cuadernos de visita, a lo que respondió que no se encontraba en esta sede, señalando que los tiene el procurador [Engie Herrera]”, se lee en el Acta Fiscal de esa diligencia.

Acta de fiscal anticorrupción Francisco Alarcón da cuenta de que libros de visitas no se encontraban en la sede de la Procuraduría Anticorrupción del Callao.

Acta de fiscal anticorrupción Francisco Alarcón da cuenta de que libros de visitas no se encontraban en la sede de la Procuraduría Anticorrupción del Callao.

Sudaca logró contactar al suspendido fiscal Sandro Paredes para indagar sobre las razones de las más de veinte llamadas que mantuvo con el procurador Herrera, pero este respondió que no tenía “ni idea”. “Como te digo, no recuerdo bien, sí me acuerdo del apellido”, afirmó. Hoy, Paredes está suspendido de sus funciones por 24 meses tras haber sido acusado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal en el caso Los Malditos de Angamos.

Suspendido de sus funciones, el fiscal adjunto supremo Sandro Paredes respondió que del procurador Engie Herrera solo recuerda el apellido y no las 22 llamadas que intercambiaron.

Suspendido de sus funciones, el fiscal adjunto supremo Sandro Paredes respondió que del procurador Engie Herrera solo recuerda el apellido y no las 22 llamadas que intercambiaron.

Contacto Hinostroza 

Engie Herrera trabaja como abogado para el Ministerio de Justicia (Minjus) desde el 2012. El principal hito de su carrera, sin embargo, data de abril del 2015. Ese mes fue designado como coordinador de la Procuraduría Anticorrupción del Callao. En este momento, dicha sede no contaba con procuradores titulares y era el coordinador, en este caso Herrera, la persona con mayor rango de autoridad.

En paralelo, ese mismo año el extraditable juez César Hinostroza repetía el plato como presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao (CSJCL), una entidad desde donde ya había sido protagonista de polémicas. El 2011 fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito y su nombre era titular de denuncias periodísticas por desbalance patrimonial y plagio. La primera en el diario El Comercio y la segunda en el portal IDL-Reporteros.

Expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao se encuentra en la actualidad en proceso de extradición por el caso Cuellos Blancos del Puerto.

Expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao se encuentra en la actualidad en proceso de extradición por el caso Cuellos Blancos del Puerto.

Según el reporte de enlaces telefónicos al que Sudaca tuvo acceso, el 28 de mayo de aquel 2015, siendo flamante coordinador de la procuraduría del Callao, Engie Herrera llamó al juez Hinostroza a las 2:22 pm. Herrera aseguró a este medio que no recuerda el sentido de aquella comunicación, pese a que él era nuevo en el cargo e Hinostroza estaba en pleno apogeo de poder.

El procurador Herrera agregó, además, que no conoce personalmente a César Hinostroza y que “jamás, nunca” se ha “reunido con esta persona”. Sostuvo que, si bien no recuerda lo que lo motivó a llamarlo, “uno, como procurador, tiene que coordinar […]. Probablemente tiene que ver con poner en conocimiento [denuncias contra] muchos magistrados y jueces”.

Consultado, el exprocurador nacional anticorrupción Amado Enco, explicó que “es regular que se den llamadas por temas laborales entre procurados y magistrados, aunque es más con fiscales. Con los jueces tendría que ser un tema muy excepcional”.

Robo en pandemia

Ayer fue suspendida la audiencia a cargo de la jueza Tatiana Barrientos, del 11 Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, donde iba a determinarse el futuro legal del procurador Herrera por el caso Mascarillas-Diravpol. Esto, luego de que el fiscal anticorrupción Francisco Alarcón pidiera 32 meses de prisión preventiva en su contra. El argumento de Alarcón es que Herrera está «directamente vinculado a una serie de actos de obstrucción para desacreditar el caso». Este fiscal explicó a Sudaca que Herrera habría sido «captado» con estos fines por la presunta organización criminal que operó desde la Aviación Policial para la irregular adquisición de mascarillas y alcohol en gel.

El caso Mascarillas-Diravpol, que ahora involucra al procurador, es el único por el que un general de la policía se encuentra en prisión. En agosto del 2020, el fiscal Alarcón realizó un operativo en el que se detuvo a seis personas, entre ellos el director de la Diravpol, el general PNP Alfredo Andrés Vildoso Rojas, y otros mandos policiales.

El procurador chalaco Herrera, quien fuera nombrado en su actual cargo por el exministro de Justicia Vicente Zevallos, sigue en funciones. Asegura que las acusaciones en su contra, “toda esta maraña, son invenciones” y que “todo lo que se está haciendo contra mi persona es un abuso de autoridad, una persecución” que se aclarará “ante el juzgado” donde se hará “conocida toda la corrupción dentro de la Fiscalía”.

Crear ministerios, refundar la República, hacer cambios constitucionales y reformas de todo tipo. En el papel todo es posible. Cualquier propuesta puede redactarse desde una oficina de campaña. Sudaca trae un resumen.

Más allá de los sueños de cada partido, y pese a que casi nadie lee los planes de gobierno para decidir su voto, estos documentos sí dan pistas importantes sobre las candidaturas más promocionadas del momento. ¿Cómo enfrenta cada partido el reto de ser gobierno? Un plan incompleto de 17 páginas, como el de Avanza País, comunica algo distinto a uno de 110 páginas, con un diseño gráfico pulcro y lleno de términos en inglés, como el de Podemos Perú.

Por supuesto, la ideología de cada proyecto político, el diagnóstico de los problemas del país y las propuestas también pueden encontrarse en esos documentos. Sudaca los revisó para buscar qué propone cada organización y para contarle a usted, lector, qué tan en serio se han tomado la tarea de confeccionar sus propuestas.

El Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, liderado por la politóloga Alexandra Ames, también ha estudiado los planes de gobierno (esta semana publicará un informe al respecto). Junto con Ames, Sudaca presenta un resumen con lo más interesante de cada documento partidario.

Los cambios de Victoria Nacional

El Plan de Victoria Nacional, partido que postula al exfutbolista George Forsyth, es el más preocupado por el deporte. Ofrece, por ejemplo, que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) pase a depender directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y ya no del Ministerio de Educación (Minedu).

Las bases del plan de 158 páginas, elaborado por el economista y candidato a la vicepresidencia Jorge Chávez, apuntan al crecimiento económico y la estabilidad macro. Un punto importante es el que propone crear un sistema de sueldos mínimos diferenciados según regiones y tamaño de empresas empleadoras.

Entre sus propuestas de modificaciones institucionales destacan la de fusionar el Ministerio de Relaciones Exteriores −el padre de Forsyth es diplomático de carrera− con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y la creación de un Ministerio de Planificación que se concentre en la rendición de cuentas. En cuanto a la reforma educativa, propone implementar un servicio rural para docentes -equivalente al Serums- y crear una Sunedu para colegios.

JP: claramente, la izquierda

El plan del partido liderado por Verónika Mendoza es el único comandado por una mujer: Anahí Durand. El documento propone ideas algo distintas a las de otros planes. Por ejemplo, una reforma tributaria que incluya un impuesto a las grandes riquezas, revisar los Tratados de Libre Comercio (TLC) y eliminar el Decreto Legislativo 882, que permite la actividad educativa con fines de lucro.

Para Ames, una de las características de este plan es el fuerte componente de agricultura familiar. Esta idea se sostiene en la propuesta de aplicar una segunda reforma agraria que imponga un límite de propiedad de tierras, según la especialista.

La ideología del partido queda clara en el papel. En el plan de Juntos por el Perú se encuentran afirmaciones como tener un Estado “promotor del desarrollo”, “implementar un programa de cambio que supere el régimen y el modelo neoliberal”, “plantear una cuota de pantalla para el cine nacional” y combatir “los monopolios, [y] oligopolios como en el sector bancario, farmacéuticas y otros”.

Un punto característico de este plan es su mención explícita a ideas de igualdad de derechos. Por ejemplo, el enfoque de género es transversal a varias de sus propuestas. Además, ideas como la “Ley de Matrimonio Igualitario”, garantizar “los derechos de los pueblos indígenas” y la “despenalización del aborto” son más contundentes que en otros planes.

Fuerza Popular y su nostalgia noventera

Para el fujimorismo es central la reactivación económica tras la pandemia. No por coincidencia el título del Plan es “Rescate 2021” y está comandado por Hernando Guerra García. En el plano económico, el empresario explica que implementarán un agresivo plan de obra pública, “pequeña y rápida”, para reactivar el empleo. Un esquema que, acepta, “no es un modelo súper liberal”, sino más “keynesiano”.

El Plan de Gobierno del fujimorismo, de 90 páginas, resalta constantemente lo hecho por el gobierno de Alberto Fujimori, incluyendo la implementación de la Constitución actual. A pesar de ello, plantea algunos cambios constitucionales en el título de la estructura del Estado, como definir la incapacidad moral permanente y bajar la edad mínima para ser congresista a 20 años.

El de Fuerza Popular es uno de los planes que trata con más ahínco el fortalecimiento de la Policía y las Fuerzas Armadas, para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana. Una de sus propuestas es reorganizar el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y construir nuevos penales, aunque no especifica cuántos.

Una característica inesperada del plan fujimorista es que plantea fortalecer o retomar los programas sociales, algunos de ellos fundados en los años 90. Entre estos, menciona al Pronamachcs, el Pronaa y Foncodes. “El Fujimorismo tiene como esencia desde el inicio de los años 90, la acción social del estado a través de los programas sociales […] como una manera de atacar la pobreza como ‘caldo’ de cultivo del terrorismo”, indica el documento. Guerra García declaró a Sudaca que se trata de que los programas sociales “ahorren, no se conviertan en burocracia y tengan un enfoque de resultados”.

Sin embargo, el plan naranja adjudica al fujimorismo el crédito de programas sociales que no fueron creados en los años 90. Por ejemplo, indica que Qali Warma es lo que antes era el Pronaa y que Cuna Más antes era Wawa Wasi. Ames sostiene que eso no es cierto, porque los programas tienen características técnicas distintas y porque aquellos implementados por el gobierno de Fujimori eran asistencialistas. Qali Warma y Cuna Más fueron creados en el gobierno de Ollanta Humala.

El escueto plan de Acción Popular

La candidatura de Yonhy Lescano ha sido la sorpresa de las últimas encuestas. Sin embargo, el plan de Acción Popular, elaborado por Luis Oballe, es un documento bastante corto comparado con el de los otros partidos en carrera. Tiene solo 26 páginas.

Para Ames la extensión de un plan no determina su calidad. Sin embargo, sí asegura que el documento del partido de la lampa es muy declarativo y aborda pocos campos. Hace críticas y diagnósticos, pero no aterriza propuestas concretas.

Sudaca consultó al candidato Lescano por qué tiene un plan tan corto y bastante general. “Ese plan de gobierno es un resumen que nos pide la ley. No es el plan completo”, respondió. Lescano resalta que el documento tiene propuestas como el cambio de Constitución, la compra de un satélite de telecomunicaciones para introducir tecnología a la educación y algunas ideas para mejorar el sistema de pensiones.

Es cierto que el plan propone el cambio de Constitución y aborda el problema previsional, sin embargo, en el documento no aparece la palabra ‘satélite’. Y la referencia a las ‘telecomunicaciones’ está solo una vez para mencionar que debe ser, igual que otros servicios públicos, eficiente, con tarifas competitivas y al alcance de todos los peruanos. El párrafo termina indicando: “Evaluaremos las condiciones bajo las cuales se presta los referidos servicios”.

Los morados y la huella de Sagasti

El plan del Partido Morado parece reflejar lo que viene haciendo el gobierno de Sagasti. Precisamente el actual presidente lideró su confección hasta que asumió el máximo cargo. Es un plan extenso, de 120 páginas, con mucho contenido. Incluso, presenta casos hipotéticos que Ames cree que pueden haber sido propuestos por un especialista en narración: está cargado de historias de dos personajes llamados Juan y María.

Según Ames, es un documento con diagnósticos claros y bien desarrollados sobre los problemas del país, pero tiene problemas para aterrizar propuestas concretas. ¿Suena parecido a las conferencias de prensa del gobierno?

La carga ideológica de este plan es clara: los morados tienen un partido que se inscribe en lo que ellos llaman “centro republicano”. El plan afirma ubicarse “entre el neoliberalismo y el socialismo, entre el Estado minimalista y el Estado asfixiante”.

Sus propuestas programáticas están conformadas por cuatro reformas de promesa republicana: la reforma del conocimiento, la reforma de gestión del territorio, el acceso a las libertades económicas y la reforma de las instituciones políticas.

El marketing de Podemos Perú

El partido que postula a Daniel Urresti tiene el plan de gobierno que utiliza más términos de mercadotecnia. Está plagado de palabras en inglés. Por ejemplo, propone crear el “Lima Institute of Technology”, en lugar del Instituto Tecnológico de Lima. Además, destaca su pulcritud gráfica y su diagramación.

Portada del Plan de Gobierno de Podemos Perú. Independientemente del contenido, destaca su pulcritud gráfica.

Ames resalta de este plan que tenga medidas a corto, mediano y largo plazo. El documento expone lo que hará el partido en el primer día, en los primeros cien días y, finalmente, en todo el gobierno.

Para los primeros cien días, Podemos propone usar la Covid-19 como un punto de inflexión para cambiar al país, hacer una reconstrucción nacional y recuperar el empleo para reparar la economía. La nueva normalidad tendría más tecnología, un mejor sistema de salud y menos informalidad. Para los cinco años de gobierno, postulan implementar un Plan de Rescate Económico.

Algunos de los puntos particulares del plan están en el eje de gobernabilidad institucional. Podemos propone crear un Ministerio de Fomento y Obras Públicas, hacer cambios y fusiones entre ministerios y digitalizar el Poder Judicial.

Para Ames, el plan de Podemos está bastante estructurado. También resaltan sus propuestas para la familia policial −a la que Urresti apela mucho desde su paso por el Ministerio del Interior−, con iniciativas como entregar viviendas y reformar hospitales policiales.

Avanza País y un plan… ¿provisional?

Hernando De Soto, candidato presidencial y jefe del plan de gobierno de Avanza País, tiene una importante reputación internacional tras haber fundado el Instituto de Libertad y Democracia (ILD). Ha recibido el reconocimiento de renombrados personajes, como Bill Clinton, y publicaciones, como las revistas Time y Forbes.

De Soto, además, ha asesorado a diferentes gobiernos, incluso algunos cuestionados, como el de Muammar Gadafi. En el Perú, fue asesor de Alberto Fujimori. Es una persona vinculada a la asesoría gubernamental y las campañas electorales.

Sin embargo, su plan de gobierno tiene apenas 17 páginas y fue entregado fuera del plazo indicado por el JNE. Una resolución del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 indica que el partido presentó el documento recién en enero, mediante una subsanación.

Además, el diseño y la diagramación del documento denotan que no se invirtió mucho esfuerzo al prepararlo. Curiosamente, a pesar de la tardanza, el mismo plan indica que no es su versión final y que ésta será presentada “próximamente”. Aunque los partidos pueden presentar nuevos documentos ante la opinión pública, el plan oficial es el que ya está registrado en el JNE.

Plan de Gobierno de Avanza País. Indica que su versión final será presentada próximamente.

Más allá de la forma y la extensión, Ames considera que el plan de Avanza País no aterriza en nada. El documento está plagado de ideas generales y lugares comunes. Un ejemplo: “haremos que se eliminen las causas de la corrupción”.

El objetivo del plan: “derribar los muros que separan a los peruanos del llamado Perú informal de los formales”. Una frase hecha que apenas ilustra la propuesta principal de la historia política del candidato: la titulación como clave para el desarrollo.

Propuestas marcadas por la pandemia

Ames sostiene que, en términos generales, el estudio que lidera encontró que los planes de gobierno son muy declarativos. Expresan deseos, pero no se concentran en propuestas concretas, con metas e indicadores para medir su cumplimiento.

Hace cinco años la investigadora también analizó los planes de los candidatos de entonces. ¿Cuáles son las principales diferencias? Una importante se desprende de la coyuntura. Antes ya existía una tendencia a plantear propuestas de corto plazo, pero la pandemia ha remarcado esa característica. La mayoría de planes de gobierno hace referencias a cómo salir de la crisis: reactivar la economía y el empleo, asegurar la vacunación, etc.

La salud es un tema prioritario en la campaña actual. En el Perfil Electoral de las Elecciones Generales 2021, elaborado por el JNE, destaca la presencia de la palabra ‘salud’ en los planes de gobierno. Lamentablemente, la Covid-19 ha hecho que se reste importancia a propuestas de salud ajenas a la pandemia, como las vinculadas a la salud sexual y reproductiva, o a la desnutrición.

Terreno compartido, pero no tanto

A pesar de las diferencias ideológicas, hay propuestas presentes en varios planes. Por ejemplo, según el análisis de Ames, la gran mayoría de partidos se refiere a la reforma del sistema de pensiones, un tema que no había estado en agenda en la campaña anterior. La “refundación de la República” también aparece en planes de partidos ideológicamente distantes, como Podemos Perú, Juntos por el Perú y Victoria Nacional.

Además, todos los planes proponen mejorar la calidad educativa y la cobertura del sistema de salud, unificándolo y asegurando el acceso a medicamentos. Estas coincidencias parecen indicar que, gane quien gane, en 2026 en el Perú todos quieren tener un sistema de salud unificado y un sistema de pensiones reformado.

Sin embargo, existen diferencias sobre cómo se lograrán esos objetivos. Por ejemplo, Ames indica que, sobre la reforma del sistema de pensiones, algunos proponen resguardar la inversión privada, mientras otros desarrollan propuestas más cercanas a la estatización.

Otro ejemplo: si bien coinciden en ‘impulsar el crecimiento económico’, Juntos por el Perú postula hacerlo asegurando la sostenibilidad de los recursos, mientras que Victoria Nacional, promoviendo la inversión privada. El Partido Morado menciona ambos aspectos, respetando su propuesta de centro, anota Ames.

En cuanto a la educación, la diferencia principal detectada por la investigadora está en el trato a los docentes. Mientras los partidos ubicados más a la derecha se concentrarán en mejorar la calidad docente, desde la izquierda las propuestas se centran en subir los salarios y mejorar las condiciones laborales.

Otro tema presente en diferentes planes de gobierno es la reforma constitucional. Hay una contraposición clara. Desde la derecha se busca defender la Constitución actual. El caso más evidente es el de Fuerza Popular, cuyo Plan de Gobierno es calificado por Ames como una oda a la Constitución de 1993 y al gobierno de Alberto Fujimori.

“La evidencia muestra que las instituciones abiertas e inclusivas de la Constitución de 1993 rescataron al país de la pobreza y del caos generado por el modelo estatista y rentista”, dice el segundo punto del plan naranja, titulado “La Constitución de la prosperidad”.

Desde la otra orilla, partidos de izquierda como Juntos por el Perú y el Frente Amplio proponen cambiar la Constitución. Acción Popular se suma a esa iniciativa. Nuevamente, una opción moderada es la del Partido Morado, que ofrece realizar un referéndum en el segundo año de gobierno para evaluar el cambio.

Resulta evidente que algunos partidos se han esforzado más que otros para elaborar el documento que −idealmente− guiará su gobierno. Sirvan los planes para reflejar lo que ocurre dentro de cada organización y cuál es su esencia, así como la de su candidato o candidata.

El informe que el equipo liderado por Ames publicará esta semana revelará cuáles son los partidos cuyos planes de gobierno presentan propuestas más concretas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Para ello, han evaluado la cantidad y el nivel de puntualidad de las propuestas, independientemente de su contenido. 

 

Recortes salariales, depósitos de sueldo de apenas S/2, retraso en los pagos. Muchos internos tienen que comprar sus propias mascarillas y equipos de protección. Uno está en UCI por contagio de Covid-19

“Nos consideran la mano de obra barata”, así describe la estudiante del séptimo año de la carrera de medicina humana de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Karin Llanos (26), la penosa realidad por la que atraviesan ella y otros compañeros que realizan sus prácticas pre-profesionales. Razones para estar angustiada no le faltan: hace cuatro meses que no le pagan su sueldo, que equivale al salario mínimo, y el centro de salud San Sebastián, del Ministerio de Salud (Minsa), no le entrega su equipo completo de protección personal.

La joven tiene que dirigirse, una vez a la semana, a las galerías de la avenida Emancipación en el Cercado de Lima para comprar una mascarilla N95 color verde, mandilones, gorros, botas y una botella de alcohol. Debe cuidar su salud y la de su familia. Vive con sus padres.

A la semana, su centro de salud solo le entrega EPP, según su testimonio, “cada dos o tres días”. Ella asiste seis. ¿Le hace falta? Sí.

“Voy a Emancipación porque es lo más económico, Una mascarilla N95 de 3M, marca americana, que es la más segura, ahorita está costando [allí] entre S/60 y S/95. Por la segunda ola, [el precio] ha subido, cuando normalmente una mascarilla [de ese tipo, antes del inicio de la pandemia] costaba S/5”, explica la estudiante a Sudaca.

Llanos puede hacer ese gasto extra porque tiene el apoyo económico de sus padres. Por semana, desembolsa entre S/100 y S/150. Cada mes, esas compras significan un gasto que fluctúa entre S/400 y S/600. “Este dinero que nos están negando [los sueldos] nos ayudaría a que nosotros mismos podamos protegernos, [con] nuestro EPP”, añade la joven.

 

 

 

 

Karin Llanos Chávez es estudiante de medicina humana de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Le deben cuatro meses de sueldo y no posee activo los seguros de Essalud ni de vida (ver imagen de abajo). La futura doctora compra sus mascarillas e indumentaria de protección en la avenida Emancipación, en el Cercado de Lima.

 

 

 

“No voy a usar un EPP [dos veces], que de repente [antes] he utilizado con los pacientes Covid que llegan con diarrea, que pierden el olfato o el gusto, a los que se les hace la prueba, salen positivos y ya sé que he tenido contacto [con ellos]”, dice Llanos. Además, indica que no está afiliada al seguro social de EsSalud ni posee seguro de vida, dos cosas a las que debería acceder según su contrato con el Minsa.

 

Cara a cara con el virus 

¿Los practicantes atienden pacientes Covid-19?Sudaca le hizo esta pregunta a Jazmín Sánchez (26), quien también es estudiante del séptimo año de la carrera de medicina, pero en la universidad San Marcos. Ella también realiza sus prácticas en el centro de salud San Sebastián, en el Centro de Lima

 

 

 

 

Jazmín Sánchez es secretaria de Internado de la Federación Peruana de Estudiantes de Medicina Humana (Fepemh) y cursa el séptimo año de medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  Tampoco posee activo su seguro de EsSalud (ver imagen de abajo) al igual que su compañera, Karin Llanos, y también le deben cuatro meses de sueldo.

 

 

La estudiante explica que, según la resolución directorial N° 022-2021, publicada el pasado 19 de enero por el Ministerio de Salud, los practicantes pre-profesionales de ciencias de la salud (medicina, enfermería, psicología, etc.) no deben atender en áreas Covid-19 de los hospitales ni establecimientos de salud. Asegura, sin embargo, que en los hechos atienden constantemente pacientes asintomáticos.

¿Cómo? La joven sanmarquina, quien también ocupa el cargo de secretaria de Internado de la Federación Peruana Estudiantes de Medicina Humana (Fepemh), explica que a su área llegan pacientes con Covid-19 porque no existe “un buen filtro”. “Nosotros, según decreto, debemos atender en áreas no Covid. Pero eso, al final, es difícil de cumplir porque hay pacientes que no saben que tienen la sintomatología clara”, precisa.

En San Sebastián, donde realiza prácticas desde octubre del año pasado, existe un consultorio especializado para pacientes con síntomas de haber estado expuestos al nuevo coronavirus. Aparte, hay otra área para las consultas médicas, como medicina general y vacunación. La joven atiende en medicina general.

Sin embargo, cuando un paciente se acerca al establecimiento, muchas veces saca una cita directa para su área. Recién después de la entrevista que tiene con la paciente, Sánchez se entera que ese “resfriadito”, esa “diarrea” y ese “dolor de cabeza con diarrea”, eran síntomas de la Covid-19.

“Hay bastante desinformación en las personas. Y cuando llegan a nosotros [a medicina general, sin haber pasado antes por el consultorio especializado de Covid-19], los recibimos, los atendemos, los mandamos a hacerse la prueba y salen positivos”, añade con preocupación. De esa forma, Karin, Jazmín y muchos más practicantes de medicina están en contacto con pacientes asintomáticos, por más que en su contrato esté escrito que no lo estarán.

El riesgo se agrava porque las dos jóvenes, hasta el cierre de esta edición, no sólo no reciben sus sueldos desde hace cuatro meses sino que ni siquiera tienen la afiliación al seguro social de EsSalud activa. Tampoco poseen un seguro de vida. Ambos son derechos que le corresponden, según el contrato de los internos publicado por el Minsa.

Karin Llanos no se ha contagiado de Covid-19, pero Jazmín Sánchez sí ha tenido la enfermedad. La también dirigente del Fepemh estuvo infectada en agosto del año pasado, aunque en ese momento los servicios de internado estaban suspendidos y no realizaba sus prácticas. Su salud continúa en riesgo. ¿Por qué? El pasado 3 de febrero, el propio EsSalud publicó un comunicado en el que informa que un paciente que ha tenido el coronavirus “puede reinfectarse”. La severidad de la enfermedad dependerá de la carga viral, el estado inmunológico del paciente y las mutaciones que existan del virus.

Por lo pronto, en su centro de labores, dos médicos y dos internos –que, si bien no son de la carrera de medicina, estuvieron en contacto con el personal– están en cuarentena porque dieron positivo al Covid-19. Si las dos estudiantes no tienen el seguro de EsSalud ni el seguro de vida activos, ¿cómo podrían trabajar con tranquilidad?

Yelicsa Altamirano (27), al igual que Jazmín Sánchez, también estudia en la San Marcos. Ella empezó a trabajar en noviembre pasado en el centro de salud Materno Infantil San Fernando, en Yerbateros, distrito de San Luis, y tampoco posee el servicio activo de EsSalud ni el seguro de vida.

 

 

 

 

Yelicsa Altamirano, al igual que Jazmín Sánchez, estudia en la San Marcos. El pasado 26 de enero recibió S/2, en su cuenta del Banco de la Nación, por el pago del mes de noviembre del año pasado. Tampoco posee el servicio activo de EsSalud ni el seguro de vida (ver imagen de abajo).

 

En su centro de salud también le dotan de equipos de protección personal que son insuficientes para su labor diaria. “Para no estar exponiéndome cada semana, compré 45 mandilones: 20 con un grupo de compañeros, al por mayor; y, otros 25, por mi cuenta. Además, una caja de 100 unidades de gorritos, una de 100 pares de botitas y una caja de mascarillas simples de triple capa” sostiene. Ella también tiene que comprarse su propia indumentaria para estar protegida. La tienen que ayudar sus padres.

“La mascarilla N95 no puedo encontrar, por eso no me compro. En mi centro me dan una mascarilla N95 a la semana. Me pongo una mascarilla de triple capa [que compro] abajo [de la N95] y otra encima, para estar protegida. [La mascarilla N95 que me dan] tengo que cuidarla bien y guardarla en un táper para que esté bien conservada”, agrega.

Sobre el pago de sueldos atrasados, el 26 de enero recibió en su cuenta del Banco de la Nación un depósito de S/2 (sí, dos soles). Según la boleta de pago que entregó a Sudaca, del mes de noviembre, le realizaron un descuento de S/ 928. Allí aparece un descuento por EsSalud de S/83,70, pese a que todavía no está afiliada. Esto se puede confirmar en la página web de ese servicio.

La resolución directorial N°022-2021 del Ministerio de Salud, publicada el pasado 19 de enero, es clara: los practicantes pre-profesionales de medicina tendrán un sueldo mínimo (S/930) y los seguros de EsSalud y de vida. Sudaca ha confirmado que en varios casos ese documento está escrito solo en el papel y no se está cumpliendo. 

Hace cuatro días le abonaron otros S/1.860 a la misma cuenta por los meses de diciembre y enero. Esta vez no le realizaron descuentos. Ella pide que el Minsa explique si en los meses posteriores les realizarán más descuentos y si les pagarán puntualmente.

 

Otro vía crucis

El mismo calvario lo vive el estudiante de medicina de la universidad San Martín de Porres Pablo La Serna (28). El futuro médico realiza sus prácticas pre-profesionales en el centro de salud Santiago de Surco, pero su caso es más dramático porque todavía no se ha dado a conocer el documento de la renovación de su contrato. El pasado 19 de enero, el Minsa publicó la resolución directorial N° 022-2021 con la renovación de los contratos de 7.480 estudiantes de las carreras de ciencias de la salud, pero su nombre no aparece en esa lista. Está a la espera de la publicación de una nueva resolución que lo incluya.

 

 

 

 

Pablo La Serna, estudiante de la universidad San Martín de Porres, ha recibido el pasado 26 de enero el primer depósito de su sueldo en el Banco de la Nación. Pero no fueron los S/930 que le prometieron pagar, sino también solo S/2.  No tiene seguro de EsSalud ni de vida.

 

 

 

La secretaria de Internado del Fepemh, Jazmín Sánchez, calculó para Sudaca que un aproximado de “500 estudiantes” a nivel nacional −la cifra es extraoficial− estarían en la misma situación que Pablo La Serna. “Son estudiantes que continúan realizando sus prácticas pre profesionales sin tener su renovación de contrato”, señaló.

Por el momento, al igual que Yelicsa Altamirano, Pablo La Serna ha recibido el pasado 26 de enero el primer depósito de su sueldo en el Banco de la Nación. Pero no fueron los S/930 que le prometieron pagar, sino también solo S/2. Él no puede asegurar a qué corresponden los descuentos, porque no ha podido acceder a su boleta de pago. Tampoco está afiliado a EsSalud y no tiene seguro de vida.

Hasta el 23 de enero La Serna estuvo realizando sus prácticas pre-profesionales, que comenzaron en octubre del año pasado, en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Estas quedaron suspendidas debido a que, según su testimonio, dicho establecimiento no quiso asumir más responsabilidades cuando un compañero suyo salió positivo al nuevo coronavirus.

De forma preventiva, Pablo La Serna y Yelicsa Altamirano han sido afiliados al Sistema Integral de Salud (SIS), que normalmente se destina a personas que no tienen un trabajo formal. En el caso de Jazmín Sánchez y Karin Llanos, ellas poseen SIS desde antes de realizar sus prácticas. No obstante, todos ellos reclaman tener activa su afiliación a EsSalud, porque es su derecho y porque tiene mejor cobertura.

El caso del estudiante de medicina de la universidad Federico Villarreal César Augusto Dávila Arainga (26), quien en la mañana de hoy será trasladado al Hospital Sabogal de EsSalud, es un claro ejemplo de la necesidad de contar con un seguro de amplia cobertura. Los médicos tuvieron que ayudar a la familia del joven universitario para que pueda conseguir una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de dicho hospital, pues tiene Covid-19 y la salud muy deteriorada desde hace 12 días. El joven cumplía su internado en el centro de salud materno infantil Tambo Viejo de Cieneguilla desde octubre del año pasado.

 

 

El estudiante de la universidad Federico Villarreal, César Augusto Dávila Arainga, será trasladado a una cama UCI del Hospital Sabogal de EsSalud. Los compañeros del joven han organizado una colecta para que su madre, Luzmila Arainga, quien es enfermera de EsSalud, pueda solventar los gastos. No posee el seguro de EsSalud y los médicos le han ayudado para que pueda salvar su vida.

 

 

Su madre, Luzmila Arainga, quien es enfermera de EsSalud, lo llevó ayer a la Villa Mongrut del seguro social. Le pudo conseguir una cama porque tenía una amiga que trabaja allí. “Si no hubiera tenido a mi amiga, no sé qué hubiera hecho”, señaló a Sudaca. Recién esta madrugada se le pudo conseguir la cama UCI en el Sabogal, para que pueda ser trasladado. 

 

Los descuentos

 

Jazmín Sánchez dijo a Sudaca que, a nivel nacional, podrían ser hasta 2.000 los estudiantes afectados por los retrasos y recortes de sueldos, por no contar con el servicio activo de EsSalud y el seguro de vida, y por la entrega incompleta de equipos de protección personal. No obstante, precisó que esa cifra es extraoficial. Muchos de los internos no tienen el contrato renovado y no se quejan.

 

La dirigenta estudiantil explicó que poco a poco se están organizando. En diciembre enviaron una comunicación al Ministerio de Salud. Están alistando una nueva con más denuncias. Allí piden que se cumpla con el pago puntual y completo de sus sueldos, y con activar sus afiliaciones a los seguros de EsSalud y de vida.

Según Sánchez, desde que en agosto del año pasado se dio el decreto de urgencia N°090-2020, que reincorpora a los estudiantes de ciencias de la salud a sus prácticas pre-profesionales –suspendidas el 15 de marzo del año pasado por el inicio de la pandemia–, “sabíamos que no se iba a cumplir [con los pagos] porque ni siquiera se está cumpliendo con el pago a los médicos, no se les está dando EPP a todos. Sabíamos que siendo internos, iba a ser difícil”.

“Hemos mandado documento tras documento [al Minsa] –añadió la dirigente del Fepemh– diciendo que se tiene que hacer fiscalización, que hay internos cuyos contratos no salen, y esto es algo que se viene arrastrando desde el inicio. [Nos aseguraron en el MINSA que] se iba a pagar todo junto; eso nos dijeron en diciembre. No pasó. Llegó enero y nos dijeron que iban a pagar los cuatro meses, y tampoco pasó. Eso fue la gota que derramó el vaso, eso nos hizo tomar la decisión de hacer todo esto visible”.

Cuando las prácticas pre-profesionales fueron suspendidas el 15 de marzo del año pasado, a la mayoría de estudiantes se les continuó la  propina de S/400 hasta el mes agosto. Lo que entienden ellos es que se estaría descontando los pagos que realizaron a los practicantes por los meses no trabajados.

No obstante, para la representante estudiantil esos descuentos son injustos. Ese dinero les sirvió para afrontar el periodo de pandemia y ellos siempre pidieron continuar con sus prácticas pre profesionales.

 

Con la cabeza

 

¿Cuál es la solución? Lo que exigen los estudiantes, señala Sánchez, es una reunión con “la cabeza”. Es decir, con la ministra de Salud, Pilar Mazzetti. Además, que se publique una resolución ministerial explicando si habrá o no descuentos a los sueldos de los estudiantes y que se regularicen los contratos a quienes no se les ha renovado. “Papelito manda”, añade.

El Minsa publicó el pasado 30 de enero un comunicado de prensa que no es del todo claro. Allí señala algo similar a lo que los estudiantes intuyen: que el problema de descuentos se debería a que un “grupo de estudiantes tuvo que regularizar su situación administrativa por los meses en que recibieron los abonos por actividades que no realizaron por estar suspendidas. Este procedimiento se está llevando a cabo actualmente y culminará en enero del 2021”. Es decir, que la ‘propina’ que recibieron entre marzo y agosto estaría siendo descontada de sus salarios mínimos ahora. ¿Y los retrasos?

Sudaca envió un pliego de preguntas, por separado, al MINSA y EsSalud, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Para la dirigente del Fepemh, esto es “un aprovechamiento” del Minsa porque saben que, al ser su último año de estudios, solo tienen tiempo hasta abril para terminar sus prácticas y graduarse.

Sin embargo, para la estudiante de la universidad Federico Villarreal, Karin Llanos, se trata de un maltrato histórico que siempre han sufrido los estudiantes de medicina. “Hasta nosotros mismos nos burlamos de nuestra propia realidad diciendo que somos como los esclavos, los esclavos mal pagados”.

En un artículo de El Comercio, publicado en el 2015, la lingüista Martha Hildebrandt dice que la frase “cholo barato” es “una expresión nominal que expresa o representa la explotación del indio por el blanco desde la llegada de Pizarro hasta nuestros días”. “Aunque ya no sea tan barata –añade–, nuestra mano de obra sigue siendo hoy subvalorada”. Esta historia, en la era del Covid-19, podría reforzar el desarrollo de su tesis.

OHL anunció la buena nueva desde su matriz en España hace tres días. “OHL se adjudica dos contratos por más de 80 millones [de euros] en Perú”, dice el comunicado. Se trata de la construcción del Hospital de Apoyo II de Chulucanas, por más de S/136 millones, obtenida a través del acuerdo ‘gobierno a gobierno’ con el Reino Unido; y de la ampliación norte del Metropolitano, ganada con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de Emape, por más de S/280 millones.  

 

Las relaciones públicas de OHL en Perú, sin embargo, parecen más cautas. Quizás sea porque aquí, pese a que la constructora licita con éxito, todavía tiene algunos pendientes con el Indecopi y el Ministerio Público. A continuación, Sudaca presenta material inédito sobre esos pendientes: correos electrónicos, cuadros de Excel y libros contables que describen el actuar de esta compañía durante el apogeo del llamado Club de la Construcción.

Las investigaciones

En febrero del 2020, el Indecopi abrió procedimiento administrativo sancionador “a 35 empresas constructoras y a 28 de sus ejecutivos porque se habrían puesto de acuerdo para no competir en el mercado y repartirse 112 licitaciones” públicas de carreteras entre el 2002 y 2016. OHL y su ejecutiva María Victoria Tizón figuran en la lista. El proceso abierto por el Indecopi equivale, en el ámbito administrativo, a una acusación. Esta espera ser resuelta por otra instancia del mismo organismo a fines de año.

 

Boletín oficial - OHL
Leyenda: A inicios del 2020 Indecopi publicó el listado de personas jurídicas y naturales responsables en lo que llamó un “cartel empresarial”.

En el ámbito penal, en noviembre del 2019 la jueza María de los Ángeles Álvarez incluyó a OHL, entre otras, como parte de una “presunta organización criminal [el denominado Club de la Construcción]” que “estableció el orden de prelación de quienes se adjudicarían las buena pro de los procesos de contratación convocados por Provías Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, previo pago de coimas, entre el 2011 y el 2014.

OHL apeló y logró, dos meses después, que una sala superior la excluyera del proceso. El argumento: que la acción penal se había extinguido tras la muerte de Carlos Conde Rodicio, exdirectivo de OHL sobre quien la fiscalía había hallado responsabilidad.

Aquella vez, el fiscal Germán Juárez, el encargado del caso en el equipo especial Lava Jato, argumentó que tenía facturas que vinculaban directamente a OHL con el sistema de pagos de sobornos del ‘club’. También dijo que, además de Conde, habría otros funcionarios involucrados. La sala superior no le dio la razón. Antes de que Juárez pudiera apelar llegó la pandemia.

Fuentes de la fiscalía dijeron a Sudaca que el equipo de Juárez está recabando información adicional contra la firma, pese a las dificultades para tomar declaraciones por la crisis sanitaria. “El equipo realiza actos de investigación ubicando a otros funcionarios que actuaron al mismo nivel que el fallecido a fin de incorporarlos al proceso penal y, con estos elementos, también a la empresa”, declaró una de las fuentes.

Los correos son claros

La española Obrascon Huarte Lain −OHL− ingresó al Perú en 2008, tras comprar el 94% de las acciones de la peruana Constructora TP S.A.C. (CTPSAC). Esta pertenecía al fallecido Carlos Tizón y a su familia. A partir de entonces, la hija del veterano constructor, María Victoria Tizón, pasó de la gerencia de administración a la gerencia comercial.

Doce años después, el Indecopi logró reunir archivos y testimonios que colocaron a la empresa en medio del escándalo llamado ‘Club de la Construcción’. Sudaca ha revisado parte de ese material y lo presenta en exclusiva.

El correo electrónico del 16 de noviembre del 2013, por ejemplo, tiene como asunto las palabras “Informacion prelacion [sic]”. La destinataria es María Victoria Tizón (Mavi) y el emisor, José María Romero Pinto, ex ejecutivo de Superconcreto del Perú, empresa que también es investigada por el Indecopi y el equipo especial Lava Jato.

En ese correo aparecen dos palabras de peso contundente para la investigación. Además del asunto, Romero le dice a Mavi: “quiero saber bien cuáles obras son las que nos están cargando. Cuándo se ejecutaron y sus montos. Además, el tema de cómo fue que nos cargaron 3 vueltas?”.

 

Información prelación
Desde que inició sus investigaciones el 2017, Indecopi trabajó con software norteamericano para lograr copias de archivos existentes o borrados de las computadoras de las empresas inspeccionadas.

La Resolución 003-2020 del Indecopi determinó que las constructoras se comunicaban a través de palabras clave: “una serie de criterios o pautas referenciales denominadas ´turno´, ´vuelta´, ´cuota´, ´prelación´ y ´acompañante´. En líneas generales, estos criterios permitían a los integrantes del cártel definir quién tenía la preferencia para adjudicarse una obra determinada de manera que tenga mayor justificación su asignación”.

Al ser interrogado, el exejecutivo de Cosapi Marco Aranda, quien se encuentra en calidad de confeso en el caso fiscal del Club de la Construcción, relató al Indecopi que “cualquier empresa tenía que esperar que todas las empresas contraten […]. Tenían que, básicamente, sentarse a conversar y a decidir quién iba primero o segundo. Eso es lo que se denominaba la ‘prelación’. Y había muchas reuniones para definir ese tema. […]. Básicamente me acuerdo yo que significaba la situación financiera, el apremio de tener trabajo”.

——- [Audio Marco Aranda, de Cosapi, sobre “prelación” ante Indecopi] ——

[47:32] E: ¿Y luego cómo hacían? Digamos, acababa y había dos empresas que querían la misma obra, ¿había un criterio para definir quién postulaba a qué o simplemente entre las dos tenían que…?

[47:40] MA: Tenían que, básicamente, sentarse a conversar y a decidir quién iba primero o segundo. Eso es lo que se denominaba la ‘prelación’. Y había muchas reuniones para definir ese tema.

[47:55] E: ¿Y cuáles eran los criterios para definir la relación?

[48:00] MA: Básicamente me acuerdo yo que significaba la situación financiera, el apremio de tener trabajo… esos argumentos.

[48:14] E: También hemos encontrado en algunos documentos la referencia a ‘turno’.

[48:20] MA: Claro, o sea, turno o prelación es algo bastante similar en concepto. O sea, yo tengo la prelación, yo tengo mi turno, más o menos. Esa era la definición.

 

Según los testimonios dados al Indecopi por exejecutivos del sector construcción, Aranda tenía un rol importante dentro de los acuerdos que se realizaban en las empresas presuntas miembros del cártel, en la sede de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y restaurantes. Así, hay otra serie de correos que Mavi −de OHL− intercambia con Aranda sobre reuniones y obras.

Era diciembre del 2009 y OHL estaba interesada en la Licitación de la Carretera Punta Bombón – Ilo. En un primer correo, Mavi Tizón le dice al también ejecutivo de OHL, Jorge Aubinel: “hoy tuvimos una reunión en Cosapi para ver el tema de esta carretera [Punta Bombón-Ilo]. Parece que habían malentendidos, pero felizmente todo salió bastante bien […]. Mañana Marco [Aranda] tiene una reunión final con un amigo para confirmar que todo sigue su curso normal. Espero su respuesta”.

El mismo 9 de diciembre, Mavi Tizón pide a Rodolfo Weiss, de la constructora UPACA, conversar sobre la obra y éste le responde al día siguiente: “Por nuestra parte también continúa el interés en esta obra. Un aspecto importante a despejar es si nuestra participación es con cargo al turno del caso”.

 

Carretera Punta Bombom 1

Carretera Punta Bombom 2

En medio de las coordinaciones con UPACA, también investigada por pertenecer al presunto cártel de constructoras, Mavi Tizón le envía un mensaje a su directivo Jaime Crosby poniéndolo al día sobre lo que había quedado con Marco Aranda: “debía llevar a 2 [constructoras] más por el monto de la obra”.

Estas otras dos empresas, se menciona en el correo, no debían aparecer a la luz como socias en un consorcio y optaron por la modalidad de subcontratos. De las confesiones dadas a Indecopi se desprende que las empresas más pequeñas obtenían, gracias a estas modalidades, una democrática participación en los acuerdos del club.

Licitaciones MTC

 

Días después, el 19 de enero del 2010, siete postoras, además de OHL, fueron evaluadas y esta última no calificó. Mavi Tizón envió, entonces, un correo a Marco Aranda diciéndole: “los españoles están furiosos por la descalificación!!! […]. A ver cuándo conversamos sobre este tema y sobre Ayacucho 4”. Aranda intentó calmarla:“lo que les dijimos se mantiene incólume”.

Tizón insistió con su reclamo y Aranda le recordó que “por ejemplo, en mi caso, el tema se ha postergado por razones de involuntaria equivocación de los promotores y ahora yo me voy para después–cuando era el primero. Y yo entiendo y acepto y no perturbo nada. En el tema que tú dices además han quedado afuera otros amigos importantes”. La obra, dos semanas después, fue entregada a Obrainsa, otra de las investigadas por el caso del ‘club’.

Licitación Punta Bombom 3

 

Eventos actuales y futuros

Durante los interrogatorios con el Indecopi, Fernando Camet, ex directivo de JJ Camet, reconoció el sistema de concertación con el que trabajaron entre el 2002 y 2016. Explicó que los acuerdos de “turnos” tuvieron sus fallas, como la que se ve en esos correos. “Nunca tenía uno el camino allanado de que el turno se respetaba como ley. Siempre había alguien que argumentaba tener derechos o interés para tomar esa obra. Siempre había discusiones largas, argumentadas y había que pelearse para tomar un turno”, afirmó.

——- [Audio Fernando Camet, de JJCamet, sobre “turnos” ante Indecopi] ——

[Audio Fernando Camet, de JJCamet, en Indecopi]: [49:06] FC: La idea era que, de la cantidad de miembros, cada uno tomara un turno o medio turno o menor turno si era una empresa de menor tamaño y la idea era que al haber tomado cada uno ya su turno pasábamos a la segunda vuelta. Por eso se denominaba ‘vuelta’. Se trataba de que todos en la primera vuelta tomaran; todos en la segunda vuelta tomaran, y así sucesivamente. Cuando ya se había completado que todos habían tomado su turno, entonces se pasaba a la siguiente vuelta.

[49:52] E: ¿Y eso se cumplía? [49:44] FC: Nunca tenía uno el camino allanado de que el turno se respetaba como ley. Siempre había alguien que argumentaba tener derechos o interés para tomar esa obra. Siempre había discusiones largas, argumentadas y había que pelearse para tomar un turno.]

 

La contabilidad de los sobornos

Ante la justicia y ante los medios de comunicación, OHL siempre ha rechazado haber formado parte del Club de la Construcción. Incluso, ha llegado a asegurar que todos sus procesos los ganó con transparencia y que “mantiene una política de tolerancia cero con la corrupción”.

Sin embargo, todos sus pasos en Perú tienen registro. Sudaca presenta en exclusiva dos archivos contables que vinculan a OHL de forma directa con Lual Contratistas. Lual, según confesión de parte ante la fiscalía, fue usada de fachada por los operadores del club a fin de emitir facturas que permitieron a las constructoras justificar ante Sunat la salida de los millonarios pagos por coimas.

En los libros contables de Lual Contratistas de enero y febrero del 2013, que aquí presentamos, figuran tres facturas con OHL, por un monto total de  S/3.320.946. Un extrabajador de esta compañía ratificó a este medio que las facturas siempre se giraban por órdenes de servicios falsas o trabajos que jamás se realizaban.

Registro de ventas e ingresos 1

Registro de ventas e ingresos 2

 

Estos documentos, que Sudaca entregará a las autoridades de justicia, se suman a tres facturas que el equipo especial Lava Jato ya tiene en su poder y que ratifican los vínculos entre OHL y Lual.

Indecopi, por su parte, también ha logrado recabar un cuadro de Excel elaborado en el 2012 por Marco Aranda, de Cosapi, y que sintetiza −año a año hasta el 2014− los “turnos” con los que los empresarios se habrían repartido las licitaciones de carreteras. En dicho cuadro aparece el nombre de las constructoras Tizón y OHL como dueñas de siete turnos o licitaciones.

 

Licitaciones en obras públicas

El equipo investigador del Indecopi ha calculado que entre el 2002 y el 2016, años que ha estimado operó el sistema de repartición, OHL se hizo de contratos con Provías-MTC por un monto superior a los S/587 millones.

 

Nuevas obras: ¿licitaciones con criterios ‘éticos’?

El último 29 de diciembre, la MML anunció la firma del contrato para la construcción de la ampliación norte del Metropolitano con OHL y la mexicana Gami Ingeniería e Instalaciones. Ambas empresas, unidas en el llamado Consorcio Metropolitano Norte, ganaron la obra “por un monto mayor a los S/280 millones”. El alcalde limeño Jorge Muñoz encabezó la colocación de la ‘primera piedra’ de la obra el miércoles pasado.

El corredor de buses incluye 18 estaciones que irán desde la actual estación Naranjal, en Independencia, hasta la intersección de las avenidas Universitaria y Chimpu Ocllo en Carabayllo. Al cierre de esta edición, la comuna limeña no respondió sobre los detalles del proceso, las empresas que compitieron con OHL, ni los criterios de transparencia y fiscalización para la misma.

También terminando diciembre del año pasado, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) adjudicó a OHL la construcción del Hospital Apoyo II de Chulucanas, en Piura, por S/136 millones.

El proceso de contratación se ejecutó a través del Acuerdo de Gobierno a Gobierno con el Reino Unido e Irlanda del Norte. El equipo de comunicaciones de la ARCC respondió a Sudaca que dicho país, “como parte del proceso de precalificación, incluyó como uno de los parámetros de evaluación el criterio denominado ‘Ética’”. Explicó la ARCC que, en este acápite, el Reino Unido “buscaba obtener información de las empresas participantes sobre si fueron condenadas por algún incumplimiento ético incluyendo, pero sin limitarse a, soborno, malversación, hurto, fraude, y/o extorsión en los últimos cinco años”. ¿Calza una empresa vinculada al Club de la Construcción en ese parámetro de ‘ética’?

Sobre este punto, el abogado Alberto Retamozo, árbitro y consultor en contrataciones con el Estado, explicó que si bien OHL no tiene condenas efectivas a nivel penal, “sí debió poner en conocimiento, por un tema de transparencia [ético, precisamente], que el Indecopi le había iniciado a la fecha un procedimiento administrativo sancionador por concertación y vulneración de la libre competencia”.

La gravedad de la omisión de OHL, explicó Retamozo, está en que el proceso abierto por el Indecopi podría acabar con un fallo en contra y ello “implicaría, además de la sanción, que el Tribunal de Contrataciones del Estado podría inhabilitarla para contratar con el Estado por vulnerar el principio de libre competencia. Esto constituye un riesgo ya que, de ganar [una obra] y luego ser sancionada, generaría un problema de gestión para el órgano público que la contrató”.

 

Clausula Anticorrupción
El Reino Unido establece una “Clausula Anticorrupción” para sus contratos bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno. Este modelo rige la obra del Hospital de Chulucanas obtenida por OHL.

OHL niega cargos

Sudaca solicitó entrevistas a voceros de OHL en España y el Perú, pero no obtuvo respuestas. Sin embargo, este portal sí logró conversar con María Victoria Tizón, ex accionista y ejecutiva de OHL, protagonista de varios de los correos que obran en el expediente del Indecopi.

Tizón informó que no tiene vínculo con el grupo OHL desde octubre del año pasado. Respecto a las sospechas de corrupción en contra de la compañía, respondió que nunca participó en esos actos, pero que no sabe “si la empresa, a través de otros funcionarios, lo habrá hecho”.

Sobre sus diálogos con Marco Aranda, Tizón sostuvo que solo se enmarcan en el contexto de que ella debía mantener un fluido contacto con el premio luego de que OHL adquiriera la empresa Tizón en el 2008. Admitió que existió un nivel de diálogo entre los constructores: “ese tipo de conversaciones era normal. Había veces que decía ´pero si tú tienes 3 obras, a los que no tenemos nada déjanos presentarnos para ganar algo´. Ese tipo de conversaciones sí ha habido, no lo niego. Eso no es concertación”.

La hija heredera de la constructora Tizón, que fue adquirida por OHL, aseguró también que desconoce la existencia de facturas entre Lual Contratistas y OHL: “yo no lo he hecho ni me consta, no sé si la empresa lo habrá hecho”. Sin embargo, la ingeniera sí reconoció que en un evento en Capeco le presentaron a Rodolfo Prialé. “Me dijo qué gusto conocerte, aquí estoy en lo que necesites, y punto. Nunca más lo volví a ver”, aseguró. Prialé, quien se ha allanado a las investigaciones, fue dueño de Lual Contratistas y es sindicado como el operador del Club de la Construcción cuyo rol era ser el nexo entre las empresas y los funcionarios corruptos del MTC.

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