Informes

El boicot y la estrategia para bloquear el nombramiento de la Fiscal Benavides se prueba con la entrega a varios periodistas y medios de comunicación de un audio que tuvo la Juez Superior de la Corte del Callao, Ruth Benavides Vargas, hermana de la candidata a Fiscal Suprema, con el inefable ex Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos Montalvo, el año 2018 en el que hablan de temas administrativos de la Corte Chalaca. Pese a la irrelevancia de la comunicación, la idea es relacionar a una hermana de una postulante a Fiscal Supremo, con el juez más corrupto de la historia del país, para comprometerla y señalarla como posible “hermanita”.

Al audio del año 2018, se agrega la circulación de un dossier de la juez superior Enma Benavides Vargas, hermana también de la candidata a Fiscal Supremo Patricia Benavides, quien se encuentra procesada por el delito de corrupción de funcionarios al haber supuestamente pedido dinero, mediante algunos malos abogados, a algunos internos procesados por narcotráfico del penal Piedras Gordas. Dicha investigación fue iniciada por los Fiscales Supremos –personas de absoluta confianza de Zoraida Ávalos– Eliseo Fernández Alarcón y Fanny Quispe Farfán, quienes tienen, además, en su poder la copia espejo de todos los audios de la vergüenza. Se quiere presentar, de modo gráfico, que Patricia Benavides forma parte de un clan judicial que se encuentra vinculado a casos de corrupción lo que invalidaría su nombramiento como Fiscal Supremo, situación absolutamente ilegal, por decir lo menos, debido a que la responsabilidad jurídica es siempre personal y no se trasmite por lazos sanguíneos o por vínculos familiares.

En el Ministerio Público, según la consulta a algunos fiscales, hay dos explicaciones claras sobre el tema que al final no se oponen entre sí, sino que se complementan.

La primera: tanto el caso del Fiscal Pablo Sánchez y de Patricia Benavides debe verse como un cuidadoso y preparado complot y ataque de algunos fiscales anticorrupción y algunos fiscales del caso Cuellos Blancos que para entrar a tallar tanto en la elección de los nuevos fiscales supremos y luego en la elección del nuevo Fiscal de la Nación enfilan sus baterías contra sus propios colegas que no son de su simpatía ni de su grupo de poder.  Para ello no les importa utilizar información reservada (los audios) ni tampoco tienen el más mínimo empacho para gatillar las propias investigaciones y hacer un ajuste de cuentas, pretendiendo dirigir el destino de la institución a la que pertenecen y a la que tratan como si fuera su chacra y una marioneta a la que mueven a voluntad con tal de lograr sus objetivos.

La segunda: desde el Poder Ejecutivo, a través de operadores jurídicos y personas del propio Ministerio Público, se busca influir de manera directa en la elección de los nuevos Fiscales Supremos en la Junta Nacional de Justicia y, con ello, en la elección del nuevo Fiscal de la Nación debido a que por acciones de inteligencia se ha tomado conocimiento de que el actual Fiscal de la Nación ha decidido, hacer más de 20 días, abrir investigación preliminar al Presidente Pedro Castillo Terrones, decisión que pondría al borde del abismo al gobierno y el destino del Presidente de la República estaría cantado, de tal manera que es mejor negociar con una vieja conocida del gobierno: Zoraida Ávalos que ofrecería mayores garantías que siquiera intentar un acercamiento con los Fiscales Supremos que pueden poner en jaque al gobierno y afectar a los intereses que se mueven a su alrededor, en especial, en el rubro petrolero.

 

 

 

Tags:

Fiscal de la Nación, Gobierno

INVESTIGACIÓN ESTANCADA

La llegada de esta planta de oxígeno en abril de 2021 coincidió con el pico más alto de la segunda ola en Tumbes. Según los datos abiertos del Minsa, la región tuvo 214 muertes por COVID-19 ese mes, una cifra que sólo había sido superada en junio de 2020. Si bien en los meses siguientes la tendencia iría bajando, la situación seguía siendo crítica. 

“Yo soy presidente de la Comisión de Desarrollo Social. Y por ese entonces, la gente nos llamaba por necesidad de oxígeno”, recuerda el consejero Espinoza. “Cuando íbamos al hospital, nos decían “Consejero, consejero, no hay oxígeno”, agrega.

Bienvenido Ramirez, excongresista fujimorista y médico en el Hospital Regional, también relata una situación similar. “En la primera y segunda ola nos faltó el oxígeno. Mucha gente se moría por eso. Cuando le decíamos que no teníamos oxígeno a los familiares, salían corriendo a otras regiones o hasta a Ecuador, y traían los balones, con riesgo”, asegura Ramírez. Toda la tragedia se centraba en el Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría, donde se encontraba la planta de oxígeno inoperativa.

Este caso y el detalle de la responsabilidad del actual ministro Barranzuela se encuentran en el informe final de una comisión investigadora. Esta se encargó de indagar el mal manejo de la pandemia en Ucayali, Tumbes y Apurímac durante junio de 2021. El 9 de julio, enviaron el documento con sus hallazgos y recomendaciones a la presidenta del Congreso Mirtha Vásquez.

Sudaca se contactó con el excongresista Walter Rivera, quien presidió esta comisión investigadora. Rivera confirmó que el informe final había sido entregado de manera oportuna, pero que continúa como “reservado” porque no se pudo agendar para exponerlo en el hemiciclo. Fuentes del Congreso sostienen que el caso se encuentra en la caja fuerte de la Oficialía Mayor. 

En este nuevo periodo parlamentario, Kira Alcarraz es la que preside la comisión que investiga el manejo del COVID-19 en todas las regiones. Ella tiene la posibilidad de solicitar el informe. Este jueves, un trabajador de su despacho confirmó que ya lo había hecho. Según la congresista, estas semanas la comisión ha estado siguiendo un caso de Arequipa y recién en junio tocará Tumbes y Ucayali. Por el momento, la investigación hecha hace un año sigue estancada y con los detalles en reserva.

Nos comunicamos con el ministro Barranzuela a través de su equipo de prensa, pero al cierre de esta edición no respondió.

 

FOTOCOMPOSICIÓN: Darlen Leonardo.

 

Tags:

Juan Barranzuela, MTC, Pedro Castillo

PARTEAGUAS

Tanto Boluarte como Castillo no las tienen todas consigo. La Contraloría puso la cabeza de la abogada en una bandeja y pidió a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, evaluar si la titular del Midis cometió una infracción constitucional. Ello, por haber actuado, en paralelo, como presidenta del consejo directivo del club departamental Apurímac y ministra de Estado. Boluarte argumenta que pidió licencia en el club el 29 de julio del 2021, pero el ente de control halló que firmó 13 documentos después de esa fecha, en calidad de titular de la asociación privada.

La denuncia de la Contraloría puede allanar el camino para sacarla del juego, destituirla del cargo de ministra e inhabilitarla de la función pública. Esto último equivaldría a sacarla de la vicepresidencia, según el constitucionalista Natale Amprimo. 

La acusación que se prepara contra Boluarte llega en un momento de división en el oficialismo. Los representantes de Perú Libre están con la sangre en el ojo porque el presidente Castillo no respetó el acuerdo para que el cerronismo maneje los ministerios de Salud y Energía y Minas. 

Castillo sacó -sin consultar al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón- al ministro de Energía, Carlos Palacios. Y lo reemplazó por la abogada Alessandra Herrera, a quien en el partido del lápiz identifican como alguien cercana a las grandes empresas. 

En la agrupación liderada por Cerrón, que tiene hoy 22 parlamentarios tras sucesivas escisiones, hablan de ajustar cuentas. Un primer zarpazo se lo darían a la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, enemiga de Cerrón. Los congresistas de este bloque apoyarían la censura en su contra, dice una fuente del lápiz.

Boluarte, una adversaria declarada del cerronismo y exmilitante de Perú Libre, sería la siguiente en caso prospera la denuncia constitucional en el Parlamento. “La política es ondulante. Cambia según la coyuntura”, declaró Cerrón a Canal N, en abril pasado. 

Boluarte está actualmente en la ciudad de Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial. Hoy participó en un panel que abordó el tema de la polarización e incertidumbre política en América Latina. “La derecha en el país, si es que así podemos denominarla, no quiere reconocer el triunfo legítimo del presidente Pedro Castillo en las elecciones segunda vuelta del 6 de junio. Y desde el primer instante en que el presidente y yo juramos servir al pueblo peruano no nos han dejado gobernar en paz”, dijo Boluarte en un evento del foro. 

Tags:

Dina Boluarte, Gobierno, Pedro Castillo

EL PUNTO DE QUIEBRE

Actualmente, cuando uno entra al Facebook de Luxury Capital, la empresa asegura que sólo brinda información financiera. “¡NO ACEPTAMOS CAPITAL DE NINGÚN TIPO!”, resalta enfáticamente su descripción. La última fecha que aceptaron dinero del público fue el 28 de diciembre de 2021. Sudaca tuvo acceso a siete contratos firmados esa misma fecha, en los cuales la inversión total suma casi US$62,000. Pocos días después, la empresa empezaría a dar los primeros signos de alarma. 

El nuevo Luxury
Una publicación del viernes pasado de Luxury. Irónicamente, ahora se dedican a dar consejos financieros.

Aquel diciembre, por ejemplo, ya habían surgido problemas con los acuerdos entre la empresa y los aportantes. «En mi contrato, había cosas incongruentes: decía mi nombre, pero aparecía otro porcentaje diferente al pactado. Decía que había contratado el plan de seis meses cuando yo había elegido el de un año. Les hice saber eso, pero no me respondieron”, recuerda Antonio Gallegos, que invirtió US$3,500 y asegura no haber recibido nada.

El 4 de enero de 2022, la empresa avisó en el chat de WhatsApp de sus usuarios que no estaban aceptando más inversiones porque “todo el personal está con la tarea de los nuevos contratos”. Y el 7 de enero, lanzaron una justificación para el retraso de los pagos y cambiaron de discurso: anunciaron que, debido a una supuesta fiscalización por parte de la Sunat que los obligaba a regularizar documentos, no iban a poder retirar el dinero del broker que usaban. Se referían, con esto último, a la intermediaria que operaba en el mercado financiero internacional, la que ponía afuera las inversiones de los afectados.

El escepticismo ya se notaba en algunos inversores, que sospechaban que las excusas eran falsas. Otros pedían paciencia, ya que la empresa había dado una fecha para el pago pendiente: el 28 de enero. Cuando llegó ese día, sin embargo, no pagaron.

Algunos de los afectados ya habían creado un grupo de WhatsApp paralelo donde coordinaban qué acciones tomar ante la demora. En el grupo oficial, mientras tanto, Carlos Dávalos, el gerente general, afirmaba que el dinero aún no llegaba a la cuenta empresarial.

El gerente de Luxury adjuntó tres videos cortos filmados por él mismo en un banco. En la imágenes, se le oye preguntarle a una trabajadora de la entidad financiera por qué no llegan las transacciones a la cuenta de su empresa. En ningún momento se muestra que le den alguna respuesta a su consulta.

En ese mismo chat, Dávalos prometió crear una nueva cuenta bancaria para solucionar el problema, aseguró que la empresa no iba a desaparecer y que iba a haber más comunicación que nunca. Pero esto último no se cumplió. Los usuarios empezaron a reclamar por el grupo de WhatsApp que Luxury no respondía las llamadas ni los mensajes.

Al día siguiente, el 29 de enero, el número de atención al cliente de Luxury mandó otro mensaje al grupo de WhatsApp, donde amenazaba con una contrademanda a quienes quieran denunciar a la empresa penalmente, una idea que ya había sido sugerida por un usuario semanas antes. “Así mismo, desde este momento, cualquier comentario fuera de lugar por este grupo será reportado y se procederá a eliminar del grupo”, asegura el mensaje.

La semana siguiente, en medio de reclamos cada vez más intensos, Luxury afirmó que la devolución del dinero empezaría el 7 de mayo y que penalizarán a “las personas que hayan venido compartiendo comentarios o adjetivos mal intencionados”. También anunciaron que ya habían creado la nueva cuenta bancaria y adjuntó una grabación para mostrarles las primeras operaciones que estaban haciendo: la mayoría eran transacciones de montos pequeños que no pasaban los US$100 ni se acercaban a la suma depositada por los inversores.

“Este es un proceso que llevará [el] tiempo indicado [hasta el 7 de mayo], por lo que les pido me dejen hacer lo que mejor hago”, agregó el gerente en su mensaje.

En marzo no hubo mayores noticias de los pagos y, para fines de abril, Dávalos señaló en el chat de los inversores que la devolución ya no se iba a dar en la fecha acordada. Dijo que había abierto un nuevo servicio para que puedan invertir con “100% control de su dinero”. Se trataba de un intento de enmienda insólito, considerando todos los pedidos de devolución o de, al menos, hacer un Zoom informativo durante el 2022.

Ese día, Dávalos también restringió la opción de que los demás puedan mandar mensajes en el grupo de WhatsApp. “Este grupo va a pasar a ser un grupo simplemente informativo, sólo se va a envíar las últimas actualizaciones del servicio para evitar distracciones con comentarios malintencionados”, sentenció a modo de posdata.

Mensaje wsp abril
El mensaje del 27 de abril de Dávalos. Ese día, restringió a los inversores de mandar mensajes.

Hasta el día de hoy, los inversores no han recibido las devoluciones de lo que invirtieron, pese a que muchos de ellos ya mandaron su resolución de contrato a Luxury. Carlos Dávalos se animó finalmente a hacer un Zoom el 12 de mayo. Pero lo que dijo en la reunión dejó mucho que desear.

“Estuve en el Zoom hasta media hora antes de que terminara. Básicamente, Dávalos explicó que todo el dinero se perdió porque el petróleo está de bajada. Nos hizo ver las transacciones que había hecho con cantidades menores el 22 de marzo. Le pedíamos que nos deje ver las de los meses anteriores, pero no lo hizo. También nos desactivó el audio”, recuerda Alan Sedano, uno de los inversores que estuvo en esa reunión. Como dato adicional, Alan comenta que para poder invertir US$3,250 en Luxury, se hizo de un préstamo.  

Sudaca se comunicó con Carlos Dávalos, quien sólo atinó a comentar por un mensaje: “Todo respecto a ese tema lo compartí con los inversionistas mediante un Zoom. Ahora nos encontramos mediante un sistema de devolución que también vengo compartiéndolo mediante el mismo grupo”.

 

Tags:

Banca, Financieras, SBS

LAS GRINGAS

Según Francisco Eguiguren, muchas compañías, animadas por los estudios de abogados, suelen impugnar reiteradas veces los montos que la Sunat les determina. El motivo: demorar lo más que se pueda el pago, así no tengan razón. Algunas veces, esto puede tomar décadas. “Esto no significa que justifiquemos la demora en resolver los casos, pero tampoco puede ocultarse que hay un motivo detrás. Las grandes empresas que tienen un aparato legal bien diseñado hacen este cálculo. Y algunos abogados también”, dice.

La demora les conviene, porque no importa cuánto demoren en pagar. Como no les van a cobrar más allá del plazo legal, les conviene que se sigan demorando más. Mientras tanto, ellos siguen usando ese dinero, por lo que no tienen interés en que el proceso avance rápido. Cuanto más demore, más tarde tendrán que pagar”, sostiene Eguiguren.

Ese mismo abril, por ejemplo, Mondelez Perú, filial de la multinacional estadounidense antes llamada Kraft Foods Group, tuvo buenas noticias del TC. La empresa, que produce snacks -entre los que destacan marcas como Oreo, Soda Field, Ritz, Trident, Chiclets, Halls y demás- interpuso la demanda de amparo contra la Sunat en junio de 2017. Y la ganó.

La deuda original por el Impuesto General a las Ventas del 2007 era de S/4’147,918. Desde la Sunat informan que actualmente se está calculando cuánto creció ese monto hasta la fecha.

Otra empresa gringa cuyos recursos ante el TC fueron admitidos es la mayor fabricante de vidrios de América, Owens-Illinois. Esta compañía atiende a los sectores de bebidas alcohólicas, no alcohólicas y alimentos. Para llevar a cabo sus actividades comerciales, extrae agua subterránea de dos pozos tubulares en Lurín.  

Owens-Illinois no pedía que se le perdone una deuda, sino que se le devuelva los S/812.128 que pagó “indebidamente”, según la compañía, entre diciembre de 2010 y mayo de 2015 por haber usado agua subterránea. Su principal argumento, en la demanda de amparo presentada el 2016, es que Sedapal nunca debió cobrar ese importe porque era inconstitucional.

Augusto Ferrero TC
El voto dirimente de Augusto Ferrero, quien en enero de este año asumió la presidencia del TC, ha sido fundamental para inclinar la balanza a favor de las grandes empresas.

¿Por qué la multinacional estadounidense sostiene que el cobro era inconstitucional? Precisamente hasta el 2015 existía una controversia sobre si el uso de agua subterránea se debía pagar como un tributo o no. El asunto fue zanjado con una ley publicada en ese año, pero antes de eso las empresas podían alegar poca claridad en las normas. Este asunto ya lo explicamos cuando contamos la historia de la deuda que se le perdonó a Backus.

Ernesto Blume, ponente del caso, respaldó la postura de la inconstitucionalidad del cobro. “Sedapal ha exigido su pago sustentándose en una norma inconstitucional”, se puede leer en la sentencia. Con él, votaron José Sardón y Augusto Ferrero. Miranda, Espinoza-Saldaña y Ledesma, de otro lado, argumentaron que el TC no era la instancia correspondiente donde se debía ver el caso, sino el Poder Judicial.

Así, en medio de un empate, el voto dirimente de Ferrero fue el que decidió todo y al fabricante de vidrios más grande del Perú le podría salir gratis haber usado 414.630 m³ del recurso hídrico. En Lurín, distrito donde se encuentra la planta de Owens-Illinois, el 70% de las personas no tiene agua potable, según información de su comuna en el 2020.

Los nuevos magistrados del TC ya empezaron sus funciones. El único que queda, y en el cargo de presidente, será Augusto Ferrero. Sigue teniendo el poder dirimente que demuestran estas líneas. “Se juega mucho con quién tiene el voto dirimente para que una posición se imponga sobre la otra, lo cual es negativo porque prima la cantidad antes que los argumentos”, explica Fernando Loayza, especialista en derecho tributario. Aunque asegura que esto no es algo nuevo.

 

 

*Francisco Eguiguren ejerció la defensa de la Sunat en el caso Telefónica sobre intereses moratorios.

Tags:

Augusto Ferrero, Sunat, TC

El FACTOR VILLAVERDE 

Zamir Villaverde está, como Pacheco, hasta el cuello en el caso del puente Tarata. La fiscal Karla Zecenarro ubica al empresario  como un personaje clave en la trama al ofrecerle obras a Luis Pasapera Adrianzén, representante legal de Termirex, empresa que formó parte de un consorcio que ganó la licitación del puente Tarata. Las obras ofrecidas por Villaverde pertenecen a los ministerios de Transportes y Vivienda.

Villaverde ejercicio
Enero, 2022. Zamir Villaverde García, empresario, realizando ejercicios en un gimnasio. Hoy acusa al presidente Pedro Castillo con declaraciones estridentes y destempladas. Fuente: Facebook de Zamir Villaverde.

Villaverde le dijo a Pasapera, de acuerdo a un colaborador eficaz, que “el camino para llegar a los funcionarios públicos eran los sobrinos del presidente de la República [Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez]”, a quienes les prestó autos y le dio otras gollerías. 

Pacheco, por su parte, fue captado por Karelim López, representante de Termirex, para facilitarle el triunfo en la obra. Esto según la hipótesis fiscal.

Tras confirmarse la prisión preventiva en su contra, Villaverde comenzó a disparar a todos lados. En la catarata de acusaciones verbales de los últimos días, Villaverde también enlodó a Bruno Pacheco, un hombre de su confianza que trabajó en Vigarza, la empresa de seguridad del empresario. Pacheco trabajó allí entre el 2014 y el 2020. 

Villaverde dijo que los US$ 20,000 encontrados al exsecretario de Palacio en el baño de su oficina eran fruto de los cupos pagados por policías que buscaban ascender para Karelim López y el presidente Pedro Castillo. Declaró también que el exsecretario de Palacio le contó que López le dio S/2 millones para entregarlos al presidente Castillo como sobornos en las licitaciones de Petroperú. 

“Tiene que haber una prueba corroborada de lo que se dice. Están aprovechándose del señor Pacheco con todo esto. Están haciendo escarnio de su situación”, dice Gloria Quiñones, la abogada del exsecretario de Palacio. El exbrazo derecho del presidente de la República no se entregará a las autoridades hasta que revoquen su orden de captura.

 

 

 

Tags:

Bruno Pacheco, Gobierno, Pedro Castillo

“En el Perú tenemos la mala costumbre de apropiarnos de elementos identitarios de marcas ajenas y nos parece absolutamente natural. Pero esto obvia que la razón por la que se hace es porque alguien ya se tomó el trabajo de construir esa marca. Si no, no tendríamos ningún objetivo para robárnosla”, dice Carlos Zuñiga, presidente de la asociación Elegir.

“Uno se apropia de la marca porque la gente asocia cierto tipo de valores y criterios. Ese es el razonamiento detrás del robo. El único objetivo es el de confundir al consumidor final, porque estás tratando de transferir esta identidad de marca a una cosa nueva que no la tiene. Y sin pagar nada por beneficiarse de eso. Al final, lo más gracioso de todo es que esto también es plagio, están plagiando a una marca”, agrega el especialista en defensa del consumidor.

Hoy el colegio ha adoptado un nuevo nombre, aunque mantiene el espíritu anglosajón: UCV College. Así nos lo confirmaron cuando llamamos a pedir una entrevista con su directora, quien no aceptó la solicitud. En el área de comunicaciones de la universidad tampoco quisieron atendernos.

Recientemente, un grupo de padres y madres de familia protestó en el frontis de la institución para que las clases vuelvan a ser por las mañanas y no por las tardes, como viene siendo desde inicios de año. Señalaban que sus hijos se exponían a la delincuencia de la zona. Tras presentar su reclamo ante las autoridades del centro educativo, “estas les recomendaron cambiar de colegio a sus hijos si no están de acuerdo con el cambio de horario”, señala una nota del diario La Hora, de Piura.

Fiel a su nulo respeto por la libertad de expresión, el colegio de la UCV les recordó a los tutores de los alumnos que, según su reglamento, tienen prohibido “hacer comentarios a través de diferentes medios que generen divisiones, afecten el prestigio y la buena imagen de la comunidad educativa”. Así se lee en un comunicado dirigido a ellos. La empresa Universidad César Vallejo SAC figura en el puesto cinco de las casas de estudio más sancionadas por el Indecopi.

Protesta padres
Protesta de los padres de familia contra la UCV College. Recibieron una bravuconada como respuesta.

Fotoportada por Darlen Leonardo

Tags:

Denuncias, sociedad, ucv

La otra reunión entre terroristas y narcos se produjo a fines de marzo, según otro documento de la Digimin, en el distrito de Vizcatán del Ene. En la cita participó el camarada ‘Antonio’, quien “habría requerido que en un corto plazo proveerse de alimentos enlatados y material de guerra”.

Reunión Narcos
8 de abril, 2022. Nota informativa policial sobre una reunión entre mandos terroristas y narcotraficantes en el distrito Vizcatán del Ene, en Junín. Los seguidores de los Quispe Palominos pidieron alimentos enlatados y material de guerra.

Otro de los documentos habla de deserciones en el grupo armado para buscar “mejores condiciones de vida”, aunque no dan una cifra. El reporte habla de fomentar las traiciones entre los integrantes con “una serie de operaciones psicológicas” no especificadas. El Militarizado Partido Comunista del Perú no escatima en insultos para los desertores, como es de esperarse. Los llama “grupillo de bastardos necios” y “excrementos de perros traidores”.

 

 

 

Tags:

Gobierno, Pedro Castillo

EL INVASOR Y EL EMPRESARIO

Sudaca también pudo acceder el récord de denuncias contra Luis Girón, quien ahora reclama la titularidad del terreno de la señora Reusche. Él está imputado en un caso que sigue la Fiscalía bajo los delitos de estafa, lavado de activos y fraude en la administración de personas jurídicas. Lo más llamativo de este caso, que aún se encuentra en etapa preliminar, es su coinvestigado: Max Leigh García, un empresario de Piura dedicado al rubro inmobiliario, quien ha sido vinculado a un mediático caso de presunto tráfico de terrenos en la región.

Max Leigh
Max Leigh, empresario que comparte proceso penal con Luis Girón (foto: Facebook)»

Leigh fue uno de los beneficiados de una venta de más de 200 hectáreas por parte de un proyecto del Gobierno Regional de Piura. Según una nota del diario Correo, una ciudadana denunció haber sido despojada del terreno donde habitaba años atrás por parte de los funcionarios de este proyecto. Ellos le solicitaban que abandone el terreno, pues habían vendido “14 hectáreas del predio al ciudadano Max Leigh García.”

Actualmente, Leigh García es gerente general de Urbana Constructora Inmobiliaria y Constructora Inmobiliaria Sausalito, según información de SUNAT. También ocupó el mismo cargo en Global Constructora Inmobiliaria, una empresa que fue dada de baja en 2017. Según su página de Facebook, Girón reconoce haber trabajado un tiempo con Leigh, siendo administrador y contador de la primera empresa mencionada. 

Intentamos comunicarnos con Girón y Leigh, les escribimos a sus redes sociales y llamamos a los teléfonos de sus respectivas empresas, pero no obtuvimos respuesta. Sólo contestó el celular una de las compañías donde Girón asegura ser gerente, pero el interlocutor aseguró no conocerlo. La jueza Ingrid Díaz, por su parte, tampoco respondió el correo en el que le solicitamos sus descargos.

 

 

 

 

Tags:

Piura, sociedad, Tráfico
x