Del lado progresista del espectro político le cayeron duras críticas a la empresa y su matriz. Se le acusó de ‘doble moral’, pues Intercorp no solo enarbola los colores LGTBIQ+ en el mes del orgullo; el año pasado se proclamó orgulloso “de estar entre los mejores espacios laborales para el talento LGBTIQ+”. Así lo puso en una nota de prensa.
La controversia en torno al cariñoso beso de pico de Lightyear ha puesto en entredicho esta orgullosa afirmación. “Intercorp está aprovechándose de las buenas prácticas de algunas de sus empresas y quiere generalizarlas, para dar la imagen de que todo el grupo tiene políticas de inclusión. Pero no necesariamente es así”, opina Alex Hernández, psicóloga y presidenta del colectivo Más Igualdad. Y, en efecto, al leer detenidamente la nota de prensa, se puede ver que en verdad Intercorp hace referencia a un reconocimiento que obtuvieron solo ocho de sus empresas, como Interbank, UTP o Real Plaza. Cineplanet no se encontraba dentro de la lista, y esta controversia da algunas pistas del porqué.
Nota de prensa de Intercorp de 2021, en la cual manifiestan sentirse “orgullosos de estar entre los mejores espacios laborales para el talento LGBTIQ+»
“Si es que hubiera habido una indicación mayor del grupo [Intercorp], en la cual digan que todas las empresas deben adoptar esa línea, a ningún directivo de Cineplanet se le hubiera ocurrido jamás hacer algo así. El término ‘ideología de género’ es un término politizado, que estigmatiza”, agrega Hernández.
Las cabezas de Cineplanet recién actuaron horas después, cuando retiraron estos avisos y lanzaron su comunicado, en el que lamentan lo ocurrido. Aseguran haber actuado “apenas lo identificamos”, una línea que sugiere que esta fue una acción aislada, no autorizada por los altos mandos.
En redes sociales, las críticas apuntaron al director comercial de Cineplanet, Juan José Duffoo. Según capturas de pantalla obtenidas por el periodista Jonathan Castro, este directivo compartía publicaciones relacionadas a la teoría del fraude electoral de 2021 y burlas al lenguaje inclusivo. En sus publicaciones usaba términos como “cojudignos” para referirse a los que votaron distinto a él. Ante la avalancha mediática, Duffoo cerró sus redes sociales.
Una de las publicaciones de Juan José Duffoo, donde se burla del lenguaje inclusivo.
“Es necesario que revisen las actitudes que tienen las personas clave en sus empresas. Es importante que en este tipo de grupos empresariales, las políticas sean transversales y no solamente prácticas que se manejan en algunas de sus marcas”, considera Alex Hernández. Días después del episodio se sigue hablando de Lightyear y su ‘polémico’ beso. Con el paso de las semanas, veremos si este incidente del viernes pasado implica un cambio mayor en Cineplanet o si queda como una anécdota más para las cabezas de la empresa.
Hay otras situaciones que revelan lo mal que funcionan los supuestos filtros de InDriver. Dulce Cabrera (28), por ejemplo, fue víctima de un hurto que escaló a mayores. “Todo pasó el 23 de abril, cuando me dirigí a La Molina para maquillar a una chica por su cumpleaños. Tomé un taxi desde mi casa en El Agustino acompañada de mi novio. Llegué a la casa normal. Al sacar mis cosas me doy cuenta de que no tenía mi celular”, recuerda esta profesora de educación primaria.
Luego de timbrar en más de diez oportunidades a su número sin respuesta, Cabrera decidió llamar a Jesús Alberto Salas Rodriguez, el dueño del vehículo de placa ANE-063 que los llevó hasta La Molina. “Me dijo que estaba por Magdalena haciendo otra carrera y que se iba a estacionar para fijarse. A los 10 minutos volvimos a llamar y nos dijo que no había nada. Enseguida volvimos a timbrar y ya estaba apagado”, asegura la también maquilladora.
Cabrera dio el celular por perdido, pero ahí no terminaron los problemas. “Una experiencia de una noche arrastró un mes completo de malos momentos”, se lamenta. Y es que a tres semanas de ocurrido el hecho, la profesora se dio con la sorpresa de que alguien se estaba haciendo pasar por ella en redes sociales.
“Mi hijo de 10 años tiene Facebook en su tablet. Es la forma de comunicarme con él cuando no estoy. Le escribieron desde mi cuenta. Habían conseguido desbloquear mi celular”, dice Cabrera. Y el asunto siguió. “El 18 de mayo me notificaron a mi correo que habían pagado un viaje en Beat de casi S/ 30 con mi tarjeta. Tenía miedo de que vaciaran mis cuentas bancarias”, agrega la profesora. Alarmada, comenzó a cambiar todas sus contraseñas.
Cabrera logró comprobar que Jesús Salas, el hombre que le había hecho el servicio por InDriver, era la persona que había realizado ese viaje en Beat. “El viaje que hicieron desde Miraflores a El Agustino en Beat figura con la dirección que aparece en su Reniec”, afirma.
La mujer realizó una denuncia policial –a la que tuvo acceso Sudaca– de todo lo que vivió. Sin embargo, en la misma comisaría le recomendaron dejar el asunto ahí. “No le dieron mayor importancia. El comisario le indicó al agente que me estaba tomando la declaración que lo hiciera, pero que lo diera por perdido. Me dijeron que al día siguiente vuelva por la copia. Pero ya no fui, volví decepcionada”, recuerda.
Esta fue la ineficaz respuesta que recibió Lucero Hidalgo cuando reportó su primer intento de secuestro a InDriver
Al igual que Cabrera, el resto de casos aquí detallados por Sudaca fueron reportados a la aplicación a través de un nada amigable chat de atención al cliente. No recibieron ninguna solución, muchos menos les dijeron si iban a sancionar a los conductores señalados.
¿VIAJAR SEGURO?
La aplicación de taxis InDriver nació el 2013. Es operada por una empresa rusa llamada Sinet Team, aunque su sede principal se encuentra en Mountain View, California. Su fundador y cabeza es Arsen Tomsky y su presencia en el mundo es impactante: el servicio está disponible en más de 600 ciudades en 42 países como Honduras, Uzbekistán o Kenya, según su propia web.
Al Perú, esta app llegó recién en 2018 y va ganando terreno gracias a sus “ventajas”. No sólo está el plus de poder regatear el precio de los viajes. Para los conductores, usar esta app sale más a cuenta, porque esta cobra una comisión promedio de 9.5% por viaje realizado, según su misma web. Esta tarifa la vuelve más cómoda que servicios similares como Uber o Beat, que cobran 25%, de acuerdo al diario El Tiempo de Colombia.
InDriver tiene filtros similares a los que manejan otras compañías para sus potenciales trabajadores: el taxista debe presentar sus antecedentes policiales, licencia de conducir vigente, cédula de ciudadanía y tarjeta de propiedad del auto, además de una foto y SOAT. En su web dicen que en solo 24 horas pueden aceptarte para generar ingresos con ellos. Pero Sudaca pudo corroborar que hay brechas de seguridad que son un peligro para el usuario.
Por ejemplo, no es necesario inscribirse como chofer para ver en vivo y en directo los viajes solicitados en InDriver. Basta presionar un botón en el aplicativo para cambiar de “modo pasajero” a “conductor”. Así, diversos datos quedan a libre disposición de cualquier persona que no esté inscrita como taxista. Esto incluye, además de los puntos de origen y destino, el modo de pago y los nombres de los usuarios, sobre todo si están registrados con Facebook. Por si no fuese suficiente, también se puede acceder a los kilómetros de distancia entre la ubicación del pasajero y el posible conductor antes de abordar.
Basta presionar un botón en la app para poder visualizar todos los viajes solicitados en vivo dentro de InDriver. Una brecha de seguridad que expone a sus usuarios y conductores.
Para el abogado Erick Iriarte, este hecho no solo es peligroso, sino que transgrede normativas vigentes. “Puede entenderse como una brecha de seguridad tanto para usuarios pasajeros como conductores. La app debería explicar por qué tiene esa modalidad. La ley de protección de datos personales, vigente desde hace 11 años en el Perú, tiene que ser cumplida”, afirma el especialista en derecho digital.
Opinión similar comparte el abogado Carlos Guerrero. “Es grave, me sorprende que sea así. Otras como Uber, Cabify o Beat tienen interfaces diferentes dependiendo si te registras como usuario o conductor. Me parece evidente que un delincuente lo pueda explotar para cometer delitos”, asegura el también especialista en entornos digitales.
“Ofrece tu precio. Recupera tu libertad”, es el eslogan deInDriver. La frase suena a ironía para los casos que revelamos en este informe. Sudaca intentó comunicarse con la compañía para que respondan por estos hechos a través de su departamento de relaciones públicas. Al cierre de este reportaje no recibimos respuesta.
A fines de noviembre del año pasado, el congresista José Elías, de Podemos Perú, presentó otra iniciativa legislativa –el proyecto 842/2021-CR– que busca regular a Indriver, Beat, Uber y compañía. El último 30 de mayo fue aprobado su dictamen. Con esto, solo falta que el Pleno del Congreso lo vote.
El proyecto del legislador Elías pretende crear el ‘Registro Nacional de Empresas Administradoras de Intermediación del Servicio Privado de Transporte Especial a través de Plataformas Tecnológicas’, que estará a cargo del MTC, entidad que también deberá fiscalizar el negocio y establecer sanciones. Esta lista incluirá a todas las empresas tecnológicas que brindan este tipo de servicios, estén o no localizadas en el Perú.
También estandariza los requisitos de admisión de nuevos conductores colocando algunos que no consideraban las aplicaciones, como exigir una constancia de revisión técnica aprobada y el récord de papeletas del conductor. El proyecto de Elías deja la puerta abierta para que el MTC agregue más filtros en el futuro reglamento de la ley. Además, ajusta los datos mínimos a los que los usuarios deben tener acceso en los aplicativos.
Si bien la iniciativa ya cuenta con un dictamen favorable, su aprobación –más allá del voto del Pleno– no está garantizada. En el 2018, dos iniciativas similares de las comisiones de transportes y defensa del consumidor llegaron a ser aprobadas por el pleno, pero el presidente Martín Vizcarra observó su autógrafa el 28 de diciembre de ese año. Hasta hoy, las aplicaciones de taxis son tierra de nadie.
EL PEDIDO DE EXCLUSIÓN DE UN FISCAL QUE ZORAIDA ÁVALOS NUNCA RESPONDIÓ A LA PROCURADURÍA ANTICORRUPCIÓN
El lunes 11 de marzo del 2019 a las 16.25 (ver fotografía) el Procurador Adjunto Público Anticorrupción, Javier Pacheco Palacios, presentó un escrito a la Fiscalía de la Nación en el que pedía se excluya del caso Cuellos Blancos del Puerto al Fiscal Supremo Eliseo Fernández Alarcón. En dicho escrito, literalmente, se dijo: “SOLICITO se EXCLUYA al Fiscal Supremo JESÚS ELISEO FERNÁNDEZ ALARCÓN DE LAS INVESTIGACIONES PRELIMINARES Y PREPARATORIAS, en las 23 carpetas fiscales, procesos tramitados ante Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos; y todos aquellos que se encuentren vinculadas al caso denominado “Los Cuellos Blancos del Puerto del Callao””. El documento presentado por la Procuraduría Anticorrupción aludía a una serie de graves irregularidades y omisiones funcionales en la que habría incurrido el Fiscal Fernández Alarcón en la tramitación del caso “Cuellos Blancos” y el amparo era el artículo 62.1 del Código Procesal Penal.
La mesa de partes de la Fiscalía de la Nación para registrar dicho escrito en su sistema no colocó un sello, común y corriente, sino que le asignó por un asunto de seguridad documental un código de barras infalsificable y le señaló el expediente 0008020-2019.
El pedido de exclusión presentado a la Fiscalía de la Nación tuvo un rebote noticioso en el diario El Comercio el día 13 de marzo del 2019 con el título: “Procuraduría pide exclusión de fiscal supremo a cargo del caso Cuellos Blancos” y el diario La República el 13 de marzo del 2019 con el título “Cuellos Blancos: piden exclusión de fiscal que archivó investigaciones”. Como si fuera poco, los Procuradores Amado Enco y Javier Pacheco se entrevistaron personalmente con la Fiscal de la Nación a fines de marzo del 2019 para sustentar su pedido.
Pese a la importancia del pedido, Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación nunca, durante su mandato de tres años, resolvió la exclusión presentada por la Procuraduría Pública. Por el contrario, guardó silencio y dejó sin atender, para bien o para mal, el planteamiento de la parte civil que defiende los intereses del Estado y que es un organismo anticorrupción.
Luego de la consulta a algunos abogados constitucionalistas se nos dijo que la omisión de la ex Fiscal de la Nación de responder a un pedido de exclusión de un Fiscal formulado por la Procuraduría es un hecho extremadamente grave y que es inédito en los anales de la justicia peruana, ya que se ha dejado en una incertidumbre e indefensión a la parte que defiende los intereses del Estado al no haber brindado respuesta alguna en más de 36 meses desde que se formuló el pedido, lo que afecta la tutela judicial efectiva y el debido proceso al que tiene derecho la parte civil. Zoraida Ávalos habría infringido el artículo 47 inciso 13 la Ley de la Carrera Fiscal que señala como infracción grave “el incurrir en acto u omisión que, sin ser delito, comprometa gravemente los deberes del cargo” que concuerda con el artículo 33 inciso 11 de dicha ley que manda: “Atender diligentemente el despacho fiscal”.
También se nos indicó que la Junta Nacional de Justicia en una reciente resolución del 31 de enero del 2022 (P.D N° 155-2020) decidió destituir a un juez de Amazonas: José Antonio Bravo Soto por haberse demorado 17 meses en redactar una sentencia condenatoria cuyo fallo había sido leído en una audiencia pública.
Si en el Perú opera la igualdad ante la ley, y no las preferencias personales o los amiguismos –tómese en cuenta que Zoraida Ávalos integró la Comisión que nombró a los actuales miembros de la Junta Nacional Justicia– la ex Fiscal de la Nación debería terminar destituida por proteger a toda costa al Fiscal Fernández Alarcón frente a un pedido de exclusión que presentó la Procuraduría Anticorrupción. ¿O es que acaso es más grave demorarse 17 meses en redactar una sentencia que no responder, más de 36 meses, un pedido de la parte civil?
LA INVESTIGACIÓN QUE ZORAIDA ÁVALOS NUNCA QUISO HACER Y QUE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA DECIDIÓ EMPRENDER
Uno de los escándalos más fuertes y graves que recuerda el sistema de justicia en los últimos años es el chuponeo masivo que emprendió la Fiscalía Suprema de Fernández Alarcón durante el año 2018 a 2021 de más de 30 personas, entre los que se incluye a los jueces supremos titulares Héctor Lama More y Martín Hurtado Reyes y que se produjo con la mira complaciente del juez Núñez Julca.
La información fue un destape de SUDACA en el artículo de Alonso Ramos titulado “Una dudosa decisión fiscal abre un frente de ataque en el caso cuellos blancos” del 16 de setiembre del 2021. Luego, la noticia rebotó y fue tomada por el programa “BETO A SABER”, “COMBUTTERS” de Willax, PBO radio, el diario Expreso y otros medios de comunicación.
El pico más alto de la noticia fue que a fines de octubre de 2021 la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, por primera vez en su historia, emite un comunicado a la opinión pública en donde pide una exhaustiva investigación por las autoridades competentes (Fiscalía de la Nación y Junta Nacional de Justicia) contra un fiscal supremo: Fernández Alarcón y el juez supremo Núñez Julca quienes habrían intervenido en el chuponeo masivo.
La Fiscal de la Nación de ese entonces, pese a tener información fresca y veraz de estos graves hechos que fueron descritos por diversos medios de comunicación nunca siquiera abrió una investigación formal en su despacho contra Fernández Alarcón y Núñez Julca, para averiguar si, efectivamente, hubo o no chuponeo masivo a 30 personas, a dos jueces supremos titulares y si se pretendió destruir la evidencia, como resaltaba la nota de SUDACA de septiembre del 2021.
Es muy extraño que la Fiscalía de la Nación de Zoraida Ávalos haya hecho el amague de investigar al expresidente Martín Vizcarra, al actual presidente Pedro Castillo, haya denunciado constitucionalmente al expresidente Manuel Merino y haya estado muy atenta de abrir investigaciones a cuanto congresista, ministro de Estado o cualquier otro alto funcionario que se vea involucrado en cualquier delito (la lista es interminable); y paradójicamente, no mueva un dedo ni haga nada por investigar los delitos graves que ha cometido un fiscal de su entera confianza como es el fiscal Fernández Alarcón.
Parece que los fiscales cercanos y afines a Zoraida Ávalos, que cumplen una misión específica, tuvieran una corona de oro y una inmunidad especial, renunciándose a investigar delitos muy graves como es la interceptación telefónica y el delito de encubrimiento. Ante la sociedad peruana algunos fiscales aparecen como portadores de una aureola especial, de un blindaje particular, pues nadie los investiga ni nadie hace algo contra ellos por más graves que sean los hechos en los que están involucrados.
Sin embargo, a juzgar por los últimos acontecimientos, la Junta Nacional de Justicia, ha decidido acabar con esta impunidad selectiva y de abierto desafío al Estado de Derecho y en una decisión reciente de inicios de mayo del 2022, abre investigación contra el Fiscal Fernández Alarcón y los jueces: Núñez Julca, Castañeda Espinoza como presuntos responsables de haber violado el secreto de las comunicaciones de más de 30 personas, vulnerando la Ley de la Carrera Fiscal y la Ley de la Carrera Judicial.
La Junta Nacional de Justicia le da un ejemplo a la Fiscalía de la Nación de Zoraida Ávalos de cómo en el Perú no hay “fiscales dioses”, ni reyes que tienen corona y que los fiscales no están por encima de la ley, ni pueden pisotearla a su antojo. Total, si la Fiscalía de la Nación puede investigar a un Presidente de la República en funciones, con mayor razón, puede investigar a un fiscal amigo y protegido de Zoraida Ávalos y a los jueces supremos que le siguen el juego sin ningún control y sin estudio del caso
Patricia Benavides tomó una fuerte posición contra Pedro Chávarry a fines de 2019, cuando el ahora destituido Fiscal de la Nación dispuso la salida de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, cabezas más visibles del equipo especial Lava Jato.
A través de un comunicado, Benavides se dirigió a Chavarry y dijo que su renuncia podría permitir “una salida democrática” a la crisis que atravesaba esa institución.
“Frente a los riesgos de anomia generalizada, invocamos al actual Fiscal de la Nación, tome conciencia del impacto de sus decisiones y, anteponiendo los intereses institucionales, por el progreso de nuestro país y la tranquilidad de nuestros compatriotas, dé un paso al costado y de esta manera permita una salida democrática, siempre dentro de los cánones de la constitucionalidad y legalidad”, expresó en aquella oportunidad.
Tres años después, ahora desde el puesto más alto del Ministerio Público, Benavides enfrenta el reto de asegurar que las indagaciones prosigan y se conviertan en sólidas acusaciones.
La investigación fiscal recoge la declaración del investigado Miguel Atala Herrera. En ella se señala que este se comunicaba previamente por teléfono con García para concretar las entregas de dinero. Atala se desempeñó como vicepresidente de Petroperú durante la gestión de García y, según la fiscalía, era pieza clave en la triangulación de las presuntas coimas a favor del entonces jefe de Estado.
La sala de apelaciones que resolvió a favor del Ministerio Público sostuvo que “debe indicarse también que la versión de Atala Herrera se presenta como un elemento trascendente, pues afirma situaciones que tendrían contenido penal y que, en definitiva, posibilitan al Ministerio Público investigar». Además, destaca que la medida solicitada por el fiscal «resulta idónea para lograr la finalidad” de las pesquisas.
La fiscalía investiga la transferencia de US$1,3 millones de origen ilegal por parte de la offshore Klienfeld −creada por Odebrecht− hacia la empresa Ammaring, representada por Miguel Atala. En su declaración del 26 de abril de 2019, Atala señaló que el dinero recibido en las cuentas de Ammaring Investment, en la banca privada de Andorra, era de propiedad de Alan García.
Puentes del Norte también está vinculada a Tableros y Puentes (Tapusa), la única empresa que con nombre propio Villaverde dice representar en la famosa transcripción del audio de los “cien grandes”. Tapusa es parte del consorcio Puente Tarata III, ganador de la licitación de S/232 millones para construir un puente en la región San Martín.
Sudaca pudo corroborar que, en 2019, una empresa del consorcio Puentes del Norte, por el que presuntamente Villaverde hacía el lobby para la conciliación comentada líneas arriba, se alió con Tapusa. Se trata de Hualca Ingenieros, fundada en el Perú y manejada por empresarios españoles. Como su principal directivo figura Juan Juez Pérez. La sociedad entre ambas se formó para rehabilitar un puente en Arequipa por S/32’404,847.55.
2019. Contrato para construir un puente en Arequipa a cargo de Tableros y Puentes y Hualca Ingenieros. Ambas empresas han sido vinculadas por Zamir Villaverde a las investigaciones.
La alianza, que tomó el nombre consorcio Puente Vial Chorunga, tenía como socio princial a Tapusa (96% de participación), mientras que Hualca Ingenieros tenía el restante 4%. Los socios nombraron como representantes legales en el consorcio a Víctor San Miguel Velásquez y Elizabeth Rojas Breiding.
Estos nombres se repiten en el caso del Puente Tarata, el entramado de corrupción que salpica al presidente Pedro Castillo. Víctor San Miguel fue también el representante legal del consorcio Puente Tarata III. Por su parte, Elizabeth Rojas figura como representante de Tableros y Puentes en esta obra que ha puesto en jaque al gobierno.
Al ser consultado sobre este espinoso asunto, un vocero de Hualca Ingenieros dijo no conocer a Zamir Villaverde. “No lo conocemos. No tengo idea de quién es”, aseguró el representante de la compañía.
Buscamos a los representantes de las otras empresas que formaron el consorcio Puentes del Norte. Una fuente de la constructora Durán también dijo no conocer a Villaverde. Los empresarios de Corporación Mayo y Construcciones y Promociones Balzola no respondieron a los pedidos de entrevista.
Tapusa, por su lado, ha rechazado en un comunicado lo dicho por Villaverde en el diálogo con Juan Silva. Pero, como hemos visto, las piezas encajan.
LA TRAMA DE TARATA III
El caso del puente Tarata es el epicentro de la trama que involucra al presidente Castillo. Y Víctor San Miguel, como representante legal de consorcios aparentemente relacionados con Villaverde, es una pieza importante en la historia.
San Miguel es asesor del grupo Arcose, que brinda asesoría legal y técnica a empresas que contratan con el Estado. Esta firma contrató en 2018 a la lobista Karelim López para ser imbatible en las contrataciones estatales.
Arcose enfocó su puntería y asesoría en Termirex. Y es que tanto esta compañía como Arcose son manejadas por la familia Pasapera. Y Termirex hizo una exitosa dupla con Tableros y Puentes, la ya mencionada Tapusa. Entre el 2014 y el 2021, la firma de los Pasapera obtuvo 26 contratos con el Estado, de los cuales 19 fueron en sociedad con la constructora española.
La dupla Termirex–Tapusa ganó contratos por S/1,296 millones de soles en siete años. Un colaborador eficaz dijo que, a inicios del gobierno de Castillo, Zamir Villaverde buscó a Luis Pasapera Adrianzén, de Termirex, para ofrecerle “el tema de obras en el MTC y decirle que “el camino para llegar a los funcionarios públicos era los sobrinos del presidente de la república [Fray Vásquez y Gian Marco Castillo]”. Meses después, el 25 de noviembre, un consorcio integrado por Termirex y Tapusa ganó el contrato para construir el puente Tarata.
Víctor San Miguel negó haber pagado coimas para ganar la obra cuando declaró en la comisión de Fiscalización del Congreso en febrero de este año.
“En lo particular no conozco al señor Zamir Villaverde. Nunca lo he llamado ni me he cruzado ni nada”, dice a Sudaca Héctor Pasapera, de Termirex. Tanto San Miguel como Pasapera son investigados por la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro. El círculo aún no se cierra.
Mientras agentes de inteligencia hacían seguimiento a los albaneses en Trujillo, otro grupo de la Dirandro recibía información de un sujeto al que bautizó como ‘Loco Aldo’. En abril, este contó que “una organización criminal con vínculos internacionales estaba acopiando ingentes cantidades de droga” que luego serían distribuidas a ciudades como Tumbes, Piura o Lima.
Añadió que el presunto líder de esta mafia era un sujeto conocido como ‘Goleador’ y que este “vendría realizando llamadas a personas que laboran en zonas de control, parqueo y vigilancia en el interior de Terminales Portuarios Euroandinos de Paita [la empresa que administra el terminal] con la finalidad de que les permita pasar paquetes de drogas o realizar preñados, así como dejar los precintos de seguridad no asegurados en los turnos o horarios que realizan”. A cambio, dijo, ‘Goleador’ les daba “fuertes sumas de dinero, aprovechando y conociendo sobre la difícil situación económica que, en muchos casos, presentan estos trabajadores”.
El testimonio era valioso para los detectives, porque revelaba, además, que la seguridad del terminal de Paita había sido vulnerada en más de una ocasión por esta mafia. No siempre pudieron, sin embargo, eludir la fiscalización de los países adonde iba la droga. “‘Goleador’ habría dirigido en dos ocasiones el preñado de contenedores que salieron del terminal portuario de Paita y que fueron intervenidos por personal aduanero y policial en Rotterdam (Holanda) y en el puerto de Panamá, lográndose decomisar en las dos ocasiones paquetes que contenían en su interior clorhidrato de cocaína”, dijo el informante.
El testimonio del informante revelaba que la mafia liderada por ‘Goleador’ ya había vulnerado la seguridad del Puerto de Paita corrompiendo trabajadores.
El último envío de esta mafia iba a ser hacia fines de mayo. Esta vez habían escogido el puerto del Callao como punto de salida. Pero el 23 de ese mes la Dirandro se enteró que la remesa de droga iba a ser trasladada desde San Martín hacia Lima.
Los dueños del cargamento, según documentación fiscal a la que accedió en exclusiva Sudaca, era la empresa Multiservis Valles SAC, principalmente dedicada a la exportación de madera. La gerenta de esta compañía es Mitzi García Puma, natal de Tarapoto y con estudios secundarios apenas completados, según sus datos en el Reniec.
Según las pesquisas, fue la misma García quien adquirió, a nombre de la empresa, 22 toneladas de pulpa de mango que luego fueron enviadas a la empresa Invest Negocios Andinos, de Noemí Cueva Quispitongo, para su exportación. De acuerdo a ‘Hildebrandt en sus Trece’, en abril del 2021 esta última compañía exportó, vía el puerto del Callao, 21 toneladas de pulpa de mango congelada y 2,8 toneladas de pulpa de arándano a España. En enero de este año, además, enviaron 19,5 toneladas de pulpa de mango congeladas y 2,9 toneladas de pulpa de piña a España.
Mitzi Carolina García Puma, gerenta de Multiservis Valle, investigada por la adquisición de las toneladas de pulpa de mango que se iban a enviar a Alemania. Tiene apenas 26 años.
La suerte se les acabó el pasado 25 de mayo, cuando la Dirandro encontró en un almacén del Parque Industrial de Villa El Salvador 1,1 toneladas de cocaína camuflada en empaques de pulpa de mango. De ahí había salido un camión rumbo a las instalaciones de Invest Negocios Andino, en el mismo distrito. Allí se incautaron 3,1 toneladas más de droga.
La cocaína, según las pesquisas de la fiscalía contra el crimen organizado, vino desde el Alto Huallaga. “Se está demostrando la importancia de la erradicación de la hoja de coca, que ha estado concentrada principalmente en el Alto Huallaga. Esto suponía hacer labores de interdicción, es decir, la destrucción de laboratorios. Así, se ponía una valla bastante alta a la inversión del narcotráfico. Pero ahora la erradicación en el Alto Huallaga se da en zonas de muy baja densidad de cultivos de hoja de coca, sin importancia para el narcotráfico”, dice Rubén Vargas.
El exministro da zarpazo contra las políticas del actual gobierno: “Los factores que ponían en riesgo la inversión en la coca y el narcotráfico desaparecieron. Ahora, más que nunca, es muy fácil ser narcotraficante en el Perú”.
Monitoreo de Devida indica que en toda la zona del Huallaga se incrementaron los cultivos de hoja de coca de 1,527 hectáreas (2019) a 2,143 hectáreas (2020). No hay cifras del 2021 aún.
Otro de los integrantes de la lista de regidores –con el número 3– cuyo nombre nos remite a los pasillos del Poder Judicial es el de Yeremi Aron Espinoza Velarde. De la mano de Podemos Perú, Espinoza llegó al Congreso para el periodo complementario 2020–2021. En su declaración jurada admitió tener una sentencia por falsificación de documentos dictada en 2019.
Además, Espinoza Velarde es fundador de Dafi Salud, empresa familiar que le ha permitido inaugurar policlínicos. Uno de estos se encuentra en el distrito de El Agustino y, según expuso un informe del programa “Punto Final” a mediados del 2020, la empresa del excongresista había incumplido con el convenio firmado con la municipalidad de este distrito.
El caso empezó en 2010, cuando el municipio de El Agustino cedió un terreno para que el Grupo Dafi, cuyo gerente general era Espinoza, construya un policlínico con dos compromisos claves: donar la infraestructura a la municipalidad luego de 13 años y aportar un porcentaje de las utilidades anuales, que empezaría en 5 % y crecería progresivamente hasta llegar a 30%.
Fue respecto a este último punto que estalló la controversia. Y es que, pese a las numerosas solicitudes de la municipalidad distrital para acceder a los balances financieros, Dafi se negó. Esta información era necesaria para que puedan calcular el monto que la empresa debía aportar. En marzo del 2020, la municipalidad decidió denunciar penalmente a Espinoza Velarde y pidió el levantamiento de su inmunidad. Contactamos al hoy afiliado de Podemos por sus redes sociales, pero al cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta.
El nombre de Espinoza también figura en los registros de conductores imprudentes. Entre el 2003 y el 2006 cometió tres faltas calificadas de “muy graves” por conducir un vehículo sin licencia. En los años siguientes, hasta el 2014, le contaron cuatro infracciones de carácter “grave”.
El excongresista acumula S/ 1866 soles en infracciones de tránsito y la mayoría de estas son muy graves o graves.
No es el único peligro en las pistas que aspira a un puesto de regidor de la mano de Urresti. Con un historial de infracciones mucho más temerario figura Reynaldo Mozo Aldunate, quien integra la lista de regidores de Podemos con el número 7. Mozo cuenta con 23 infracciones, de las cuales ocho son “muy graves”. Esto lo ha llevado a acumular S/5,502 en multas. Incluso en 2011 fue intervenido por la policía luego de protagonizar un choque y mostrar “visibles signos de ebriedad”, según señala un parte policial al que accedió Sudaca.
En los últimos qunce años, Mozo Aldunate acumuló más de cinco mil soles en multas que incluyen siete por infracciones muy graves.
Pero el historial de este personaje no solo lo muestra como un peligro al volante, sino como un personaje violento. En agosto del 2020, una mujer que se encargaba del área administrativa de la empresa del papá de Mozo Aldunate denunció ante la policía que debió retirarse de su centro de labores por el hostigamiento que recibía por parte del hoy candidato a regidor y sus seis hermanos. Además, en 2012, Reynaldo Mozo fue denunciado por su propia hermana, quien declaró en una comisaría que este la agredió “con bofetadas e insultos” mientras se encontraba en la casa de su madre.
JOVEN PROMESA
Entre los nuevos rostros de Podemos destaca Laidy Diana Peceros Espinoza, secretaria nacional de juventudes del partido, de 24 años. Ella figura en el acta de fundación del partido el 2017 y fue estudiante de Telesup entre 2015 y 2021. Peceros actualmente es regidora de Lima por el partido de Luna Gálvez.
Esta joven promesa es muy activa en redes sociales. En Twitter, por ejemplo, Peceros fue señalada por pagar los anuncios de José Luna Morales, hijo del fundador del partido, en los que insistía con la teoría del fraude en las elecciones del 2021. Y es que en estas publicidades aparecía su nombre como financista.
Laidy Peceros Espinoza figura en redes sociales como la persona que paga para que las publicaciones de José Luna Morales, como en la que sostiene que hubo un fraude en las elecciones, tengan mayor difusión.
Peceros, además, no duda en mostrar su apoyo en Facebook a las iniciativas de los sectores más conservadores, como posturas “provida” y es favorable a la participación de los padres en la elaboración de los textos escolares. Está demás decir que, para la aspirante a regidora, el enfoque de género es una “perturbación en la formación de los niños”. Así lo deja ver en sus redes sociales.
En Facebook, Peceros se muestra a favor de iniciativas propuestas por los sectores más conservadores del Congreso.
“La bancada de Podemos Perú por ningún motivo blindará al señor Luna Gálvez”, afirmaba Daniel Urresti ante los medios en enero del 2020, cuando era congresista. Pretendía, así, marcar distancia entre el partido y la bancada. Dos años después, parece que la reconciliación entre la familia Luna y el ahora candidato a la alcaldía de Lima es un hecho. No se explica de otra forma, sino, la presencia de tantos personajes cercanos al dueño de Telesup en los primeros lugares de su lista.
Los casinos y tragamonedas fueron parte de ese paquete reformista, que buscaba abrir más espacios para la inversión privada y ofrecía a cambio una reducida o inexistente regulación. Por ese lado, es innegable que la idea funcionó. Actualmente, existen en el Perú 17 salas de casino y 713 salas de máquinas tragamonedas, según cifras oficiales del Mincetur. A ellas habría que sumar los establecimientos informales y las máquinas ilegales que, por lo menos hasta hace unos años proliferaban por todo el país, antes de que se popularizaran los juegos en línea. Tampoco se puede negar que han generado mucho empleo: cuando la pandemia obligó a cerrar las salas de juego durante más de un año, sus trabajadores salieron a reclamar y bloquearon la Vía Expresa. En esa ocasión sus voceros aseguraron que era importante reabrir pronto las salas, porque eran unos 85,000 puestos de trabajo los que estaban en riesgo.
Sucesivas leyes han intentado poner algo de orden y regular este negocio que tiene varias externalidades negativas: ofrece oportunidades para el lavado de dinero, sinergias con actividades ilícitas y causa ludopatía. Esto último no es menor: las apuestas sin control son un auténtico problema de sanidad pública que no se está enfrentando con la seriedad debida. Estudios internacionales señalan que la prevalencia de ludopatía en una población asciende a 1.8%, señala Carlos Bromley Coloma, especialista de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. “Pero esos datos pueden estar desactualizados”, advierte. Otras fuentes señalan que la prevalencia puede estar entre 1% y 3%. Aun así, si damos por buena la cifra de Bromley, estaríamos hablando de no menos de 400 mil peruanos que podrían tener algún grado de adicción al juego. Sin embargo, al 8 de junio de 2022, el registro que lleva el Mincetur de personas prohibidas de acceder a casinos y tragamonedas apenas tiene 1,274 personas. Es voluntario, y casi nadie se apunta.
Tenemos poca evidencia a la mano, pero la que tenemos da cuenta de un preocupante incremento de los casos de ludopatía entre la población peruana. Según Carlos Bromley, hace pocos años los establecimientos de salud del Minsa atendían un promedio de entre 800 y 900 pacientes por adicción a las apuestas. El año pasado la cifra se multiplicó por tres: fueron 2,710 personas, y en lo que va de este año van 775. Estas cifras, admite Bromley, dan cuenta de un subregistro: hay muchos más ludópatas, y los que llegan a la consulta médica son, generalmente, los que ya lo han perdido todo, están endeudados o arruinados.
Llama la atención, también, la presencia de niños que son llevados por su padres, y que generalmente juegan a través de algún adulto. En 2021 fueron 117 niños y 1,120 adolescentes. Y en lo que va del 2022, han sido atendidos 62 y 268, respectivamente. Aunque sea como hipótesis de trabajo, cabe preguntarse si este en este incremento de la prevalencia de casos serios de ludopatía, sobre todo entre la gente más joven, tiene algo que ver el aluvión de publicidad de casas de apuestas en los medios de comunicación, así como la normalidad con la que ahora se aborda el tema, sin distingo de horarios ni advertencias de ningún tipo. Al respecto, Bromley considera que la publicidad de estos negocios debería estar sometida a restricciones similares a las de otros productos que representan potenciales riesgos a la salud pública, como el tabaco y las bebidas alcohólicas. Pero, al menos de momento, esa regulación en el Perú aún no existe. En lo que se refiere a las apuestas deportivas, no hay nada siquiera parecido a los octógonos que alertan sobre los riesgos de consumir ciertos alimentos.
El perfil típico del ludópata, explica Bromley, es un varón joven (en comparación, las mujeres empiezan a apostar mucho después). El estrés y la presión social de grupo son dos factores determinantes para que las personas incursionen en el mundo de las apuestas. Queda claro que la forma tan natural y carente de advertencias con que se aborda este tema de un tiempo a esta parte puede terminar agravando un problema de salud pública. Ya no se considera inmoral apostar, y eso está bien. Pero quizás habría que poner un poco de paños fríos: que ‘poner todo’ por tu equipo o tu selección no se convierta en una frase literal. Que siga siendo una alegre alegoría
(*) Un especial agradecimiento a mis amigos Miguel Villalobos y Jerónimo Pimentel, que aportaron referencias que ayudaron a enriquecer este texto.
