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El ímpetu por regresar a la normalidad turística podría terminar siendo una trampa mortal. Los lugares del país que más viajeros reciben han implementado protocolos sanitarios, pero llegar hasta ellos y realizar actividades complementarias no es seguro. Un destino icónico es la evidencia perfecta: el Cusco.

Sudaca estuvo allí. Días antes de Año Nuevo, el autor de esta nota tomó un taxi en la ciudad de Urubamba para ir a otro punto del Valle Sagrado. La carretera que articula el valle es un recorrido fundamental en el circuito turístico de la región.

En el camino, el taxista comentó sus impresiones sobre el coronavirus. “Yo no creo en el virus”, afirmó. Luego confesó, con orgullo, que los amigos con los que juega fútbol, a quienes calificó como “viciosos” del deporte, no interrumpieron su práctica favorita durante la cuarentena. Eso, cuenta, implicó escaparse de la policía y buscar nuevas canchas en donde jugar a escondidas.

“En Lima es obligatorio usar mascarilla, ¿no? Acá no”, continuó, ignorando las normas. El escéptico taxista tampoco creía en la efectividad de la vacuna. “Si una vacuna se demora años en desarrollarse, ¿cómo esta vacuna va a haberse hecho en menos de un año?”, cuestionó.

Después, dijo que en Urubamba solo habían muerto alrededor de 35 personas por la Covid-19 y que la mayoría de ellas “ya debía morir”, porque tenía otras enfermedades. Por lo tanto, aseguró él, no había ningún riesgo.

La Sala Situacional Covid-19 de Cusco indica que, durante el 2020, los fallecidos a causa del nuevo coronavirus en la región fueron 1.321. Además, solo en la provincia de Urubamba el exceso de muertes por toda causa, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), fue de 78. Más del doble de la cifra dada por el taxista. Aunque no está comprobado que todas ellas hayan sido por Covid-19, el Sinadef es una medición más certera que la oficial porque no depende de la disponibilidad de pruebas.

El trayecto continuó y el taxista contó que ese no era su único trabajo. También era comunicador. Participaba en un programa local de radio. Entusiasmado, reveló que, desde la cabina radial, expande su opinión sobre la pandemia. Cree que es un invento. 

Destino mortal

Las fiestas de fin de año alentaron los viajes nacionales. Según Jorge Chávez Cateriano, gerente general de Corpac, en diciembre se registró un promedio diario de 200 vuelos nacionales, los cuales aumentaron en los días festivos. Entre el 21 y el 27 de ese mes hubo más de 140 mil pasajeros, detalló a la agencia Andina. Cusco y Arequipa fueron los dos destinos más visitados. El riesgo de transmisión, por lo tanto, también se disparó.

¿Cuál es la situación sanitaria actual de Cusco? El último 21 de enero se coparon las 23 camas UCI de la región, según la Sala Situacional. Ese mismo día empezó a haber personas que esperaban que alguna se desocupe. Un día antes se registraron oficialmente 222 nuevos casos de la Covid-19. Hoy hay 25 camas en la región, de las cuales solo cuatro están disponibles.

La segunda ola no ha esquivado al departamento más turístico del país. En los primeros 24 días del año murieron 109 personas por Covid-19. La presión del virus sobre el sistema de salud en Cusco es preocupante.

Aunque algunos limeños que viven en la región aseguraron a Sudaca sentirse más seguros que en Lima, según la clasificación del gobierno el nivel de alerta en Cusco es el mismo que en la capital. Ambos están clasificados con un nivel de alerta alta.

Los lugares turísticos emblemáticos han establecido protocolos sanitarios, pero eso no garantiza que el virus deje de transmitirse. “Los viajeros también estamos transmitiendo, sobre todo en las regiones con más Covid. Lima es un peligro permanente para el resto del país”, indica a Sudaca la epidemióloga Larissa Otero. Para ella, los viajeros que parten de Lima a otras regiones deben ser muy responsables. “Lo ideal es hacer una cuarentena estricta al lugar al que viaje”, asegura.

Eso, sin embargo, es poco probable para turistas que van a pasar solo algunos días en la región. Los viajeros parecen cumplir solo con las disposiciones obligatorias del gobierno: nadie quiere tomar más precauciones que esas. Si llegan a Cusco con el virus, sin saberlo, inmediatamente lo transmitirán a los locales. 

“Si no van a cumplir la cuarentena, tienen que considerarse positivos. Sería una gran irresponsabilidad que alguien viaje, por ejemplo, de Lima a Cusco, no tenga síntomas, vaya a un restaurante o a museos, o a una reunión familiar, se junte con 15 personas y las contagie”, sostiene Otero.

Según la recomendación de la epidemióloga, el 2 de enero el reportero de Sudaca que firma este artículo debió haber estado en cuarentena. Ese día, sin embargo, ingresó a un restaurante en Chinchero, pueblo por el que es necesario pasar para ir de la ciudad de Cusco a Ollantaytambo, desde donde parte el tren a Machu Picchu. Entró para almorzar. En el establecimiento nadie llevaba mascarilla. No solo los comensales, insuficientemente distanciados entre sí, sino también las meseras. De haber llevado el virus desde Lima, pudo contagiarlas. 

Después de almorzar, intentó regresar a su alojamiento en el Valle Sagrado. La lluvia era intensa. Demoró algunos minutos en conseguir un taxi que quiera llevarlo a él y a sus tres acompañantes. Finalmente, encontraron uno.

El conductor no tenía mascarilla, pero era el único transporte disponible. La alternativa era subirse a algún abarrotado colectivo. Días antes ya habían pasado por esa experiencia y el colectivo, como la mayoría de furgonetas de ese tipo, no tenía muchas ventanas. Abordaron el taxi.

Para tranquilidad de los pasajeros, el conductor llamó a una vendedora de un comercio cercano. “Un tapaboca”, le pidió, y le entregó una moneda. La señora fue por él y se lo alcanzó. El taxista se colocó las ligas del tapaboca en las orejas, pero la parte protectora, que debería cubrir la nariz y la boca, se la puso debajo del mentón. Así pasó la media hora de camino.

El riesgo de la reactivación

Desde el gobierno de Martín Vizcarra, el Ejecutivo viene haciendo esfuerzos por reactivar la economía. Uno de los sectores comprendidos en ese intento es el turismo, que quedó duramente golpeado por la cuarentena. Según información de Migraciones, la llegada de turistas internacionales en el primer semestre de 2020 disminuyó en 61% con respecto al mismo periodo del año anterior.

El confinamiento terminó el 30 de junio y solo dos semanas después, el 15 de julio, se reactivaron las actividades de aeronáutica civil. Los aeropuertos quedaron aptos para operar vuelos nacionales y los viajeros respondieron. En el primer mes, más de 119 mil personas abordaron un avión para ir a otra ciudad del Perú.

El 2 de agosto hubo más de 21 mil casos nuevos de Covid-19 en el país. Fue el día con más contagios en lo que va de la pandemia. El gobierno destacó su preocupación. “Una reactivación exitosa del turismo requiere del compromiso de todos”, declaró el 21 de septiembre la entonces titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Rocío Barrios.

Sin embargo, las medidas no recularon. El 17 de octubre, el gobierno lanzó la campaña “Volver” para impulsar el turismo interno. Lo hizo con la producción de un videoclip en el que participaron distintas figuras nacionales. Con las fronteras cerradas hasta octubre, en el tercer trimestre del año pasado los viajes internos fueron el principal motor de la reactivación del turismo.

Ante la inminente segunda ola, la estrategia del gobierno de Sagasti ha sido diferenciar el nivel de alerta por departamentos. La idea es implementar medidas que distingan la realidad de cada departamento. Sin embargo, los viajes internos podrían estar distorsionando esta nueva estrategia: el movimiento de turistas aumenta el riesgo en las regiones que hoy están mejor.

Una razón es la diferencia entre los protocolos para viajes internacionales frente a aquellos al interior del país, que son mucho más laxos. Para entrar al Perú es necesario mostrar el resultado negativo de una prueba PCR o de antígenos. Para vuelos nacionales ese requisito no existe. Podría suceder, entonces, que una persona infectada aborde un avión o contagie a otros viajeros en el aeropuerto.

“Si fueran importantes solo los viajeros internacionales, estaríamos bajo el supuesto de que hay Covid solo fuera del Perú”, señala Otero. Ella recalca que los viajeros nacionales también pueden estar transmitiendo el virus.

Los únicos mecanismos de prevención para los vuelos internos son la medición de temperatura, el uso obligatorio de mascarilla y protector facial, y la firma de una Declaración Jurada en la que los viajeros deben consignar si, en el momento en que llenan el documento, presentan síntomas respiratorios compatibles con la Covid-19.

En declaraciones a Sudaca, la infectóloga Teresa Ochoa aclaró que la fase de contagio empieza días antes de la manifestación de los síntomas. Por cierto: la Declaración Jurada es impresa y entregada en el aeropuerto o en el avión. Pasa de mano a mano.

Declaración Jurada para el transporte aéreo de pasajeros a nivel nacional

El motor del turismo

Cusco es el lugar más turístico del Perú. No solo por su importancia histórica y el hecho de poseer una de las maravillas del mundo; también lo demuestran las cifras de tráfico aéreo. Según la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el aeropuerto cusqueño fue el segundo con más tráfico en el complicado periodo entre enero y octubre de 2020, después del Jorge Chávez.

Y el Estado ha intentado aprovechar ese atractivo: las campañas de promoción del turismo recalcan que Cusco es seguro y que está preparado para recibir visitantes. El 13 de octubre, en Machu Picchu, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) le otorgó al Perú el sello Safe Travel, que certifica que el país es un destino seguro frente al peligro de la Covid-19. La ciudad de Cusco, el Valle Sagrado y el mismo Machu Picchu también recibieron −de forma particular− el mismo distintivo.

El 15 de octubre el ministro de Cultura Alejandro Neyra anunció la reapertura de los sitios arqueológicos cusqueños más importantes, con protocolos sanitarios supervisados por el WTTC. “Ahora los visitantes, cuando piensen en volver a nuestra maravilla del mundo, podrán estar seguros de que aquí se cumplen los estrictos protocolos de bioseguridad”, indicó, por su parte, la exministra Barrios en la ceremonia de reapertura de la ciudadela inca. Los mismos protocolos son implementados por la industria hotelera.

Todo ese discurso parece indicar que el turismo es seguro. El problema es que nadie controla el trayecto para llegar a los lugares turísticos y a las actividades que se desarrollan alrededor. ¿Cómo controlar, por ejemplo, a los taxistas que transportaron al autor de este reportaje por el Valle Sagrado o a la mesera que lo atendió en un restaurante?

¿Cómo controlar, también, a los propios turistas? El público ha respondido positivamente al ímpetu de reapertura mostrado por las autoridades. El 1 de noviembre Machu Picchu reabrió sus puertas de manera gratuita y la gran demanda que produjo hizo que los boletos se agoten anticipadamente. “¡Ya lo sabes! Cusco y sus atractivos turísticos te esperan”, dice la web de Promperú ytuqueplanes.com. Siguiendo ese entusiasmo, el lunes 11 de enero inició la promoción para comprar dos entradas al precio de una al adquirir el Boleto Turístico de los parques arqueológicos en Cusco.

El peligro de viajar

Las medidas sanitarias dictadas por los tres gobiernos que ha tenido el Perú durante la pandemia solo han sido implementadas parcialmente. Mientras tanto, la segunda ola avanza y amenaza. Aquí otro ejemplo: en la ciudad de Urubamba hay una cuadra, en la avenida Berriozábal, que está entre las más turísticas del Valle Sagrado. Allí se ubica el famoso taller y tienda de cerámica Seminario. Su fama ha generado el desarrollo de otros negocios en la cuadra, como restaurantes y tiendas.

Uno de esos locales ofrece comida saludable. La dueña es una limeña que, a consecuencia de la pandemia, incorporó a su madre al negocio. Sudaca ingresó al local. Ni la dueña ni su madre usaban mascarilla. Desde el mostrador, explicaban las bondades de sus productos y la historia del negocio.

De pronto, se acercaron a los turistas que estaban presentes y la dueña del local preguntó: “¿les molesta que esté sin mascarilla?”. “Sí”, obtuvo como respuesta. “Ah, me la pongo, no hay ningún problema”. Y la conversación continuó. Las medidas sanitarias fueron respetadas a gusto del ciudadano.

Los médicos consultados por Sudaca señalan la importancia de terminar con ese tipo de actitud. “La mascarilla debe usarse todo el tiempo cuando uno está con otra persona”, indica el infectólogo Eduardo Gotuzzo. “Las personas tienen que ser conscientes, tiene que haber mucha responsabilidad individual”, complementa Ochoa.

La posición del Estado, evidentemente, concuerda con que debe haber turismo solo si se cumplen los protocolos. “El turismo debe volver porque es necesario para millones de peruanos, pero solamente va a poder volver si todos están comprometidos a cuidar primero su salud en esta nueva modalidad”, dice un video de la campaña “Vamos a volver”, del Mincetur. Ese cuidado no se está cumpliendo.

“La curva está muy empinada, de una manera muy peligrosa, y realmente esto tiende a ser devastador.Debemos reducir mucho más el número de contactos”, señala Otero. Para ella, lo ideal sería limitar las actividades y quedarse en casa el máximo tiempo posible.

“Está habiendo demasiadas interacciones para el nivel de contagio que tenemos y para nuestro sistema de salud”, cierra Otero. La única forma segura de continuar reactivando el turismo es respetando las normas y los protocolos. De lo contrario, como Sudaca constató en Cusco, los viajes terminarán siendo un amplificador perfecto para la Covid-19.

Cuando el breve gobierno de Manuel Merino estaba en funciones, el 13 de noviembre, el superintendente de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, fue convocado al Ministerio de Educación (Minedu). El flamante titular de la cartera, Fernando D’Alessio, vicealmirante en retiro y ministro de Salud cuando se dio el indulto a Fujimori, no tenía precisamente las credenciales de férreo defensor de la reforma universitaria. Con solo un día en el cargo, esa citación fue su primera prioridad.

El premier Ántero Flores-Aráoz, por su parte, se había pronunciado varias veces en contra de la “discriminación” hacia las universidades no licenciadas. Una de ellas, Telesup, en un arranque de confianza, había enviado una carta de amedrentamiento a Zegarra el 11 de ese mes. Aunque él y D’Alessio se conocían, todo parecía indicar que su convocatoria al Minedu era algo similar a una celada. La cita había sido programada para las 10 de la mañana. El superintendente se excusó de ir por problemas de salud.

Luego no hubo oportunidad de reprogramar: el gobierno de Merino cayó, en medio de marchas multitudinarias, dos días después.

Con la designación de Francisco Sagasti en la presidencia y la llegada del investigador Ricardo Cuenca al ministerio, la continuidad de la reforma universitaria quedó asegurada. “Estoy absolutamente convencido de la alta calidad técnica de Sunedu”, le dijo Cuenca a Perú21, y aseguró que Telesup no tendría más plazo para licenciarse. Él sí se reunió con Zegarra y lo ratificó. El horizonte anunciaba ocho meses de paz y tranquilidad para el gobierno en el sector Educación.

¿COAR o no COAR?

Pero los primeros dos meses no han sido exactamente así. Si bien el problema universitario se suele llevar casi todos los reflectores, no es una de las tareas a las que el Minedu dedica la mayoría de sus recursos. Su rol allí es el de ente rector: definir políticas macro y poner el pecho ante las presiones de los grupos políticos marginados por la reforma. En el día a día del ministerio, sin embargo, tiene mucho más peso la educación escolar.

El Minedu es un monstruo que atiende a más de 6 millones de alumnos de colegios públicos, tiene a su cargo una de las planillas más grandes del Estado −la de profesores− y opera con un presupuesto superior a los S/10.000 millones. Por eso, llamó poderosamente la atención cuando el ministro Cuenca tuiteó el último martes que no había plata presupuestada para la admisión de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) en el 2021.

Como la comunicación eficiente no es uno de los bastiones de este gobierno, a pocos les quedó claro a qué se refería. ¿Hay o no hay dinero para los COAR este año? Sudaca ha averiguado cómo es.

El presupuesto que aprobó el Congreso el 29 de noviembre, cuando Sagasti y Cuenca ya tenían más de una semana en el Ejecutivo, sí contempla una partida de S/192,9 millones para los COAR. Esta cifra supera por lejos el monto devengado en el 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. En el último quinquenio, los COAR nunca ejecutaron más de S/190 millones anuales.

Los S/192,9 millones de apertura (PIA) del 2021 fueron reducidos por el gobierno de Sagasti a un presupuesto modificado (PIM) de S/151,8 millones, todavía S/30 millones más que lo que se devengó en el 2020 (con clases remotas). ¿Esa cifra no alcanza para organizar un proceso de admisión? Difícilmente. Tres fuentes que ocuparon altos cargos en el Minedu calcularon para Sudaca que el costo de dicho proceso está apenas alrededor del S/1 millón. Y sí estaba incluido en la cifra que se pidió al Congreso.

El ministerio, sin embargo, demanda S/51 millones adicionales para poner en marcha los COAR, según su oficina de prensa. ¿A qué se destinarían? No a la admisión, que es muy barata, ni a la propuesta de valor del programa, sino a establecer medidas de seguridad contra la Covid-19, principalmente en las residencias donde duermen los alumnos de los colegios. La premisa es que volverán a tener clases presenciales. ¿Es eso realmente necesario?

Dos fuentes del ministerio contaron a Sudaca que la Dirección General de Servicios Educativos Especializados, que tiene a cargo a los COAR, ya había preparado una propuesta para hacer las clases a distancia con el presupuesto disponible. “Podrían hacerlo remoto tranquilamente. Por el modelo de valor de los COAR, son los que mejor funcionaron a distancia en el 2020. Los alumnos pudieron llevarse las computadoras”, explica una de las fuentes. Todo indica que Cuenca no tuvo mucho interés en seguir ese camino.

Pero la presencialidad tampoco es un imposible. “Es bien fácil conseguir S/50 millones en el Minedu. Es cuestión de reasignar [el presupuesto] o negociar con el MEF”, asegura a Sudaca una fuente con conocimiento directo del tema. Con más de S/10.000 millones en la bolsa, de los cuales el año pasado se ejecutaron solo S/6,361 millones, su afirmación tiene sentido. “El presupuesto no es abundante. El Minedu tiene diversas prioridades que atender”, replicó la oficina de prensa.

¿’Elitizando’ la educación pública?

Cuenca ha tenido que dar marcha atrás en su imprecisa afirmación inicial. Hoy la oficina de prensa del Minedu informa que se ha aprobado la asignación de recursos a los gobiernos regionales de Ica, Ayacucho, Loreto y Puno para el alquiler de los locales de sus respectivos COAR. Cuenca dijo que este año tendrían una “admisión reducida”. El jueves, decenas de exalumnos de estos colegios hicieron un plantón en contra de ese anuncio.

“La continuidad de los COAR no conlleva una decisión política, sino técnica. En la actualidad, en el Minedu no se está discutiendo ese aspecto”, dijo la oficina de prensa del ministerio. Sin embargo, sí hay un innegable componente de voluntad política en todo esto. Ricardo Cuenca, antes de ser ministro, expresaba abiertas dudas sobre si la estrategia de los COAR debía continuar. Y las dudas eran más tiradas a que no. 

En 2015, cuando era director general del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), escribió una pequeña columna en El Comercio titulada “Los COAR y “las otras decisiones””. Allí reconoce que la implementación de estos colegios experimentales es una “decisión legítima”, pero asegura que “segmentan el sistema educativo”, instalan “un sistema paralelo para los mejores” y “segregan a los jóvenes”. El autor de esta nota entrevistó a Cuenca hace unos años y obtuvo una respuesta similar sobre el tema.

Desde el 2017 hay colegios de alto rendimiento en todas las regiones del país. En total, suman 25. Reciben a estudiantes de desempeño sobresaliente entre el tercer y quinto grado de secundaria, y les ofrecen la posibilidad de hacer el Bachillerato Internacional. Trabajan bajo un sistema de internado gratuito que cubre matrícula, vivienda, alimentación, vestimenta y materiales. La inversión del Estado por cada alumno COAR es 3,5 veces mayor a la de la educación pública regular. 

Hace dos años, la Corporación Andina de Fomento (CAF) terminó un estudio junto al Minedu −en el que el IEP de Cuenca participó como consultor externo− sobre el impacto de los COAR en el desarrollo de sus alumnos. Se comparó al grupo de jóvenes que había logrado ingresar al sistema en los últimos puestos contra el que se había quedado fuera por muy poquito.

Los resultados son sencillos de entender: no hay diferencia significativa en matemática o comprensión lectora −probablemente porque se trata, en ambos grupos, de alumnos sobresalientes en sus respectivas escuelas de origen−, pero sí una enorme mejora en la salud del entorno. “Los alumnos COAR gozan de un núcleo de amigos saludable (no fuman, ni beben, ni consumen drogas), tienden a ser menos agredidos y reportan no ser discriminados ni presenciar situaciones de discriminación”, dice la CAF. 

Otra acusación contra los colegios experimentales es que reciben alumnos más cercanos a la clase media que a la pobreza extrema y más urbanos que rurales. Las cifras indican que esto es cierto. Fuentes del Minedu contaron a Sudaca que, desde que Cuenca asumió el ministerio, ya se comentaba en la interna que no le daría prioridad a los COAR por no considerarlos inclusivos.

Sin embargo, las gestiones pasadas ya habían abordado el tema. Mediante mesas de trabajo, se ha elaborado un esquema de bonificaciones por ruralidad, pobreza y pobreza extrema en el puntaje de admisión. La primera parte había sido implementada, elevando los ratios de ingreso de los más vulnerables. Para el 2021 se esperaba tener a 51% de ingresantes rurales, 31% con condición de pobreza y 47% de pobreza extrema.

Cambios y choques

“Le pasaron una mala ayuda memoria a Pimpinella”, se quejó una fuente sobre algunos de los tuits de Cuenca. Ese es el inofensivo apodo con el que lo han empezado a llamar los funcionarios de planta de la cartera, por su parecido con el cantante de la agrupación argentina. Lo cierto es que en el Minedu hoy hay funcionarios menos ‘cuenquistas’ que otros. Y ello se debe a los cambios que ha realizado desde que asumió.

A diferencia del MTC, donde la estrategia ha sido ratificar o promover a los funcionarios de confianza del gobierno anterior, en el Minedu ha habido varios movimientos en puestos claves. El principal es la salida de Diana Marchena del viceministerio de gestión pedagógica, debajo del cual está la dirección que tiene a cargo los COAR. En su reemplazo, Cuenca ha designado a Killa Miranda.

Miranda −quien no respondió las solicitudes de descargo de este medio− es identificada por todas las fuentes como una persona muy cercana a la exministra Flor Pablo, quien hoy postula a la vicepresidencia y al Congreso con el Partido Morado. “Lo único que le puedo decir categóricamente es que no he tenido nada que ver con la designación de la Sra. Mirada”, respondió Pablo sobre el tema..

Pablo ha dado positivo al Covid-19 y Sudaca, más allá de la labor periodística, desea su pronta mejoría.

Las fuentes del Minedu consultadas por este medio aseguran que Miranda representa la influencia de la candidata morada en la gestión de Cuenca. Algo que la oficina de prensa del ministerio, por supuesto, niega. La cercanía de Miranda con Pablo, sin embargo, se puede rastrear en sus hojas de vida. Entre el 2012 y el 2014, cuando Pablo era directora nacional de Educación Primaria, Miranda era coordinadora de movilización de esa dependencia.

Luego, en el 2014, Pablo pasó a comandar la crucial Dirección Regional de Lima Metropolitana (DRELM), y Miranda la siguió allí como asesora en gestión educativa. En el 2016, el último año de Pablo en la DRELM, Miranda ganó un CAS como jefa de la oficina de atención al usuario y comunicaciones de esa dirección. De allí, hay que hacer un salto al 2019: cuando la hoy candidata morada fue nombrada ministra, Miranda entró por la puerta grande como su jefa del Gabinete de Asesores.

Y la lealtad es férrea. Todavía con Pablo como ministra, Miranda regresó a la importantísima DRELM para dirigirla, pero renunció apenas aquella dejó la cartera en febrero del 2020. Según las fuentes consultadas, Miranda y Pablo representan una forma de ver la gestión pública en educación más tirada hacia la izquierda y hacia la cercanía con el magisterio, algo compatible con la visión de que los COAR son experimentos excluyentes.

Pero la designación de Killa Miranda no es el único movimiento de Cuenca en la alta dirección del ministerio. Apenas llegó, el nuevo ministro puso el ojo en los altos funcionarios vinculados a la cuestionada compra de más de un millón de tablets para los estudiantes más pobres. El primer proceso se tuvo que anular por serios problemas con el proveedor. Las adquisición ya ha sido terminada, pero con retraso.

Cuenca reemplazó a los encargados de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación (Dite), Ricardo Zapata, y de la Dirección de Gestión de Recursos Educativos (Digere), Rosa Prieto. Ambas dependencias están relacionadas a la compra de las computadoras portátiles. En sus lugares puso a Milagritos Vera y Cynthia Otani, respectivamente. La primera de ellas trabajaba para Killa Miranda en un programa adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión social desde setiembre del 2020. La segunda trabajó en el Minedu entre el 2011 y el 2016, mismo periodo en el que estuvieron Miranda y Pablo.

Además, Cuenca cambió a Cristhian Pacheco, encargado de la Dirección General de Educación Técnico-Productiva, por Rommy Urbano, quien ya había ocupado el cargo. Esta área del ministerio es clave porque se encarga del complicado (y atrasado) licenciamiento de institutos. El presidente Sagasti dijo esta semana que esa labor pasará a la Sunedu, pero fuentes de la entidad aseguran que no tienen la capacidad de hacerlo y que tendría que ser un plan de largo plazo. Cuenca también cambió a la directora general de Educación Básica Regular, Cecilia Ramírez, por Nora Delgado.

“He encontrado un ministerio muy ordenado”, declaró Cuenca a La República a poco de asumir la cartera. Por eso, todos estos cambios han generado un fuerte alboroto en una gestión que se suponía de transición. A ello se suma que, en el 2021, Aprendo en Casa ya no será transmitido por canales comerciales, solo por TV Perú y Radio Nacional, algo que algunos funcionarios que quedan de la gestión Benavides interpretan como un intento más por desmantelarla.

“No hay facciones ni peleas, no se podría trabajar en ese escenario”, ha replicado la oficina de prensa. Las fuentes consultadas por este medio, sin embargo, aseguran que el bolondrón que se ha armado en torno a los COAR es apenas la punta del iceberg de un choque interno entre formas de entender la gestión pública en educación.Parece que los meses de paz que se vislumbraban para el sector en noviembre serán un poco más agitados que lo esperado.

 

Desde que el presidente Francisco Sagasti nombró a Eduardo González como ministro de Transportes y Comunicaciones las alarmas sobre su neutralidad y su capacidad técnica se encendieron. Y no es para menos: González, quien durante años fue mano derecha del exministro vizcarrista Edmer Trujillo, lidera hoy una cartera cuyo presupuesto supera los S/10.000 millones.

El MTC no solo tiene la partida más gorda del sector público en cuanto a inversión, sino que 31 de los 52 proyectos del demorado Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) corresponden a su sector. Este portafolio de obras prioritarias, ideado por Martín Vizcarra, tenía el objetivo de cerrar la enorme brecha de infraestructura que tiene el país. Hoy sigue, en gran medida, en manos de funcionarios de confianza de su gobierno.

Este reportaje es una radiografía de lo que hoy se vive en el MTC. Una lista de exfuncionarios de confianza del gobierno de Martín Vizcarra que, con Eduardo González como ministro, han sido promovidos o ratificados en cargos claves, jefaturales o de alta dirección en la cartera de Transportes.

Algunos de estos funcionarios han trabajado en el gobierno regional de Moquegua: uno fue suspendido de sus funciones el 2017 y trabajó para la empresa CyM Vizcarra, del ex mandatario, otro es investigado por irregulares pagos a la constructora ICCGSA en la obra del hospital regional. Ambos dejaron de laborar en el ministerio ayer jueves 21, luego de que Sudaca solicitara descargos para esta nota.

Sorprendió la juramentación del ministro Eduardo González en el primer gabinete de Sagasti, al ser conocida su trayectoria como asesor de confianza de Edmer Trujillo. Foto: Andina

El ministro amigo

El ministro Eduardo González es periodista y tiene una maestría en gestión pública. Empezó su vida profesional a inicios de los 90, como asesor y hasta regidor en alcaldías provinciales de Puno, y en el 2000 dio el salto al Congreso. Lo hizo de la mano de legisladores del sur como Gregorio Ticona y Juvenal Ordoñez (Tacna), y Ernesto Herrera y Washington Zeballos (Moquegua). Allí fue parte de comisiones parlamentarias ordinarias e investigadoras. No tuvo puestos de mayor relevancia que esa.

Con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), sin embargo, González ingresó al Ejecutivo por la puerta grande. Según su propia Declaración Jurada, Edmer Trujillo, el primer ministro de Vivienda de PPK, lo nombró jefe de su Gabinete de Asesores en agosto del 2016. Este era un cargo de total confianza y el mejor remunerado que González había tenido en el Estado hasta entonces. Su suerte siguió in crescendo.

En setiembre del 2017, Edmer Trujillo dejó la cartera de Vivienda sin mayor brillo para convertirse en director del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS). González se fue con él como asesor de la Dirección Ejecutiva. Es decir, como su asesor.

Cuando Vizcarra asumió la presidencia del país, en marzo del 2018, González volvió a cambiar de puesto. El entonces presidente nombró a Trujillo, una de las personas en las que más confía, oriundo de Amazonas pero de corazón moqueguano, como ministro de Transportes y Comunicaciones. Trujillo le dio a González el cargo de jefe del Gabinete de Asesores de su despacho.

El 30 de setiembre del 2019 Vizcarra cerró el Congreso y, a los pocos días, otro personaje de su círculo cercano asumió la PCM: el exparlamentario por Moquegua Vicente Zeballos. Él nombró a González como jefe de su propio Gabinete de Asesores. Cuando Zeballos dejó la PCM, en julio del 2020, González se recolocó como Asesor II del siguiente titular del MTC, Carlos Estremadoyro, quien ha desarrollado toda su carrera profesional en Moquegua. 

Apenas cuatro meses después, tras la vacancia de Vizcarra, parecía que la suerte de González iba a terminar. Sin embargo, el presidente Francisco Sagasti le dio en noviembre último el mayor de sus galardones en el sector público: lo nombró ministro en la cartera que venía asesorando.

La carrera pública de González en el último quinquenio. Infografía: Sudaca.

Jefes y directores

En la gestión González, la tinta vizcarrista parece estar aún fresca en la alta dirección del MTC y David Mendoza Fernández es quizás el mejor de todos los ejemplos. Mendoza laboró hasta ayer jueves, según el portal web del MTC, como director en la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Transportes. En su Declaración Jurada omitió un detalle primordial: fue jefe de proyectos estratégicos del Gobierno Regional de Moquegua durante la gestión de Vizcarra.

¿Por qué Mendoza habría ocultado esta información? Un indicio es que, cuando ocupó el cargo en el GORE Moquegua, con Edmer Trujillo como gerente regional, Mendoza estuvo involucrado en uno de los casos que años después golpearía al gobierno de Vizcarra: presuntos pagos irregulares a la empresa ICCGSA −implicada en el caso Club de la Construcción− por la obra del Hospital de Moquegua. Según un informe de Contraloría, el gobierno regional aprobó desembolsar más de S/20 millones a ICCGSA con el visto bueno de Mendoza, pese a que no se cumplían los requisitos estipulados en el contrato. Por este caso, la Contraloría determinó su presunta responsabilidad penal y administrativa.

Informe de Contraloría General encontró presunta responsabilidad administrativa y penal del David Mendoza Fernández.

David Mendoza Fernández y su cercanía con el entorno de Vizcarra. Infografía: Sudaca.

Pero la lista es mucho más larga. También con pasado moqueguano, el abogado Luis Antonio Tapia fue nombrado director de Fiscalización Vial y luego director de Fiscalizaciones en Transportes del MTC durante la gestión de Edmer Trujillo. Hoy permanece con el ministro González. Aunque no coincidió con la gestión regional de Vizcarra, Tapia fue director de Asesoría Jurídica en los periodos 2006-2008 y 2015-2016 en la gerencia regional de Educación de Moquegua.

En la dirección de la Oficina de Articulación Intergubernamental del MTC, además, González tiene a Jesús Suárez Berenguela. Aunque la Declaración Jurada de este funcionario no aparece en la web de la entidad, Sudaca pudo corroborar que Suárez fue Asesor II del despacho ministerial de Edmer Trujillo en la cartera de Vivienda entre julio y setiembre del 2017. En los 90 trabajó en el gobierno regional José Carlos Mariátegui, que entonces reunía a los departamentos de Moquegua, Tacna y Puno.

En Provias Nacional, entidad adscrita al MTC y de crucial función en las licitaciones de construcción y mantenimiento de carreteras, hay también personajes claves del entorno vizcarrista. El ingeniero Franz Flores Flores, hasta ayer director de Control y Calidad de Provias-MTC, fue jefe de proyectos y residente de obras del gobierno regional de Moquegua de Martín Vizcarra entre el 2011 y 2014. Según su Declaración Jurada, también fue supervisor de obras de la empresa CyM Vizcarra SAC entre mayo del 2015 y marzo del 2016. 

Flores fue nombrado por el ex viceministro de Transportes Carlos Estremadoyro, en abril del 2018, como gerente en la Unidad Gerencial de Obras de Provías Nacional. Y aquí un detalle no menor: el 2017, siendo residente de obra de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto (Moquegua), el ingeniero Flores fue suspendido por 30 días tras haber incurrido en “falta de carácter disciplinario, incumplimiento y negligencia en el desempeño de sus funciones”. 

Y la lista sigue. José Baldarrago Soto es asesor legal de la Dirección de Infraestructura de Provias-MTC, con una remuneración superior a los S/11 mil mensuales. Por su cargo, no existe una declaración jurada que detalle su experiencia pública, pero registra ser parte del bufete jurídico Baldarrago & Compañía E.I.R.L, con dirección en Moquegua. Su contrato de servicio tiene como fecha diciembre del 2018, cuando Edmer Trujillo era ministro.

Para los titulares de cualquier cartera ministerial, dos cargos de estrecha confianza son la Secretaría General y la jefatura de Gabinete de Asesores. Aquí González tiene a dos abogadas. Como secretaria general está Silvana Elías,quien desde el 2011 está en el sector: era asesora del regulador Ositran. Sin embargo, su primer gran contrato con el Estado se lo dio Trujillo cuando era ministro de Vivienda, en agosto del 2016, al asignarle la dirección general de la oficina de Asesoría Jurídica. Su carrera pública, desde entonces, fue de constante jerarquía en distintas carteras del Ejecutivo.

Como jefe de Gabinete de Asesores está la abogada Karina Flores Yataco. Ella coincidió con Gonzáez como asesora parlamentaria entre el 2012 y 2015 y tuvo pequeñas asesorías en el Ministerio de Justicia en los primeros meses del 2016. Pero su gran salto vendría también −sorpresa− de la mano de Trujillo. La abogada Flores tuvo sus primeras asesorías en la cartera de Vivienda en el 2016, con él como titular de la cartera. Cuando se fue al OTASS, ella fue contratada como jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica de esa entidad.

Al ingresar Edmer Trujillo al MTC en marzo del 2018, Flores volvió a virar la dirección de su carrera como funcionaria pública. Empezó como consultora legal y un mes después continuó como miembro de comités especiales dentro de ese ministerio.

Los viceministros

A las dos semanas de asumir la cartera, Eduardo González nombró como viceministro de Comunicaciones a Diego Carrillo Purín. Este es un joven abogado que hasta hace un par de años se desempeñaba como consultor senior. Edmer Trujillo, como titular del MTC, le dio el impulso que necesitaba su carrera al contratarlo como Asesor II del Despacho Ministerial en junio del 2018.

El viceministro de Transportes, Paul Caiguaray, fue ratificado en el cargo por González. Había aterrizado en el puesto dos semanas antes de la crisis que devino en la salida de Vizcarra. Según su Declaración Jurada, Caiguaray fue colocado como viceministro el 1 de noviembre del 2020 por el también vizcarrista Carlos Estremadoyro.

Caiguaray es hombre de confianza: en enero del 2018 Edmer Trujillo le dio la jefatura de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del OTASS. Tres meses después, Vizcarra lo llevó a Palacio: lo nombró director general de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del despacho presidencial. Fue, sin dudas, un gran año para Caiguaray. En julio Edmer Trujillo lo incorporó al MTC como director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

Paul Caiguaray, actual viceministro de Transportes. Fue designado por el exministro Carlos Estremadoyro. Foto: Andina.

El ministro responde

En una carta enviada a Sudaca, antes de viajar al interior del país, el ministro Eduardo González respondió que en sus 30 años de trayectoria en la gestión pública ha “asumido cargos de alta dirección y responsabilidad en los distintos niveles de gobierno” donde siempre se mantuvo con “independencia y autonomía”. 

Aseguró que su relación con el expresidente Vizcarra y el exministro Trujillo “ha sido estrictamente laboral”. El ministro también rechazó “de forma categórica cualquier injerencia” en su gestión y detalló que desde el día que asumió su nueva función envió oficios a la Contraloría General y a la fiscalía planteando su “total apoyo a cualquier tipo de investigación ”.

Consultado sobre el historial de sus funcionarios en cargos de confianza en distintas entidades de la gestión Vizcarra, el ministro Gonzalez les ratificó su respaldo: “El hecho que hayan trabajado en las gestiones de los últimos exministros no los inhabilita ni desacredita para ocupar cargos públicos, más aún cuando han demostrado eficiencia”.

González también aseguró que ninguno de los directivos mencionados en este reportaje “cuenta con alguna sentencia que les impida laborar, ni tienen antecedentes judiciales por casos de corrupción”.

Respecto a los cuestionables David Mendoza y Franz Flores, el titular del MTC replicó que ninguno tuvo “dependencia funcional” con su despacho e incluso argumentó que Flores “no registraría ninguna inconducta funcional en este sector”. Concluyó, sin embargo, diciendo que ambos ya no trabajan para su entidad. Sudaca pudo corroborar que tanto Mendoza como Flores dejaron de laborar desde el día de ayer jueves 21, después de que este medio solicitara los descargos a la oficina de prensa del despacho.

Sobre su preparación para el cargo, tema que genera fundadas suspicacias, Gonzalez sostuvo que “los profesionales en las comunicaciones [él es periodista] estamos en condición de asumir cargos de alto nivel como lo hacen profesionales de otras carreras”. Agregó que “se tiene la percepción de que el MTC se dedica solo a la infraestructura de vías y lo común es que ha sido dirigido por ingenieros, economistas o abogados, pero este sector también es de Comunicaciones, y uno de los objetivos principales de este Gobierno es llevar la conectividad digital a todo el país”. Cabe agregar que el MTC ve principalmente temas de infraestructura de comunicaciones.

La gallina de los huevos de oro

El periodista y analista político José Carlos Requena asegura que el nombramiento de González en el MTC le “parece algo negligente” que “sería necesario un distanciamiento más claro” por parte de este gobierno con el anterior. “Los ministerios son cargos de confianza, cargos de designación política. Llama la atención que [en la gestión de Sagasti] no haya una ruptura pese a todas las acusaciones e investigaciones que se dieron en su momento contra Vizcarra e incluso Trujillo”, afirma.

Requena recuerda que el “MTC tiene el peso de manejar un presupuesto muy importante”. El economista Carlos Casas resume la relevancia de esa cartera en una frase: “es el ministerio con mayor presupuesto de inversión de todo el Estado”. 

Casas detalla que “el presupuesto de inversiones de Transportes y Comunicaciones supera a las carteras de Salud y Educación juntas, ya que estas últimas destinan más dinero a gastos como el pago a profesores, médicos, material o equipos. En el MTC, en cambio, el 75% de presupuesto [de más de S/10 mil millones] se destina a inversiones como la construcción y mantenimiento de carreteras”. 

Para Casas, actual decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, el perfil óptimo para llevar un ministerio de esta envergadura es el de un “ingeniero o ingeniera con experiencia en el sector público, manejo de presupuesto y con dominio de compras estatales y licitaciones”. Recordó que “teniendo como antecedente los casos del Club de la Construcción y otras denuncias por corrupción”, la cabeza del MTC debe tener mucho dominio del sector para evitar que se repitan antiguos escenarios.

**La infografía que abre esta nota es de Leyla López

Por Fabrizio Ricalde y Paolo Benza

Dos grupos de empresas del sector energético peruano libran una batalla encarnizada, pero compleja, desde hace cuatro años. Se trata de una disputa que se origina en distorsiones artificiales del mercado y que tiene un correlato real con el alto precio que los hogares de este país pagan por su recibo de luz. Porque sí, la luz residencial en el Perú es cara: la segunda más cara de Sudamérica después de Uruguay, según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Y algo más: la tarifa viene en franco ascenso desde el 2010. Utilizando cifras del Osinergmin, para ponerlo en una metáfora, si hace diez años jugábamos el repechaje para clasificar al grupo de los caros, hoy le peleamos el liderazgo solo a los charrúas. Según la SNI, en dicho periodo, el precio de la luz ha aumentado en 68% para los hogares y en 96% para las industrias (con la consecuente alza en el costo de los productos que estas venden). Ambos aumentos equivalen a dos y tres veces la inflación respectivamente.

¿Qué está pasando en el mercado eléctrico? Sudaca conversó con especialistas de ambos bandos para entenderlo. Y aquí explica un tema de claro interés público en su versión más sencilla.

Fuente: BCRP, INEI. Elaboración: SNI.

Las ‘termos’ contra el mundo

La ‘guerra de las eléctricas’ tiene a dos bandos claramente reconocibles: las generadoras (que producen la energía) y las distribuidoras (que la reparten al consumidor final). No son todas, por supuesto. Entre las distribuidoras está Luz del Sur, la más grande del país por facturación. Y por el lado de las generadoras, un grupo de enormes compañías que poseen plantas de producción termoeléctrica, principalmente a gas natural de Camisea: Engie, Kallpa y Enel. Las ‘termos’.

Hace poco el conflicto llegó a la Corte Suprema. Y esta emitió un fallo.

Pero para llegar a ese fallo, que es el final de esta historia (o casi), es necesario entender cómo funciona el mercado. Aunque el asunto es complejo y técnico, se explica así: las ‘termos’ tienen un beneficio normativo originalmente planeado para incentivar el uso del gas natural de Camisea. ¿Cuál es? Pueden declarar a voluntad su costo variable de producción. Repetimos: las ‘termos’ deciden, ellas mismas, cuánto declaran. Puede ser, si lo desean, un valor ficticio cercano a cero. En breve entenderemos por qué esto es importante.

Hace 20 años, cuando se creó este incentivo, la industria termoeléctrica no era tan importante. Para aprovechar la oferta de gas natural de Camisea, había que promocionarla. En los últimos años, sin embargo, la matriz energética del Perú ha pasado a ser alrededor de 45% térmica, principalmente a gas. Esto, además, significa que no es renovable naturalmente. El resto sí está compuesto por renovables: 50% por caídas de agua (hidroeléctricas, algunas de ellas gigantes) y un pequeño 5% por renovables como la solar o la eólica.

Lo otro que hay que entender es que en el Perú se observa, en los últimos años, una sobreoferta eléctrica. La capacidad de producción supera por mucho al consumo total. ¿Por qué? Hasta el 2016 se licitaron más proyectos de generación que lo que el crecimiento de la economía, desacelerada en el último lustro, pudo cubrir. A ello se sumó el retraso de grandes proyectos mineros de alto consumo energético, como Quellaveco o Tía María. Según la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR), la sobreoferta debía terminar en el 2022, pero el golpe económico de la pandemia la mantendrá por un buen tiempo más.

¿Qué significa la sobreoferta? Que se puede producir mucha más energía de la que el mercado efectivamente demanda. En el 2018, el Comité de Operaciones del Sistema Interconectado Nacional (COES) calculó que había 84% de capacidad instalada sobrante. En otras palabras: muchas compañías con dificultad para ‘colocar’ por la falta de compradores. Ahí empieza la distorsión.

Mercados, mercados

¿Si hay más oferta que demanda, por qué los hogares pagan cada vez más por la luz? Porque el precio de la electricidad residencial está fijado por el regulador del sector, Osinergmin. Por eso, se le llama ‘mercado regulado’. En el mercado regulado están los consumidores pequeños: familias o empresas que no demandan volúmenes tan grandes de energía. Son abastecidas a través de la conexión de distribuidoras como Luz del Sur, que compran la electricidad a las generadoras (sean ‘termos’, ‘hidros’ o demás renovables).

Pero hay un segundo mercado: el libre. Los ‘clientes libres’ pueden firmar contratos de abastecimiento directamente con las generadoras debido a que consumen mayores volúmenes de electricidad, saltándose al intermediario. En otras palabras: en el mercado ‘libre’ los precios de la energía sí son fruto de una negociación. Si las generadoras quieren ganar más clientes ‘libres’, deben bajar su precio. ¿El resultado? Esperable: el precio del megavatio-hora en el mercado libre es mucho menor que el del mercado regulado desde el 2016. Una gran empresa paga 30% menos por la misma unidad de electricidad que un hogar.

Cuadro elaborado por Semana Económica, con datos de Osinergmin.

¿Dónde está el problema? Ya vamos llegando. Tiene que ver con un tercer mercado: el mayorista. En la jerga energética se le conoce como el ‘mercado spot’. Solo compete a las generadoras y es para transacciones de corto plazo. ¿Cómo funciona? Las compañías que producen van allí a transar la energía: sea a vender la que les ha sobrado o a comprar la que les falta para cumplir sus compromisos de entrega de energía, especialmente con clientes libres. El ‘precio spot’ define, así, parte importante del margen de las generadoras, sobre todo las que son más ‘compradoras’. 

Si el precio spot es bajo, las generadoras que compran allí para completar sus contratos tendrán un buen margen. ¿Cómo se fija el precio spot? Esa es la clave: se define en función de los costos variables que declaran las generadoras. Específicamente: el que declara la última generadora en entrar a despachar, que normalmente es una termoeléctrica a gas. Volvamos, entonces, al inicio de esta explicación: las ‘termos’ están permitidas de declarar el costo que consideren conveniente, así este no sea real. 

Cuadro elaborado por Semana Económica con información del COES.

Distorsiones irrefutables

En el 2017, el Ministerio de Energía y Minas reconoció en un decreto supremo que existía esta distorsión, pero no fue corregida. En el documento se detalla que las ‘termos’ que utilizan gas natural han declarado costos bajos, cercanos a cero, ocasionando que el precio del mercado mayorista esté por debajo del costo real de generación de electricidad. Es decir, vienen deprimiendo artificialmente el precio spot

¿Y para qué lo han hecho? Hay empresas consumidoras que pueden pasar del mercado regulado al libre, si los precios de este le convienen. Y lo han hecho sin dudarlo desde el 2016. No hablamos aquí de compañías con gran consumo energético, como mineras o cementeras, que ya eran de por sí clientes libres, sino de empresas de ‘consumo medio’. Digamos, una cadena de centros comerciales, de malls o de bancos, que hoy pagan mucho menos que la tarifa que se le carga a un hogar promedio. 

En el 2012, el mercado libre consumía sólo el 44% de la energía del país, con apenas 261 clientes. Seis años después, en el 2018, había pasado a consumir el 59% y a tener 1.836 clientes. A inicios del 2020 superó los 2.300 clientes. En una entrevista para la revista Semana Económica el 2019, el gerente de desarrollo de Luz del Sur, Mario Gonzales, reveló que habían perdido a todos sus clientes que consumían más de 500 Kwh. Todos habían prescindido del intermediario: pasaron a contratar directamente con las generadoras al precio reducido del mercado libre.

Cuadro: Luz del Sur

¿Cómo es sostenible un precio ‘libre’ tan bajo? Porque el precio mayorista, el del mercado spot, está deprimido.Las generadoras con una cartera gorda de clientes libres pueden ir allí, comprar la energía muy barata, y luego ofrecerla a precios atractivos en negociaciones directas. Las tres principales empresas del sector energético peruano son Engie, Kallpa y Enel. Son, a su vez, las que tienen una buena cantidad de producción termoeléctrica a gas. Son las ‘termos’ que han venido declarando costos bajos, por momentos cercanos a cero, para mantener deprimido el precio spot.

Coincidentemente, también son las empresas que más energía han comprado a otros generadores en el mercado mayorista, al precio spot, para luego revenderla. Según cifras del COES, por ejemplo, las tres compraron 6,7 millones de Mwh más de los que vendieron en el spot. ¿Le cierra ya el círculo? Las generadoras a gas declaran costos variables irreales –porque así se los permite la norma–, lo que deprime el precio mayorista. Luego, compran a ese precio artificialmente reducido parte de la energía que revenden en el mercado libre. Entonces, los ‘clientes libres’ tienen acceso a un precio mucho menor al de los hogares.

Pero hay un último paso para entender todo este asunto

El negocio de las renovables

¿Qué tiene que ver todo esto con usted, lector? Pedro Gamio, ex viceministro de energía y experto en el sector, asegura que el meollo de todo este asunto está en las energías renovables. ¿Cómo así? No pierda la concentración, que aquí acaba esto. El costo real de producir energía con gas es uno de los más altos del mercado. De hecho, la generación cuesta US$24 dólares el megavatio, hasta US$32 en algunos casos.

Del otro lado están las renovables, que –excluyendo a las hidroeléctricas de grandes embalses– son teóricamente más amigables con el medio ambiente. Y además, están subsidiadas. El costo de producir energía eólica o solar, en ocasiones mayor incluso al de las ‘termos’, es pagado por todos los consumidores regulados. Es decir, por el recibo de su casa, de la nuestra y del pequeño negocio de la esquina. ¿La justificación? Diversificar la matriz hacia energías más limpias. Algunas de las ‘termos’ tienen subsidiarias para renovables.

El subsidio lo pagan todos los consumidores regulados a través de un cargo en sus recibos que se llama Prima RER (sumada al precio como cargo de transmisión). ¿Y de qué depende cuánto es ese subsidio, esa prima RER? Del precio spot. Mientras que el mercado mayorista tenga valores bajos, el subsidio será mayor. La legislación asume que cuanto menor sea el precio mayorista debe haber más subsidio para que las renovables puedan competir.

Así, la distorsión que ocasionan las ‘termos’ en el mercado spot no es solo un tema de grandes corporaciones, sino que también suscita el incremento de un subsidio cargado directamente a los peruanos. En un periodo de cinco años, los consumidores regulados habrían pagado US$350 millones en exceso en sus recibos, según estimaciones de Luz del Sur. La misma empresa previó en el 2019 que, sin la distorsión del mercado, la prima RER se reduciría en casi US$100 millones.

¿Qué dicen las ‘termos’?

La versión de las ‘termos’ es, por supuesto, distinta. Por un lado, critican que Luz del Sur, la principal interesada en resolver la distorsión del mercado, haya sido comprada en el 2019 por la china China Yangtze Power (CYP), cuya matriz es la también china Three Gorges Corporation. Pocos meses antes, la Three Gorges había adquirido una generadora hidroeléctrica gigante: Chaglla. Además, Luz del Sur tiene otra ‘hidro’: Santa Teresa. Fuentes cercanas a ambas transacciones defendieron para Sudaca que dichas compañías extranjeras no coordinan entre sí.

Luego, las ‘termos’ aseguran que sincerar el costo variable que declaran –agregarle, por ejemplo, el costo fijo– terminaría subiendo el monto de los recibos residenciales de luz. Subir el costo de algo aumenta su precio, argumentan, en sencillo. Sin embargo, el mercado regulado contrata con las generadoras a precios de largo plazo, lo que hace muy difícil que las tarifas puedan subir en los próximos cinco años como consecuencia del sinceramiento. Luz del Sur asegura que tiene contratos ya firmados hasta el 2027.

El tema llegó a la Corte Suprema. Esta última instancia falló en septiembre del 2018 en contra de la distorsión abriendo dos posibles caminos: que el costo de la energía esté basado en precios reales (y no declarados) o que todo el mercado pueda declarar sus precios en el mercado. La decisión cayó en manos del Ministerio de Energía y Minas, que ya derivó la elaboración de un nuevo marco normativo al COES y su aprobación al Osinergmin.

Los que defienden la postura de las ‘termos’ también niegan que esto les constituye un beneficio normativo. Alegan, al contrario, que debido a la sobreoferta de energía eléctrica se verían obligadas a cumplir con las empresas que les suministran el gas, aún sin haberlo ‘colocado’. Esto porque firman sus contratos de suministro bajo la modalidad take or pay: pagas, consumas o no. Bajo esa lógica, la distorsión sería una forma de balancear el problema de no poder vender energía por la sobreoferta. 

Con la publicación del último decreto supremo, el que deriva el tema al COES y al Osinergmin, ambos bandos de esta historia han intensificado una campaña de gestión de intereses, especialmente en prensa. Pero también en la arena legislativa. Sudaca ha tomado la versión de ambas partes para elaborar este informe. Los autores, tras recopilar y contrastar la información, han llegado a la orientación editorial que el artículo revela. Usted lector decidirá finalmente la posición que desee sobre el tema. El objetivo es que, hasta aquí, quede entendido un problema que le afecta directamente, y del que se evita hablar por su complejidad. También por los intereses que, sin particularidad de bando, pululan por detrás.

 

Luis Alberto León Rupp, famoso por décadas en varios círculos de prensa (últimamente, los de farándula), ha muerto y su herencia no es exactamente material. Será recordado por haber sido el dueño del Hotel Bolívar, cuya propiedad ya no ostenta en papeles, y la cabeza del opaco grupo empresarial Vulcano. Deja, además, novelescos pasajes de una agitada ‘vida de rico’, el recuerdo de controvertidos negocios y su extraña relación con la clase política del país.

El magnate partió de este mundo el último 30 de diciembre, a los 75 años, víctima de una enfermedad que ya no le permitía caminar normalmente. No fue derrotado –aseguran sus allegados– por el Covid-19. Su sello distintivo se remonta a 1979, cuando con apenas 34 años compró el emblemático hotel del Centro de Lima, frente a la Plaza San Martín y sobre el mismísimo Jirón de la Unión. Fue, por eso, bautizado rápidamente como el ‘chico maravilla’. 

Tres años después, en 1982, protagonizó un escándalo. Una denuncia por estafa en una de las empresas que controlaba: el Banco de la Industria de la Construcción (BIC), en cuya sede original hoy se ubica la del Ministerio de Economía. Antes de que el tema estallara públicamente, Rupp viajó a Estados Unidos y, luego, a España. Allí fue detenido bajo orden de Interpol, según reseña una nota de Efe. Recuperó la libertad tras rechazarse su extradición al Perú, gracias a la buena defensa de su entonces abogado José María Calviño.

El caso BIC fue investigado por el Congreso en 1987. Ese año, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) declaró en quiebra a la entidad financiera, disponiendo su intervención y posterior liquidación.

A lo largo de su vida, León Rupp ha participado de otros negocios millonarios, ya sin tanto escándalo de por medio. Adquirió, por ejemplo, la desaparecida aerolínea Faucett, el Hotel Cesar’s (hoy propiedad de la cadena Casa Andina, de Intercorp) y el periódico El Observador. No pudo mantener la propiedad de ninguna de estas inversiones.

Herencia, familia y propiedad

Con el transcurso de los años, el millonario hombre de negocios compró otras propiedades: una lujosa casa en San Isidro, valorizada en más de US$6 millones y la famosa casa colonial Barbieri, en el Centro de Lima, que ha sido tasada en más de US$1 millón. Al final, sin embargo, ninguna quedó a su nombre.

Tampoco el Hotel Bolívar, cuyo valor es intangible: si bien sus 4.000 metros cuadrados, al frío precio de la tierra, pueden transformarse en alrededor de US$5 millones, su tasación es muy superior a esa cifra. No solo tiene rango de Monumento Nacional, otorgado mediante resolución suprema en 1972, sino que dentro de tres años pasará a festejar su primer siglo de fundación.

León Rupp ha estado casado dos veces y es padre de tres hijos: César Víctor, Luis Alberto y Magaly Rupp Bacigalupo, todos fruto de su primer matrimonio. En los medios impresos de los años ochenta y noventa es difícil no reconocerlo: una barba cuidada, que lo distinguió desde joven, y una bien llevada calvicie, la cual lucía con orgullo, sobre su frente. Proyectaba rimbombantes aires de intelectualidad.

 

La viuda de Luis León Rupp, Patricia Chirinos, postula al Congreso con el N°1 por el Callao, por Avanza País, con el partido con el que Hernando de Soto intenta llegar a la Presidencia. En la foto de abajo aparece junto al que una vez fue llamado el «chico maravilla» de los negocios (Fotos: Facebook de Patricia Chirinos). 

 

 

Hay dos fotos en blanco y negro inolvidables, publicadas en Caretas en 1995, que terminaron de cerrar su aura de triunfador empresarial (y, de paso, ayudaron a dejar atrás el episodio de su detención en España). En la primera, plano medio, Rupp aparece vistiendo un elegante traje de tela a cuadros, probablemente de casimir inglés, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el horizonte. En la segunda está sentado sobre el borde de la ventana de su oficina, agarrando con una mano sus lentes, sonriendo y jugueteando con la cámara. El empresario sabía cómo construir su propio mito.

Rupp se casó por primera vez cuando tenía 26 años. Irma Bacigalupo era una mujer guapa, tres años mayor que él. Tuvieron a sus tres hijos. Luego se divorció y, con el transcurso de los años, permaneció con el estatus de soltero y haciendo crecer su fama de galán.

Al Congreso

Eso, hasta el 2019. El 22 de junio de ese año, al final de su vida, don León decidió apostar ya no por un millonario negocio, sino por un nuevo amor, por un segundo matrimonio. Contrajo nupcias con una mujer 31 años menor que él: la periodista y exalcaldesa de La Perla, Patricia Rosa Chirinos Venegas (hoy de 45 años). Patty Chirinos es hija del recordado diputado y exsenador aprista Enrique Chirinos Soto, y ha sido reportera del programa Magaly TV.

Hoy, ya viuda, Chirinos postula al Congreso por el Callao con el 1 de Avanza País. Está afiliada al partido que tiene al economista Hernando de Soto como su candidato presidencial. Antes ha pertenecido al Movimiento Chim Pum Callao y al Movimiento Amplio Regional del Callao. En el 2018 candidateó con Acción Popular al Gobierno Regional del Callao, pero fue excluida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Oficialmente no se sabe cuándo se conoció la pareja, pero en un reportaje del programa televisivo Día D, de hace solo tres meses, ella le confiesa al periodista Fernando Díaz que desde muy pequeña acompañaba a su padre al restaurante del Bolívar, famoso por su pisco sour ‘Catedral’. “Él se tomaba muchos pisco sours – asegura entre risas-. No muchos tampoco. Yo me tomaba unos helados”.

En un reportaje de Magaly TV del 2019, pocos días antes de la boda de la pareja, se menciona a León Rupp como propietario del emblemático hotel y se asegura que el escritor Alfredo Bryce Echenique sería el testigo del evento. Las puertas del Bolívar no han vuelto a abrir al público desde el día de la muerte del empresario.

El futuro del majestuoso hotel de 300 habitaciones, inaugurado en 1924 por el entonces presidente Augusto B. Leguía, que posee en su arquitectura una mezcla de estilos francés, inglés e italiano, famoso por haber alojado a Cantinflas, a los Rolling Stones, a Ernest Hemnigway, al director de cine Orson Wells y a la vedette Rafaela Carrá, es incierto. Nadie da respuesta sobre si volverá a abrir sus puertas, con la pandemia aún en marcha.

El pasado lunes 4 Sudaca visitó el hotel y solo encontró a un trabajador, quien no nos pudo dar mayor información. El martes 5, este medio volvió al Bolívar, con mejor suerte. Encontramos al exabogado y exapoderado de León Rupp, César Martínez, quien ha trabajado con él los últimos 22 años. Martínez, sin embargo, dijo que solo se encontraba en el hotel para unos trámites y que este ha vuelto a ser administrado por la empresa Huron Equities INC, propietaria del inmueble. Rupp había firmado con la empresa “un contrato de arrendamiento, desde septiembre del 2018”.

Sudaca le preguntó al abogado si el hotel iba a volver a atender, pero él se excusó de responder a la pregunta y pidió que fuera trasladada a los representantes de la empresa. “El hotel pasará a la empresa Huron Equities INC., representada por Roger Cáceres Barrionuevo”, precisó.

Los ‘nuevos dueños’ del Bolívar

Roger Cáceres Barrionuevo, apoderado de Huron Equities, es un abogado puneño que ha militado en el histórico Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos, más conocido por su acrónimo: el Frenatraca. Si bien este partido político perdió su inscripción, ha tenido como representantes a los exparlamentarios Roger Cáceres Velásquez y a Luis Cáceres Velásquez. Su bastión fue el sur del Perú. Hoy, Cáceres Barrionuevo postula al Congreso en Puno por Victoria Nacional, el partido que ha aupado la candidatura de George Forsyth. 

El Hotel Bolívar no era propiedad de León Rupp al momento de su muerte, añadió el abogado Martínez. Esto significaría que no podría pasar a ser heredado por ninguno de los tres hijos del difunto magnate –César Víctor, Luis Alberto y Magaly– ni por su viuda y segunda esposa, Patricia Chirinos

El abogado Martínez señaló además que el difunto hombre de negocios, quien en vida fuera amigo íntimo del escritor Alfredo Bryce y del psicoanalista César Rodríguez Rabanal, “no dejó testamento”. Por lo tanto, desconoce cómo se repartirá la herencia de Rupp, quien no registra propiedades inscritas a su nombre en Lima, según  la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).

Martínez recuerda que León Rupp retornó definitivamente al Perú en 1998, y asegura que si bien colaboró en la batalla contra la segunda reelección de Alberto Fujimori, no recibió favores del gobierno de Alejandro Toledo, ni de Alan García, ni tampoco de los siguientes presidentes. Lo que sí se recuerda es que en una de las salas del Bolívar, en el 2000, se presentó el primer ‘vladivideos’, que precedió a la caída del gobierno de Fujimori.

Según la partida en Registros Públicos de la Empresa Vulcano SA, parte del conglomerado del Grupo Vulcano que perteneció a León Rupp, inscrita el 16 de diciembre de 2019, Patricia Chirinos fue nombrada gerente general de dicha razón social, cargo que antes era ocupado por su difunto esposo.

Huron Equities

La offshore Huron Equities INC se fundó en Panamá, según su partida en Registros Públicos, el 17 de agosto de 2001. Aparecen en calidad de presidente directora y directora secretaria Francis Perez y Leticia Montoya. Ellas, en el transcurso del tiempo, otorgaron diversos poderes para su representación en Perú, pero nunca mencionan a León Rupp como su propietario.

 

Roger Cáceres Barrionuevo, el nuevo apoderado del Hotel Bolívar, postula al Congreso, por Puno, con Victoria Nacional, donde George Forsyth se lanza a la Presidencia. Cáceres Barrionuevo perteneció al partido Frenatraca de Puno. En esta foto aparece como primero de la izquierda. Ha sido tomada en un acto de homenaje al exparlamentario Roger Cáceres Velásquez, quien también perteneció al partido puneño que tenía el chullo como símbolo.

 

En el año 2002, la empresa Inmobiliaria César Víctor SA, cuyo apoderado era entonces el hijo de Luis León Rupp, César Víctor León Bacigalupo, aprueba el traspaso del Hotel Bolívar a la empresa Huron Equities, por “transferencia vía dación en pago” por el monto de S/6.986.214.

Por su parte, la empresa Inversiones Gran Hotel Bolívar SA, de la que alguna vez fue presidente León Rupp, entró a un proceso liquidatorio –el común denominador en la vida empresarial del difunto– y tiene como liquidadora a la conocida Solución y Desarrollo Empresarial SAC, de los hermanos Leguía, que en algún momento administró al Club Universitario de Deportes. 

Gran Hotel Bolívar SA tiene la propiedad de la Casa Barbieri, valorizada en US$1 millón. Roger Cáceres Barrionuevo, además, posee un poder vigente para vender la propiedad de San Isidro, ubicada en Av. Prolongación Arenales 195, tasada en más de US$6 millones.

 

(*) Pd: El presente artículo fue publicado en enero de este año. Patricia Chirinos es actualmente congresista de Avanza País y tercera vicepresidenta del Parlamento.

Foto de portada: El Comercio

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Hotel Bolivar, León Rupp, Patrica Chirinos

El reflejo de riñas intestinas o un mero problema tecnológico. ¿Es el principio del fin para el partido político más antiguo del país? Esto es lo que pasó la noche del 22 de diciembre, cuando el aprismo no logró inscribir la mayoría de sus listas al Congreso para las elecciones de abril.

Por Alejandro Guzmán

El APRA, el partido vigente con más años del país, está a punto de perder su inscripción. Antes de la medianoche del último 22 de diciembre, el personero legal José Pimentel debía terminar de ingresar todas las listas de candidatos al Congreso para las elecciones de abril y la plancha presidencial que comanda Nidia Vílchez. No lo hizo. 

Pimentel tenía que hacer el trámite, obligatoriamente, por vía digital. Calculó que se demoraría una hora en terminarlo. También asumió que la medianoche marcaba el tope para entrar al sistema, pero no para completar la inscripción. Cuando el trámite se hacía en persona, dice, los personeros sólo tenían que entrar a la oficina antes del horario límite. Luego, podían permanecer allí hasta que hubieran terminado. Algo similar a lo que ocurre con el cierre de las agencias de banco: los clientes que ya están adentro sí son atendidos. 

Confiado en ambos cálculos, Pimentel asegura que entró a la oficina virtual del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a las 5:00 pm. Según sus proyecciones, no había ningún riesgo. El abogado es magíster en derecho electoral y personero del APRA desde el 2013. Su experiencia lo tenía tranquilo. 

Al mismo tiempo, en casa, el militante aprista Jaicec Espinoza (36 años) estaba pendiente de la inscripción de las listas de su partido. Él maneja la página de Facebook “Soy aprista” y quería tener la información rápidamente para publicarla. Pero también lo tenía preocupado una anécdota del año pasado. Después del fracaso electoral en las elecciones congresales del 2020, su plataforma de redes sociales publicó un comunicado pidiendo la renuncia de la dirigencia aprista. Entonces, cuenta, el secretario general Elías Rodríguez lo había llamado y le había dicho que él no estaba de acuerdo con la participación del APRA en esas elecciones y que tampoco creía que debía postular en el 2021. La razón: que el partido no reunía las condiciones para enfrentar una campaña y que convenía guardarse para empezar la recuperación en las municipales y regionales del 2022. ¿Haría algo para concretar esa visión? Espinoza permanecía atento. 

A las 5:00 de la tarde, el personero Pimentel entró al sistema. Cuatro días antes de aquel 22 de diciembre, el 18, los órganos partidarios regionales habían comenzado a ingresar la información de sus candidatos, según un peritaje encargado por el APRA al ingeniero de sistemas Santos Camarena, perito judicial y forense. Sin embargo, el partido finalmente decidió centralizar el proceso. Es decir: aplicar la opción de inscripción única nacional, que se hace desde Lima, y no la inscripción por regiones. 

¿Por qué? Según Pimentel, la razón del cambio fue la cantidad de candidatos designados que permite cada tipo de registro: la inscripción centralizada deja presentar 32 candidatos designados en todo el Perú, mientras que el formato regional autoriza solo 16. Fuentes del JNE confirmaron a Sudaca que es correcta esa interpretación del reglamento. Pero el personero del APRA estaba −dice− asumiendo algo más: que el sistema le permitiría enlazar la información cargada previamente desde las regiones. No fue así. 

El resto de la noche se sucederían extraños problemas. 

Extrañas renuncias y polémicas candidaturas

Dos meses antes de aquella noche, el 19 de octubre del 2020, Carla García había anunciado en redes sociales su precandidatura al Congreso por el partido que −con intervalos− lideró su difunto padre por cuatro décadas. “Primero, a elecciones internas que expresen el sentir de los compañeros. Si su voto me acompaña, avanzamos”, puso en un tuit. 

Precandidatura: expresión de voluntad para representar al partido en las elecciones generales. Primero, a elecciones internas que expresen el sentir de los compañeros. Si su voto me acompaña, avanzamos.

Gracias @Soy_Aprista https://t.co/4zLMwnngmn

— Carla García B ? (@esquinabaja) October 20, 2020

 

En las internas, García obtuvo la votación más alta y consiguió el número 1 de la lista de Lima. Eso, por supuesto, no le cayó bien a algunos. Según fuentes consultadas por este medio, los dirigentes apristas habrían visto en la hija del expresidente una amenaza para sus cuotas de poder dentro de la organización. Incluso, Jaicec Espinoza asegura que hubo una campaña de la burocracia partidaria contra su candidatura.

Por ejemplo, según fuentes apristas consultadas por este medio, la Secretaría General de Juventudes compartió videos de entrevistas antiguas en las que García aseguraba que no era aprista. Varios compañeros criticaron que ahora sea candidata y se mostraron en contra de su posición sobre temas como el matrimonio igualitario o la despenalización del aborto. 

“Sacó chispas en la interna”, asegura Jaicec Espinoza. El joven militante no teme decir abiertamente que García fue una candidata que entusiasmó a los electores pero no a las cabezas. El riesgo para la dirigencia era que, si el partido lograba pasar la valla, quien entrase al Congreso tendría más poder que cualquier otro militante. El último 22 de diciembre, su postulación no fue inscrita.

A Pimentel los problemas no tardaron en aparecerle aquella noche. Casi todo lo que había asumido resultó errado. El primer bache fue que, cuando ingresó a la plataforma virtual, el sistema no le permitía enlazar la información que habían subido las regiones. Tenía que volver a cargar toda la data de las 29 listas que debía inscribir: la plancha presidencial, el parlamento andino y las listas al Congreso de 27 circunscripciones. 

La prioridad era la plancha presidencial, así que fue lo primero que cargó. Allí sobrevino el segundo inconveniente: el plan de gobierno demoró casi dos horas en subir al sistema. El resto de partidos, según el peritaje, había comenzado a cargar sus planes para distintos puestos de representación desde el 17. Pimentel esperó hasta el último día. Y su tiempo se acortaba: lo que pensó que le demoraría inscribir las 29 listas se había consumido solo con una parte de la inscripción de la plancha presidencial. Aquella primera etapa la terminó recién entre las 7 y las 8 de la noche. 

Pimentel, personero legal del APRA, intentó llegar al Congreso en las últimas elecciones. Su partido no logró escaños.

La siguiente prioridad era la lista al Congreso por Lima, pero saltó un tercer problema: el candidato de 25 años Jonnathan Ayala, quien tenía el número 22, decidió renunciar. Ayala dijo a este medio que su renuncia se debió a que no se siente en la plenitud de sus capacidades académicas, por lo que prefiere seguir formándose para ser candidato en el 2026. “La modalidad excepcional elegida de inscripción única nacional no permite listas incompletas”, asegura Pimentel. Ese dato ha sido corroborado por una fuente del JNE. El personero tuvo que iniciar el proceso para reemplazar al renunciante. Finalmente, entró a la lista Leonidas Rocillo. 

Dicho cambio, sin embargo, demoró algunas horas. Además de decidir quién era el reemplazante y reunir toda su información, debían cambiar el acta de designados, lo que requiere la firma de las autoridades del partido. Pimentel argumenta que esa es la razón por la que no se presentó a tiempo la lista de Lima.

La tercera prioridad era la lista de La Libertad, una región icónica para el APRA. Pero pasó algo similar: a las 9:31 pm renunció la compañera Mirtha Sánchez. Consultada por Sudaca, ella acepta que envió formalmente su renuncia entre las 8 y 9 de la noche, pero afirma que la dirigencia del partido ya estaba informada de su decisión. Dice que se demoró en enviar el documento porque debía hacerse de forma virtual y tuvo inoportunos problemas de conexión durante el día. El Internet como explicación para la debacle de un partido. 

Según Sánchez, la razón de su renuncia fue que el partido pretendió incumplir un acuerdo de la militancia. En la elección interna ella había quedado en segundo lugar en La Libertad, pero el número 2 de la lista estaba reservado para una candidata independiente designada. Le asignaron el 4. ¿La sorpresa? El número 2 fue otorgado a dedo a otra militante, dice, incumpliendo el acuerdo previo. Decidió renunciar. “Yo tengo principios y no se puede faltar el respeto a la militancia”, asegura. 

Pimentel lanza una hipótesis: afirma que Sánchez y otro renunciante por Madre de Dios, que ocasionó un problema parecido, son allegados a un exsecretario general que estaría en contra de la actual dirigencia. “El boicot proviene del otro lado”, dice el personero. ¿A quién se refiere? No se atrevió a decirlo directamente, pero dio una pista clave para adivinar su acusación: se refiere a Jorge Del Castillo. Sudaca se contactó con Del Castillo, pero este no respondió a las solicitudes de descargos, pese a haberlos visto.

“Yo no soy de facciones ni de grupos. El único jefe es Haya de la Torre. Esas son especulaciones”, responde Sánchez, la candidata renunciante de La Libertad. Después de su renuncia, la dirigencia aprista de Trujillo tuvo que convocar a su accesitaria, cuya documentación fue entregada a las 11:39 pm. Pimentel alega que por eso no pudo inscribir a tiempo la lista de esa región. 

Sin candidatos

Mientras tanto, y aunque ya sabía que no lograría terminar la inscripción antes de medianoche, Pimentel seguía tranquilo. Confiaba en que, ya dentro del sistema, este le permitiría seguir inscribiendo pasada la hora límite, como cuando el proceso era presencial. Ese es uno de los argumentos que el partido ha dado luego para justificar que se les permita la inscripción extemporánea. Jaicec Espinoza entró al sistema a las 11:50 pm y vio que no estaba registrada ninguna lista. Se preocupó y empezó a actualizar el portal constantemente. 

A las 12 en punto, el personero Pimentel recién entendió la gravedad del problema. De pronto, el sistema lo había botado. Solo había logrado registrar las listas de Arequipa, Junín, la de los residentes en el extranjero y la plancha presidencial. Diez minutos después, Espinoza actualizó la página y encontró solo esas cuatro. Al día siguiente, cuando se despertó, pensando que quizá había habido una demora, volvió a actualizarla. El resultado fue el mismo. Le llamó la atención que en los canales internos, como el chat del partido, nadie hubiera dicho nada. 

Todo indica que solo Pimentel sabía lo que estaba ocurriendo aquella noche. Los descargos brindados por él a este medio coinciden con el peritaje de Camarena. “Queda evidenciado que el Partido Aprista Peruano inició el procedimiento de inscripción de sus listas de candidatos a Congresistas de la República para las Elecciones Generales del año 2021, haciendo uso de las diferentes opciones del procedimiento normado por el JNE”, señala el peritaje. Sin embargo, el documento también concluye que el partido político en mención empezó muy tarde el proceso. 

La conclusión del peritaje es que el sistema virtual sí funcionó, y que el APRA inició tarde el proceso.

Erick Iriarte, abogado aprista especialista en derecho informático, e integrante de la fallida lista por Lima, comenta que el protagonista del problema tecnológico fue el personero que empezó tarde. Según su interpretación, hay responsabilidad del partido y se tendrá que hacer una investigación para determinar lo que sucedió. Pimentel ha sido duramente criticado en la interna aprista. Una parte del partido sugiere que existió un boicot de la dirigencia y del personero hacia las candidaturas. El secretario general, Elías Rodríguez, es uno de los que más ha respaldado al personero en la interna aprista, según las fuentes consultadas. 

El miércoles 23 de diciembre y el martes 29, un grupo de jóvenes apristas organizó plantones en la sede de Alfonso Ugarte. Denunciaron dejadez de parte de los dirigentes en el proceso de inscripción. Interpretan como un boicot haber esperado el último día y haber centralizado la inscripción para conservar el control. Elías Rodríguez tampoco contestó la comunicación de Sudaca para registrar su descargo.

Pimentel descarta estar en contra de la candidatura de Carla García. “Me considero uno de los impulsores de esa candidatura”, afirma. Él acepta, sin embargo, que la presencia de la hija del expresidente sí generó líos internos. Algunos no la querían porque no había hecho militancia activa y su candidatura se basaba en su posicionamiento mediático. El personero, no obstante, negó que haya alguna relación entre la candidatura de García y la tardanza en la inscripción. 

“Descarto absolutamente y tajantemente cualquiera de esas insinuaciones, que deben venir de seudocompañeros sin instrucción en doctrina aprista”, asegura Pimentel. También descarta coordinaciones con el secretario general Elías Rodríguez para frenar el proceso de inscripción. 

Los bandos en la disputa intestina del APRA parecen haberse dividido entre viejos y jóvenes. Entre conservar cuotas de poder o renovarlas. Otros apristas mayores, por ejemplo, también discrepan con la teoría del boicot. Abogan por la improbable hipótesis de que el problema de inscripción ha tenido razones meramente tecnológicas.Javier Velásquez Quesquén, ex presidente de la Comisión Política del partido, dice que solo se trata de una exquisitez técnica del organismo electoral para hacer la inscripción virtual, y que eso ha afectado al partido. 

“Mientras no haya una investigación, todo es especulación”, remata el dibujante y seguidor aprista Alfredo Marcos.

Nidia Vílchez, ¿la candidata de consenso?

La candidata presidencial Nidia Vilchez, cuya plancha fue inscrita, sí respondió la llamada de Sudaca. Se comprometió, sin embargo, a declarar para este medio solo después de que el JNE haya respondido en última instancia los recursos presentados por su partido. Ella también está en medio de las acusaciones internas y los retos electorales.

[Nota de edición: el JNE publicó las resoluciones luego de la publicación de este artículo]. 

En las internas, Vílchez apareció como una figura que generaba cierto consenso partidario. No en vano ganó las elecciones internas holgadamente. Obtuvo 8.443 votos, frente a 2.478 y 745 de sus rivales Juan Carlos Sánchez y Rafael Zevallos. Para el joven aprista Nicola Sabroso (23 años), ella representa la renovación y podría generar cierta tranquilidad en el partido. Iriarte, en tanto, cuenta que existe un vínculo −y, por lo tanto, apoyo− entre la dirigencia y Vílchez. Ella se perfilaba, entonces, como una militante que podía generar diálogo y satisfacer a diferentes sectores. 

Pero con todo lo que ha pasado, su candidatura ha quedado debilitada hacia afuera del partido. Vale recordar aquí un episodio: en enero del 2011, Mercedes Araoz renunció a una sonada candidatura presidencial con el APRA luego de que Del Castillo insistiera en inscribir su lista parlamentaria. Araoz había advertido que no postularía junto a personajes relacionados a casos de corrupción. Y aunque no había una sentencia, ni nada semejante, Del Castillo había sido vinculado mediáticamente con el Caso Petroaudios. 

 

Aunque responsabiliza al APRA, el peritaje también indica que el JNE vulneró ciertos derechos al interrumpir el proceso de inscripción de las listas

Jaicec Espinoza dice que la candidatura de Vílchez surgió porque nadie quería ser candidato, entonces optaron por buscar una opción que no genere rechazo interno. Todas las caras masculinas causaban temor y ella ya había sido voceada antes para ser secretaria general. Como los diferentes bandos no tenían candidatos, la apoyaron. 

Pero las encuestas son claras. Además del debilitamiento aprista por el escándalo de las listas, empezar la campaña con menos de 1% de intención de voto es un presagio de fracaso. Vílchez puede ser una compañera que calme las aguas dentro del partido, pero su proyección hacia afuera es mínima. 

Jaicec Espinoza indica que los apristas son conscientes de que pueden perder la inscripción, pero algunos creen que será fácil para un partido con tanta historia conseguir 25 mil firmas para volver a inscribirse. ¿Estarían confiados los dirigentes en una rápida reinscripción y por eso habrían priorizado sus intereses internos? Esta elección dará una primera gran pista sobre si el APRA puede seguir existiendo después de Alan García.

El policía en retiro Carlos Sosa ha llegado a Lima huyendo de presuntas amenazas de muerte en Ucayali. Él asegura que “los autores intelectuales y únicos responsables de todo atentado, amedrentamiento y reglaje” en su contra son el fiscal supremo Luis Carlos Arce Córdova y sus hermanos: el juez superior Wilder Arce y el exfiscal Nelton Arce. Dice también que la familia que conforman estos tres personajes controla, desde hace años, el Poder Judicial de su región.

Luis Carlos Arce es miembro del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desde el 2016, en representación de la junta de fiscales supremos. Hoy, a cuatro meses de las elecciones, este organismo electoral tiene una agenda recargada: debe resolver con premura los cuestionamientos a la inscripción de candidaturas presidenciales y congresales. Arce es uno de los cuatro votos con los que se tomarán decisiones trascendentales para el futuro del país: quiénes pueden postular para gobernarlo y quiénes no.

Pero el más conocido de los Arce carga con varios procesos a cuestas. La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, le abrió en enero del 2020 dos investigaciones preliminares, una por presunto enriquecimiento ilícito y la otra por presunto tráfico de influencias. En marzo pasado, la fiscal suprema Bersabeth Revilla inició una tercera investigación por otro supuesto tráfico de influencias. Los tres expedientes tienen como base denuncias presentadas por Carlos Sosa. 

Para Renzo Carlos, el abogado de Wilder Arce, Sosa “miente de forma grave […], e inventa por haber sido sentenciado por difamación” en una de las dos querellas que los hermanos le interpusieron.

Acusados o acosados

“Estoy en Lima por mi seguridad, por un seguimiento, un acoso, y la integridad física mía y de mi familia”, dice Sosa, quien asegura que vive amenazado desde que hizo sus primeras denuncias públicas contra los hermanos Arce en Ucayali. Todos son oriundos de ese departamento.

Las presuntas represalias, asegura el policía en retiro, se iniciaron en el 2016. Ese año comenzó a acusar a los Arce por supuestamente proteger a alcaldes locales que enfrentaban cargos por corrupción o procesos de vacancia. Para Alexander Gonzales, el abogado de Luis Carlos Arce, la amenaza de muerte que les atribuye Sosa “es absurda y categóricamente falsa”. En diálogo con Sudaca, Gonzales dijo que su defendido no ha sido notificado oficialmente de estos cargos.

“Carlos Sosa se está extralimitando, pues ya no recurre a las autoridades sino a medios de comunicación a modo de auxilio. No tiene respeto a la legalidad y hace aseveraciones de tal calibre olvidando que debe tener elementos de prueba”, alega el abogado. Pero Sosa asegura tener pruebas.

En octubre del 2020, el ex reo del penal de Pucallpa Manuel Pozo afirmó que, cuando estuvo preso en el 2017, otro interno le pidió que “llame al señor Sosa [desde la cárcel], que lo extorsione, que lo amedrente, que le coaccione, que le intimide a él y a toda su familia”. Hizo esta declaración, como testigo de parte, en una audiencia virtual sobre la querella que Wilder Arce entabló contra Sosa por difamación.

Manuel Pozo, ya en libertad, aseguró también que Fredy Moreno, el presidiario que lo quiso contratar, “se conectaba con una persona del exterior por celular, ordenando unos trabajitos para amedrentar o para atentar contra la vida del señor Carlos Sosa. En dichas conversaciones, en dichos diálogos, hablaba y mencionaba de un tal, de unos hermanos Arce”. Moreno fue asesinado tras salir de la cárcel.

El abogado de Wilder Arce alega que la presentación de ese testigo “fue sorpresiva” y que “es un dicho de una persona que no tiene cómo probar [lo que dice]”. Asegura también que Carlos Sosa “da manotazos de ahogado” y que “solo busca mediatizar los procesos porque sabe que los va a perder”.

En paralelo a la querella en proceso de Wilder Arce, su hermano Luis Carlos ya le ganó a Sosa una denuncia por calumnia. Esta ha sido confirmada en segunda instancia. Sosa, sin embargo, ha apelado el fallo al considerarlo parte de un hostigamiento judicial: “primero, la jueza que me condena aceptó como pruebas documentos que eran copias simples y sin legalizar; segundo, era una juez supernumeraria, o sea de aquellas que tienen el cargo a dedo y sin pasar un concurso; tercero, la sala que confirmó la sentencia estaba conformada por magistrados que trabajaron con Luis Arce y, cuarto, esa acusación por difamación es por un caso que hoy investiga la propia fiscal de la Nación”.

La tesis de Sosa es que, al tratarse de una juez supernumeraria, elegida de forma directa por los presidentes de corte sin que medie concursos de mérito, es vulnerable al direccionamiento de sus fallos. En cuanto a la sala donde perdió la querella, Sudaca ha cotejado que los tres vocales que ratificaron la sentencia coincidieron con Luis Carlos Arce en la Corte Superior de Justicia de Lima antes de que este se convirtiera en fiscal. Finalmente, parte de las afirmaciones por las que Sosa ha sido condenado como difamador son elementos tomados por la Fiscalía de la Nación en el caso de presunto tráfico de influencias abierto de forma preliminar contra los hermanos Arce.

Respecto a la declaración del exreo Manuel Pozo, el abogado de Luis Carlos Arce, Alexander Gonzales, dice que “evidentemente no hay asidero legal, ni el respaldo de elementos de prueba que debe tener toda versión, así sea testimonial. Debe estar respaldada por, siquiera, un elemento: cámara de vigilancia, conversaciones, mensajes, llamadas […]. Quizás por eso este señor Sosa recurre a ustedes pero hasta ahora no nos emplaza. Porque seguro sabrá que cuando nosotros tomemos conocimiento de ello vamos a tomar no represalias sino acciones por la vía legal. Evaluaremos una [nueva] querella o denuncia”. 

Los abogados de los dos hermanos Arce dijeron que Sosa tiene otra denuncia por difamación que un alcalde local le acaba de ganar y recordaron que este tiene abierto un caso por presunto tráfico de influencias.

Pero el policía en retiro tiene un contraargumento de fondo: está peleando contra personajes que, según él, controlarían el sistema de justicia de su lugar de residencia. Su versión es que vive un “acoso judicial despiadado” y que ello incluye la fabricación de pruebas en su contra. “La Fiscal de la Nación ha abierto procesos basada en las denuncias que yo he hecho. Ellos responden con querellas, pero querellas que debería ver un Poder Judicial independiente, no el de Ucayali, que ellos manejan”, reclama.

Las investigaciones

Carlos Sosa acaba de recibir una notificación para declarar contra Luis Carlos Arce el próximo 20 de enero. Se trata de la tercera investigación preliminar abierta el año pasado, por presunto tráfico de influencias, con base en indicios provistos por él. La fiscal suprema Bersabeth Revilla es quien lleva el caso.

Según los cargos que Sosa presentó, Luis Carlos Arce tendría injerencia en las salas de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. Antes de ser fiscal supremo y miembro del pleno del JNE, él era juez y presidió dicha corte entre los años 2004 y 2006. Su hermano, el juez Wilder Arce, ocupó el mismo cargo entre 2017 y 2018.

Como se mencionó líneas arriba, ese no es el único proceso con el que Sosa ha logrado arremeter legalmente contra los Arce. En enero del 2020, la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos abrió dos investigaciones preliminares. En la primera están involucrados Luis Carlos Arce, y sus hermanos Wilder y Nelton, por presunto enriquecimiento ilícito. Según los documentos que presentó Sosa, el miembro del pleno del JNE habría comprado, solo en el 2017 y al contado, cinco bienes inmuebles por más de US$170.000. También se han incluido más de 100 registros de compras y ventas de vehículos de los hermanos y sus hijos.

La segunda carpeta, por el presunto delito de tráfico de influencias, implica a Luis Carlos Arce junto a los exconsejeros Guido Aguila, Iván Noguera, Julio Gutiérrez, Orlando Velásquez y Pablo Talavera. Estos son hoy investigados en el caso Cuellos Blancos. Según la acusación de Sosa, todos los antes mencionados habrían concertado para que Wilder Arce fuera nombrado presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali el año 2017.

El abogado del fiscal Luis Carlos Arce negó que las investigaciones abiertas le resten credibilidad a su defendido y consideró que solo se ha seguido el camino normal de todo proceso. “En esos tres expedientes aún no hay ejercicio de la acción penal. Todo proceso inicia con una denuncia, luego se abren las diligencias preliminares, y es ahí donde nos encontramos […]. El doctor Arce está llano a que todas sus investigaciones sean esclarecidas, hemos presentado ingente cantidad de documentos de descargo. En el caso del desbalance patrimonial hemos entregado más de 1.200 páginas de descargo”, asegura.

Para el abogado del otro hermano Arce, Wilder, estos procesos no prosperarán porque ellos tienen “la suficiente documentación para demostrar la inocencia” de sus patrocinados. Según él, “en la investigación de la fiscal de la Nación se demostrará que este señor [Sosa] está mintiendo y seguro se ganaría otra querella después de ello por vulnerar la imagen y la buena reputación de personas que se han ganado a pulso lo que hoy tienen”.

Según fuentes oficiales, los documentos que de los casos que lleva la Fiscalía de la Nación contra Luis Carlos Arce han sido solicitados por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En julio del año pasado, esta entidad inició un proceso disciplinario en su contra a raíz de los diálogos que protagonizó con el exjuez César Hinostroza.

Sosa se mantendrá en Lima por el momento. Aunque, dados sus problemas económicos, no sabe por cuánto tiempo podrá sostenerse aquí. “Temo por mi vida y la integridad de mi familia, por eso estoy acá, porque [en Ucayali] no hay seguridad jurídica y menos garantías personales contra mi integridad física”, dijo a Sudaca.

**Ilustración: Manuel Cárdenas.

 

Una ‘petroguerra’ legal entre Pluspetrol Norte SA y el Estado ha estallado. La primera bala se disparó el 8 de agosto de 2015, cuando la empresa de capitales holandeses terminó su contrato en el Lote 192, ubicado en Loreto, tras 15 años de explotación petrolera. Venía operando allí desde el 2000.

La compañía presentó, entonces, su plan de abandono del lote al Ministerio de Energía y Minas (Minem). El Minem lo rechazó. El principal motivo: la petrolera no está dispuesta a asumir la remediación de los pasivos ambientales, que comenzaron a generarse antes de que llegara a sacar petróleo de esa zona de la selva peruana. 

Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), sin embargo, a la compañía sí le corresponde hacerse cargo. ¿Por qué? Porque firmó un contrato de “cesión de posición contractual”. Explicaremos esta figura más adelante.

Antes, un poco de contexto: desde el 28 de agosto de 2015 la empresa canadiense Frontera Energy opera el Lote 192, aunque sus trabajos hoy están suspendidos por la pandemia. Su contrato acaba el próximo 5 de febrero. Ingresó a explotar el crudo después de que el gobierno realizara una mesa de diálogo con la población. La zona era un hervidero de conflictos sociales por la negativa de Pluspetrol para asumir su presunta responsabilidad sobre los pasivos ambientales.

El primer contratista del Lote 192 −antes llamado Lote 1AB− fue la estadounidense Occidental Petroleum Corporation of Perú, más conocida como “Oxy”. Se instaló por primera vez en ese territorio amazónico en 1971. Después, en 1985, la explotación pasó a la empresa Occidental Peruana INC, conocida como ‘Oxy Perú’, creada exclusivamente para absorber a su predecesora.

El 8 de mayo de 2000, Oxy Perú cedió su contrato a Pluspetrol Perú Corporation SA. El 1 junio del 2001, se firmó oficialmente el contrato entre la estatal Perupetro, que se encarga de negociar y suscribir los contratos de explotación de hidrocarburos del país, y la petrolera hoy cuestionada. Finalmente, mediante el decreto supremo 048-2002-EM se modificó el contrato de licencia de Pluspetrol Perú Corporation SA y este pasó a estar inscrito a favor dePluspetrol Norte SA. Ahora sí: vamos a la ‘petroguerra’ amazónica.

 

La protesta de la población en agosto de 2015, en el lote 192, tras el retiro de Pluspetrol Norte SA sin querer asumir el pago de la millonaria reparación ambiental, escribió un precedente. Desde esa fecha, Perupetro tiene que realizar una consulta previa con las comunidades antes de entregar la autorización de explotación petrolera a una empresa.

 

Las víctimas colaterales

El coordinador de la Federación de las Comunidades Nativas del Río Tigre (Feconat), José Fachín, ha asegurado a Sudaca que, desde la década del 70 hasta el 2007, las empresas petroleras que operaron en el Lote 192 −Occidental Petroleum Corporation of Perú, Occidental Peruana INC y Pluspetrol Norte SA− “revirtieron las aguas servidas de su producción a los ríos y cuerpos de agua, como aguajales y quebradas”.

Fachín explicó que el Estado, en todo ese tiempo, le dio “poca importancia” al tema y “no fiscalizó” a las empresas petroleras. Recién en el 2006, a raíz de la lucha del pueblo Achuar, en el río Corrientes, se consiguió que la petrolera trate sus aguas servidas para que no sigan siendo vertidas a los ríos.

Pero las aguas servidas vertidas por el Lote 192 han representado sólo una parte del impacto en la zona. El segundo factor contaminante, asegura Fachín, han sido los desechos químicos utilizados en la ciudad petrolera, que eran dejados a la intemperie, en el bosque. El tercero, las maquinarias inservibles que iban a parar a una especie de ‘cementerio’ en la selva. El cuarto, según el líder indígena, “fueron los derrames a raíz de una infraestructura antigua o no adecuada para la amazonía”. Los tubos se rompían constantemente.

Los ciudadanos que viven en el sector aledaño al Lote 192, una zona que congrega a unas 10 mil familias de los distritos Trompeteros, Parinari y Urarina de la provincia de Loreto, conviven con todo esto desde 1971. “La población sufre de cólicos, sobre todo los niños. Hay enfermos y muertos. No hay pescado. La gente va a sustraerlo a la frontera con Ecuador”, dice Fachín. 

El Ministerio de Salud (Minsa) realizó un estudio en el 2017, que recogió muestras de sangre y orina a 1.168 personas de los distritos aledaños al Lote 192. Ese informe, publicado en Convoca.pe, concluyó que la mitad de los pobladores presentaba metales tóxicos en su organismo, como plomo, arsénico, mercurio y cadmio, en niveles mayores a los permisibles.

El confuso laudo arbitral

Según el OEFA, tras acabar su contrato en el 2015, Pluspetrol tendría que reparar todo ese daño histórico. La petrolera no estuvo de acuerdo, y decidió llevar su reclamo a la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), con sede en Nueva York (EEUU). En febrero del 2017, el CIAC emitió un fallo. El problema: el texto es un poco confuso. Y la disputa entre las partes sigue. ¿A quién favorece el fallo?

Pluspetrol Norte SA ha entrado en liquidación y señala que no pagará la deuda al medio ambiente. El abogado de la empresa, Aurelio Loret de Mola, asegura que la decisión del laudo arbitral del año 2017 (ver imagen) le favorece y no le obliga a hacerlo. 

 

En los siguientes tres años, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) le volvió a rechazar dos veces más el plan de abandono a Pluspetrol. El abogado de esta compañía, Aurelio Loret de Mola, explicó a Sudaca que su representada no se hará responsable del pasivo ambiental porque el laudo arbitral dice que ello “no corresponde”.

“Lo que estamos sufriendo es un clarísimo atropello. Lo que el OEFA quiere, y ahora ha convencido no sé cómo al Minem y al Minam [Ministerio del Ambiente], es que nosotros incluyamos en el plan de abandono aquellos impactos ambientales que no solo no hemos causado, sino que han sido causados por las empresas que estuvieron antes que nosotros”, afirma.

Sobre todo −asegura Loret de Mola− este fragmento de la decisión del laudo arbitral es el que favorecería a Pluspetrol Norte SA: “Pluspetrol no asumió contractualmente responsabilidad u obligación de remediar afectaciones ambientales históricas causadas con anterioridad al 30 de agosto de 1985 ni causadas entre el 30 de agosto de 1985 y el 8 de mayo de 2000”.

“Los pasivos ambientales históricos, pasivos, viejos, anteriores a nosotros, esos no tenemos que remediarlos. Eso dice el laudo arbitral, que tiene categoría de cosa juzgada. Entonces, si no respetamos el derecho, si no respetamos la ley, si no respetamos el contrato y si no respetamos el laudo arbitral, simplemente no podemos continuar”, asegura.

¿A cuánto ascendería el pasivo ambiental que el OEFA quiere que Pluspetrol pague? “A más de mil millones de dólares. Yo creo que sí. Le estoy dando un número. No tengo un cálculo exacto”, estima el abogado. Hasta aquí, parecería que la balanza legal se inclina a favor de Pluspetrol, pero hay algo que Loret de Mola se ha olvidado de mencionar: la modalidad del contrato.

El especialista legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Bryan Jara explicó a Sudaca que, dado que el el contrato de Pluspetrol se celebró bajo la modalidad de ‘cesión de posición contractual’, la empresa “sí tendría que asumir esos pasivos ambientales”.

“Anteriormente, Petroperú ya había suscrito un contrato. Entonces, considerando que ya había un contrato, ya habían obligaciones, y esas obligaciones también son de naturaleza ambiental”, dice Jara. Y agrega: “Entonces, sobre la remediación de estos sitios también implicaría que, cuando se celebró el contrato, en este caso específico, también se hayan asumido estas obligaciones”.

El momento de mayor tensión en este enfrentamiento petrolero ha ocurrido el último 30 de diciembre de 2020. Ese día, el Minam, el MINEM y el OEFA difundieron un comunicado en el que exhortaron a Pluspetrol a que “cumpla con sus obligaciones”. El documento pone énfasis en lo ya mencionado por la SPDA: que la modalidad del contrato con el que Pluspetrol Norte SA celebra su acuerdo con Perupetro se realiza por “cesión de posición contractual”.

 

El  MINEM, el MINAM y el OEFA publicaron un comunicado, el pasado 20 de diciembre, en el que le recuerdan a Pluspetrol Norte SA que tiene que asumir su responsabilidad por los daños al medio ambiente causados desde antes del 18 de mayo de 2000, fecha del inicio de las operaciones en el lote 192.  

 

Como consecuencia de dicha tipificación, el comunicado dice que “Pluspetrol Norte SA asume los derechos y obligaciones del cedente; y, por lo tanto, asume la responsabilidad ambiental a partir de la suscripción de dichos contratos y no [solo] desde el año 2000”. A través de un correo electrónico, el Minem respondió a Sudaca lo mismo: “La responsabilidad ambiental subsiste y deberá ser considerada como parte de las obligaciones pendientes de cumplir por parte de la empresa en liquidación”. La guerra sigue abierta.

El comunicado de las entidades públicas también abunda en números impactantes. Dice que la petrolera es responsable de más “1.500 impactos ambientales acumulados en el Lote 192 y en el Lote 8” y de la cancelación de 4000 UIT de multas coercitivas que “no ha cumplido”. Estas equivalen a más de US$4.9 millones, un monto separado del de la remediación ambiental.

Sobre ese tema, Loret de Mola aseguró a Sudaca que su representada “ha pagado todas sus multas”, que equivalen a US$30,7 millones de dólares y que ha invertido, además, US$88 millones como parte de su responsabilidad social.

¿Puede liquidarse sin pagar?

Pese a que el Minem no le ha aprobado hasta ahora su plan de abandono, Pluspetrol Norte SA tomó el último 15 de diciembre la decisión de entrar en liquidación. Tres días después difundió un aviso en el diario El Peruano, que fue publicado por Estratega Consultores SAC, la empresa contratada comandar dicho proceson. Eso fue lo que gatilló el comunicado del Minem, el Minam y el OEFA antes mencionado.

La razón para liquidarse es no asumir lo que no nos corresponde de acuerdo con la ley y que el Estado nos quiere obligar a asumir. No nos pueden obligar, porque es ilegal”, dice Loret de Mola. Según el abogado, su representada está dejando en sus arcas US$51 millones de dólares en efectivo y tanques de crudo de petróleo, valorizados en US$15 millones, que servirán para el pago de la liquidación de unas 6.800 personas que dependían directa e indirectamente de la petrolera. Son trabajadores y proveedores.

Jara, el abogado de la SPDA, afirma que en caso la empresa se liquide sin hacerse cargo del pasivo ambiental del Lote 192 “hay garantías financieras”, como la carta fianza que presentó al firmar el contrato, que “terminarían ejecutándose”. Aunque el especialista acepta que “ese monto no va a ser suficiente para la remediación de todos los sitios impactados”.

Sobre un probable embargo a las cuentas de Pluspetrol Norte SA, Loret de Mola respondió: “Si hicieran eso, le estarían quitando a los trabajadores su liquidación. Le estarían quitando a las comunidades nativas los compromisos asumidos por Pluspetrol Norte. Y le estarían quitando a los proveedores lo que le corresponde”.

Dueños y números

El control de Pluspetrol Norte SA lo posee hoy Pluspetrol Resources Corporation, una empresa offshore de las Islas Caymán. Según un documento presentado por Pluspetrol Camisea SA a la Bolsa de Valores de Lima, al 2017, Pluspetrol Resources Corporation tenía como “único accionista” a Pluspetrol Resources Corporation B.V., domiciliada en Holanda.

El Informe de Sostenibilidad de Pluspetrol (2017) recuerda que Luis Alberto Rey, exapoderado en Perú de Pluspetrol Resources Corporation, fue el creador de Pluspetrol SA en Argentina en 1977. En el año 2015, don Luis falleció y dejó su fortuna a su esposa, Edith Rodríguez. Un informe de la revista Forbes del 2019 coloca a la viuda como una de las 10 mujeres más ricas de su país, con una fortuna que bordea los US$2,000 millones.

En 2014, Pluspetrol Norte SA extrajo 14.000 barriles de petróleo por día, lo que le habría permitido obtener, solo en ese año, ingresos netos anuales superiores a los US$300 millones de dólares. Este es un cálculo que se ha hecho utilizando como base el informe ‘La situación actual y alternativas al lote 192’ (Pluspetrol, 2015).

¿Cómo se cuantifica el daño ambiental que existe en el Lote 192 desde 1971? El coordinador de la Federación de las Comunidades Nativas del Río Tigre (Feconat), José Fachín, ha manifestado a Sudaca que “faltarían ceros” para hacerlo. Fachín calcula, en sus términos, que el pasivo sobrepasaría los mil millones de dólares, estimados por Loret de Mola.

El lote 192 está ubicado cerca de la frontera con Ecuador, entre las provincias de Datem del Marañón y Loreto, en la región del mismo nombre. Posee cerca de 200 pozos petroleros en una extensión de alrededor de 500.000 hectáreas. Es atravesado por las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón.

 

El lote 192 está ubicado cerca de la frontera con Ecuador, entre las provincias de Datem del Marañón y Loreto, en la región Loreto. Posee cerca de 200 pozos petroleros en una extensión de cerca de 500 mil hectáreas.  

 

Jara, de la SDPA, recordó que existe un estudio de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sobre los derrames de hidrocarburos en el Lote 192 que ha encontrado 32 sitios impactados y ha concluido que el monto de remediación, por esos daños, ascendería a S/680 millones. A eso habría que sumarle las multas, que Loret de Mola asegura pagadas.

Se protegen “codo a codo”

Mientras el conflicto entre Pluspetrol Norte SA con el Estado peruano continúa, el daño al medio ambiente sigue ahí. La protesta indígena de agosto de 2015 marcó un precedente en la lucha por remediarlo. Tras el término del contrato de Pluspetrol en el Lote 192, la población realizó una protesta social por los presuntos incumplimientos de la petrolera.

El conflicto acabó tras la firma de un acuerdo para evitar que las empresas evadan pagar los daños medioambientales: el 0,75% de la venta de cada barril de petróleo será destinada a un fideicomiso a favor de las comunidades. También se decidió que se realicen consultas previas con la población.

Entre el 20 y 22 de este mes habrá, en Lima, una reunión entre los representantes de seis federaciones indígenas y el Minem. Será una mesa de diálogo en la que se conversará sobre el futuro del Lote 192 y sobre la liquidación de Pluspetrol.

El corolario de esta historia, para el líder indígena, José Fachín, es que el conflicto entre Pluspetrol Norte SA, Minem, Minam y OEFA solo es una pelea mediática. ¿Por qué? Porque los funcionarios del Estado y la petrolera, dice, “se protegen”. “Hay una protección, un encubrimiento de funcionarios del Estado, sobre todo en Energía y Minas. Están codo a codo, mano a mano, con las petroleras” cuestiona.

Más salomónico, el exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi considera que el conflicto entre Pluspetrol y el Estado  “está marcando un hito” nunca antes visto en la historia petrolera del país. Sudaca ha resumido su historia.

En septiembre del 2017, el actual ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez Delgado, trabajaba como gerente de desarrollo sostenible en la minera sudafricana Gold Fields. Ese mes decidió dar el salto al sector público. Pero no hay forma de cruzar la llamada ‘puerta giratoria’ sin tener, tarde o temprano, que mirar para atrás. Finalmente, ha llegado ese momento.

Gold Fields, el ex centro de labores de Gálvez, ha sido cliente de larga data de la firma de abogados CMS Grau, cuya área minera es célebre en el mundo del derecho corporativo. Este estudio fue el encargado de constituir, en noviembre del 2017, Nuevo Arcoiris SAC, una empresa creada con S/1.000, sin maquinaria y sin oficina propia. Su dirección, según los papeles, fue la misma que la del Grau: Av. Santa María, 130, Miraflores.

Nuevo Arcoiris fue creada, en estricto, como un fantasma. Una empresa sin activos significativos ni operaciones propias. Algunos de sus accionistas, incluso, son socios del área minera del bufete que le dio la vida. Luego, ocurrió lo esperable: mediante la ya conocida ‘capitalización de deuda’, el cascarón pasó a ser propiedad de una minera canadiense, Tesoro Minerals Corp.

Esa empresa, a través de Nuevo Arcoiris, acaba de obtener autorización para adquirir 21 derechos mineros en Tambogrande, una zona de frontera en Piura de la que la población ya ha expulsado antes a otra minera de la misma nacionalidad. Los dos decretos supremos emitidos a favor de Nuevo Arcoiris  (N°027-2020-EM y N°028-2020-EM) llevan la rúbrica de Gálvez y del flamante presidente, Francisco Sagasti.

Las 16.300 hectáreas de los 21 derechos mineros que se ha autorizado a Nuevo Arcoiris a adquirir. Fuente: Cooperacción.

Apuros y transacciones

Sagasti no esperó ni tres semanas tras asumir el cargo para despachar los decretos. El pasado 8 de diciembre, estos fueron publicados en El Peruano, autorizando a la empresa fantasma a algo tan valioso como un poema de Vallejo: hacer sus trámites de concesión para explorar si hay oro, plomo, cobre, zinc y plata en un territorio fronterizo con Ecuador, algo prohibido constitucionalmente para empresas de capitales extranjeros, pero permitido si es que se argumenta “necesidad pública”.

Este 2020 ha sido un año de mucha suerte para Sagasti y Gálvez. El pasado 17 de noviembre, el primero asumió la Presidencia del Perú, tras la caída de Merino y, antes, la vacancia de Vizcarra. Dos días después, el 19 de noviembre, nombró al segundo en el cargo de ministro de Energía y Minas (Minem). Hasta ese momento él tenía cuatro meses como viceministro de Minas en esa cartera.

Y parece que a Nuevo Arcoiris también se le ha presentado la virgen. Los decretos supremos indican que tiene como accionistas a la canadiense Tesoro Minerals Corp, con 99,9996%, y a Raúl Alfredo Ferreyra Martínez , con apenas 0,0004%. Ferreyra –sorpresa– es socio del área minera del Grau. Pero no siempre la empresa ha tenido esa composición en su accionariado.

El 21 de noviembre de 2017, Nuevo Arcoiris fue inscrita en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) con solo S/1.000. La empresa fue creada sin una oficina propia, sin máquinas, sin plana gerencial ni solvencia económica inmediata para un proyecto de envergadura, según consta en el kardex o carpeta de aumento de capital KR-401851 en la Notaría Paino.

El canadiense Patrick Jeremy Elliott adquirió, al constituirse la empresa, 999 acciones (el 99%) y la abogada María Cecilia Gonzales Guerra, también socia minera de Grau, apenas una acción. Elliott conformó el cascarón en calidad de turista, presentando apenas su pasaporte.

 Traspaso de acciones

¿Cómo se llegó a la actual composición accionarial de Nuevo Arcoiris? En mayo del 2019 hubo un aumento de capital originado por una extraña deuda con Tesoro Minerals, de S/259,712.96, registrada también en la Notaría Paino. Una empresa sin operaciones u oficina tenía una deuda de varios cientos de miles de soles con otra.

Y según consta en el documento titulado “Aumento de Capital por Capitalización de Créditos y Modificación Parcial de Estatutos”, hubo una junta de accionistas de Nuevo Arcoiris en la que se completó el premeditado traspaso de acciones. Fungió como presidente de Tesoro Minerals Corp., presentando un poder, otra socia minera del Grau: Amelia Marite Aragaki Nakahodo. Patrick Elliott, hasta entonces accionista mayoritario de Nuevo Arcoiris, estaba fuera del país.

Elliott es un ciudadano canadiense de 40 años que funge como parte del comité de asesores de Tesoro Minerals. Es un geólogo y empresario con perfil de cow-boy minero que, según su perfil de LinkedIn, ha trabajado en la búsqueda de metal en varios países de Sudamérica y hasta en la Unión Soviética. Lo ha hecho como empleado de distintas ‘junior’, que es como se le conoce a aquellas compañías que no se dedican a extraer el mineral sino a comprobar su existencia, y dimensionar los costos y necesidades de un proyecto.

La relación de Elliott con el Perú es larga. Asegura haber trabajado como geólogo en el megaproyecto arequipeño de cobre Zafranal, de capitales canadienses, y además registra un nutrido movimiento migratorio: 31 entradas y salidas de permanencia corta en el país desde el 2007. Se mueve entre México, Colombia, Brasil y Argentina. También está registrado como vicepresidente de desarrollo corporativo del grupo Globetrotters, que explora minerales en la región. Y, como casi todos los ejecutivos metidos en el mundo de las ‘junior’, se publicita como presidente de Pac Roots, una compañía dedicada al negocio legal de la marihuana.

Regresemos a la recomposición accionarial. “El presidente manifestó a la junta que la sociedad mantiene una deuda frente a su actual accionista, la empresa Tesoro Minerals Corp. por el monto ascendente a USD 78,203.24 equivalente a la suma de S/ 259,712.96. Deuda que la referida empresa tiene interés en capitalizar…”, indica el texto del kardex antes mencionado. El texto no precisa cómo se originó esa deuda si, desde su creación, Nuevo Arcoiris solo había realizado trámites preliminares para la obtención de las concesiones mineras en Piura.

En descargos enviados a Sudaca, Nuevo Arcoiris SAC aseguró que la acreencia que posteriormente se transformó en acciones de Tesoro Minerals se generó por los “trámites de conformación de la empresa, pagos de contabilidad” y “asesores externos”. “Son gastos que se deben asumir desde el día uno”, dijeron.

Los S/256 mil de deuda que tenía Nuevo Arcoiris SAC con Tesoro Minerals.

Sobre la transferencia de acciones de Patrick Elliott a Tesoro Minerals, la empresa explicó que esta se dio a través de un contrato de transferencia de acciones entre ambas personas (una natural y otra jurídica). Sudaca pidió copia del libro de matrícula de acciones para verificar todo lo señalado, pero la empresa respondió que se trata de una documentación privada.

Tesoro Minerals Corp. no posee una sucursal en nuestro país ni una partida de constitución en Sunarp. Solo tiene presencia real en el espacio electromagnético del Internet, es decir, en una página web: www.tesoromineralscorp.com. Esta es una práctica común en el opaco mundo de las ‘junior’, que aparte de Canadá o Australia suelen trabajar en países del tercer mundo abundantes en recursos naturales. “En este momento contamos con los activos necesarios para la etapa en la que nos encontramos”, dijo Nuevo Arcoiris.

El caso Manhattan

El Estudio CMS Grau ya tiene amplia –y quizás no tan buena– experiencia en Tambogrande. Curiosamente, en 1999 Miguel Grau Malachowski, de cuyo apellido toma el nombre la firma, y Juan Carlos Escudero Velando, actual managing partner de la misma, fungieron de apoderados de la minera canadiense Manhattan Minerals Corp. de cara al contrato de opción de constitución de sociedad anónima para el desarrollo de actividades mineras en ese distrito de Piura.

El derecho a la actividad minera ya había sido dado a la compañía previamente por el gobierno de Alberto Fujimori, mediante el decreto supremo 013-99-EM. Los dos decretos a favor de Nuevo Arcoiris firmados por Sagasti son estándar, casi idénticos a aquella norma.

Manhattan estuvo representada por los actuales socios del Grau, el mismo bufete legal que ahora es apoderado de Nuevo Arcoiris SAC.

En 2002, tras realizarse la primera consulta popular en Tambogrande, donde el 95% de la población dijo “No” a la minería, estallaron protestas que terminaron con la expulsión de Manhattan del país. El caso es emblemático porque se trató del primer proyecto minero de la historia en ser paralizado por oposición de una comunidad local, según la ONG Cooperacción. Desde entonces, los grandes empresarios mineros han hablado de Tambogrande como ‘el gran fracaso’ de la industria y han codiciado el momento de regresar a la zona.

La autorización para adquirir derechos mineros en Tambogrande que ha sido otorgada a Nuevo Arcoiris por el gobierno en tiempo récord está muy cerca de la zona donde Manhattan fue expulsada. Cooperacción ha publicado un reciente artículo en el que explica, a través de un mapa de geolocalización, que si bien los 21 derechos en 16.300 hectáreas no están exactamente en el mismo sitio (el proyecto de hace 20 años demandaba relocalizar todo un pueblo) la afectación sería similar porque se trata de un terreno agrícola.

El alcalde distrital de Tambogrande, Alfredo Rengifo, ha asegurado que la concesión ha sido otorgada a Nuevo Arcoiris SAC sobre hectáreas de tierras de agricultores cuyos derechos serán directamente vulnerados. Rengifo, además, ha anunciado un paro minero y la recolección de 10 mil firmas de tambograndinos para solicitar al presidente Sagasti y al Congreso la derogatoria de los decretos.

Incluso, la congresista del Partido Morado por Piura, Angélica Palomino, ha enviado un oficio –con el respaldo de su bancada, de la que hasta hace un mes formaba parte Sagasti– solicitándole al ministro de Energía y Minas la derogación de los decretos. “Dirigentes agrarios y ciudadanía […] ven con preocupación y malestar que el gobierno de transición emita dispositivos legales que deberían ser consultados previamente con las autoridades y representantes de mi región”, dice la carta.

 

 

 

El ministro Gálvez respondió a Sudaca en un correo electrónico que la concesión ha sido dada por “necesidad pública”. Aseguró que “la Ley General de Minería dispone que la industria minera es de utilidad pública y que la promoción de inversiones en la actividad minera es de interés nacional”. Ello porque “genera divisas para el país, aumenta la recaudación de impuestos, posibilita la distribución de canon”, entre otros.

Otro recuerdo: Kuntur y el gasoducto

Los elementos de la historia calzan con una conocida práctica del mundo empresarial, no solo en minería. En octubre de 2008, por ejemplo, la ‘empresa fantasma’ Kuntur obtuvo la concesión directa, sin concurso público, de la obra del primer gasoducto del sur (que luego se transformó en el proyecto Gasoducto Sur Peruano). No tenía capacidad financiera ni técnica. Al igual que Nuevo Arcoiris, fue constituida con la dirección jurídica de un estudio de abogados, el Muñiz, y carecía de oficina propia. La concesión de la obra la entregó el expresidente Alan García.

La empresa Conduit apareció después como propietaria de Kuntur, pese a que nunca hubo una relación formal entre ambas, como ocurrió entre Tesoro Minerals y Nuevo Arcoiris. Odebrecht se convirtió al poco tiempo en la encargada de construir el gasoducto para Kuntur y empezó a realizar los supuestos estudios preliminares de la obra. Como ha revelado Cuarto Poder, esto generó una millonaria deuda de Conduit con Odebrecht que aquella no podía pagar. A la postre, según documentos mostrados por el programa dominical hace tres años, fue dicha acreencia la que llevó a la brasileña a empezar la compra de acciones en Kuntur. 

El 28 de marzo de 2012, según los informes de las dos comisiones Lava Jato del Congreso, Odebrecht terminó la adquisición de Kuntur. Ya con el dominio de la zona, postuló a la nueva concesión del Gasoducto Sur Peruano y ganó. Tras estallar el ‘caso Odebrecht’, la multimillonaria obra quedó paralizada.

Conexión Canadá y los descargos 

En respuesta a un cuestionario enviado por Sudaca, el ministro Gálvez recordó que se reunió con representantes de Tesoro Minerals Corp en noviembre de 2019, en la convención minera PDAC 2019, en Canadá. Lo hizo, asegura, en su calidad de Director General de Promoción y Sostenibilidad Minera del Minem.

El ministro Gálvez no ha precisado por iniciativa de quién se realizó esa reunión formal ni ha brindado detalles de la misma. En convenciones de este tipo, empresarios mineros y funcionarios públicos se reúnen para tratar posibles futuras inversiones. Gálvez negó tener amistad ni vínculo laboral directo con Tesoro Minerals o sus abogados.

“Los decretos supremos publicados no otorgan ninguna autorización para realizar actividades mineras. Únicamente otorgan a la empresa solicitante el derecho de proseguir con sus procedimientos administrativos iniciados ante el Ingemet, a fin de obtener sus respectivas concesiones mineras”, añadió. Si bien es cierto que los trámites aún no han sido completados, los dos decretos son claros en especificar que autorizan a Nuevo Arcoiris a adquirir los derechos mineros en zona de frontera y a realizar actividad minera una vez que cumplan con el resto de requisitos legales y ambientales.

Sobre el conflicto social en la zona, Gálvez aseguró que el proyecto se desarrollará “solo si se llega a un consenso con la población” y que el proceso de participación ciudadana –cuyo resultado ya se puede adelantar de la posición del alcalde de Tambogrande– se da al final. Sobre el fallido antecedente de Manhattan Minerals, respondió que ahora “las actividades mineras han mejorado sus estándares sociales y ambientales” y que pueden coexistir con la agricultura.

Tambogrande otra vez vuelve a ser noticia, más por recovecos corporativos y cascarones empresariales que por los frutos de su tierra. Esta historia de mineras ‘fantasma’ y decretos express recién comienza.

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Francisco Sagasti, Partido morado
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