Los funcionarios designados por Juan Silva, exministro de Transporte y Comunicaciones, siguen haciendo de las suyas en una de las carteras más golpeadas por la corrupción. En pleno festejo de fin de año, el profesor chotano nombró a Halldor González Cedeño como nuevo director de la Oficina de Diálogo y Gestión Social (ODGS), un despacho que se encarga de asesorar a las autoridades del ministerio en el manejo de conflictos sociales. Tres meses después, esa decisión nos pasó factura a todos.
Halldor González se presenta a sí mismo como “especialista en gestión de conflictos”, pero diversos testimonios recogidos por Sudaca advierten que es incapaz de solucionarlos. Sus trabajadores, en cambio, lo señalan como el responsable de las muertes ocurridas en el reciente paro de transportistas que se desarrolló −entre otras regiones− en Junín e Ica. “Esas muertes se pudieron evitar si González hubiese hecho caso a los especialistas”, sostiene uno de ellos.
Este medio pudo revisar documentos que prueban que el nuevo director de la ODGS sabía que se necesitaba personal para abordar los reclamos. González, sin embargo, se zurró en los requerimientos de sus funcionarios y, al contrario, despidió a los pocos que tenían alguna experiencia en el tema. Por eso, cuando estallaron las protestas, no había nadie a cargo del área que debía ponerles paños fríos.
Como si todo eso fuera poco, este personaje es acusado por sus subordinados de misógino y de hostigar a las funcionarias mujeres. “Creemos que lo están encubriendo”, dice una de las afectadas, que ha intentado denunciar estos hechos ante la cúpula del MTC. No le han hecho caso.
LAS MUERTES QUE SE PUDIERON EVITAR
Cuando en noviembre del año pasado distintos gremios de transportistas anunciaron un paro a nivel nacional, el MTC llegó a algunos acuerdos con ellos. A los conductores de carga se les propuso, por ejemplo, la reactivación indefinida del fondo que hace que baje el precio del diésel, la revisión de los peajes con el fin de identificar “mejoras para los usuarios”, la reestructuración de la Sutran y la ampliación de la vigencia de las licencias hasta junio. Varios de estos puntos fueron cuestionados por especialistas, que los consideran nocivos en el largo plazo.
El caso es que, cuestionados o no, esos fueron los compromisos que asumió el gobierno. Y los transportistas tenían todo listo para reclamar que les cumplan. El alza internacional de los combustibles fue apenas el gatillo que trasladó ese reclamo a las calles. “Un conflicto social no acaba porque se firma un acta con promesas, sino que se debe dar seguimiento a esos compromisos hasta que se cumplan. Eso es lo que hace la oficina”, explica Pastor Paredes Diez Canseco, el primer director que tuvo la ODGS del MTC.
Ese trabajo, esta vez, no se hizo. Una semana antes de la designación de Halldor González se elaboró un informe dirigido a Paul Roca, quien estaba temporalmente a cargo del despacho, solicitando la contratación de personal para darle seguimiento a los mentados compromisos. El mismo documento incluso advertía “la urgencia y prioridad de estos servicios […] pues de lo contrario no se cumpliría con las metas establecidas” de la ODGS.
Cuando González asumió, se le dejó constancia de esto en el informe de entrega de cargo. Allí se puede leer, por ejemplo, que uno de los pendientes era seguir cumpliendo con “los compromisos asumidos con los gremios de transportistas”. También se hizo hincapié, nuevamente, en la necesidad de “reforzar al equipo que ve transportistas”.
En ese momento, la oficina tenía un solo especialista a cargo de todo el asunto de los transportistas, según las siete fuentes del MTC que conversaron con Sudaca. Y la situación, hasta ahora, sigue siendo la misma. “Se necesitaba al menos a dos personas más con el perfil adecuado, porque siempre se llamaba a personal de otros equipos, quienes tenían que dejar sus funciones en el caso Chinchero, por ejemplo”, explica uno de los trabajadores.
Sin embargo, el director colocado por Silva nunca hizo caso a los pedidos. Por el contrario, empeoró la situación cuando el 28 de febrero decidió no renovar la orden de servicio de Cintia Riega Quezada. Ella era la encargada del área de Proyectos Especiales, y era la jefa directa del único funcionario que, como hemos dicho, hacía seguimiento de las demandas de los transportistas. Riega, además, lo apoyaba cuando este se encontraba rebasado de trabajo.
“Su salida fue un gran problema porque se dejó sin cabeza una dirección tan importante. Y lo peor de todo es la forma en la que la sacaron. Ni siquiera tuvieron la delicadeza de avisarle que no le iban a renovar su orden de servicio”, cuenta Pastor Paredes, antiguo jefe de Riega.
Así, cuando el conflicto social estalló en Junín el 28 de marzo, el área encargada de gestionar las conversaciones para lograr acuerdos se encontraba descabezada.
“Estos conflictos que se cobraron la vida de cuatro personas se generaron por el incumplimiento de compromisos asumidos por este gobierno, pues tenemos un director que no atendió las recomendaciones para atender la problemática de transportistas que en diversos documentos se le advertía. Por el contrario, él estaba más orientado en hacer cambios en el equipo”, dice uno de los especialistas de la Oficina de Diálogo a Sudaca. Como sus demás compañeros, pidió anonimato por temor a represalias.
En un reciente informe del 13 de abril dirigido a González, un funcionario recalca que el estallido social fue “consecuencia del incumplimiento de los compromisos asumidos por el ejecutivo con los gremios de transportes, sumado a la crisis económica que manifestaban los representantes gremiales”.
El mismo informe vuelve a recomendar “dotar de recursos humanos a la ODGS”. Casi una semana después, el día de ayer, González recién derivó este documento a la Secretaría General del MTC para que tome acciones. En Junín e Ica, mientras tanto, los deudos lloran las muertes de Candy Hinostroza, el pequeño Bruss Pomazunco, Jorge Maldonado y Yonhy Quito.
A LA BOCA DEL LOBO
El 6 de abril, el día más violento del paro en Ica, Halldor González envió allí a uno de los especialistas de la ODGS. “A nuestro colega Ronald de la Cruz lo mandaron a Ica en plena quema de peajes. El director lo llamó y, de manera insistente, le dijo que tenía que ir, que cómo era posible que él no estuviera allá. Él es integrante del equipo de prevención, y quien maneja esos temas son los colegas de proyecto especiales. No le correspondía ir, mucho menos solo”, cuenta uno de los especialistas de la oficina.
El problema es que a De la Cruz lo mandaron sin las mínimas condiciones de seguridad, pues ni siquiera le asignaron movilidades o algún tipo de protección en caso de que la situación empeorara. “Estuvo expuesto a cualquier acto de vandalismo, cualquier acto contra su integridad. Menos mal no le pasó nada”, sostiene una de sus compañeras.
Ese día, la cosa se puso tan fea que, incluso, un reportero de América TV fue agredido por los manifestantes. Tuvo que esconderse en un hotel junto a su camarógrafo porque la situación era muy riesgosa.
Para evitar que lo agredieran −como ocurrió con los funcionarios de la PCM− De la Cruz tuvo que quitarse todos los distintivos del MTC. Recién pudo salir del lugar pasadas las 10 de la noche. Sudaca accedió a través de distintas fuentes al pantallazo de WhatsApp en el que De la Cruz le increpa a González: “Halldor, recién estoy saliendo de Barrio Chino [en Ica]. Quiero que sepas que he expuesto mi integridad física en un ambiente muy candente en esta ‘comisión’ que me ordenaste”. Consultado por este medio, De la Cruz respondió que no quería dar declaraciones.
MALTRATO
Pero el maltrato laboral no se limita a esos días de convulsión social. En la Oficina de Diálogo y Gestión Social el ambiente es cada vez más hostil con las funcionarias mujeres. “Hay un maltrato selectivo hacia el personal femenino”, asegura uno de los especialistas de esta oficina. Esta afirmación es corroborada por los distintos testimonios que ha recogido Sudaca.
Cintia Riega no fue la única que, sin previo aviso, se quedó sin trabajo de la noche a la mañana. Su colega Vanesa Santos Arias, coordinadora del área de Gestión de Diálogo de la ODGS, también corrió la misma suerte. Santos tampoco recibió explicaciones de por qué, luego de cuatro años en el MTC, el nuevo director decidía prescindir de sus servicios.
“El día de hoy [28 de febrero] he tomado conocimiento de que no me renovarán ninguna orden de servicio […] Solo compruebo que los malos tratos y llamadas de atención constantes por parte del director actual, el señor Halldor González Cedeño (y escribo bien su nombre porque que no quiero que una vez más ese sea un motivo de molestia de su parte), han sido dirigidas constantemente hacia mí, por mi condición de mujer, demostrando así su misoginia”, escribió Santos en un correo de despedida enviado a sus compañeros.
Y, como un augurio, agregó: “Que no les sorprenda que nuestros reemplazos sean hombres”. Precisamente, los nuevos coordinadores no solo son hombres, sino que además se les ha subido el sueldo. “A ellas, que tenían mucha experiencia en estos temas, les pagaban S/9.000. Ahora a sus reemplazos se les aumentó a S/10.000 mensuales sin que exista justificación y cuando supuestamente hay un problema de recorte de presupuesto en la oficina”, señala una de las especialistas consultadas. Sudaca corroboró el incremento de sueldo revisando las órdenes de servicio.
“Somos varias compañeras que manejamos temas distintos. Todas mujeres que estábamos empoderadas en ciertos aspectos porque teníamos la experiencia y los conocimientos. Era evidente que [González] sólo se metía con las mujeres. Al único coordinador hombre no lo cambió y tampoco se mete con él”, asegura otra fuente.
Una de las analistas que labora en la Oficina de Diálogo narra pasajes de hostigamiento que ha sufrido de parte del nuevo director. “Lo que él suele hacer es citarme en privado en su oficina para llamarme la atención de manera agresiva, levantándome la voz. Se cuidaba de no hacerlo en público. Me acusaba de querer hacerle firmar cosas para perjudicarlo”, señala. “Mi coordinador [su inmediato superior] sabía de esto y me decía que ya no hable con el director, porque se notaba que había una aversión contra mí”, agrega.
Una especialista más pasó por lo mismo. Cuando se lo hizo saber a González, este se mofó de la situación y le dijo “ahora ya no te puedo ni saludar porque no me vayas a decir misógino”. “Si me tratas mal y veo que solo es a mujeres, sí te voy a decir misógino, porque lo estás siendo, y me estás maltratando al acusarme de querer hacerte daño o grabarte sin tu consentimiento”, fue la respuesta que le dio ella. Y hay más testimonios.
Cansadas de esta situación, un grupo decidió reunirse con el ahora titular del MTC, Nicolás Bustamante, para comunicarle lo que viene pasando. Sin embargo, la respuesta de la asesora del ministro fue, según cuenta una de ellas, reprocharlas por decirlo recién. De acuerdo a capturas de pantalla de los mensajes que Sudaca pudo revisar, la asesora Tania Poma ha ido dilatando la reunión desde el 17 de marzo. Hasta hoy, no han podido entrevistarse con el ministro. Las afectadas creen que lo están encubriendo.
Nos comunicamos con Halldor González, pero se excusó de responder nuestras preguntas porque, según él, estaba trabajando.
