Informes

Se conocieron a través de Facebook. En enero de 2020, el peruano Iván Asencios (33) y la joven venezolana Vanessa Gil (27) intercambiaron mensajes por el chat, se hicieron amigos y se enamoraron. Cuatro meses después, empezaron a convivir. Tenían planes de casarse. En diciembre pasado, ella comenzó a sentir mareos: pensó, quizá, que estaba embarazada. Pero cuando le hicieron los exámenes médicos, le informaron que tenía leucemia aguda. Vanessa está internada desde el pasado 17 de febrero en el Hospital Neoplásicas. Allí se contagió de Covid y su vida corre peligro.

Aquel 17 de febrero, Vanessa llegó a emergencias luego de sentir fuertes mareos. Iván, que trabaja como obrero de construcción, la llevó en un taxi desde la casa donde alquila una habitación, en San Martín de Porres, hasta el centro de salud oncológico de Surquillo. La joven no tiene carnet de extranjería, uno de los requisitos para acceder a la modalidad gratuita del SIS ni a la tarifa base de 15 soles mensuales que también contempla el seguro. Así que decidieron asumir el costo real del tratamiento.

“Es muy complicado. Sabemos que la mayoría de venezolanos no está en condiciones de pagar un servicio médico”, comenta a Sudaca Carlos Scull, a cargo de la embajada -aún no reconocida por el gobierno de Maduro- de Venezuela en nuestro país. Vanessa es parte de los 576.412 venezolanos que viven en Perú y que no tienen carnet de extranjería, según cifras oficiales de Migraciones. Carlos Scull añade que este vacío debería ser tomado en cuenta por las autoridades.

Cuando Iván Asencios aceptó pagar el tratamiento, los médicos le advirtieron que era mucho dinero y le preguntaron varias veces si estaba seguro. Iván respondió que Vanessa era su pareja, que iba a casarse con ella y que iba a prestarse dinero para costear el tratamiento. Les rogó que la atendieran. Les suplicó que no la dejaran morir. Entonces, los médicos ordenaron su ingreso, pero le exigieron que presente los resultados de una prueba de médula de la mujer, que compruebe el diagnóstico. Iván tenía ese documento entre sus papeles, porque días antes había tenido que pagar S/2.400 a una clínica privada para que a Vanessa le realicen el mentado examen.

El peruano Iván Ascencios y la joven venezolana Vanessa Gil se conocieron en Facebook, intercambiaron mensajes de chat, se hicieron amigos y se enamoraron. A ella le descubrieron que tiene leucemia aguda. No tiene seguro SIS, está internada en el Hospital Neoplásicas, tiene Covid y lucha por su vida. Él es obrero de construcción y tiene que gastar S/200 diarios en medicinas. Es una dramática historia de amor.

El vía crucis de la pareja venezolana-peruana recién había empezado. Cuando Vanessa estuvo internada en Emergencias, los médicos detectaron que un niño que estaba en una cama contigua a la suya tenía Covid. Entonces hicieron pruebas de descarte a todos los pacientes y ella dio positivo. La trasladaron al cuarto piso del hospital, a un centro de aislamiento, donde todavía se recupera del virus y donde ya ha sido sometida a seis quimioterapias para superar la leucemia. No sabe hasta cuándo permanecerá allí.

Desde que su pareja está internada, Iván tiene que gastar 200 soles diarios en medicinas. La estadía de Vanessa, en Emergencias, le costó S/3.000. Para conseguir ese dinero, ha realizado polladas, se ha prestado de amigos, ha gastado sus ahorros y CTS, y ha pedido un adelanto a su jefe de la construcción donde trabaja.

En enero pasado, Vanessa -que nació en  Caracas y estudió Arquitectura- fue despedida de un centro de terapia para niños con enfermedades psicomotrices, donde trabajaba como recepcionista. La dueña pensaba que estaba embarazada debido a los mareos que tenía. Pero al enterarse de que estaba internada en el Neoplásicas, le pidió perdón y ayudó a la pareja con algunos gastos del hospital. Pero el aporte es insuficiente. En Perú, Vanessa no tiene familiares.

La solución para seguir solventando el tratamiento de Vanessa es que Migraciones le otorgue el carnet de extranjería para personas vulnerables. De esa forma, podría obtener su seguro ‘SIS gratuito’, por la humilde condición en la que vive, y estarían cubiertos todos los costos de su tratamiento, al que se ha sumado el Covid. También podría acceder a la modalidad denominada “SIS pago”, que le permitiría acceder al seguro desde 15 soles mensuales. El pasado 18 de febrero, Iván inició el trámite para lograrlo.

Iván Asencios ha iniciado una campaña para solventar los gastos económicos diarios del internamiento, en el Neoplásicas, de Vanessa. Élla no tiene seguro porque no posee carnet de extranjería ni PTP. El joven peruano ha gastado sus ahorros, su CTS, realiza polladas y se ha prestado dinero de sus amigos. ¿Le ayudamos?

Casi todas las mañanas, el hombre de 33 años toma un bus para dirigirse al Hospital Neoplásicas y preguntar por el estado de salud de Vanessa. Durante el trayecto, a veces se le da por buscar una canción en su celular: ‘Te adoraré’, del compatriota de Vanessa, Ricardo Montaner. Y entonces llega a un estribillo (“te adoraré/te doy mi vida entera”) que le hace recordar la promesa que le hizo una vez a la joven: casarse y traer a Perú a la hija de ella -Valeska, de 10 años- que aún vive en Caracas. Asegura que la querrá como a una segunda hija.

Cifras de espanto

Scull señala que 500 mil venezolanos están a la espera del inicio del trámite del Carnet de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), que fue aprobado en octubre del año pasado a través del decreto supremo N°010-2020. Es la fase previa para obtener carnet de extranjería y, además, les permitiría a los venezolanos contar con un RUC e ingresar al sistema bancario por un año (**).

Deivis Ramírez, por ejemplo, busca tener el nuevo carnet. Hace un año, su pareja quedó embarazada y estuvo a punto de pagar por la atención médica en el hospital Santa Rosa de Pueblo Libre, pero una asistenta social le permitió atenderse gratuitamente por su precaria condición económica. Él es vendedor ambulante. “En el parto de mi esposa, sólo pagué S/700 por las medicinas. Mi hija tiene su DNI y le han dado SIS gratuito”, señala Deivis. Su hija peruana se llama Isabela.

Deivis Ramírez es papá de Isabela. Ella es peruana, tiene un año y tres meses de edad y nació en el hospital Santa Rosa de Pueblo Libre. El joven ni su pareja están inscritos en el SIS porque no poseen carnet de extranjería ni PTP, al igual que Vanessa Gil. El nosocomio le apoyó en el nacimiento de su hija para que solo paguen los medicamentos (foto: Juan Carlos Chamorro).

El hombre de 27 años se dedica a la venta de mascarillas K-95 en la avenida La Marina, en Pueblo Libre. En su natal ciudad de Táchira trabajaba como pintor y, cuando llegó a Lima, hace cuatro años, empezó vendiendo gaseosas en las calles de San Miguel.

Es el único miembro de su hogar que trabaja. Su pareja se dedica a cuidar a la bebé de ambos, Andrea. Antes de la pandemia, Deivis podía ganar entre S/60 y S/70 al día vendiendo gaseosas. Ahora sólo obtiene S/40. El migrante anhela que las vacunas contra el Covid-19 también sean aplicadas a sus compatriotas. Según los reportes del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), hasta el pasado viernes, la cifra de venezolanos muertos desde que empezó la pandemia es de 286. No se especifica si fue a consecuencia del virus porque no se realizan las necropsias.

Los números que deja la migración venezolana no son alentadores. La directora de la ONG, Veneactiva, Nancy Arellano, dice que de los 826 mil venezolanos que viven en Perú, solo 50 mil venezolanos poseen un trabajo formal. Según cifras oficiales de Migraciones, de enero de este año, existen 32,500 trabajadores independientes, 21,001 comerciantes, 14,652 vendedores, 13,469 administradores de empresas y 76,617 empleados [ver infografía].

Lima, con 450 mil venezolanos, es la ciudad que alberga la mayor cantidad de migrantes que huyeron del régimen de Nicolás Maduro. De los 826 mil venezolanos que viven en nuestro país, solo 50 mil trabajan en el sector formal (Infografía: Leyla López).

Una encuesta regional del centro de investigación Equilibrium CenDE, realizada en octubre del año pasado a 687 venezolanos que viven en Perú, determinó que el 43% de los migrantes vio reducido sus ingresos por la pandemia a más de la mitad; y, un 17%, casi a la mitad. Es el caso de Will, que nos pide no revelar su identidad.

El joven de 28 años es natural de Caracas y es chef especializado en comida japonesa. En Lima fue cocinero en varios restaurantes, pero recibía un sueldo mínimo, que no le ayudaba a cubrir los gastos del colegio de su hermana de 17 años, que vive con él. Will también tuvo Covid, pero fue asintomático.

Hace dos años, la crisis lo llevó a ser repartidor de la empresa Rappi. Cuenta que sus ingresos han caído casi en un 40% desde que empezó la pandemia. Según cifras de la Embajada de Venezuela del 2019, había 5 mil venezolanos trabajando en la empresa distribuidora por el aplicativo Rappi. Hoy esa cifra podría haberse disparado.

Will reclama que los montos que la empresa paga por el reparto de comida es muy bajo. Actualmente, sus ingresos diarios oscilan entre 20 y 40 soles diarios, trabajando más de 12 horas. Aunque -confiesa- a veces es menos.

El migrante se queja de que la empresa no considera, como parte de su pago, la distancia que recorre desde el punto donde se encuentra esperando el pedido hasta el local donde recoge la comida para llevársela a los clientes del aplicativo. Sudaca envió un cuestionario a Rappi, vía Messenger, pero no respondieron.

Will responde que su sueño es tener un local de venta de makis con entrega a domicilio. “¿Quieres seguir viviendo en Perú?”, le preguntamos. El migrante dice que el trato que recibe de las autoridades peruanas “es mejor que en Panamá”, donde pasó una temporada. “El tema migratorio [allá] es difícil. La persecución era atroz. Muy fuerte. Literalmente: entraban al restaurante a buscar extranjeros [sin papeles], para sacarlos y deportarlos. Tuve que irme”, cuenta, mientras coge su celular para ver si tiene un nuevo pedido.

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(**) Según Migraciones, de los 826.412 venezolanos que viven en el país, 439.362 recibieron la entrega del Permiso Temporal de Trabajo (PTP). Además, hay 250 mil que poseen carnet de extranjería. El PTP tenía vigencia de un año y permitía a los migrantes poder trabajar y, después, obtener el carnet de extranjería, que les da el acceso al Seguro Integral de Salud (SIS), solo bajo la opción de «SIS-pago». Cuando venció el PTP, que tenía duración de un año, de esos 439.362 venezolanos, muchos optaron por sacar su carnet de extranjería (entonces, si se hace cálculos separados, la cifra de venezolanos en el Perú pareciera que se incrementa, pero lo que pasa es que, en realidad, en el número de quienes tienen PTP se suma, en muchos casos, a los que les entregaron dicho documento y a los que, a su vez, han obtenido el carnet de extranjería; entonces, en el papel, aparecen migrantes que tienen los dos documentos; la cantidad de quienes tienen PTP «entregados» no discrimina a los que ya tienen carnet de extranjería); aparte, otro grupo, hizo su trámite y aún no recibe ese documento (carnet de extranjería). Además, hay 500 mil venezolanos que están tramitando sus refugios y no poseen PTP ni carnet de extranjería. ¿Qué harán? Ellos tendrán que sacar el Carnet de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), que es un documento que reemplaza al antiguo PTP (cuya entrega se suspendió en eñ 2018). En octubre del año pasado, el gobierno promulgó la resolución suprema N°010-2020 que autoriza  la entrega del CPP, pero aún no se inicia el trámite de inscripción. ¿Por qué? Porque no habría aún la decisión política de hacerlo.

(*) Fotocomposición e Infografía: Leyla López

(*) Fecha de publicación: 7 de marzo de 2021

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El 25 de febrero, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, nombró al nuevo jefe de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública (DGIESP), el órgano de su cartera que tiene a cargo el plan de vacunación contra el Covid-19. Nada menos. El elegido es el epidemiólogo Luis Alberto Huamaní Palomino (61) y su llegada se da una semana después de que la anterior cabeza de aquella dirección, Aldo Lucchetti, renunciara por ser parte de la lista VIP del caso “Vacunagate”.

Luis Alberto Huamaní, con más de 20 años de experiencia en el sector público, figura, sin embargo, en otra lista: la de 16 funcionarios del Gobierno Regional de Áncash investigados por el presunto direccionamiento de una millonaria obra en el Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón”, el principal de Chimbote. La construcción −dos ambientes destinados a UCI que se levantaron a mediados del año pasado− acabó siendo un mamarracho y hoy está deshabitada. Para algunos colegas de Huamaní, la obra es un reflejo de su paso por la región. Él, por su puesto, rechaza todos los cargos.

Sospecha fiscal

Huamaní Palomino fue jefe de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Áncash desde mediados del 2019. Las primeras críticas en su contra, según algunos medios locales, aludían a su condición de forastero: Huamaní no es ancashino, sino arequipeño. Con la llegada de la pandemia, sin embargo, a sus colegas no les fue difícil encontrar mejores argumentos. “Su gestión fue desastrosa. La mayor cantidad de muertes se ha dado por su negligencia. Nunca implementó un plan efectivo contra el Covid”, dice el doctor Leandro Pérez, jefe del cuerpo médico del Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón” de Áncash.

Esa afirmación tiene un sustento bastante gráfico: los dos ambientes de drywall al interior del terreno del hospital, cuya construcción tuvo el aval de la Diresa. La infraestructura debía albergar, supuestamente, casos graves de Covid-19, pero apenas pudo atender a los pacientes con síntomas moderados y lo hizo apenas por unas semanas. Hoy la obra luce totalmente abandonada. “Son dos ambientes que no tenían ventilación. No se pueden usar ni para hospitalización. ¡Es un cajón! ¡Si pones personal ahí, se va a contagiar de inmediato!”, se queja el doctor Leandro Pérez.

Como a casi todas las malas obras, a esta también le habría antecedido la corrupción.

El doctor Leandro Pérez, jefe del cuerpo médico del Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón”. Atrás: el mamarracho sobrevalorado mandado a construir por el Gobierno Regional de Áncash.

Desde mayo del 2020, el fiscal anticorrupción Robert Rojas venía investigando el direccionamiento de este proyecto y la adquisición de equipos médicos. El monto que desembolsó la gestión regional −en ambos, estructura y equipos− fue de S/10.061.072,61, aproximadamente S/2.000.000 más de lo que el expediente técnico calculó inicialmente. El desembolso se hizo a pesar de que el contratista, la empresa Quimera SAC, no tenía experiencia en ese giro de negocio, según la Fiscalía y la Contraloría.

El problema no sólo fue la inutilidad de la obra, sino que además se realizó bajo un tipo de inversión estatal (Inversión de Optimización-IOARR) que no permite la creación de nueva infraestructura, sino únicamente la remodelación de los pabellones existentes. “Siempre se le dijo al doctor Huamaní Palomino que existía otra infraestructura abandonada que se pudo haber refaccionado. Y ahí se pudo haber hecho todo el local para el Covid”, explica el doctor Luis Johanson Arias, decano del Colegio Médico de Áncash.

En diciembre pasado, Robert Rojas lideró un operativo que terminó con la detención del entonces gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo, y logró que se le dicte nueve meses de prisión preventiva. La fiscalía anticorrupción puso en la mira a 15 funcionarios más, entre ellos, Luis Alberto Huamaní, entonces mandamás de la Diresa de Áncash.

Parte de la ampliación de investigación de la fiscalía anticorrupción contra el doctor Huamaní Palomino. Se le imputa el delito de colusión agravada.

El pasado 4 de diciembre, el fiscal amplió por ocho meses más la investigación preparatoria contra Huamaní por el delito de colusión agravada. Le imputa haber firmado un informe técnico y un “plan de reforzamiento de equipos de salud” entre el 24 y el 26 de marzo del 2020, que permitieron la construcción de marras.

Consultado por Sudaca, el funcionario rechaza estar involucrado en el direccionamiento de la obra y apunta que los documentos que firmó nada tuvieron que ver “con el proceso de elaboración y aprobación de la inversión, ni con el contrato con la empresa, ni con la supervisión y recepción [de la obra]”.

Pero en el Ministerio Público y en el cuerpo médico del Hospital Regional piensan distinto. “Su participación fue clave. Todo contó con su anuencia y dio inicio no sólo a la construcción hecha al interior del Hospital Regional, sino en otros dos hospitales”, dice el fiscal Robert Rojas. “Él [Huamaní] fue el responsable de toda esta obra, esto no podría haber pasado sin la autorización del director regional de salud. ¡Es un desastre!”, añade el indignado doctor Leandro Pérez.

El nombramiento del médico Luis Alberto Huamaní fue oficializado con una resolución del ministro Óscar Ugarte el pasado 25 de febrero. ¿No había más opciones?

Como fuese, el epidemiólogo se anima a defender la inútil construcción. “Las camas de esos ambientes, tenga la seguridad, se usaron. Otra cosa es que, cuando hubo mayor cantidad de hospitalizados, el Minsa construyó dos hospitales temporales y los pacientes pasaron ahí. Yo confío en la investigación fiscal”, apunta.

Huamaní dice, además, haberse ido de Áncash a fines de diciembre, luego de haber conseguido “logros relevantes” en su gestión y señala no conocer ninguna crítica en su contra. Más bien, afirma que la región nunca llegó a un colapso sanitario bajo su liderazgo. Pero es mentira. A mediados de junio, en el pico de contagios, los hospitales ya no recibían un paciente más: no había camas ni médicos especialistas. Y la tasa de mortalidad era la segunda más alta a nivel nacional: 6,7%, según cifras del propio gobierno regional. De hecho, cuando se empezó a levantar la cuarentena en varias regiones, a finales de ese mes, Áncash fue una de las siete que no pudo hacerlo por sus pésimos indicadores.

En el Colegio Médico de la región también tienen un recuerdo muy distinto al del flamante directivo del Minsa. “El balance de su gestión fue negativo. El plan de contingencia nunca se ejecutó al 100% y tuvo muchos errores en marchas y contramarchas, porque trabajaba con un grupo de personas que tomaban las decisiones sin consultar a los entes técnicos. Yo, como nota, le pongo 10 u 11. No le pongo más”, comenta el doctor Luis Johanson. Huamaní es ahora el responsable de la estrategia de inmunización a nivel nacional. En esas manos estamos.

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Minsa

“En este momento tenemos sólo de Sinopharm y tenemos el registro de Pfizer”, aseguró el domingo pasado el presidente Francisco Sagasti en una entrevista para Cuarto Poder. Se refería al ‘registro sanitario condicional’ que ambas vacunas necesitan para ingresar al país. Su afirmación, sin embargo, es falsa. Sudaca pudo confirmar que hasta el martes de esta semana no se había tramitado dicho requisito para la vacuna china. Y el porqué es importante.

 

El ‘registro sanitario condicional’ es un mecanismo creado para que las vacunas contra la Covid-19 puedan ingresar al país pese a no haber terminado su fase III de ensayos en humanos. Sin él, ninguna podría llegar −por lo menos− en los próximos seis meses. No obstante, el producto de Sinopharm ni siquiera cumplió con los requisitos básicos exigidos por este nuevo procedimiento expedito. Por eso se le otorgó apenas una ‘autorización excepcional de importación’ para un millón de dosis hasta el 30 de abril. Un registro sanitario condicional, como el que sí obtuvo la droguería Pfizer, le permitiría traer un número ilimitado de vacunas durante todo un año. La oficina de prensa de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) aseguró a Sudaca que ni siquiera existe una solicitud formal para tramitar el registro, la que debe ser presentada por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares). En esta última institución se limitaron a decir que ya se “está tramitando la solicitud” y que están “en plenas coordinaciones”. Digemid tampoco quiso ahondar en mayores detalles.

 

El porqué de todo esto es lo más importante, y está refundido entre las más de 2.000 páginas de anexos del inocuo informe que elaboró la comisión presidida por Fernando Carbone sobre el VacunaGate. ¿Dónde? En la entrevista hecha a Sofía Salas Pumacayo, quien hasta el último 22 de febrero fue la directora ejecutiva de Productos Farmacéuticos de la Digemid. Salas tuvo que renunciar por ser parte del escándalo, como reveló este medio: recibió dos inyecciones de la vacuna china y luego autorizó su ingreso al país mediante una resolución directorial. Sofia Salas, químico farmacéutica de profesión, detalló a la comisión cómo en febrero pasado el primer millón de dosis de Sinopharm aterrizó en Perú sin que se hayan presentado todos los documentos necesarios para asegurar su calidad. Salas explicó que a las vacunas les hacían falta varios papeles básicos para poder acceder al registro sanitario condicional que aprobó el propio gobierno. Aún así, decidieron traerlas.

Un fragmento del registro de entrevista a Sofía Salas Pumacayo, directora de línea en la Digemid. Ella asegura que la vacuna china no tenía la documentación completa.

“No tenía los resultados preliminares del estudio técnico de fase III. La información que mandaron era de los ensayos clínicos en otros países”, contó la exfuncionaria. Esto, según fuentes especializadas en procesos de investigación clínica consultadas por Sudaca, implica que no se pueda garantizar la eficacia señalada para un producto.

Pero no fue lo único. La químico farmacéutica se explayó en más omisiones. Dijo, por ejemplo, que faltaba comprobar las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), para lo cual “tiene que ir Digemid a China”. Las BPM son el conjunto de procesos que aseguran la fabricación de una vacuna sea “uniforme y controlada”, según información del propio Ministerio de Salud (Minsa). Además de asegurar “la calidad del producto”, evitan, por ejemplo, casos de contaminación cruzada cuando se produce en serie. ¿Está capacitado el personal? ¿Son salubres las instalaciones de producción? La Digemid no tenía respuestas certeras para estas preguntas.

La resolución que firma Salas simplemente menciona que la autoridad de medicinas de China ya emitió un certificado alegando que las BPM sí se cumplen. Sin embargo, para que ello sea válido, China tendría que estar entre los países de alta vigilancia sanitaria reconocidos por el Perú. No es el caso: hasta el 2019 allí solo había países europeos junto a Estados Unidos y Canadá, cuyas instituciones el Perú considera lo suficientemente confiables de homologar.

Refundida entre los anexos no publicados del informe Carbone, la declaración de Salas aporta información clave sobre la llegada del primer millón de vacunas chinas.

Según Salas, tampoco se presentó un correcto “plan de gestión de riesgos”. Este debe contener todas las actividades de farmacovigilancia posteriores al arribo de las dosis, como verificar su eficacia, minimizar riesgos, prevenir situaciones adversas. La exfuncionaria de la Digemid dijo que el plan fue presentado, pero que recibió muchas observaciones.

“Hubo una reunión en el despacho el 26 de enero de 2021 y se les presentó los documentos [no precisa a quiénes] demostrando que faltaba documentación, pero ya estaba la compra y las vacunas iban a llegar”, explicó Salas a la comisión Carbone. Ese mismo día, firmó la resolución que autorizaba al Cenares a importar el primer millón. El 7 de febrero, una aeronave con las primeras 300.000 dosis llegó al Perú.

Para que el Cenares pueda tramitar el registro sanitario condicional, que aún está pendiente, se deberán haber solucionado los vacíos documentarios descritos por Salas. Mientras ello no ocurra, ni una sola dosis más −y el gobierno ha anunciado que planea traer 37 millones más− puede aterrizar en el Perú. A diferencia de Pfizer, que obtuvo el permiso mediante su sucursal en el país, el Cenares se encargará de los trámites de la vacuna de Sinopharm.

“Esta información pone en duda la calidad de la vacuna que llegó al país. Cuando uno pide un registro a la Digemid, te demandan requisitos. De estos depende que funcione como dice funcionar”, explica a este medio una fuente que ha trabajado en el Instituto Nacional de Salud y que pidió mantener su identidad en reserva. Sudaca ha intentado comunicarse con Sofía Salas a través de distintos medios, pero no tuvo éxito.

 

Pequeñas revelaciones

En 66 páginas, el informe Carbone no dijo casi nada que no hubiera sido advertido previamente por la prensa. Sin embargo, en sus anexos sí hay más información interesante. Por ejemplo, la comisión identifica a la estadounidense Kelika Konda, una de las personas que se vacunó sin ser parte del ensayo clínico, como miembro del Comité de Monitoreo de Datos y Seguridad (DSMB, por sus siglas en inglés) del propio estudio. La comisión Carbone sí identificó a Kelika Konda como parte del supuestamente imparcial DSMB del ensayo clínico de Sinopharm.

Los miembros de un DSMB no deberían tener lazos personales o profesionales con la investigación que van a supervisar. La naturaleza de ese comité es, per se, independiente. Entre sus funciones tiene −por ejemplo− la de analizar cualquier evento adverso que se produzca, sea la muerte de un voluntario o una reacción alérgica, para determinar si el estudio debe continuar. También analiza su progreso, monitorear que se cumpla su protocolo y certifica la integridad de los datos declarados.

Que Konda se haya vacunado por fuera del ensayo clínico, según una de las fuentes antes citadas, implica una falta ética y un serio conflicto de intereses. Además, asegura, podría someter a serios cuestionamiento todo el estudio de Sinopharm en el Perú.

Los anexos del informe Carbone, además, contienen la carta mediante la cual Luis Quesada, el embajador del Perú en China, le solicita formalmente a una subsidiaria de Sinopharm −la CNBG− 2.000 dosis adicionales para que “1.000 personas del equipo peruano” de investigación sean inmunizadas. Si bien el gobierno ya había hecho público el pedido diplomático, hasta hoy no se había revelado el la solicitud oficial. Hoy sabemos que la inmunización fue mucho más allá del círculo laboralmente vinculado al ensayo.

La carta oficial mediante la cual el embajador Luis Quesada pide 2.000 vacunas ‘para el equipo de investigación’. Por su parte, el Dr. Aldo Lucchetti, exdirector general de intervenciones estratégicas en salud pública del Minsa, revela en su entrevista que la exministra Pilar Mazzetti le pidió a su oficina “hacer una resolución que justifique la vacunación del presidente [Sagasti] cuando llegaran las vacunas, porque no querían tener ningún problema”. Esto, debido a que “se había dicho que primero se vacunaba a la primera línea”. Si bien esto no implica ninguna responsabilidad penal o funcional, sí ayuda a entender cómo se resolvió la polémica sobre la inclusión de Sagasti en los primeros días de vacunación. Lucchetti confirmó a Sudaca que el documento fue elaborado por su dirección y que se sustentó en el principio de que, ante una situación de catástrofe, siempre debe inmunizarse a las autoridades que rigen la nación. Efectivamente, el 9 de febrero, pocos días antes de que estallara el VacunaGate, el Minsa emitió una resolución ministerial incluyendo al presidente en la fase I de la vacunación. “Con el visado del Director General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública”, dice el documento. Sagasti fue uno de los primeros en recibir la inyección, pocos días después.

En las próximas semanas, este medio continuará revisando las miles de páginas de los anexos del informe Carbone para traer más novedades.

Juntos en la adversidad. Ese es el juramento que hicieron, al casarse, María Ángela Melgarejo y Luis Pérez. Y lo han cumplido en la época más dura de la pandemia. Los esposos siempre quisieron darle una educación sólida a su hijo Stefano y, por eso, en el 2011, lo matricularon en el colegio privado Innova Schools de San Miguel. Con el arribo del nuevo coronavirus, sin embargo, los dos fueron despedidos de la empresa en la que trabajaban. Era marzo del 2020 y supieron que se les venían tiempos muy duros.

Apenas un mes después, en abril, los esposos tuvieron que enfrentarse a otro episodio desgarrador: Luis Ronald Pérez, el suegro de María Ángela, murió de Covid-19. Con los gastos médicos encima, tocaba tomar medidas de emergencia. El matrimonio postuló a su hijo a la “Beca Covid-19” que ofrece Innova Schools, la cadena de colegios del grupo Intercorp, que dirige el magnate Carlos Rodríguez Pastor. Los esposos explicaron que ambos estaban sin trabajo y que el abuelo de Stefano había fallecido por el virus (como era requisito). Pensaron que después de la tempestad, llegaría un poco de calma. Se equivocaron.

El colegio le respondió, vía e-mail, con la frialdad de un congelador alemán: “su caso no ha calificado”. Fue un golpe duro para los jóvenes esposos, pero no había tiempo para lamentarse. ¿Qué hicieron? Primero, retiraron a su hijo del Innova Schools: no tenían suficientes ingresos para seguir pagando la pensión de S/527. Ese es el precio que fijó el colegio durante la pandemia, y que supone un descuento del 15%, obligado por las masivas quejas de los padres.

Aunque puede que la cifra no suene tan alta, S/527 era demasiado dinero para María Ángela y Luis en ese momento. A ambos les dolió mucho −hasta hoy les duele− que Innova Schools, el colegio en el que Stefano había estudiado desde el primer grado de primaria, les diera la espalda en ese momento tan difícil.

“Mi hijo está emocionalmente afectado. Ha estado triste todo el año. He tenido que acompañarlo a una terapia, con un familiar, para que lo pueda ayudar. Teníamos el tema familiar por el Covid [murió su abuelo] y a eso se sumó el cambio del colegio. Nosotros, como familia, hemos estado bien identificados con el colegio [Innova]. Todo esto afectó el tema familiar. Expuse [mi caso] al colegio y este rechazó nuestra petición”, lamentó María Ángela en diálogo con Sudaca.

Esta es la respuesta, vía e.mail, que recibió María Angélica Melgarejo, por parte de Innova Schools de San Miguel, cuando postuló a la Beca Covid-19: «no ha calificado». La mamá de Stefano le explicó que su suegro había muerto de Covid, pero aún así no le dieron la beca.

Al estar desempleados, los esposos decidieron trasladar a su pequeño al colegio Liceo Naval de San Borja, donde la mensualidad es de S/330. “Si me hubieran dado media beca o un cuarto de beca [en el Innova], hacíamos un esfuerzo y nos quedábamos, pero no nos la dieron”, señala la madre de familia. Según datos del Indecopi, Innova School −la cadena de colegios más grande del país− es también la más sancionada entre el 2017 y el 2020, y la que más reportes registró ante el organismo el año pasado.

Antes de retirarse, Innova Schools le dijo a María Ángela que tenía que pagar las mensualidades de abril y mayo del sexto grado de primaria, pese a que solo llevó clases virtuales hasta la primera semana de mayo. Ella les respondió que le descuenten de las devoluciones que tenían pendientes por hacerle: la cuota de ingreso (ordenado por en el decreto de urgencia N°002-2020) y el mes de marzo, por la postergación de las clases.

Al no arribar a un acuerdo, María Ángela retiró a su hijo sin pagar esos dos meses. El colegio solo le entregó las notas de Stefano de forma virtual, pero no los documentos impresos. Los esposos no encontraban trabajo. Decidieron, entonces, hacer eso que la retórica popular define como “reinventarse”: un emprendimiento que nunca antes pensaron, sin el apoyo de nadie (menos del Estado).

Antes de la pandemia, los esposos trabajaban en la empresa Mega Point. Sus ingresos mensuales eran variables, pero podían llegar, a veces, en conjunto, a los S/5.000. La empresa era de eventos sociales y catering (distribución de alimentos), y tenía clientes importantes, como el circo de la “Chola Chabuca”.

Como ambos ya tenían experiencia en el rubro alimenticio, se propusieron crear un servicio de delivery de lasagnas artesanales. Al nuevo emprendimiento lo bautizaron como D’Antonella. ¿Por qué? Por el nombre de su otra hija, como una cábala para atraer la buena suerte. María Ángela se encargó de preparar las lasagnas y Luis las repartiría en bicicleta.

D’Antonella hoy es un pequeño negocio familiar que la pareja está sacando adelante con orgullo y a contracorriente. En setiembre María Ángela logró aparecer en el programa Fanáticos Digital de Facebook. Allí, vestida con un mandil que lleva el logo de su empresa, promocionó con emoción las bondades de sus lasagnas hechas con la receta secreta de la mamá de su esposo, quien vivió muchos años en Italia. El negocio les genera hoy una pequeña ganancia de S/1.600. Ya mejorará, piensan.

Mientras, este año han tenido que volver a trasladar a Stefano a otro colegio. Uno todavía más barato, el Santa María de Breña, que cobra una mensualidad de S/220. Aunque la pandemia ha golpeado muy duro a la familia, nunca logró quebrarla.

Del Regina Pacis al Newton de Jesús María 

Un recuerdo familiar en una piscina, todos sonrientes. Esa es la foto que tiene en su perfil de Whatsapp el abogado Adolfo Gamarra. Desde que nació su hija Mikaela, él estuvo convencido de que ella debía tener una educación con valores católicos. El año pasado cumplió su objetivo y la pudo matricular en el tradicional colegio Regina Pacis de Surco. Conseguir esa plaza, sin embargo, no le resultó nada fácil.

El papá de Mikaela tuvo que presentar una carta de postulación, esperó que haya una vacante y canceló la cuota de ingreso de S/7.000. La mensualidad del colegio, de S/1.490, no iba ser un dolor de cabeza para la joven pareja: el abogado tenía el apoyo económico de su esposa, quien trabaja en el sector público. La segunda semana de marzo empezaron sus clases en el primer grado de primaria. No se imaginaban lo que estaba por venir.

Mikaela solo asistió la primera semana al colegio debido a la suspensión de las clases presenciales por la cuarentena de marzo del 2020. En abril iniciaron las clases virtuales. “Mientras [avanzaban] las clases, se creó un grupo de chat [vía Whatsapp] de los padres de familia, en el que comenzaron a presentar reclamos individuales para las mejoras [económicas]. En mayo hubo un reajuste del 10% [descuento en las pensiones]. La gente no estuvo conforme. Muchos comenzaron a migrar. Entre ellos, yo”, recuerda el abogado.

El abogado Adolfo Gamarra tuvo que trasladar a su hija Mikaela del colegio Regina Pacis de Surco al colegio Newton de Jesús María (foto). Señala que no le quisieron rebajar la pensión más del 10%; una beca o media beca, menos.

La gran mayoría de padres, entre ellos Adolfo, pidió al Regina Pacis que se ponga la mano en el corazón y otorgue un descuento mayor al 10%. No lo lograron. Menos todavía, que les dieran media beca, en aras de la solidaridad católica. “En mi caso, yo pagué S/7.000 de ingreso y me devolvieron S/4.000. No sé si [el descuento que me hicieron] fue de marzo y abril o de abril y mayo. Pero, no debieron descontar esos montos de pensión porque el servicio no se estaba prestando de forma continua”, reclama el abogado.

Con el Poder Judicial cerrado y atendiendo sólo de forma virtual, los clientes del abogado eran cada vez menos. Por lo tanto, sus ingresos también. Pagar su crédito hipotecario de S/230.000 teniendo a su hija en el Regina Pacis le resultaba imposible. Tuvo que cambiarla al colegio Isaac Newton de Jesús María. Este plantel abrió sus puertas hace 25 años, en una bonita casona ubicada en la cuadra 23 de la Av. Brasil.

En La Molina hay un colegio que tiene el mismo nombre y cuya mensualidad supera los US$1.000 mensuales. Algo impensable para Adolfo, que inscribió a su hija en el colegio homónimo, cuya mensualidad si está al alcance del bolsillo del común de los peruanos. El año pasado, arrancó con una mensualidad de S/600, pero por pandemia la redujo a S/370, pensando en los padres de familia. Este año ha subido apenas S/40, a S/410.

Este año, Adolfo ha renovado la estancia de Mikaela en el Newton de Jesús María. El directivo del colegio, Guillermo Cabrera, señaló a Sudaca que los padres de familia podrán encontrar en su colegio  “un plus”: el apoyo y la empatía de su plana docente y administrativa, sobre todo en estos momentos tan difíciles.

Los traslados en provincia

Padre es el que cría. Ese es un viejo proverbio popular que ha puesto en práctica con su nieto Alessandro el exfutbolista del Deportivo Junín, Gustavo Carbajal, quien asegura haber defendido, entre 1977 y 1979, los colores de ese club huancaíno en primera división. Don Gustavo lo ha criado como si fuera su propio hijo.

Unos amigos le recomendaron inscribir a Alessandro en el colegio Innova Schools de Huancayo y él aceptó. Se identificó rápidamente con el modelo de enseñanza. Nos ha enviado fotos en las que se le ve participando en actividades con otros padres de familia, vivencias que le es difícil olvidar. Por ejemplo, hay una en la que participa con otros papás y mamás en un desfile por las calles de la sede “Blue House”. Todos llevaban ropa azul. Los vecinos les aplauden. Era un orgullo para don Gustavo decirle a sus amigos que Alessandro, su nieto, estudiaba en el Innova. En cada comunicado, el colegio se dirigía a los padres como “familia” y ese detalle lo hacía sentir muy bien.

Un día, Don Gustavo fue nombrado delegado de la sede “Blue House” −o casa azul− y se sintió más integrado a la “familia” del colegio. Cuando empezó la cuarentena, la empresa de distribución de alimentos en la que trabajaba como jefe de ventas le jugó mal. Le dijo que se quede en su casa por tener 60 años. Un día fueron a su domicilio y, con engaños, se llevaron su computadora para realizar supuestas mejoras en la misma. Se quedaron con su base de datos de clientes. A los pocos días, le despidieron.

Hasta antes de marzo Don Gustavo llegaba a ganar S/3.000 al mes. Comenzó, entonces, su vía crucis con Innova Schools. Con ese colegio que lo llamaba “familia”. Pidió que a la pensión de su nieto Alesandro, al que él llama hijo, le recorte el 50%. Se negaron a hacerlo. La mensualidad era de S/520, pero el colegio, presionado por las quejas, la rebajó apenas a S/480. Solo el 15%.

El colegio Innova Schools de Huancayo, asegura Gustavo Carbajal , le rechazó acceder al fraccionamiento de 36 meses del pago de su deuda. Le dijeron, añade, que no calificaba por haberse retrasado en el pago de un mes en el año 2019. Por eso, tuvo que cambiar a su nieto Alessandro a otro colegio. Este es el e-mail que le envió Innova.

Don Gustavo cuenta a Sudaca que unos 200 padres de familia de todo Huancayo decidieron no pagar las pensiones. A la protesta se sumaron otras familias de los Innova de Arequipa y Puno. Eso sí, sus hijos siguieron recibiendo las clases, pese a no haber pagado todo el año escolar, porque así lo dispuso el gobierno. Él fue uno de los padres que decidió no pagar.

A fin de año les dieron un cronograma para cancelar las deudas. Había un atractivo plan de fraccionamiento que implicaba cancelar S/77 a lo largo de 36 meses. Sin embargo, a Don Gustavo le dijeron que “no calificaba” por haberse atrasado en un pago en el 2019. Quiere pagar la deuda, pero hasta ahora no le dan otra alternativa.

Decepcionado del trato diferenciado que recibió de esa gran “familia” que era Innova, decidió trasladar a Alessandro a otro colegio privado, el Emilia Barcia Boniffatti, donde pagará solo S/200 al mes. “Me hubiera gustado seguir apostando por mi nieto y no cambiarle de colegio, porque uno siempre busca darle la mejor educación a un hijo”, sostiene, muy apenado.

 

De Trilce de la Molina a Santa Anita

Tener a sus tres hijos estudiando en el colegio Trilce de La Molina significó para el empresario de transporte Erwin Hinostroza dar un pequeño salto hacia el éxito. Ello no solo le garantizaba que sus hijos tendrían una buena educación, sino que él podía ampliar su círculo social entre la gran cantidad de padres de esa sede. Allí conoció buenos amigos e hizo contactos, sobre todo para hacer negocios en su rubro: el traslado de personal en buses.

Erwin Hinostroza tuvo que sacar a sus tres hijos del colegio Trilce de La Molina y los trasladó al colegio Alfonso Ugarte de Santa Anita. Un día le pasaron este afiche de Gustavo Rosas, un señor que se hace llamar el ‘Ángel de la Educación’. Se contactó con él y le hizo un atractivo precio «combo» que no pudo dejar de aceptar.

Hasta antes de la pandemia, Erwin estuvo pagando S/800 de mensualidad por cada uno de sus hijos. En total, gastaba al mes, solo en pensiones, S/2.400. Al llegar la pandemia, el colegio decidió rebajar las mensualidades a S/680. Erwin hizo el esfuerzo de seguir pagando todo el año, pese a que no quisieron rebajarle el 50% que él había pedido.

En enero del 2021, sin embargo, él y su esposa se enfermaron de Covid.19. Eso le hizo reflexionar: la vida se podía ir en un segundo, tenía que ahorrar. Un día se enteró por unos amigos que en el colegio particular Alfonso Ugarte de Santa Anita estaban dando facilidades para el traslado de alumnos de otros colegios. Tomó contacto, entonces, con el promotor del colegio, Gustavo Rosas, quien se hace llamar el ‘Angel de la Educación’. Él le hizo un precio “combo” para sus tres vástagos.

Para sus hijos que estudian primaria, Mariano y Felipe, le han rebajado la mensualidad a S/ 250. Para Rodrigo, quien está en primero de secundaria, le han dejado la pensión a S/260. En total, pagará S/760 por las mensualidades de sus tres hijos, casi la tercera parte de lo que pagaba en el Trilce de la Molina.

 

Más de 200 mil traslados en Lima

Sobre el clamor de los padres ante las pensiones de sus hijos, Sudaca envió cuestionarios al Ministerio de Educación (Minedu) y al Indecopi. El Minedu respondió que “es importante recordar que en nuestro país no hay control de precios por parte del Estado; por ello, las familias y las instituciones educativas deben llegar a un acuerdo [de los precios de las pensiones]”.

Sobre ese mismo tema, la gerenta de Supervisión y Fiscalización de Indecopi, Ana Peña, precisó que si bien los precios “no pueden ser objeto de fijación o regulación”, esto no quiere decir que “no existen derechos que protejan a las familias”. Adelantó que, para evitar abusos y cobros indebidos, este año han seleccionado “250 colegios privados a nivel nacional”, a los que se les está realizando una auditoría contable.

Sobre la devolución de la cuota de ingreso, el Minedu y el Indecopi coincidieron en que había que esperar a la publicación del Reglamento de Instituciones Educativas Privadas, que salió el último domingo. Al cierre de esta nota, el reglamento fue publicado en El Peruano, con la firma errada del exministro Martín Benavides (y no la del actual, Ricardo Cuenca). Indecopi detalló, igual, que “no hay una obligación específica de la devolución de [la mensualidad de] marzo ni de la matrícula”.

El director de la Guía de Colegios, Julio Zaragoza, dijo que este año se habrían efectuado unos 70.000 traslados de colegios particulares “caros” a otros privados  “de menor costo” en Lima. Recordó que el año pasado habrían sido 350.000 traslados bajo las mismas características a nivel nacional. De esa cantidad, agregó, “unos 200 mil se habrían realizado en Lima”.

Sudaca intentó comunicarse con los colegios Trilce y Regina Pacis a sus números abiertos de contacto, los mismos que están a disposición de los padres de familia, pero no obtuvo respuesta.

 

Descargos de Innova Schools

Sobre el rechazo de becas y la discriminación para el pago de las deudas a padres de familia de Innova, este es el pronunciamiento del colegio:

“Desde Innova Schools queremos señalar que entendemos las dificultades que todos enfrentamos por el repentino cambio que sufrió el sistema educativo debido a la pandemia, y que afectó a todo el sector. Sin embargo, es importante aclarar que, desde el inicio del Estado de Emergencia y durante el 2020, hemos implementado diferentes medidas con el único fin de apoyar a nuestra comunidad educativa y asegurar el acceso a educación de calidad de nuestros estudiantes”.

“Desde el mes de marzo de 2020 se dieron descuentos en nuestras pensiones escolares (20% para el nivel inicial y 15% para el nivel de primaria y secundaria), a fin de apoyar a toda la comunidad educativa. Además, se suspendió el interés moratorio de los meses y se brindó opciones de financiamiento a 12 meses, incluyendo un periodo de 3 meses de gracia”.

Esta es la carta de descargos que envió Innova Schools a Sudaca.

(*) Fotocomposición de portada: Leyla López

(*) Fecha de publicación del artículo: 1 de marzo de 2021

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Colegios, Innova Schools, Pensiones

Kilos de fierro verde. Colas de gente desesperada. Las fotos que retratan la escasez de oxígeno en el país serán el registro más penoso de la pandemia. Casi un año después de iniciada esta, el Estado fue incapaz de garantizar el suministro para la segunda ola. ¿Por qué? Es larga la lista de fallos, pero uno es especialmente clamoroso: la prestigiosa Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) incumplió un compromiso del que dependía la vida de cientos de personas. Según Contraloría, hasta el 24 de enero se debieron entregar las primeras 18 plantas de un total de 47. Sin embargo, apenas 5 han sido instaladas. Menos de un tercio de la cantidad debida.

¿Quién estuvo detrás de ese evidente fracaso? Una ciudadana domiciliada en Moquegua que no parece tener las credenciales académicas ni la experiencia como para haberse puesto al frente de algo tan urgente. Las fuentes consultadas la vinculan con el entorno cercano del expresidente Martín Vizcarra, con el que solía reunirse antes de que el nuevo coronavirus aterrizara en el país. ¿Quién es Elizabeth Chahuares y cómo llegó a gestionar un proyecto que hoy busca ayuda para no terminar de naufragar?

La búsqueda de oxígeno en las calles de Lima. Foto: Getty Images.

“Esta mañana he estado llamando a Washington y a San Francisco para ver que los apoyen en conseguir un permiso del ejército americano y traer los componentes [que les faltan para las plantas]”, contó el sábado pasado a Sudaca Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Márquez dice que su gremio ha tenido que brindar ayuda de emergencia para sacar adelante “Oxigena 47”, que es como terminó llamando la UNI a su proyecto fallido.

Pero hay algo que hace todo esto aun más grave. Sudaca lo ha revelado durante las últimas semanas. En noviembre del año pasado, el Indecopi advirtió al Minsa que la única salida para evitar la escasez de oxígeno ante una eventual segunda ola era instalar plantas en hospitales públicos. La entonces ministra Pilar Mazzetti respondió que no había de qué preocuparse, porque ya estaba en marcha el convenio con la UNI para fabricarlas. Todas las fichas de su cartera estaban puestas en Oxigena 47.

Un ejemplo grafica lo que significó ese error. En diciembre pasado se rechazó la donación de una planta de oxígeno por parte de la cementera privada Unacem a un centro de salud clave de Lima Sur: el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador (HEVES). ¿El argumento? Que la planta ofrecida no cubría su demanda de oxígeno y que, en cambio, ya tenían programada la llegada de una idónea a través del convenio con la UNI. Hoy los pacientes del HEVES se ahogan y siguen esperando al proyecto dirigido por Chahuares.

Sudaca ha rastreado su vínculo con la universidad de ingeniería, desde que esta pretendía fabricar ventiladores mecánicos a inicios de la pandemia, y sus visitas a Palacio, una junto al exrector de la casa de estudios. Ninguna de las fuentes consultadas es capaz de explicar por qué ella era la persona adecuada para asumir la responsabilidad que asumió.

¿Una directora sin sustento?

Elizabeth Chahuares tiene 35 años. Nació en Puno, pero su ficha del Reniec consigna al distrito de Ilo, en Moquegua, como su lugar de residencia. Seguirle el rastro a partir de allí es complicado, pues ha dejado pocas huellas de actividad pública previa a Oxigena 47. No registra paso alguno por empresas vinculadas a plantas de oxígeno o ensamblaje de productos similares. Como advirtió hace poco el portal Salud con Lupa, en registros públicos figura como subgerente de una empresa de reciclaje que fundó junto a su hermano en la misma región donde hizo carrera política Vizcarra.

Tanto Chahuares como Javier Franco, el decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI (y el otro gran responsable de Oxigena 47), firmaron el acta de verificación que elaboró la Contraloría tras inspeccionar las instalaciones del proyecto el último 25 de enero. Chahuares firma en calidad de directora, pese a que su experiencia profesional y sus galones académicos no parecen sustentar que ocupe ese cargo.

Pocos días después de la inspección de la Contraloría, cuyo informe corrobora el incumplimiento en la entrega de las plantas, más de 70 egresados de la UNI le enviaron una carta a Franco y a la rectora interina Luz de Fátima Eyzaguirre. Allí precisaron que, dado que Chahuares había sido presentada como ingeniera mecatrónica egresada de dicha universidad, los exalumnos habían prestado “atención relevante a su perfil profesional”. Sin embargo, les fue imposible “reconocer mediante la Oficina Central de Registros y Estadísticas (ORCE) a la persona en mención”. Es decir, no lograron ubicarla como egresada de su casa de estudios.

Además −agregaron− tampoco pudieron identificar su registro en el Colegio de Ingenieros del Perú. “Sabiendo que el Art. 2° del Reglamento de Colegiación es un requisito de ingeniería para ejercer derechos y asumir obligaciones de las leyes peruanas, el Estatuto y demás normas complementarias que el colegio establece, el hecho aquí relatado nos resulta, además de extraño, sumamente preocupante por cuanto no validamos, bajo los medios de información disponibles libremente, las competencias y el performance de la Directora a cargo”, expresaron.

“Somos muy solicitados en el mundo los ingenieros de acá, de la UNI”, había dicho Chahuares, sin embargo, en una entrevista en señal abierta, en la que la TV mostraba piezas de las plantas aún sin ensamblar en las instalaciones de Oxigena 47. “Iniciamos este proyecto en la Facultad de Ingeniería Mecánica, dirigido por la ingeniera mecatrónica Elizabeth Chahuares”, agregó Franco desde el mismo lugar poco tiempo después en un video institucional.

Carlos Armas Solf, presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), confirmó a Sudaca que Chahuares no figura en la base de datos de ingenieros colegiados a nivel nacional. Según cotejó este medio, tampoco aparece en la web de la ORCE que lleva el registro de los estudiantes y egresados de la UNI.

Izquierda: Sin registro en la base de datos nacional del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP). Derecha: Ausente en el registro de alumnos y egresados de la UNI.

Sudaca solicitó documentos que prueben el título académico de la directora de Oxigena 47 al decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y a la rectora interina de la casa de estudios, pero ninguno respondió al pedido. Este medio también solicitó en reiteradas ocasiones los descargos de Chahuares, quien recibió los mensajes pero también optó por no responderlos.

Las visitas al entorno moqueguano

Donde sí aparece Elizabeth Chahuares es en el buscador de visitas a entidades públicas “Manolo”. Desde el 2018, ella ya tenía acceso al entorno de mayor confianza del presidente de la República. Tres visitas suyas a la presidencia quedaron registradas en los dos años previos a la pandemia. Una de esas reuniones, el 3 de enero del 2019, fue con el mismo Martín Vizcarra. Entró a Palacio por la puerta de Desamparados.

Pero antes y después Chahuares se reunió con el químico farmacéutico Iván Manchego, quien por entonces se desempeñaba como consultor del despacho presidencial y que conformó la llamada ‘muralla moqueguana’ junto a otras personas de extrema confianza del expresidente. Las reuniones con Manchego fueron el 16 de noviembre de 2018 y el 29 de mayo de 2019. A la misma hora de esta última, el ex rector de la UNI y público amigo de Vizcarra, Jorge Alva, quien estaba en el cargo cuando se firmó el convenio de Oxigena 47, también ingresaba a Palacio para reunirse con Manchego. El exasesor presidencial ha reconocido estas reuniones en diálogo con Sudaca, atribuyéndolas a la vaga categoría de “propuestas técnicas sobre minería” y precisando que otras personas tambièn asistieron.

Otra visita de Chahuares que también llama la atención es la que realizó en agosto del 2019 al entonces ministro de Justicia Vicente Zeballos, también conocido por formar parte del círculo de confianza más íntimo de Vizcarra. En el registro, Chahuares figura como representante de Palacio de Gobierno. «Me visitó acompañada de otra persona por un tema laboral, el mismo que rechazé», dijo el expremier a Sudaca. «Al caso de que venia en nombre del Presidente, resulta extraño, porque para cualquier cosa de nuestras funciones él podía llamarnos directamente», agregó.

Por su parte, el expresidente Vizcarra sostuvo que no recuerda a Chahuares ni la reunión con ella, al ser consultado por este medio a través de su asesora de prensa Mónica Moreno. Subrayó que fue el Minsa la entidad que manejó el tema de convenios con universidades y que Elizabeth Chahuares «nunca ha trabajado en el despacho de Palacio ni lo ha representado en ninguna función».

La supuesta ‘asesora presidencial’

Lo detallado corresponde a sucesos pre pandemia, pero cobra sentido al escuchar el testimonio del profesor de la UNI Manuel Luque Casanave. Cuando la Covid-19 empezó a esparcirse por el país, él fue llamado para montar un proyecto de fabricación de ventiladores mecánicos. Tenía los galones: el año anterior había ganado junto a sus alumnos un concurso de la NASA, el Human Exploration Rover Challenge. “Está muy consternado el gobierno, en este momento no se puede importar. Ingeniero Luque, le encargo fabricar un ventilador mecánico nacional, rápido y a bajo costo”, recuerda que fueron las palabras que le dijo ex rector Jorge Alva. “Todo el diseño lo hice con insumos nacionales. Trabajé 18 horas diarias para cumplir con este encargo tan importante para el país”, relata Luque a Sudaca.

Con el equipo ya convocado, el profesor decidió dirigir y avanzar el proyecto de manera remota para evitar el riesgo de contraer el virus. Fue entonces que apareció Elizabeth Chahuares. Llegó a la universidad para acoplarse desde la parte de ingeniería mecánica a la construcción de los ventiladores. Pero Luque recuerda que se presentó como representante de la presidencia. Le solicitó una videoconferencia y relata que le dijo: “Vengo de parte del rector para apoyar en el proyecto, soy asesora presidencial, cuente con nosotros”. La parte logística quedó a cargo de ella.

El entonces rector Jorge Alva no contestó a Sudaca las preguntas sobre cómo se armó el equipo de Oxigena 47, ni cómo conoció a Elizabeth Chahuares. Solo se limitó a precisar que el informe de Contraloría antes citado se emitió en enero, cuando él ya había dejado el rectorado.

Luque dio más credibilidad al vínculo que Chahuares decía tener con Palacio cuando el entonces Ministro de Salud Victor Zamora llegó a la UNI el 15 de mayo. Aquella vez Luque fue testigo de la visita vía teleconferencia. Quien sí estuvo en persona fue Elizabeth Chahuares. De hecho, aparece al lado del exministro en esta foto institucional recuperada por Sudaca 

15 de mayo de 2020. El ministro de salud Víctor Zamora visita el proyecto «Suyay». Foto: UNI.

Zamora dijo a este medio que acudió a la UNI por invitación de Chahuares y que ella lo contactó vía WhatsApp para contarle del proyecto. El exministro precisó que lo hizo como parte de varias visitas a distintas entidades que habían emprendido iniciativas similares: la Marina, la Pontificia Universidad Católica del Perú, etc.

Luego de esa visita, Luque cuenta que quedó entusiasmado porque veía posible que empresas privadas se unan para lograr la producción en serie de una versión mejorada del ventilador mecánico que llamó “Suyay” (‘esperanza’, en quechua). Eso no ocurrió. “Yo no quería realizar la producción en serie, porque para mí la universidad hace el prototipo y la empresa privada es la que pone la experiencia y la maquinaria [para la fabricación]”, precisa el profesor. Sin embargo, cuenta que a Chahuares le interesaba que una sola empresa privada fuese la socia estratégica del proyecto. Allí tuvo lugar el primer desacuerdo entre ellos.

Con el paso de las semanas, Luque sintió con más claridad que estaba siendo relegado, perdió el respaldo del equipo que había convocado y decidió desvincularse del proyecto. Todo quedó en manos de Chahuares. Hoy es imposible entender el fallido convenio de las plantas de oxígeno sin el antecedente de los ventiladores Suyay. Ambos a cargo de la misma persona.

Pese a que no respondió a este medio, recientemente Chahuares ha contado cómo viró de los ventiladores a las plantas. “El entonces ministro de Salud, Víctor Zamora, nos dijo que iba a faltar algo elemental para el funcionamiento de los ventiladores mecánicos: oxígeno. Empezamos a formar un equipo para hacer propuestas de plantas”, dijo a El Comercio.

Definida la necesidad de producir oxígeno, la UNI tenía una ventaja clara sobre otras universidades que, como la PUCP; también emprendieron proyectos para construir plantas. Al ser una universidad pública, la UNI no tenía que pasar por un engorroso concurso público antes de recibir fondos del Estado. Esto, con base en el Decreto de Urgencia 066-2020, que permitía suscribir convenios de cooperación interinstitucional con universidades públicas en el contexto de la pandemia.

Así, el 30 de octubre del año pasado el Minsa y la UNI firmaron el documento por 47 plantas, lo que equivalía a 960 camas con puntos de oxígeno. Hoy los pacientes que se ahogan en esas camas siguen esperando al proyecto de Chahuares. Mientras tanto, la PUCP ha logrado fabricar ya más de 20 plantas que ha tenido que vender principalmente a empresas con intención de donarlas a centros de salud regionales.

Fuentes con conocimiento cercano del proyecto, que prefirieron mantener anonimato por temor a represalias, contaron a Sudaca que, si bien distintos profesores y egresados de buena trayectoria profesional fueron invitados a participar en la primera fase de Oxigena 47, estos no permanecieron por muchos días al advertir la falta de experiencia técnica y de organización del equipo base. Dudaban que llegase a buen puerto.

Hoy sabemos que su análisis no fue errado. Las plantas aún no llegan. Y parece que no llegarán, ni después de los muertos.

La organización explicó que el ingreso de Sudaca, entre otros, le ayudará a profundizar su representación con medios digitales a nivel nacional.

Este medio periodístico, que desde su creación es 100% digital, se ha unido al Consejo de la Prensa Peruana. Lanzado en noviembre del año pasado, Sudaca se enfoca en análisis político, económico y social a través de reportajes, crónicas, informes y podcasts. Este portal tiene como objetivo mantener su independencia y la calidad de sus productos periodísticos a través de un futuro plan de suscripciones.

 

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) explicó en un comunicado que, con el ingreso de Sudaca, busca profundizar su representación con emprendimientos digitales a nivel nacional. “Recibimos con gusto a Sudaca, un nuevo medio de comunicación digital que refrescará la oferta que hay en el Perú. Es importante que los medios se unan en organizaciones como el CPP para autoimponerse un alto estándar ético, interpretado, en este caso, por nuestro Tribunal de Ética, y para juntos defender uno de los principios básicos de la democracia: la libertad de expresión. En el CPP le damos también la bienvenida a los nuevos medios digitales”, señaló Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo de la organización. 

 

Por su parte, Juan Carlos Tafur, director periodístico de este medio, expresó: “Para Sudaca, un medio digital novísimo en el mercado, es importante establecer desde el inicio relaciones de cooperación con otros medios periodísticos. Es por ello que creímos relevante asociarnos al Consejo de la Prensa Peruana, entidad que, además de ser asociativa, tiene un destacado rol de cumplimiento ético que a un medio como Sudaca le interesa sobremanera. Mientras más controles o instancias de responsabilidad ética haya en el periodismo, tanto mejor será la profesión. Esperamos lograr esos objetivos merced a nuestra participación en el Consejo”.

 

El Consejo de la Prensa Peruana es una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la defensa de la libertad de prensa y la promoción del ejercicio ético de la profesión. Fue fundado en 1997 y hoy incluye a los principales medios de comunicación tanto de prensa escrita, radial, televisiva y digital así como a instituciones académicas.

 

Cuando Forsyth era alcalde del distrito, la empresa que recogía la basura tuvo que dejar de brindar el servicio tras múltiples impagos. Ahora ha llevado el caso a un arbitraje que podría costarle caro a los contribuyentes victorianos.

Solo estuvo un año y ocho meses en el cargo, pero el breve paso de George Forsyth como alcalde de La Victoria, en el 2019, podría generarle más de S/6 millones de soles en pérdidas a esta municipalidad. ¿Por qué? La respuesta es un arbitraje que inició contra la comuna, en febrero del 2020, un consorcio de empresas peruano-colombianas. Estas alegan que la gestión del actual candidato presidencial se negó a pagarles un total de nueve semanas de deuda acumulada por el servicio de recojo de basura en el distrito. 

“Lo que era poco más de S/3 millones de soles en compromisos de pagos no cumplidos podría convertirse, con perjuicio e intereses, en una deuda millonaria que en un futuro los contribuyentes de La Victoria deberán afrontar” ha dicho a Sudaca el abogado del Consorcio Victoria Limpia, César Candela. Forsyth encabeza las últimas encuestas de intención de voto para las próximas elecciones.

 

El contrato 

El 26 de junio del 2017, la Municipalidad de La Victoria adjudicó la buena pro para el servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos al Consorcio Victoria Limpia. Dos semanas después se firmó el contrato por S/29´305,850. La alcaldía estaba “obligada a pagar al contratista en soles y semanalmente”, estipula el documento.

Contrato con Consorcio Victoria Limpia estipula el pago semanal por el servicio de recojo de basura.

Contrato con Consorcio Victoria Limpia estipula el pago semanal por el servicio de recojo de basura.

 

Un año más tarde, en agosto del 2018, el municipio cayó en su peor crisis de gobierno luego de que su entonces alcalde, Elías Cuba, fuera detenido por ser el presunto cabecilla de la organización criminal Los Intocables Ediles. Tras la vacancia de Cuba, entró como encargado de gestión el primer regidor del distrito, Harry Castro Durand. Es aquí cuando La Victoria empezó a dejar de afrontar el compromiso. 

En esta etapa, pese a los incumplimientos, “la empresa siguió brindando los servicios pues se trata de limpieza pública, de una necesidad básica para la comunidad”, según el abogado Candela.  

 

Mal jugado

En enero del 2019, la llegada a La Victoria del exfutbolista George Forsyth −como joven alcalde con proyección−, hizo creer a sus proveedores que la crisis de gestión terminaría. Sin embargo, la política del llamado perro muerto continuó. 

Desde el 15 de enero hasta el 1 de marzo, según los documentos oficiales que ha presentado el consorcio a Sudaca, la gestión de Forsyth no pagó por el recojo diario de basura. En febrero del 2019, los vecinos y comerciantes del distrito estuvieron a punto de quedarse sin el servicio. El contrato, además, estaba a punto de vencer. El municipio, entonces, planteó la ampliación del mismo, según estipulan las normas. 

El abogado Candela explica que, pese a que ya tenían semanas sin cobrar, el consorcio “decidió suscribir esta ampliación de servicio con la gestión de Forsyth el 1 de marzo del 2019 por S/5,861,170.00. Esto, dentro del marco de la ley, al tratarse de un servicio público que no puede quedar al aire”. 

Candela también precisa que lo hicieron porque la renovación propuesta por la gestión Forsyth les dio esperanza de que empezarían a cumplir con los compromisos de pago. Esto porque “la norma obliga a toda entidad pública a que, antes de suscribir estos nuevos contratos, tenga el presupuesto [el dinero] destinado, separado, para hacerlo. Pero esto [cumplir con los pagos atrasados] nunca ocurrió”, asegura. 

El 24 de junio del 2019, “pese a que supuestamente contaba con las partidas, la Municipalidad de La Victoria decidió de forma unilateral e injustificada, suspender el pago de la contraprestación acordada tanto en el contrato principal como en el segundo”, según Candela. El abogado agrega que aquí “empezó todo un vía crucis para la empresa”. 

Con más de S/3 millones de deuda y ante la negativa de siquiera responder sus reclamos, el 28 de junio del 2019, el consorcio “adoptó la decisión de resolver la relación contractual con la municipalidad por incumplimiento de la contraprestación”, explicó. La decisión fue comunicada por carta notarial, que la alcaldía se negó a recibir. El consorcio inició, entonces, un proceso arbitral. Eso es lo estipula el contrato ante cualquier controversia de las partes. Un año después, en octubre del 2020, Forsyth renunció a la alcaldía para convertirse en candidato presidencial.

 

Tras más de S/3 millones de deuda acumulada, el Consorcio Victoria Limpia decidió el 28 de junio del 2019 rescindir el contrato con el municipio

Tras más de S/3 millones de deuda acumulada, el Consorcio Victoria Limpia decidió el 28 de junio del 2019 rescindir el contrato con el municipio y dar inicio a acciones legales.

 

La suma por los meses impagos ascendía a S/. 3,229,737. Sin embargo, el monto podría duplicarse a más de S/6 millones debido a que lo adeudado se suma el perjuicio causado al consorcio, los intereses pasados y los gastos que le ha generado al consorcio llevar el caso a contienda arbitral.

 

Pitazo final

Sudaca solicitó los descargos de George Forsyth, pero −al cierre de edición− sus voceros no concretaron la entrevista. Sin embargo, fuentes de la Municipalidad de La Victoria alegaron que la gestión del hoy candidato presidencial dejó, el 4 de julio del 2019, una carta en la que responsabiliza al Consorcio Victoria Limpia de paralizar el servicio de recojo el el 27 de junio de ese año. Ante la supuesta rebeldía de la proveedora, la alcaldía de Forsyth emitió una resolución aquel 2 de agosto del 2019 con la decisión de resolver el contrato. 

Para el abogado de la empresa, César Candela, “es una práctica medio torpe la que hizo Forsyth porque, de acuerdo al Código Civil, no puedes resolver un contrato ya resuelto, y −en este caso− la empresa fue la que, el 28 de junio, ya lo había dado por terminado ante los constantes incumplimientos”.

 

César Candela, abogado del consorcio, sostuvo que la ley sí estipula responsabilidad penal y administrativa del exalcalde George Forsyth

César Candela, abogado del consorcio, sostuvo que la ley sí estipula responsabilidad penal y administrativa del exalcalde George Forsyth.

Candela dice que “este tipo de malas prácticas se están repitiendo en otras gestiones ediles y la irresponsabilidad de alcaldes como Forsyth terminan ahuyentando a las empresas”. Recuerda que aquí las proveedoras “invierten antes de lograr un concurso con una entidad pública porque contratan personal, compran camiones para calificar y aprobar los requisitos”. “Ahora, la empresa tendrá que esperar un largo proceso para recibir su pago. Por el tiempo transcurrido, [este] superaría los S/6 millones, que deberán ser afrontados por una nueva gestión edil y por los contribuyentes del distrito”, remarca.

Sobre la responsabilidad directa o no del exfutbolista y eventual futuro presidente del país en este problema, Candela sostuvo que “el responsable de la ejecución del presupuesto y las contrataciones públicas es el titular de la entidad; en este caso, Forsyth”. 

Como experto en contrataciones del Estado, Candela agrega que la actuación del candidato Forsyth, “la de su equipo, incluyendo a su entonces gerente municipal, se enmarca, primero, en la posible comisión del delito de omisión de funciones por no cumplir su responsabilidad en la efectiva ejecución del presupuesto. Segundo, amerita el inicio de un proceso administrativo sancionador que puede llegar a una inhabilitación definitiva y permanente de ejercer un cargo público”.

 

Foto portada: ANDINA

 

El candidato puntero en las encuestas y el alcalde de Lima fueron los principales promotores del traslado de 2.745 ambulantes de La Parada a Santa Anita. El mercado al que han sido reubicados, sin embargo, no tiene agua, desagüe, ni cumple protocolos Covid-19. Es una ‘bomba de tiempo’ sanitaria.

Cuando todavía era alcalde de La Victoria, George Forsyth fue uno de los anfitriones en la ceremonia de inicio de obras en el mercado La Tierra Prometida. Fue el último 7 de octubre, cinco días antes de renunciar a su cargo para postular a la presidencia. El entonces alcalde aseguraba que, con la reubicación de ambulantes, iba a resolver un problema social y sanitario. La evidencia indica que, al menos por ahora, se equivocó.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y autoridades del gobierno de Martín Vizcarra estuvieron con Forsyth aquel día. Parado al lado de ellos, el exarquero aliancista explicó por qué 2.745 ambulantes que vendían productos perecibles y verduras en los alrededores de lo que había sido el Mercado Mayorista de La Parada iban a ser trasladados a Santa Anita: la zona de su distrito se había convertido en una “fábrica del Covid”.

Era octubre y el país estaba dejando atrás la primera ola de la pandemia. La Parada, prosiguió Forsyth, seguía “infectando a todo Lima y, por ende, a todo el país”. El Estado –dijo– tenía a los comerciantes “trabajando en la calle, entre la basura, entre los perros, entre las ratas; y, al final, [los alimentos ofrecidos en esas condiciones] es lo que comíamos todos los limeños”.

Las declaraciones del entonces alcalde victoriano quedaron registradas en un video grabado por la Municipalidad de Lima. Sus palabras, sin embargo, se contradecían con la realidad que tenía enfrente. ¿Por qué? Porque el pampón de tierra llamado el ‘Gran Mercado Minorista La Tierra Prometida’, a donde finalmente se trasladó a los ambulantes, aún no tenía conexión de agua potable, alcantarillado ni energía eléctrica. Y los vecinos estaban preparados para bloquear la instalación.

¿Cómo se iba a combatir la pandemia si el nuevo mercado no contaba con la instalación de servicios básicos?

En el mercado ‘La Tierra Prometida’, donde el piso es de tierra y piedras, una vendedora no usa bien su mascarilla. Esta imagen fue captada en la visita realizada el pasado jueves 21 por Sudaca (video: Juan C. Chamorro).

 

 

Las coordinaciones

Hagamos un poco más de ‘memorex’. El vocero de la Municipalidad de Santa Anita en el caso La Tierra Prometida, Luis Milla, recordó a Sudaca que el traslado de los ambulantes victorianos era un tema que se venía dialogando con Lima y La Victoria desde el 2012, cuando Susana Villarán era alcaldesa capitalina. La idea se originó luego del sangriento desalojo que llevó a cabo la política de izquierda que hoy cumple arresto domiciliario. Tras la aparición de la pandemia, en marzo de 2020, el proyecto de reubicación volvió a ponerse en agenda.

Milla sostuvo que las primeras reuniones se dieron entre marzo y abril del año pasado, en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Participaban el entonces premier Vicente Zeballos, y los alcaldes de La Victoria, George Forsyth; de Lima, Jorge Muñoz; y de Santa Anita, José Luis Nole.

“Se conversó la necesidad que tenía el Estado y la Municipalidad de Lima de erradicar los ambulantes de La Victoria. Fueron como cuatro reuniones de ese tipo, vía Zoom, donde se puso bien clara nuestra posición de que nos oponíamos al traslado de los ambulantes de La Parada a Santa Anita”, dijo Milla.

¿Por qué se oponía Santa Anita? Porque el terreno no tenía “habilitación urbana” otorgado a por la comuna distrital y, por lo tanto, no podía solicitar a Sedapal la instalación del suministro de agua y desagüe ni su licencia de funcionamiento. Además, porque el municipio creía que los comerciantes iban a importar el Covid como lo graficaba, en su momento, Forsyth. Durante esas coordinaciones, se proponía el traslado de los ambulantes a otros tres lugares: Cuartel los Barbones, un campo deportivo de La Victoria y los galpones de los camiones mayoristas de la Parada. Esta última era la propuesta de Santa Anita.

Tras uno de esos encuentros, el 24 de mayo del 2020, Forsyth presentó un ambicioso video que detalla cómo sería el nuevo Gran Mercado Minorista ‘La Tierra Prometida’. Así lo recopilan La República y El Comercio a través de notas periodísticas. En poco más de un minuto y con el logo de la Municipalidad de La Victoria, el video muestra que a pocos metros del ingreso al establecimiento hay cámaras de desinfección y lavatorios con agua para que los visitantes se laven.

La reubicación se ejecutó, finalmente, entre la noche del 8 y la madrugada del 9 de noviembre, con la protección de 700 policías. Ese mismo día, La Tierra Prometida abrió sus diez puertas al público. Todos los protocolos anunciados por la gestión edil del actual candidato puntero en las encuestas quedaron apenas en su imaginación. Estamos ya subiendo la cresta de la segunda ola de la pandemia y nada ha sido implementado.

Una bomba de tiempo 

‘La Tierra Prometida’ es una franja de 4,8 hectáreas cercada por cuatro paredes. No tiene techo y el piso es una mezcla de tierra, polvo y pequeñas piedras. Está sobre el cruce de las avenidas La Cultura y Metropolitana, frente al Mercado Mayorista de Santa Anita.

Sudaca visitó el lugar el pasado jueves 21 y pudo comprobar que los baños están con las puertas cerradas y los lavatorios no funcionan. ¿Por qué? Porque no hay conexión de agua y desagüe. Y si bien hay una persona en la puerta con un chisguete de alcohol y un termómetro, muchos compradores entran sin pasar por su filtro. Tampoco existe supervisión del uso de las mascarillas dentro del mercado: visitantes y vendedores las llevaban mal colocadas.

El mercado minorista ‘La Tierra , Prometida’, al no tener conexiones de agua ni alcantarillado, ha tenido que colocar baños portátiles (foto: Juan C. Chamorro).

En los puestos de venta tampoco hay luz: los vendedores deben llevar sus propios focos recargables para alumbrarse de madrugada. “Solo hay luz en los postes” señaló el exvocero de 21 agrupaciones de La Parada y actual arrendatario de un puesto en La Tierra Prometida, Wilfredo Guzmán.

Como medida paliativa se han implementado baños portátiles, pero eso simplemente no basta. No hay un lugar para lavarse las manos. El agua, desde la inauguración hasta la actualidad -dos meses después-, llega en camiones cisterna que ingresan al mercado cada cierto tiempo. El líquido, sin embargo, va destinado principalmente para el aseo de los comerciantes y no de los visitantes.

El supervisor designado por la Municipalidad de Lima (MML) para el traslado de los comerciantes a La Tierra Prometida, Juan Pablo de la Guerra, asegura que la responsabilidad de que se cumplan los protocolos recae sobre la Asociación de la Comisión Ejecutiva para la Construcción del Mercado Minorista en la Tierra Prometida, gremio de comerciantes que ha firmado un contrato de alquiler de dicho predio con la Empresa Municipal de Mercados SA (EMMSA). ¿Acaso ellos también debían gestionar la instalación de tuberías de agua y desagüe?

De la Guerra señala que el pasado domingo 17 la municipalidad recién ha podido iniciar la instalación de los servicios básicos y que pronto comenzarán a funcionar. Antes no lo pudo hacer por la oposición de los vecinos. El portavoz de Santa Anita Luis Milla explicó a Sudaca que los ciudadanos que viven en los alrededores del mercado también rechazan que haya conexión del servicio de agua, porque temen que la presión disminuya más de lo habitual y haya escasez.

Lima Metropolitana está por entrar a una segunda cuarentena que permitirá que los centros de abastos, incluidos los mercados, puedan seguir operando. Era la oportunidad perfecta para darle a los exambulantes de los alrededores de La Parada un espacio salubre y seguro donde vender sus productos. La Tierra Prometida por George Forsyth -y Jorge Muñoz-, no obstante, luce hoy muy distinta a la maqueta promocionada por la gestión del exalcalde victoriano.

Alcaldes y gobierno

El traslado de los ambulantes de las inmediaciones de La Parada se dio en el marco del decreto supremo 011-2020-Produce, que regula el funcionamiento de mercados temporales (‘itinerantes’). El gobierno de Martín Vizcarra puso en marcha el Plan de Operaciones N°200/-RegiónPolicialLima/Unipledu-Ofiplo que, en coordinación con las Fuerzas Armadas, dieron apoyo a los municipios de Lima y la Victoria en el proceso de reubicación.

“Como alcalde de La Victoria, para él [Forsyth], era un problema tener esa congestión de ambulantes en toda esa zona. Él quería erradicarlos. Hasta allí es entendible, como alcalde, pero no ha tenido una alternativa. Lo más fácil es simplemente exportarles [el problema] a otro distrito [Santa Anita], pasarle el problema a otros”, dice Milla.

“Lo que ha hecho es ganar popularidad […] Fue para las pantallas. Fue para lanzarse como candidato [a la presidencia]. Eso ha sido, como se dice, su caballito de batalla”, sostuvo Wilfredo Guzmán, exrepresentante gremial de La Parada y hoy arrendatario en La Tierra Prometida.  Según De La Guerra, de la Municipalidad de Lima, de las pruebas rápidas tomadas a los comerciantes el día de su traslado “solo cinco dieron positivo”.

El dirigente del Frente de Defensa de Santa Anita, Gustavo Rosas, recordó que Forsyth y Muñoz “andaban de la mano” por el tema de La Tierra Prometida, hasta que el primero de ellos renunció a la comuna victoriana y el segundo se peleó con él por dejarle todo ese problema.

El pasado 12 de octubre, tras conocerse la renuncia de Forsyth a su cargo, esto es lo que declaró Muñoz: “Creo en la libertad de las personas, cada uno es libre de hacer lo que considere. Pero si me preguntas a mí como Jorge Muñoz, creo que es incoherente dejar a los electores tirados en el camino porque tú fuiste elegido por cuatro años, no para dos ni para tres. En ese orden de ideas, hay algo que es incoherente. Más adelante, cuando tienes otras exigencias, ¿podrás ser coherente? eso es lo que hay que responder”De la Guerra, quien también es miembro del directorio de EMMSA, considera que Forsyth “solo quería que sus ambulantes salgan de allí [de La Parada]”, pese a que el terreno de La Tierra Prometida tenía piso de tierra y carecía de servicios básicos.

Los pagos de los arrendatarios

El traslado de los comerciantes no ha sido gratis. Es algo de lo que se ha hablado en voz baja durante todo este tiempo. El arrendatario Guzmán confirmó a Sudaca haber cancelado S/5.700 por el alquiler de un puesto a la Asociación de la Comisión Ejecutiva Para la Construcción del Mercado Minorista en la Tierra Prometida, por un año y medio. Entregó una copia del recibo.

El exvocero de 21 asociaciones de comerciantes ambulantes de perecibles de La Parada, Wilfredo Guzmán, entregó a Sudaca este voucher de 5.700 soles que realizó a la Asociación de la Comisión Ejecutiva para la Construcción del Mercado La Tierra Prometida en su cuenta de la Caja Piura, para tener un puesto de venta, por un año y medio, en el pampón de Santa Anita.

 

“Esto es una vil estafa con alevosía, porque nos dijeron que iba a haber luz y agua, y que el mercado iba a tener piso de cemento y no de tierra” aseguró. El exdirigente hizo el pago cinco días antes de su traslado a Santa Anita. El voucher que entregó el comerciante a Sudaca tiene la fecha del 5 de noviembre de 2020 y fue girado, en la Caja Piura, a la cuenta N°020-01-1864889 de la asociación de comerciantes de La Tierra Prometida.

¿Usted lo sabía?, le preguntamos a De la Guerra. “No es de conocimiento mío, es de conocimiento de todo el mundo. Hay financiamiento con cajas. Me parece que era la Caja Piura, pero todo era público. Ha habido un sorteo para dar los puestos, que también ha sido público. Todo es un tema público y transparente. Hay quienes quieren decir: esto se hizo a escondidas. Nada que ver”, respondió. Según él, EMMSA solo “supervisa el alquiler” del local por la asociación de comerciantes.

El dirigente vecinal del Frente de Defensa de Santa Anita, Gustavo Rosas, aseguró que los vecinos están en vigilia y que harán que el mercado, tarde o temprano, deje de funcionar en su distrito.

No hay que olvidar que un día antes de la colocación de la primera piedra del nuevo mercado, el 6 de octubre del año pasado, el alcalde de Santa Anita, José Luis Nole, fue detenido por la Policía por presuntamente alterar el orden público tras realizar una protesta junto a sus vecinos por este tema. Sudaca envió un pliego de preguntas al equipo de prensa de George Forsyth, pero no obtuvo respuesta.

‘La Tierra Prometida’ y sus alrededores son una bomba de tiempo. Milla, de la Municipalidad de Santa Anita, aseguró que la clausura del mercado, por no contar con la licencia de funcionamiento, es solo cuestión de horas. “Hemos pedido el apoyo policial para hacerla efectiva y sabemos que esto puede terminar en una batalla campal, por el uso y las costumbres que tienen los comerciantes que vienen de La Parada”, añadió.

“Por sus obras los conoceréis”, dice un pasaje bíblico. George Patrick Forsyth Sommer (38) quiso aparecer en los medios como uno de los principales responsables del traslado de ambulantes de La Victoria a La Tierra Prometida. Hoy es candidato a la presidencia y ha dejado de comandar el distrito. Quizás a la hora de votar, las partes en conflicto en ese nuevo y mal instalado mercado se acuerden de él.

Un comerciante entregó a Sudaca este documento que era supuestamente para cerrar el trato del alquiler.

** Imagen de portada: Corresponde a la captura de un video grabado en el mercado ‘La Tierra Prometida’ (video: Juan C. Chamorro).

El golpe del confinamiento es crítico, pero diferenciado. Los comerciantes de Gamarra y Mesa Redonda, pese a que están endeudados y al borde de la quiebra, cumplen con el cierre. En los alrededores, sin embargo, se permite el comercio ambulatorio. La cereza del pastel: volvió La Parada.

La historia de la tienda de zapatos ‘Gino Galdini’, de la galería ‘El Rey’ de Gamarra, es de superación. Una de tantas construidas al amparo de tres décadas de retórica ‘emprendedora’: aquella que dice que cada peruano debe salir adelante por su cuenta, sin que lo ayude nadie. Ni siquiera el Estado. Su administradora, Miriam Romero, recuerda que sus padres, Félix y Matilde, empezaron fabricando calzado masculino en un taller en El Agustino. Hace tres décadas vendían sus productos en el Jirón de la Unión. Eran ambulantes. Su sueño era alquilar, algún día, una tienda comercial. Y lo lograron. Entre 1995 y 2003, los padres de Miriam compartían un pequeño espacio que alquilaban con otro comerciante en una tienda del emporio comercial. En el 2004 dieron el gran salto: rentaron el local de la emblemática galería ‘El Rey’. El trabajo se dividió, desde entonces, entre los seis hermanos. Si bien con el transcurso del tiempo cada uno ha sacado su propia marca de zapatos, ‘Gino Galdini’ es su bandera. El orgullo familiar.

Antes de la pandemia, la tienda vendía 20 pares de zapatos diarios, lo que representaba una ganancia de S/600. No estaba nada mal. Su marca ha sido solicitada por personajes del mundo de la televisión, la farándula y la política. Por ejemplo, para el día de su boda, el boxeador Jonathan Maicelo les encargó la elaboración de un par de zapatos con un diseño exclusivo. “Me pidió fabricarle unos de color plateado, el mismo de su terno”, recuerda Miriam. Sin embargo, la familia que construyó desde cero ‘Gino Galdini’ nunca imaginó que iba a estar al borde de la quiebra. Hoy lo está. En esta segunda cuarentena, las ventas de la tienda han caído dramáticamente, como en todo Gamarra.

Miriam Romero dijo a Sudaca que su venta actualmente es por delivery y que, como máximo, tiene pedidos diarios que suman dos pares de zapatos Eso representa una ganancia líquida de solo S/30. “Aunque hay días que no vendo ni un solo par”, añade la comerciante con mucha preocupación.  Ese dinero no le alcanza ni para pagar los US$800 mensuales que le cobra el propietario del local. Entre marzo y noviembre, obtuvo un descuento del 50% del costo del alquiler: pagaba solo US$400. El compromiso, sin embargo, fue que a partir de diciembre el precio volvería a ser de US$800 dólares. Hasta ahora Miriam no ha podido pagar la mensualidad de diciembre ni enero. Ese pago está en negociación. Es muy probable que abandone el local. Y dado que el dinero no le alcanza, ha pasado a sus dos hijos de un colegio privado a uno estatal.

¿Por qué está a punto de quebrar? Miriam explica que la situación económica de su tienda se ha agravado con la segunda cuarentena, iniciada el pasado 1 de febrero. El gobierno decidió que las 230 galerías de Gamarra permanezcan cerradas. “No soportaremos que haya una nueva prolongación de la cuarentena; allí sí quebramos”, advierte. La comerciante respeta el confinamiento, como lo hace la gran mayoría de empresarios formales de ese conglomerado comercial. Lo hacen pese a que ellos hubieran preferido que les permitan seguir atendiendo de forma presencial, pero con un aforo más reducido (aceptarían que sea solo de 20%). Un caso similar es el que atraviesa Magno Chávez, dueño de la marca de jeans para mujer Vogui, quien hasta junio del año pasado alquilaba 11 tiendas y ofrecía tres marcas: Lucma, Shennys y Vakko. Hoy, por la crisis económica, se ha quedado con siete tiendas. Don Magno tiene un préstamo de S/300.000 a cancelar en dos años. Debe comenzar a pagarlo en mayo, con montos mensuales de S/12,500, aproximadamente. No sabe de dónde sacará ese dinero si sus ingresos hoy solo representan el 30% de lo que ganaba antes de la pandemia. Antes de la cuarentena tenía 20 trabajadores, ahora se ha quedado con cuatro.

Los ambulantes

En un recorrido realizado la semana pasada, Sudaca pudo comprobar que en Gamarra solo existen pequeños grupos de comerciantes que acuden al emporio a sacar su mercadería, aquella que tienen almacenada en sus tiendas. Lo hacen para realizar pequeñas ventas por delivery. Las galerías están cerradas. Este medio también ha comprobado que existe un trato diferenciado de la Municipalidad de La Victoria entre comerciantes formales e informales. Por ejemplo, para ingresar a Gamarra por cualquiera de sus puertas de la Av. Aviación, la seguridad de la comuna exige al visitante su pase laboral que especifique el distrito. Quien no lo tiene, no ingresa.

Aquí no hay cuarentena. Así luce el exterior del emporio de Gamarra. Esta imagen fue captada, el pasado jueves 18, desde la Estación del Metro de Lima, a la altura de la cuadra 9 de la avenida Aviación. El personal de Fiscalización del municipio de La Victoria brilla por su ausencia. Por momentos, hay batidas; luego, los comerciantes informales vuelven a instalarse con sus productos (foto: Juan C. Chamorro). 

Ese exhaustivo control, en cambio, no ocurre con los ambulantes que se han instalado en los exteriores del conglomerado comercial, exactamente sobre la Av. Aviación. Ellos ofrecen una diversidad de productos en las veredas de siete largas cuadras de dicha arteria. Algunos colocan encima de retazos de plásticos o de tela recostados sobre la acera. Otros cuelgan sus prendas con ganchos sujetados a vestidores. Muchos están cerquita, sin guardar distanciamiento social. La mayoría posee sombrillas multicolores para protegerse del fuerte sol que sale por estos días en Lima. Algunos andan protegidos con mascarillas, pero otros no las tienen o las usan incorrectamente: sin cubrir la nariz o la boca. La cadena de ambulantes comienza a la altura de la cuadra 9, a la altura del Centro Comercial Gama, y termina en la cuadra 3, donde está la Estación del Tren Eléctrico.

Formales asfixiados. Así luce la avenida Agustín Gamarra, al interior del emperio textil del mismo nombre. Esta imagen fue tomada el pasado jueves 18, por la tarde. Los comerciantes formales cumplen con el confinamiento, pero en los exteriores hay luz verde para que los ambulantes vendan sus productos libremente (foto: Juan C. Chamorro). 

También transitan por ese sector los vendedores de frutas. “Diez granadillas de Oxapampa por un S/1”, dice un comerciante. Pareciera que allí, de las rejas del emporio para afuera, no hubiera confinamiento. En la Av. Aviación los informales, cientos de ellos, ofrecen desde ropa −de confección nacional e importada, para hombres y mujeres (polos, zapatos, zapatillas, shorts, gorros, etc.)−, hasta platos de comida que se cocinan en una parrilla o que ya vienen listos (pollada, arroz con pollo, tallarines rojos, etc.).  Los precios de la ropa que ofrecen son muy accesibles. Se pueden encontrar ofertas de dos polos, para hombre o mujer, a S/15. El acabado no está nada mal. Los miembros de Serenazgo y los fiscalizadores municipales que pasan cerca de los comerciantes informales aplican la bautizada como “política Shakira”: ciegos, sordos y mudos. Tampoco reaccionan con los restaurantes o las pollerías que reciben al público en el interior, con la puerta entreabierta, pese a estar prohibido. Cuando ocurre alguna de las escasas batidas en la Av. Aviación, los ambulantes hacen el amague de que se van y esconden su mercadería en tiendas que atienden con la puerta cerrada y que, en su mayoría, son de venta de accesorios para celular. Dentro de los dameros oficiales de Gamarra, el panorama es distinto. Allí sí hay control estricto por parte de los fiscalizadores. Si pasa un sereno y observa la puerta abierta de una galería, ordena que permanezca cerrada.

Miriam Romero tiene varios amigos que en estas dos semanas de cuarentena se han convertido en ambulantes porque tienen que llevar el pan a su hogar. Asegura que se han puesto a vender ropa y zapatillas en la Av. Aviación. ¿Queda otra?

En Mesa Redonda

La realidad que se vive en Gamarra es muy parecida a la que se respira en otro importante conglomerado comercial: Mesa Redonda, en el Cercado de Lima. La única diferencia es que para ingresar a ese recinto, conformado por 129 galerías, no piden pase laboral por ninguno de los accesos.

Aquí también hay ambulantes que ofrecen mercadería, en el piso o sobre cajas de cartón, en los jirones Cusco, Puno, Andahuaylas y Ayacucho. En este conglomerado, los ambulantes ofrecen mucha más variedad de productos que en la Av. Aviación. No solo se vende ropa de hombre y mujer, sino también artículos de cocina (jarras, vasos, platos, ollas, vajillas, baldes), de belleza (secadoras de pelo, máquinas para cortar cabello) y hasta celulares.

A diferencia de Gamarra, el hostigamiento contra los ambulantes en Mesa Redonda es visible. Los empresarios han colocado carteles en los frontis de sus negocios cerrados con frases que reflejan su malestar contra el comercio informal que se ha apoderado de las calles: “La cuarentena solo la cumplimos los comerciantes formales. Y las calles, tomadas por los informales”, dice uno de ellos, en letras blancas sobre fondo negro.

Los jirones Puno, Cusco, Andahuaylas y Ayacucho, que conforman el conglomerado ‘Mesa Redonda’, han sido tomados por los ambulantes. Esta imagen fue captada el pasado viernes 19. Se puede apreciar que en la fachada de un local, que cumple la cuarentena, ha sido colocado un cartel que manifiesta la queja contra la Municipalidad de Lima por permitir el comercio informal en este sector (foto: Juan C. Chamorro).

La comerciante Alejandra Gonzáles, quien es propietaria de varias tiendas en la galería ‘Tradiciones’ de Mesa Redonda, tiene que repartir por teléfono sus artículos de regalo (bolsas y stickers), que ella misma fabrica. En las paredes de la fachada de la galería, muchos comerciantes formales han colocado cartelitos con sus números de celular para poder despachar sus productos.

Antes de la pandemia, Alejandra podía tener ganancias diarias de entre S/4.000 a S/5.000. Hacía hasta envíos a provincia. Nunca pensó que llegaría a no facturar ni un sol, como le ocurre a veces ahora. En sus mejores días de esta cuarentena, alcanza S/100, pero otras veces no vende nada. Por eso, decidió ir todos los días a su galería para estar atenta al sonido del teléfono. Si recibe una llamada, ella misma sale de la galería, que está siempre con la puerta cerrada, a entregar el pedido.

La hija de doña Alejandra, una joven abogada de 27 años, fue despedida el año pasado de una inmobiliaria con el comienzo de la pandemia. Desde esa fecha, le ayuda en las ventas. También cuenta con el decisivo trabajo de un joven de nacionalidad venezolana.

La Parada

Quienes pensaban que La Parada había sido reubicada en Santa Anita, se equivocaron. El exvocero de 21 agrupaciones de ese conglomerado, Wilfredo Guzmán, ha confirmado a Sudaca que, desde hace dos semanas, centenares de comerciantes que habían sido reubicados en el mercado La Tierra Prometida han vuelto a La Victoria a seguir vendiendo sus productos.

Otra vez se han instalado, desde las 02:00 de la madrugada hasta las 07:00 de la mañana, en la Av. San Pablo y en el cruce de las avenidas Nicolás Ayllón y Riva Agüero. Así también lo ha confirmado este medio en una visita realizada la semana pasada.

Volvió La Parada. Martes 16 de febrero, 06:00 de la mañana. Cruce de las avenidas Nicolás Ayllón y Riva Agüero. Estos ambulantes fueron reubicados de este lugar, a fines del año pasado, al Mercado ‘La Tierra Prometida’, en Santa Anita. Desde enero, han retornado a este mismo espacio comercial callejero, más conocido como ‘La Paradita’, en el límite de La Victoria y El Agustino (foto: Juan C. Chamorro). 

Guzmán explicó que uno de los motivos de que los comerciantes hayan retornado a los alrededores de La Parada es que sus productos no se venden en La Tierra Prometida. “Hay que admitir que ha sido un fracaso”, señaló, sobre el proyecto de reubicación que encabezaron el exalcalde de La Victoria George Forsyth y el alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz.

Henry Huayta es vendedor ambulante. Señaló a Sudaca que ha dejado el puesto que alquiló en ‘La Tierra Prometida’, pagando S/5.700 por un año y medio, a una señora a la que no le cobra nada porque allí no hay ventas. Sostiene haber retornado porque en los alrededores de La Parada puede tener al menos una ganancia de S/50 al día. Se ha instalado en el cruce de las avenidas Nicolás Ayllón y Riva Agüero. Sudaca ha revelado en un informe de enero pasado que los comerciantes pagaron entre S/3.700 y S/5.700 en La Tierra Prometida por el alquiler de un puesto, por un año y medio.

Entre la noche del 8 y la madrugada del 9 de noviembre del 2020, con la protección de 700 policías, los 2.745 vendedores de productos perecibles y verduras que vendían en los alrededores de lo que fue el ‘Mercado Mayorista La Parada’ fueron trasladados al mercado La Tierra Prometida, en Santa Anita, que es de propiedad de la Empresa Municipal de Mercados SA (EMMSA).

Cuando fue abierto al público, La Tierra Prometida increíblemente no tenía conexión de agua (hoy ya lo tiene) y había comenzado a atender con baños portátiles.

Solución

En Gamarra hay 31.000 locales comerciales distribuidos en 230 galerías, según un censo realizado por el INEI en el 2016. La presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, aseguró a Sudaca que el 40% de esos microempresarios, aproximadamente unos 12 mil, han quebrado o están al borde de la quiebra

¿De dónde sale esa cifra? A partir de junio del año pasado, cuando Gamarra reabrió sus puertas al público tras el primer confinamiento, comenzó a trabajar a media máquina. Es decir, solo el 50% ó 60% volvió. El resto, ese 40%, no lo hizo. Se presume que ellos son los que estarían muy cerca de la bancarrota. La dirigente señaló que la situación económica ha empeorado porque, en esta nueva cuarentena, solo el 20% −unos 6 mil empresarios− está trabajando de forma virtual o remota.

Una solución que plantearon los empresarios de Gamarra, sostiene la vocera, es que el gobierno coloque salvaguardias a las prendas importadas de Asia, especialmente China y Bangladesh. Una salvaguardia implica el aumento temporal de los aranceles de un producto, de forma provisional y no desde una lógica proteccionista. Una salvaguardia, en el contexto de una pandemia y dos cuarentenas estrictas, para proteger a una industria textil abundante en mano de obra, es un pedido urgente.

Según cifras de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), gremio que también solicitó las salvaguardias, de cada 10 prendas de vestir que se venden en el Perú, ocho son importadas. El Indecopi, entidad que se encarga de velar por la libre competencia en el país y a la que nadie acusaría de ‘proteccionista’, emitió un informe recomendando que las salvaguardias sean colocadas. Sin embargo, una comisión multisectorial del gobierno conformada por tres ministerios decidió hacer caso omiso a esa recomendación y desestimó el pedido de los textileros.

Otras medidas de salvataje que ensaya Saldaña son: que el gobierno compre a Gamarra productos de bioseguridad, como mascarillas e indumentaria para el sector salud; un plan masivo de Reactiva Perú con montos que superen los S/50.000 o S/100.000; y estar en la primera fase de reapertura de la cuarentena, para poder atender presencialmente con un aforo reducido a 20%.

Finalmente, los comerciantes formales piden que se erradique a los ambulantes de los exteriores del conglomerado. Alegan que no solo causan desorden, sino que no respetan el distanciamiento social ni tienen protocolos de bioseguridad.

Según la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, en este conglomerado hay 129 galerías y 70.000 comerciantes. El vocero de ese gremio, Pablo Goytizolo, dijo a Sudaca que su principal reclamo, antes de que se piense en una reapertura es que haya limpieza en la zona y la erradicación de los ambulantes. Extienden el pedido al alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Desde junio del año pasado, dijo Goytizolo, los ambulantes han ocupado los alrededores de Mesa Redonda y el municipio no hace nada por evitarlo.

Goytizolo señaló que sostendrán reuniones con los emporios de Gamarra y Las Malvinas para realizar una protesta conjunta contra el sector informal. Hoy lunes por la mañana, cuatro gremios que agrupan a los empresarios de Gamarra anunciaron un desesperado platón para este jueves 25, a las 8 de la mañana. Reclaman salvaguardias, reapertura con aforo reducido y erradicación de ambulantes.

Sudaca envío un pliego de preguntas a los municipios de Lima y La Victoria, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Toca darle un final a este artículo y este es el más apropiado. Pese a que piden erradicación porque los consideran una competencia desleal, hay también sentimientos encontrados en muchos comerciantes de Gamarra y Mesa Redonda con respecto a los ambulantes. No hay que olvidar que varios de ellos comenzaron como informales, pero en el transcurso de los años llegaron a convertirse en exitosos empresarios. La pandemia lo cambió todo y la mayoría hoy está al borde de la bancarrota. Un claro ejemplo de esa realidad la vive en carne propia la administradora de la tienda ‘Gino Galdini’ de Gamarra, Miriam Romero.

Por un lado, guarda bonitos recuerdos del tiempo en que sus padres vendían en la calle. Como anécdota, nos cuenta que cuando era bebé la colocaban dentro de una cajita de cartón sobre el piso del jirón de la Unión para que duerma, mientras vendían sus zapatos hechos a mano. Pero todo eso desaparece cuando le preguntamos por el futuro de su negocio. Entonces, descarga su molestia contra los informales. “Yo gano ahora S/30 diarios, tengo que pagar un alquiler de US$400 y arbitrios. Ellos no pagan nada. Ellos están acostumbrados a ganar sin pagar a la Sunat, dejan la calle sucia y fomentan el desorden”, reclama.

¿Mirará el gobierno a estos empresarios, atenderá sus demandas, o solo está dispuesto a escuchar a aquellos que organizan la CADE?

**Foto portada: Miércoles, 16 de febrero. Una vista de la Avenida Aviación desde la Estación Gamarra, del Metro de Lima (foto: Juan C. Chamorro).

 

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