Informes

Sudaca halló que el procurador Engie Herrera, hoy acusado de intentar boicotear el caso de las malas compras de mascarillas en la Aviación Policial, registra 22 llamadas con el investigado fiscal Sandro Paredes, además de una comunicación con el exjuez César Hinostroza. Herrera asegura no recordar ninguna conversación..

El procurador anticorrupción del Callao Engie Herrera Yactayo ha cambiado de frente de batalla. El Ministerio Público ha pedido su prisión preventiva al considerarlo presunto cómplice de los mandos policiales investigados por compras irregulares de mascarillas durante los primeros meses de la pandemia. Ello, desde la División de Aviación Policial (Diravpol). El expediente del caso ha sido denominado ‘Mascarillas-Diravpol’.

Sudaca, sin embargo, abre ahora lo que sería un nuevo frente para la investigación. Este medio ha hallado, en exclusiva, que Herrera Yactayo registra una comunicación con el exjuez César Hinostroza en el 2015 y veintidós con el suspendido fiscal adjunto supremo Sandro Paredes en el 2018. El procurador Herrera asegura que no recuerda por qué caso o por qué razón se contactaron.

Las 22 comprometedoras llamadas

En 2018 el aún coordinador de la Procuraduría Anticorrupción del Callao, Engie Herrera, registró 22 llamadas de ida y vuelta con el entonces fiscal en Lima Sandro Paredes Quiroz, quien se desempeñaba como adjunto del fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza. Este último está vinculado al caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Los diálogos entre Herrera y Paredes se dieron entre el 13 de febrero y 17 de abril del 2018 e iban desde las 9:23 am. hasta las 9:50 pm. Algunas comunicaciones duran apenas segundos, mientras que otras duran entre 4 y 6 minutos.

El exprocurador anticorrupción Amando Enco afirmó que, si bien son usuales las conversaciones con los fiscales, este caso le “llama mucho la atención”. Explicó que, al tratarse de “coordinación con fiscales supremos, tendría que haber sido reportado o comunicado al despacho del procurador en la sede central” y que en este caso a él no se le reportó. “Lo recordaría”, asegura. Agregó que “el señor Herrera tendría que explicar sobre qué caso conversó con el fiscal supremo [Sandro Paredes]”.

El procurador Engie Herrera, en respuesta a Sudaca, reiteró que no recuerda la razón de las 22 conexiones telefónicas: “hablo con muchos funcionarios y autoridades constantemente”. El registro del número de diálogos entre Herrera y el fiscal Paredes coinciden, sin embargo, con fechas claves de un caso de crimen y corrupción que hoy envuelve al segundo de ellos.

Según una investigación fiscal y policial, en los primeros meses del 2018 Sandro Paredes habría dado protección e, incluso, habría fingido ser inspector para favorecer a dos miembros de Los Malditos de Angamos, organización criminal enquistada en el distrito de Ventanilla que se dedicaba al cobro de cupos, sicariato e invasión de terrenos.

El fiscal Paredes, con quien el procurador Engie Herrera intercambió constantes llamadas, se habría involucrado con el grupo criminal del Callao a través de Dante ‘Kiko’ Mandriotti, dueño de la Academia Cantolao y actual gobernador regional del Callao. Existen interceptaciones en las que ‘Kiko’ se referiría a Paredes con frases como “el amigo fiscal”, “siempre me apoya a muerte” y “ya hemos hecho otros casos con él”.

Además, hay una visita que el procurador Herrera ha optado por no aclarar ante Sudaca. En la carpeta fiscal del caso Mascarillas-Diravpol existe un documento que revela que Mandriotti ingresó a la Procuraduría Anticorrupción del Callao el 23 de enero del 2018. En esa fecha, Mandriotti solo era conocido por ser fundador y dueño de la academia de fútbol. Ocho meses después sería elegido gobernador regional del Callao.

Registro de visitas indica que Dante Mandriotti, aún sin ser autoridad en Callao, ingresó a la procuraduría anticorrupción de Engie Herrera el 23 de enero del 2018.

Registro de visitas indica que Dante Mandriotti, aún sin ser autoridad en Callao, ingresó a la procuraduría anticorrupción de Engie Herrera el 23 de enero del 2018.

El expediente del fiscal que lleva el caso Mascarillas-Diravpol, Francisco Alarcón, solo cuenta con una hoja del registro de entrada de Mandriotti a la sede de Engie Herrera. Alarcón quiso incautar todos los cuadernos de visitas el pasado 12 de octubre del 2020, pero la asistente de la Procuraduría refirió que estas evidencias ya no estaban en el lugar. “Se preguntó por los cuadernos de visita, a lo que respondió que no se encontraba en esta sede, señalando que los tiene el procurador [Engie Herrera]”, se lee en el Acta Fiscal de esa diligencia.

Acta de fiscal anticorrupción Francisco Alarcón da cuenta de que libros de visitas no se encontraban en la sede de la Procuraduría Anticorrupción del Callao.

Acta de fiscal anticorrupción Francisco Alarcón da cuenta de que libros de visitas no se encontraban en la sede de la Procuraduría Anticorrupción del Callao.

Sudaca logró contactar al suspendido fiscal Sandro Paredes para indagar sobre las razones de las más de veinte llamadas que mantuvo con el procurador Herrera, pero este respondió que no tenía “ni idea”. “Como te digo, no recuerdo bien, sí me acuerdo del apellido”, afirmó. Hoy, Paredes está suspendido de sus funciones por 24 meses tras haber sido acusado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal en el caso Los Malditos de Angamos.

Suspendido de sus funciones, el fiscal adjunto supremo Sandro Paredes respondió que del procurador Engie Herrera solo recuerda el apellido y no las 22 llamadas que intercambiaron.

Suspendido de sus funciones, el fiscal adjunto supremo Sandro Paredes respondió que del procurador Engie Herrera solo recuerda el apellido y no las 22 llamadas que intercambiaron.

Contacto Hinostroza 

Engie Herrera trabaja como abogado para el Ministerio de Justicia (Minjus) desde el 2012. El principal hito de su carrera, sin embargo, data de abril del 2015. Ese mes fue designado como coordinador de la Procuraduría Anticorrupción del Callao. En este momento, dicha sede no contaba con procuradores titulares y era el coordinador, en este caso Herrera, la persona con mayor rango de autoridad.

En paralelo, ese mismo año el extraditable juez César Hinostroza repetía el plato como presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao (CSJCL), una entidad desde donde ya había sido protagonista de polémicas. El 2011 fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito y su nombre era titular de denuncias periodísticas por desbalance patrimonial y plagio. La primera en el diario El Comercio y la segunda en el portal IDL-Reporteros.

Expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao se encuentra en la actualidad en proceso de extradición por el caso Cuellos Blancos del Puerto.

Expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao se encuentra en la actualidad en proceso de extradición por el caso Cuellos Blancos del Puerto.

Según el reporte de enlaces telefónicos al que Sudaca tuvo acceso, el 28 de mayo de aquel 2015, siendo flamante coordinador de la procuraduría del Callao, Engie Herrera llamó al juez Hinostroza a las 2:22 pm. Herrera aseguró a este medio que no recuerda el sentido de aquella comunicación, pese a que él era nuevo en el cargo e Hinostroza estaba en pleno apogeo de poder.

El procurador Herrera agregó, además, que no conoce personalmente a César Hinostroza y que “jamás, nunca” se ha “reunido con esta persona”. Sostuvo que, si bien no recuerda lo que lo motivó a llamarlo, “uno, como procurador, tiene que coordinar […]. Probablemente tiene que ver con poner en conocimiento [denuncias contra] muchos magistrados y jueces”.

Consultado, el exprocurador nacional anticorrupción Amado Enco, explicó que “es regular que se den llamadas por temas laborales entre procurados y magistrados, aunque es más con fiscales. Con los jueces tendría que ser un tema muy excepcional”.

Robo en pandemia

Ayer fue suspendida la audiencia a cargo de la jueza Tatiana Barrientos, del 11 Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, donde iba a determinarse el futuro legal del procurador Herrera por el caso Mascarillas-Diravpol. Esto, luego de que el fiscal anticorrupción Francisco Alarcón pidiera 32 meses de prisión preventiva en su contra. El argumento de Alarcón es que Herrera está «directamente vinculado a una serie de actos de obstrucción para desacreditar el caso». Este fiscal explicó a Sudaca que Herrera habría sido «captado» con estos fines por la presunta organización criminal que operó desde la Aviación Policial para la irregular adquisición de mascarillas y alcohol en gel.

El caso Mascarillas-Diravpol, que ahora involucra al procurador, es el único por el que un general de la policía se encuentra en prisión. En agosto del 2020, el fiscal Alarcón realizó un operativo en el que se detuvo a seis personas, entre ellos el director de la Diravpol, el general PNP Alfredo Andrés Vildoso Rojas, y otros mandos policiales.

El procurador chalaco Herrera, quien fuera nombrado en su actual cargo por el exministro de Justicia Vicente Zevallos, sigue en funciones. Asegura que las acusaciones en su contra, “toda esta maraña, son invenciones” y que “todo lo que se está haciendo contra mi persona es un abuso de autoridad, una persecución” que se aclarará “ante el juzgado” donde se hará “conocida toda la corrupción dentro de la Fiscalía”.

Crear ministerios, refundar la República, hacer cambios constitucionales y reformas de todo tipo. En el papel todo es posible. Cualquier propuesta puede redactarse desde una oficina de campaña. Sudaca trae un resumen.

Más allá de los sueños de cada partido, y pese a que casi nadie lee los planes de gobierno para decidir su voto, estos documentos sí dan pistas importantes sobre las candidaturas más promocionadas del momento. ¿Cómo enfrenta cada partido el reto de ser gobierno? Un plan incompleto de 17 páginas, como el de Avanza País, comunica algo distinto a uno de 110 páginas, con un diseño gráfico pulcro y lleno de términos en inglés, como el de Podemos Perú.

Por supuesto, la ideología de cada proyecto político, el diagnóstico de los problemas del país y las propuestas también pueden encontrarse en esos documentos. Sudaca los revisó para buscar qué propone cada organización y para contarle a usted, lector, qué tan en serio se han tomado la tarea de confeccionar sus propuestas.

El Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, liderado por la politóloga Alexandra Ames, también ha estudiado los planes de gobierno (esta semana publicará un informe al respecto). Junto con Ames, Sudaca presenta un resumen con lo más interesante de cada documento partidario.

Los cambios de Victoria Nacional

El Plan de Victoria Nacional, partido que postula al exfutbolista George Forsyth, es el más preocupado por el deporte. Ofrece, por ejemplo, que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) pase a depender directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y ya no del Ministerio de Educación (Minedu).

Las bases del plan de 158 páginas, elaborado por el economista y candidato a la vicepresidencia Jorge Chávez, apuntan al crecimiento económico y la estabilidad macro. Un punto importante es el que propone crear un sistema de sueldos mínimos diferenciados según regiones y tamaño de empresas empleadoras.

Entre sus propuestas de modificaciones institucionales destacan la de fusionar el Ministerio de Relaciones Exteriores −el padre de Forsyth es diplomático de carrera− con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y la creación de un Ministerio de Planificación que se concentre en la rendición de cuentas. En cuanto a la reforma educativa, propone implementar un servicio rural para docentes -equivalente al Serums- y crear una Sunedu para colegios.

JP: claramente, la izquierda

El plan del partido liderado por Verónika Mendoza es el único comandado por una mujer: Anahí Durand. El documento propone ideas algo distintas a las de otros planes. Por ejemplo, una reforma tributaria que incluya un impuesto a las grandes riquezas, revisar los Tratados de Libre Comercio (TLC) y eliminar el Decreto Legislativo 882, que permite la actividad educativa con fines de lucro.

Para Ames, una de las características de este plan es el fuerte componente de agricultura familiar. Esta idea se sostiene en la propuesta de aplicar una segunda reforma agraria que imponga un límite de propiedad de tierras, según la especialista.

La ideología del partido queda clara en el papel. En el plan de Juntos por el Perú se encuentran afirmaciones como tener un Estado “promotor del desarrollo”, “implementar un programa de cambio que supere el régimen y el modelo neoliberal”, “plantear una cuota de pantalla para el cine nacional” y combatir “los monopolios, [y] oligopolios como en el sector bancario, farmacéuticas y otros”.

Un punto característico de este plan es su mención explícita a ideas de igualdad de derechos. Por ejemplo, el enfoque de género es transversal a varias de sus propuestas. Además, ideas como la “Ley de Matrimonio Igualitario”, garantizar “los derechos de los pueblos indígenas” y la “despenalización del aborto” son más contundentes que en otros planes.

Fuerza Popular y su nostalgia noventera

Para el fujimorismo es central la reactivación económica tras la pandemia. No por coincidencia el título del Plan es “Rescate 2021” y está comandado por Hernando Guerra García. En el plano económico, el empresario explica que implementarán un agresivo plan de obra pública, “pequeña y rápida”, para reactivar el empleo. Un esquema que, acepta, “no es un modelo súper liberal”, sino más “keynesiano”.

El Plan de Gobierno del fujimorismo, de 90 páginas, resalta constantemente lo hecho por el gobierno de Alberto Fujimori, incluyendo la implementación de la Constitución actual. A pesar de ello, plantea algunos cambios constitucionales en el título de la estructura del Estado, como definir la incapacidad moral permanente y bajar la edad mínima para ser congresista a 20 años.

El de Fuerza Popular es uno de los planes que trata con más ahínco el fortalecimiento de la Policía y las Fuerzas Armadas, para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana. Una de sus propuestas es reorganizar el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y construir nuevos penales, aunque no especifica cuántos.

Una característica inesperada del plan fujimorista es que plantea fortalecer o retomar los programas sociales, algunos de ellos fundados en los años 90. Entre estos, menciona al Pronamachcs, el Pronaa y Foncodes. “El Fujimorismo tiene como esencia desde el inicio de los años 90, la acción social del estado a través de los programas sociales […] como una manera de atacar la pobreza como ‘caldo’ de cultivo del terrorismo”, indica el documento. Guerra García declaró a Sudaca que se trata de que los programas sociales “ahorren, no se conviertan en burocracia y tengan un enfoque de resultados”.

Sin embargo, el plan naranja adjudica al fujimorismo el crédito de programas sociales que no fueron creados en los años 90. Por ejemplo, indica que Qali Warma es lo que antes era el Pronaa y que Cuna Más antes era Wawa Wasi. Ames sostiene que eso no es cierto, porque los programas tienen características técnicas distintas y porque aquellos implementados por el gobierno de Fujimori eran asistencialistas. Qali Warma y Cuna Más fueron creados en el gobierno de Ollanta Humala.

El escueto plan de Acción Popular

La candidatura de Yonhy Lescano ha sido la sorpresa de las últimas encuestas. Sin embargo, el plan de Acción Popular, elaborado por Luis Oballe, es un documento bastante corto comparado con el de los otros partidos en carrera. Tiene solo 26 páginas.

Para Ames la extensión de un plan no determina su calidad. Sin embargo, sí asegura que el documento del partido de la lampa es muy declarativo y aborda pocos campos. Hace críticas y diagnósticos, pero no aterriza propuestas concretas.

Sudaca consultó al candidato Lescano por qué tiene un plan tan corto y bastante general. “Ese plan de gobierno es un resumen que nos pide la ley. No es el plan completo”, respondió. Lescano resalta que el documento tiene propuestas como el cambio de Constitución, la compra de un satélite de telecomunicaciones para introducir tecnología a la educación y algunas ideas para mejorar el sistema de pensiones.

Es cierto que el plan propone el cambio de Constitución y aborda el problema previsional, sin embargo, en el documento no aparece la palabra ‘satélite’. Y la referencia a las ‘telecomunicaciones’ está solo una vez para mencionar que debe ser, igual que otros servicios públicos, eficiente, con tarifas competitivas y al alcance de todos los peruanos. El párrafo termina indicando: “Evaluaremos las condiciones bajo las cuales se presta los referidos servicios”.

Los morados y la huella de Sagasti

El plan del Partido Morado parece reflejar lo que viene haciendo el gobierno de Sagasti. Precisamente el actual presidente lideró su confección hasta que asumió el máximo cargo. Es un plan extenso, de 120 páginas, con mucho contenido. Incluso, presenta casos hipotéticos que Ames cree que pueden haber sido propuestos por un especialista en narración: está cargado de historias de dos personajes llamados Juan y María.

Según Ames, es un documento con diagnósticos claros y bien desarrollados sobre los problemas del país, pero tiene problemas para aterrizar propuestas concretas. ¿Suena parecido a las conferencias de prensa del gobierno?

La carga ideológica de este plan es clara: los morados tienen un partido que se inscribe en lo que ellos llaman “centro republicano”. El plan afirma ubicarse “entre el neoliberalismo y el socialismo, entre el Estado minimalista y el Estado asfixiante”.

Sus propuestas programáticas están conformadas por cuatro reformas de promesa republicana: la reforma del conocimiento, la reforma de gestión del territorio, el acceso a las libertades económicas y la reforma de las instituciones políticas.

El marketing de Podemos Perú

El partido que postula a Daniel Urresti tiene el plan de gobierno que utiliza más términos de mercadotecnia. Está plagado de palabras en inglés. Por ejemplo, propone crear el “Lima Institute of Technology”, en lugar del Instituto Tecnológico de Lima. Además, destaca su pulcritud gráfica y su diagramación.

Portada del Plan de Gobierno de Podemos Perú. Independientemente del contenido, destaca su pulcritud gráfica.

Ames resalta de este plan que tenga medidas a corto, mediano y largo plazo. El documento expone lo que hará el partido en el primer día, en los primeros cien días y, finalmente, en todo el gobierno.

Para los primeros cien días, Podemos propone usar la Covid-19 como un punto de inflexión para cambiar al país, hacer una reconstrucción nacional y recuperar el empleo para reparar la economía. La nueva normalidad tendría más tecnología, un mejor sistema de salud y menos informalidad. Para los cinco años de gobierno, postulan implementar un Plan de Rescate Económico.

Algunos de los puntos particulares del plan están en el eje de gobernabilidad institucional. Podemos propone crear un Ministerio de Fomento y Obras Públicas, hacer cambios y fusiones entre ministerios y digitalizar el Poder Judicial.

Para Ames, el plan de Podemos está bastante estructurado. También resaltan sus propuestas para la familia policial −a la que Urresti apela mucho desde su paso por el Ministerio del Interior−, con iniciativas como entregar viviendas y reformar hospitales policiales.

Avanza País y un plan… ¿provisional?

Hernando De Soto, candidato presidencial y jefe del plan de gobierno de Avanza País, tiene una importante reputación internacional tras haber fundado el Instituto de Libertad y Democracia (ILD). Ha recibido el reconocimiento de renombrados personajes, como Bill Clinton, y publicaciones, como las revistas Time y Forbes.

De Soto, además, ha asesorado a diferentes gobiernos, incluso algunos cuestionados, como el de Muammar Gadafi. En el Perú, fue asesor de Alberto Fujimori. Es una persona vinculada a la asesoría gubernamental y las campañas electorales.

Sin embargo, su plan de gobierno tiene apenas 17 páginas y fue entregado fuera del plazo indicado por el JNE. Una resolución del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 indica que el partido presentó el documento recién en enero, mediante una subsanación.

Además, el diseño y la diagramación del documento denotan que no se invirtió mucho esfuerzo al prepararlo. Curiosamente, a pesar de la tardanza, el mismo plan indica que no es su versión final y que ésta será presentada “próximamente”. Aunque los partidos pueden presentar nuevos documentos ante la opinión pública, el plan oficial es el que ya está registrado en el JNE.

Plan de Gobierno de Avanza País. Indica que su versión final será presentada próximamente.

Más allá de la forma y la extensión, Ames considera que el plan de Avanza País no aterriza en nada. El documento está plagado de ideas generales y lugares comunes. Un ejemplo: “haremos que se eliminen las causas de la corrupción”.

El objetivo del plan: “derribar los muros que separan a los peruanos del llamado Perú informal de los formales”. Una frase hecha que apenas ilustra la propuesta principal de la historia política del candidato: la titulación como clave para el desarrollo.

Propuestas marcadas por la pandemia

Ames sostiene que, en términos generales, el estudio que lidera encontró que los planes de gobierno son muy declarativos. Expresan deseos, pero no se concentran en propuestas concretas, con metas e indicadores para medir su cumplimiento.

Hace cinco años la investigadora también analizó los planes de los candidatos de entonces. ¿Cuáles son las principales diferencias? Una importante se desprende de la coyuntura. Antes ya existía una tendencia a plantear propuestas de corto plazo, pero la pandemia ha remarcado esa característica. La mayoría de planes de gobierno hace referencias a cómo salir de la crisis: reactivar la economía y el empleo, asegurar la vacunación, etc.

La salud es un tema prioritario en la campaña actual. En el Perfil Electoral de las Elecciones Generales 2021, elaborado por el JNE, destaca la presencia de la palabra ‘salud’ en los planes de gobierno. Lamentablemente, la Covid-19 ha hecho que se reste importancia a propuestas de salud ajenas a la pandemia, como las vinculadas a la salud sexual y reproductiva, o a la desnutrición.

Terreno compartido, pero no tanto

A pesar de las diferencias ideológicas, hay propuestas presentes en varios planes. Por ejemplo, según el análisis de Ames, la gran mayoría de partidos se refiere a la reforma del sistema de pensiones, un tema que no había estado en agenda en la campaña anterior. La “refundación de la República” también aparece en planes de partidos ideológicamente distantes, como Podemos Perú, Juntos por el Perú y Victoria Nacional.

Además, todos los planes proponen mejorar la calidad educativa y la cobertura del sistema de salud, unificándolo y asegurando el acceso a medicamentos. Estas coincidencias parecen indicar que, gane quien gane, en 2026 en el Perú todos quieren tener un sistema de salud unificado y un sistema de pensiones reformado.

Sin embargo, existen diferencias sobre cómo se lograrán esos objetivos. Por ejemplo, Ames indica que, sobre la reforma del sistema de pensiones, algunos proponen resguardar la inversión privada, mientras otros desarrollan propuestas más cercanas a la estatización.

Otro ejemplo: si bien coinciden en ‘impulsar el crecimiento económico’, Juntos por el Perú postula hacerlo asegurando la sostenibilidad de los recursos, mientras que Victoria Nacional, promoviendo la inversión privada. El Partido Morado menciona ambos aspectos, respetando su propuesta de centro, anota Ames.

En cuanto a la educación, la diferencia principal detectada por la investigadora está en el trato a los docentes. Mientras los partidos ubicados más a la derecha se concentrarán en mejorar la calidad docente, desde la izquierda las propuestas se centran en subir los salarios y mejorar las condiciones laborales.

Otro tema presente en diferentes planes de gobierno es la reforma constitucional. Hay una contraposición clara. Desde la derecha se busca defender la Constitución actual. El caso más evidente es el de Fuerza Popular, cuyo Plan de Gobierno es calificado por Ames como una oda a la Constitución de 1993 y al gobierno de Alberto Fujimori.

“La evidencia muestra que las instituciones abiertas e inclusivas de la Constitución de 1993 rescataron al país de la pobreza y del caos generado por el modelo estatista y rentista”, dice el segundo punto del plan naranja, titulado “La Constitución de la prosperidad”.

Desde la otra orilla, partidos de izquierda como Juntos por el Perú y el Frente Amplio proponen cambiar la Constitución. Acción Popular se suma a esa iniciativa. Nuevamente, una opción moderada es la del Partido Morado, que ofrece realizar un referéndum en el segundo año de gobierno para evaluar el cambio.

Resulta evidente que algunos partidos se han esforzado más que otros para elaborar el documento que −idealmente− guiará su gobierno. Sirvan los planes para reflejar lo que ocurre dentro de cada organización y cuál es su esencia, así como la de su candidato o candidata.

El informe que el equipo liderado por Ames publicará esta semana revelará cuáles son los partidos cuyos planes de gobierno presentan propuestas más concretas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Para ello, han evaluado la cantidad y el nivel de puntualidad de las propuestas, independientemente de su contenido. 

 

Recortes salariales, depósitos de sueldo de apenas S/2, retraso en los pagos. Muchos internos tienen que comprar sus propias mascarillas y equipos de protección. Uno está en UCI por contagio de Covid-19

“Nos consideran la mano de obra barata”, así describe la estudiante del séptimo año de la carrera de medicina humana de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Karin Llanos (26), la penosa realidad por la que atraviesan ella y otros compañeros que realizan sus prácticas pre-profesionales. Razones para estar angustiada no le faltan: hace cuatro meses que no le pagan su sueldo, que equivale al salario mínimo, y el centro de salud San Sebastián, del Ministerio de Salud (Minsa), no le entrega su equipo completo de protección personal.

La joven tiene que dirigirse, una vez a la semana, a las galerías de la avenida Emancipación en el Cercado de Lima para comprar una mascarilla N95 color verde, mandilones, gorros, botas y una botella de alcohol. Debe cuidar su salud y la de su familia. Vive con sus padres.

A la semana, su centro de salud solo le entrega EPP, según su testimonio, “cada dos o tres días”. Ella asiste seis. ¿Le hace falta? Sí.

“Voy a Emancipación porque es lo más económico, Una mascarilla N95 de 3M, marca americana, que es la más segura, ahorita está costando [allí] entre S/60 y S/95. Por la segunda ola, [el precio] ha subido, cuando normalmente una mascarilla [de ese tipo, antes del inicio de la pandemia] costaba S/5”, explica la estudiante a Sudaca.

Llanos puede hacer ese gasto extra porque tiene el apoyo económico de sus padres. Por semana, desembolsa entre S/100 y S/150. Cada mes, esas compras significan un gasto que fluctúa entre S/400 y S/600. “Este dinero que nos están negando [los sueldos] nos ayudaría a que nosotros mismos podamos protegernos, [con] nuestro EPP”, añade la joven.

 

 

 

 

Karin Llanos Chávez es estudiante de medicina humana de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Le deben cuatro meses de sueldo y no posee activo los seguros de Essalud ni de vida (ver imagen de abajo). La futura doctora compra sus mascarillas e indumentaria de protección en la avenida Emancipación, en el Cercado de Lima.

 

 

 

“No voy a usar un EPP [dos veces], que de repente [antes] he utilizado con los pacientes Covid que llegan con diarrea, que pierden el olfato o el gusto, a los que se les hace la prueba, salen positivos y ya sé que he tenido contacto [con ellos]”, dice Llanos. Además, indica que no está afiliada al seguro social de EsSalud ni posee seguro de vida, dos cosas a las que debería acceder según su contrato con el Minsa.

 

Cara a cara con el virus 

¿Los practicantes atienden pacientes Covid-19?Sudaca le hizo esta pregunta a Jazmín Sánchez (26), quien también es estudiante del séptimo año de la carrera de medicina, pero en la universidad San Marcos. Ella también realiza sus prácticas en el centro de salud San Sebastián, en el Centro de Lima

 

 

 

 

Jazmín Sánchez es secretaria de Internado de la Federación Peruana de Estudiantes de Medicina Humana (Fepemh) y cursa el séptimo año de medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  Tampoco posee activo su seguro de EsSalud (ver imagen de abajo) al igual que su compañera, Karin Llanos, y también le deben cuatro meses de sueldo.

 

 

La estudiante explica que, según la resolución directorial N° 022-2021, publicada el pasado 19 de enero por el Ministerio de Salud, los practicantes pre-profesionales de ciencias de la salud (medicina, enfermería, psicología, etc.) no deben atender en áreas Covid-19 de los hospitales ni establecimientos de salud. Asegura, sin embargo, que en los hechos atienden constantemente pacientes asintomáticos.

¿Cómo? La joven sanmarquina, quien también ocupa el cargo de secretaria de Internado de la Federación Peruana Estudiantes de Medicina Humana (Fepemh), explica que a su área llegan pacientes con Covid-19 porque no existe “un buen filtro”. “Nosotros, según decreto, debemos atender en áreas no Covid. Pero eso, al final, es difícil de cumplir porque hay pacientes que no saben que tienen la sintomatología clara”, precisa.

En San Sebastián, donde realiza prácticas desde octubre del año pasado, existe un consultorio especializado para pacientes con síntomas de haber estado expuestos al nuevo coronavirus. Aparte, hay otra área para las consultas médicas, como medicina general y vacunación. La joven atiende en medicina general.

Sin embargo, cuando un paciente se acerca al establecimiento, muchas veces saca una cita directa para su área. Recién después de la entrevista que tiene con la paciente, Sánchez se entera que ese “resfriadito”, esa “diarrea” y ese “dolor de cabeza con diarrea”, eran síntomas de la Covid-19.

“Hay bastante desinformación en las personas. Y cuando llegan a nosotros [a medicina general, sin haber pasado antes por el consultorio especializado de Covid-19], los recibimos, los atendemos, los mandamos a hacerse la prueba y salen positivos”, añade con preocupación. De esa forma, Karin, Jazmín y muchos más practicantes de medicina están en contacto con pacientes asintomáticos, por más que en su contrato esté escrito que no lo estarán.

El riesgo se agrava porque las dos jóvenes, hasta el cierre de esta edición, no sólo no reciben sus sueldos desde hace cuatro meses sino que ni siquiera tienen la afiliación al seguro social de EsSalud activa. Tampoco poseen un seguro de vida. Ambos son derechos que le corresponden, según el contrato de los internos publicado por el Minsa.

Karin Llanos no se ha contagiado de Covid-19, pero Jazmín Sánchez sí ha tenido la enfermedad. La también dirigente del Fepemh estuvo infectada en agosto del año pasado, aunque en ese momento los servicios de internado estaban suspendidos y no realizaba sus prácticas. Su salud continúa en riesgo. ¿Por qué? El pasado 3 de febrero, el propio EsSalud publicó un comunicado en el que informa que un paciente que ha tenido el coronavirus “puede reinfectarse”. La severidad de la enfermedad dependerá de la carga viral, el estado inmunológico del paciente y las mutaciones que existan del virus.

Por lo pronto, en su centro de labores, dos médicos y dos internos –que, si bien no son de la carrera de medicina, estuvieron en contacto con el personal– están en cuarentena porque dieron positivo al Covid-19. Si las dos estudiantes no tienen el seguro de EsSalud ni el seguro de vida activos, ¿cómo podrían trabajar con tranquilidad?

Yelicsa Altamirano (27), al igual que Jazmín Sánchez, también estudia en la San Marcos. Ella empezó a trabajar en noviembre pasado en el centro de salud Materno Infantil San Fernando, en Yerbateros, distrito de San Luis, y tampoco posee el servicio activo de EsSalud ni el seguro de vida.

 

 

 

 

Yelicsa Altamirano, al igual que Jazmín Sánchez, estudia en la San Marcos. El pasado 26 de enero recibió S/2, en su cuenta del Banco de la Nación, por el pago del mes de noviembre del año pasado. Tampoco posee el servicio activo de EsSalud ni el seguro de vida (ver imagen de abajo).

 

En su centro de salud también le dotan de equipos de protección personal que son insuficientes para su labor diaria. “Para no estar exponiéndome cada semana, compré 45 mandilones: 20 con un grupo de compañeros, al por mayor; y, otros 25, por mi cuenta. Además, una caja de 100 unidades de gorritos, una de 100 pares de botitas y una caja de mascarillas simples de triple capa” sostiene. Ella también tiene que comprarse su propia indumentaria para estar protegida. La tienen que ayudar sus padres.

“La mascarilla N95 no puedo encontrar, por eso no me compro. En mi centro me dan una mascarilla N95 a la semana. Me pongo una mascarilla de triple capa [que compro] abajo [de la N95] y otra encima, para estar protegida. [La mascarilla N95 que me dan] tengo que cuidarla bien y guardarla en un táper para que esté bien conservada”, agrega.

Sobre el pago de sueldos atrasados, el 26 de enero recibió en su cuenta del Banco de la Nación un depósito de S/2 (sí, dos soles). Según la boleta de pago que entregó a Sudaca, del mes de noviembre, le realizaron un descuento de S/ 928. Allí aparece un descuento por EsSalud de S/83,70, pese a que todavía no está afiliada. Esto se puede confirmar en la página web de ese servicio.

La resolución directorial N°022-2021 del Ministerio de Salud, publicada el pasado 19 de enero, es clara: los practicantes pre-profesionales de medicina tendrán un sueldo mínimo (S/930) y los seguros de EsSalud y de vida. Sudaca ha confirmado que en varios casos ese documento está escrito solo en el papel y no se está cumpliendo. 

Hace cuatro días le abonaron otros S/1.860 a la misma cuenta por los meses de diciembre y enero. Esta vez no le realizaron descuentos. Ella pide que el Minsa explique si en los meses posteriores les realizarán más descuentos y si les pagarán puntualmente.

 

Otro vía crucis

El mismo calvario lo vive el estudiante de medicina de la universidad San Martín de Porres Pablo La Serna (28). El futuro médico realiza sus prácticas pre-profesionales en el centro de salud Santiago de Surco, pero su caso es más dramático porque todavía no se ha dado a conocer el documento de la renovación de su contrato. El pasado 19 de enero, el Minsa publicó la resolución directorial N° 022-2021 con la renovación de los contratos de 7.480 estudiantes de las carreras de ciencias de la salud, pero su nombre no aparece en esa lista. Está a la espera de la publicación de una nueva resolución que lo incluya.

 

 

 

 

Pablo La Serna, estudiante de la universidad San Martín de Porres, ha recibido el pasado 26 de enero el primer depósito de su sueldo en el Banco de la Nación. Pero no fueron los S/930 que le prometieron pagar, sino también solo S/2.  No tiene seguro de EsSalud ni de vida.

 

 

 

La secretaria de Internado del Fepemh, Jazmín Sánchez, calculó para Sudaca que un aproximado de “500 estudiantes” a nivel nacional −la cifra es extraoficial− estarían en la misma situación que Pablo La Serna. “Son estudiantes que continúan realizando sus prácticas pre profesionales sin tener su renovación de contrato”, señaló.

Por el momento, al igual que Yelicsa Altamirano, Pablo La Serna ha recibido el pasado 26 de enero el primer depósito de su sueldo en el Banco de la Nación. Pero no fueron los S/930 que le prometieron pagar, sino también solo S/2. Él no puede asegurar a qué corresponden los descuentos, porque no ha podido acceder a su boleta de pago. Tampoco está afiliado a EsSalud y no tiene seguro de vida.

Hasta el 23 de enero La Serna estuvo realizando sus prácticas pre-profesionales, que comenzaron en octubre del año pasado, en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Estas quedaron suspendidas debido a que, según su testimonio, dicho establecimiento no quiso asumir más responsabilidades cuando un compañero suyo salió positivo al nuevo coronavirus.

De forma preventiva, Pablo La Serna y Yelicsa Altamirano han sido afiliados al Sistema Integral de Salud (SIS), que normalmente se destina a personas que no tienen un trabajo formal. En el caso de Jazmín Sánchez y Karin Llanos, ellas poseen SIS desde antes de realizar sus prácticas. No obstante, todos ellos reclaman tener activa su afiliación a EsSalud, porque es su derecho y porque tiene mejor cobertura.

El caso del estudiante de medicina de la universidad Federico Villarreal César Augusto Dávila Arainga (26), quien en la mañana de hoy será trasladado al Hospital Sabogal de EsSalud, es un claro ejemplo de la necesidad de contar con un seguro de amplia cobertura. Los médicos tuvieron que ayudar a la familia del joven universitario para que pueda conseguir una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de dicho hospital, pues tiene Covid-19 y la salud muy deteriorada desde hace 12 días. El joven cumplía su internado en el centro de salud materno infantil Tambo Viejo de Cieneguilla desde octubre del año pasado.

 

 

El estudiante de la universidad Federico Villarreal, César Augusto Dávila Arainga, será trasladado a una cama UCI del Hospital Sabogal de EsSalud. Los compañeros del joven han organizado una colecta para que su madre, Luzmila Arainga, quien es enfermera de EsSalud, pueda solventar los gastos. No posee el seguro de EsSalud y los médicos le han ayudado para que pueda salvar su vida.

 

 

Su madre, Luzmila Arainga, quien es enfermera de EsSalud, lo llevó ayer a la Villa Mongrut del seguro social. Le pudo conseguir una cama porque tenía una amiga que trabaja allí. “Si no hubiera tenido a mi amiga, no sé qué hubiera hecho”, señaló a Sudaca. Recién esta madrugada se le pudo conseguir la cama UCI en el Sabogal, para que pueda ser trasladado. 

 

Los descuentos

 

Jazmín Sánchez dijo a Sudaca que, a nivel nacional, podrían ser hasta 2.000 los estudiantes afectados por los retrasos y recortes de sueldos, por no contar con el servicio activo de EsSalud y el seguro de vida, y por la entrega incompleta de equipos de protección personal. No obstante, precisó que esa cifra es extraoficial. Muchos de los internos no tienen el contrato renovado y no se quejan.

 

La dirigenta estudiantil explicó que poco a poco se están organizando. En diciembre enviaron una comunicación al Ministerio de Salud. Están alistando una nueva con más denuncias. Allí piden que se cumpla con el pago puntual y completo de sus sueldos, y con activar sus afiliaciones a los seguros de EsSalud y de vida.

Según Sánchez, desde que en agosto del año pasado se dio el decreto de urgencia N°090-2020, que reincorpora a los estudiantes de ciencias de la salud a sus prácticas pre-profesionales –suspendidas el 15 de marzo del año pasado por el inicio de la pandemia–, “sabíamos que no se iba a cumplir [con los pagos] porque ni siquiera se está cumpliendo con el pago a los médicos, no se les está dando EPP a todos. Sabíamos que siendo internos, iba a ser difícil”.

“Hemos mandado documento tras documento [al Minsa] –añadió la dirigente del Fepemh– diciendo que se tiene que hacer fiscalización, que hay internos cuyos contratos no salen, y esto es algo que se viene arrastrando desde el inicio. [Nos aseguraron en el MINSA que] se iba a pagar todo junto; eso nos dijeron en diciembre. No pasó. Llegó enero y nos dijeron que iban a pagar los cuatro meses, y tampoco pasó. Eso fue la gota que derramó el vaso, eso nos hizo tomar la decisión de hacer todo esto visible”.

Cuando las prácticas pre-profesionales fueron suspendidas el 15 de marzo del año pasado, a la mayoría de estudiantes se les continuó la  propina de S/400 hasta el mes agosto. Lo que entienden ellos es que se estaría descontando los pagos que realizaron a los practicantes por los meses no trabajados.

No obstante, para la representante estudiantil esos descuentos son injustos. Ese dinero les sirvió para afrontar el periodo de pandemia y ellos siempre pidieron continuar con sus prácticas pre profesionales.

 

Con la cabeza

 

¿Cuál es la solución? Lo que exigen los estudiantes, señala Sánchez, es una reunión con “la cabeza”. Es decir, con la ministra de Salud, Pilar Mazzetti. Además, que se publique una resolución ministerial explicando si habrá o no descuentos a los sueldos de los estudiantes y que se regularicen los contratos a quienes no se les ha renovado. “Papelito manda”, añade.

El Minsa publicó el pasado 30 de enero un comunicado de prensa que no es del todo claro. Allí señala algo similar a lo que los estudiantes intuyen: que el problema de descuentos se debería a que un “grupo de estudiantes tuvo que regularizar su situación administrativa por los meses en que recibieron los abonos por actividades que no realizaron por estar suspendidas. Este procedimiento se está llevando a cabo actualmente y culminará en enero del 2021”. Es decir, que la ‘propina’ que recibieron entre marzo y agosto estaría siendo descontada de sus salarios mínimos ahora. ¿Y los retrasos?

Sudaca envió un pliego de preguntas, por separado, al MINSA y EsSalud, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Para la dirigente del Fepemh, esto es “un aprovechamiento” del Minsa porque saben que, al ser su último año de estudios, solo tienen tiempo hasta abril para terminar sus prácticas y graduarse.

Sin embargo, para la estudiante de la universidad Federico Villarreal, Karin Llanos, se trata de un maltrato histórico que siempre han sufrido los estudiantes de medicina. “Hasta nosotros mismos nos burlamos de nuestra propia realidad diciendo que somos como los esclavos, los esclavos mal pagados”.

En un artículo de El Comercio, publicado en el 2015, la lingüista Martha Hildebrandt dice que la frase “cholo barato” es “una expresión nominal que expresa o representa la explotación del indio por el blanco desde la llegada de Pizarro hasta nuestros días”. “Aunque ya no sea tan barata –añade–, nuestra mano de obra sigue siendo hoy subvalorada”. Esta historia, en la era del Covid-19, podría reforzar el desarrollo de su tesis.

OHL anunció la buena nueva desde su matriz en España hace tres días. “OHL se adjudica dos contratos por más de 80 millones [de euros] en Perú”, dice el comunicado. Se trata de la construcción del Hospital de Apoyo II de Chulucanas, por más de S/136 millones, obtenida a través del acuerdo ‘gobierno a gobierno’ con el Reino Unido; y de la ampliación norte del Metropolitano, ganada con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de Emape, por más de S/280 millones.  

 

Las relaciones públicas de OHL en Perú, sin embargo, parecen más cautas. Quizás sea porque aquí, pese a que la constructora licita con éxito, todavía tiene algunos pendientes con el Indecopi y el Ministerio Público. A continuación, Sudaca presenta material inédito sobre esos pendientes: correos electrónicos, cuadros de Excel y libros contables que describen el actuar de esta compañía durante el apogeo del llamado Club de la Construcción.

Las investigaciones

En febrero del 2020, el Indecopi abrió procedimiento administrativo sancionador “a 35 empresas constructoras y a 28 de sus ejecutivos porque se habrían puesto de acuerdo para no competir en el mercado y repartirse 112 licitaciones” públicas de carreteras entre el 2002 y 2016. OHL y su ejecutiva María Victoria Tizón figuran en la lista. El proceso abierto por el Indecopi equivale, en el ámbito administrativo, a una acusación. Esta espera ser resuelta por otra instancia del mismo organismo a fines de año.

 

Boletín oficial - OHL
Leyenda: A inicios del 2020 Indecopi publicó el listado de personas jurídicas y naturales responsables en lo que llamó un “cartel empresarial”.

En el ámbito penal, en noviembre del 2019 la jueza María de los Ángeles Álvarez incluyó a OHL, entre otras, como parte de una “presunta organización criminal [el denominado Club de la Construcción]” que “estableció el orden de prelación de quienes se adjudicarían las buena pro de los procesos de contratación convocados por Provías Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, previo pago de coimas, entre el 2011 y el 2014.

OHL apeló y logró, dos meses después, que una sala superior la excluyera del proceso. El argumento: que la acción penal se había extinguido tras la muerte de Carlos Conde Rodicio, exdirectivo de OHL sobre quien la fiscalía había hallado responsabilidad.

Aquella vez, el fiscal Germán Juárez, el encargado del caso en el equipo especial Lava Jato, argumentó que tenía facturas que vinculaban directamente a OHL con el sistema de pagos de sobornos del ‘club’. También dijo que, además de Conde, habría otros funcionarios involucrados. La sala superior no le dio la razón. Antes de que Juárez pudiera apelar llegó la pandemia.

Fuentes de la fiscalía dijeron a Sudaca que el equipo de Juárez está recabando información adicional contra la firma, pese a las dificultades para tomar declaraciones por la crisis sanitaria. “El equipo realiza actos de investigación ubicando a otros funcionarios que actuaron al mismo nivel que el fallecido a fin de incorporarlos al proceso penal y, con estos elementos, también a la empresa”, declaró una de las fuentes.

Los correos son claros

La española Obrascon Huarte Lain −OHL− ingresó al Perú en 2008, tras comprar el 94% de las acciones de la peruana Constructora TP S.A.C. (CTPSAC). Esta pertenecía al fallecido Carlos Tizón y a su familia. A partir de entonces, la hija del veterano constructor, María Victoria Tizón, pasó de la gerencia de administración a la gerencia comercial.

Doce años después, el Indecopi logró reunir archivos y testimonios que colocaron a la empresa en medio del escándalo llamado ‘Club de la Construcción’. Sudaca ha revisado parte de ese material y lo presenta en exclusiva.

El correo electrónico del 16 de noviembre del 2013, por ejemplo, tiene como asunto las palabras “Informacion prelacion [sic]”. La destinataria es María Victoria Tizón (Mavi) y el emisor, José María Romero Pinto, ex ejecutivo de Superconcreto del Perú, empresa que también es investigada por el Indecopi y el equipo especial Lava Jato.

En ese correo aparecen dos palabras de peso contundente para la investigación. Además del asunto, Romero le dice a Mavi: “quiero saber bien cuáles obras son las que nos están cargando. Cuándo se ejecutaron y sus montos. Además, el tema de cómo fue que nos cargaron 3 vueltas?”.

 

Información prelación
Desde que inició sus investigaciones el 2017, Indecopi trabajó con software norteamericano para lograr copias de archivos existentes o borrados de las computadoras de las empresas inspeccionadas.

La Resolución 003-2020 del Indecopi determinó que las constructoras se comunicaban a través de palabras clave: “una serie de criterios o pautas referenciales denominadas ´turno´, ´vuelta´, ´cuota´, ´prelación´ y ´acompañante´. En líneas generales, estos criterios permitían a los integrantes del cártel definir quién tenía la preferencia para adjudicarse una obra determinada de manera que tenga mayor justificación su asignación”.

Al ser interrogado, el exejecutivo de Cosapi Marco Aranda, quien se encuentra en calidad de confeso en el caso fiscal del Club de la Construcción, relató al Indecopi que “cualquier empresa tenía que esperar que todas las empresas contraten […]. Tenían que, básicamente, sentarse a conversar y a decidir quién iba primero o segundo. Eso es lo que se denominaba la ‘prelación’. Y había muchas reuniones para definir ese tema. […]. Básicamente me acuerdo yo que significaba la situación financiera, el apremio de tener trabajo”.

——- [Audio Marco Aranda, de Cosapi, sobre “prelación” ante Indecopi] ——

[47:32] E: ¿Y luego cómo hacían? Digamos, acababa y había dos empresas que querían la misma obra, ¿había un criterio para definir quién postulaba a qué o simplemente entre las dos tenían que…?

[47:40] MA: Tenían que, básicamente, sentarse a conversar y a decidir quién iba primero o segundo. Eso es lo que se denominaba la ‘prelación’. Y había muchas reuniones para definir ese tema.

[47:55] E: ¿Y cuáles eran los criterios para definir la relación?

[48:00] MA: Básicamente me acuerdo yo que significaba la situación financiera, el apremio de tener trabajo… esos argumentos.

[48:14] E: También hemos encontrado en algunos documentos la referencia a ‘turno’.

[48:20] MA: Claro, o sea, turno o prelación es algo bastante similar en concepto. O sea, yo tengo la prelación, yo tengo mi turno, más o menos. Esa era la definición.

 

Según los testimonios dados al Indecopi por exejecutivos del sector construcción, Aranda tenía un rol importante dentro de los acuerdos que se realizaban en las empresas presuntas miembros del cártel, en la sede de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y restaurantes. Así, hay otra serie de correos que Mavi −de OHL− intercambia con Aranda sobre reuniones y obras.

Era diciembre del 2009 y OHL estaba interesada en la Licitación de la Carretera Punta Bombón – Ilo. En un primer correo, Mavi Tizón le dice al también ejecutivo de OHL, Jorge Aubinel: “hoy tuvimos una reunión en Cosapi para ver el tema de esta carretera [Punta Bombón-Ilo]. Parece que habían malentendidos, pero felizmente todo salió bastante bien […]. Mañana Marco [Aranda] tiene una reunión final con un amigo para confirmar que todo sigue su curso normal. Espero su respuesta”.

El mismo 9 de diciembre, Mavi Tizón pide a Rodolfo Weiss, de la constructora UPACA, conversar sobre la obra y éste le responde al día siguiente: “Por nuestra parte también continúa el interés en esta obra. Un aspecto importante a despejar es si nuestra participación es con cargo al turno del caso”.

 

Carretera Punta Bombom 1

Carretera Punta Bombom 2

En medio de las coordinaciones con UPACA, también investigada por pertenecer al presunto cártel de constructoras, Mavi Tizón le envía un mensaje a su directivo Jaime Crosby poniéndolo al día sobre lo que había quedado con Marco Aranda: “debía llevar a 2 [constructoras] más por el monto de la obra”.

Estas otras dos empresas, se menciona en el correo, no debían aparecer a la luz como socias en un consorcio y optaron por la modalidad de subcontratos. De las confesiones dadas a Indecopi se desprende que las empresas más pequeñas obtenían, gracias a estas modalidades, una democrática participación en los acuerdos del club.

Licitaciones MTC

 

Días después, el 19 de enero del 2010, siete postoras, además de OHL, fueron evaluadas y esta última no calificó. Mavi Tizón envió, entonces, un correo a Marco Aranda diciéndole: “los españoles están furiosos por la descalificación!!! […]. A ver cuándo conversamos sobre este tema y sobre Ayacucho 4”. Aranda intentó calmarla:“lo que les dijimos se mantiene incólume”.

Tizón insistió con su reclamo y Aranda le recordó que “por ejemplo, en mi caso, el tema se ha postergado por razones de involuntaria equivocación de los promotores y ahora yo me voy para después–cuando era el primero. Y yo entiendo y acepto y no perturbo nada. En el tema que tú dices además han quedado afuera otros amigos importantes”. La obra, dos semanas después, fue entregada a Obrainsa, otra de las investigadas por el caso del ‘club’.

Licitación Punta Bombom 3

 

Eventos actuales y futuros

Durante los interrogatorios con el Indecopi, Fernando Camet, ex directivo de JJ Camet, reconoció el sistema de concertación con el que trabajaron entre el 2002 y 2016. Explicó que los acuerdos de “turnos” tuvieron sus fallas, como la que se ve en esos correos. “Nunca tenía uno el camino allanado de que el turno se respetaba como ley. Siempre había alguien que argumentaba tener derechos o interés para tomar esa obra. Siempre había discusiones largas, argumentadas y había que pelearse para tomar un turno”, afirmó.

——- [Audio Fernando Camet, de JJCamet, sobre “turnos” ante Indecopi] ——

[Audio Fernando Camet, de JJCamet, en Indecopi]: [49:06] FC: La idea era que, de la cantidad de miembros, cada uno tomara un turno o medio turno o menor turno si era una empresa de menor tamaño y la idea era que al haber tomado cada uno ya su turno pasábamos a la segunda vuelta. Por eso se denominaba ‘vuelta’. Se trataba de que todos en la primera vuelta tomaran; todos en la segunda vuelta tomaran, y así sucesivamente. Cuando ya se había completado que todos habían tomado su turno, entonces se pasaba a la siguiente vuelta.

[49:52] E: ¿Y eso se cumplía? [49:44] FC: Nunca tenía uno el camino allanado de que el turno se respetaba como ley. Siempre había alguien que argumentaba tener derechos o interés para tomar esa obra. Siempre había discusiones largas, argumentadas y había que pelearse para tomar un turno.]

 

La contabilidad de los sobornos

Ante la justicia y ante los medios de comunicación, OHL siempre ha rechazado haber formado parte del Club de la Construcción. Incluso, ha llegado a asegurar que todos sus procesos los ganó con transparencia y que “mantiene una política de tolerancia cero con la corrupción”.

Sin embargo, todos sus pasos en Perú tienen registro. Sudaca presenta en exclusiva dos archivos contables que vinculan a OHL de forma directa con Lual Contratistas. Lual, según confesión de parte ante la fiscalía, fue usada de fachada por los operadores del club a fin de emitir facturas que permitieron a las constructoras justificar ante Sunat la salida de los millonarios pagos por coimas.

En los libros contables de Lual Contratistas de enero y febrero del 2013, que aquí presentamos, figuran tres facturas con OHL, por un monto total de  S/3.320.946. Un extrabajador de esta compañía ratificó a este medio que las facturas siempre se giraban por órdenes de servicios falsas o trabajos que jamás se realizaban.

Registro de ventas e ingresos 1

Registro de ventas e ingresos 2

 

Estos documentos, que Sudaca entregará a las autoridades de justicia, se suman a tres facturas que el equipo especial Lava Jato ya tiene en su poder y que ratifican los vínculos entre OHL y Lual.

Indecopi, por su parte, también ha logrado recabar un cuadro de Excel elaborado en el 2012 por Marco Aranda, de Cosapi, y que sintetiza −año a año hasta el 2014− los “turnos” con los que los empresarios se habrían repartido las licitaciones de carreteras. En dicho cuadro aparece el nombre de las constructoras Tizón y OHL como dueñas de siete turnos o licitaciones.

 

Licitaciones en obras públicas

El equipo investigador del Indecopi ha calculado que entre el 2002 y el 2016, años que ha estimado operó el sistema de repartición, OHL se hizo de contratos con Provías-MTC por un monto superior a los S/587 millones.

 

Nuevas obras: ¿licitaciones con criterios ‘éticos’?

El último 29 de diciembre, la MML anunció la firma del contrato para la construcción de la ampliación norte del Metropolitano con OHL y la mexicana Gami Ingeniería e Instalaciones. Ambas empresas, unidas en el llamado Consorcio Metropolitano Norte, ganaron la obra “por un monto mayor a los S/280 millones”. El alcalde limeño Jorge Muñoz encabezó la colocación de la ‘primera piedra’ de la obra el miércoles pasado.

El corredor de buses incluye 18 estaciones que irán desde la actual estación Naranjal, en Independencia, hasta la intersección de las avenidas Universitaria y Chimpu Ocllo en Carabayllo. Al cierre de esta edición, la comuna limeña no respondió sobre los detalles del proceso, las empresas que compitieron con OHL, ni los criterios de transparencia y fiscalización para la misma.

También terminando diciembre del año pasado, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) adjudicó a OHL la construcción del Hospital Apoyo II de Chulucanas, en Piura, por S/136 millones.

El proceso de contratación se ejecutó a través del Acuerdo de Gobierno a Gobierno con el Reino Unido e Irlanda del Norte. El equipo de comunicaciones de la ARCC respondió a Sudaca que dicho país, “como parte del proceso de precalificación, incluyó como uno de los parámetros de evaluación el criterio denominado ‘Ética’”. Explicó la ARCC que, en este acápite, el Reino Unido “buscaba obtener información de las empresas participantes sobre si fueron condenadas por algún incumplimiento ético incluyendo, pero sin limitarse a, soborno, malversación, hurto, fraude, y/o extorsión en los últimos cinco años”. ¿Calza una empresa vinculada al Club de la Construcción en ese parámetro de ‘ética’?

Sobre este punto, el abogado Alberto Retamozo, árbitro y consultor en contrataciones con el Estado, explicó que si bien OHL no tiene condenas efectivas a nivel penal, “sí debió poner en conocimiento, por un tema de transparencia [ético, precisamente], que el Indecopi le había iniciado a la fecha un procedimiento administrativo sancionador por concertación y vulneración de la libre competencia”.

La gravedad de la omisión de OHL, explicó Retamozo, está en que el proceso abierto por el Indecopi podría acabar con un fallo en contra y ello “implicaría, además de la sanción, que el Tribunal de Contrataciones del Estado podría inhabilitarla para contratar con el Estado por vulnerar el principio de libre competencia. Esto constituye un riesgo ya que, de ganar [una obra] y luego ser sancionada, generaría un problema de gestión para el órgano público que la contrató”.

 

Clausula Anticorrupción
El Reino Unido establece una “Clausula Anticorrupción” para sus contratos bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno. Este modelo rige la obra del Hospital de Chulucanas obtenida por OHL.

OHL niega cargos

Sudaca solicitó entrevistas a voceros de OHL en España y el Perú, pero no obtuvo respuestas. Sin embargo, este portal sí logró conversar con María Victoria Tizón, ex accionista y ejecutiva de OHL, protagonista de varios de los correos que obran en el expediente del Indecopi.

Tizón informó que no tiene vínculo con el grupo OHL desde octubre del año pasado. Respecto a las sospechas de corrupción en contra de la compañía, respondió que nunca participó en esos actos, pero que no sabe “si la empresa, a través de otros funcionarios, lo habrá hecho”.

Sobre sus diálogos con Marco Aranda, Tizón sostuvo que solo se enmarcan en el contexto de que ella debía mantener un fluido contacto con el premio luego de que OHL adquiriera la empresa Tizón en el 2008. Admitió que existió un nivel de diálogo entre los constructores: “ese tipo de conversaciones era normal. Había veces que decía ´pero si tú tienes 3 obras, a los que no tenemos nada déjanos presentarnos para ganar algo´. Ese tipo de conversaciones sí ha habido, no lo niego. Eso no es concertación”.

La hija heredera de la constructora Tizón, que fue adquirida por OHL, aseguró también que desconoce la existencia de facturas entre Lual Contratistas y OHL: “yo no lo he hecho ni me consta, no sé si la empresa lo habrá hecho”. Sin embargo, la ingeniera sí reconoció que en un evento en Capeco le presentaron a Rodolfo Prialé. “Me dijo qué gusto conocerte, aquí estoy en lo que necesites, y punto. Nunca más lo volví a ver”, aseguró. Prialé, quien se ha allanado a las investigaciones, fue dueño de Lual Contratistas y es sindicado como el operador del Club de la Construcción cuyo rol era ser el nexo entre las empresas y los funcionarios corruptos del MTC.

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Club de la construcción, OHL

Nuevamente las plantas llegan después de los muertos. La mayor parte del suministro de oxígeno con el que el país enfrenta la segunda ola todavía proviene del grupo empresarial privado Praxair-Linde y no de plantas de oxígeno instaladas en los centros de salud. Estas solo brindan el 7% del oxígeno consumido a nivel nacional. En cambio, el 60% es provisto por tanques criogénicos que son abastecidos −principalmente− por compañías con antecedentes de colusión, como la antes mencionada.

 

A Luis Barsallo, “El Ángel del oxígeno”, le ha tocado ver cómo los familiares de enfermos de Covid-19 se enteran por una llamada que su ser querido falleció, mientras hacen desesperadas colas para rellenar sus balones. Un paciente crítico no puede aguantar mucho tiempo sin el elemento medicinal que él ha decidido vender a precio justo. Afuera de su local, las colas reaparecieron el lunes 18 de enero. 

En noviembre, diez semanas antes, el problema del oxígeno medicinal debió haberse empezado a solucionar. Ese mes hubo una reunión clave entre representantes del Indecopi y la ministra de Salud, Pilar Mazzetti. ¿Cuál fue la agenda? Entregar recomendaciones al ministerio a partir de un reporte investigativo elaborado por la Comisión de Defensa de la Libre Competencia sobre el mercado de oxígeno medicinal, revelaron a Sudaca fuentes del Indecopi.

La comisión conocía bien dicho mercado. En 2010 el Indecopi sancionó a Praxair Perú S.R.L., Linde Gas Perú S.A. y Messer Gases S.A. por conformar un cartel y repartirse las licitaciones de compra de oxígeno medicinal líquido y gaseoso de los hospitales del Estado. Los cargos y la multa de 15 millones de soles fueron ratificados vía sentencia judicial en junio del año pasado.

Sin embargo, las matrices globales de las coludidas Praxair Perú S.R.L. y Linde Gas Perú S.A. se convirtieron en una sola compañía en 2018 y 2019. “El mercado está más concentrado que hace algunos años. Praxair y Linde se fusionaron, y pasó a haber dos y no tres proveedores. En la mayoría de países esa fusión estuvo sujeta a condiciones; en el Perú no”, explicó a este medio Jesús Espinoza, secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC) del Indecopi.

Según el reporte de Indecopi, más del 80% de las compras de oxígeno que realizan los hospitales peruanos corresponde al Grupo Praxair Perú. Son sus subsidiarias locales, Praxair Perú S.R.L, Linde Gas Perú S.A. y Tecnogas S.A., quienes se llevan la porción mayoritaria del mercado. Su competidor más cercano es el grupo Air Products Perú, conformado por Air Products Perú S.A. e Indura Perú S.A.

En la reunión entre el Indecopi y el Ministerio de Salud (Minsa) hubo una recomendación crucial para romper con el riesgo de esa alta concentración del mercado: dejar de depender de los privados para brindar un servicio público. Es decir, instalar más plantas de oxígeno en los hospitales del Estado. Así lo precisan las fuentes consultadas por Sudaca, que conocen en detalle lo conversado.

¿Tiene sentido esa recomendación? Muchísimo. Aún más si la propia Linde Perú dijo el último lunes que la demanda de esta segunda ola la ha sobrepasado a pesar de haber incrementado su producción. “Linde Perú alertó al gobierno desde hace varias semanas sobre esta situación a fin de que se busquen fuentes alternativas de oxígeno, como viene ocurriendo en los demás países de la región”, precisó en su comunicado.

Ante la sugerencia del Indecopi, la respuesta de la ministra Mazzetti fue que ya existía un convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para la fabricación y entrega de plantas de oxígeno medicinal. El Indecopi ofreció trabajar activamente en caso se necesitase el registro de alguna patente para agilizar la llegada de las plantas a los hospitales públicos. Con la curva de contagios y muertes aún bajo control, lo sensato era acelerar la implementación del convenio para pertrecharse. Aquello no ocurrió.

El 6 de noviembre, al día siguiente de la reunión con el Indecopi, el Minsa transfirió el 50% de los recursos necesarios a la UNI para efectuar la fabricación de las plantas de oxígeno: US$11.806.441. De acuerdo con la web oficial de la UNI, sin embargo, las primeras 15 plantas del proyecto bautizado como Oxigena 47 serán entregadas recién a lo largo de este mes, según el siguiente cronograma:

Primer cronograma de entrega de las plantas de oxígeno publicado por la UNI.

Se trata de hospitales en Arequipa, Ica, Junín, Cajamarca, Cusco, Piura, Ucayali, Ancash, Apurimac y Lima. El problema es que en Ica el número de fallecidos totales ya sobrepasó a los registrados en el pico de la primera ola, según el análisis diario que realiza el ingeniero Rodrigo Parra Wong de las cifras del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef). Junín está a pocos días del mismo destino. Lima, Ancash, Arequipa y Cusco van en rápida subida: las muertes se acumulan y la curva crece sin freno. Piura y Ucayali, también están en ascenso. Sudaca buscó en repetidas oportunidades a Elizabeth Chahuares, directora de Oxigena 47, pero no obtuvo respuesta.

En julio del año pasado, la Digemid autorizó a la PUCP −en convenio con la empresa Seralt SAC− para fabricar plantas de oxígeno medicinal. El ingeniero mecánico y profesor de la PUCP, Fernando Jiménez, quien codirige dicha iniciativa, contó a Sudaca que han alcanzado un tiempo de producción de apenas tres semanas y que podrían haber fabricado 30 plantas (de 20 metros cúbicos por hora) entre noviembre, diciembre y enero, trabajando a plena capacidad. Un ritmo bastante más rápido que el que prevé el demorado convenio entre el Minsa y la UNI.

Jiménez consideró que debió preverse la necesidad de las plantas ante la inminencia de la segunda ola. “Minsa sabía que nosotros tenemos esa capacidad de producción”, sostuvo. Sudaca insisitó por una entrevista sobre este tema con un vocero del Minsa, pero el área de Información Pública reiteradamente derivó la consulta con la UNI.

Un negocio de tanques y balones

Aunque la precariedad de nuestro sistema de salud nos ha presentado al balón de oxígeno como unidad de medida de este valioso recurso, la verdad es que es solo una medida de emergencia. El estándar global es que los ventiladores mecánicos, el oxígeno de alto flujo y de bajo flujo de un hospital sean abastecidos directamente por su propia planta de oxígeno, mediante un sistema de tuberías que llega a cada cama y a cada enfermo.

Sudaca consultó a la Directora Ejecutiva de la Oficina de Información Pública del Minsa, Patricia Escudero, por el número actualizado de plantas públicas de oxígeno a nivel nacional, pero ella −incomprensiblemente− indicó que era la UNI la que debía responder aquello. La Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud), al menos, sí brindó el registro que desde hace algunas semanas actualiza diariamente. Según esta data, solo el 19% de los hospitales niveles II y III tienen una planta de oxígeno operativa: 47 de una larga lista de 252.

Durante la primera ola, la trágica experiencia de Iquitos fue el primer aviso de la urgencia de que cada hospital tenga su propia producción de oxígeno. La primera planta de la ciudad, conseguida a base de colectas de la iglesia católica, salvó vidas pero también llegó tarde para muchas familias. Ahora, según data de Sinadef, Huánuco ha sido la primera región en la que el número de fallecidos de la segunda ola superó al pico más alto de la primera.

El sistema de salud de la región ha colapsado, pero Sudaca identificó un centro de salud que todavía resistía el nuevo embate del virus: el Hospital de Tingo María. Allí la gestión eficiente del oxígeno ha jugado un rol clave (ver reportaje). La coordinadora del Comando Covid del Hospital, Michele Panduro, explicó a este medio que el suministro que les da su planta de oxígeno lo utilizan para abastecer ventiladores, equipos de alto flujo y máscaras de reservorio; y procuran utilizar los balones solo cuando los pacientes necesitan más de 10 litros de oxígeno por minuto.

Diseño: Leyla López.

Mientras tanto, en cambio, en el Hospital Negreiros del Callao el oxígeno escasea gravemente. Su cuerpo médico ha pedido restringir el ingreso de pacientes a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y la hospitalización hasta que se repare su suministro de oxígeno encargado a la compañía privada Linde Perú. El Negreiros no tiene una planta propia y se abastece solo por cilindros y tanques.

“Las grandes empresas no tienen interés en vender aisladamente a los ciudadanos [balones de oxígeno]. Su negocio es con las instituciones”, explicó Jesús Espinoza, de la CLC de Indecopi, en referencia a las compras que los establecimientos públicos de salud realizan para abastecer sus flujos de oxígeno. Jiménez, de la PUCP, coincide. Para él, el negocio de las grandes firmas como Praxair-Linde y Air Products es abastecer regularmente las cisternas o tanques de los hospitales.

¿Cómo funcionan las plantas de oxígeno? “Las plantas producen oxígeno a baja presión, que se puede distribuir por tuberías a cada paciente. En todo el mundo, solamente se usa el oxígeno comprimido (el de los balones) si lo tengo que llevar lejos del sitio donde lo he generado, si tengo que distribuirlo lejos”, explica Jiménez.

Lo lógico, entonces, sería colocar plantas de oxígeno a nivel nacional, al menos en todas las ciudades con hospitales de nivel II y III. “Lo que pasa es que se está chocando con un negocio de varios millones [el de las dos compañías que dominan el mercado], tal y como se ha venido manejando anteriormente”, sostiene el ingeniero mecánico.

“Efectivamente, el oxígeno medicinal debería ser considerado como un recurso estratégico en salud, por lo que importa para defender la vida”, decía en junio el médico Oscar Ugarte, gerente central de operaciones de EsSalud. Él planteaba entonces que existían tres vías para abastecer del vital recurso a la población: 1) que las plantas de oxígeno industrial comiencen a producir medicinal, 2) importaciones rápidas de generadores de oxígeno, 3) o comprar plantas como lo hizo Iquitos.

La última es la que los expertos, incluidos los del Indecopi, mantienen como única opción. “Los hospitales todos deberían tener sus plantas de oxígeno, primero porque es más barato [mantener el suministro], y en segundo lugar, porque es de seguridad nacional. ¿Qué pasa si hay un terremoto y la planta Praxair colapsa? Es como decir que yo solamente genero electricidad en el Mantaro”, reflexiona el ingeniero mecánico Fernando Jiménez.

Sin embargo, la lentitud del Estado para instalar y poner en operación las primeras plantas de los hospitales públicos ha hecho que la segunda ola nos agarre casi igual de indefensos que la primera. Si bien otras recomendaciones del Indecopi, como reducir el porcentaje de pureza del oxígeno medicinal que puede comercializarse, sí se han implementado, aquello no basta sin producción por parte del Estado.

Según Espinoza, el consumo regular de oxígeno era de 100 toneladas métricas (TM) diarias antes de la pandemia. En la primera ola se multiplicó por cuatro hasta llegar a las 426 TM. Con la segunda ola encima, el oxígeno escasea y todo indica que llegará muchos muertos después de lo necesario. Iniciativas como la de Luis Barsallo son apenas marginales. El ‘Ángel del oxígeno’ no puede guardar la vida de todos los peruanos. Los hospitales del país siguen mayoritariamente a merced de lo que puedan producir dos grupos empresariales.

 

*Con la colaboración de Paolo Benza.

Asociación de Contribuyentes propone modificar medidas para combatir la segunda ola: Que negocios no cierren a las 6pm, que se permita el recojo de pedidos en restaurantes y se divida a Lima en diversas zonas de riesgo. Advierten que podrían cerrar 3.500 restaurantes.

Las medidas restrictivas implementadas por el Ejecutivo para enfrentar la segunda ola del Covid-19, comenzarán a regir desde este domingo 31. La Asociación de Contribuyentes aseguró que la cuarentena, tal y como está planteada, podría hacer que muchas empresas quiebren en estos 15 días de confinamiento, por lo que propuso la eliminación del “toque de queda” de las 06:00 p.m. para los negocios para evitar aglomeraciones, así como dividir a Lima en zonas de riesgo con cuarentenas focalizadas.

“Esta cuarentena que se quiere imponer en estas dos semanas, es un modelo que ya ha fracasado”, aseguró José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes, centro de investigación que tiene como misión vigilar el uso del dinero de los contribuyentes recaudado por el Estado. “Muchas empresas, aunque no lo crean, en estos 15 días, pueden quebrar”, advirtió.

“Proponemos una cuarentena inteligente que ponga un punto medio donde -efectivamente- se vuelvan más rigurosas las medidas sanitarias, pero se eviten los errores de la cuarentena pasada”, aseguró. Por ejemplo, dice, se debe eliminar la limitación horaria de las 6:00 pm para negocios como bodegas, mercados itinerantes o farmacias. “Esa medida funciona a modo de toque de queda para los negocios y eso puede generar aglomeraciones, tal como ocurrió en el pasado. Millones de peruanos no pueden comprar para varios días sus alimentos y bienes esenciales. Esta restricción es a todas luces equivocada”, indicó.

Aunque los restaurantes no cerrarán del todo y podrán hacer delivery las 24 horas del día, Beteta, plantea agregarle otra medida: “El sector gastronómico y turismo emplea a dos millones de personas. Lo que planteamos es que los restaurantes (en las zonas consideradas extremas como Lima y Callao) no abran, pero que también se les permita entregar el producto en la puerta. Que hagan un sistema de recojo en tienda”, señaló.

Recordemos que en los últimos diez meses cerraron unos 70 mil restaurantes en todo el país por la crisis económica provocada por el Covid-19 y el representante de la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes, José Luis Silva Martinot, calculó que el confinamiento de 15 días pone en riesgo a unos 3,500 que corren el riesgo de salir del mercado.

Piden reducción de impuestos

Otra de las propuestas formuladas por las Asociación de Contribuyentes es ampliar la oferta de transporte público y permitir el desarrollo de actividades de producción textil y manufactureras sin venta directa al público. Así como permitir la movilización individual en bicicleta, sin restricción horaria y que se pueda hacer deportes libres (correr, caminar, ejercicios individuales) en espacios públicos. Además de permitir el uso de transporte privado, para una sola persona, para acudir a establecimientos que proveen servicios esenciales.

Finalmente, saludó la suspensión del Impuesto a la Renta, IGV y el impuesto selectivo al consumo, por 30 días y en las zonas consideradas en situación extrema. “La medida aplicada por el Ministerio de Economía es correcta, ayuda en algo. Pero no es suficiente. Se deben reducir los impuestos en general y así se pueda lograr un crecimiento más sostenible de las empresas”, sentenció Beteta.

Proyecto de Ley de congresista Carmen Omonte desata polémica al proponer que sea el Estado quien administre un nuevo Sistema Integrado Universal de Pensiones.

Polémica ha desatado que la comisión multipartidaria de reforma del sistema previsional del Congreso aprobara el proyecto de ley que crea el Sistema Integrado Universal de Pensiones (SIUP). La iniciativa, liderada por la congresista Carmen Omonte, de Alianza para el Progreso, propone que los fondos de la AFP y ONP, así como programas como Pensión 65 y Contigo, pasen a este único sistema, el cual será administrado por una autoridad del sector público con autonomía similar a la del BCR

El proyecto, además, crea un Fondo de Riesgo Compartido. Esto funcionaría como una especie de bolsa común en donde una parte del aporte mensual de cada afiliado financiará las pensiones de otras personas.

El trabajo de la comisión se basó en que el 72 % de la PEA no está en ningún sistema de pensiones. Con el sistema, también, no queda claro qué pasará con la rentabilidad de cada fondo y expertos aseguran que el proyecto no brinda seguridad a los afiliados porque el Estado ha fracasado administrando el dinero de las jubilaciones.

“El Estado ha demostrado ser un fracaso administrando pensiones. El IPSS generaba pérdidas del 40% de rentabilidad y la ONP tiene un déficit de más de 100 millones de soles”, indicó Jorge Carrillo, profesor de Pacífico Business School. “Por otro lado, una parte de tus aportes irá a un fondo común y no vas a recibir una pensión en base a tu esfuerzo, sino que vas a vivir ayudando a quienes menos tienen”, añadió Carrillo.

Posteriormente, el docente, se preguntó: “El Estado cambia cada cinco años y algún gobierno caprichoso puede decir: “Esta plata puede servir para atender otras cosas”. Entonces ¿Qué podría suceder? Quedarnos sin pensión”, sentenció Carrillo.

AFPs rechazan proyecto

Según la congresista Carmen Omonte, el proyecto de ley busca que se les garantice a todos los peruanos una pensión mínima llegada la jubilación. También se señala que el nuevo ente cuente con un directorio conformado por un presidente, secretaría general, órganos de asesoramiento, control institucional, defensa jurídica y una defensoría del asegurado.

“Lo que se propone es similar a una empresa estatal y las experiencias de éxito que tiene el país en ello ¿cuáles son? ¿Petroperú?”, comentó David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas, cuestionando el proyecto.

Quienes también rechazaron la medida fue la Asociación de AFP al señalar que se trata de una estatización y cuestionaron la rentabilidad que pueda generar este nuevo sistema.

“Podemos señalar que la rentabilidad promedio anual que en estos 30 años han producido las AFPs, para sus afiliados, es de 11%. Y que cuando los afiliados han ido a retirar su dinero, lo han encontrado todo ahí, algo que no puede decirse de los casos de nuestro pasado en que este fue administrado por el Estado”, señalaron en un comunicado.

En respuesta, la congresista Omonte afirmó que es falso que el nuevo proyecto del sistema de pensiones busque estatizar la gestión de los fondos. Pero ante las críticas, la parlamentaria, que también conforma la plancha presidencial de César Acuña, señaló que el proyecto de ley aprobado podrá modificarse durante debate en el pleno del Congreso, el mismo que podría darse entre abril y junio.

No solo el Covid-19 puede arrebatar una vida. Una alteración de la salud mental mal atendida también. Lo sabe la familia de una adolescente de 16 años que ha sido acusada por la Fiscalía de degollar a un panadero en el asentamiento humano Enrique Milla Ochoa de Los Olivos. El presunto asesinato ocurrió el 4 de enero.

La menor de edad, quien trabajaba en la panadería del difunto Fernando Osorio (48), habría usado un cuchillo de su casa para hacerle un corte en el cuello a la víctima. Según su historial médico en el hospital Honorio Delgado–Hideyo Noguchi, la adolescente ya había intentado antes asesinar a su hermana.

Rocío Ramírez, quien trabaja en ese hospital psiquiátrico tratando niños y adolescentes, contó a Sudaca que la joven fue su paciente hasta julio del año pasado. En ese tiempo la atendió tres veces mediante ‘consultas virtuales’. Estas pueden ser por celular, teléfono fijo o Google Meet.

La psiquiatra diagnosticó que su paciente sufría cuadros depresivos y asegura que recomendó, a través del director de su área, que sea internada. Dicho servicio, sin embargo, está suspendido desde el inicio de la pandemia.

“Yo le dije ‘no doctor [a su jefe], esta paciente está tan mal que no está para que le llamen por teléfono todos los días. Esta paciente tiene que ser vista en emergencia y hospitalizada. Había vivido cosas muy fuertes’”, cuenta Ramírez. Al final, la joven igual pasó a hospitalización domiciliaria.

La psiquiatra enfermó de Covid-19, se recuperó en septiembre y supo que la adolescente seguía recibiendo atención domiciliaria. El 4 de enero se enteró por la televisión del presunto crimen.

¿Qué es hospitalización domiciliaria? Es un servicio que fue implementado en el Noguchi desde el inicio de la pandemia, en abril del año pasado, cuando la hospitalización corriente y la atención médica personalizada fueron suspendidas. La jefatura del hospital decidió que los médicos envíen a los pacientes a sus casas y les hagan seguimiento médico diario por teléfono. Desde esa fecha, en el Noguchi −ubicado en San Martín de Porres− solo se realizan atenciones de forma virtual, sacando previa cita por teléfono. El servicio de emergencia es para casos graves y permite que los pacientes se queden apenas unos días.

Para Rocío Ramírez, que también es presidenta del cuerpo médico del hospital, este caso se hubiera evitado si la joven accedía al internamiento. Lo que ocurre, explicó, es que a través de la hospitalización domiciliaria “no se puede conversar con la familia ni controlar si el paciente puede tomar o no su medicación”.

Otro hecho fatal que pudo evitarse si siguiera habilitada la hospitalización regular en el Noguchi fue el suicidio de un joven de 18 años en Los Olivos, el pasado 17 de septiembre. Un día después de haber recibido atención médica virtual, trepó hasta lo alto de una torre de energía eléctrica y se lanzó contra el piso. La caída fue de 40 metros.

Seis meses antes, en marzo, el mismo paciente ya se había subido a la misma torre de alta tensión. También quiso lanzarse, pero aquella vez fue salvado por los bomberos.

Si bien esa víctima fatal no fue paciente directo de la doctora Ramírez, ella recuerda que se le había recomendado aumentar la medicación. Tampoco estuvo internado. La portavoz de los médicos del Noguchi señala que esos dos hechos fatales corroboran la necesidad de que su centro psiquiátrico deba volver a las atenciones presenciales y recibir hospitalización con normalidad. 

No tienen protección

La segunda necesidad que tienen los médicos del Noguchi es que se respeten los protocolos de bioseguridad contra la Covid-19. En el hospital psiquiátrico, aseguran, no hay espacios para que el personal se coloque sus equipos de protección personal (mamelucos y mascarillas) y no les realizan pruebas moleculares sino pruebas rápidas.

Durante la pandemia han muerto de Covid-19, infectados en el propio nosocomio, dos vigilantes y una empleada administrativa. Actualmente, dos médicos y cinco enfermeros están contagiados y hacen la cuarentena en sus casas. Pese a ello, Ramírez dice que el personal quiere volver a atender de forma presencial. En total, son cerca de 40 médicos atendiendo desde casa que desean volver a hacerlo en persona. Para no arriesgar tanto sus vidas, necesitan protocolos más eficientes.

La doctora Ramírez explica que el Noguchi atiende 200 consultas de niños y adolescentes al día, la mayoría por intento de suicidio, hechos violentos, ansiedad, alucinaciones (por ejemplo escuchan voces que los llaman a matar al hermano o llamados del demonio) y depresión. Durante la pandemia, asegura, se ha incrementado en 30% el número de consultas de jóvenes de entre 18 y 25 años. La razón más importante es el confinamiento. 

¿Qué ha sido lo determinante? Según la psiquiatra, que los jóvenes hayan sido testigos de la pérdida del empleo de sus padres, de hechos violentos en sus casas y que no haya podido estar en contacto con otras personas.

La atención remota en el Valdizán

En el hospital Hermilio Valdizán, ubicado en Santa Anita, la situación es similar a la del Noguchi. Alexis Alcázar, médico psiquiatra de ese nosocomio, dice a Sudaca que las hospitalizaciones y las atenciones presenciales también están suspendidas. Solo funcionan 15 de las 42 camas para casos de extrema emergencia. 

Explicó además que, si bien en el 2020 se han atendido menos casos de conducta suicida en comparación al 2019, ello no quiere decir que hayan disminuido sino que “lo preocupante es que no se están atendiendo”. Así, no se estaría dando una cobertura adecuada a la demanda de eventos de conducta suicida y de hechos violentos en nuestra capital. “La finalidad en psiquiatría es la atención individualizada, que es lo más efectivo, y eso no se está dando mucho porque es de forma virtual”, aseguró.

Para Alcázar, el riesgo es alto. “No lo vemos ahorita. Lo podemos ver después de un año. Sobre todo en los jóvenes, hay conducta violenta y consumo de sustancias (droga, alcohol). El término técnico es conducta reemergente. Puede ser que al término de la pandemia veamos todos esos fenómenos incrementados”, afirma.

Sobre los protocolos contra el Covid-19 que se siguen en el Valdizán, el doctor señala que solo se cumplen en las áreas focalizadas, como la Unidad de Emergencias, donde se atienden unos 100 casos al día. “No todo el personal posee equipos de protección personal (EPP)”, sostiene.

De los 60 médicos, solo 36 están trabajando de forma presencial y 24 lo hacen de forma remota con las atenciones virtuales. Según Alcázar, todos están dispuestos a trabajar en las hospitalizaciones y en las atenciones presenciales, como sus colegas del Noguchi.

Sudaca envió un cuestionario al Ministerio de Salud, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición. Este medio también intentó comunicarse con las centrales telefónicas del Noguchi y el Valdizán, pero nadie contestó el teléfono.

Fugas en el Larco Herrera

El único hospital de salud mental que no atiende consultas externas de forma virtual ni presencial es el histórico Hospital Víctor Larco Herrera, fundado en 1918 y ubicado en Magdalena del Mar. Ningun paciente nuevo puede atenderse mediante las consultas externas, ya sea por teléfono, chat o de forma presencial. Antes, deben pasar por sus redes de salud comunitaria, las cuales -en su mayoría- no tienen capacidad para diagnosticarlos y derivarlos. En el Larco Herrera solo se atiende a pacientes llamados «continuadores».

Además, pareciera que no hay un estricto control interno, porque en diciembre del año pasado se escapó el paciente Richard Arce. Sudaca pudo encontrar a esta persona en el cruce de las avenida Brasil con el jirón Inclán, a cuatro cuadras de la plaza principal de Magdalena. Tiene alrededor de 50 años de edad y durante 30 años estuvo internado en dicho hospital.

No usaba mascarilla y no se sabe si tiene Covid-19. Según los vecinos de la zona, se dedica a cuidar vehículos de los restaurantes. Sin embargo, desconocen que ha tenido conducta violenta, según confirmó a Sudaca el psiquiatra Óscar Villanueva, quien fue su médico de cabecera en el hospital.

El especialista de salud mental confirmó que Arce estuvo internado en el Larco Herrera y que él mismo ha pedido su regreso. Él lo encontró en la calle y lo llevó a Emergencia. Lo atendieron, pero la dirección ya no quiso su retorno pese a que puede ser un peligro en la calle.

Señaló además que hay preocupación en el personal médico y los enfermeros del hospital psiquiátrico puesto que los 300 pacientes que permanecen hospitalizados se infectaron de Covid-19. Ellos están ahí desde antes de la pandemia, ya que el centro de salud mental no hospitaliza pacientes desde la primera cuarentena. El año pasado murieron 10 trabajadores y este año han fallecido otros 12. Solo funciona el servicio de Emergencia.

¿Quieres volver al Larco Herrera?, le preguntamos a Richard Arce, quien solo por coincidencia lleva el mismo nombre que un parlamentario del Congreso disuelto. “¿Por qué? Si ya fui dado de alta” nos contestó.

**La foto que abre esta nota es referencial y le pertenece a Reuters.

Por primera vez, una iniciativa plural de organizaciones periodísticas independientes de todo el ámbito nacional unirá esfuerzos para contrarrestar la desinformación que se difunda camino a las elecciones generales para el Congreso y la presidencia del Perú.

La cobertura de la campaña electoral se refuerza ahora con el lanzamiento de la primera iniciativa periodística de verificación colaborativa que expondrá las versiones falsas o imprecisas que circulen en el contexto de los comicios para la presidencia de la República y el Congreso: se trata de Ama Llulla (No Mentirás), una red de medios independientes de todo el país que realizará un esfuerzo inédito para contrarrestar la desinformación en la contienda política que culminará el próximo 11 de abril.

Ama Llulla –iniciativa impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)– producirá verificaciones basadas en criterios y estándares de rigor y precisión unificados para determinar el grado de veracidad de las versiones emitidas por los principales actores de la campaña o los mensajes que se difundan en redes sociales.

Con ese objetivo, los medios participantes se adhieren a un código de principios éticos orientado a ofrecer confianza a la audiencia y que -de acuerdo con experiencias internacionales- contempla la imparcialidad en la selección de personajes y contenido a verificar, transparencia de fuentes, respeto a una metodología estándar y buena fe en la aplicación de una política de correcciones.

Este esfuerzo colaborativo se implementará a través de una redacción virtual facilitada por el medio digital OjoPúblico y que cuenta como miembros a los medios IDL-Reporteros, Ideeleradio, Útero.pe, LaMula.pe, El Búho, Sudaca, Convoca, El Filtro y una red de radioemisoras en ocho regiones de la zona andina y amazónica.

A esta iniciativa podrán sumarse medios locales, regionales o nacionales interesados en generar o difundir información confiable para contrarrestar los efectos de la infodemia, es decir, la profusa circulación de versiones engañosas o falsas.

Este proceso colaborativo irá acompañado por una estrategia de capacitación a periodistas, universitarios y participantes del Programa de Juventudes del proyecto de Innovación para la Participación Política Ciudadana del PNUD, en la metodología de verificación, una práctica que en el ámbito internacional se suele fomentar como una vía para estimular el pensamiento crítico y la capacidad argumentativa de estudiantes escolares y universitarios.

A lo largo de la campaña, se realizarán diversos talleres virtuales de factchecking de acceso libre para profesionales y voluntarios de distintas regiones del país.

Ama Llulla también hará un énfasis en la cobertura y difusión de información confiable en las regiones, a través de una red de medios locales que generarán contenido y emitirán versiones resumidas de los chequeos en formato podcast traducidos al menos a dos lenguas originarias, quechua y asháninka. El objetivo es asegurar el derecho de acceder a la información para poblaciones vulnerables a lo largo del país.

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